(Bruselas, 11 de enero de 2024) – La Unión Europea y sus Estados miembros renovaron sus compromisos para defender y proteger los derechos en 2023, pero han fracasado constantemente en traducir estas promesas en resultados prácticos, afirmó hoy Human Rights Watch en la publicación de su Informe Mundial 2024.
Las políticas migratorias de la UE han contribuido a muertes, torturas y abusos. Los Estados de la UE no lograron abordar los ataques y la discriminación sistemática contra comunidades marginadas. La UE tampoco ha tomado medidas ante las crecientes restricciones al Estado de derecho y a la sociedad civil por parte de los Estados miembros y ha empleado un doble discurso en su política exterior.
“Existe una brecha preocupante entre los compromisos de la UE y sus prácticas en materia de derechos humanos, y la gente está pagando el precio”, dijo Benjamin Ward, subdirector de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Si la UE aspira a ser un modelo de derechos humanos en un mundo convulso, tiene que dar prioridad a los derechos en la práctica, no solo sobre el papel”.
La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En medio de un aumento en el número de personas que llegan a sus fronteras, la UE y sus Estados miembros duplicaron sus medidas represivas de disuasión y alianzas con países abusivos. Más de 2.500 personas murieron en el mar cuando trataban de llegar a la UE lo que puso de relieve las consecuencias letales del enfoque de la UE con respecto a la migración marítima.
Los Estados miembros de la UE, incluidos Bulgaria, Croacia, Polonia, Grecia, Hungría, Lituania y Letonia, participaron en deportaciones ilegales en las fronteras exteriores. Malta e Italia facilitaron las interceptaciones en el mar por parte de las fuerzas libias, mientras que las instituciones de la UE profundizaron su complicidad en abusos, incluida la tortura, contra migrantes y refugiados devueltos a Libia. Italia firmó un acuerdo con Albania para detener en ese país a las personas rescatadas en el mar por barcos italianos, incluidos solicitantes de asilo.
En la UE persistieron las preocupaciones por la disminución de las libertades democráticas y la reducción del espacio de la sociedad civil. Hungría y Polonia continuaron enfrentándose al escrutinio en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea ante el menosprecio por parte de sus gobiernos por los valores de la UE. Sin embargo, a pesar de la presión del Parlamento Europeo y de la sociedad civil, los Estados miembros de la UE se abstuvieron de tomar medidas decisivas contra ambos países. Si bien los resultados de las elecciones de octubre en Polonia ofrecen perspectivas de reforma, el compromiso de la UE sigue siendo vital hasta que un nuevo gobierno genere cambios, afirmó Human Rights Watch.
Las instituciones de la UE tampoco respondieron con contundencia a la preocupante tendencia de los Estados miembros de la UE, más allá de Hungría y Polonia, de imponer restricciones injustificadas a la sociedad civil, entre ellos Grecia, Francia e Italia. En cambio, las iniciativas legislativas a nivel de la UE, como el “Paquete de Defensa de la Democracia”, generaron más preocupaciones sobre la posible estigmatización y efectos paralizadores en la sociedad civil dentro y fuera del país.
Tras el ataque liderado por Hamás en Israel el 7 de octubre y las hostilidades posteriores en Gaza, el antisemitismo y la islamofobia aumentaron en Europa. Sin embargo, las reacciones de los Estados miembros de la UE fueron inadecuadas, y algunos impusieron nuevas medidas discriminatorias y abusivas hacia las personas identificadas o percibidas como árabes, palestinas y musulmanas, incluidas presiones para la adopción de políticas de inmigración más estrictas.
Los organismos de derechos humanos de la UE y del Consejo de Europa informaron de una mayor discriminación contra las comunidades marginadas, pero los Estados miembros de la UE no tomaron medidas en respuesta a los esfuerzos de las instituciones europeas para abordar estas preocupaciones.
Los datos de la UE de junio muestran que 95,3 millones de personas (el 21,6 % de la población) estaban “en riesgo de pobreza o exclusión social” durante 2022, dificultando el disfrute de sus derechos. Las altas tasas de inflación del año anterior disminuyeron durante 2023, y el impacto de la crisis del costo de vida se suavizó en parte como resultado de las medidas gubernamentales de mitigación. Un informe de la Comisión Europea también puso en evidencia los obstáculos que enfrentan los grupos marginados para acceder a servicios públicos esenciales para hacer realidad sus derechos, incluidos los de las personas sin hogar, los romaníes, las personas con discapacidad y los hogares monoparentales (principalmente encabezados por mujeres).
Las crecientes percepciones de una dobles discurso empañaron la política exterior de la UE en 2023. Si bien la UE mantuvo su apoyo a Ucrania y sus esfuerzos por exigir la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y otras violaciones graves cometidas en Ucrania por las fuerzas rusas desde la invasión a gran escala del país por parte de Rusia, la posición de la UE sobre el conflicto en Gaza e Israel no se hizo eco de los llamados a la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por todas las partes implicadas en el conflicto.
El acuerdo de la UE con Túnez, que prometió apoyo financiero a cambio de cooperación migratoria a pesar de los graves riesgos para los refugiados y solicitantes de asilo, ilustra su diplomacia cada vez más transaccional, lo que llevó al silencio o al apoyo a gobiernos abusivos con la vana esperanza de ganancias a corto plazo. La UE desempeñó un papel de liderazgo en resoluciones clave del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no insistió en la renovación del escrutinio de Libia ni apoyó ningún seguimiento de una investigación condenatoria sobre Etiopía.
