(Beirut, 30 de noviembre de 2023) – Los participantes que asistan a la 28ª Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), organizada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Dubai, estarán bajo estrecha vigilancia por parte de las autoridades emiratíes, lo que supone una violación de los derechos humanos y una amenaza al éxito de la conferencia, advirtió hoy Human Rights Watch.
Representantes gubernamentales, grupos de la sociedad civil y activistas climáticos de todo el mundo se concentrarán en Dubai para la COP28, que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023. Desde el momento en que los participantes de la COP28 aterricen en Dubai, estarán expuestos a una vigilancia gubernamental intrusiva. Las autoridades capturarán los escaneos faciales y del iris de quienes participen en un programa opcional en el Aeropuerto Internacional de Dubai conocido como “puertas inteligentes”. Independientemente de que utilicen este programa o no, una amplia red de cámaras de vigilancia en todo Dubai puede identificar a todos los visitantes basándose en los datos recopilados en la aduana.
“El gobierno emiratí debería permitir que los delegados de la COP28 realicen su importante labor para combatir la crisis climática sin necesidad de preocuparse por una vigilancia generalizada y la persecución de las voces críticas”, dijo Zach Campbell, investigador principal de vigilancia de Human Rights Watch. “Es poco probable que las negociaciones destinadas a lograr el ambicioso resultado que el mundo necesita urgentemente para abordar el cambio climático tengan éxito si los delegados no pueden comunicarse sin miedo”.
El gobierno también lleva a cabo una vigilancia generalizada de las comunicaciones. Los participantes pueden estar sujetos al control gubernamental de sus publicaciones y comentarios en línea, a la interceptación de sus mensajes de texto y al escaneo de su tráfico de red. Dado el severo castigo que impone el gobierno de los EAU a la disidencia, esta vigilancia representa un riesgo para los participantes de la COP28, especialmente para aquellos que critiquen a las autoridades.
Las autoridades de los EAU mantienen una política de tolerancia cero hacia las críticas al gobierno y hacen cumplir esa política con un arsenal de herramientas de vigilancia invasivas, incluido, en el peor de los casos, el monitoreo directo de mensajes, correos electrónicos y dispositivos móviles en los EAU y más allá de sus fronteras. Esto ha producido un efecto paralizador en el discurso público, incluida una extensa autocensura, hasta el punto de que la sociedad civil independiente ha desaparecido completamente del país.
En marzo, los organizadores de una cumbre internacional sobre clima y salud en los Emiratos Árabes Unidos advirtieron a los participantes que no criticaran al gobierno ni participaran en protestas mientras estuvieran en el país.
El Secretario Ejecutivo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en agosto que “habrá espacio disponible para que los activistas climáticos se reúnan pacíficamente y hagan oír su voz” en la COP28. Pero la vigilancia y la represión masivas no dejan claro cómo esto puede hacerse realidad, afirmó Human Rights Watch.
Los Emiratos Árabes Unidos tienen un largo historial cerrando espacios para la política, el discurso público y el activismo. Hace más de una década, las autoridades emiratíes amenazaron con prohibir el uso de Blackberries, en aquel entonces uno de los pocos dispositivos móviles de consumo con correo electrónico y mensajes cifrados, hasta que lograron abrir lo que varios investigadores de seguridad describieron como una “puerta trasera”, que permitía al gobierno obtener acceso a los dispositivos, según investigadores de seguridad. En 2016, según documentos judiciales estadounidenses publicados por el New York Times, las autoridades emiratíes contrataron a ex piratas informáticos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para acceder a los dispositivos de los disidentes.
Un año después, The Guardian informó que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos compraron tecnología para interceptar y analizar el tráfico de la red. Y en 2019, varios investigadores de seguridad consultados por el New York Times descubrieron que ToTok, una popular aplicación de mensajería en los Emiratos Árabes Unidos, tenía una puerta trasera que daba a las fuerzas de seguridad acceso directo a los mensajes de las personas, acusaciones que la empresa ha negado. Citizen Lab, un instituto de investigación de la Universidad de Toronto que se centra en la seguridad en Internet y los derechos humanos, ha documentado casos de ataques de los EAU contra disidentes que se remontan a 2012.
Las autoridades emiratíes también han utilizado ampliamente el software espía israelí Pegasus para acceder a los dispositivos móviles de disidentes. Tal fue el caso de Ahmed Mansoor, un defensor de los derechos humanos emiratí que, en 2018, fue condenado a 10 años de prisión por “dañar la reputación de los EAU”, entre otros delitos. Mansoor fue declarado culpable sobre la base del material sustraído de su teléfono después de una infección de Pegasus. La empresa detrás de Pegasus, NSO Group, ha negado repetidamente tener conocimiento o responsabilidad sobre el uso que se hace de su software espía.
Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un centro industrial para la venta de tecnología de vigilancia invasiva y utilizan regularmente esta tecnología en su propia población. El gobernante de Dubai se ha jactado de contar con una red de más de 300.000 cámaras, así como drones, solo en esa ciudad, para lograr el objetivo de “crimen cero”. El sistema de vigilancia, llamado Oyoon, conecta cámaras con bases de datos de fotografías de rostros y puede rastrear a las personas mientras se mueven por Dubai. En Abu Dhabi también se desarrolló un sistema similar conocido como Falcon Eye.
Al mismo tiempo, el gobierno restringe las funciones de comunicación de voz de muchas aplicaciones, como WhatsApp y Skype, y prohíbe la aplicación de mensajería cifrada Signal. Esto obliga a los usuarios de teléfonos móviles de los EAU a utilizar aplicaciones menos seguras como ToTok antes de que fuera eliminada de las tiendas de aplicaciones móviles de Google y Apple en 2019.
El uso del reconocimiento facial en espacios públicos y la vigilancia de las comunicaciones masivas violan las normas internacionales de derechos humanos. La vigilancia por parte de las autoridades emiratíes ha desencadenado a una autocensura generalizada por parte de los residentes y las instituciones con sede en los EAU.
La ley de ciberdelitos de los EAU, Ley Federal núm. 34 de 2021 sobre la lucha contra los rumores y los delitos cibernéticos, reemplazó una ley sobre delitos cibernéticos de 2012 notoriamente represiva que se utilizaba con frecuencia para silenciar a disidentes, periodistas, activistas y cualquier persona que las autoridades percibieran como crítica con el gobierno, sus políticas o sus representantes.
La ley actual sobre delitos cibernéticos prohíbe el uso de Internet “para abogar por el derrocamiento, cambio o usurpación del sistema de gobierno en el Estado, u obstruir disposiciones de la Constitución o de la ley existente, u oponerse a los principios fundamentales en los que se basa el sistema de gobierno”, con penas que incluyen hasta la cadena perpetua. Otra disposición prohíbe cualquier acto que pueda “ofender a un Estado extranjero”.
La ley sobre delitos cibernéticos también incluye severas restricciones a los derechos de reunión pacífica y de libre asociación. Las autoridades emiratíes la han utilizado para encarcelar a ciudadanos y residentes de los EAU por publicaciones pacíficas en las redes sociales que se consideraban críticas con los gobiernos de los EAU, Egipto y Jordania.
Nasser bin Ghaith, un académico emiratí, fue sentenciado en 2017 a una década de prisión luego de publicar en línea comentarios que criticaban al presidente y al gobierno egipcio. Bin Ghaith enfrentó cargos que incluían “participar en hostilidad contra Egipto” e “intentar poner en riesgo las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Egipto”.
Ese mismo año, Tayseer al-Najjar, un periodista jordano que vivía en los Emiratos Árabes Unidos, también fue sentenciado bajo las leyes de delitos cibernéticos de los Emiratos Árabes Unidos a una sentencia de tres años, dos de los cuales ya había cumplido en prisión preventiva. Al-Najjar fue acusado de “insultar los símbolos del Estado” por publicaciones en Facebook críticas hacia los Emiratos Árabes Unidos que había publicado antes de mudarse allí. La sentencia del juicio también citó comentarios que supuestamente le hizo a su esposa por teléfono y que criticaban a los Emiratos Árabes Unidos. La sentencia no indicó cómo las autoridades obtuvieron los registros de las llamadas.
En 2020, Ahmed Etoum, otro jordano que vivía en los Emiratos Árabes Unidos, fue sentenciado a 10 años de prisión por publicaciones pacíficas en Facebook que criticaban a la familia real y al gobierno jordanos. El tribunal lo condenó en virtud de las leyes de delitos cibernéticos de los EAU por utilizar Facebook para cometer “actos contra un Estado extranjero” que podrían “dañar las relaciones políticas” con ese Estado y “poner en peligro la seguridad nacional” dentro de los EAU.
Ser anfitrión de la COP28 es parte de un esfuerzo de décadas por parte del gobierno de los EAU para mejorar su reputación en el escenario internacional. Estos esfuerzos se hicieron explícitos en la Estrategia de Poder Blando de 2017 del gobierno, que incluye cultivar la “diplomacia cultural y mediática” como pilar central y tiene como objetivo “establecer la reputación [de los EAU] como un país moderno y tolerante que da la bienvenida a todas las personas de todo el mundo”.
Pero estos esfuerzos por proyectar una imagen pública de apertura están en desacuerdo con los esfuerzos del gobierno por impedir el escrutinio de sus violaciones de derechos humanos, afirmó Human Rights Watch. El uso generalizado de tecnología de vigilancia por parte de los Emiratos Árabes Unidos y su tolerancia cero ante las críticas se extiende incluso a la detención y deportación de residentes extranjeros y ciudadanos extranjeros que visitan el país.
Las restricciones de gran alcance impuestas por los EAU al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, reunión y asociación, en particular mediante los tipos de vigilancia empleados por el gobierno de los EAU, son incompatibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de derechos humanos.
“El gobierno emiratí debería relajar su control del espacio cívico y poner fin a la vigilancia de las voces críticas en los Emiratos Árabes Unidos y más allá, empezando por liberar inmediatamente al defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor”, dijo Campbell.
