(Zagreb) - Miles de personas con discapacidad intelectual o mental en Croacia son forzadas a residir en instituciones donde les arrebatan la privacidad, la autonomía y la dignidad, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno croata se ha esforzado muy poco en ofrecer alternativas a las instituciones, a pesar de sus promesas ante la Unión Europea y las Naciones Unidas, y el número de personas en estas instituciones está creciendo, señaló Human Rights Watch.
El informe de 74 páginas, "‘Once You Enter, You Never Leave': Deinstitutionalization of Persons with Intellectual or Mental Disabilities in Croatia" ("‘Una vez que entras ya no sales': Reintegración en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual o mental en Croacia") documenta la terrible situación de las más de 9,000 personas con discapacidad intelectual o mental confinadas en instituciones, así como la falta de programas comunitarios de acogida y asistencia.
"Imagínese tener siempre que pedir permiso para salir del lugar donde vive, no tener privacidad para ducharse y no poder decidir qué comer o cuándo irse a la cama", señaló Amanda McRae, becaria de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch y autora del informe. "Esta es la realidad de miles de personas internadas en instituciones en Croacia", agregó.
La investigación de Human Rights Watch descubrió que, mientras más de 4,000 personas con discapacidad mental viven en centros institucionales en Croacia, el país solo cuenta con dieciséis plazas en los programas de residencia comunitaria asistida. La situación no es mucho mejor para las personas con discapacidad intelectual: Los programas de residencia comunitaria de Croacia solo pueden acoger a 250 personas, mientras que alrededor de 5,000 siguen confinadas en las instituciones.
La experiencia con la reintegración en la sociedad en otros países de Europa y América del Norte demuestra que las personas con discapacidad mental o intelectual pueden vivir en la comunidad con asistencia, y que los que viven en la comunidad disfrutan de una calidad de vida mucho mejor que los que residen en instituciones.
"En la comunidad tenía libertad", dijo a Human Rights Watch Marija S., quien ahora reside en una institución después de haber estado en un programa comunitario asistido. Cuando vivía en la comunidad, Marija podía trabajar, comprar su propia comida y salir y entrar a su apartamento cuando quería, todos los aspectos de una vida normal que se le niegan en una institución.
El hecho de que Croacia no cese el confinamiento en instituciones ni ofrezca alternativas comunitarias se contradice claramente con sus promesas de promover los derechos de las personas con discapacidad. Croacia fue uno de los primeros países que ratificaron la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Croacia también se ha comprometido a reintegrar en la sociedad a las personas con discapacidad metal e intelectual en un acuerdo con la Unión Europea, relacionado con los preparativos para su ingreso a la misma. El contenido de un reciente plan gubernamental de reintegración social no ha sido dado a conocer.
El informe recomienda que el Gobierno croata sustituya las instituciones por programas de apoyo que ofrezcan vivienda y asistencia para vivir en comunidad y garantice a las personas con discapacidad la elección fundamental de dónde y cómo quieren vivir. Estas medidas son esenciales para asegurar el derecho de las personas con discapacidad a vivir en comunidad, un derecho fundamental contemplado en la convención.
"Croacia se ha posicionado como líder de los derechos de los discapacitados", señaló McRae. "Pero con respecto al derecho a vivir en comunidad, no tiene nada de qué sentirse orgulloso. Un verdadero liderazgo sobre esta cuestión requiere un compromiso serio y sostenido para ofrecer viviendas en la comunidad y asistencia a las personas con discapacidad", agregó.
Alrededor del 70 por ciento de las 9,000 personas con discapacidad intelectual o mental albergadas en instituciones fueron confinadas en ellas por sus tutores después de que un tribunal les quitará la capacidad jurídica, el derecho a tomar decisiones por sí mismas. Dicho proceso, combinado con una falta de revisión judicial regular y otras salvaguardias, las expone al riesgo de la detención arbitraria.
Alrededor del 30 por ciento han elegido residir en estas instituciones, pero dicha elección no es significativa por hay muy pocas alternativas, señaló Human Rights Watch.
El informe está basado en una investigación de campo en Croacia durante noviembre y diciembre de 2009, que incluyó visitas a nueve instituciones y entrevistas con residentes y ex residentes, personal, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos.
Dos casos del informe de Human Rights Watch
- Marija S., una joven con discapacidad mental e intelectual que reside en una institución de Karlovac, se ha pasado casi toda la vida entrando y saliendo de instituciones. En julio de 2009, después de dos años en un programa de vida en comunidad, sus discapacidades se agravaron. Ante la falta de programas gubernamentales y comunitarios para personas con discapacidad mental, se vio obligada a reingresar en una institución. Ahí ya no puede trabajar, tomar sus propias decisiones o interactuar libremente con el resto de la comunidad. Dijo a Human Rights Watch que no espera que pueda volver a ser capaz de vivir nunca en la comunidad.
- Senada H. aceptó ingresar en una institución cuando tenía 23 años porque su familia ya no podía cuidarla. No podía vivir por su cuenta sin ayuda, y no contaba con ningún apoyo fuera de una institución. En la institución se desalentaba el individualismo y la privacidad era escasa: los residentes no podían decidir qué comer, a dónde ir o ni siquiera cuándo irse a la cama. Solo había un baño para 20 personas, hombres y mujeres. Senada es una de las pocas afortunadas que pudo salir y vivir por su cuenta, después de pasar siete años y medio en la institución. Recibe asistencia de un programa que se ocupa de 150 ex residentes de instituciones. A pesar de su éxito, el Gobierno no ha extendido el contrato con este programa para que atienda a más personas desde 2006.
