(Bangkok) – La represión y los controles sociales que impone el gobierno chino se intensificaron en 2023, a más de una década del inicio de la gestión del presidente Xi Jinping, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2024. Sin embargo, para atraer inversiones extranjeras en un contexto de desaceleración de la economía, el gobierno parecería haber atenuado parte de su retórica agresiva hacia países occidentales. En China, más personas comienzan a cuestionar públicamente el rumbo del país bajo el liderazgo de Xi, y al hacerlo asumen un gran riesgo personal.
“Los más de diez años de represión bajo el presidente Xi Jinping en el poder y el control social creciente están teniendo un impacto cada vez mayor en la economía y la sociedad de China”, expresó Maya Wang, directora interina para China de Human Rights Watch. “El gobierno no aborda seriamente las violaciones de derechos humanos y esto infunde incertidumbre con respecto al futuro en todos los sectores de la sociedad, desde las personas jóvenes hasta los ejecutivos de empresas”.
La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El gobierno chino continuó sus políticas abusivas contra uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Muchos uigures están cumpliendo largas penas de prisión por actos pacíficos, incluido el antropólogo de renombre internacional Rahile Dawut, cuya pena de prisión perpetua se conoció en septiembre.
En el Tíbet, las autoridades siguen sometiendo a asimilación forzosa a personas tibetanas. Los controles extremos sobre la información hacen que sea muy difícil obtener y corroborar información procedente de la región.
En Hong Kong, el gobierno chino ha eliminado las libertades y garantías de la ciudad, al arrestar en forma arbitraria a personas por presuntos delitos contra la seguridad nacional, ofrecer recompensas a cambio de 13 activistas democráticos y ex legisladores exiliados, y expandir su campaña de intimidación política a activistas de Hong Kong fuera de las fronteras de China.
En toda China, el gobierno ha reforzado incluso más el control férreo que ejerce sobre la sociedad civil. Las empresas extranjeras, que durante mucho tiempo eran bienvenidas, sufren cada vez más el uso arbitrario del poder por parte del gobierno. Las enmiendas imprecisas a la Ley contra el Espionaje y las redadas policiales en sedes de empresas internacionales y extranjeras ponen a estas compañías en la incertidumbre de si las prácticas comerciales que antes eran aceptables ahora serían constitutivas de delitos.
A un año del abrupto fin de la política draconiana sobre “COVID cero” a finales de 2022, no hubo ninguna investigación oficial sobre cómo el gobierno chino manejó el brote. A su vez, ciudadanos y periodistas chinos que informaron sobre el tema y que reclamaron rendición de cuentas por abusos oficiales durante los confinamientos han sido hostigados, detenidos y procesados penalmente.
En noviembre, multitudes en todo el país expresaron profunda congoja por la muerte inesperada del ex primer ministro Li Keqiang, a los 68 años. A través de internet, las personas compartieron una de las citas recientes de Li: “La reforma y apertura de China seguirán avanzando, al igual que el curso del río Yangtze y el río Amarillo no puede revertirse”, en una señal sutil de crítica a Xi. Para muchos, Li representaba una China más dinámica en términos económicos, en contraste con las políticas de Xi.
En 2023, Pekín lanzó varias iniciativas mundiales en las Naciones Unidas y en otros ámbitos que cuestionan la gobernanza, la seguridad, las normas de derechos humanos y las instituciones globales.
“Los líderes extranjeros deben reconocer que sería beneficioso para los intereses a largo plazo de sus países que haya un gobierno chino más transparente, responsable y que respete los derechos”, expresó Wang. “Plantear públicamente las inquietudes sobre derechos humanos de manera sistemática y firme es un primer paso para lograr un cambio”.
