- Las Fuerzas de Apoyo Rápido, una fuerza militar independiente, y milicias aliadas de estas fuerzas en Sudán violaron a decenas de mujeres y niñas que estaban en la capital de Darfur Occidental y a otras que huían de los combates durante las últimas semanas.
- La violencia sexual perpetrada en el contexto de un conflicto armado es un crimen de guerra y, si forma parte de un ataque generalizado o sistemático, puede constituir un crimen de lesa humanidad.
- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe iniciar una investigación y establecer una forma de preservar las pruebas de abusos, mientras que los gobiernos implicados deberían proporcionar más recursos a las sobrevivientes de violaciones.
(Nairobi, 17 de agosto de 2023) – Las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSF), una fuerza militar independiente, y milicias aliadas en Sudán violaron a decenas de mujeres y niñas en El Geneina, la capital de Darfur Occidental, y a otras que huían hacia Chad entre fines de abril y fines de junio de 2023, señaló hoy Human Rights Watch.Los agresores al parecer habrían perpetrado los ataques porque se trataba de personas pertenecientes a la etnia massalit y, en algunos casos, porque eran reconocidas activistas.
Desde que empezó el conflicto armado en Sudán entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las RSF el 15 de abril, las RSF y milicias aliadas, mayoritariamente árabes, han llevado a cabo reiterados ataques contra localidades y aldeas en el estado de Darfur Occidental. Estos ataques se han dirigido principalmente contra zonas habitadas por una de las principalescomunidades no árabes, los massalit.
Los ataques en la ciudad de El Geneina, que empezaron el 24 de abril y continuaron hasta fines de junio, causaron numerosas muertes y heridos entre la población civil y obligaron a más de 366.000 personas a huir al vecino país deChad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería realizar con carácter urgente una sesión informativa de la representante especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos.
“Las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias aliadas serían responsables de un número estremecedor de violaciones sexuales y otros crímenes de guerra durante su ataque a El Geneina”, explicó Belkis Wille, directora asociada de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch. “El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer ver a los responsables de abusos que el mundo está atento a lo que hagan, adoptando medidas urgentes para que cesen estas atrocidades”.
A fines de julio, Human Rights Watch realizó entrevistas presenciales en Chad a nueve mujeres y una niña de 15 años de El Geneina, todas sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual. Cuatro de ellas, incluida la niña, fueron violadas por varios hombres. Human Rights Watch también entrevistó a cuatro mujeres que presenciaron hechos de violencia sexual o estuvieron presentes en el período inmediatamente posterior, así como a cinco proveedores de servicios, incluidos trabajadores sanitarios que habían asistido a víctimas de violencia sexual en El Geneina. Sobre la base de las experiencias personales de las sobrevivientes y los incidentes que también presenciaron, así como la información que se transmitió a los proveedores de servicios, incluidos los lugares donde ocurrieron los incidentes, Human Rights Watch documentó 78 víctimas o sobrevivientes de violación sexual entre el 24 de abril y el 26 de junio.
Las sobrevivientes que dialogaron con Human Rights Watch dijeron que la violencia sexual fue perpetrada por entre uno y seis agresores armados. En la mayoría de los grupos de agresores había hombres que llevaban uniformes completos o parciales de las RSF y algunos vestían de civil. En muchos casos, llegaron en vehículos marcados como pertenecientes a las RSF. Una mujer reconoció a su agresor como residente árabe de El Geneina.
En casi todos los casos informados a Human Rights Watch, los responsables de las violaciones sexuales también cometieron otros abusos graves, como golpizas, asesinatos, saqueos o quema de viviendas, tiendas o edificios gubernamentales.
Todas las sobrevivientes señalaron que los agresores hicieron mención explícita de su identidad étnica y emplearon insultos étnicos sobre los massalit o las personas no árabes en general.
Desde el año 2019, las RSF y milicias aliadas con estas fuerzas han combatido de manera recurrente contra grupos armados massalit en Darfur Occidental. Los agravios históricos relacionados con la etnia, incluido que el gobierno sudanés no haya abordado la cuestión del acceso a tierras y su titularidad, también han agudizado las tensiones. La ausencia de justicia por violaciones de derechos en el pasado y la proliferación de armas, sumado a que no se ha implementado ninguna reforma del sector de seguridad, han profundizado las tensiones. Durante la campaña de limpieza étnica que impulsó el entonces presidente Omar al-Bashir en Darfur a partir del año 2003, las fuerzas gubernamentales y las llamadas milicias Janjaweed, antecesoras de las Fuerzas de Apoyo Rápido, a menudo atacaban a comunidades no árabes, incluidos los massalit.
Durante el primer día de ataques en El Geneina el 24 de abril, cinco hombres árabes armados vestidos de civil entraron en la vivienda de una estudiante universitaria de 20 años de edad y otras cuatro mujeres en el vecindario de Jabal. Exigían saber a qué tribu pertenecían las mujeres. “Mentimos y dijimos que éramos bargu”, contó. “Pero ellos replicaron: No, eres massalit, eres nuba [un término que en Sudán se usa en el sentido de “rebeldes” o no árabes]”.… Uno me violó mientras los demás esperaban afuera. Entonces otro entró y me violó también”.
Contó que más de dos meses después, seguía atormentada por la agresión: “Lloro a menudo, y cuando lo hago, me duele la garganta. No puedo dormir, no puedo sentirme normal. Cuando camino fuera de casa, me pierdo constantemente. No encuentro el rumbo cuando intento ir a algún lado”.
En cuatro casos, los agresores mencionaron en forma expresa el trabajo de derechos humanos que realizaban las mujeres y, en un caso, el trabajo de su esposo, lo que sugiere que sabían a quiénes estaban atacando.
Solo una de las sobrevivientes entrevistadas recibió algún tipo de atención de emergencia posterior a la violación sexual en El Geneina. Durante el momento más álgido de violencia, las RSF y las milicias aliadas saquearon e incendiaron centros de salud y oficinas de organizaciones no gubernamentales que prestaban atención emocional y psicológica a sobrevivientes de violencia sexual.
Women’s Future Organisation, una organización darfurí, informó que apenas 24 de 103 víctimas de incidentes de violación sexual que había registrado recibieron servicios médicos con poster ioridad. De estos incidentes, 73 ocurrieron en Darfur Occidental.
El derecho internacional humanitario, también llamado derecho de guerra, prohíbe a las partes en un conflicto armado dañar deliberadamente a civiles. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el DIH consuetudinario, ambos aplicables a todas las partes en conflicto en Sudán, prohíben la violación y otras formas de violencia sexual. Las violaciones sexuales cometidas por combatientes pueden constituir una forma de tortura. La violación y otros tipos de violencia sexual perpetrados en el contexto de un conflicto armado son un crimen de guerra, y si forman parte de un ataque generalizado o sistemático por parte de un gobierno o grupo armado contra una población civil, pueden ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad.
Los estándares internacionales exigen que el gobierno proporcione medidas de mitigación de riesgos para la violencia de género desde el inicio de la respuesta a una crisis, lo que incluye el cuidado clínico de la violación sexual y otros servicios integrales para sobrevivientes de violencia.
El 11 de agosto, Human Rights Watch envió por correo electrónico un resumen de hallazgos al general Mohamed Hamdan Dagalo, comandante de las RSF, instándolo a que formulara comentarios, pero hasta el momento de esta publicación no se ha recibido respuesta.
Tras una llamada realizada el 1 de agosto por la representante especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, con el fin de prevenir y abordar hechos de violencia sexual, el general de división Abdul-Rahim Dagalo, subcomandante de las RSF, reconoció la gravedad de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Las RSF emitieron una declaración tras la reunión, en la cual se “aseguró la plena cooperación de las RSF con la ONU en la investigación de cualquier señalamiento de violaciones de derechos humanos”.
En la sesión de septiembre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, todos los países deberían apoyar que se establezca una investigación internacional que indague de manera independiente y preserve pruebas sobre abusos graves en Darfur y en otras partes de Sudán, que contribuyan a que los responsables rindan cuentas.
“Los gobiernos alarmados por estos hechos deben destinar más recursos a las personas sobrevivientes de violencia sexual en Darfur”, expresó Wille. “Los relatos atroces de violaciones sexuales y las consecuencias nefastas de esos crímenes deben movilizar a los donantes a atender las necesidades de las personas sobrevivientes y apoyar medidas que faciliten que se haga justicia”.
Para conocer más sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas en El Geneina, ver más abajo.
Violaciones sexuales durante el conflicto en El Geneina desde abril
Antes de la guerra, El Geneina tenía una población de cerca de 538.000 personas. Desde el 24 de abril hasta el 15 de junio, se produjeron reiterados ataques deliberados contra civiles en El Geneina, sobre todo por las RSF y milicias árabes aliadas de estas fuerzas principalmente contra la población étnica massalit.
Se desconoce el alcance de las violaciones y otros tipos de violencia sexual perpetrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias aliadas durante los ataques en El Geneina ocurridos desde finales de abril. Los nombres de las personas entrevistadas no se divulgan para proteger su identidad.
Una mujer cuya organización darfurí brinda servicios a sobrevivientes de violencia sexual, que incluye atención emocional y psicológica, refirió que desde fines de abril hasta mediados de mayo, el grupo identificó a 13 sobrevivientes de violación sexual. A partir de eso, la mujer y colegas suyos realizaron investigaciones en El Geneina e identificaron 51 casos más hasta mediados de junio, más otros cuatro ocurridos el 15 de junio cerca de Shukri, una aldea por la que pasaron personas que huían en dirección a Chad.
La mayoría de los incidentes informados a Human Rights Watch ocurrieron cerca de la vivienda o un lugar donde provisoriamente se estaba refugiando la persona afectada. Las personas sobrevivientes dijeron que los agresores mencionaron su etnia o indagaron expresamente sobre ella y emplearon insultos étnicos referidos a su identidad massalit o no árabe. Una mujer contó que convenció a un grupo de hombres armados que querían violar a su prima de 15 años de que esta pertenecía a una importante familia árabe del vecindario y que serían castigados si consumaban el acto. Se fueron sin atacarla.
Algunos actos de violencia sexual ocurrieron mientras los civiles intentaban huir a Chad. Una mujer de 27 años indicó que mientras huía de la ciudad, encontró al costado de un camino a un ex colega, de 18 años de edad, que estaba próxima a fallecer y presentaba una herida de bala en el hombro izquierdo. La colega le contó que había sido violada y que luego le habían disparado, y le pidió a la mujer que le dijera a su familia que no la buscaran. La mujer huyó raudamente de la zona, temiendo ella también ser atacada. Se unió a un grupo de civiles que huían hacia Chad y dijo que, en el camino, miembros de las RSF intentaron tomar por la fuerza a tres adolescentes que había en el grupo y que, cuando las niñas se negaron, les dispararon y las mataron.
Una estudiante de economía de 28 años contó que ocho hombres armados, dos con uniformes de las RSF y seis vestidos de civil, entraron en la vivienda de su familia en el vecindario Tadamun de El Geneina el 8 de junio, aproximadamente a las 4 p.m., diciendo que estaban buscando hombres y armas. En ese momento se refugiaban en la vivienda cerca de 20 personas, entre familiares y vecinos. Los atacantes golpearon a los seis hombres que había allí con palos y tubos de plástico. Contó que un agresor exigió que todos entregaran sus teléfonos celulares. Les dijeron que no tenían ninguno, pero uno de los atacantes encontró el teléfono de la mujer en la habitación. Entonces le ordenó que entrara en el cuarto y le mostrara dónde escondía otros teléfonos. Dijo sobre esto:
“Él me manoseó el busto y también allí abajo, pero yo no tenía otro teléfono. Me dijo: ‘Tendrás que sacrificarte, o vamos a dispararle a tus hermanos’. Le contesté: “No, mátame pero deja que mis hermanos y mi familia vivan, déjalos ir”. Le dije que sacrificaría mi vida, pero él contestó: ‘No matamos a mujeres’. Luego dijo que tendría que recostarme”.
Gritó para alertar a su madre y, cuando esta se acercaba corriendo, uno de los hombres disparó a su madre y la hirió en la pierna. Otro disparo casi impacta en su tía, que también intentó protegerla. “La bala sonó muy fuerte”, contó. “Sentí que no había esperanzas. Simplemente los matarían frente a mí. Me puso el arma en la cabeza y me violó”.
El atacante la lastimó y le provocó sangrado profuso en la zona genital. Su familia la llevó al hospital, donde un médico la trató con suturas y le indicó anticoncepción de emergencia y medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual.
A fines de julio, tenía la herida infectaba y experimentaba dolor significativo. No había menstruado y temía estar embarazada, pese a la medicación tomada. “Después del ataque, le dije a mi madre que no quería quedarme allí”, contó. “Mi corazón rechaza este lugar. Mi madre me dijo, ‘¿Cómo podríamos irnos? No tenemos dinero’”.
Solo la mujer pudo irse. Su madre permaneció en el lugar, al no contar con dinero para trasladarse a Chad. La joven no ha tenido noticias de su madre desde entonces.
Temprano en la mañana del 26 de junio, una mujer de 24 años regresó con su madre a su vivienda en el vecindario de Tadamun, que combatientes de las RSF y milicias habían saqueado semanas antes, con la esperanza de recuperar algo de la ropa de sus tres hijos. Dos hombres armados vestidos de civil y un tercero con uniforme de las RSF se acercaron a las mujeres. La más joven dijo que reconoció a los tres hombres, quienes vivían en el vecindario de Jabal. Primero exigieron que las mujeres entregaran las armas que pudieran estar escondiendo en la vivienda. A continuación, uno de los hombres ordenó a la mujer más joven que durmiera con él y amenazó con que, si no lo hacía, le dispararía a su madre. Efectuó un disparo que, por poco, impacta a su madre. El hombre sujetó a la joven, la llevó a rastras hasta la vivienda dañada y la violó. Cuando terminó, contó la joven, otro de los tres hombres entró con intención de hacer lo mismo, pero el tercer hombre lo detuvo, diciendo: “Queremos armas y hombres, no mujeres, así que déjalas”.
Violaciones sexuales por varios combatientes
Cuatro de las sobrevivientes afirmaron que fueron violadas por hasta cinco hombres.
Una niña de 15 años contó que ella y su familia se resguardaban con otras cuatro familias en una vivienda en el vecindario de Madaris en El Geneina cuando, el 7 u 8 de junio, alrededor del mediodía, un grupo de unos 20 miembros uniformados de las RSF irrumpieron en la vivienda y comenzaron a golpear a las personas que había dentro con varillas metálicas. Mostró a los investigadores una cicatriz grande en la parte superior del brazo izquierdo y otra en la oreja, donde dijo que la habían golpeado. Contó que cinco de los hombres ordenaron a todos los que estaban en la vivienda que se fueran, y luego la llevaron a otra habitación donde cada uno de ellos la violó durante el transcurso de seis horas. “Cuando finalmente se fueron, traté de irme, pero me desplomé junto a la calle”, afirmó. “Más tarde un hombre me encontró y me llevó en burro hasta la estación de policía de la Reserva Central. Me quedé allí 10 días hasta que pude huir”.
Una profesora de inglés, de 29 años de edad, estaba en su vivienda con sus tres hijos pequeños en el vecindario de Jabal al comienzo del conflicto, cuando dos hombres árabes armados, vestidos de civil, entraron en su habitación a mitad de la noche. Contó sobre esto: “Me desperté mientras uno de ellos me preguntaba: ‘¿Eres nuba o árabe?’. Contesté que era árabe. … Él dijo: ‘Si eres nuba, te violaré hasta la muerte, y si eres árabe, no es un problema, pero debes casarte conmigo’. Le dije que no me casaría con él porque no lo conocía. Entonces él dijo: ‘Si no duermes conmigo, violaré a tus hijos y te mataré’”.
Luego llamó al segundo hombre que vino y la sujetó poniéndole una bota contra el cuello mientras el primer hombre la violaba. Contó que el primer hombre regresó otras tres veces en los días siguientes, y cada vez traía con él a un hombre distinto. Dijo que, una de las veces, ambos hombres la violaron. Contó que el hombre que seguía regresando le dijo varias veces: “Quiero que te embaraces y que tengas a nuestro bebé”. Contó que estaba aterrorizada y que no podía dormir, pues temía que regresaran, por lo que finalmente huyó.
El 13 de junio, una alumna de 20 años dijo que fue sola a su casa en el barrio de Jamariq para recuperar algunos artículos que había dejado cuando huyó a otro vecindario en un momento previo del conflicto. Al llegar a su vivienda, que estaba parcialmente incendiada, tres miembros uniformados de las RSF la vieron, la siguieron hasta adentro y comenzaron a registrar la casa buscando si había allí algún hombre escondido, así como armas o uniformes de la policía o las fuerzas armadas. Dijo sobre esto:
“No encontraron nada, pero luego me preguntaron a qué tribu pertenecía. Dije massalit. Entonces, los tres me violaron. Después de que se fueron, quedé allí tumbada. Creo que no podía caminar. Volvieron cuatro horas más tarde, me recogieron y me dejaron en el camino, con la advertencia: ‘Si no te vas de esta zona, te mataremos’. Entonces hui de allí”.
Presuntas violaciones sexuales selectivas
Las Fuerzas de Apoyo Rápido y milicias aliadas de estas fuerzas habrían atacado a algunas mujeres debido al papel que desempeñaban familiares suyos como activistas en la comunidad massalit.
Una periodista y activista de derechos humanos, de 28 años de edad, que publicó videos sobre abusos contra la población massalit en El Geneina dijo que, el 12 de mayo, en horas del mediodía, cuatro hombres, uno de ellos con la chaqueta del uniforme de las RSF, la secuestraron mientras salía de su casa. Dijo que los hombres le vendaron los ojos y la llevaron “a algún sitio en las afueras de la ciudad”, donde cree que la retuvieron dentro de un recinto con muros. Allí había otras personas, pero no pudo determinar cuántas eran porque estaba vendada. Una mujer con un bebé le dijo que la habían violado hombres armados. La activista dijo que se dio cuenta de que sabían quién era ella:
“[Un hombre] decía: ‘¿Quién te pagó para decir esas cosas en internet? Eres massalit, no sabes nada, no deberías quedarte en El Geneina’. Otros me advertían que me fuera de la ciudad y me decían: ‘Eres una esclava’. Entonces uno dijo: ‘Deberíamos violar a las mujeres nuba hasta que tengan a nuestros bebés’. Y luego dos de ellos me violaron. Perdí el conocimiento y cuando me desperté estaba frente a mi vivienda, y eran las 5 a.m. del día siguiente”.
Huyó de la ciudad más tarde ese día.
Una trabajadora social y activista de derechos humanos, de 25 años de edad, contó que el 27 de abril unos 15 miembros uniformados de las RSF entraron por la fuerza en la vivienda de su familia y abrieron fuego, mataron a su hermano, de 16 años, e hirieron a su padre. En ese momento ella se encontraba en una vivienda contigua, la casa de su tía. Dijo que las RSF sacaron a su hermana de la vivienda hacia la calle, gritando que la estaban buscando y que retendrían a su hermana hasta que saliera. Cuando salió, dos de los hombres la llevaron a rastras hasta la casa de un vecino y la violaron.
“Mientras lo hacían, le decían: ‘Ustedes activistas y sus líderes tienen que dejar de informar sobre nosotros’”, según contó. “Después de eso me dejaron ir”.
La mujer de 27 años que encontró a un colega en la calle dijo que había sido violada por varios miembros de las RSF en 2019 y que sigue sufriendo consecuencias de salud a largo plazo, incluida infertilidad. El 15 de junio de 2023, ella y familiares suyos se resguardaban en la vivienda de unos parientes en el vecindario de Madaris cuando un grupo de 16 miembros uniformados de las RSF irrumpieron en la casa buscando a su esposo, un consabido activista de derechos humanos massalit. Contó que cuatro hombres empezaron a golpearla, y le exigían que les dijera dónde estaba.
Uno le dio un puntapié en el estómago y, cuando ella cayó al suelo, dos la inmovilizaron, cada uno sujetándole un brazo, y un tercero le introdujo algo en la boca para silenciarla. Tres de ellos se turnaron para violarla. Perdió el conocimiento y al despertar varias horas después, descubrió que era la única que todavía estaba viva en la casa. En el suelo yacían los cuerpos de cuatro hombres, tres mujeres y dos niños, todos con múltiples heridas de bala. Dijo sobre esto:
“Cuando intenté caminar, no pude, empecé a vomitar. Finalmente, durante la noche, junté fuerzas para caminar. No sabía hacia dónde iba, sino que solo caminaba y caminaba. Pasé dos días tratando de encontrar a mi familia, pero no lo logré. Y no pude encontrar comida ni agua”. Contó que tenía sangrando desde el ataque, pero que no había podido obtener atención médica.
Una mujer de 26 años dijo que incluso antes de los hechos recientes de violencia en El Geneina había recibido una amenaza a través de las redes sociales de una fuente desconocida por su trabajo. El 15 de junio, mientras se producía el ataque de las RSF y milicias, ella y otros civiles intentaron refugiarse en una casa en el barrio de Madaris. Contó que siete soldados uniformados de las RSF irrumpieron en la vivienda en busca de hombres y armas. Un hombre, que dijo que la reconoció de su lugar de trabajo, la obligó a ir a otra habitación con él. Una vez en la habitación, disparó al aire su arma. Contó sobre esto:
“Luego empezó a tocarme los pechos, y me preguntaba: ‘¿Estás casada?’. Le contesté que sí y le rogué que no me atacara. Le dije: ‘Soy como tu hermana’. Empecé a llorar, pero él comenzó a darme bofetadas y me dijo: ‘Hoy te sentarás aquí’”. Traté de alejarme de él, pero amenazó con dispararme. Me empujó al suelo apuntándome con el arma y me obligó a recostarme. Traté de defenderme, pero no pude”.
Refirió que el hombre la violó tres veces. Después de que él y los otros hombres armados se fueron, una mujer mayor entró y la consoló. “Lloramos juntas”, contó. “Me trajo agua y me llevó al baño para limpiarme. No paraba de llorar. … Espero poder obtener justicia algún día. Quiero seguridad, eso es todo lo que quiero. No puedo dormir, no puedo relajarme. Tengo pesadillas de que van a violarme una y otra vez. Solo estoy buscando un lugar seguro”.
Acceso a atención de emergencia tras una violación sexual
Una sobreviviente entrevistada por Human Rights Watch recibió atención inmediata después de una violación en El Geneina. Trabajadores sanitarios de otras dos clínicas en El Geneina dijeron que cinco mujeres habían acudido a establecimientos después de haber sido violadas, pero no recibieron atención de urgencia posterior a la violación debido a que no se encontraba disponible o a que en un primer momento no revelaron la violencia sexual al personal. La mujer cuya organización presta servicios contó que, debido al estigma asociado con la violencia sexual, el número de sobrevivientes probablemente sea mucho mayor que el número de mujeres que han solicitado servicios médicos y de otro tipo.
La interrupción de las redes de comunicación en El Geneina a mediados de mayo de este año también obstaculizó la posibilidad de las personas sobrevivientes de acceder a servicios.
Si bien en Chad el aborto es legal en casos de violación, incesto o amenaza a la salud o la vida de la mujer embarazada o a la viabilidad fetal, los trabajadores médicos informan que en la práctica es sumamente difícil acceder a servicios de aborto seguro. El Ministerio de Salud debe autorizar el aborto basándose en una certificación emitida por un médico que indique que el caso se encuadra dentro de las disposiciones legales. Los obstáculos significativos y la infraestructura sanitaria deficiente hacen que, a menudo, los proveedores tengan capacidad limitada para responder a la violencia de género o prestar atención especializada de la salud sexual y reproductiva.
Una sobreviviente entrevistada por Human Rights Watch confirmó que quedó embarazada como resultado de una violación. Otras dos dijeron que creían que podían estar embarazadas porque no habían tenido el período y estaban experimentando náuseas.
El Plan Regional de Respuesta para Refugiados de Sudán, que tiene por objeto ayudar a refugiados, repatriados y comunidades de acogida en la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur, solo se había financiado en un 15% para fines de junio de 2023. Los gobiernos, la ONU y los organismos humanitarios deben establecer como prioritario que todas las personas sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a servicios oportunos, confidenciales y que salvan vidas en Sudán y en los sitios en los que se encuentran personas refugiadas y desplazados, en consonancia con los estándares internacionales.
La gestión de casos tras una violación sexual debe abordar el espectro completo de necesidades de salud física (profilaxis posterior a la exposición para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, tratamiento de heridas o lesiones e infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia, acceso al aborto y otros cuidados ginecológicos) y apoyo para la salud mental tanto inmediato como a largo plazo.
El informe del Secretario General de la ONU de 2022 sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos concluyó que “el acceso a servicios es complejo en todo Sudán, y solo hay gestión clínica de violaciones sexuales, asistencia legal y apoyo psicosocial en el 39 % de las localidades”.
Impunidad de larga data por la violencia sexual en Darfur
La violencia sexual ha sido una característica central del conflicto desde 2003 y las fuerzas armadas sudanesas han perpetrado violaciones y otro tipo de actos de violencia sexual en forma generalizada en Darfur. A pesar de las numerosas investigaciones que difundió el gobierno sudanés sobre presuntos abusos de las fuerzas de seguridad en Darfur, Human Rights Watch no tiene conocimiento de que ninguna investigación haya tenido avances significativos que posibilitaran la rendición de cuentas.
En 2008, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señaló que “la violación es una parte integral del patrón de destrucción que el Gobierno del Sudán inflige a los grupos destinatarios en Darfur” y la fiscalía ya presentó cargos de violación sexual en los casos que impulsa sobre Darfur.
En 2022, la oficina de Patten había informado sobre 96 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto perpetrada por integrantes de las fuerzas de seguridad de Sudán y exhortó tanto a las Fuerzas Armadas de Sudán como a las RSF, que entonces formaban parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, a asumir una política de tolerancia cero y revitalizar la cooperación con esa institución. Sin embargo, Human Rights Watch no tiene conocimiento de que las RSF hayan adoptado alguna medida para responder y poner fin a la violencia sexual por parte de sus miembros.
Recomendaciones
Las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias aliadas deberían acatar plenamente el derecho internacional humanitario, incluso adoptando medidas para que cesen las violaciones y otros tipos de violencia sexual por parte de sus soldados. Los responsables de abusos graves, incluidos comandantes de alto rango, deben ser sancionados adecuadamente. Los gobiernos y otros actores con influencia sobre las partes en conflicto deben actuar para promover que se acate el derecho internacional.
Los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben identificar públicamente y condenar a los gobiernos que no respetan el embargo de armas vigente sobre Darfur, e imponer sanciones específicas contra los comandantes y funcionarios responsables de abusos graves, incluida la violencia sexual. El consejo también debería invitar a miembros de las comunidades afectadas por la guerra en Darfur, incluidas las personas sobrevivientes de violencia sexual, a informar al consejo sobre esto.
Los miembros del Consejo de Seguridad y otros países deberían apoyar activamente las investigaciones en Darfur que impulsa la Corte Penal Internacional, sobre todo a la luz del anuncio del fiscal de que su institución está investigando atrocidades recientes. Las obstrucciones por parte del gobierno sudanés que hubo en el pasado a investigaciones de la corte, y la pasividad del Consejo de Seguridad de la ONU ante esa obstrucción, han favorecido la impunidad y que se cometan nuevos crímenes.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe encomendar a la Secretaría de las Naciones Unidas que, en un plazo de 45 días, prepare un documento con opciones de medidas adicionales para proteger a los civiles en Sudán, con un enfoque en Darfur que examine configuraciones alternativas a la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS), incluido el apoyo a una fuerza regional africana.
La Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo deberían apoyar una respuesta coordinada a la crisis por parte del Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En la sesión de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe crear un mecanismo independiente que tenga el mandato de investigar, recopilar y preservar pruebas de abusos y violaciones graves perpetrados en Darfur y en otras partes de Sudán para identificar a los responsables y formular recomendaciones orientadas a que haya rendición de cuentas.
Dicho mecanismo debería contar con los conocimientos y los recursos necesarios para asegurar investigaciones sólidas sobre hechos de violencia sexual relacionada con los conflictos, en consonancia con estándares internacionales, que sean impulsadas por profesionales que tengan la debida experiencia y capacitación, empleando un enfoque que ponga las necesidades de las personas sobrevivientes en primer lugar y obtenga pruebas forenses y de otro tipo, al tiempo que se mitiga el riesgo de profundizar el trauma experimentado. Esto incluye no someter a las personas sobrevivientes a la repetición innecesaria de exámenes físicos o entrevistas sobre los incidentes ni a exámenes realizados por quienes no tengan experiencia en la respuesta a la violencia sexual y en recopilar pruebas. También requiere asegurar el acceso a servicios médicos, psicosociales, legales y socioeconómicos para las sobrevivientes.
La Unión Europea y otros gobiernos consternados, incluido Estados Unidos, deben imponer con urgencia sanciones específicas a líderes de las RSF, las Fuerzas Armadas de Sudán y los grupos armados responsables de abusos grave contra civiles.
