(Nairobi) - La policía keniata en la frontera con Somalia y en los campamentos de refugiados cercanos está abusando de los solicitantes de asilo y los refugiados que huyen de una Somalia azotada por la guerra, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Kenia debe controlar inmediatamente la conducta abusiva de su policía, y la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados debe incrementar su seguimiento de la situación y presionar por el cese de los abusos, señaló Human Rights Watch.
El informe de 99 páginas, "‘Welcome to Kenya': Police Abuse of Somali Refugees" ("‘Bienvenidos a Kenia': Abuso policial contra refugiados somalíes"), basado en entrevista con más de un centenar de refugiados, documenta la extorsión policial generalizada de los solicitantes de asilo que intentan llegar a tres campamentos cercanos a la ciudad keniata de Dadaab, el asentamiento de refugiados más grande del mundo. La policía emplea la violencia, los arrestos arbitrarios y las detenciones ilegales en condiciones inhumanas y degradantes, las amenazas de deportación y las acusaciones injustificadas de "presencia ilegal" para extorsionar a los recién llegados con el fin de sacarles el dinero, ya sean hombres, mujeres o niños. En algunos casos, la policía también viola a las mujeres. Tan solo a principios de 2010, cientos, y posiblemente miles, de somalíes que no pudieron pagar la extorsión exigida fueron devueltos a Somalia, en flagrante violación de la legislación keniata y el derecho internacional.
"Las personas que huyen del caos en Somalia, la gran mayoría de las cuales son mujeres y niños, son recibidos en Kenia con violaciones, latigazos, palizas, detenciones, extorsiones y deportaciones sumarias", señaló Gerry Simpson, investigador sobre refugiados para Human Rights Watch y autor principal del informe. "Una vez que llegan a los campamentos, algunos refugiados se enfrentan a más violencia policial y a la pasividad de la policía ante la violencia sexual cometida por otros refugiados y keniatas locales", agregó.
Docenas de solicitantes de asilo, que forman parte de la cifra estimada de 40,000 somalíes que cruzaron la frontera oficialmente cerrada de Kenia cercana a los campamentos durante los primeros cuatro meses de 2010, dijeron a Human Rights Watch que la policía había ignorado sus peticiones para poder cruzar la frontera. En cambio, la policía les exigió dinero y los deportó, detuvo, golpeó y acusó falsamente de presencia ilegal cuando no pudieron pagar. Un trabajador keniata de ayuda a los refugiados describió la operación policial entre la frontera y Garissa, capital de la provincia, como "una gran maquinaria para ganar dinero".
El informe documenta también la manera en que el riesgo de ser interceptados por la policía y los abusos relacionados obligan a la mayoría de los solicitantes de asilo a viajar a los campamentos por pequeños senderos alejados de la carretera principal. En estos senderos también están expuestos a los ataques de delincuentes comunes, quienes los hacen su presa, violan a las mujeres y les roban el poco dinero que tienen.
Según el informe, una vez en los campamentos, los refugiados siguen expuestos a la violencia policial. La policía no ha prevenido, investigado ni enjuiciado la violencia sexual contra mujeres y niñas refugiadas en los campamentos a manos de otros refugiados y ciudadanos keniatas, lo que ha creado una cultura de impunidad y aumentado el riesgo de violencia sexual.
El informe examina también la política ilegal de prohibir a la gran mayoría de los refugiados registrados en los campamentos viajar a otras partes de Kenia, a menos que tengan un permiso especial para actividades tales como citas médicas o asistencia educativa en Nairobi. En virtud del derecho internacional, Kenia tiene que justificar que dicha prohibición es la medida menos restrictiva necesaria para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud pública, algo que no ha hecho. En 2009, las autoridades solo permitieron a 6,000 de los casi 300,000 refugiados de Dadaab viajar fuera de los miserables y hacinados campamentos.
El informe documenta cómo la policía arresta a refugiados que viajan sin salvoconductos oficiales (y cada vez más a los que viajan con ellos), los extorsionan para sacarles el dinero y en ocasiones los llevan ante los tribunales de Garissa, donde les imponen una multa o los envían a prisión.
Además, argumenta que el carácter concertado del negocio de la extorsión y los abusos (que abarca un área de casi 200 kilómetros desde la ciudad fronteriza de Liboi hasta Garissa pasando por Dadaab) es el resultado directo de la decisión de Kenia de cerrar la frontera hace tres años. Human Rights Watch señaló que el cierre relacionado de un centro de tránsito de refugiados en Liboi, a 15 kilómetros de la frontera y a 80 kilómetros de los campamentos, solo ha logrado empeorar la situación.
Antes de su cierre, el centro de tránsito de Liboi era un lugar seguro al que acudían inicialmente la gran mayoría de los solicitantes de asilo somalíes que buscaban refugio en Kenia y desde donde eran trasladados a los campamentos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Sin este centro, los alrededor de 300,000 somalíes que han huido de su país a Kenia desde enero de 2007, la mitad de los cuales han ido a los campamentos, han tenido que usar traficantes ilegales para cruzar la frontera. La policía se aprovecha del carácter clandestino de su viaje y los acusa falsamente de entrar ilegalmente en Kenia, y los amenaza con arrestarlos si no pagan el dinero que les reclama.
De acuerdo con la Ley sobre Refugiados de Kenia, todos los solicitantes de asilo tienen 30 días para dirigirse a las autoridades competentes más cercanas y registrarse como refugiados, independientemente de cómo y por dónde entraron al país. Sin embargo, la policía ignora habitualmente este derecho. El nuevo informe, que se hace eco de las recomendaciones a las autoridades keniatas presentadas en un informe de marzo de 2009, "From Horror to Hopelessness" (Del horror a la desesperación), reitera su llamamiento a las autoridades para que abran un nuevo centro en Liboi, en el que se puedan comprobar las solicitudes de asilo de los recién llegados y desde donde estos puedan ser trasladados a salvo a los campamentos.
"Durante más de tres años, el cierre de la frontera no ha beneficiado a nadie más que a los agentes de policía corruptos y ha provocado abusos indecibles contra cientos, si no miles, de solicitantes de asilo", señaló Simpson. "Kenia necesita garantizar el paso seguro y la protección de los vulnerables refugiados somalíes", agregó.
El Gobierno keniata tiene preocupaciones de seguridad reales relacionadas con el conflicto de Somalia, pero su retórica política antisomalí solo ha servido para reforzar la conducta abusiva de la policía, señaló Human Rights Watch. Los solicitantes de asilo dicen que la policía los acusa de pertenencia al grupo insurgente somalí Al Shabaab o a Al Qaeda, o de "terrorismo", antes de forzarlos, en algunos casos, a regresar a Somalia. Sobre la base de ocho casos relacionados con la devolución forzosa a Somalia de 152 personas, documentados durante su investigación en marzo de 2010, Human Rights Watch considera probable que la policía haya devuelto a cientos, si no a miles, de somalíes a su país tan solo a principios de 2010.
El derecho internacional prohíbe la devolución forzosa de refugiados a la persecución, la tortura o situaciones de violencia generalizada. Aunque Kenia tiene derecho a impedir que ciertas personas entren al país o permanezcan en él (entre ellas las consideradas razonablemente como una amenaza para su seguridad nacional, como los miembros de Al Shabaab), no puede cerrar sus fronteras a los solicitantes de asilo. El derecho internacional también prohíbe a las autoridades deportar a solicitantes de asilo a Somalia sin permitirles primero presentar su solicitud.
"La policía dice que está protegiendo a Kenia de los terroristas y aplicando las leyes de inmigración cuando detiene a refugiados", señaló Simpson. "Pero el hecho de que los policías extorsionen a somalíes para que paguen por pasar por los retenes y salir en libertad demuestra que están más preocupados por llenarse los bolsillos que por proteger sus fronteras", agregó.
El informe insta a la agencia para los refugiados de la ONU a que mejore su seguimiento e incidencia con las autoridades y realice visitas más frecuentes a las comisarías de policía cercanas a la frontera, en las ciudades de Dadaab y Garissa.
Con respecto a la violencia sexual, las víctimas dijeron a Human Rights Watch que la policía ignoraba sus denuncias, les decía que presentaran pruebas o archivaba repentinamente los casos sin explicación alguna. En los raros casos en que la policía detuvo a los presuntos violadores, estos salieron habitualmente en libertad a las pocas horas o días, con escasas de esperanzas de nuevos interrogatorios o rendimiento de cuentas. Muchas mujeres creen que sus presuntos violadores lograron sobornar a la policía para que abandonara las investigaciones o los dejara en libertad.
Human Rights Watch señaló que, a pesar de que ha habido algunos avances desde principios de la década de 1990, la respuesta del Gobierno a la violencia sexual en los campamentos ha fracasado porque hay muy pocos policías en los campamentos con habilidades para investigar estos crímenes, y porque la supervisión del manejo policial de estos casos es inadecuada.
"Después de casi dos décadas de existencia, los campamentos siguen siendo un lugar en el que la justicia para las víctimas de violaciones es la excepción y la impunidad para los responsables es la regla", señaló Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, quien escribió la sección sobre violencia sexual del informe. "Las mujeres y las niñas refugiadas que tienen la valentía de denunciar la violencia sexual ante la policía merecen algo mejor", agregó.
