(Nueva York) - El Gobierno chino debe dar cuentas inmediatamente por todos los detenidos bajo su custodia y permitir una investigación independiente sobre las protestas de julio de 2009 en Urumqi, Human Rights Watch dijo en un informe publicado hoy.
El informe de 44 páginas "'We Are Afraid to Even Look for Them': Enforced Disappearances in the Wake of Xinjiang's Protest" (Tenemos miedo hasta de buscarlos': Desapariciones forzadas tras las protestas de Xinjiang), documenta las desapariciones forzadas de 43 hombres y adolescentes uigur que fueron detenidos tras las protestas por las fuerzas de seguridad chinas .
"Es probable que los casos que hemos documentado sólo sean la punta del iceberg", dijo Brad Adams, director de Asia para Human Rights Watch. "El Gobierno chino dice que respeta el Estado de derecho, pero nada podría socavar más esta afirmación que tomar a la gente de sus casas o de las calles y 'desaparecerlos'- dejando a sus familias sin el conocimiento de si están vivos o muertos".
La semana pasada, las autoridades judiciales de Xinjiang comenzaron los juicios de personas acusadas de participación en las protestas. Nueve hombres han sido condenados a muerte, otros tres a muerte con un aplazamiento de dos años, y uno a cadena perpetua.
La investigación de Human Rights Watch ha establecido que el 6 y 7 de julio de 2009 la policía china, la Policía Armada Popular, y el Ejército llevaron a cabo numerosas operaciones de limpieza a gran escala en dos áreas predominantemente uigur de Urumqi, Erdaoqiao y Saimachang. En menor escala, estas operaciones y redadas continuaron al menos hasta mediados de agosto.
Las víctimas de "desapariciones" documentadas por Human Rights Watch eran jóvenes uigures. La mayoría en sus veintes, aunque las víctimas más jóvenes que fueron reportadas tenían 12 y 14 años de edad. Es posible que algunos chinos de etnia Han también fueron víctimas de "desapariciones" y detenciones ilegales. Sin embargo, ninguno de las más de dos docenas de residentes chinos han de Urumqi entrevistados por Human Rights Watch proporcionó información alguna sobre estos casos.
Según los testigos, las fuerzas de seguridad cerraron barrios enteros en busca de jóvenes uigures. En algunos casos, primero separaron a los hombres de otros residentes, los obligaron a ponerse de rodillas o acostados en el suelo y, al menos en algunos casos, los golpearon mientras los interrogaron sobre su participación en las protestas. Los que tenían heridas o contusiones en el cuerpo, o que no habían estado en sus casas durante las protestas, fueron detenidos. En otros casos, las fuerzas de seguridad simplemente se enfocaron a cada joven que pudieron atrapar y los echaron en sus camiones por docenas.
Makhmud M. [nombre modificado] de veinticinco años y otros 16 hombres "desaparecieron" como consecuencia de una de estas incursiones en la zona de Saimachang de Urumqi. Su esposa y otro testigo dijeron a Human Rights Watch que alrededor de las 7 pm del 6 de julio un grupo de unos 150 policías y militares uniformados acordonaron la calle principal de su vecindario:
Les dijeron a todos que salieran de las casas. A las mujeres y a los ancianos les dijeron que se pusieran a un lado, y todos los hombres, de 12 a 45 años de edad, fueron alineados contra la pared. Algunos hombres fueron obligados a ponerse de rodillas, con las manos atadas a sus espaldas alrededor de palos de madera , mientras que otros fueron obligados a acostarse en el suelo con las manos en la cabeza. Los soldados jalaron sus camisas o camisetas sobre sus cabezas para que no puideran ver.
La policía y los militares estaban examinando a los hombres para ver si tenían contusiones o heridas. También les preguntaron dónde habían estado el 5 y 6 de julio. Golpearon a los hombres al azar, incluso a los más viejos - nuestro vecino de 70 años fue golpeado y pateado varias veces. No pudimos hacer nada para detenerlo - no nos escuchaban".
En este y otros casos documentados por Human Rights Watch los intentos de las familias por preguntar acerca de sus familiares resultaron inútiles. La policía y otras agencias de aplicación de la ley negaron tener conocimiento de las detenciones, o simplemente ahuyentaron a las familias.
Human Rights Watch pidió al Gobierno chino terminar de inmediato con la práctica de las desapariciones forzadas, liberar a aquellos contra los cuales no se han presentado cargos, y dar cuentas de cada persona detenida. Human Rights Watch instó al Gobierno chino a permitir una investigación internacional independiente sobre los disturbios de Urumqi y sus secuelas, y pidió a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomar la iniciativa en dicha investigación.
"China sólo debe utilizar lugares oficiales de detención, para que todo detenido pueda comunicarse con sus familiares y abogados", dijo Adams. "Desaparecer personas no es el comportamiento de los países que aspiran al liderazgo global".
Las protestas del 5 al 7 de julio de 2009, en Urumq, la capital de Xinjiang, fueron uno de los peores episodios de violencia étnica en China en décadas. Las protestas parecen haber sido provocadas por un ataque contra los uigures en la parte sureste del país, que se convirtió en un grito de batalla para los uigures enojados por las políticas discriminatorias de muchos años hacia la minoría uigur. La manifestación inicialmente pacífica uigur se convirtió rápidamente en un ataqueviolento contra los chinos de etnia Han, dejando decenas de muertos o heridos.
En lugar de iniciar una investigación imparcial sobre los hechos de conformidad con las normas internacionales y nacionales, organismos de aplicación de la ley de China llevaron a cabo una campaña masiva de detenciones ilegales en las zonas uigur de Urumqi. Las cifras oficiales sugieren que el número de personas detenidas por las fuerzas de seguridad en relación con las protestas ha llegado a más de un millar de personas.
Bajo el derecho internacional, un Estado comete una desaparición forzada cuando sus agentes toman a una persona bajo custodia y no revelan el paradero de la misma. Las personas "desaparecidas" a menudo corren alto riesgo de tortura o ejecución extrajudicial. Los familiares y amigos viven ansiedad y sufrimiento constantes, ya que no saben lo que ha sucedido con la persona.
"Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios internacional de China deben exigir respuestas claras acerca de lo sucedido con los desaparecidos en Xinjiang", dijo Adams. "No deberían dejar que las relaciones comerciales u otro tipo de consideraciones políticas los lleven a tratar a China de manera distinta a como tratarían a otros países que llevan a cabo estas prácticas horribles".
