(Washington, DC) - El 75 por ciento de los extranjeros que fueron deportados de Estados Unidos durante la última década después de cumplir una condena penal habían sido procesados por delitos no violentos, mientras que uno de cada cinco se encontraba legalmente en el país, en algunos casos desde hacía varias décadas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 64 páginas, "Forced Apart (By the Numbers): Non-Citizens Deported Mostly for Nonviolent Offenses" ("Separación forzosa (por la norma): Ciudadanos extranjeros deportados principalmente por delitos no violentos"), se basa en datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos correspondientes al período entre 1997 y 2007, y evalúa los efectos de las indiscriminadas leyes sobre deportación aprobadas en 1996. El informe muestra que algunos de los delitos más comunes por los cuales las personas fueron deportadas constituían relativamente ofensas menores, como tenencia de marihuana y cocaína, o infracciones de tránsito. Entre los inmigrantes legales que fueron deportados, el 77 por ciento había sido condenado por este tipo de delitos no violentos. Muchos habían vivido en el país durante años y fueron obligados a separarse de sus familiares cercanos.
"Durante los 12 años en que se han aplicado las leyes sobre deportación de 1996 nadie se ha molestado en preguntar si el ICE efectivamente se centró en el grupo al cual estaban destinadas, es decir, los inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves y violentos", señaló Alison Parker, directora adjunta del programa de Estados Unidos en Human Rights Watch y autora del informe. "Pero ahora sabemos que una importante cantidad de personas que se encuentran aquí legalmente y que han sido condenadas por infracciones no violentas son perjudicadas habitualmente por estos operativos".
Human Rights Watch instó al presidente Barack Obama y al Congreso a que revisen las leyes sobre inmigración, a fin de reducir la deportación de inmigrantes que se encuentran legalmente en el país. Como mínimo, señala el informe, las leyes de inmigración deberían ser reformadas para permitir que los inmigrantes legales que se enfrentan a la posibilidad de ser deportados puedan solicitar a un juez que les permita permanecer en Estados Unidos cuando se trate de un delito relativamente menor y mantengan vínculos estrechos (especialmente lazos familiares) con este país.
Los inmigrantes que son deportados por actividades delictivas suelen ser elegidos para este proceso una vez que cumplen su condena. Luego se realiza una audiencia sumaria en la cual la discreción de los jueces está limitada por las disposiciones de las leyes de 1996, que con frecuencia les impiden considerar las relaciones familiares o los aportes positivos realizados por el inmigrante. A menudo, sólo tienen facultades para determinar si se trata de un ciudadano extranjero que ha sido condenado por un delito para el cual se prevé la deportación.
A partir de datos del censo y otras cifras difundidas por el Pew Hispanic Center, el informe estima que poco más de 1 millón de familiares han sido separados de sus seres queridos como resultado de estas deportaciones.
"Debemos preguntar por qué, en medio de una crisis fiscal, se emplean cuantiosos fondos de control inmigratorio para deportar a residentes legales que ya han sido sancionados por sus delitos", expresó Parker. "Muchas de estas personas han vivido en el país legalmente durante décadas, algunas de ellas han estado en el Ejército y otras son dueñas de negocios. Y, sin embargo, a menudo se ven separadas de sus familiares, incluidos sus hijos, quienes son ciudadanos o residentes legales".
