Herederos de los Paramilitares

La Nueva Cara de la Violencia en Colombia

Glosario

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia,una coalición de 37 grupos paramilitares de Colombia que se terminaron de desmovilizar oficialmente en 2006.

Dirección de Carabineros de la Policía Nacional de Colombia: Una división de la Policía Nacional que opera en regiones rurales y cuya función es enfrentar a los grupos sucesores de los paramilitares, así como brindar seguridad para la erradicación de cultivos ilícitos.

ELN: Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de izquierda.

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el más grande grupo guerrillero de izquierda de Colombia.

MAPP/OAS: Misión de la Organización de los Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, una misión establecida en 2004 como parte de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos y el gobierno colombiano para monitorear y verificar la desmovilización de los grupos paramilitares que integraban las AUC.

Fiscalía General de la Nación: Entidad estatal colombiana encargada de impulsar la mayoría de las investigaciones y los juicios penales. La Fiscalía General de la Nación es, formalmente, independiente del poder ejecutivo del gobierno.

Procuraduría General de la Nación: Entidad estatal colombiana encargada de representar los intereses de los ciudadanos ante los demás organismos del estado. La Procuraduría lleva adelante la mayoría de las investigaciones disciplinarias sobre funcionarios públicos y controla las investigaciones y los juicios penales, así como la actuación de otros organismos estatales.

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia: La Defensoría del Pueblo (o Defensoría) es la entidad estatal colombiana que tiene la atribución de promover y defender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Sistema de Alertas Tempranas es una división de la Defensoría del Pueblo encargada de monitorear el riesgo al cual está expuesta la población civil en relación con el conflicto armado, y de promover medidas para prevenir los abusos.

Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín:  La Personería es una entidad municipal que actúa también como agente del Ministerio Público, y tiene la función de monitorear los derechos humanos y de los ciudadanos en Medellín. La Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería, en particular, monitorea y protege los derechos humanos en la ciudad.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social): Entidad estatal colombiana que tiene la atribución de administrar los recursos nacionales e internacionales para la ejecución de programas sociales destinados a sectores vulnerables de la población, bajo la dirección de la Presidencia de Colombia. Entre otras funciones, Acción Social supervisa el registro de las personas desplazadas dentro del país y les brinda asistencia.

Mapa de Colombia

I. Resumen y recomendaciones

Entre 2003 y 2006, el gobierno colombiano implementó un proceso de desmovilización de 37 grupos armados que integraban la violenta y mafiosa coalición paramilitar conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Según el gobierno,  el proceso fue exitoso, ya que más de 30.000 personas participaron en ceremonias de desmovilización, se comprometieron a cesar actividades delictivas y se sumaron a programas de reinserción que les ofrecían capacitación, empleo y estipendios. Desde entonces, el gobierno ha afirmado en reiteradas oportunidades que ya no existen paramilitares en Colombia.

Sin embargo, poco después de la finalización del proceso de desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas que anteriormente habían desarrollado grupos bajo el mando de las AUC.

Actualmente, estos grupos sucesores tienen un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Como se documenta exhaustivamente en este informe, resulta especialmente inquietante la participación de los grupos sucesores en abusos graves y generalizados contra civiles, que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales, amenazas y extorsión. Han atacado y amenazado en reiteradas oportunidades a defensores de derechos humanos, sindicalistas, personas desplazadas, entre ellas afrocolombianos que luchan por recuperar sus tierras, víctimas de las AUC que buscan justicia y miembros de comunidades locales que no aceptan sus órdenes. El surgimiento de estos grupos coincidió con un incremento significativo de los índices de desplazamientos internos en todo el país desde 2004 hasta al menos 2007. Y resulta claro que en algunas regiones, como en la ciudad de Medellín, donde el índice de homicidios casi se ha duplicado en el último año, los operativos del grupo han causado un marcado incremento de la violencia. Para gran parte de la población civil, la desmovilización de las AUC prácticamente no ha contribuido a cambiar la situación de temor y violencia con la cual conviven.

La amenaza que representan los grupos sucesores es a la vez grave y cada vez mayor. La Policía Nacional de Colombia estima que tienen más de 4.000 miembros. Los cálculos de las organizaciones no gubernamentales indican que podrían ascender a 10.200. Según datos conservadores de la policía, los grupos suman rápidamente nuevas zonas de operación y, en julio de 2009, tenían presencia en al menos 173 municipios de 24 de los 32 departamentos de Colombia. Reclutan activamente a nuevos miembros, entre los cuales se incluyen adolescentes, personas desmovilizadas y hombres y mujeres jóvenes. En varios casos, se ha sabido que reclutan a miembros de regiones lejanas del país, y montan así una sofisticada organización a nivel nacional. Varios grupos sucesores se han fusionado o han sido absorbidos por otros, de modo que hoy existen menos grupos que antes, pero operan de manera más coordinada y abarcan un territorio más amplio.

La policía identifica a ocho grupos principales: los Urabeños, los Rastrojos, el ERPAC, los Paisas, los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio y Renacer. Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles sobre la existencia de otros grupos, como los Águilas Negras en Nariño, que la policía no incluye en su lista.

Una cuestión especialmente preocupante es que muchos de los testigos con quienes hablamos señalaron que en varias regiones sectores de las fuerzas de seguridad se mostraban tolerantes con los grupos sucesores.

El gobierno colombiano y algunos analistas califican a los grupos sucesores como “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (o BACRIM), e insisten en que los grupos sucesores son un fenómeno nuevo y totalmente distinto de los paramilitares. Otros expertos consideran que son una continuación de las AUC, o una nueva generación de paramilitares.

Independientemente de cómo se clasifique a los grupos sucesores, la realidad es que actualmente cometen en forma habitual ataques contra civiles y crímenes atroces que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y desplazamientos forzados. Y el estado tiene la obligación de proteger a la población civil, impedir que se cometan abusos y juzgar a los perpetradores.

Lamentablemente, el gobierno aún no ha tomado medidas contundentes y efectivas para cumplir estas obligaciones. No ha destinado recursos suficientes a las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos, ni al grupo de fiscales responsables de investigarlos. No ha hecho prácticamente nada por investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores y los agentes del estado o las fuerzas de seguridad pública. Y aún no ha adoptado medidas específicas para proteger a los civiles frente a esta nueva amenaza. En lugar de ello, el gobierno se ha mostrado renuente a asignar fondos suficientes y a tiempo al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que desempeña un rol fundamental de protección de la población civil, y en ocasiones organismos del estado habrían denegado asistencia a civiles que denunciaban haber sido desplazados por los grupos sucesores.  

El presente informe aborda tres cuestiones principales. En primer lugar, documenta en que medida el surgimiento de los grupos sucesores se relaciona con el mal diseño e inadecuada ejecución por parte del gobierno del proceso de desmovilización de numerosos líderes y tropas de las AUC. En segundo lugar, describe los abusos terribles que los grupos cometen habitualmente contra civiles y resalta patrones comunes de conducta, con especial énfasis en cuatro regiones en las cuales los grupos tienen una presencia significativa: la ciudad de Medellín, la región de Urabá en el departamento de Chocó, y los departamentos de Meta y Nariño. En tercer lugar, el informe señala las falencias constantes en la respuesta del gobierno a las operaciones y los abusos de estos grupos.

El informe se basa en casi dos años de investigaciones de campo en Colombia. Human Rights Watch visitó y entrevistó a decenas de víctimas, paramilitares desmovilizados, autoridades de aplicación de la ley y organismos del estado locales y nacionales, miembros de las fuerzas de seguridad pública y organizaciones no gubernamentales de Sincelejo (Sucre); Barranquilla (Atlántico); Pasto, Tumaco y El Diviso (Nariño); Cúcuta (Norte de Santander); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander); Medellín (Antioquia); Villavicencio, Granada, Vistahermosa, y Puerto Rico (Meta); las zonas humanitarias de Curvaradó y Andalucía (Chocó); y la capital, Bogotá.

Los grupos sucesores: Un resultado predecible de una desmovilización deficiente

Si bien existen diferencias entre las AUC y los grupos sucesores, estos son en muchos sentidos una continuación de algunos de los “bloques” o grupos paramilitares. Según informó la policía, casi todos los líderes de los grupos sucesores son jefes de las AUC de rango medio que nunca se desmovilizaron o que continuaron participando en actividades delictivas pese a que aparentaron haberse sumado a la desmovilización. Los grupos se encuentran activos en muchas de las mismas regiones en las cuales tenían presencia las AUC, y operan en forma similar a estas: controlan territorios mediante amenazas y extorsión, participan en narcotráfico y otras actividades delictivas y cometen abusos generalizados contra civiles.  

El surgimiento de los grupos sucesores era predecible, en gran parte debido a que el gobierno colombiano no desmanteló las estructuras criminales de las AUC, ni sus redes de apoyo económico y político durante las desmovilizaciones.

El proceso de desmovilización presentó graves deficiencias, que fueron documentadas exhaustivamente y denunciadas por Human Rights Watch en el momento de su ejecución. Uno de los problemas es que el gobierno no verificó que quienes se desmovilizaran fueran realmente paramilitares, ni si todos los paramilitares efectivamente se desmovilizaron. Como resultado, en varios casos los grupos paramilitares actuaron en forma fraudulenta y reclutaron a civiles para que se hicieran pasar por paramilitares durante las desmovilizaciones, y lograron así mantener activo a un importante sector de sus grupos. Esto se evidenció especialmente en la desmovilización del Bloque Norte, sobre la cual hay pruebas fuertes de que hubo fraude. También existen indicios de fraude en las desmovilizaciones de grupos de Medellín y Nariño.

Sin embargo, posiblemente un problema más grave sea que el gobierno no haya aprovechado el proceso para interrogar en profundidad a los paramilitares desmovilizados acerca de los activos, los cómplices y las operaciones delictivas de estos grupos, para investigar sus redes delictivas y para desmantelarlas. Así, por ejemplo, a pesar de que Freddy Rendón, el jefe del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, se desmovilizó, fue reemplazado rápidamente por su hermano Daniel, quien continuó muchas de las actividades del bloque como narcotráfico, extorsión, protección de terrenos apropiados en forma ilícita por personas vinculadas con los paramilitares y hostigamiento de civiles en la región de Urabá.

Salvo algunas excepciones, los fiscales no han investigado en profundidad las complejas operaciones delictivas de las AUC, las fuentes que las financian y las redes que las respaldan. Por consiguiente, los grupos sucesores han podido reemplazar fácilmente a las AUC, y han empleado los recursos masivos que ya tenían o podían obtener rápidamente por medios delictivos para reclutar a nuevos miembros y continuar controlando a la población civil y cometiendo abusos contra ella.

Impacto de los grupos sucesores en la situación humanitaria y de derechos humanos

Los grupos sucesores cometen abusos graves y frecuentes contra civiles en gran parte del país. Entre los abusos a los cuales someten a quienes no aceptan sus órdenes se cuentan masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados.   Recurren habitualmente a amenazas y extorsión contra miembros de las comunidades en las cuales operan, como un mecanismo para controlar a la población local. Con frecuencia amenazan y a veces agreden a defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y víctimas de las AUC que reclaman justicia o la restitución de sus tierras.

Por ejemplo, Lucía, una defensora de derechos humanos, relató que mientras se encontraba en la casa de una víctima de las AUC brindando asistencia, varios miembros de un grupo sucesor que se identificaron como las Águilas Negras ingresaron a la vivienda por la fuerza, violaron sexualmente a ambas mujeres y advirtieron a Lucía que abandonara su trabajo por los derechos humanos. “Ellos dijeron que me quedaba prohibido brindar el apoyo sicosocial en el municipio... A ellos no les interesaba que las víctimas conocieran sus derechos ni mucho menos que denunciaran”, relató[1]. Como continuó llevando a cabo su trabajo, el grupo luego la secuestró y la amenazó, diciendo que si no abandonaba la ciudad atacarían a su familia.  Ella pidió ayuda a autoridades locales, que le dijeron que lo que le había sucedido era de esperarse porque trabajaba en derechos humanos, y decidió finalmente abandonar la ciudad y vivir oculta.

De manera similar, Juan David Díaz, un médico que lidera el capítulo local de Sincelejo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, una organización no gubernamental, denunció haber sido objeto de amenazas y atentados contra su vida por grupos sucesores. Juan David ha exigido justicia por la muerte de su padre, Tito Díaz, un alcalde que fue asesinado por las AUC, con la colaboración de un ex gobernador de su departamento (quien recientemente fue condenado por el crimen).

Los sindicalistas, que se encontraban entre los grupos más perseguidos por las AUC, continúan siendo perseguidos por los grupos sucesores. Según la Escuela Nacional Sindical, la principal organización que monitorea los derechos laborales en Colombia, en 2008 los sindicalistas denunciaron 498 amenazas (contra 405 sindicalistas). De esas, 265 figuran como realizadas por grupos sucesores, mientras que 220 fueron vertidas por actores no identificados[2].

Los grupos sucesores también están desplazando a una gran cantidad de civiles de sus hogares. El desplazamiento forzado llevado a cabo por estos grupos posiblemente ha contribuido al incremento significativo en las cifras de desplazamiento interno registradas en todo el país después de 2004. De acuerdo con las cifras oficiales, después de reducirse a 228.828 en 2004, la cantidad de nuevas personas desplazadas se incrementó cada año hasta llegar a327.624 en 2007. Las cifras oficiales de 2008 son algo menores, con 300.693, pero continúan siendo mucho más elevadas que al principio del proceso de desmovilización[3]. La organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) informa otras cifras, y concluye que cerca de 380.863 personas fueron desplazadas en 2008, lo cual representa un incremento del 24,47 por ciento respecto de la cifra que difundió para 2007 (305.966)[4].

De hecho, gran parte de los desplazamientos ocurren en regiones donde los grupos sucesores están activos. CODHES afirma que hubo 82 casos de desplazamientos masivos en 2008, y que los departamentos más afectados fueron Nariño y Chocó, donde los grupos sucesores se encuentran sumamente activos[5]. Human Rights Watch habló con decenas de víctimas que afirmaron haber sido desplazadas por grupos sucesores en Nariño, Medellín, la región de Urabá y en la costa Atlántica.

En cada una de las cuatro principales regiones que Human Rights Watch visitó y examinó para este informe, sin excepción, los grupos sucesores estaban cometiendo abusos graves contra civiles.

Por ejemplo, enMedellín los grupos sucesores (a menudo integrados por miembros desmovilizados o no desmovilizados de las AUC) continuaron ejerciendo el control en varios barrios mediante la extorsión, amenazas, golpizas y asesinatos selectivos luego de la desmovilización de los bloques paramilitares en la ciudad. Pese a que supuestamente se había desmovilizado, el líder de las AUC en esa zona, Diego Murillo Bejarano (conocido como “Don Berna”), según aseveraron personas locales e incluso varios funcionarios, tenía el monopolio del delito y la seguridad en la ciudad, lo cual habría contribuido a una significativa aunque temporaria reducción en la cantidad de homicidios ocurridos en varios años. Sin embargo, como expresó un residente de la ciudad, en ese entonces las personas de la ciudad vivían una “paz con un revólver al cuello”[6].

Debido a las luchas internas dentro del grupo de Don Berna, sumadas a la competencia con otros grupos sucesores que intentan ingresar a la ciudad, en los dos últimos años Medellín ha experimentado un marcado incremento de la violencia. En los primeros seis meses de 2009, hubo 889 homicidios, cantidad que representa un incremento del 85,6 por ciento respecto de los 479 casos registrados en Medellín en los primeros seis meses de 2008. Los grupos también han ocasionado un incremento significativo de la cantidad de personas desplazadas internamente en la ciudad. En un caso documentado por Human Rights Watch, más de 40 personas del barrio de Pablo Escobar en Medellín fueron obligadas a abandonar sus hogares entre fines de 2008 y principios de 2009 como resultado de una serie de asesinatos y amenazas perpetradas por el grupo armado local, que en parte está integrado por personas desmovilizadas. Las víctimas, que se mantenían ocultas en un refugio en Medellín, afirmaron vivir en un estado de temor constante en la ciudad: “Ya no podemos vivir en Medellín. Tienen tentáculos en todas partes”[7].

Como se explica más adelante, en el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, se producen masacres, ejecuciones, amenazas y desplazamientos forzados masivos de civiles, si bien muchos de estos casos nunca se denuncian.

Los grupos sucesores de Nariño son responsables de gran parte de estos abusos. Por ejemplo, entre junio y julio de 2008, casi todos los residentes de tres comunidades del municipio costero de Satinga fueron desplazados luego de que uno de los grupos sucesores (que entonces operaba con el nombre de Autodefensas Campesinas de Nariño)llegó a una de las localidades, asesinó a dos jóvenes y presuntamente causó la desaparición de un tercero.

Una parte significativa del Bloque Libertadores del Sur de las AUC se mantuvo activa en Nariño y, con el nombre “Nueva Generación”, ocupó por medios violentos amplios sectores de la cordillera de los Andes poco después de las desmovilizaciones. Más recientemente, Nueva Generación ha perdido influencia, pero otros dos grupos se han fortalecido. En gran parte de la costa de Nariño, los Rastrojos y los Águilas Negras se mantienen activos y participan frecuentemente en actos violentos contra la población. Tanto Águilas Negras como Rastrojos tendrían una presencia cada vez más fuerte en la región andina. Durante nuestras entrevistas en la región, varios residentes, funcionarios locales y observadores internacionales describieron casos en que las fuerzas de seguridad pública habrían tolerado los actos de las Águilas Negras.

Como señaló a Human Rights Watch un hombre de la localidad andina de Santa Cruz: “En Madrigal... las Águilas Negras nos interrogan, con la policía a 20 metros de distancia ... [N]o puedes confiar en el Ejército ni la policía porque prácticamente están con ellos... en Santa Cruz y Santa Rosa tenemos a los Rastrojos. Llegaron en marzo o abril. Llegaron... en uniforme camuflado. Son muchísimos, 100, 150, 300; han crecido muchísimo... Vienen y cobran impuestos a los empresarios. Parece que a veces se enfrentan a las guerrillas y otras a las Águilas Negras y Nueva Generación”[8].

Las obligaciones jurídicas de Colombia

Independientemente de cómo sean catalogados (como grupos armados, paramilitares o crimen organizado), el gobierno colombiano tiene la responsabilidad específica de hacer frente a la amenaza que estos grupos representan para la población civil. Entre estas obligaciones se incluyen proteger a los civiles frente a agresiones, prevenir abusos y garantizar el juzgamiento de los abusos ocurridos[9]. El grado de responsabilidad del estado por los abusos de los grupos sucesores se incrementará según la medida en que los agentes del estado toleren a estos grupos o colaboren activamente con ellos.

A su vez, algunos de los grupos sucesores podrían considerarse grupos armados a efectos de las leyes de guerra (derecho internacional humanitario, DIH). Varios de los grupos sucesores parecen contar con una organización eficiente y estar bajo una estructura de mando y control responsable, y son parte del conflicto, de tal modo que reúnen las características de grupos armados según el DIH: por ejemplo, el ERPAC, que opera en los departamentos de los llanos de Meta, Vichada y Guaviare, y aparentemente algunos de los grupos de Nariño reúnen las condiciones.

Otros grupos, con un menor grado de control territorial u organización, o que no están alineados con el conflicto, pueden ser meras “organizaciones criminales” frente a las cuales el estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

Respuesta del estado

El gobierno ha asignado a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional de Colombia un rol central en la lucha contra los grupos sucesores.

Las políticas del gobierno disponen que el Ejército sólo debe intervenir para hacer frente a los grupos sucesores cuando la policía lo solicite formalmente, o en situaciones en que el Ejército se encuentre con estos grupos y deba usar la fuerza para proteger a la población civil. No obstante, actualmente los carabineros parecen no contar con la capacidad ni los recursos necesarios para perseguir a los grupos sucesores en todas las zonas donde cometen abusos. En varias zonas en las cuales operan, la policía no tiene presencia. Y el Ejército no parece estar interviniendo en la lucha contra estos grupos en esas zonas. Al menos en un caso, Human Rights Watch comprobó que tanto la policía como los oficiales del Ejército del departamento de Meta se señalaban unos a otros como la autoridad responsable de combatir a los grupos sucesores. El Ejército invocó la política del gobierno que asigna responsabilidad a la policía como una razón para no intervenir, mientras que la policía local sostuvo que carecía de jurisdicción.

Otro problema es que el gobierno no ha invertido recursos suficientes para asegurar que los miembros de los grupos sucesores y sus cómplices sean juzgados por sus crímenes. La Fiscalía General de la Nación creó un grupo de fiscales especializados en 2008 para los casos relacionados con grupos sucesores. Sin embargo, el grupo no cuenta con personal suficiente y sólo puede concentrarse en algunos de los grupos sucesores.

Un factor sumamente preocupante, y que fue planteado por miembros de la policía y de la Fiscalía, es la corrupción y la tolerancia de los grupos sucesores por parte de ciertos agentes estatales, lo cual dificulta la posibilidad de rastrear, enfrentar y juzgar a estos grupos.

El ejemplo más evidente de estos supuestos vínculos tiene que ver con la actual investigación penal de las denuncias que señalan que el entonces director de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio (hermano del actual Ministro del Interior y Justicia de Colombia),  habría colaborado con uno de los grupos sucesores. Valencia Cossio ha negado las acusaciones. Como se describe en este informe, Human Rights Watch también recibió múltiples denuncias en Nariño, Chocó, Medellín y Meta de situaciones en las que miembros de la policía o el Ejército al parecer toleraban actividades de los grupos sucesores.

Salvo algunas excepciones, el gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a funcionarios públicos que toleran a los grupos sucesores. En ocasiones, ante las denuncias de que existe esta tolerancia por parte de sus miembros, las fuerzas de seguridad pública parecen responder mediante el traslado de sus miembros a otras regiones. La respuesta correcta sería informar a los fiscales sobre las denuncias y suspender a los miembros señalados mientras se realiza una investigación penal.

El estado tampoco ha tomado medidas adecuadas para prevenir los abusos por parte de grupos sucesores y para proteger a la población civil.

El programa del Ministerio del Interior de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, que existe desde hace tiempo, ha brindado protección indispensable a ciertas personas vulnerables. Pero no ampara a las víctimas de las AUC que exigen justicia, la restitución de sus tierras o una reparación en virtud de la Ley de Justicia y Paz (una ley de 2005 que permite que paramilitares responsables de atrocidades y otros delitos graves se beneficien con una reducción considerable de sus penas a cambio de que se desmovilicen, confiesen sus crímenes y restituyan los bienes obtenidos en forma ilícita). La Corte Constitucional ha ordenado que estas víctimas reciban protección del estado y el gobierno está implementando un decreto que establecería mayor seguridad policial en regiones que presentan altos riesgos para victimas en el proceso de Justicia y Paz.  Sin embargo, aun no está claro si el programa esta efectivamente cubriendo a todas las victimas que requieren protección. Estos programas tampoco se extienden a la población civil en general, que en muchas regiones es objeto de constantes amenazas, agresiones y desplazamientos por los grupos sucesores.

En varias ocasiones, Human Rights Watch recibió denuncias de que las oficinas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) se negaban a registrar y brindar asistencia a personas que reportaban haber sido desplazados por paramilitares (refiriéndose a grupos sucesores), con el argumento de que ya no existían los paramilitares. Si bien Acción Social afirma que estos casos no reflejan la política oficial del gobierno, debe tomar medidas efectivas para asegurar que esta denegación no continúe en el ámbito local.

Por último, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que monitorea constantemente la situación de derechos humanos en diferentes regiones y emite periódicamente informes de riesgo detalados acerca de los peligros que enfrenta la población civil, ha tenido un rol fundamental en la denuncia de las operaciones de los grupos sucesores y sus posibles abusos. No obstante, otras instituciones del estado que deberían actuar a partir de las recomendaciones del SAT, a menudo las ignoran o les restan importancia. El proceso para la determinación de qué medidas corresponde tomar sobre la base de los informes de riesgo del SAT carece de transparencia y, como ha recomendado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), debe ser reformado. El SAT también ha sufrido a causa de demoras en la asignación y el suministro de financiamiento por el gobierno.

Recomendaciones

Al gobierno de Colombia

Sobre la desmovilización de los bloques paramilitares

Ante las pruebas que indican que hubo fraude en la desmovilización de varios bloques paramilitares, y que algunos sectores no se desmovilizaron, el gobierno debería:

• Establecer una comisión de investigación ad-hoc independiente que brinde una explicación pública acerca de lo sucedido durante las desmovilizaciones, cuántos de los supuestos paramilitares desmovilizados eran efectivamente combatientes, en qué medida los paramilitares continúan activos en la actualidad y en qué grado los paramilitares que cometieron atrocidades han logrado eludir la justicia.
• Llevar adelante un esfuerzo sistemático y coordinado por identificar las tierras y los bienes de origen ilícito que puedan estar en poder de los paramilitares o sus cómplices, y asegurar su recuperación y restitución a las víctimas. Entre otras medidas, esto requerirá brindar fondos suficientes a la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de que pueda obtener más información sobre la titularidad de las tierras y cotejarla con las denuncias de apropiación presentadas por las personas desplazadas.

Sobre las medidas para combatir a los grupos sucesores

Ante la ineficacia de las políticas del gobierno frente a la expansión continua de los grupos sucesores, el gobierno debería:

• Asegurarse de que la unidad de carabineros de la policía cuente con fondos y personal suficientes para hacer frente a los grupos sucesores.
• Ordenar al Ejército que si sus miembros advierten que existen grupos sucesores que operan en regiones bajo su control, o reciben denuncias en este sentido, deben informar inmediatamente a la policía y a las autoridades judiciales pertinentes para que puedan responder. La instrucción debe indicar claramente que si la policía no tiene presencia en el área, el Ejército debe tomar medidas adecuadas para enfrentar y capturar a los miembros de los grupos sucesores.

• Brindar recursos suficientes a la Fiscalía General de la Nación para permitir que incremente la cantidad de fiscales e investigadores de su grupo especializado que se dedica a investigar a los grupos sucesores.

Sobre los presuntos vínculos entre agentes del estado y los grupos sucesores

Ante las denuncias sistemáticas y creíbles de que agentes del estado y las fuerzas de seguridad pública toleran a los grupos sucesores o actúan en connivencia con ellos, y la tendencia en las fuerzas de seguridad pública de responder a estas denuncias mediante la decisión de simplemente transferir a sus miembros a otras regiones, el gobierno debería:

• Investigar y juzgar con firmeza a los funcionarios contra quienes pesan denuncias creíbles de que han tolerado a los grupos sucesores o colaborado con ellos.
• Ordenar a la policía y al Ejército que si reciben denuncias de que sus miembros toleran a los grupos sucesores o actúan en connivencia con ellos deben informar estas denuncias inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y suspenda a los miembros contra quienes se formularon las denuncias mientras se realizan investigaciones.  

Sobre protección y asistencia de las víctimas y los civiles

Ante la ineficacia de las políticas del gobierno destinadas a proteger a las víctimas de las AUC y a los civiles en las regiones donde operan los grupos sucesores, el gobierno debería:

• Implementar un programa efectivo para las víctimas y los testigos de los crímenes de los paramilitares, como lo exige la Corte Constitucional de Colombia.
• Brindar fondos suficientes a la Defensoría del Pueblo para que amplíe el Sistema de Alertas Tempranas y asegure su funcionamiento ininterrumpido.
• Conforme a las recomendaciones del Inspector General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reformar el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas para permitir la participación activa de representantes de la Defensoría del Pueblo, garantizar la publicidad de los informes de riesgo y la transparencia de las decisiones del Comité, y asegurar que las respuestas a los informes de riesgo sean adecuadas y oportunas.
• Impartir directivas a Acción Social y otros organismos estatales que establezcan que Acción Social debe registrar a las personas que sean víctimas de desplazamiento por acción de los grupos sucesores. No se debe denegar asistencia a las víctimas que denuncien haber sufrido abusos por parte de paramilitares con el argumento de que ya no existen paramilitares. La directiva debe disponer que se adopten medidas disciplinarias contra los funcionarios que ignoren estas instrucciones.

A la Fiscalía General de la Nación

Sobre la desmovilización de los bloques paramilitares

• Ante la decisión de 2007 de la Corte Suprema que prohíbe el indulto para el paramilitarismo, la Fiscalía General de la Nación debería iniciar investigaciones y aprovechar la oportunidad de entrevistar nuevamente a las personas desmovilizadas que no obtuvieron indultos e indagar con mayor profundidad sobre la estructura de sus grupos, así como los delitos, cómplices y activos de estos, y sobre la participación de estas personas en el grupo.
• Interrogar exhaustivamente a quienes participan en el Proceso de Justicia y Paz acerca de las fuentes de financiamiento y las redes delictivas de sus grupos, desarticular dichas redes y recuperar los activos que estén en poder de los grupos o sus sucesores.
• Investigar en forma exhaustiva y juzgar a los jefes de rango medio desmovilizados u otras personas que hayan tenido un rol de liderazgo dentro de grupos paramilitares y que pueden haberse mantenido activos, así como a todos los militares, policías y agentes de inteligencia de alto rango, políticos, empresarios o financiadores, contra quienes existen pruebas o testimonios de que colaboraron con los paramilitares.
• Frente al alto grado de impunidad en casos de desplazamiento forzado, incrementar significativamente las medidas destinadas a investigar y juzgar los presuntos desplazamientos forzados y la apropiación de tierras por los paramilitares o sus sucesores.

Sobre la investigación de los abusos cometidos por los grupos sucesores

• Evaluar la cantidad y la distribución de los fiscales e investigadores en todo el territorio de Colombia para asegurar que existan suficientes autoridades de aplicación de la ley en las regiones donde tienen presencia los grupos sucesores.
• Fortalecer el grupo especializado dedicado a la investigación de los grupos sucesores incorporando una cantidad suficiente de fiscales e investigadores y brindando suficientes recursos y apoyo logístico al grupo, de modo que pueda investigar en forma efectiva y sistemática a los principales grupos sucesores.
• Ordenar a los fiscales que asignen prioridad a las investigaciones de agentes del estado contra quienes pesen denuncias creíbles de que han tolerado a los grupos sucesores o colaborado con ellos.  

A Estados Unidos

• Brindar asistencia específica mediante apoyo logístico, equipos y capacitación pertinente al grupo de fiscales especializados que investigan a los grupos sucesores. La capacitación debe incluir estrategias para la investigación y el juzgamiento no sólo de los grupos en sí, sino también de los agentes del estado que presuntamente habrían cooperado con ellos.
• Exhortar al gobierno colombiano a que amplíe el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, y asegurar que las víctimas de desplazamiento por los grupos sucesores reciban la asistencia a la cual tienen derecho.
• Dado que los líderes paramilitares que saben más acerca de las redes delictivas y las fuentes de financiamiento de los grupos fueron extraditados a Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería ordenar a los fiscales estadounidenses que generen incentivos reales para que los líderes paramilitares extraditados proporcionen información sobre sus redes delictivas y sus vínculos con el sistema político, militar y las personas que los financian, así como sobre los grupos sucesores. Estados Unidos debería usar esa información para juzgar a las personas implicadas que se encuentren dentro de su jurisdicción y debería transmitir dicha información a las autoridades colombianas cuando corresponda a fin de impulsar los procesos en Colombia.
• Supeditar no sólo la ayuda militar sino también policial al juzgamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad pública que colaboran con los grupos sucesores.
• Continuar postergando la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia hasta que el gobierno colombiano cumpla los requisitos sobre derechos humanos, incluida la desarticulación de las estructuras paramilitares y la adopción de medidas efectivas para enfrentar a los grupos sucesores que actualmente representan una amenaza para los sindicalistas[10]. 

A todos los países donantes que apoyan a Colombia

• Presionar al gobierno colombiano para que amplíe el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y asegure que las víctimas de desplazamiento por los grupos sucesores reciban la asistencia a la cual tienen derecho.
• Brindar asistencia al sistema de justicia colombiano en la implementación de procedimientos y estrategias de investigación que garanticen que los agentes del estado que cooperan con los grupos sucesores rindan cuentas por sus actos.
• Supeditar cualquier ayuda a las fuerzas de seguridad pública al juzgamiento de los miembros de dichas fuerzas que colaboren con grupos sucesores.
• Postergar el tratamiento de acuerdos de libre comercio con Colombia hasta que el gobierno colombiano cumpla los requisitos sobre derechos humanos, incluida la desarticulación de las estructuras paramilitares y la adopción de medidas efectivas para enfrenar a los grupos sucesores que actualmente representan una amenaza para los sindicalistas.

 

II. Metodología

El personal de Human Rights Watch ha seguido de cerca el proceso de desmovilización paramilitar en Colombia desde sus comienzos en 2004, y para ello efectuó varias visitas al año a las regiones donde operaban los paramilitares y se produjeron las movilizaciones, y realizó entrevistas a paramilitares desmovilizados, funcionarios nacionales, departamentales y locales, miembros de las fuerzas de seguridad pública y víctimas de las AUC. Las conclusiones del presente informe se basan en parte en este monitoreo a largo plazo del proceso de desmovilización.

Asimismo, desde febrero de 2008, el personal de Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones de campo exhaustivas sobre los grupos sucesores de las AUC, y con ese fin se trasladó a Sincelejo (Sucre) en febrero de 2008; Pasto (Nariño) en febrero y julio de 2008, y en julio de 2009; Tumaco (Nariño) en septiembre y octubre de 2008; Cúcuta (Norte de Santander) en septiembre de 2008; Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander) en septiembre de 2008; Villavicencio, Granada, Vistahermosa y Puerto Rico (Meta) en marzo de 2009; las zonas humanitarias de Curvaradó y Andalucía (Chocó) en junio de 2009; y las ciudades de Medellín y Bogotá varias veces durante 2008 y 2009.

El personal de Human Rights Watch efectuó más de 100 entrevistas con víctimas de grupos sucesores de las AUC. En la mayoría de las regiones, Human Rights Watch también pudo reunirse con autoridades locales y, en algunos casos, con autoridades nacionales, miembros de las fuerzas de seguridad pública, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. En Barrancabermeja, Sincelejo, Cúcuta, Medellín, y Pasto, Human Rights Watch también entrevistó a personas que habían participado en el proceso de desmovilización. En Bogotá, Human Rights Watch se reunió con diplomáticos, periodistas, especialistas en temas de seguridad de Colombia y altos funcionarios gubernamentales y de aplicación de la ley encargados de abordar los temas analizados en el informe. Casi todas las entrevistas fueron en español, la lengua materna de los entrevistados (las únicas excepciones son las entrevistas con diplomáticos, periodistas extranjeros o personal extranjero de organizaciones internacionales).

Human Rights Watch recibió y analizó documentos, informes, libros y expedientes de casos penales, así como fotografías y grabaciones de video de distintas fuentes. La mayoría de las fotografías incluidas en el presente informe o en la presentación multimedia vinculada con este, así como las grabaciones de audio de testimonios, fueron tomadas in situ durante la investigación llevada a cabo para el informe.

Los entrevistados fueron identificados con la colaboración de grupos de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales y periodistas, entre otros. La mayoría de las entrevistas se realizaron en forma individual, si bien en algunos casos se desarrollaron en presencia de familiares y amigos. Muchos de los entrevistados temían ser objeto de represalias por los grupos sucesores y, por este motivo, solicitaron que no se difundiera su identidad. Se han omitido datos que podrían poner en riesgo a personas. Estos datos se encuentran en los archivos de Human Rights Watch.

III. Los grupos sucesores: Un resultado predecible de una desmovilización deficiente

Los grupos sucesores, si bien presentan diferencias significativas respecto de la coalición paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han asumido muchas de sus funciones, a menudo han conservado a varios de sus mismos miembros y, en algunos casos, han mantenido objetivos contrainsurgentes similares a los de las AUC. E independientemente de que se los clasifique como nuevos grupos paramilitares o como bandas criminales organizadas, los grupos sucesores están perpetrando abusos flagrantes y aterrorizando a la población civil a través de prácticas muy similares a las de las AUC. Tal como se detalla en este capítulo, los grupos sucesores han llegado a desempeñar este rol, en parte, debido a graves deficiencias en el proceso de desmovilización de las AUC, que no logro desmantelar plenamente a los bloques paramilitares, sus redes delictivas, ni sus fuentes de apoyo y financiamiento. 

Una desmovilización con deficiencias fundamentales

Entre los años 2003 y 2006, el gobierno colombiano implementó un proceso de desmovilización para las AUC. El gobierno informa que 31.671 paramilitares se desmovilizaron como parte de este proceso; lo cual significa que estos individuos participaron en ceremonias de “desmovilización”, en las cuales varios de ellos entregaron armas y se comprometieron a abandonar sus grupos y a cesar en sus actividades delictivas, al tiempo que se incorporaban a programas de reinserción patrocinados por el gobierno[11]. La mayoría de las personas que participaron en las ceremonias fueron indultadas por su participación en dichos grupos, pero nunca fueron investigados por otros delitos.  A partir de 2005, aproximadamente 1.800 personas de entre los paramilitares desmovilizados han iniciado un proceso por el cual debían confesar sus delitos a cambio de rebajas de penas. Este proceso se esta llevando a cabo en virtud de la “Ley de Justicia y Paz”, una ley especial elaborada por el gobierno de Uribe, que establecía una única pena reducida de entre cinco y ocho años para los paramilitares responsables de delitos graves que cumplieran los requisitos necesarios para acogerse a este beneficio[12].

El proceso de desmovilización sufrió dos problemas esenciales. En primer lugar, el gobierno no tomó medidas básicas para verificar la identidad de los desmovilizados. Como resultado, en varias regiones se produjeron fraudes en las desmovilizaciones, y porciones de los grupos continuaron operando. En segundo lugar, el gobierno no aprovechó la oportunidad de interrogar a los desmovilizados acerca de las redes delictivas y los bienes de los bloques de las AUC, lo cual puede haber permitido a algunos grupos reclutar nuevos miembros y seguir operando con otras denominaciones.

Deficiencias en la verificación de la identidad de los desmovilizados

Es claro que un número importante de combatientes paramilitares se desmovilizaron y abandonaron sus grupos en forma definitiva. No obstante, existen pruebas sustanciales de que muchas otras personas que participaron en el proceso de desmovilización no eran verdaderos paramilitares, y que porciones de los grupos continuaron operando. También existen pruebas de que algunos miembros de los grupos supuestamente desmovilizados continuaron participando en actividades ilegales.

Por ejemplo, durante años, Human Rights Watch recibió información de que, durante la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en Medellín en 2003, las fuerzas paramilitares reclutaron hombres jóvenes con el sólo objeto de que participaran en la ceremonia de desmovilización, tentándolos con promesas de generosos estipendios y otros beneficios. Las denuncias de fraude eran tan generalizadas que el Alto Comisionado para La Paz en Colombia, Luis Carlos Restrepo, señaló que “...nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes [de la desmovilización] y nos los metieron en el paquete de los desmovilizados”[13]. Funcionarios de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín indicaron que, según surge de encuestas realizadas en los barrios de Medellín, estiman que aproximadamente el 75 por ciento de las personas desmovilizadas como parte de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en Medellín no eran verdaderos combatientes de dichos grupos[14].

De manera similar, un desmovilizado de Norte de Santander expresó que, en la desmovilización del Bloque Catatumbo, si bien la mayoría de los miembros del grupo se sumaron al proceso, “hubo personas que nunca habían pertenecido al grupo, pero que se desmovilizaron buscando un beneficio. Se acercaron al jefe, y él les dijo: ‘Si quieren, pueden entrar’”[15]. En otras regiones, tales como Nariño, Human Rights Watch recibió información de que los jefes paramilitares habían montado una supuesta desmovilización; pero que, en realidad, habían dejado por fuera un grupo de miembros clave que podrían seguir ejerciendo el control territorial.

En otros casos, los combatientes y jefes de rango medio que supuestamente se habían desmovilizado continuaron participando de las mismas actividades. Un desmovilizado expresó a Human Rights Watch que su bloque había participado en el proceso de desmovilización “debido a las presiones de los altos mandos, pero nuestro comandante en la zona nos dijo que quien quisiera reincorporarse sólo tenía que regresar a [la región]. Aún están allí. La historia no ha terminado”[16].

El caso más evidente de fraude es el de la desmovilización del Bloque Norte, que tenía una fuerte presencia en los departamentos costeros del Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira.  Entre el 8 y el 10 de marzo de 2006, 4.759 supuestos miembros del Bloque Norte se desmovilizaron junto con su jefe, Rodrigo Tovar Pupo, conocido también por su alias como “Jorge 40”[17]. Sin embargo, al día siguiente investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación tuvieron un importante logro: como parte de una extensa investigación penal, capturaron a Édgar Ignacio Fierro Flórez, conocido también como “Don Antonio”, un miembro del Bloque Norte que había participado en las ceremonias de desmovilización, pero que continuaba dirigiendo las operaciones del grupo en esa región del país[18]. En un allanamiento, los investigadores encontraron computadores y una enorme cantidad de archivos electrónicos e impresos acerca del Bloque Norte.

Human Rights Watch pudo acceder a informes de investigación internos sobre el contenido de una computadora, discos duros y archivos que demuestran que en la desmovilización del Bloque Norte se produjo un fraude masivo[19]. Según trascendió, los archivos contienen gran cantidad de mensajes de correo electrónico y conversaciones a través de mensajes instantáneos en los cuales presuntamente participa Jorge 40. Aparentemente, en dichos mensajes ordenaba a sus tenientes que reclutaran, de entre los grupos de campesinos y desempleados, la mayor cantidad posible de personas para que participaran en la desmovilización. Los mensajes incluyen instrucciones sobre cómo preparar a estos civiles para el día de la ceremonia de desmovilización, de manera tal que supieran marchar y cantar el himno de los paramilitares. Se refieren a detalles como, por ejemplo, dónde obtener uniformes; y ofrecen instrucciones para orientar a las personas “desmovilizadas” acerca de qué decir a los fiscales, adelantándoles cuáles son las preguntas que estos podrían formular e indicándoles cómo responderlas. Por ejemplo, los mensajes hacen hincapié en que estas personas deben destacar que la organización no cuenta con miembros “urbanos”, mientras que sectores del grupo continuaban operando en áreas urbanas como Barranquilla. Un mensaje dice que los paramilitares habían entregado previamente una lista de las personas que se desmovilizarían al Departamento Administrativo de Seguridad o DAS (el servicio de inteligencia nacional), para verificar si alguna de ellas tenía antecedentes penales, y que el DAS les había confirmado que no. Otros mensajes tratan el tema de qué miembros del grupo no se desmovilizarían, para poder continuar ejerciendo el control en regiones clave.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, que estuvo presente en la desmovilización del Bloque Norte, expresó su preocupación por la situación de fraude:

[N]umerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes... [P]reocupó el bajo número de combatientes (“patrulleros”) en comparación con el número de personas que afirmaron ser operadores de radio (“radio chispas”), encargados de repartir víveres, o mujeres encargadas de tareas domésticas (“lavanderas”)... En forma reiterada y repetitiva habrían señalado que obedecían órdenes directas del “líder máximo” del Bloque Norte, Jorge 40, manteniendo silencio respecto de cualquier información referida a la identificación de los mandos intermedios de la estructura armada, y restando –por lo tanto— credibilidad a su declaración[20].

Tal como Human Rights Watch lo documentó anteriormente, el proceso de desmovilización careció de mecanismos que permitieran asegurar que las personas que participaban en las ceremonias de desmovilización fuesen verdaderos paramilitares, o que todos los paramilitares de cada bloque realmente se desmovilizaran[21]. Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la desmovilización del Bloque Norte, “no existían mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios socioeconómicos, ni para establecer consecuencias, en caso de fraude”[22]. Las autoridades no interrogaron eficazmente a quienes pretendían acogerse a los beneficios de la desmovilización, y ni siquiera investigaron superficialmente quiénes eran y qué hacían.

Contrariamente a lo que suele creerse, la gran mayoría de las personas que se “desmovilizaron” no lo hicieron en virtud de la “Ley de Justicia y Paz”, una norma especialmente dictada para otorgar rebajas en las penas a los desmovilizados responsables de delitos graves[23], sino que simplemente buscaban recibir beneficios económicos e indultos por su participación en el grupo de conformidad con la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003.

Hasta julio de 2007, el gobierno colombiano interpretó que la Ley 782 y el Decreto 128 permitían al gobierno otorgar indultos o conceder la “cesación” de los procesos penales por el delito de concierto para delinquir (el cargo presentado contra la mayoría de los paramilitares) y otros delitos relacionados, como la posesión ilegal de armas[24].

De tal modo, las miles de personas que participaron en ceremonias de desmovilización sólo tuvieron que responder una serie de preguntas formuladas por los fiscales, y luego obtuvieron indultos o la “cesación” de los procesos penales en su contra[25]. Luego se incorporaron al programa de reinserción que les ofrecía estipendios y otros beneficios económicos y sociales, sin tener que someterse a un mayor escrutinio por parte de las autoridades[26].

Debido a la falta de rigor del proceso, ahora resulta muy difícil determinar cuántos de los desmovilizados eran combatientes o cuántos de los paramilitares continuaron en actividad.

El gobierno ha tenido oportunidades de reestructurar el proceso de desmovilización para abordar algunos de estos problemas, pero hasta el momento no lo ha hecho. 

Específicamente en julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que los delitos de los paramilitares no constituían “delitos políticos”, el único tipo de delito indultable según la Ley 782 de 2002 y la Constitución de Colombia[27]. Hasta este fallo de la Corte Suprema, el gobierno había otorgado indultos a paramilitares basándose en la concepción de que sus delitos eran de naturaleza política[28]. El fallo de la Corte, si bien no se refirió específicamente a la aplicación de la Ley 782, resultó contradictorio a la interpretación del gobierno, que entendía que el “paramilitarismo” era un delito político indultable.

Pero en lugar de aprovechar esta nueva oportunidad de reestructurar el proceso de desmovilización y llevar a cabo entrevistas e investigaciones más serias de los desmovilizados, el presidente Uribe reaccionó ante este fallo acusando a la Corte de operar con un “sesgo ideológico”, argumentando que la independencia de la Corte era sólo “relativa”, porque “todas las instituciones del Estado tienen que colaborar con el bien de la Nación”[29]. Funcionarios del gobierno de Uribe señalaron que el fallo podía hacer fracasar el proceso de desmovilización, dado que aproximadamente 19.000 personas que habían participado de las ceremonias de desmovilización aún no habían recibido indultos en virtud de la Ley 782, y las nuevas circunstancias no les permitirían gozar de ese beneficio[30].

Para evitar tener que investigar a los desmovilizados, en Julio del 2009 el Congreso Colombiano modifico el Código Penal de tal manera que el Fiscal General pudiera aplicar lo que se conoce como el “principio de oportunidad” para suspender investigaciones o simplemente negarse a procesar a los desmovilizados.[31]

No se han desarticulado las redes delictivas y financieras de los paramilitares

A fin de lograr una desmovilización genuina y duradera de los grupos paramilitares, el gobierno debería haberse enfocado en las fuentes de su poder: las rutas y las actividades vinculadas con el narcotráfico, sus bienes, las personas y entidades que los respaldan, y sus redes de apoyo en el sistema político y en las fuerzas militares.

Tal como se documentó en informes anteriores de Human Rights Watch, el gobierno se rechazó activamente las iniciativas que intentaban desmantelar las redes paramilitares e investigar a sus cómplices[32]. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz, que ofrece rebajas de penas a paramilitares responsables de crímenes atroces a cambio de su desmovilización, según había sido originalmente concebida por el gobierno, no establecía sanciones efectivas si los paramilitares que pretendían acogerse a este beneficio no confesaban sus delitos o no devolvían los bienes ilícitos.

Algunas de estas dificultades pudieron resolverse gracias a una decisión de la Corte Constitucional, que estableció que los paramilitares que quisieran obtener reducciones en sus condenas deberían ofrecer confesiones completas y veraces, y devolver los bienes de procedencia ilegal; y que, en caso de que faltaran a la verdad, podrían perder las rebajas en las penas[33]. Como resultado, durante 2007 y parte de 2008, los fiscales comenzaron a obtener información valiosa de los jefes paramilitares sobre sus delitos y cómplices. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia inició una serie de investigaciones sin precedentes acerca la colaboración de políticos con los grupos paramilitares[34]. En la actualidad, más de 80 miembros del Congreso colombiano están siendo investigados por la Corte Suprema o han sido condenados por sus vínculos con los paramilitares[35].

No obstante, la implementación de la Ley de Justicia y Paz reformada continuó presentando graves problemas[36]. La mayor parte de los paramilitares desmovilizados no están participando activamente en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, ya que sólo aquellos que ya tenían antecedentes penales o que temían ser descubiertos tenían un verdadero incentivo para participar: la gran mayoría sólo estaba interesada en obtener un indulto en virtud de la Ley 782. Según los registros de la Fiscalía de la Nación, 3.712 personas han solicitado los beneficios de la Ley de Justicia y Paz[37]. De este grupo, solamente 1.836 —menos de la mitad— han iniciado sus diligencias de “versión libre”, las declaraciones ante los fiscales en las cuales se supone que deben confesar sus delitos si desean obtener rebajas de penas. Y se informa que sólo cinco han completado sus confesiones[38]. Los líderes, que probablemente sean quienes más información tengan, han sido extraditados a Estados Unidos, y la mayoría de ellos ha cesado su participación en las versiones libres ante las autoridades colombianas[39].

El gobierno colombiano sigue sin hacer un esfuerzo nacional serio por ubicar la enorme cantidad de bienes y recursos de procedencia ilegal que se encuentran en poder de las AUC, que pueden utilizarse fácilmente para reclutar nuevos miembros y continuar realizando operaciones delictivas.

Entre otras actividades ilícitas, los paramilitares fueron responsables de numerosas tomas ilegales de tierras, pero el gobierno sigue sin identificar las tierras robadas. “Mis hijos y yo nos fuimos del lugar donde vivíamos debido a las amenazas y masacres que hubo en Ungía, Chocó”, relató a Human Rights Watch una mujer desplazada. “Los que no se fueron hoy están muertos... La mayoría de las personas del lugar abandonaron sus tierras, que hoy están en manos de los paramilitares”[40]. En la actualidad, según estadísticas oficiales, en Colombia más de 3 millones de personas han sido registradas como desplazados internos[41]. Un sondeo realizado recientemente a nivel nacional sobre personas desplazadas mostró que el grupo más numeroso —37 por ciento— fue expulsado por grupos paramilitares[42]. La mayoría abandonó sus tierras e inmuebles[43]. Las estimaciones oficiales acerca de la cantidad de tierras que dejaron las personas desplazadas están en el orden de las 2,9 millones de hectáreas (entre 2001 y 2006, según la Contraloría General de la República) a 6,8 millones de hectáreas (según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, o “Acción Social”, en un estudio de 2004)[44]. Las tomas afectaron particularmente a comunidades afrocolombianas e indígenas que fueron expulsadas de los territorios que ocuparon tradicionalmente[45].

En febrero de 2008, el Fondo Nacional de Reparación, responsable de custodiar las tierras y los activos devueltos por los paramilitares durante el Proceso de Justicia y Paz, contaba solamente con US$ 5 millones en activos, conformados por tierras, ganado, dinero en efectivo y vehículos[46]. Sólo 31 paramilitares y 6 bloques paramilitares habían devuelto oficialmente al gobierno los activos que tenían en su poder, como parte del Proceso de Justicia y Paz[47].

Al menos parte del problema es que el gobierno mismo decretó que los paramilitares, en forma individual, podían devolver los bienes de procedencia ilegal en cualquier momento antes de ser acusados por delitos en virtud de la Ley de Justicia y Paz. Por lo tanto, no hubo un verdadero incentivo para que devolvieran dichos bienes temprano en el proceso[48]. Después de la extradición, la mayoría de los líderes no tuvo siquiera ese incentivo.

Identificar y recuperar las tierras que los paramilitares tomaron por la fuerza es una tarea compleja para la cual se necesitará una estrategia cuidadosamente planificada y la inversión de recursos sustanciales. La Ley de Justicia y Paz, así como diversos decretos de implementación y sentencias de la Corte Constitucional, exigen que el gobierno garantice la restitución de las tierras[49]. No obstante, el gobierno recién ha comenzado a conformar las comisiones regionales sobre restitución de tierras que exige la Ley de Justicia y Paz[50], y aún debe invertir recursos sustanciales para recabar información básica acerca de las personas desplazadas y las tierras u otras propiedades que fueron objeto de apropiación[51].

Si el gobierno no toma medidas eficaces para identificar las tierras de las cuales se apropiaron los paramilitares y así devolverlas a sus propietarios, dejará intacta una fuente significativa de riqueza y poder para quienes respaldan a los paramilitares y actúan como sus testaferros. Debido a la falta de investigación sobre esta cuestión, resulta difícil saber a ciencia cierta en qué medidas los activos y las fuentes de financiamiento de las AUC continuaron alimentando las actividades de los grupos sucesores. No obstante, según lo expuesto en secciones posteriores, en regiones tales como Urabá, se ha informado que los terratenientes que se beneficiaron con las apropiaciones ilícitas de los paramilitares estarían actuando en conjunto con los grupos sucesores para amenazar e incluso matar a las víctimas que buscan recuperar sus tierras.

Por último, tal como Human Rights Watch lo documentó anteriormente, a pesar de los esfuerzos de la Corte Suprema y de otros por investigar y responsabilizar a los cómplices de los paramilitares en el ámbito político y militar, el gobierno ha tomado, en reiteradas oportunidades, medidas que podrían frustrar o limitar los avances en esta área[52]. En particular, funcionarios del gobierno de Uribe han reiteradamente perpetrado ataques públicos contra la Corte Suprema y sus miembros a título personal, en lo que se asemeja a una campaña concertada para desacreditar a la Corte, y ha propuesto reformar la constitución con el objeto de eliminar las denominadas investigaciones “parapolíticas” de la competencia de la Corte. También ha bloqueado importantes iniciativas de reforma del Congreso que buscaban eliminar la influencia paramilitar[53]. Según noticias recientes, varios de los políticos que están siendo investigados y han renunciado están respaldando las candidaturas de sus hermanos y cónyuges, quienes los reemplazarían de manera tal que se mantendría su influencia sobre el Congreso[54].

Vínculos entre las AUC y sus sucesores

Existen diferencias entre los grupos sucesores de los paramilitares y las AUC. En primer lugar, los grupos sucesores, en su mayoría, parecen operar de manera relativamente independiente entre sí: al parecer aún no han conformado una coalición única que les permita articular metas e intereses comunes, coordinar sus actividades delictivas y, en algunos casos, sus operaciones de tipo militar. En segundo lugar, sus líderes tienen menos visibilidad que algunos de los líderes de las AUC, como por ejemplo, Carlos Castaño. Y en tercer lugar, la mayoría de los grupos sucesores parecen estar menos enfocados en la lucha contra la insurgencia. No obstante, tienen en común con las AUC una marcada participación en actividades delictivas de tipo mafioso, que incluyen el narcotráfico, tal como lo ha señalado no sólo el gobierno, sino también la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (la MAPP/OEA)[55].  Y como se expone a continuación, en muchos aspectos estos grupos son una continuación de los bloques de las AUC y son similares a estos.

Liderazgo

Según informes policiales acerca de la estructura de los grupos sucesores, la mayoría estarían dirigidos por ex jefes de rango medio de las AUC que nunca se desmovilizaron o que simplemente continuaron operando después de una supuesta desmovilización. Este es el caso de Pedro Oliverio Guerrero (Cuchillo), líder del ERPAC; varios de los líderes de los grupos que operan en Medellín; y Ovidio Isaza en la región del Magdalena Medio, entre otros. Daniel Rendón, que dirigió a los Urabeños hasta ser capturado en 2009, también era miembro de las AUC y hermano de Freddy Rendón, el líder del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. La principal excepción es el grupo Rastrojos que, según se informa, se habría originado como un brazo armado del cartel de narcotráfico del Norte del Valle, al cual no se le permitió participar en el proceso de desmovilización.

Narcotráfico y otras actividades delictivas

Al igual que los bloques de las AUC, los grupos sucesores están profundamente involucrados en el narcotráfico y otras actividades delictivas, que incluyen el contrabando, la extorsión y el lavado de activos, entre otras. De hecho, las AUC se formaron a partir del grupo “Muerte a Secuestradores”, una alianza conformada en los años ochenta por los narcotraficantes Pablo Escobar, Fidel Castaño, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros, con el objeto de liberar a traficantes o familiares de traficantes que habían sido secuestrados por grupos guerrilleros[56].

En Norte de Santander, por ejemplo, aun cuando el Bloque Catatumbo de las AUC participó en horrorosas masacres y matanzas de civiles a quienes catalogaban como “simpatizantes de la guerrilla”, las fuentes relataron que sólo en raras ocasiones tenían combates directos con la guerrilla. Una de sus principales actividades era controlar los lucrativos corredores del narcotráfico y realizar operaciones de contrabando en la frontera con Venezuela, así como extorsión y otras actividades delictivas[57].

Muchos conocidos paramilitares como “Don Berna” o “Macaco” fueron inicialmente narcotraficantes antes de presentarse al mundo como paramilitares[58].

Un oficial de alto rango de la policía llegó a expresar a Human Rights Watch que veía una clara continuidad entre los paramilitares y los grupos sucesores, en el sentido de que los bloques de las AUC “no eran paramilitares; eran mafias narcotraficantes que se agarran del paramilitarismo. [Los grupos sucesores] son el producto de una desmovilización con mucho engaño.  Estos tipos nos engañaron a todos. Incorporaron a muchachos desplazados.  No se desmovilizaron los que mataban”[59].

Actividades contrainsurgentes

Human Rights Watch recibió información que indicaba que algunos de los grupos sucesores (o sectores dentro de estos) ocasionalmente participaban en operativos contra la insurgencia y en persecuciones de personas a quienes consideraban colaboradores de las FARC, particularmente en regiones donde las FARC aún tienen presencia. Por ejemplo, en Meta, pobladores de la zona informaron que miembros de los grupos sucesores habían estado buscando información acerca de personas que podrían haber ayudado a guerrilleros, y habían amenazado a otras por considerarlas “colaboradores de la guerrilla”. También en Nariño, Human Rights Watch recibió información acerca de posibles enfrentamientos entre algunos de los grupos sucesores y las FARC.

Muchas de las amenazas que los sindicalistas, los defensores de derechos humanos y otras personas han recibido de los grupos sucesores se refieren a las personas que son blancos de sus agresiones como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, utilizando un lenguaje similar al de las AUC. De manera similar, los panfletos amenazantes que aparecieron en muchas localidades y ciudades de Colombia en el último año, que en algunas ocasiones estaban firmados por las “Águilas Negras” u otros grupos similares, a menudo se refieren a sus destinatarios como “objetivos militares” y los acusan de “guerrilleros”[60].

La mayoría de los grupos sucesores parecen estar menos enfocados en la contrainsurgencia que las AUC. De hecho, fuentes del gobierno a menudo hablan de vínculos entre los grupos sucesores con las FARC o el ELN, al menos para fines de narcotráfico. Varias fuentes expresaron a Human Rights Watch que, en Nariño y Cauca, el grupo Rastrojos (que nunca había formado parte de las AUC) habría forjado una alianza con los guerrilleros del ELN contra las FARC, para controlar el territorio con fines de narcotráfico[61].

Aun así, las propias AUC incluían a varios grupos que no estaban principalmente concentrados en actividades contrainsurgentes, tales como los grupos de Don Berna en Medellín, que se concentraban, en gran medida, en controlar actividades delictivas. Lo mismo puede decirse de los grupos dirigidos por Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), el jefe del Bloque Central Bolívar de las AUC; Rodrigo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”), el jefe del Bloque Liberadores del Sur; y Francisco Javier Zuluaga (“Gordolindo”), que dirigía el Bloque Pacífico de las AUC[62].

Según lo expresa uno de los fiscales especializados que investigan a los grupos sucesores, estos grupos son “un desarrollo de los paramilitares...  Ese soporte ideológico que tenían [los paramilitares], que es muy discutible, ahora lo es más”[63].

 

IV. Surgimiento y desarrollo de los grupos sucesores

Las desmovilizaciones de las AUC terminaron oficialmente el 15 de agosto de 2006[64]. Posteriormente, numerosos grupos sucesores estrechamente vinculados con las AUC aparecieron en varias partes del país.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (o MAPP) de la OEA, apoyándose en información oficial obtenida de la policía colombiana, informó, a principios de 2007, que había identificado “22 estructuras, en las cuales se encuentra la participación de mandos medios —desmovilizados o no—, el reclutamiento de excombatientes de las autodefensas, y el control de economías ilícitas”[65]. La MAPP estimó que los grupos contaban con aproximadamente 3.000 miembros[66].

Desde aquel momento, la cantidad de miembros que integran los grupos y las áreas en que estos operan han crecido de manera sostenida. Las estimaciones acerca del número de grupos sucesores y la cantidad de miembros con que cuentan varían notablemente de acuerdo con la fuente analizada, pero, en algunos casos, llega a 10.200 miembros[67]. A mediados de 2008, la MAPP expresó su preocupación porque “estas facciones continúen e incluso se incrementen, a pesar de las acciones realizadas por la Fuerza Pública. Lo anterior muestra una importante capacidad de resistencia y renovación, con recursos que permiten un reclutamiento constante y el mantenimiento de la corrupción en el nivel local”[68].

Según fuentes policiales, que manejan las cifras más conservadoras, la cantidad total de grupos se ha reducido, dado que muchos se han fusionado o absorbido entre sí, y algunos han desaparecido o han sido derrotados[69]. No obstante, la cantidad de miembros con que cuentan y su presencia regional sigue creciendo. Al 17 de julio de 2009, la policía informaba que los grupos tenían 4.037 miembros, lo cual mostraba un aumento con respecto a los 3.760 que la misma fuente había declarado apenas unos meses antes, en febrero de 2009. Operan en 24 de los 32 departamentos de Colombia. Las cifras policiales también muestran que, entre febrero y julio de 2009, los grupos comenzaron a operar en 21 nuevos municipios, y pasaron de tener presencia en 152 municipios a operar en 173[70].

Los principales grupos sucesores

A mediados de 2009, documentos policiales indicaban que existían ocho grupos sucesores en actividad[71]. Según fuentes de la policía y la Fiscalía General, cuatro de los grupos son notablemente más fuertes y constituyen el principal foco de atención de las autoridades[72]:

• Los de Urabá o los Urabeños: anteriormente, este grupo fue dirigido por Daniel Rendón (conocido también como “Don Mario”), un miembro no desmovilizado de las AUC que también es hermano de Freddy Rendón Arias (“El Alemán”), ex líder del bloque paramilitar “Elmer Cárdenas” , que supuestamente se desmovilizó en 2006[73]. Después de la captura de Don Mario a principios de 2009, la documentación de la policía indicaba que el grupo se había puesto bajo las órdenes de Juan de Dios Usuga David, conocido también como “Giovanni”[74]. No obstante, en octubre de 2009, la policía informó la detención de otro hombre, Omar Alberto Gómez, conocido como “El Guajiro”, a quien identificaron como líder del grupo[75]. Según documentos policiales, este grupo, que anteriormente utilizó otros nombres, como “Héroes de Castaño” (en alusión al desaparecido jefe de las AUC Carlos Castaño) y “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, amplió su área de operaciones de la región de Urabá de Chocó y Antioquia a nueve departamentos y 79 municipios. Se ha informado que el grupo cuenta con 1.120 miembros[76].
• Los Rastrojos: según múltiples informes recibidos por Human Rights Watch, los Rastrojos eran un brazo armado del cartel de narcotraficantes Norte del Valle, que históricamente han estado vinculados con Wilber Varela (conocido también como “Jabón”), un narcotraficante que habría sido asesinado en Venezuela en enero de 2008[77]. Se creía que habían tenido vínculos con el líder paramilitar desmovilizado Carlos Mario Jiménez Naranjo (conocido también como “Macaco”)[78]. El grupo intentó participar en el proceso de desmovilización, pero finalmente no se le permitió hacerlo, porque el gobierno lo consideró como una organización criminal[79]. Los documentos oficiales indican que los Rastrojos operan en 10 departamentos y 50 municipios, cuentan con 1.394 miembros y están bajo el mando de Javier Antonio Calle Serna (conocido también como “El Doctor”)[80].
• Los Paisas: múltiples fuentes expresaron a Human Rights Watch que los Paisas son los herederos del líder paramilitar Don Berna, y que tienen vínculos con su “Oficina de Envigado”, una organización criminal que opera en Medellín.  Según múltiples fuentes Don Berna continuó controlando estos grupos desde la prisión. Se informó que, desde su extradición, se han producido numerosas luchas internas y posibles fracturas de los grupos. Los documentos oficiales indican que los Paisas operan en 7 departamentos y 45 municipios y cuentan con 415 miembros; se dice que su líder es Fabio León Vélez Correa (conocido también como “Nito”)[81].
• Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano o ERPAC: este grupo es dirigido por Pedro Oliverio Guerrero Castillo (conocido también como “Cuchillo”). Cuchillo es un líder paramilitar de larga trayectoria, que primero operó en el ejército privado del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, y luego se unió al Bloque Centauros de las AUC. Se dice que Cuchillo mató a quien fue el líder del Bloque Centauros, Miguel Arroyave[82]. Participó en el proceso de desmovilización como líder del frente Héroes del Guaviare del Bloque Centauros, pero continuó su actividad ilegal. El ERPAC opera principalmente en las llanuras que se encuentran al este de Bogotá, en los departamentos de Meta, Casanare, Vichada y Guaviare, aunque los informes policiales indican que también tiene presencia en Arauca y Guainia. La policía estima que cuenta con 770 miembros[83].

Además, la policía informa que ha identificado los siguientes grupos:

• Renacer: la policía informa que este grupo opera en 11 municipios del departamento de Chocó bajo las órdenes de José María Negrete (conocido también como “Raúl”), y que cuenta con 100 miembros[84].
• Nueva Generación: Human Rights Watch ha recibido información creíble que indica que este grupo fue creado por miembros del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, casi inmediatamente después de su supuesta desmovilización. La policía informa que este grupo opera en tres municipios de Nariño, bajo las órdenes de Omar Grannoble (conocido también como “El Tigre”), y que cuenta con 114 miembros[85].
• Los del Magdalena Medio: la policía informa que este grupo opera en ocho municipios en cuatro departamentos, y que cuenta con 80 miembros. Su líder, según consta en documentos policiales, es Ovidio Isaza (conocido también como “Roque”)[86]. Isaza es un ex líder de las AUC en la región del Magdalena Medio. También es hijo de Ramón Isaza, uno de los primeros y más prominentes líderes de las AUC. Después de su supuesta desmovilización, nunca participó en el proceso de Justicia y Paz, y fue liberado por las autoridades por falta de pruebas[87].
• Los Machos: al igual que los Rastrojos, se dice que este grupo es el brazo armado de un cartel de narcotraficantes que existía previamente. La policía informa que opera en dos municipios del departamento de Valle del Cauca y cuenta con 44 miembros[88].

Las entrevistas con víctimas y autoridades locales de todo el país sugieren que las cifras de la policía colombiana subestiman la cantidad de miembros y el número de grupos sucesores existentes. En algunas regiones, Human Rights Watch recibió datos sobre la existencia de grupos que la policía no reconocía como tales. Por ejemplo, en una entrevista con Human Rights Watch, un miembro de alto rango de las fuerzas policiales expresó que el grupo Águilas Negras de Nariño es “más mítico” que realidad[89]. No obstante, en reiteradas oportunidades, Human Rights Watch recibió, por parte de los pobladores de Nariño, información coincidente acerca de la operación de las Águilas Negras, que controlaban varias regiones del territorio, amenazaban a civiles y, aparentemente, estaban librando una sangrienta batalla contra los Rastrojos por el control de Tumaco. Menos de dos meses después de haber negado la existencia de las Águilas Negras en reuniones con Human Rights Watch, la policía anunció en los medios la captura de 36 miembros de las Águilas Negras en Nariño[90]. De manera similar, pese a que la policía indica que el ERPAC cuenta con 770 miembros, en las noticias se han citado datos del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que estiman que cuenta con 1.120 miembros y está creciendo velozmente a través de un reclutamiento activo[91].

¿Que son las Águilas Negras?

En numerosos sectores del país, los testigos que se comunicaron con Human Rights Watch señalaron que las personas que controlaban el delito y cometían asesinatos, desplazamientos forzadas, violaciones sexuales y amenazas se identificaban como miembros de las “Águilas Negras”. Los volantes y las amenazas escritas contra defensores de derechos humanos a menudo llevan la firma de Águilas Negras.

Sin embargo, miembros de la Policía dijeron a Human Rights Watch que las “Águilas Negras” no conformaban un único grupo, sino que se trataba de un nombre del cual se habían apropiado diversos grupos, entre ellos las pandillas locales, para infundir temor entre la población[92].

Como se señala más adelante en este informe, en Nariño, Human Rights Watch recibió denuncias similares de varios residentes y autoridades que indicaban que en esa región las Águilas Negras son en realidad un único grupo sucesor con un alto grado de coordinación, que opera en muchos aspectos como un ex bloque de las AUC. En Urabá, Human Rights Watch recibió denuncias de que los grupos sucesores locales (llamados allí Urabeños) en ocasiones se han identificado como Águilas Negras, y han usado este nombre indistintamente junto con otros. Estos grupos no son simples pandillas locales. Sin embargo, Human Rights Watch no recibió información significativa que indicara que los diversos grupos que utilizan la denominación Águilas Negras fueran un único grupo nacional.

Reclutamiento de nuevos miembros

Los grupos sucesores reclutan miembros activamente, ofreciendo salarios muy altos y, en algunas ocasiones, amenazando a personas para obligarlas a sumarse a sus filas. Muchas veces buscan posibles miembros entre la población desmovilizada.

Según relató un desmovilizado de Sucre, cuando él se desmovilizó en 2005, su jefe dijo al grupo: “Quien quiera entregarse puede hacerlo, pero quien quiera volver puede regresar” a su área de operaciones en Antioquia. “Están allí. La historia no ha terminado”, expresó. De hecho, “hay muchos grupos activos de los mismos paramilitares. Incluso ayer, cuando fui a la escuela, un compañero me dijo que ‘Cucho’ lo había llamado para decirle que reuniéramos a algunos muchachos y fuéramos. Pagan 500 o más. Me lo propusieron varias veces, antiguos jefes, amigos... Muchos han aceptado”[93].

Otro desmovilizado relató que “hay personas que van a los nuevos grupos... Hay muchachos que me preguntan si yo estaría dispuesto a ir otra vez. Sientes miedo de hablar. Muchas personas han muerto por haber hablado. Las autodefensas no se han disuelto... Hay otras personas que también van, gente nueva. [El pago] nunca es menor de medio millón de pesos. Es fácil entrar, pero salir es difícil”[94]. Un funcionario local de Sincelejo informó a Human Rights Watch que tenía conocimiento de aproximadamente 14 casos de desmovilizados que habían sido contactados por sus antiguos jefes para proponerles que volvieran a incorporarse a sus grupos[95].

Un miembro de una organización de paramilitares desmovilizados de Barrancabermeja relató que miembros de su organización habían sido asesinados. “Estamos atravesando un momento complejo porque estamos recibiendo amenazas de personas que quieren que volvamos a la actividad delictiva. Es duro porque hemos tratado de organizarnos, pero hemos recibido amenazas... [A]ún hay grupos criminales que ven a los desmovilizados como candidatos que pueden ser reclutados, e intentar incorporarlos a los grupos a través de amenazas”[96].

Relató que, a mediados de 2008, mientras un grupo de desmovilizados participaba de una sesión de apoyo psicosocial al aire libre como parte de su programa de reinserción, un grupo de hombres armados pasó en una motocicleta y les disparó, e hirió al psicólogo y a tres de los concurrentes[97]. Algunos días después, el 19 de agosto, dijo haber recibido una llamada de una persona que decía que debía reunirse con la “nueva empresa” en un campo de fútbol. Según el entrevistado, esta persona profirió amenazas contra su familia. No fue al campo de fútbol, pero temía por lo que podría pasar[98].

Según informaron a Human Rights Watch los funcionarios de la MAPP, se estima que más del 50 por ciento de los miembros de los grupos sucesores eran personas recientemente reclutadas. Los integrantes de la misión señalan que, a menudo, se utilizan amenazas y engaños para persuadir a los nuevos miembros de que se incorporen a los grupos[99]. La MAPP informó que las actividades de reclutamiento más intensas que habían documentado se estaban llevando a cabo en las regiones de Urabá, Cesar, La Guajira, en la región del Magdalena Medio, Buenaventura y la costa de Nariño. “Existen áreas que históricamente han sido favorables para el reclutamiento, y los grupos saben cuáles son”, señaló un representante de la MAPP.

A menudo, las personas reclutadas son trasladadas para trabajar en zonas alejadas. Por ejemplo, en el estado de Nariño, en la región sur del país, Human Rights Watch recibió, en varias oportunidades, información que indicaba que muchos miembros del grupo que los pobladores identifican como las Águilas Negras tenían un acento “paisa”, característico de los habitantes de Antioquia, en el norte del país. De manera similar, Human Rights Watch recibió información de que muchos hombres de la región de Urabá, en la zona oeste del país, estaban operando bajo las órdenes de Cuchillo en los llanos orientales.

Un hombre de la región de Urabá del departamento de Chocó describió como las Águilas Negras se habían llevado a 18 hombres de Belén de Bajirá. “Uno era mi nieto, que se pudo escapar. Se los estaban llevando al Guaviare, y allí se iban a incorporar a las Águilas Negras. Son caras nuevas, no son de aquí. Y a las personas de aquí las envían a otros lugares”[100].

Los frecuentes operativos de reclutamiento que llevan a cabo los grupos y el traslado de personas de una región del país a otra sugieren un alto nivel de integración nacional y una intensa actividad.

Human Rights Watch también recibió información que indicaba que había hombres que continuaban en el programa de desmovilización; pero que, al mismo tiempo, trabajaban para grupos paramilitares. Fuentes que trabajan con el programa de reinserción en el departamento de Norte de Santander relataron que muchos participantes, especialmente en los pueblos de Tibú y Puerto Santander, “siguen delinquiendo. Pero no podemos hacer nada hasta que alguien denuncie... Los muchachos siguen con la policía y pasan delante de la policía, y la misma comunidad acude a ellos [en lugar de acudir] a la policía a hacer denuncias, requerimientos... Es perverso... hay una situación de silencio, con cero  denuncia, pero es un secreto a gritos”[101]. Un desmovilizado que vive en Puerto Santander coincidió con lo expresado precedentemente y agregó que “los desmovilizados de Puerto Santander tienen un monopolio raro... Van a talleres, reuniones con la OEA, pero están trabajando con las Águilas Negras”[102].

 

V. El impacto de los grupos sucesores en términos humanitarios y de derechos humanos

Los grupos sucesores cometen abusos graves y generalizados, que incluyen masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, desplazamiento forzado, amenazas, extorsión, secuestros y reclutamiento de niños para el combate.

Los abusos más frecuentes son asesinatos y amenazas contra civiles, como sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas de las AUC que reclaman la restitución de sus tierras y exigen justicia como parte del proceso de Justicia y Paz. Son uno de los principales actores responsables del desplazamiento forzado de más de 250.000 colombianos cada año.

La MAPP ha señalado que en varias regiones las poblaciones “no perciben una mejoría en las condiciones de seguridad” como resultado de la desmovilización paramilitar[103]. Colombianos de distintas regiones informaron a Human Rights Watch que el clima de temor en que vivían no había cambiado significativamente por efecto de las desmovilizaciones.

En algunas oportunidades el gobierno ha reconocido este hecho de manera indirecta. Por ejemplo, en su informe de 2007 sobre derechos humanos en Colombia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República señaló que“[h]istóricamente, las autodefensas eran las principales responsables de las masacres que ocurrían en el país, sin embargo con la desaparición de estas... se ha incrementado el porcentaje de casos, sobre los que no se tiene conocimiento del autor... [V]arios de estos casos... están relacionados con el surgimiento de nuevas bandas criminales, vinculadas con el negocio del narcotráfico”[104].

De hecho, entre 2007 y 2008 la cantidad de masacres registradas anualmente en Colombia se incrementó abruptamente en un 42 por ciento, y pasó de 26 casos (con 128 víctimas) a 37 casos (con 169 víctimas). Según el Observatorio de Derechos Humanos, los grupos sucesores utilizan las masacres como “medio de venganza, para apoderarse del territorio, demostrar poder y hacer “purgas” dentro de las mismas organizaciones, todo lo anterior orientado al control del negocio de la droga”[105].

Violencia y amenazas contra grupos vulnerables

En todas las regiones visitadas por Human Rights Watch, recibió numerosas denuncias de amenazas y asesinatos por parte de grupos sucesores. A menudo sus agresiones se dirigen contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y víctimas de las AUC que intentan hacer valer sus derechos. Estas amenazas con frecuencia inhiben o frustran el trabajo legítimo de las personas que son objeto de sus ataques.

Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2007, Yolanda Becerra, presidenta de la Organización Femenina Popular (OFP) en Barrancabermeja, departamento de Santander, informó haber sido agredida, golpeada y lesionada por hombres armados que ingresaron por la fuerza a su vivienda y le dijeron que tenía 48 horas para abandonar la ciudad, o de lo contrario “liquidarían a su familia”. Anteriormente, había denunciado haber recibido una amenaza de muerte por escrito de las “Águilas Negras”, y había sido catalogada como “enemiga del proceso de paz” por un ex jefe paramilitar. Como resultado de las amenazas y las agresiones, Yolanda debió trasladarse de Barrancabermeja a Bucaramanga, donde continúa al frente de la OFP, pero ha debido tomar importantes medidas de seguridad[106].

Una mujer que coordina un grupo sobre desapariciones afirmó: “Vivo en una comunidad de alto riesgo donde convivimos con los paramilitares. Este año, varias personas se acercaron a mi vivienda y me dijeron que tenía que defender a... un paramilitar desmovilizado que estaba en la cárcel. Me amenazaron”[107].

En la primera mitad de 2008 se produjo una ola de amenazas contra grupos de derechos humanos, sindicalistas y otras personas, lanzadas en su mayoría por las Águila Negras u otros grupos sucesores. Varias amenazas se vinculaban con una marcha masiva contra la violencia paramilitar y los crímenes de estado realizada el 6 de marzo de 2008. Por ejemplo, el 11 de marzo de 2008, el “Bloque Bogotá” de las “Águilas Negras” envió una amenaza en tres partes a diversas organizaciones y personas que participaron en la marcha, y llamó a la “muerte a los lideres [de la] marcha por la paz y guerrilleros y auxiliadores”, además de declarar a varias organizaciones y personas como “objetivo militar”[108]. El día siguiente circuló otra amenaza escrita contra la revista Semana, la confederación sindical CUT, Peace Brigades International, grupos indígenas y organizaciones de derechos humanos. Esta amenaza, firmada por el líder del “Comando Central Águilas Negras en Rearme”, anunció el “total rearme de las fuerzas paramilitares” e identificó a varios grupos como objetivos militares[109]. Durante la semana posterior a la marcha, cuatro sindicalistas fueron asesinados, entre ellos algunas de las personas que habían organizado la manifestación en su región[110]. La organización Nuevo Arco Iris, que ha participado activamente en el monitoreo de la infiltración paramilitar del sistema político, informó que su sede fue tomada por hombres armados que robaron sus archivos informáticos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó también que el 28 de febrero de 2008 se efectuaron disparos contra la vivienda de Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y una de las promotoras del evento que tuvo lugar el 6 de marzo en el departamento de Pereira[111].

Las amenazas han incluido a observadores internacionales y embajadas extranjeras. Según trascendió, ocho embajadas extranjeras en Bogotá habrían recibido amenazas firmadas por “Águilas Negras” en marzo de 2008[112]. De manera similar, en noviembre de 2007, un representante de la MAPP fue amenazado por grupos sucesores que operan en Medellín[113].

En la región sur del departamento de Bolívar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, así como varias organizaciones del clero, organizaciones no gubernamentales y el sindicato Fedeagromisbol informaron haber recibido amenazas durante la primera mitad de 2008 por parte de “estructuras paramilitares que actúan de manera libre, pública y abierta en el Sur de Bolívar”. Concretamente, recibieron amenazas por correo electrónico firmadas por “Águilas Negras, Bloque Norte de Colombia”, donde se expresa que estaban siendo vigilados y que el “plan de aniquilamiento contra [ellos] iniciará con cualquier cierre”[114].

Diro César González Tejada, un periodista de Barrancabermeja, Santander, que publica en forma independiente un breve periódico local sobre violencia y violaciones de derechos humanos en la ciudad, relató su experiencia al haber estado desplazado durante un año, luego de que dos hombres armados se presentaran en su vivienda preguntando por él. Después de regresar a Barrancabermeja, afirmó, “hemos sido seguidos permanentemente por hombres armados que son conocidos paramilitares”. Diro manifestó que recibe amenazas en su oficina y que los grupos sucesores “llaman constantemente a mi esposa, le mencionan los lugares a los cuales ha ido y le dicen ‘vamos a matarla’... Salvo para ir a la oficina, no salgo de mi casa. No tengo vida social y no puedo ir a ningún lado sin mis escoltas”. Diro afirmó que había podido protegerse gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales y a la atención internacional que había recibido su caso, pero que las autoridades públicas habían negado reiteradamente que estuviera sucediendo algo en Barrancabermeja. “Si esto es lo que pasa conmigo que soy periodista, ¿qué puede esperar un campesino que hace una denuncia?”, señaló[115].

En noviembre de 2009, varios grupos de derechos humanos e indígenas del departamento de Nariño recibieron una amenaza escrita firmada por los “Comandos Urbanos” de los Rastrojos, en la cual se asociaba a las organizaciones no gubernamentales con guerrillas de izquierda y les advertían que podían ser asesinados[116].

Violada y amenazada por ayudar a víctimas

“Lucía”, quien pidió no ser identificada por su nombre, relató haber sido violada por miembros de las Águilas Negras en Antioquia en 2007 como represalia por brindar asistencia a víctimas:

Me encontraba... brindando una asesoría a una de las mujeres víctimas de [las AUC]...quedaba lejos de donde pasaban los buses y estaba cayendo agua y esa noche me toco pernoctar allá.  Pasada la medianoche...tocaron la puerta.... Entran tres tipos encapuchados que se identificaron como Águilas Negras y empezaron a interrogarme sobre mi trabajo... Ellos dijeron que me quedaba prohibido brindar el apoyo sicosocial en el municipio... A ellos no les interesaba que las víctimas conocieran sus derechos ni mucho menos que denunciaran.... Antes de irse, dos de estos chicos abusaron sexualmente de la señora y de mí, por mucho rato[117].

Lucía quedó embarazada a causa de la violación, pero afirmó que finalmente perdió el feto “quizás de la misma rabia y la depresión en la que entré... Es lo más horrible que le puede pasar a uno porque uno se siente incompetente y vulnerable del todo porque no puede hacer nada.... Es la forma de ellos de intimidar a las personas”[118]. Cuando Lucía continuó su trabajo, las Águilas Negras la encontraron nuevamente:

 Cada día participaba menos. [Pero entonces] hicimos un promo para [televisión en la cual se mostraba parte de mi trabajo. Al día siguiente] cuatro tipos armados golpearon a mi puerta... Me suben a la camioneta...  y me vendaron los ojos...  pensé que no volvería a mi casa porque se estaban dando muertes en esos días muy fuertes donde estaban entregando a la gente picada en bolsas y hacia poco habían matado a una compañera mía, la habíamos encontrado picada en un costal ... [Otro hombre] dijo que no sabe cómo me tiene que hablar, que si es que no tengo familia y si no fue suficiente con el escarmiento que me habían dado y las advertencias que me habían hecho... Me dicen que tengo 15 días para dejar la región[119].

Las amenazas contra su familia finalmente obligaron a Lucía a intentar denunciar y abandonar la ciudad, pero encontró numerosos obstáculos al pedir ayuda:

Como estábamos trabajando... con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, pedimos cita... pero la razón que me dejaron es que no, que no eran competentes y que no me podían apoyar, que fuera a Justicia y Paz. La fiscal... dijo que a ella se le salía de las manos, que ella veía delitos antes de la desmovilización y ya había pasado la desmovilización y no podía hacer nada....   [Posteriormente], fui al Gaula [para denunciar el hecho como secuestro]... ellos lo que hacen es mirarme y se ríen y dicen que yo había sido víctima de mi propio invento, que si sabía que a los defensores de derechos humanos los mataban... que por qué me había metido a hacer eso y que por que después de hacerme una advertencia había seguido... No hicieron nada.  [Finalmente] la Defensoría del Pueblo en Medellín me tomaron la denuncia y [obtuve reubicación como defensora de derechos humanos durante tres meses a través del Ministerio del Interior]. Luego,  me han apoyado otras ONG e instituciones... La investigación no ha avanzado absolutamente nada... [Vivo] con temor, porque... uno no sabe en quién confiar...[120]

Lucía ya había sido víctima anteriormente en 1995, pero en esa ocasión a manos de las FARC, quienes la secuestraron y retuvieron durante seis meses. Finalmente, fue liberada cuando su familia utilizó hasta sus últimos recursos para pagar el rescate.

Violencia anti-sindical

Además de los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, quienes a menudo eran atacados y señalados como guerrilleros por las AUC, han sido objeto de amenazas y violencia continuas por parte de los grupos sucesores. Según la Escuela Nacional Sindical, en 2008 fueron 39 los sindicalistas asesinados. Si bien los datos completos correspondientes a 2009 aún no están disponibles, al 7 de diciembre la Escuela Nacional Sindical había registrado 36 asesinatos de sindicalistas. Debido a la impunidad que prevalece en estos casos, la mayoría de los responsables no han sido descubiertos. Sin embargo, existen razones de peso para creer que los grupos sucesores participan en muchos de los asesinatos: en 2008, los sindicalistas informaron haber recibido 498 amenazas (contra 405 sindicalistas). De esas, 265 se indican como realizadas por grupos sucesores, mientras que 220 fueron vertidas por actores no identificados[121].

Las amenazas han inhibido la actividad sindical. Por ejemplo, Over Dorado, del sindicato docente ADIDA, en Medellín, señaló que en los primeros nueve meses de 2008 había recibido entre 20 y 25 amenazas por teléfono y correo electrónico. En una grabación de una de las amenazas telefónicas, que reprodujo a Human Rights Watch, el autor lo acusaba de terrorista y mencionaba un atentado fallido en su contra. Dado que en la mayoría de los hechos de violencia perpetrados contra sindicatos en el pasado los responsables no han sido juzgados, estas amenazas resultan aún más alarmantes para los sindicalistas. Dorado afirmó que uno de sus colegas, Julio Gómez, un importante miembro del sindicato, había sido asesinado en 2007. “Pero recién me entrevistaron en relación con el caso hace tres días. Fue asesinado hace un año, y recién ahora están investigando debido a la presión de los gringos... La muerte de sindicalistas ha afectado muchísimo a la organización, ya que estábamos fortaleciendo el sindicato y consiguiendo un efecto en la política nacional... Pero las amenazas tienen un efecto silenciador”[122].

En Cúcuta, representantes de ASINORT, otro sindicato docente del departamento de Norte de Santander, manifestaron que si bien eran menos los sindicalistas asesinados en comparación con el pasado, “la violencia se ha transformado... matan a unos pocos y amenazan al resto. La amenaza es efectiva y las personas tienen miedo de hablar... Entre los sindicalistas, prevalece el temor y la actividad sindical es mayormente clandestina. Mantenemos el perfil más bajo posible”[123].

Amenazas y asesinatos a nivel local: un problema constante

Los grupos sucesores no sólo atacan a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, sino también a ciudadanos comunes, como campesinos, líderes comunitarios, pequeños empresarios y vecinos que de algún modo estorban a los grupos.

En Cúcuta, las fuentes relataron que los grupos sucesores habían distribuido volantes ordenando toques de queda en determinados barrios de la ciudad en los cuales buscaban controlar actividades lucrativas de contrabando, como el narcotráfico. “Controlan los barrios mediante limpieza social. Los volantes indican que después de las 9 p.m. no pueden salir”, afirmó un observador internacional asignado a Cúcuta. “Las personas ven las drogas... y detrás de esto hay otros negocios, préstamos de dinero, corrupción policial. Manejan los problemas cotidianos del barrio... Reclutan a jóvenes”[124].

Algunas fuentes señalaron que, antes de la desmovilización, las AUC habían tomado a su cargo la provisión de “fuerzas de seguridad privada” en la ciudad, y que los grupos sucesores estaban aplicando la misma estrategia. “Empezaron a asesinar a celadores de la comunidad, para colocar cooperativas de celadores y controlar la comunidad.  En mi barrio asesinaron al celador”, afirmó un representante de la Fundación Progresar, una organización de derechos humanos de Cúcuta[125]. Otro residente manifestó: “los comités de vigilancia requisan a la gente, los maltratan...lo amenazan a uo... lo cogen a puntapié y puno.  Son informantes de todo lo que sucede en la zona... Ahora le da a uno miedo estar afuera de noche.  La zozobra se mantiene. ”[126].

El presidente de un consejo vecinal de Cúcuta relató cómo había logrado escapar por poco de que lo asesinaran agresores no identificados, que posiblemente pertenecían a grupos sucesores: “Tenía miedo de participar en el consejo porque mi señora me había dicho que las personas que participaban ‘desaparecían’ o eran asesinadas... Después de la primera reunión... dos hombres se acercaron mientras caminaba... El hombre que caminaba a mi lado recibió un disparo en el hombre y cayó al piso. Luego me dispararon seis veces... No entiendo cómo sobreviví, ya que el hombre que estaba a mi lado... murió”[127].

Un desmovilizado nos dijo que en Puerto Santander (Norte de Santander), “las personas que participan en contrabando tienen que pagar a las Águilas Negras... Se reunieron con los proveedores de gasolina... e hicieron una lista de quiénes compran gasolina... [T]ambién están en el narcotráfico... Manejan los cultivos de coca... y tienen laboratorios y controlan el transporte. La policía los protege”[128].

Una mujer de Medellín afirmó que había sido desplazada de Turbo, Antioquia, luego de recibir amenazas de un grupo al cual identificó como las Águilas Negras. “Nos amenazaron porque vendíamos drogas... son los mismos paramilitares que han cambiado de nombre. Los paramilitares también perseguían a las personas que vendían drogas si no les pagaban la vacuna... Han matado a traficantes y jóvenes... A mí me amenazaron directamente: dos hombres se acercaron en motocicleta y dijeron que iban a matar a quienes vendían drogas”[129].

Amenazas y violencia contra víctimas de las AUC

Víctimas y familiares de víctimas de las AUC que han exigido justicia por los crímenes de los paramilitares han sido amenazados, agredidos e incluso asesinados. A menudo, señalan a los grupos sucesores como los autores de las amenazas.

El caso más resonante fue el de Yolanda Izquierdo, quien fue fusilada junto con su marido afuera de su vivienda en Córdoba, en enero de 2007. Izquierdo había representado a las familias que exigían la restitución de miles de hectáreas de tierra en el marco del proceso de Justicia y Paz. Había solicitado reiteradamente la protección de las autoridades, pero sus pedidos fueron ignorados. Desde entonces, la policía ha arrestado a Víctor Alonso Rojas (conocido bajo el alias de “Jawi”), un presunto miembro de los “Urabeños” y supuestamente ex asesor directo del líder de las AUC Salvatore Mancuso, por los asesinatos. Fiscales de derechos humanos también han señalado a Sor Teresa Gómez, cuñada de los líderes de las AUC Carlos y Vicente Castaño, en relación con el asesinato[130]. Se sabe que Gómez controla grandes extensiones de tierra, que habría tomado de las personas desplazadas por los paramilitares, en la región de Urabá[131].

Una víctima de la masacre de El Salado le dijo a Human Rights Watch que no había relatado su historia a representantes de la Fiscalía General de la Nación porque temía que ella o sus hijos fueran agredidos si alguien sabía lo que le había sucedido: “[en mi ciudad] no digo que soy de El Salado porque tengo a mis hijos... Porque [la ciudad en que vivo] es muy peligrosa, a las 6 p.m. ya cerramos la puerta. Estoy tranquila durante el día pero no de noche, porque las Águilas Negras están allí”[132].

Una mujer que había presentado una denuncia sobre la desaparición de su padre describió cómo un grupo sucesor la había obligado a abandonar su vivienda en 2006: “El grupo llegó a mi casa y nos amenazó... Se llevaron mis documentos. ...Dijeron que si me quejaba por las desapariciones o por el desplazamiento, me mataban... Eran 35 y estaban vestidos de camuflado”[133].

Otro grupo de familiares de personas asesinadas en una masacre cometida por las AUC en Santander afirmaron que habían sido amenazados luego de exigir justicia a través del proceso de Justicia y Paz, pero estaban demasiado atemorizados para dar a conocer los detalles de las amenazas[134]. Del mismo modo, los familiares de los miembros de una comisión de investigación de la Fiscalía General de la Nación “desaparecidos” o ejecutados por el Bloque Norte de las AUC informaron haber sido objeto de amenazas y agresiones por intentar conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos[135].

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2007 la Policía Nacional informó 160 amenazas de muerte contra víctimas que intentaban hacer valer sus derechos, en tanto la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación registró 13 homicidios de víctimas que exigían la restitución de sus tierras y otros bienes[136].

Juan David Díaz: Amenazado por Buscar Justicia

Juan David Díaz Chamorro es hijo de Eudaldo “Tito” Díaz, quien se desempeñó como alcalde de El Roble, Sucre, y fue asesinado en abril de 2002 por paramilitares, que presuntamente actuaron en connivencia con políticos locales.  En un consejo de seguridad en 2002 con el presidente Uribe, altos oficiales de las fuerzas de seguridad, y varios funcionarios regionales de Sucre incluyendo al gobernador Salvador Arana, Tito había denunciado que los políticos locales intentaban tomar recursos de El Roble para financiar a las AUC, y que miles de personas habían sido asesinadas por los paramilitares en el departamento. Juan David afirma que posteriormente Tito fue perseguido por los paramilitares y retirado de su cargo por funcionarios corruptos. En un consejo comunal con el Presidente Uribe llevado a cabo el 1 de febrero de 2003, Tito reiteró sus declaraciones y dijo que los políticos iban a matarlo.

Tito fue asesinado tres meses después, el 5 de abril. Tito salió de su vivienda para asistir a un encuentro político con altos funcionarios, pero desapareció luego de la reunión. El 10 de abril, el cuerpo de Tito fue encontrado en un camino con marcas de tortura y múltiples heridas de bala. Se encontraba en posición de crucifixión y con la credencial de alcalde en la frente. En su zapato, sus familiares encontraron una carta de Tito del 8 de abril dirigida al “comandante Rodrigo” (conocido como “Cadena”, el jefe paramilitar local). En la carta, Tito rogaba que Cadena aceptara reunirse y pedía que tuviera piedad con su familia.

“Lo frustrante es que todos los políticos que mi padre había denunciado fueron recompensados. Uno de los hombres que acusó fue designado agregado militar en Francia... Otro fue nombrado embajador en Chile... Ninguno está pagando por sus crímenes”, afirmó Juan David. El Presidente Uribe nombró al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, embajador en Chile poco después del homicidio.

El día en que su padre fue asesinado, Juan David recibió amenazas de personas que le dijeron que debía abandonar Sucre en 24 horas. Se fue por dos años, pero luego regresó y comenzó a trabajar con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Desde entonces, ha participado en una lucha continua y frustrante por juzgar a los asesinos de su padre. Ha recibido numerosas amenazas.

Han intentado matarme en plena calle. Me han amenazado y perseguido, y me han dicho que abandone el departamento o me va a suceder lo mismo que a mi padre por continuar denunciando a los paramilitares y trabajando por la justicia. Pero no me voy a ir de Sucre porque debo levantar la bandera que mi padre intentó levantar y que fue destruida[137].

Según Juan David, 11 testigos del caso han sido asesinados, hubo atentados contra la vida de otros dos, uno ha desaparecido y otros han sido amenazados. En un mensaje reciente, Juan David afirmó que “las amenazas en contra mío y de mi familia se han incrementado, en forma de panfletos, mensajes de correo electrónico y un atentado de muerte que intentaron perpetrar el 27 de marzo [2009], todo para impedir que continuáramos reclamando nuestro derecho a la justicia”[138]. Juan David cree que los hombres que intentaron asesinarlo en marzo eran miembros de los Paisas[139].  Una amenaza reciente que llego por correo electrónico, en octubre del 2009, amenazaba que si Arana era condenado, la familia de Juan David moriría.[140] 

No obstante, seis años después del asesinato de Tito, la Corte Suprema ha condenado a Arana de colaborar con paramilitares y de participar en el homicidio de Tito Diaz, imponiéndole una pena de 40 años de prisión.[141]  Según Juan David, otros funcionarios y paramilitares que pueden haber estado involucrados en el asesinato aun no han sido juzgados.  

 

Desplazamiento interno

Se considera que los grupos paramilitares son responsables de más desplazamientos que cualquier otro actor en Colombia (37 por ciento, según un estudio reciente realizado como parte del monitoreo de la difícil situación de las personas desplazadas llevado a cabo por la Corte Constitucional de Colombia)[142].

El proceso de desmovilización no se tradujo en una reducción significativa y sostenida de los desplazamientos, como podría haberse esperado. Por el contrario, según Acción Social, en los años siguientes a la desmovilización los índices de desplazamiento interno de Colombia se incrementaron.

De acuerdo con las cifras oficiales, después de reducirse a 228.828 en 2004, la cantidad de nuevas personas desplazadas se incrementó cada año hasta llegar a 327.624 en 2007. Las cifras oficiales de 2008 son algo menores, con 300.693, pero continúan siendo mucho más elevadas que al principio del proceso de desmovilización[143].

CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), una destacada organización no gubernamental de Colombia, informa otras cifras, y concluye que cerca de 380.863 personas fueron desplazadas en 2008, lo cual representa un incremento del 24,47 por ciento respecto de la cifra que difundió para 2007 (305.966)[144].

En declaraciones realizadas ante grupos de derechos humanos a mediados de 2009, el director de Acción Social señaló que hasta entonces las cifras correspondientes a 2009 parecían reflejar una sustancial reducción en los desplazamientos durante ese año: al 30 de septiembre, había registrado 86.397 nuevos casos durante 2009. No obstante, al momento de la elaboración del presente informe aún es muy pronto para determinar si las cifras de 2009, una vez que estén completamente procesadas, mostrarán una reducción en la cantidad de desplazamientos internos.

El titular de Acción Social señaló a Human Rights Watch que el incremento en los desplazamientos, al menos entre 2006 y 2007, podía deberse a la “percepción de violencia” por parte de las víctimas en casos en que tal violencia no existía realmente, a “procesos de erradicación manual de cultivos de coca, que llevaron a los grupos [armados] a ejercer presión sobre la población civil, y a disputas territoriales [entre grupos armados]”[145].

CODHES, por su parte, atribuye el incremento en los desplazamientos registrado hasta 2008 a diversos factores, pero destaca en particular el crecimiento de los grupos sucesores.

Independientemente de si los grupos sucesores son la principal causa del incremento de los desplazamientos con posterioridad a 2004, resulta claro que se trata de un factor significativo que incide en los desplazamientos. Human Rights Watch recibió numerosas denuncias de desplazamientos provocados por grupos sucesores, generalmente mediante amenazas. Una mujer describió su experiencia en el sur del departamento de Cesar en los siguientes términos:

Me fui por un grupo llamado Águilas Negras. Mis dos hijos de 11 años y otro joven habían desaparecido la semana anterior. Los busqué... Luego se presentó un grupo de los Águilas Negras... El grupo dijo “debes irte ahora o te mataremos”. Mis dos hijos aparecieron vivos más adelante en Cúcuta y están bajo el cuidado del gobierno... El día antes de que desaparecieran, los niños me habían dicho que habían visto a algunos hombres en la calle con ropas negras extrañas, pero que no dijeron nada. Creo que tenían a mis hijos pero los devolvieron porque eran demasiado jóvenes para servirles. El otro joven sigue desaparecido... Las personas que nos pidieron que dejáramos la ciudad estaban usando prendas militares negras... Ya habíamos sido desplazados por los paramilitares antes... Me dijeron que si continuaba dando vueltas con papeles diciendo que era desplazada, me matarían. Estoy cansada de moverme todo el tiempo sin paz.[146]

Otra mujer que había sido desplazada por el mismo grupo señaló:

[F]uimos desplazados de Puerto Rico por un grupo llamado Águilas Negras. Dijeron que debíamos colaborar con ellos o nos matarían. El día anterior, ya habían desplazado a personas de la zona. Llegaron el 30 de agosto [de 2008]... Varios hombres con armas largas y con camuflado negro se presentaron en mi casa. Llegaron diez hombres. Soy madre soltera y tenía mucho miedo, y escapé con mi niña. Creí que me matarían si me quedaba. Estaba aterrorizada... Creo que querían la tierra y que colaborara, que trabajara con ellos... Hay pocos policías o militares allí, y no presentamos denuncias porque tenemos miedo. Dejé la granja y caminé durante casi tres días hasta que llegué aquí[147].

De hecho, gran parte de los desplazamientos ocurren en regiones donde los grupos sucesores están activos. CODHES afirma que hubo 82 casos de desplazamientos masivos en 2008, y que los departamentos más afectados fueron Nariño y Chocó, donde los grupos sucesores se encuentran plenamente activos[148].

Según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el 66,5 por ciento de las personas desplazadas a las cuales brindó asistencia el CICR durante 2008 habían sido desplazadas debido a amenazas de muerte. Otro 10,9 por ciento fueron desplazadas como resultado de amenazas de reclutamiento forzado para integrar grupos armados[149].

Ejemplos regionales

En cada una de las cuatro regiones que analizamos en detalle para este informe, comprobamos que los grupos sucesores mantenían el control de facto de territorio, pueblos y barrios, y cometían abusos frecuentes y graves contra civiles. Nuestras conclusiones se indican a continuación, según la región.

Grupos sucesores en Medellín

“El perro que antes nos mordió ahora nos está mostrando los dientes”.

—Funcionario local de Medellín

En Medellín, resulta claro que el proceso de desmovilización fue incompleto, y que muchas personas que supuestamente se habían desmovilizado —entre ellas, el titular del principal grupo paramilitar de Medellín, Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”— continuaron controlando el delito en la ciudad.

Sin embargo, durante años medios de comunicación colombianos, autoridades nacionales y locales y funcionarios de Estados Unidos se han referido habitualmente a Medellín como una ciudad ejemplar en relación con la desmovilización paramilitar y la reducción de la violencia[150]. De hecho, entre 2006 y 2008 la ciudad se convirtió en un destino preferido de delegaciones del Congreso estadounidense organizadas por la Oficina de la Representante de Comercio y del Departamento de Comercio de Estados Unidos para promover un tratado de libre comercio con Colombia[151].

Efectivamente, Medellín había registrado una reducción significativa de la violencia entre 2002 y 2007[152].Sin embargo, como se explica en las siguientes secciones, la reducción en la cantidad de homicidios se debió mayormente a que Don Berna mantenía el monopolio del delito en la ciudad y ya no estaba inmerso en conflictos territoriales con otros grupos. No obstante, los miembros de estos grupos —entre los cuales se cuentan personas supuestamente desmovilizadas— continuaron asesinando a líderes comunitarios y amenazando y extorsionando a residentes.

Dado que el grupo de Don Berna se ha dividido debido a luchas internas y que su control ha sido disputado por otros grupos sucesores que llegan a la ciudad desde las afueras, Medellín experimenta una vez más un rápido incremento de la violencia. Entre 2008 y 2009, el índice de homicidios llegó a más que duplicarse, sumando 1.717 muertes durante los diez primeros meses del año (un promedio de 74,1 homicidios cada 100.000 habitantes)[153]. El desplazamiento interno dentro de la ciudad también se ha más que duplicado en el último año. En algunos casos, los fiscales de Medellín han intentado investigar a los grupos, pero las investigaciones se han visto obstaculizadas por numerosas dificultades, como la falta de protección adecuada de los testigos. Asimismo, se han formulado graves denuncias de vínculos entre algunos de estos grupos y ciertos agentes del estado, entre ellos el ex director de la Fiscalía de Medellín, quien actualmente está siendo investigado penalmente.

En una entrevista de septiembre de 2008, el actual alcalde Alonso Salazar declaró que la ciudad se encontraba en una situación de “tensión” y que enfrentaba graves obstáculos, dado que era difícil “mantener la gobernabilidad con un fenómeno tan desestabilizador como el narcotráfico”[154]. Reconoció que parte del problema era que algunos sectores de los grupos paramilitares, incluidas facciones de sus líderes, habían continuado ligados a la actividad delictiva.

Una paz impuesta

La supuesta paz que vivió Medellín durante algunos años fue resultado del monopolio que mantenía Don Berna sobre el delito en la ciudad. De hecho, los homicidios comenzaron a bajar en Medellín bastante antes de la desmovilización del bloque paramilitar Cacique Nutibara a fines de 2003. Como se señaló precedentemente, el índice se redujo a casi la mitad entre 2002 y 2003. La reducción parece haber estado estrechamente ligada a la derrota del Bloque Metro de las AUC por el Bloque Cacique Nutibara, de Don Berna, así como a la expulsión de la guerrilla de la ciudad por el Ejército colombiano y los paramilitares[155]. Al momento de la desmovilización de 2.033 personas que supuestamente pertenecían al Bloque Héroes de Granada en agosto de 2005, la más grande producida en Medellín, los índices de homicidios ya habían alcanzado niveles mínimos sin precedentes[156]. Un paramilitar desmovilizado de bajo rango nos dijo “cuando nos desmovilizamos, ya habíamos ganado, todo estaba controlado”[157].

Human Rights Watch recibió comentarios similares de líderes de la Corporación Democracia, una organización de miembros desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, mediante la cual la ciudad coordinaba habitualmente su interacción con los paramilitares desmovilizados. Los líderes de la Corporación Democracia señalaron que fue su “líder natural” Don Berna quien llevó la paz a Medellín después de que su grupo había “regulado” a todas las bandas y actores armados de la ciudad, logrando que “dejaran de matarse entre ellos”[158]. De hecho, afirmaron que la Corporación Democracia había continuado respondiendo a Don Berna mientras este se encontraba en prisión a la espera de una pena reducida en virtud de la Ley de Justicia y Paz.

“En la ciudad hubo un vencedor que actualmente mantiene la hegemonía”, manifestó un funcionario de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellínen 2007. “En las comunas y barrios vecinos hay un sólo actor que puede... imponer sus leyes a la fuerza. Son las amenazas, la extorsión... A veces se manifiestan como un actor armado, otras como un actor social. Combinan distintas formas de actividad”[159].

El ex Alcalde Fajardo también reconoció en una entrevista de septiembre de 2007 que los paramilitares habían conservado poder en Medellín luego de la desmovilización, si bien señaló que su gobierno intentó quebrar ese poder invirtiendo en la reinserción:

Había un hombre muy poderoso con un grupo. Comenzamos a cambiar ese poder. La mayoría comienza a tener una relación con la ciudad, con psicólogos, trabajadores sociales... Comienzan a distanciarse del grupo... Algunos están mintiendo... cerca del 10 por ciento... Aún mantienen ese poder... Probablemente cobran vacunas... [Pero] muchos de los jóvenes no quieren que eso suceda... colaboran con información[160].

No obstante, si bien es posible que las medidas de reinserción en Medellín hayan ayudado a algunos jóvenes que participaron en las ceremonias de desmovilización (independientemente de que fueran o no paramilitares), muchos residentes de Medellín continuaron percibiendo a los paramilitares y a las personas vinculadas con ellos como una amenaza real. Por ejemplo, una mujer que anteriormente había sido una líder comunitaria en la Comuna 13 y que había sido desplazada forzadamente por paramilitares en 2002, señaló que permanecía desplazada debido a que los paramilitares continuaban teniendo el control: “los paramilitares aún están por aquí... Siguen diciendo que si las personas vuelven las van a matar”[161].

Estos temores estaban justificados. Pese a los terribles hechos de violencia ocurridos en Medellín durante la toma de la ciudad por el Bloque Cacique Nutibara, sólo 23 miembros de dicho bloque se encuentran en la lista de paramilitares que solicitaron beneficios en virtud de la Ley de Justicia y Paz[162]. De los 2.033 miembros del Bloque Héroes de Granada que se informó oficialmente que se habían desmovilizado, sólo 75 solicitaron los beneficios de la Ley de Justicia y Paz[163]. Por consiguiente, las personas responsables de gran parte de la violencia masiva que sufrió Medellín hasta 2002 (y posteriormente) no debieron responder como parte del proceso de desmovilización.

Inmediatamente después de la desmovilización de Cacique Nutibara, varios especialistas denunciaron que Don Berna continuaba controlando el crimen en la ciudad, a tal punto que cuando Don Berna fue capturado por el presunto asesinato de un congresista, el transporte local en Medellín se paralizó durante varias horas[164].

Se sospecha que socios cercanos a Don Berna habrían tomado el control de las operaciones diarias de la denominada Oficina de Envigado, una organización que ofrece servicios de sicariato y seguridad al crimen organizado en Medellín y que, según el gobierno, se había desmovilizado como parte del Bloque Héroes de Granada[165]. “De uno u otro modo, los jefes paramilitares de Antioquia conservan el poder”, afirmó el periódico El Espectador en febrero de 2007. “Y, en este contexto, la mayoría de los caminos conducen a una sola persona: Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como... Don Berna”[166].

Control continuo

Los grupos sucesores han continuado controlando muchos barrios de Medellín luego de la desmovilización. Su control se manifiesta mediante asesinatos y amenazas dirigidas contra líderes comunitarios, la extorsión de comerciantes locales, el “castigo” de quienes no cumplen mediante golpizas y el monopolio del crimen en la ciudad.

En algunos barrios, los “coordinadores” locales de los paramilitares desmovilizados —que son también jefes locales desmovilizados— no se limitaron a coordinar las actividades relacionadas con la desmovilización, sino que continuaron actuando como autoridades locales, cuyas órdenes se imponen mediante la fuerza. Un hombre desmovilizado expresó que los coordinadores consideraban que era parte de su trabajo “castigar” a los desmovilizados y “sacudirlos un poco si no prestan atención”[167]. Este tipo de control también se aplica a “otras personas de la comunidad”[168]. Esta misma persona dijo que en su barrio había grupos integrados por personas desmovilizadas que “aún salen a extorsionar a la gente”[169].

Otro hombre desmovilizado dijo que “si alguien hace algo malo, como robar... los [coordinadores] los enfrentan y si esto sucede mucho, pueden tomar medidas más severas como golpearlos, patearlos... En el barrio todos tienen que ir en la misma dirección”[170].

Alexander Pulgarín, un líder comunitario, señaló a Human Rights Watch en 2007 que un miembro de la Corporación Democracia, Antonio López, conocido también como “Job”, había ordenado el asesinato de coordinadores de su barrio que no “lo copiaban”, es decir, que no seguían sus órdenes[171]. Dijo que cada vez que llegaba un nuevo coordinador, era intimidado o comprado por un miembro de la Corporación Democracia[172]. “Rey muerto es rey puesto”, afirmó. “Esta es la paz con un revolver al cuello, y quien se salga del corral, pierde”[173].

Entonces, Pulgarín estaba intentando postularse a la junta de acción comunal, y relató que Job lo había presionado para que fuera su representante en la junta. Según Pulgarín, “dijo ‘queremos que estés con nosotros... Te daré un carro, dos escoltas y tres millones [de pesos] al mes... Te daré una estructura logística’”. Pulgarín afirmó que cuando se negó, comenzó a recibir amenazas[174].

Otra persona que llevaba a cabo una intensa labor comunitaria en la Comuna 8 coincidió con la versión de Pulgarín, y relató cómo a mediados de 2008 el barrio quedó bajo el control de Job y otro miembro de la Corporación Democracia, John William López, conocido como “Memín”. Ambos hombres, dijo, habían manejado todo el crimen organizado en el barrio[175]. Señaló que en algunos sectores del barrio las personas eran extorsionadas por hombres armados. “Continúan con la intimidación y los castigos... dicen que los soplones deben ser eliminados”[176].

De hecho, Memín ganó la elección como presidente de la junta de acción comunal de Villatina[177]. En julio de 2008, Job fue asesinado en un exclusivo restaurante en el sector de Las Palmas, en el camino del aeropuerto de Rionegro a Medellín[178]. Y, en marzo de 2009, Memín fue condenado por desplazamiento forzado, constreñimiento al elector y concierto para delinquir[179]. Cuatro testigos fueron asesinados durante el juicio, en el cual Memín también acusó al Alcalde Alonso Salazar de aceptar la ayuda paramilitar durante su candidatura (Salazar ha negado las acusaciones)[180]. Más tarde ese año, Alexander Pulgarín, quien había declarado contra Memín, también fue asesinado[181].

Human Rights Watch recibió múltiples denuncias de que los grupos sucesores locales extorsionaban a empresas y residentes locales, desplazaban a quienes no cumplían sus órdenes, reclutaban a niños y perpetraban violaciones sexuales, además del narcotráfico y otras actividades de crimen organizado. “Toman a niños de ocho o nueve años... Si los niños no se involucran, los amenazan”, afirmó un líder de la Comuna 13. “Aún cobran vacunas, amenazan a personas que no hacen lo que dicen... las golpean delante de todos”[182].

Los grupos han participado en asesinatos y amenazas, y a menudo han atacado a líderes comunitarios. En un caso, la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería informó que “el presidente de la junta de acción comunal... se vio obligado a renunciar a su cargo debido a las presiones ejercidas por un conocido desmovilizado”[183]. En otro momento, la unidad denunció que “en una de las juntas de acción comunal (JAC) reemplazaron a la totalidad de la junta con personas que seguían sus órdenes”[184].

“Tenemos miedo”, afirmó un grupo de líderes comunitarios de la Zona Nororiental de Medellín en 2008. “No sabemos cómo va a reventar... Los que manejan los hilos... tienen su instrumento [en] las bandas, pero los que manejan esta guerra son actores externos”[185].

En agosto de 2006, Haider Ramírez, un popular líder comunitario de la Comuna 13 fue asesinado por sicarios. Algunos meses después, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo preparó un “Informe de Riesgo” acerca de la Comuna 13[186]. El informe de riesgo advertía sobre la amenaza que supone la existencia de “grupos armados derivados de los desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, así como nuevos grupos armados ilegales post desmovilización Águilas Negras”[187]. Señaló el riesgo de que los grupos cometieran homicidios, forzaran a las personas a abandonar sus viviendas, recurrieran a las amenazas y la fuerza para reclutar nuevos miembros y sembraran temor entre la población civil[188]. Expresó que el asesinato de Haider Ramírez fue un acto premeditado destinado a crear un temor generalizado en la zona, especialmente en este año de elecciones municipales y regionales, y representaba la eliminación de líderes sociales que se negaban a participar en el orden establecido [189].

Sin embargo, la Alcaldía rechazó el informe de riesgo y señaló en su respuesta del 10 de abril de 2007 que “en la Comuna 13 no se presenta un conflicto armado; existen, eso sí, combos y grupos de delincuencia común, que son los causantes de la gran mayoría de los delitos que allí se cometen. Estos grupos no obedecen a estructura militar alguna, pues en la comuna 13 no hay presencia organizada de guerrillas o paramilitares”[190].

Dos semanas después, el 23 de abril de 2007, Judith Vergara, una líder comunitaria del barrio El Pesebre en la Comuna XIII, de 33 años de edad y madre de cuatro hijos, fue fusilada por un agresor no identificado mientras viajaba en autobús, camino a su trabajo[191]. Según Luis Fernando Quijano, quien trabajaba en estrecha colaboración con Judith, dijo que ella y otro miembro del grupo habían sido detenidos y amenazados por paramilitares en julio de 2005. Quijano afirma que Judith tenía previsto postularse a un importante cargo político, pero que algunos días antes de su muerte le había dicho que tenía miedo de hacerlo por los problemas que había tenido con los paramilitares en su barrio[192].

Según un representante de la Defensoría del Pueblo, “los dos asesinatos [el de Vergara y el de Ramírez] estaban vinculados... [A]mbos tenían problemas con los desmovilizados”[193].

Mery del Socorro Naranjo y María del Socorro Mosquera, quienes tenían puestos políticos locales en la Comuna 13, señalaron que habían sido presionadas por personas vinculadas con los paramilitares para que aprobaran proyectos que favorecían a los paramilitares utilizando presupuestos locales[194].

Otra líder comunitaria de la Zona Nororiental de Medellín señaló que había abandonado su trabajo en política debido a las presiones de los grupos sucesores: “Me amenazaron y me dijeron que dejara la junta. Lo que me duele es que me excluyeron de la administración pública por mucho tiempo”. También manifestó que los grupos presionaban a la comunidad para que votara a sus candidatos a la junta de acción comunal: “Durante la elección, van puerta a puerta, se acercan a las personas más vulnerables... y les dicen que tienen que votar por su lista”[195].

“El objetivo es controlar los presupuestos locales a través de juntas de acción comunal”, afirmó un funcionario de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín; “también se infiltran en las instituciones educativas locales, presionan a los funcionarios educativos para que les den contratos”[196].

Varios representantes de CEDECIS, una organización que trabaja en temas de educación en zonas de bajos recursos de Medellín, relataron a Human Rights Watch que en julio de 2007 algunos miembros de la Corporación Democracia se presentaron en una de las escuelas de CEDECIS. Dijeron que los hombres presionaron a las autoridades escolares para que enviaran a los estudiantes al centro de Medellín la semana siguiente a fin de que participaran en una celebración callejera en homenaje a “Don Berna”, cuando fue trasladado a la ciudad para presentar su “confesión” ante los fiscales[197].Anteriormente, cuando el jefe paramilitar “El Alemán” había estado en Medellín para presentar su confesión, cientos de personas “habían salido a la calle” para alentarlo frente a la Fiscalía[198]. “Preguntaron al director cuántos autobuses podía llenar [con estudiantes]”, afirmaron los representantes de CEDECIS. “Cuando el director se negó, comenzaron a formular amenazas, y dijeron que la escuela no valía nada [y] que nunca los había apoyado”[199].

Poco después, los funcionarios de CEDECIS emitieron un comunicado de prensa acerca de lo sucedido, y creen que gracias a esto los funcionarios de la ciudad impidieron que la Corporación Democracia celebrara un evento masivo con motivo de la confesión de “Don Berna”, como habían planeado originalmente[200]. La Corporación Democracia respondió con un comunicado de prensa en el cual expresaban que “nunca habían obligado a ninguna persona a asistir a eventos de solidaridad con [Don Berna]”, que las afirmaciones de que habían presionado a personas para que concurrieran al evento eran falsas y que quienes las formularon eran “personas inescrupulosas y malintencionadas que están en contra del proceso de paz”[201]. Los funcionarios de CEDECIS afirman que el director de la escuela recibió varias amenazas más en las semanas siguientes[202].

Otros grupos o personas que aparentemente estarían vinculadas con los paramilitares también lanzaron amenazas contra la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. En una ocasión, dos miembros del personal que realizaban trabajo de campo en la Comuna 1 debieron solicitar protección policial cuando un motociclista empezó a seguirlos; otra vez, un miembro de la Corporación Democracia acusó públicamente a miembros de la unidad de ser “guerrilleros”[203].

La Red Juvenil de Medellín, un grupo de jóvenes menores de 27 años contra la violencia, informó que había recibido amenazas después de celebrar un concierto fuera de las oficinas de Corporación Democracia. “Unas horas después del concierto, alguien apuñaló y mató a un joven en un parque cercano... Dos semanas después... llegaron amenazas por correo electrónico diciendo que nunca más hiciéramos el concierto. Circularon una lista que incluía a ocho personas de nuestra organización. Las personas de la lista fueron seguidas y fotografiadas... Un mes después, llegó una amenaza a un... periódico que trabajaba con nosotros. Los [nuevos] mensajes de correo electrónico eran similares a las amenazas que habíamos recibido, pero los autores se identificaron como grupos antiguerrilla y no como las Águilas Negras”[204]. La organización juvenil continúa llevando a cabo su trabajo, “pero aún hay mucho temor”[205].

En diciembre de 2007, los funcionarios de la MAPP informaron que un representante de la oficina local de la MAPP en Medellín había recibido una amenaza de muerte seria[206]. Un motociclista ingresó a la oficina y dijo que el director de la oficina local no debía aparecer por allí nunca más, o lo matarían[207].

Luchas por el poder

En los últimos años, el poder de las estructuras delictivas de Don Berna ha sido disputado por otros grupos sucesores y por luchas internas dentro de la Oficina de Envigado[208].

Dos de los presuntos socios de Don Berna, Gustavo Upegui y Daniel Alberto Mejía (alias “Danielito”), fueron asesinados en una aparente lucha por el poder dentro de la organización[209]. Oscar Naranjo, Director General de la Policía Nacional de Colombia, señaló en 2007 que el Vicepresidente de la Corporación Democracia, Carlos Mario Aguilar, conocido por el alias de “Rogelio”, se había convertido en el nuevo jefe de la Oficina de Envigado[210].

“Existen estructuras que en un primer momento ‘copiaron’ [siguieron las órdenes de] Berna, pero debido a la desaparición de Danielito y Upegui, comienzan a aparecer nuevas estructuras de poder que buscan su propio beneficio”, expresó un funcionario de la Defensoría del Pueblo en Medellín, a fines de 2007. “Rogelio tiene cierto control... algunos dicen que está trabajando sin Berna, otros que están juntos”[211]. En una entrevista de febrero de 2008, el General Naranjo señaló que “[d]esde hace por lo menos ocho meses lo que se notó es que había esfuerzo desde Urabá por llegar a Medellín con un grupo sicarial a tratar de someter a la Oficina de Envigado”, y eso significó varias muertes[212]. Naranjo afirmó que la Oficina de Envigado parecía haberse retirado y fraccionado, mientras que otros grupos se estaban reestructurando[213].

En mayo de 2008, el gobierno colombiano extraditó a Don Berna a Estados Unidos. “A partir de entonces, todo cambió”, manifestó el General Roberto León Riaño, entonces al frente de la Dirección de Carabineros de la Policía[214]. Explicó que se produjo un enfrentamiento entre Don Mario (de Urabá) y Rogelio. Varios meses después, Rogelio, quien una vez fue investigador de la Fiscalía General de la Nación, se habría entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses[215].

Desde entonces, los grupos de Medellín han tenido una sucesión de líderes, muchos de los cuales son paramilitares supuestamente desmovilizados, y algunos han sido detenidos o asesinados.

Por ejemplo, la policía detuvo a John William López Echavarría (conocido también como “Memín”), un miembro del Bloque Cacique Nutibara que supuestamente se había desmovilizado. Human Rights Watch había llegado a reunirse con Memín en las oficinas de la Corporación Democracia a mediados 2007. Como se explicó previamente, Memín fue finalmente condenado por desplazamiento forzado, constreñimiento al elector y concierto para delinquir (esta imputación es la que usualmente se aplica a los paramilitares) en la Comuna 8[216].

Human Rights Watch había recibido anteriormente denuncias de que Memín era la mano derecha de Antonio López (conocido también como “Job”), un alto líder del Bloque Cacique Nutibara y miembro de la Corporación Democracia que trabajaba en colaboración con Don Berna. A mediados de 2008, se desató un fuerte escándalo cuando la revista Semana publicó información sobre un encuentro de Job con altos asesores del Presidente Uribe en la Casa de Nariño, en el cual Job les ofreció materiales que supuestamente servirían para desacreditar a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema.  Job fue asesinado pocas semanas después[217].

Intensificación de los abusos

Las luchas internas y la fractura de los grupos sucesores estuvieron acompañadas por un rápido incremento de la violencia en Medellín. Según el Instituto de Medicina Legal de Medellín, en los primeros diez meses de 2009 se produjeron 1.717 homicidios. Esta cifra representa un incremento de más del 100 por ciento respecto de los 830 casos registrados en el mismo período durante 2008[218].

Muchas de las víctimas son paramilitares presuntamente desmovilizados. Según la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería , 71 paramilitares desmovilizados fueron asesinados en Medellín en 2008. Otros 125 fueron asesinados hasta el 17 de noviembre de 2009[219].

También aumentó la cantidad de desplazamientos nuevos intraurbanos. La Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería señala que en los primeros diez meses de 2009 recibió denuncias sobre el desplazamiento de 2.103 personas tan sólo dentro de la ciudad de Medellín, lo cual prácticamente triplica la cantidad de denuncias que había recibido la Personería el año anterior[220].

La Personería informó a Human Rights Watch que las personas que fueron obligadas a abandonar su hogar durante la primera mitad de 2009 identificaron como responsables en sus declaraciones a los siguientes actores: grupos paramilitares, 32 por ciento de los casos; miembros de bandas criminales, 29 por ciento de los casos; grupos armados no identificados, 24 por ciento de los casos; y personas desmovilizadas, 10 por ciento de los casos. Sólo el 4 por ciento atribuyó el desplazamiento a la delincuencia común, el 1 por ciento a guerrillas y el 1 por ciento al Ejército. En sus declaraciones, las víctimas señalan que no existen diferencias concretas entre muchos de estos grupos, ya que tienen conductas similares y sus miembros pasan fácilmente de un grupo a otro. La Personería notó que muchas de las víctimas se referían al “jefe” que maneja las cosas en el barrio, y dijo que había similitudes en los patrones de control de los grupos, lo cual sugería la existencia de redes jerárquicas más amplias. Las víctimas denunciaron reiteradamente que los grupos ejercían el control social, llevaban a cabo limpieza social, reclutaban a jóvenes y niños y participaban en extorsión y amenazas[221].

Desplazamiento del Barrio Pablo Escobar

Entre fines de 2008 y julio 2009, más de 40 residentes del barrio de Pablo Escobar (una zona pequeña que abarca unas pocas cuadras) en Medellín fueron desplazados como resultado de las amenazas y los asesinatos por parte de un grupo dirigido por ex miembros de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC[222]. Human Rights Watch entrevistó a numerosos miembros de la comunidad desplazada, quienes relataron que el grupo, que ellos creían mantenía vínculos con la Oficina de Envigado, ejercía un control estricto y violento de sus actividades.

Una mujer describió el asesinato de su hijo por el grupo en mayo de 2009 en los siguientes términos: “Cuando comenzó la guerra entre desmovilizados, las bandas de Medellín se quedaron sin ley ni líder, y en noviembre de 2008 comenzaron a matar a jóvenes que antes no se les permitía... El 28 de febrero, recibimos una amenaza y [mi hijo] nos consiguió una casa para que pudiéramos escondernos en otro barrio”[223]. Pero el grupo lo localizó en su nueva vivienda. “Lo estaban esperando en la entrada. Lo mataron. Yo salí corriendo en medio de los disparos; nos dispararon a mí y a mi hija pequeña. Reconocí a uno de los jóvenes del barrio”, dijo. La mujer afirmó que el grupo se había enojado con ellos porque había comenzado a declarar en relación con un crimen que había presenciado. “Si te quedas estás con ellos, y si te vas eres un enemigo porque eres un testigo”, dijo otro familiar[224]. “No es justo que todos hagan la vista gorda [a los crímenes que cometen]”, agregó la madre. “La banda ha dicho que nadie puede dejar el barrio o los van a cortar en pedazos... Ninguna autoridad ha intervenido y [la banda] estaba actuando libremente, por lo que no hablé mas”[225].

Varios jóvenes de la comunidad afirmaron que habían recibido amenazas del grupo intimándolos a unirse o irse. “En Medellín todos los barrios son calientes. No tenemos seguridad”, dijo uno de ellos[226].

“Han asesinado a muchas personas, ves cómo las golpean hasta matarlas. Toman para ellos a las jóvenes más lindas, de 12 o 13 años. Y si no aceptan, las violan y las matan”, afirmó otro. Varios miembros de la comunidad describieron casos de jóvenes que habían sido violadas, por lo general en una escuela abandonada llamada la “escuelita”. “Cada domingo hacen fiestas y allí llevan a cualquier joven que agarran. Ese es un pequeño infierno. Torturan a personas”, dijo otro hombre[227].

Otra mujer describió cómo su hijo había sido asesinado y descuartizado el 17 de abril de 2009. “Dijo que almorzaría conmigo... pero nunca llegó... La policía me llamó para que reconociera el cadáver... Sacaron una bolsa del baúl del carro [donde estaba su cuerpo]”. Su hijo conducía un taxi, y ella cree que fue asesinado por el grupo debido a que no aceptó trabajar con ellos. “Comencé a recibir amenazas, donde preguntaban ‘¿Cuánto vas a quedarte? o ¿Vas a salir como tu hijo?’”[228].

Según varios residentes, miembros de la policía local toleran las actividades del grupo. “La policía les tiene miedo, y como les pagan, pese a que han cambiado [al personal policial] 5 veces, siempre sucede lo mismo”, dijo un miembro de la comunidad. Según nos comentaron varios miembros de la comunidad, el grupo también maneja el negocio de la droga en el barrio y obliga a los conductores de taxis a llevar droga para ellos. Algunos residentes manifestaron que en los últimos meses, el grupo había comenzado a trabajar para un nuevo líder llamado “Chaparro”, que originalmente había formado parte de la Oficina de Envigado y quien, según señalaron, actualmente controla varios grupos en la Comuna 9 de Medellín. “Ya no podemos vivir en Medellín. Tienen tentáculos en todas partes”, dijo un residente[229].

Las personas desplazadas del barrio de Pablo Escobar no tienen a dónde ir. El Personero de Derechos Humanos de Medellín hizo gestiones para que pudieran permanecer en un refugio municipal para personas desplazadas. Sin embargo, muchos expresaron su descontento debido a que no podían trabajar mientras estaban en el refugio, por temor a ser identificados y asesinados[230]. Esneider Camilo Higuita, un hombre desplazado que decidió abandonar el refugio, fue asesinado posteriormente en el barrio de Pablo Escobar, el 12 de septiembre de 2009[231].

Las personas del refugio se encuentran en una situación de incertidumbre en cuanto a sus condiciones de vida. El fiscal a cargo de la investigación de los abusos cometidos por el grupo ha pedido reiteradamente al Programa de Protección al Testigo de la Fiscalía General de la Nación que brinde protección, y Human Rights Watch envió una carta a la Fiscalía apoyando estos pedidos[232]. Sin embargo, hasta el momento en el que se estaba elaborando este informe, la Fiscalía sólo había aprobado los pedidos de protección correspondientes a dos miembros de la comunidad. Mientras tanto, las autoridades municipales de Medellín afirman que no son responsables de proteger a la comunidad, debido a que los residentes desplazados pertenecen al programa de protección de testigos. La ciudad continúa permitiendo que permanezcan en el refugio, pero afirma que se están agotando sus recursos[233].

La investigación de los abusos en el barrio de Pablo Escobar se encuentra bajo la dirección de un fiscal especializado que forma parte de un grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar a los grupos sucesores. En octubre de 2009, el fiscal consiguió la captura de 18 hombres que la comunidad había identificado como integrantes de la banda que había cometido los abusos. No obstante, aún no han sido detenidos otros tres hombres contra los cuales se emitieron órdenes de captura.

Grupos sucesores en la región del Urabá

La región del Golfo de Urabá, que incluye parte de los departamentos de Chocó y Antioquia, ha sufrido históricamente algunas de las peores atrocidades del conflicto armado interno de Colombia. A fines de la década de 1990, los paramilitares tomaron gran parte de la región y operaban con la tolerancia, e incluso la connivencia, de algunos sectores de la 17° Brigada del Ejército, incluido, según varias fuentes, el General Rito Alejo del Río[234]. Las operaciones militares y paramilitares en la región llevaron al desplazamiento masivo de civiles, entre ellos numerosos afrocolombianos que abandonaron sus territorios tradicionales.

La región, ubicada en la costa del Pacífico, constituye un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas. Está integrada además por tierras fértiles que se utilizaron históricamente para plantaciones bananeras. Luego del desplazamiento de civiles, varias empresas privadas y propietarios de tierras —algunos de los cuales mantendrían estrechos vínculos con las AUC— ocuparon amplias extensiones de tierras afrocolombianas. Plantaron palma africana, para la producción del rentable aceite de palma, y también persiguieron la explotación maderera[235].

Desde mediados de la década de 1990, la región de Chocó en Urabá pasó a estar bajo control del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, al mando de Freddy Rendón (conocido también como “El Alemán”). Como se explica en el sitio web sobre noticias de investigación VerdadAbierta.com, que ha realizado exhaustivas investigaciones sobre la historia de los paramilitares:

[Los hombres de El Alemán] asesinaron y desplazaron a cientos de indígenas y afrodescendientes que se negaron a vender sus tierras para sembrar palma. Las comunidades de Curvaradó, Cacarica y Domingodó, hablan de por lo menos 22.000 hectáreas que les han sido arrebatadas por los hombres del Bloque Elmer Cárdenas. La zona de Belén de Bajirá en Mutatá también registra miles de hectáreas sembradas con palma, las cuales también se dice fueron tomadas por el Bloque Élmer Cárdenas, y por Vicente Castaño, tras obligar a cientos de campesinos a entregarle sus territorios. Sin embargo, todo este despojo ha sido presentado por “El Alemán” y los hombres de su Bloque como un proyecto de envergadura social... y que busca generar empresas productivas en zonas alejadas. En realidad, es parte de una estrategia de repoblamiento y control territorial cuyo eje es una agroindustria maderera y palmífera diseñada por Vicente Castaño[236].

En los últimos años, algunas personas desplazadas han intentado regresar y reclamar sus tierras, en algunos casos mediante la creación de “zonas humanitarias”, es decir, pequeñas comunidades de facto en las cuales se han asentado, o cerca de las tierras que anteriormente trabajaban.

En 2006, el Bloque Elmer Cárdenas supuestamente se desmovilizó. No obstante, un nuevo grupo bajo el mando del hermano de El Alemán, Daniel Rendón (“Don Mario”), quien también supuestamente se había desmovilizado, comenzó a operar en la región casi inmediatamente, con conductas muy similares a las del Bloque Elmer Cárdenas.

Persistencia del control y los abusos

Don Mario se presentaba frecuentemente como el verdadero heredero de Carlos Castaño, un importante ex líder de las AUC (presuntamente asesinado por su hermano Vicente Castaño), quien a menudo afirmaba que los paramilitares participaban en una lucha ideológica contra las guerrillas y al cual se atribuyen las atrocidades más aberrantes. El grupo de Don Mario utilizó diferentes nombres, como “Héroes de Castaño”,“Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y “Águilas Negras”. La policía los llama “los de Urabá”, y otros se refieren a ellos como los “Urabeños”. En 2007 y 2008 el grupo pareció crecer rápidamente y se conocieron informes de que había comenzado a tener presencia en Medellín, donde disputaba el poder a los grupos de Don Berna.

En abril de 2009, la policía detuvo a Don Mario[237]. Sin embargo, otros miembros tomaron el control de su organización.

Human Rights Watch visitó dos zonas humanitarias —áreas donde se han asentado las personas desplazadas y que reclaman como el territorio del cual fueron expulsadas— en Urabá, ambas cerca de la cuenca del río Curvaradó en el departamento de Chocó, y habló con personas de otras partes de Urabá que viajaron para reunirse con nosotros. Los residentes describieron una situación de amenazas constantes por grupos armados locales, que a menudo operan en aparente colusión con algunos empresarios y terratenientes que intentan impedir que los afrocolombianos recuperen sus tierras.

Fuentes policiales que consultamos dijeron que los grupos sucesores de la región de Urabá están cercanamente vinculados con el negocio del cultivo de palma, y que podían ser considerados “ejércitos privados”; uno de los oficiales señaló que este fenómeno también podía observarse en otras partes del país, como en los departamentos de los llanos[238].

En general, los residentes señalaron que los grupos que operan en la región se identificaban como “Águilas Negras” y formaban parte de la estructura que había dirigido Don Mario.

“Mantienen un control estricto. En Brisas, Pavarando, Curvaradó, Mutata, donde vayas, tienen el control”, dijo un residente[239]. Los residentes relataron que existían numerosos retenes de los grupos sucesores en toda la región. “Hay un retén móvil antes de salir de Mutatá para entrar a la carretera central, donde cobran una vacuna a todos los vehículos con carga”, afirmó otro. Además de exigir estos pagos a los miembros de la comunidad y a las empresas locales mediante extorsión, la mayoría de los residentes cree que estos grupos están obteniendo fondos de las plantaciones de palma y el narcotráfico. “Se encargan de los cultivos de palma. Son parte de la misma estructura [que existía anteriormente]”, afirmó un ex funcionario nacional que había trabajado en el área[240].

Una zona humanitaria que ha sido recientemente objeto de numerosas agresiones es la de Caño Manso, a la vera del río Curvaradó. El 14 de octubre de 2008, según afirman miembros de la comunidad, las Águilas Negras asesinaron al líder comunitario Gualberto Hoyos de Caño Manso. “Lo mataron a una cuadra de la escuela de Caño Manso”, dijo un residente, quien denunció que las Águilas Negras trabajaban en estrecha colaboración con empresarios y terratenientes locales[241]. Según la Comisión Interamericana, “tras el asesinato los agresores se llevaron los teléfonos celulares de la comunidad para dejarlos incomunicados. La Policía se presentó al lugar recién cinco horas después de ocurridos los hechos y el Ejército siete horas después”[242].

Durante una visita de Human Rights Watch a la región de Curvaradó realizada el 30 de mayo de 2009, los pobladores informaron que había habido un conflicto entre residentes de la zona humanitaria de Caño Manso y el administrador de tierras de la persona que había asumido el control del territorio.  Supuestamente, el administrador tenía el respaldo de miembros del Ejército. “El administrador dijo que teníamos que irnos de la zona humanitaria, lo quisiéramos o no. Uno de nuestros amigos fue amenazado. El Ejército estaba presente, vieron cómo [los hombres] cortaban la cerca [que había colocado la comunidad desplazada para delimitar su territorio] alrededor de la zona humanitaria de Caño Manso”, relató un residente. Otro agregó: “estamos preocupados porque recibimos amenazas de las Águilas Negras. Había dos hombres de las Águilas Negras allí... tomaron videos y fotos... los que tumbaron la cerca trabajan para los empresarios”[243].

Amenazado y secuestrado por defender a la comunidad

Yimmy Armando Jansasoy, un joven miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una organización no gubernamental que trabaja con las comunidades afrocolombianas de la cuenca del río Curvaradó, fue obligado a escapar de la región luego de ser amenazado y secuestrado por las “Águilas Negras” en 2008. Mientras se encontraba oculto, nos relató su historia:

A partir del 24 de agosto comenzamos a recibir amenazas de las Águilas Negras... todo el equipo de Curvaradó, ocho defensores de derechos humanos, recibimos amenazas de que debíamos abandonar la zona para seguir con vida... En esa zona hay muchos intereses... ayudamos a las comunidades a defender lo que es suyo por descendencia.

[Las amenazas] realmente afectaron las actividades de nuestra organización... El 3de septiembre, salí para hacer varias veultas y fui secuestrado por 4 hombres armados. Me metieron en un camión, boca abajo, con las manos atadas en la espalda. Me intimidaron con un arma. Me ordenaron que les diera información sobre mis compañeros de trabajo y sus familiares... Pensé que iban a matarme porque las amenazas eran en serio. Dijeron que al trabajar para la organización, lo que buscaba era morirme... [Pero finalmente me liberaron].

A partir de ese momento, tuve que abandonar mi territorio... El 6 de septiembre recibí más amenazas en mi teléfono celular. Mi colega también recibió una amenaza el mismo día... nos dimos cuenta de que estábamos tratando con una estructura grande.

Vimos que los grupos actúan con impunidad, y eso es lo lamentable. Vimos que las organizaciones de derechos humanos están en peligro porque es una estructura grande y fuerte... Son paramilitares. Se desmovilizaron, pero la desmovilización fue un acto de publicidad mundial. En realidad, los grupos mantuvieron la misma estructura. Continúan matando y explotando a sus comunidades. Mantienen su presencia en la comunidad. El estado no hace nada para poner fin a estas estructuras. Los paramilitares actúan en forma clandestina. No pueden ser visibles como a fines de los noventa, pero el control continúa. Asesinan a líderes comunitarios, a quienes hablan, explotan a las comunidades que trabajan, a la persona que trabaja. Ejercen el control sobre el territorio con la excusa de que están en contra de las guerrillas, pero en realidad están tratando a las comunidades como guerrillas, comunidades que no tienen nada que ver con el conflicto nacional... Lo hacen para controlar el territorio, obtener riqueza e imponer su agroindustria. Quieren alcanzar un alto nivel económico, pero a costa de sangre y la vida de las comunidades. Aterrorizan a las comunidades para que abandonen sus tierras... Es posible que debido a la desmovilización los paramilitares sean menos visibles, pero el control paramilitar y militar bajo la misma estructura persiste”[244].

 

Grupos sucesores en el Meta

Los departamentos al este de Bogotá, que limitan con Venezuela —Meta, Vichada, Casanare y Guaviare— y se denominan en conjunto “los llanos”, se encuentran entre los más golpeados por la violencia de las AUC. El territorio ha sido siempre valioso para el cultivo de coca, el tráfico de drogas por la frontera y el cultivo de biocombustibles, caucho, madera y recursos naturales, como petróleo y minería.

Los departamentos de los llanos también representan un claro ejemplo de continuidad entre los paramilitares de las AUC y sus grupos sucesores. El grupo más activo en la zona, el ERPAC, es una facción del Bloque Centauros de las AUC, que se mantuvo activa bajo el mando de Pedro Oliverio Guerrero (Cuchillo), pese a que este supuestamente se había desmovilizado.

Las FARC han mantenido su presencia en la región durante años, y los llanos —especialmente en Meta— también tienen una importante presencia de las fuerzas militares.

A principios de la presente década, los llanos se convirtieron en escenario de luchas internas entre diferentes grupos paramilitares, que buscaban tomar el control del territorio. Por otra parte, las Autodefensas Campesinas del Casanare participaron en una lucha sangrienta contra el Bloque Centauros de las AUC (bajo el control de Miguel Arroyave) en 2003 y 2004. Se impuso el Bloque Centauros, y su líder Miguel Arroyave participó en negociaciones de desmovilización en Ralito hasta que fue asesinado en 2004, como resultado de una lucha interna con el bloque Centauros. Ese bloque se dividió en dos facciones: los Héroes del Llano, al mando de Jesús María Piraban (Pirata), y Héroes del Guaviare, encabezados por Pedro Oliverio Guerrero (Cuchillo)[245]. Algunos funcionarios sostienen que Cuchillo es responsable de la muerte de Arroyave[246]. Tanto Cuchillo como Pirata entraron en el proceso de desmovilización, pero Cuchillo nunca se entregó.

Surgimiento del ERPAC o los “Cuchillos”

En el 2007, se desató una lucha por el control de los llanos entre el grupo de Cuchillo y diversas facciones de otros grupos de la región que estaban activas. Un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió lo siguiente en noviembre de 2007:

El no desmovilizado Bloque Guaviare (facción del Bloque Centauros de las AUC ...), al mando de Pedro Oliverio Guarrero (“Cuchillo”) se constituye en el grupo de los “Cuchillos", que gradualmente ha ido consolidando su dominio en el Meta, Vichada y Guaviare en la confrontación que libra con el grupo paramilitar de los denominados “Paisas” ó “Macacos”. A medida que el grupo de “Los Cuchillos” avanza, también fortalece su presencia en zonas de disputa con las FARC, impulsados por los recursos de la coca y por la obtención a la fuerza de grandes extensiones de tierra... , se establecen de manera violenta sobre comunidades consideradas apoyo de la guerrilla, estrategia contrainsurgente que acentúa la crudeza de las violaciones a los derechos fundamentales y las infracciones al DIH[247].

Las personas de Cuchillo se impusieron cerca de octubre de 2007, y su grupo actualmente controla gran parte de la región, si bien Human Rights Watch recibió denuncias de que otros grupos más pequeños también continúan operando allí. Otro actor que opera en la región es el narcotraficante conocido como El Loco Barrera, y varias fuentes —entre ellas, la policía— afirmaron que trabajaba con Cuchillo[248].

Varios funcionarios del gobierno, líderes de organizaciones sin fines de lucro y líderes de la iglesia y comunitarios señalaron a Human Rights Watch que Cuchillo se mueve libremente por los llanos, pese a la fuerte presencia del Ejército. Si bien la policía afirma que el ERPAC cuenta con 770 soldados bajo su mando, los medios han informado que el DAS y el CTI consideran que la cifra asciende a más de 1.200, y otras fuentes calculan la cantidad de miembros entre 2.500 y 3.000[249]. Según el Defensor del Pueblo Regional:

Este territorio está dominado por Cuchillo, que está en proceso de expansión, y está tomando el sur del estado y avanza hacia Guaviare y Vichada. Su presencia es parecida a la de los paramilitares ... Tiene una clara presencia en Puerto Lleras, Puerto Rico, y Vistahermosa, con control de la población. No hay dudas de que es Cuchillo... está presente un elemento de contrainsurgencia. Hay enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla entre Mapiripán y Puerto Gaitán. Tienen más de 1.000 miembros.

Agregó que Cuchillo recluta soldados activamente en las ciudades, incluso niños. “Ofrece entre 800.000 y 1 millón de pesos... especialmente en Villavicencio”[250].

Abusos contra civiles y actividades de contrainsurgencia

Human Rights Watch visitó diversos sectores de Meta, incluidos Puerto Rico, Vistahermosa, Granada y la capital, Villavicencio. Puerto Rico y Vistahermosa cuentan con una fuerte presencia del Ejército colombiano, que incluye retenes en las carreteras y grandes bases militares. Sin embargo, Human Rights Watch recibió numerosas denuncias de que los grupos sucesores, presuntamente bajo el mando de Cuchillo, estaban operando en el área y amenazaban y mataban a civiles. En el municipio de Vistahermosa, en particular, los residentes informaron sistemáticamente que un grupo de hombres que se identificaban como “Águilas Negras” y afirmaban trabajar para Cuchillo estaban operando en la región y amenazando a civiles. En una nota de seguimiento de octubre de 2008 a su informe de riesgo, el SAT advirtió lo siguiente:

La consolidación del proyecto expansivo del grupo paramilitar denominado los “Cuchillos”, ... en una estrategia que se ha enfocado en cortar circuitos territoriales, económicos y de movilidad, considerados estratégicos por los Frentes de las FARC que mantienen influencia en las zonas rurales de Puerto Rico y Vistahermosa, igualmente con el objetivo de controlar zonas de comercio y producción cocainera. Esto se ha visto reflejado en una espiral de violencia contra la población civil como amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento o utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, intimidación y terror, especialmente en contra de líderes de las Juntas de Acción Comunal y de Asociaciones Campesinas que son declarados objetivo militar por parte de este actor armado[251].

Un funcionario público de Vistahermosa señaló que la gente de Cuchillo había comenzado a ingresar a la zona en forma masiva en octubre de 2008[252]. Otro funcionario dijo que los hombres de Cuchillo tenían una “clara presencia en Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa, con control de la población... No hay dudas de que es Cuchillo”[253].

Residentes de Vistahermosa señalaron de manera consistente la existencia en la región de un grupo que respondía a Cuchillo y que estaba amenazando y matando a personas, y señalaron que sus miembros a menudo acusaban a los residentes de guerrilleros o afirmaban perseguir a las guerrillas.

Por ejemplo, algunos residentes de la localidad de Santo Domingo, cerca de Vistahermosa, Meta, dijeron que miembros de los grupos sucesores que en ocasiones se identificaban como Águilas Negras, pero trabajaban para Cuchillo, habían llegado a su pueblo a fines de 2008. Los miembros habrían obligado a los cocaleros a venderles, y también amenazaban a las personas, obligaban a la comunidad a alimentarlos y cometían asesinatos. Según un miembro de la comunidad: “se trata del control del territorio. Son del sur [del departamento] de Bolívar... y dicen trabajar para Cuchillo. Se visten de negro. El Ejército está allí pero no hace nada”[254].

Otro residente señaló que “hay mucho paramilitarismo allí... Están rotando constantemente, 15 ó 20 de ellos”. El hombre había abandonado anteriormente la localidad vecina de El Tigre cuando un grupo de hombres armados se presentaron durante la noche y secuestraron a varias personas. “Esto es contrainsurgencia: lo dijeron allí, que van a matar a todo lo que huela a colaborador de la guerrilla. Lo dicen delante de la gente... Estas comunidades han estado manejadas por las guerrillas durante años”.

De manera similar, en Balconcitos, otra localidad pequeña de Vistahermosa, una mujer manifestó:

 “vivimos bajo la presión de la guerrilla [y] luego llegó el Ejército. [Se fue] y luego los paramilitares llegaron en noviembre de 2008... Cuando llegaron los paramilitares en noviembre dijeron que eran autodefensas. Entraron a las casas a la fuerza y dijeron que las personas tenían que permitir que se quedaran... Ocho personas fueron desplazadas. [Los paramilitares] no hicieron mucho. Llegaban y preguntaban cuántos guerrilleros habían estado, qué estaban haciendo. Se fueron el 22 de diciembre y el Ejército llegó el 24. No le dijimos al Ejército... Dicen que están con el Ejército y que su jefe va a saber si alguno habla sobre ellos... Es la ley del silencio”[255].

Otra mujer que vivía en Balconcitos dijo que se había ido “porque los paramilitares llegaron y metieron a dos personas en cada casa. Tenían reuniones... Los de Balconcitos dijeron que eran paramilitares que trabajaban para Cuchillo. Por eso se fueron muchas personas. Un vecino nos dijo que estábamos en una lista, y entonces nos fuimos”[256].

“Los hombres de Cuchillo se metieron en la comunidad. Se hacen llamar Águilas Negras”, manifestó una mujer que había sido desplazada de La Cooperativa, Vistahermosa. “Dijeron que todo lo que oliera a guerrilla debía irse de la región. Las personas tenían miedo y comenzaron a abandonar el pueblo. Hubo muchas amenazas de los hombres de Cuchillo contra la Junta de Acción Comunal y otros”. La mujer relató que se había ido porque había escuchado que estaba en una lista armada por la gente de Cuchillo en la cual se indicaban 50 personas que serían asesinadas en Piñalito, Santo Domingo, la Cooperativa, El Tigre, Puerto Toledo y Villa La Paz.

En Caño Amarillo, un residente señaló que los grupos sucesores habían llegado al pueblo y estaban extorsionando a las personas: “Llegan muchas personas desconocidas... y no vienen a trabajar. Llegan más cuando las fuerzas de seguridad están cerca. Hace unos días cuatro hombres armados llegaron a Caño Amarillo, y las fuerzas de seguridad estaban cerca... están haciendo ‘limpieza’ de los reductos guerrilleros. El año pasado, hubo amenazas contra personas acusadas de colaborar con la guerrilla”[257].

Un residente de Mata de Bambú, Vistahermosa, dijo que los grupos se identificaban como Águilas Negras y estaban uniformados. “Van en grupos de alrededor de 150 personas y acampan en las montañas... Nos preguntaron si habíamos visto a la guerrilla”[258].

Sobre la base de los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo, se emitió una alerta temprana para los municipios de Vistahermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico. Sin embargo, un funcionario dijo que la alerta se canceló posteriormente porque “el Ministerio de Defensa se quejó... y el gobierno departamental se opuso. Hubo una reunión con el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, en la cual decidieron eliminar la alerta, pero no fue por falta de pruebas”[259].  

 

Grupos sucesores en Nariño

En el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, actualmente prevalece un contexto de violencia generalizada, con efectos sumamente negativos en términos humanitarios y de derechos humanos. Tanto las FARC y el ELN como el Ejército y la Marina, al igual que los grupos sucesores de los paramilitares y diversos grupos de narcotráfico, se mantienen activos. En 2008, de acuerdo con cifras oficiales del Observatorio de Derechos Humanos correspondientes al departamento, hubo 723 homicidios y 23.604 personas fueron desplazadas[260]. Si bien estas estadísticas oficiales se encuentran entre las más altas del país, es posible que las cifras reales sean mucho más elevadas. Según funcionarios locales y observadores internacionales, la cantidad de homicidios y desplazamientos forzados que no se denuncian es alarmante, y esto se debe a las dificultades que plantea el acceso a la región, al temor de los ciudadanos a denunciar los abusos y a que los actores armados a menudo esconden los cuerpos, descuartizándolos y sepultándolos en fosas comunes, o lanzándolos al río[261].

Nariño es un departamento mayormente rural, dedicado a la agricultura, rodeado por una extensa costa al oeste y por la cordillera de los Andes al este. Su posición y sus condiciones geográficas lo convierten en un corredor estratégico para el tráfico de drogas, y presenta rutas de transporte que llegan hasta sus puertos marítimos y atraviesan cruces fronterizos hacia Ecuador con controles deficientes. En el departamento también se cultiva coca y se ha llevado a cabo una amplia fumigación aérea con fondos del Plan Colombia provenientes de Estados Unidos. Alberga importantes comunidades afrocolombianas que se han visto gravemente afectadas por la violencia. Nariño también es una región con abundantes recursos, vastas tierras fértiles aptas para cultivos industriales como la palma africana y zonas mineras en las montañas.

Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur

El principal grupo paramilitar que operaba en Nariño era el Bloque Libertadores del Sur (BLS), que formó parte del más amplio Bloque Central Bolívar (BCB). El BCB operaba en numerosas regiones de todo el país bajo el mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”). Los hermanos Rodrigo Pérez Alzate (“Julián Bolívar”) y Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) también fueron jefes importantes del BLS y el BCB.

Según un jefe desmovilizado del BLS, el BLS habría ingresado primero a Nariño con el apoyo del Batallón Boyacá del Ejército en 2002, realizando operaciones conjuntas[262].

El BLS participó activamente en el narcotráfico en Nariño. Los informes de prensa citan a un testigo —un teniente retirado del Ejército que afirma haber trabajado en colaboración con los líderes del BLS y el BCB durante varios años— que señaló que el BLS incluso habría realizado negocios vinculados con el narcotráfico con guerrilleros de las FARC y el ELN en 2004 y 2005[263]. Sostuvo que cada semana llegaban a la región nada menos que US$ 17 millones para la compra de coca, y que los jefes del BLS ordenaron tres masacres en la localidad portuaria de Llorente que también estaban relacionadas con la venta de coca[264].

El BLS se desmovilizó formalmente el 30 de julio de 2005, y 689 personas participaron en las ceremonias de desmovilización[265]. Sin embargo, varias fuentes informaron a Human Rights Watch que el BLS actuó en forma fraudulenta durante las desmovilizaciones, permitiendo que algunos sectores de las redes paramilitares permanecieran intactos. Autoridades locales dijeron que dos o tres meses antes de la desmovilización los paramilitares reclutaban a jóvenes para que participaran en las ceremonias. Autoridades recibieron denuncias de ciudadanos que afirmaron haber visto autobuses llenos de hombres jóvenes que llegaban a la zona para cortarse el cabello y ponerse uniformes como los de los paramilitares. “No todos los paramilitares se desmovilizaron, y no todos los desmovilizados eran paramilitares”, afirmó un funcionario local[266]. El mismo funcionario describió cómo, pocas semanas antes de las desmovilizaciones, se cruzó con un grupo de hombres jóvenes en una zona rural, quienes le dijeran que les habían ofrecido ingresar al proceso para que pudieran recibir un estipendio que el gobierno entregaba a los paramilitares desmovilizados (el salario mínimo durante 18 meses)[267]. Un funcionario del centro de referencia local para desmovilizados reconoció que “algunos [de los desmovilizados] pueden ser civiles que lograron pasar inadvertidos”[268].

Surgimiento de los grupos sucesores

Desde la desmovilización del BLS, Nariño ha estado sumido en la violencia ocasionada por grupos que operan de manera similar a las AUC: reclutan, amenazan, violan y asesinan a civiles, participan en narcotráfico y compiten entre sí y con las guerrillas por el territorio. Inicialmente, el más prominente de estos grupos fue la Organización Nueva Generación (también llamada por la sigla ACNG—Autodefensas Campesinas Nueva Generación—, que actualmente se conoce simplemente como Nueva Generación o NG)[269]. Posteriormente, el grupo los Rastrojos adquirió mayor poder, y Human Rights Watch recibió numerosas denuncias sobre la presencia de un grupo conocido como Águilas Negras.

Los grupos se concentran en tres zonas principales: NG tiene mayor presencia en las montañas. Los Rastrojos y Águilas Negras operan en la costa del Pacífico (y estarían luchando por el control de la ciudad portuaria de Tumaco), y tienen cada vez mayor presencia en la región andina, en la carretera Tumaco-Pasto y en el municipio de Barbacoas.

Un funcionario del centro de referencia local para desmovilizados afirmó que escuchó “muchas denuncias de que [los desmovilizados] estaban siendo reclutados por las mismas personas. Algunos dicen que están en contacto con grupos que se mantienen activos... Buscan reclutar personas con experiencia”[270]. El funcionario manifestó que el centro de referencia intenta llevar un seguimiento, pero afirmó: “no sabemos si de noche hacen cosas” con los grupos armados[271].

La Defensoría del Pueblo, en un informe de riesgo sobre Nariño emitido en 2007, describió el caso de un joven desmovilizado del BLS que se había trasladado al departamento de Córdoba. En abril de 2007, el joven pidió ayuda a funcionarios de Nariño, a quienes informó que había aceptado una oferta de uno de sus ex comandantes para trabajar en un proyecto de explotación forestal a principios de ese año[272]. Según el informe, en realidad estaba siendo reclutado nuevamente para integrar un grupo armado con fines de contrainsurgencia:

Al llegar a la zona rural de Iscuande, probablemente sector comprendido entre las dos bocanas existentes entre Iscuande y Guapi-Cauca, encontró en ese lugar cerca de 200 personas, 90 de ellos desmovilizados ‘también traídos con engaño, como posibles trabajadores del presunto proyecto maderero, sin armamento suficiente, el cual próximamente llegará dotación total para el grupo’. Estas personas, están siendo reclutados por segunda vez con el objetivo de conformar un nuevo grupo  paramilitar, para reingresar en la región costera del pacífico con el fin de combatir a los insurgentes y su presunta base social; además unirse en el futuro con el grupo paramilitar que viene desarrollando acciones armadas en la sierra del departamento; cordillera Occidental nariñense.[273]

El joven logró escapar y las autoridades lo ayudaron a abandonar el estado[274].

Todos los grupos sucesores participan en actividades que afectan a la población civil, como la ejecución selectiva de civiles, las amenazas, la extorsión y el desplazamiento forzado.

Varios grupos de la sociedad civil, líderes políticos y activistas de derechos humanos de Nariño, como la Pastoral Social de Tumaco, el Comité Permanente de Derechos Humanos, Avre, la Organización Internacional de Migración y el Consejo Noruego para Refugiados, entre otros, han recibido amenazas por correo electrónico que habrían sido enviadas por paramilitares de Nueva Generación. Se enviaron amenazas en marzo y julio de 2007, y luego a principios de 2008, en relación con la marcha en contra de la violencia paramilitar que estaba siendo organizada para el 6 de marzo de 2008. Otro grupo que se identificó como “Legionarios del Bloque Sur de las AUC” distribuyó una carta abierta a la población de Nariño en la cual afirma ser el verdadero heredero de las AUC y anuncia que comenzará a realizar acciones en Nariño contra las guerrillas y las bandas criminales[275].

Antonio Navarro, el Gobernador de Nariño, comentó que “si no son paramilitares, son muy similares a estos grupos”[276].

Grupos sucesores en la cordillera en Nariño

Nueva Generación

Luego de la desmovilización del BLS, surgieron versiones de que grupos sucesores operaban en varios municipios en la cordillera andina de Nariño[277].

En febrero de 2007, la Misión de la Organización de los Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) informó que se creía que Nueva Generación (NG) contaba con cerca de 300 hombres que actuaban en la región y que había consolidado su control de comunidades en los municipios de Los Andes, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva[278]. El informe señaló que en las zonas rurales los miembros del grupo vestían de camuflado, portaban brazaletes con su insignia y patrullaban con armas largas. El grupo controlaba a la población civil mediante retenes en las carreteras y realizaban operativos dirigidos a civiles, como “extorsión, asesinatos selectivos, violaciones y amenazas”[279]. El grupo también se había enfrentado en combate con el Frente 29 de las FARC, y esto causó el desplazamiento masivo de civiles[280].

Un informe de la Defensoría del Pueblo señaló poco después que, además de asesinatos selectivos, desapariciones, extorsión, reclutamiento de menores y desapariciones forzadas, NG posiblemente estaría utilizando minas antipersonales[281]. El informe describió el ingreso violento de NG al municipio de Policarpa en 2006, “anunci[ando] la intención de apoderarse de algunos sectores, sin importar el costo de vidas que esto conlleva, donde lo que prima es posicionarse estratégicamente, obstaculizando la movilización de las FARC, que opera en el municipio”. En la misma región, señala el informe, los miembros de NG violaron a varias mujeres, abusaron de trabajadoras sexuales y generaron el desplazamiento masivo de civiles[282].

“Torturaron a las prostitutas durante cinco días y las violaron”, señaló un observador internacional. “Vimos dos cuerpos en el río Patía en ese entonces, y supimos que hubo muchos más”[283].

“En agosto de 2006 los paramilitares mataron a mi hijo en Policarpa. Dijeron que era guerrillero... lo torturaron, lo ataron... y le dieron tres tiros en la cabeza delante de todos”, relató una mujer. “Dijeron que me matarían así que me fui... Matan a muchas personas”[284].

En el municipio vecino de Cumbitara, un funcionario local comentó que el ingreso de NG tuvo como resultado numerosas ejecuciones y desplazamientos forzados. “Había 180 familias en Sánchez a mediados de 2006... Para agosto de 2007, eran cerca de 20 familias”, dijo el funcionario local, que visitó el área. “Se dice que si drenaran el río Patía se encontrarían miles de cuerpos”[285].

Un hombre que fue desplazado de Sánchez en 2006 señaló: “Los paramilitares mataron a mi jefe y a todos los que trabajaban con él en octubre de 2006... Eran 18 hombres y los paramilitares los mataron a todos hasta que llegaron al jefe y lo mataron”. El hombre dijo que en ese entonces había numerosos enfrentamientos entre paramilitares y las guerrillas que provocaron muchas muertes. “Era triste ver la cantidad de cuerpos que pasaban corriente abajo por el río Patía. Pero ahora encontraron otro modo de esconder los cuerpos. Les abren el estómago y meten piedras adentro. Es imposible contar cuántas personas desaparecieron aquí en los últimos dos años”[286].

Un informe de septiembre de 2007 preparado por investigadores de la Fiscalía General de la Nación, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indicaba que Guillermo Pérez Alzate (conocido también como Pablo Sevillano) era el líder de NG.  Pérez Alzate había sido el líder del BLS y supuestamente se había desmovilizado.  Fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. El informe señalaba que NG surgió inmediatamente después de la desmovilización del BLS. También indica que en un momento el grupo se partió en dos facciones a causa de una disputa interna. Uno de los subgrupos manejaba los municipios en la región norte de la cordillera de Nariño bajo el mando del jefe Jhon Jairo García, conocido por su alias, “Nené”. Nené había sido miembro del BLS pero no se había desmovilizado. Su grupo se habría organizado en cinco brigadas antiguerrilla de 30 hombres cada una, que vestían de camuflado, usaban uniformes y llevaban fusiles AK-47, y en otras 11 brigadas de 12 hombres cada una. El otro grupo, al mando de “El Rolo”, tenía presencia en los municipios sureños como Pasto e Ipiales. Según el documento en cuestión, NG contaba con 50 menores entre sus soldados, de entre 14 y 17 años. El grupo se financiaba extorsionando a la población y mediante el manejo del negocio cocalero. El informe también señalaba a NG como responsable de homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y extorsión.

Varias fuentes dijeron a Human Rights Watch que en 2006 y 2007, sectores del Ejército colombiano, en especial el Batallón Boyacá (el mismo que presuntamente ayudó al BLS a ingresar al departamento en 2002), habrían tolerado a NG. Sin embargo, en 2008 la Brigada Móvil N° 19 del Ejército ingresó a la región y comenzó a confrontar a NG, y Nené murió en un enfrentamiento con la policía. Según Fabio Trujillo, Secretario de Gobierno de Nariño, el gobierno regional había instado a las fuerzas de seguridad públicas a que emprendieran acciones contra NG, especialmente luego de una masacre en Leiva perpetrada a fines de 2007[287].

Si bien NG se habría debilitado significativamente, a mediados de 2009 algunas fuentes que viven en la región afirmaron que se mantenía activo en la cordillera, con un nuevo comandante conocido como “El Tigre” y con cerca de 200 hombres que operaban entre los municipios de Cumbitara y Policarpa.

Rastrojos y Águilas Negras

A medida que NG se debilitaba, el grupo los Rastrojos (que aparentemente estaría aliado con facciones del ELN) y las Águilas Negras han intensificado su presencia en la cordillera.

Según un informe reciente del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, “durante enero de 2009, Las “Águilas Negras”, y Las “Autodefensas Nueva Generación”, esta ultima diezmada por los golpes propinados por la Fuerza Pública, unieron esfuerzos para contener el ingreso violento de Los “Rastrojos”; los cuales habían establecidos acuerdos con la guerrilla del ELN para combatir a las FARC, en la zona norte de la cordillera occidental de Nariño”[288]. El informe señala que en su intento por controlar el territorio y las poblaciones, los grupos “están ocupando las viviendas de los moradores y les están exigiendo ... servicios... De la misma forma, el establecimiento de poderes armados... esta desencadenando una serie de mecanismos de violencia psicológica y física contra la población civil, consistentes en amenazas, extorsiones, secuestros extorsivos, asesinatos, desapariciones, y desplazamientos.”[289].

Fabio Trujillo, el Secretario de Gobierno de Nariño, también cree que las Águilas Negras se han unido con NG, y que los Rastrojos se han aliado con el ELN[290]. En igual sentido, un observador internacional afirmó que “es claro que las Águilas Negras están enfrentándose con los Rastrojos”. Calculó que actualmente, entre los dos grupos, hay al menos 600 hombres alrededor de Policarpa. “Todos los grupos están ejerciendo presión sobre la región controlada por la guerrilla: el Patía, El Charco. El Ejército y la Armada están allí. Hay ataques entre la guerrilla y estos paras”[291].

Sin embargo, la policía de Nariño se refirió únicamente a Rastrojos y NG, y sostuvo que las Águilas Negras en realidad eran NG que usaban el nombre de Águilas Negras[292].

Una joven de Madrigal describió el estricto control al cual las Águilas Negras sometían a su pueblo, bajo el mando de un hombre conocido como “Araña”:

[L]as Águilas Negras operan abiertamente en el pueblo. Los Rastrojos están en la montaña. Se dice que la guerrilla está al otro lado del pueblo. Las Águilas Negras siempre han estado cerca, pero el 1 de junio comenzaron a entrar al pueblo. Antes venían y se llevaba cosas del pueblo, pero ahora viven en las casas en el pueblo. Después comenzaron a matar a jóvenes de 15 o 16 años... cobraban vacunas a los negocios. Yo conocía a uno de los jóvenes que mataron. Están proponiendo que los jóvenes vayan con ellos. Uno de mis amigos va a ir. A las 6 p.m. cierra todo y ellos dan vueltas en carros... Amenazas a las jóvenes y les proponen que se prostituyan para ellos. En Madrigal, tres chicas se fueron y a una la mataron [en la localidad vecina de Santa Cruz]... Las otras dos han desaparecido... La policía está con Araña, ellos conocen la situación[293].

Un hombre de Santa Cruz ofreció un relato similar:

En Madrigal... las Águilas Negras nos interrogan, con la policía a 20 metros... no puedes confiar en el Ejército ni la policía porque prácticamente están con ellos. En Santa Cruz, no parecen ser Águilas Negras, porque están en Madrigal y Bajo Cumbitara...

En Santa Cruz y Santa Rosa, tenemos a los Rastrojos. Llegaron en marzo o abril. Llegaron... en camuflado. Son muchísimos, 100, 150, 300; han crecido muchísimo. Están en la localidad de Santa Rosa y luego se meten en el campo. Están unos días en Santa Cruz y luego se van. Vienen y cobran la vacuna a los empresarios. Parece que a veces se enfrentan a la guerrilla y otras a las Águilas Negras y Nueva Generación. Se identifican como Rastrojos... Han realizado dos encuentros con la comunidad en Santa Cruz y dicen que son los Rastrojos. Arman cronogramas...

Antes de los Rastrojos, tuvimos a NG. El Ejército atacó a NG hace como un año... el Ejército se quedó durante 3 semanas. Se fueron, y unos días después los Rastrojos ingresaron a Santa Rosa y Santa Cruz. También lo hizo NG, pero como Águilas Negras... Los Rastrojos tienen retenes en Santa Cruz.... Los Águilas Negras y los Rastrojos están luchando por el territorio[294].

Grupos sucesores en la vía Junín-Barbacoas

Varias fuentes describieron la presencia de un grupo armado, que se cree pertenecería a los Rastrojos, en la carretera entre Junín (junto a la carretera Tumaco-Pasto) y Barbacoas, donde se afirma que, en julio de 2008, tenían un retén[295]. Según varias fuentes, en el retén el grupo no sólo detenía a los vehículos sino que también secuestraba a civiles. “El Ejército está en Buenavista y los Rastrojos están a 5 o 10 km de allí. Oficialmente, el Ejército no puede enfrentarlos porque son responsabilidad de la policía. No son un objetivo militar del gobierno”, comentó un observador internacional[296].

Fabio Trujillo, el Secretario de Gobierno de Nariño, reconoció que un grupo armado había estado deteniendo autobuses en la carretera Junín-Barbacoas, había obligado a las personas a descender y, en algunos casos, había perpetrado asesinatos selectivos. También reconoció que los grupos realizaban un censo de la población de algunas localidades, de modo de tener un registro de quiénes llegaban y se iban, y así mantener controlado el territorio[297].

Sin embargo, el Comandante de la Policía de Nariño, el Coronel William Montezuma, afirmó que “es mentira” que existan retenes en el camino Junín-Barbacoas o que los grupos hayan matado o detenido a personas. También dijo que no sabía de ningún censo de la población: “Es posible que grupos armados ilegales hayan cometido violaciones... pero no sé de ninguna denuncia formal”[298].

 

Grupos sucesores en la costa del Pacífico

Existe una presencia significativa de Águilas Negras, Rastrojos y otros grupos en la costa. A mediados de julio de 2009, la policía de Nariño dijo que se produjeron 154 asesinatos en el municipio de Tumaco en 2009, lo cual representa un incremento respecto de los más de 132 registrados durante los primeros 7 meses de 2007[299]. Los residentes de Tumaco, al igual que los observadores internacionales y las autoridades nacionales y regionales, entre ellas Fabio Trujillo, dijeron que los Rastrojos y las Águilas Negras protagonizaban una intensa batalla por el control de Tumaco[300].

Un representante de personas desplazadas de la costa de Nariño nos comentó que los grupos en la zona rural de Tumaco no sólo se están matando entre sí sino que también asesinan a civiles que se niegan a venderles coca, y que los civiles reconocen a algunos de los miembros de los grupos sucesores como ex miembros y comandantes del BLS[301].

Los grupos han amenazado y atacado a defensores de derechos humanos de la zona. Por ejemplo, la organización Cáritas denunció el asesinato, presuntamente a manos de estos grupos, de Felipe Landazury, un miembro del consejo comunitario local quien también trabajaba para la Caritas diocesana en Tumaco ayudando a personas desplazadas:

Un grupo de hombres armados atacaron Candelilla de la Mar y capturaron al Sr. Landazury. Dos horas después, el cadáver del trabajador de Caritas fue encontrado con tres heridas de bala en la cabeza.  Los hombres armados rodearon la comunidad local y amenazaron a sus miembros, acusándolos de pasar información al ejército y los guerrilleros colombianos sobre sus actividades en la zona... El asesinato de Landazury ocurre en circunstancias en que miembros del personal de Caritas y personas que trabajan con ellos, como los maestros de escuelas, eran objeto de amenazas de muerte[302].

Un informe de mayo de 2007 de la Defensoría del Pueblo había descrito la creciente presencia de los grupos sucesores en los municipios de El Charco, La Tola, Iscuandé y Olaya Herrera, en la costa del Pacífico[303]. En general, estas han sido zonas que han tenido presencia de las FARC y el ELN, pero el informe señaló que ACNG, Águilas Negras y Rastrojos aparecían cada vez con mayor frecuencia en estas áreas, en especial en las capitales municipales, donde buscaban influir a quienes adoptaban decisiones a nivel local[304]. En 2008, Human Rights Watch también recibió denuncias de que miembros de grupos armados que usaban brazaletes con la insignia ACN, de “Autodefensas Campesinas de Nariño”, habían sido vistos en Satinga[305]. “Dieron la orden de que todas las embarcaciones que fueran a Satinga debían detenerse en Pital para ser revisadas y para ver si los dejaban pasar”, comentó un líder comunitario[306].

Una mujer de Satinga describió hostigamiento y ataques continuos por parte de los grupos sucesores:

Los vemos venir, vemos que hablan con las personas, les piden la vacuna y, si hay ganado o una gallina, se los llevan. Matan a personas de la comunidad cuando no pagan... es muy alto... en una zona muy pobre. Las personas no tienen dinero para pagar la vacuna. Tienen que irse, convertirse en desplazados en Cali, Buenaventura, Tumaco... Pelean con la guerrilla: escuchamos los combates y [vemos] los muertos. Hay explosiones. No es el Ejército ni la Infantería... Son como criminales, pero se enfrentan a la guerrilla. Se visten igual que el Ejército pero llevan una insignia en los hombros o la espalda, y hace 6 meses o un año llevaban un brazalete de las AUC. Las AUC se han entregado, pero en el centro del país, no en la costa. Una parte se entregó pero el resto sigue. Las cosas han cambiado muy poco. La realidad que uno vive es muy distinta a como la presenta el gobierno[307].

Una persona que trabaja en los municipios de Satinga, Olaya Herrera y Mosquera dijo:

La violencia continúa pero en menor escala, las personas desaparecen y unos pocos días después se ven los cuerpos que bajan por el río. Usan a muchos jóvenes para entregar drogas y recibir dinero, y cuando regresan los matan para no tener que pagarles. En algunos casos, han amenazado a miembros de los consejos comunitarios, en especial para iniciar la toma de los territorios. Es una fuerza de para-narcos o narcos defendidos por paras... En algunas comunidades, esto ha causado desplazamientos[308].

Entre junio y julio de 2008, más de 200 familias en tres comunidades de Satinga (San José La Turbia, Herradura y Gómez Jurado) fueron desplazadas luego del asesinato de dos jóvenes y la desaparición forzada de otro a manos de las ACN. “Ataron a las personas, las empujaron al piso, sacaron a algunas y las mataron frente a los demás... Nadie sabe por qué. Eran personas pobres”[309]. Según una fuente, 118 familias de San José La Turbia, 53 de la Herradura y 40 de Gómez Jurado fueron desplazadas. “Entraron al casco urbano de Satinga... vaciaron las casas y revolvieron cada habitación. Dejaron pintas en las casas que decían ACN—Autodefensas Campesinas de Nariño”[310].

Un líder comunitario de la región describió los sucesos del siguiente modo:

Llamaron a una reunión de la comunidad [en el pueblo], y los acusaron de ayudar a la guerrilla. Se llevaron a un joven que nunca más apareció. La segunda noche se llevaron a otro al agua y lo mataron. Luego mataron a otro en la calle frente a la comunidad. Estaban uniformados, con uniformes de infantería de marina, pero tenían brazaletes de las ACN... Dicen que eran cerca de 48 ó 50 en un bote... La noche del asesinato, había 80 familias en el campo... Luego de la primera noche, recolectaron todas las armas que había en la comunidad y dijeron que nadie debía avisar a la infantería de marina porque ya habían sido avisados[311].

El líder comunitario dijo que se considera en general que el grupo es de fuera de la región. Señaló que los miembros de la comunidad estaban sumamente preocupados porque no hubo ninguna investigación y nadie había sido juzgado. “Sentimos que tenemos que dejar nuestro territorio, con la violencia, el miedo... En Satinga cada noche hay 2, 3, 4 muertos. Nadie dice nada. Es un modo de eliminarnos discretamente. Nos estamos muriendo uno tras otro. Por Dios, no podemos permitir que nos maten de este modo”[312].

Otra fuente dijo que los grupos “generan miedo en las personas... Toman las casas de las personas desplazadas. Ejercen el control, saben sobre los movimientos de las embarcaciones y el narcotráfico. Algunos son contrainsurgentes y otros defienden el narcotráfico. Los contrainsurgentes son los que señalan a la población civil, o atacan a jóvenes que parecen de la guerrilla”[313].

Según un líder comunitario:

En Mosquera y Satinga hablan de las Águilas Negras y las ACN, pero para nosotros son paras; es la misma barbaridad, brutalidad, violencia, armas, uniformes de la marina. En el pueblo están vestidos de civil, pero más allá están uniformados o visten de negro. Tienen retenes en la salida de Olaya Herrera y más allá... Aparentemente matan a los colaboradores de la guerrilla para infundir el terror. La cuestión en San José fue imponer el terror, un asesinato frente a la comunidad. ... Muchos cuerpos bajan por el río Sanguianga y nadie los recoge. Las ACN se mantienen con los narcos, pero es un modo de controlar el territorio.

Los asesinatos en El Roble

El 15 de septiembre de 2008, varios hombres armados llegaron a la pequeña localidad de El Roble, en las afueras de Tumaco, lanzaron una granada afuera de una vivienda al límite del pueblo, ingresaron por la fuerza y dispararon contra los habitantes. Dos hombres y una mujer mayor murieron como resultado del ataque, y un bebé resultó herido. Human Rights Watch se encontraba en otra parte de Tumaco en ese momento y, en los días siguientes, entrevistó a sobrevivientes y a las autoridades locales, incluida la policía, observó los cuerpos de las víctimas en el cementerio de Tumaco y asistió a un encuentro comunitario en El Roble.

Los miembros de la comunidad y otras personas dijeron que los asesinos pertenecían a un grupo desconocido, posiblemente los Rastrojos, a quienes describieron como “paramilitares”. Según varios testigos, dos días antes de los asesinatos, el 13 de septiembre de 2008, hubo un encuentro comunitario en el cual algunos miembros de la comunidad se habían quejado de la presión que sufrían por parte las FARC y los Rastrojos. Esa tarde, cuatro hombres, que se cree pertenecían a los Rastrojos, tuvieron una discusión con un hombre de El Roble. La discusión concluyó cuando el hombre de El Roble disparó contra uno de los Rastrojos y lo hirió. La comunidad, por temor a que los hombres regresaran con ánimo de venganza, pidió a las fuerzas de seguridad pública que ingresaran para brindarles protección. Las autoridades locales dijeron a Human Rights Watch que el Ejército estuvo en el pueblo durante algunas horas, pero luego se retiró. Se cree que los asesinatos del 15 de septiembre habrían sido cometidos por los mismos hombres que llegaron al pueblo el 13 de ese mes.

Un vecino de las víctimas describió su experiencia:

Mi padre estaba afuera y yo estaba en casa con mi hermano cuando escuchamos la explosión de la granada frente a nuestra casa. Luego oímos disparos y una mujer que pedía ayuda. Creí que era mi tía. Tenía a mi hijo en brazos y traté de escapar... Al correr me llevé por delante un alambre que me cortó y quise gritar... Dispararon a un niño y una mujer que no tenían nada que ver... Mi hijo que estaba en brazos dijo corramos, van a matarnos... Le dije que no llorara”[314].

Según otra mujer del pueblo:

Las tres personas que mataron eran buenos vecinos... Los [que las mataron] eran paras. Habían estado en el pueblo antes y el pueblo se reunió y les dijo que no podían entrar ni permanecer allí. Los paras tomaron las armas de las personas del pueblo y andaban como civiles. El pueblo es fuerte, y cuando escucharon disparos salieron a buscar a los paras, pero ya se habían ido... El Ejército no protegió al pueblo. Cuando la policía llegó... los paras se habían ido[315].

A la entrada del hospital en el cual estaba siendo atendido el bebé luego del ataque, hablamos con una amiga de la familia agredida. Nos dijo que “las personas que murieron eran la abuela, el hijo de esta y otro vecino. Los [sobrevivientes] debieron ir al hospital en una canoa porque tenían miedo de ir por tierra”. Agregó: “Me siento impotente. La gente no puede hacer nada en estos casos. Gente que nunca molestó a nadie, que era completamente inocente, tienen que pagar”[316].

Cuando Human Rights Watch se dirigió a la morgue donde estaban los cuerpos de las víctimas el 17 de septiembre de 2008, descubrió que la policía había dejado los cuerpos afuera de la morgue en el cementerio de Tomaco, sin ninguna supervisión, apenas envueltos en bolsas plásticas. Los cuerpos habían sido rodeados por residentes curiosos de Tumaco que, cada tanto, levantaban el plástico para mirar los cadáveres. Los funcionarios del Instituto de Medicina Legal, que normalmente llevan a cabo las autopsias en este tipo de casos, dijeron a Human Rights Watch que ni siquiera sabían que los cuerpos estaban allí, y que de todos modos no podían hacer nada porque la policía no les había dado los documentos pertinentes para mantener la cadena de custodia (pese a que esta ya se había interrumpido cuando la policía abandonó los cuerpos)[317]. A su vez, cuando Human Rights Watch preguntó a la policía por qué habían dejado los cuerpos sin ninguna supervisión, no pudieron ofrecer ninguna explicación[318].

El 18 de septiembre de 2008, el alcalde de Tumaco, junto a representantes de la armada, asistió a un encuentro comunitario en El Roble. Human Rights Watch observó cómo varios líderes comunitarios se quejaban por los asesinatos y pedían a las autoridades que les brindaran mayor seguridad: “No somos violentos, somos personas trabajadoras que quieren una sociedad sin violencia”, expresó uno de ellos. El alcalde de Tumaco dijo a los asistentes que el problema básico era que había personas en la comunidad que cultivaban coca. Los líderes de la comunidad manifestaron que muchos habían dejado de cultivar coca y que, en todo caso, necesitaban protección porque los grupos armados —tanto las guerrillas como los sucesores de los paramilitares— los presionaban para que cultivaran. “Exigimos ayuda inmediata porque las personas están siendo desplazadas. Estamos dispuestos a abandonar un cultivo que no representa nuestro trabajo y porque sabemos que nos trae problemas”, afirmó un líder.[319]

 

VI. La Respuesta del Gobierno Colombiano

Pese a su clara obligación de actuar para impedir el surgimiento de los grupos sucesores y la amenaza que suponen, hasta el momento la respuesta del gobierno colombiano ha sido deficiente e ineficaz. El gobierno aún no ha adoptado medidas adecuadas para enfrentar y desarticular a los grupos, proteger a la población civil de abusos o prevenir tolerancia de los grupos sucesores por parte de agentes del estado, para lo cual debe investigar y juzgar con firmeza a los funcionarios contra quienes pesan denuncias creíbles de que han tolerado a estos grupos o de algún modo actuado en connivencia con ellos.

 

Obligación de brindar protección contra los grupos sucesores

Los grupos sucesores han sido catalogados de distintas maneras, como paramilitares, bandas criminales, grupos armados ilegales y carteles de narcotráfico. Algunas organizaciones no gubernamentales hablan de una “nueva generación de paramilitares” o “nuevos grupos paramilitares”[320]. La MAPP/OAS habla de “estructuras armadas ilegales de perfil delincuencial”, así como “grupos armados ilegales” y “facciones armadas, estrechamente relacionadas con el desarrollo de economías ilegales”[321]. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace mención de “grupos armados ilegales surgido[s] después de la desmovilización”[322].

Por su parte, el gobierno colombiano se niega a referirse los grupos sucesores como paramilitares —dado que afirma que los paramilitares se han desmovilizado— y, en cambio, los clasifica como “bandas criminales emergentes” o BACRIM. Algunas fuentes han explicado que la negativa del gobierno colombiano a catalogar de paramilitares a los grupos sucesores se debe a que el gobierno quiere impedir que estos grupos puedan reclamar el estatus de grupo armado ilegal para efectos de beneficios en futuras negociaciones con el gobierno.[323]  Pero esta explicación es inadecuada, ya que el gobierno colombiano ha participado en negociaciones en el pasado con organizaciones criminales—tales como el cartel de Medellín, de Pablo Escobar—ofreciéndoles beneficios sin importar su estatus como criminales o grupos armados.   

Sin embargo, como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “independientemente de su denominación, [los grupos] constituyen fuente de legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra la población civil”[324]. Y más allá de cómo sean catalogados, el gobierno colombiano tiene responsabilidades específicas de hacer frente a la amenaza que representan para la población civil. Entre estas obligaciones se incluyen proteger a los civiles frente a agresiones, prevenir abusos y garantizar el juzgamiento de los abusos ocurridos[325]. El grado de responsabilidad del estado por los abusos de los grupos sucesores se incrementará en función de la medida en que los agentes del estado toleren a estos grupos o colaboren con ellos.

Independientemente de la decisión del gobierno colombiano de no calificar a estos grupos como paramilitares, algunos podrían considerarse grupos armados a efectos de las leyes de guerra (derecho internacional humanitario, DIH). En la práctica, los grupos sucesores tienen distintos niveles de organización y control territorial, y algunos están más ligados al conflicto entre las fuerzas de seguridad colombianas y las FARC y el ELN que otros.

Los grupos que pueden señalarse como vinculados al conflicto con la guerrilla, que operan bajo la dirección de un mando responsable y que ejercen sobre un territorio un control tal “que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” se consideran grupos armados a efectos del derecho internacional humanitario y deben estar sujetos a este.[326] Varios de los grupos sucesores, como Nueva Generación en Nariño, así como los grupos que operan en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare, se encuadran en esta descripción, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia[327]. Es plausible sostener que los otros grupos de Nariño, al igual que los de Urabá, sobre los cuales se ha informado que suelen enfrentarse a algunas de las guerrillas y que cuentan con una presencia territorial significativa, también se encuadran en la descripción.

Otros grupos, con un menor grado de control territorial y organización, o que no estén alineados con el conflicto, pueden ser simples “organizaciones criminales” respecto de las cuales el estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación[328].

Combatir a los grupos

La decisión de usar a la Policía en vez del Ejército para combatir a los grupos sucesores

Mediante una directiva emitida en 2009, el Ministerio de Defensa ha asignado la principal responsabilidad de combatir a los grupos sucesores a la Policía Nacional de Colombia, y ha limitado estrictamente el rol del Ejército. Esta decisión se fundamentó en la posición del gobierno de que los grupos sucesores son simples bandas criminales (o BACRIM), y que combatirlos es una misión propia de la policía, y no del Ejército.

La directiva de 2009 del Ministerio de Defensa dispone que “la Policía Nacional tendrá primacía en la lucha contra las BACRIM.  Cuando lo considere necesario, podrá requerir apoyo de las Fuerzas Militares conforme al procedimiento establecido en [otra sección de la directiva]]”[329]. Concretamente, cuando la policía requiera asistencia, el Director de la Policía Nacional podrá pedir una reunión con un Grupo Asesor a cargo del Comandante de las Fuerzas Armadas, el cual determinará el nivel de fuerza que podrá utilizarse para responder a dichos requerimientos[330]. La directiva dispone asimismo que el Grupo Asesor determinará qué BACRIM serán objeto de los operativos militares efectuados en respaldo de la Policía Nacional, si bien señala que “en cualquier caso, en cumplimiento del deber constitucional de las FFMM de proteger a la población, cuando las unidades militares desplieguen operaciones y tengan contacto con un grupo de BACRIM que no haya sido identificado como objeto de operaciones... el uso de la fuerza se hará en legítima defensa.”[331]

La unidad de policía encargada de llevar a cabo la mayoría de los operativos contra los grupos sucesores es la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural[332]. Son cinco las zonas que han sido asignadas como el foco principal de los operativos de los Carabineros. Cada zona tiene varios escuadrones móviles de Carabineros (cada uno integrado por 3 oficiales, 10 suboficiales y 107 guardias)[333]. Fuentes policiales señalaron que en total había 71 escuadrones móviles, 20 de los cuales pertenecían a la Dirección de Antinarcóticos y eran usados con fines de erradicación, y no para luchar contra grupos sucesores. Los otros 51 estaban en la unidad de Carabineros, y fueron asignados a la lucha contra grupos sucesores en las zonas rurales.

Esta manera de enfrentar a los grupos sucesores ofrece algunas ventajas, ya que es más factible que la policía realice investigaciones y capturas. El Ejército es más propenso a usar la fuerza, y es sabido que ha cometido ejecuciones extrajudiciales, como ha quedado exhaustivamente documentado por numerosas organizaciones y el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales[334].

Sin embargo, la actual división de responsabilidades ha generado algunas consecuencias problemáticas en la práctica.

En primer lugar, la policía carece de presencia territorial fuerte, en especial en las zonas rurales, y por lo tanto simplemente no está activa en muchas regiones en las cuales operan los grupos sucesores. Normalmente, la policía opera en áreas urbanas y sólo las unidades de carabineros están presentes en las zonas rurales. No obstante, en la mayoría de las zonas rurales que visitó Human Rights Watch y donde estaban activos los grupos sucesores, los residentes no habían notado ninguna señal de la presencia de las unidades de carabineros. Lo mismo se constató en sectores de Meta, Urabá y Nariño. Si bien la policía afirma que cuenta con recursos suficientes para cumplir su misión, algunos altos funcionarios del Ministerio de Defensa comentaron en las reuniones con Human Rights Watch que la policía no tenía la capacidad ni los recursos necesarios para enfrentar efectivamente a los grupos sucesores en las zonas rurales[335]. Por ejemplo, en Meta, la policía de Vistahermosa dijo a Human Rights Watch que habían sido asignados a trabajar únicamente en las zonas urbanas y que no se ocupaban de los grupos sucesores en las zonas rurales vecinas, como la pequeña localidad de Santo Domingo, donde pese a que los residentes denunciaban continuamente abusos por parte de los hombres de Cuchillo, no había ninguna unidad de carabineros para enfrentar a este grupo[336].

En segundo lugar, si bien la directiva dispone que el Ejército puede combatir a los grupos sucesores para proteger a la población civil en áreas donde la policía no está presente, al menos algunos sectores del Ejército no lo están haciendo.

Human Rights Watch observó este patrón en Meta, donde pese a numerosas denuncias de residentes y autoridades civiles de que los hombres de Cuchillo estaban operando en Vistahermosa, representantes tanto de la policía como del Ejército negaron que Cuchillo tuviera una presencia significativa en la región. Peor aún, ambas entidades señalaron a la otra como responsable de hacer frente a estos grupos. Cuando hablamos con la policía de Vistahermosa, negaron que hubiera grupos vinculados con los paramilitares en la zona, sino solamente guerrillas. “Cuchillo no está en Vistahermosa, tal vez esté en otras partes de Meta”, dijo el comandante del Departamento de Policía de Vistahermosa[337]. Afirmó que su unidad de policía no era responsable de patrullar las zonas rurales, y que esa tarea es responsabilidad del Ejército.

El Coronel Correa, Comandante de la Brigada Móvil N.°12, dijo que había alguna presencia de crimen organizado en la región, “pero es una situación que debe manejar la policía, y no el Ejército, porque son bandas criminales. No son grupos contrainsurgentes... Si los grupos crecen demasiado, entonces sería normal que la policía pidiera ayuda al Ejército, pero los grupos no son tan grandes... Debe haber 15 ó 20 hombres armados, y otros 20 informantes. Cuchillo está en Guaviare, no en Meta”[338]. El Coronel señaló que su Brigada tenía 1.600 soldados en Vistahermosa.

Resultados mixtos y obstáculos en la lucha contra los grupos

La policía ha logrado algunos importantes resultados, como la captura de altos mandos de los grupos sucesores. Por ejemplo, el grupo conocido como “Los Nevados”, que operaba en la costa del Atlántico en zonas que anteriormente estaban bajo el control del Bloque Norte de las AUC, fue debilitado sustancialmente luego de la muerte de uno de sus líderes, Víctor Manuel Mejía Munera, y la detención de su hermano Miguel Ángel[339]. Del mismo modo, la detención de “Don Mario” en Urabá por la policía y de numerosos líderes de la Oficina de Envigado y otros grupos en Medellín ha significado un fuerte embate contra estos grupos.

No obstante, la policía parece haber librado una batalla inútil contra estos grupos. En palabras de un oficial de la MAPP/OEA (y también las palabras de Alexander Pulgarín, de Medellín), “un rey muerto es [...] rey puesto”. A medida que los líderes de las organizaciones son capturados, suelen ser reemplazados por nuevos líderes, como aparentemente sucedió en Urabá luego de la detención de Don Mario. Y en casos en que se han asestado fuertes golpes a estos grupos, otros han ocupado su lugar. Por ejemplo, según uno de los fiscales especializados encargados de investigar a los grupos sucesores, luego de la muerte y detención de los mellizos Mejía Munera, los Nevados fueron absorbidos por los Paisas en Magdalena y Barranquilla[340]. El reclutamiento constante permite a estos grupos reemplazar fácilmente a los miembros que pierden.

Como se señaló precedentemente, las cifras oficiales de la policía indican que la cantidad de miembros de estos grupos ha sido casi la misma desde 2006 (con un leve crecimiento de 4.000 a 4.037 entre 2006 y mediados de 2009). Y su presencia territorial se ha incrementado, de 110 municipios a 173.

Esto resulta particularmente preocupante dado que durante el mismo período las fuerzas de seguridad afirman haber capturado a 6.403 miembros de los grupos sucesores y haber dado de baja a 1.184. (De este total, la policía capturó a 4.244 miembros de los grupos y mató a 39, el Ejército arrestó a 1.823 y dio muerte a 1.138, la Marina arrestó a 155 y mató a 1, el DAS arrestó a 179 y mató a 6 y el CTI arrestó a 2[341].)

Que la cantidad de miembros de los grupos sucesores se mantenga constante, pese a la detención de más de 6.000 presuntos miembros, despierta dudas acerca de la efectividad de las medidas del estado para combatirlos.

Una explicación de estas cifras puede ser que algunas de las capturas no estén debidamente fundamentadas. Uno de los fiscales que investigan a los grupos sucesores señaló que había visto muchos casos en los cuales, para lograr resultados, la policía había detenido a personas por delitos que no guardaban relación con la actividad de los grupos sucesores (por ejemplo, por no pagar la cuota alimentaria) y los computaba como capturas de miembros de los grupos sucesores[342]. También es posible que estas capturas sean insuficientes para impedir el crecimiento de los grupos si no están acompañadas por investigaciones efectivas que lleguen a quienes financian a los grupos y frustren su capacidad de reemplazar a los miembros y líderes que son capturados.

Falta de rendición de cuentas

Como se señaló anteriormente, la Fiscalía General de la Nación ha creado una unidad especializada dedicada a la investigación de los grupos sucesores. El grupo comenzó a trabajar con cuatro fiscales y siete u ocho investigadores en Bogotá, en noviembre de 2008. También cuenta con algunos fiscales locales que trabajan para la Fiscalía en Medellín, Meta y Antioquia. Según uno de sus fiscales especializados, debido a la falta de recursos el grupo comenzó a centrarse en cuatro grupos principales: los Nevados, el ERPAC, los Urabeños y los Paisas[343]. Dijo que aún no se habían concentrado en Nariño. Los grupos “mutan constantemente.  Hace 6 meses los más duros eran los Urabeños. Ahora son los Rastrojos. La judicialización es un proceso lento.  Estamos iniciando con los Rastrojos... Lo peor ahora son los Rastrojos, los Urabeños, los Paisas y el ERPAC”[344].

Las principales dificultades que enfrenta la unidad, según el fiscal, son: en primer lugar, la necesidad de contar con más fiscales e investigadores en la unidad. Un fiscal por grupo principal no es suficiente, señaló[345]. Las fuentes de la policía coincidieron con esta afirmación, y opinaron que los fiscales de la unidad son “fabulosos” y que podrían trabajar con el número que tienen, pero que sería mucho mejor si fueran más[346]. En segundo lugar, dijo que los fiscales a menudo no podían desempeñar su labor de manera efectiva porque los oficiales de otras instituciones del estado, como la policía y el Ejército, no hacían su trabajo. En tercer lugar, manifestó que los vínculos entre los grupos y varias instituciones del estado, como las autoridades de aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad pública, representan un grave problema. El fiscal explicó que su unidad también investiga estos vínculos, pero observó que era difícil iniciar procedimientos penales contra funcionarios públicos, ya que “tienen más que perder” que otras personas, de modo que los fiscales son más prudentes. En tercer lugar, dijo que su unidad necesitaba contar con mayor acceso a escuchas telefónicas y otro tipo de intervención de comunicaciones para poder investigar en forma efectiva a los funcionarios. “Nuestra mayor fortaleza investigativa son las interceptaciones.  Los testigos son difíciles, se retractan, los amenazan, no aceptan el programa de protección. Pero la prueba técnica está ahí. Lo de los cupos en las salas de interceptación es difícil porque nunca hay cupos.  No tenemos un cupo establecido, ” nos dijo[347]. En otras palabras, mientras algunos organismos o unidades de la Fiscalía General de la Nación tienen acceso permanente a tecnología de intervención telefónica que les permite interceptar llamadas de funcionarios, la unidad no cuenta con dicho acceso. Como resultado, a menudo debe esperar a que la tecnología se encuentre disponible para llevar a cabo intervenciones legítimas.

Desde octubre de 2008 hasta julio de 2009, la unidad había obtenido cerca de 300 órdenes de captura, la mayoría contra miembros de los Urabeños y el ERPAC. También, según uno de los fiscales del grupo, habían capturado entre 70 y 80 personas, y estaban negociando las penas de algunas de ellas. Otras unidades de la Fiscalía General de la Nación, como la Unidad de Antinarcóticos, también han efectuado algunas capturas (por ejemplo, el caso contra Don Mario está siendo llevado por la unidad de antinarcóticos).

Los procedimientos también se ven afectados por problemas generales en la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, en varias oportunidades fiscales han manifestado a Human Rights Watch la dificultad de obtener protección para los testigos, aún en casos sumamente sensibles que involucran a los grupos sucesores.

Tolerancia por parte de agentes del estado

Una de las explicaciones que dio la policía acerca de por qué no se ha podido detener el crecimiento de los grupos sucesores de los paramilitares es que su “poder de corrupción es fuerte. Han tocado al Ejército... fiscalías [regionales], y ni hablar de la de Medellín. Eso crea problemas cuando uno captura”[348].

Uno de los fiscales especializados que investigan a los grupos sucesores también apuntó a supuestos vínculos entre los grupos y agentes del estado como uno de los problemas que existen en Urabá: “Existen vínculos con la fuerza pública, Fiscalía, Policía, DAS. Se mueven como pez en el agua. Cualquier operativo, les avisan y se van de la zona.  Eso impide que se hagan capturas.  Tienen una red de informantes muy compleja, desde la  señora de la tienda hasta el mototaxista. Con una llamada telefónica, ya. Están muy fortalecidos en las zonas”[349]. Según expresó, el problema también se manifestaría en Meta, donde “vínculos con la fuerza pública impiden las ordenes de captura de Cuchillo y del [conocido jefe del narcotráfico] Loco Barrera.... El problema de vínculos es dificil, dado que si no es una institución, es otra. En todas las instituciones hay gente muy buena y muy mala.  En cualquier nivel, la información puede ser útil para ellos”[350].

De hecho, en cada una de las regiones que visitó Human Rights Watch, recibió denuncias de que miembros de las fuerzas de seguridad pública u otros agentes del estado toleraban a los grupos sucesores y, en algunos casos, posiblemente actuarían en connivencia con ellos. Pero el gobierno colombiano aún no ha tomado medidas eficaces para investigar tales denuncias.

Representantes de la policía, la MAPP/OEA y la Fiscalía General de la Nación también señalaron que habían observado graves problemas que implicaban, como mínimo, tolerancia hacia los grupos sucesores y corrupción de los funcionarios del estado en el ámbito local. Aún no está claro cuál es el alcance del problema ni tampoco, en las fuerzas de seguridad pública, hasta qué nivel jerárquico de la cadena de mando llegaría.

Por ejemplo, un observador internacional que trabaja en Cúcuta indicó que, especialmente en Puerto Santander, un pueblo fronterizo, la policía habría reclutado a desmovilizados para que se incorporaran a los grupos sucesores de los paramilitares[351]. Otras fuentes de Cúcuta también comentaron que: “La gran dificultad es el grado de corrupción. En la Fiscalía General y en la policía no sabes con quién estás hablando. ...Lo más peligroso que puedes hacer es tener a la policía a tu lado”[352]. Representantes de una organización no gubernamental de Tibú, a unas horas de distancia de Cúcuta, expresaron que “la policía sólo tiene dos propósitos: cobrar una comisión a los distribuidores de gasolina, y cobrar la vacuna a quienes venden drogas”[353].

En Urabá, según el relato de muchos pobladores, miembros del Ejército y de la policía local muchas veces parecen tolerar las actividades de los Urabeños, y en ocasiones sectores de la policía parecen colaborar con el grupo. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a 2008, basado en una visita a la región, indica que se recibieron informes formales de la Procuraduría General de la Nación en los cuales se reconoce “la existencia de un riesgo permanente para los pobladores de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, derivado entre otros, de la actuación de grupos al margen de la ley en connivencia con miembros de la fuerza pública, que estarían obligando a la población a desplazarse o impidiéndole el acceso al territorio comunitario”[354].

“La fuerza pública no hace nada. Si hablas con alguien de las fuerzas militares, ellos le avisan al grupo. Aquí no se puede denunciar nada. Ellos controlan todo lo que se mueve, y la fuerza pública está allí”, explicó un miembro de la comunidad[355].

Un funcionario nacional que hasta hace poco tiempo trabajó en la región de Urabá dijo: “No he notado que el Ejército colabore con los [grupos], pero he visto una tolerancia absoluta”. Según este funcionario, se suponía que el Ejército era responsable de combatir a los grupos sucesores de los paramilitares en las áreas rurales, mientras que la policía se encargaba de las áreas urbanas. Pero el Ejército “no los enfrenta”. El mismo funcionario informó que sectores de la policía de un pueblo, Belén de Bajirá, supuestamente colaboraba con las Águilas Negras. “Es todo muy evidente... La policía controla la entrada y la salida [del pueblo] y... comparten la inteligencia. Los paras controlan el área. Belén de Bajirá es muy importante porque por allí pasa la autopista. También es el lugar donde se concentra el poder económico y político de la región... el manejo del cultivo de palma, la ganadería, la madera”[356]. Otro hombre asintió y agregó que “en Pavarandó... las Águilas Negras realizan reuniones con la comunidad frente a la policía. En Belén de Bajirá, son lo mismo: la policía, el Ejército y las Águilas Negras”[357]. Relató que las Águilas Negras se habían llevado a 18 jóvenes, incluido su nieto, de Belén de Bajirá la semana anterior. Su nieto había logrado escapar.

El 15 de octubre de 2008, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (que, según los pobladores locales, son los mismos paramilitares que integran las Águilas Negras) convocaron a un paro armado regional “contra las FARC” distribuyendo panfletos en Turbo, Apartadó y Carepa[358]. Según lo refieren varias fuentes, gran parte de la región de Urabá dejó de trabajar. “Todo se detuvo. No podíamos hacer nada. Si algún comerciante abría su negocio y vendía algo, lo amenazaban”, relató un habitante de la zona[359]. “Las AGC anunciaron la huelga con panfletos y de boca en boca en la calle”, expresó una ex autoridad nacional que, en aquel momento, trabajaba en la región. También relató que “realizaban pintas en las paredes. Esa era su presentación pública. Las autoridades locales no reconocieron que el paro hubiera tenido lugar. La policía de Apartadó ayudó a llevarlo a cabo”[360].

Varias fuentes describieron un contexto de gran corrupción entre las autoridades locales en el Urabá, muchas de las cuales presuntamente estaban siendo sobornadas por empresarios locales y por los grupos sucesores. “Tienen la ley y hacen con ella lo que quieren, porque su ley es el dinero”, expresó un habitante de la zona[361].

De manera similar, en Meta, varias fuentes señalaron que el Ejército miraba para otro lado cuando se trataba de los grupos de Cuchillo. Un funcionario relató que recibía “constantes quejas de que el Ejército amenaza a la gente, diciendo que detrás venían ‘los Cuchillos’. En algunos casos, el Ejército se retira e ingresan los Cuchillos... Los Cuchillos y el Ejército tienen una clara presencia en Puerto Gaitán. Algunos de los Cuchillos se visten de civil y otros usan uniformes”[362].

De hecho, una testigo dijo que miembros de la 12 ° Brigada le habían dicho: “No nos tengas miedo a nosotros, ten miedo a los que vienen detrás de nosotros”, en alusión al grupo de Cuchillo[363]. Recibimos información similar por parte de un habitante de Puerto Rico, Meta, que anteriormente había estado en Bajo Guaiamal. Relató que el Ejército lo había acusado de ser un guerrillero y le había dicho que, si no se desmovilizaba, vendrían los paramilitares: “Decían ‘no nos tengas miedo; ten miedo de los que vienen detrás’. En esa área hay hombres patrullando, con la insignia de las AUC, que se identifican como miembros de las AUC”[364].

A fines de 2008, el presidente Uribe cuestionó públicamente si la 4° División del Ejército estaba protegiendo al “Loco Barrera” y a Cuchillo. Según la revista Semana, grabaciones de conversaciones telefónicas del Loco Barrera mostraban que él estaba al tanto de diversos movimientos del Ejército, lo cual sugería que tenía contactos con este[365].

Si bien se sabe que las fuerzas de seguridad pública se han enfrentado con algunos de los grupos sucesores en Nariño —particularmente con Nueva Generación desde 2008—, numerosas fuentes describieron casos en los cuales los soldados y la policía toleraron y, al menos en un caso —el del Batallón Boyacá del Ejército en 2006, que se describe a continuación—, aparentemente colaboraron en forma activa con grupos sucesores en Nariño.

Según lo señalan varias fuentes, en mayo de 2006, aproximadamente 10.000 personas de Nariño participaron en una manifestación masiva; en algunos casos, obligadas por las FARC. La Defensoría del Pueblo informó que, cuando los habitantes de Policarpa y Cumbitara comenzaron a trasladarse hacia el municipio de Remolinos para participar en la manifestación del 15 de mayo en la Carretera Panamericana, fueron agredidos por el grupo Nueva Generación[366]. Se informó que, una vez que los manifestantes llegaron a la carretera, las fuerzas de seguridad pública respondieron con violencia; 130 civiles resultaron heridos y 17 “desaparecieron”[367]. Debido a la respuesta de las fuerzas de seguridad pública, la Defensoría del Pueblo informó que 4.000 personas habían sido obligadas a ir a Pasto, donde habían permanecido varios días y habían recibido asistencia por parte de diversas autoridades y organizaciones internacionales[368]. Según relatos de testigos, durante la manifestación se vieron personas, a quienes identificaron como paramilitares, portando armas y desplazándose en camiones del Ejército[369].

Además, días después de concluida la manifestación, varias organizaciones internacionales y autoridades locales conformaron una “misión humanitaria” para acompañar a los manifestantes en el regreso a sus hogares[370]. Human Rights Watch recibió versiones consistentes de que cuando la misión llegó al pueblo de Ejido y solicitó hablar con el jefe militar del área, les presentaron a “Armando Paz”, quien se identificó como jefe de Nueva Generación y les dijo que no se preocuparan, porque él garantizaría su seguridad para que los manifestantes pudieran retornar a sus lugares de origen[371]. Entonces, los hombres que se encontraban bajo el mando de Armando Paz procedieron a abrir dos retenes militares que había instalado en el camino. En las inmediaciones, la misión encontró los cuerpos de civiles y miembros de Nueva Generación: aparentemente, este grupo se había enfrentado con las FARC en la zona[372].

Todos los testigos del encuentro de Ejido manifestaron que era evidente que el grupo trabajaba conjuntamente con el Ejército. “Se trasladaban en camiones del Ejército”, relató uno de ellos. “Y el Ejército también estaba presente en la entrada de Ejido, de manera que no había posibilidades de que no supieran de la presencia de Nueva Generación”, señaló el testigo[373].

De manera más general, víctimas y otras personas relataron, en reiteradas oportunidades, haber visto a miembros del Ejército y de la Armada operando muy cerca de los grupos sucesores —a veces, a sólo diez minutos de distancia por una misma ruta— sin enfrentarse con ellos ni registrar su presencia[374].

En particular, observadores relataron que, en 2006, habían advertido aparentes vínculos entre Nueva Generación y sectores del Batallón Boyacá del Ejército. Posteriormente, Human Rights Watch recibió información de que, con el ingreso de una nueva brigada móvil del Ejército a la cordillera, el Ejército se había enfrentado con Nueva Generación. Al mismo tiempo, la policía llevó a cabo la captura de varios líderes de Nueva Generación. Pero a medida que Nueva Generación se ha ido descomponiendo, los Rastrojos y las Águilas Negras parecen estar cobrando fuerza. Y Human Rights Watch recibió información de que, en varios casos, las fuerzas de seguridad pública parecían tolerar las actividades de estos grupos, especialmente de las Águilas Negras.

Un observador internacional expresó preocupación por la posibilidad de que el Ejército y la policía toleraran las actividades de las Águilas Negras en la cordillera de Nariño. “La policía se encuentra a 300 metros y no hace nada... Hay hombres armados junto a la estación de policía de Policarpa y Madrigal. Allí hay una fuerte presión militar por parte de las Águilas Negras”[375]. De manera similar, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo informó, en una nota de seguimiento a uno de sus informes de riesgo que, el 17 de marzo de 2009, el Batallón Boyacá del Ejército se había enfrentado con los Rastrojos en Santacruz, en la cordillera. Pero después de expulsar a los Rastrojos, parecía que sectores del Ejército habrían permitido que las Águilas Negras ingresaran y permanecieran en la zona:

De acuerdo a múltiples indagaciones el ingreso del Ejército coincidió con el arribo del nuevo grupo armado ilegal... “Águilas Negras”. El miércoles 18 de marzo, La Defensoría del Pueblo se percató que luego que Los “Rastrojos” fueron desalojados del caserío, las autodenominadas “Águilas Negras – AGN” habían ocupado las viviendas; reteniendo y llevándose en presencia de los pobladores a un morador. Actualmente, la comunidad se encuentra inmersa en un dilema, ya que salir desplazada representa incrementar sus condiciones de vulnerabilidad, y refugiarse en el monte significa ser declarado objeto de ataque por los actores armados. Situación de indefensión que se ahonda por la carencia de una efectiva labor de protección y prevención por parte de la Fuerza Pública.  En Consejo de Seguridad realizado el 19 de marzo de 2009 en la cabecera municipal de Policarpa,   las autoridades municipales, y los miembros de la Fuerza Pública confirmaron la presencia de Los “Rastrojos” en la zona ... A la par, la Fuerza Pública negó la existencia y presencia de las “Águilas Negras” en el municipio, mientras que las  autoridades locales alertaron sobre la existencia de pintas en las casas de Santacruz de “Águilas Negras” y de “Autodefensas Nueva Generación”[376].

Tal como se señaló anteriormente, cuando Human Rights Watch le preguntó al jefe de la policía de Nariño por las Águilas Negras, este negó su existencia. No obstante, más tarde, la policía informó la captura de algunos miembros de este grupo.

En la costa de Nariño, también hubo testimonios de diversas fuentes que describieron situaciones de posible tolerancia hacia los grupos sucesores por parte de fuerzas de seguridad pública. “El problema se suscita con todas las autoridades. En Satinga, los policías son muy jóvenes y prácticamente no se mueven por temor. En la comunidad, hay personas que mueren cerca de los policías y ellos dicen [que no saben nada]. Creo que la policía actúa en connivencia y recibe dinero” de los grupos, señaló una fuente de Satinga[377]. En Salahonda, otro hombre nos informó que había “aproximadamente 30 paramilitares viviendo allí... En ese pueblo, esos hombres nos conocen a todos, porque es un lugar muy pequeño. Las fuerzas de seguridad pública conocen la situación, saben que esos hombres están allí, saben quiénes son y nunca hacen nada”[378].

Lamentablemente, el gobierno colombiano aún no ha tomado medidas efectivas para prevenir y sancionar la supuesta tolerancia y posibles vínculos entre sectores de las fuerzas de seguridad u otros agentes del estado y los grupos sucesores.

En algunos casos, la policía pareció responder a denuncias de tolerancia simplemente trasladando a miembros de la fuerza a otros lugares, tal como ocurrió en el desplazamiento de residentes del vecindario de Pablo Escobar en Medellín, al cual nos referimos anteriormente. En esa circunstancia, miembros de la comunidad relataron que, pese a que la policía local había sido relevada en reiteradas oportunidades, seguían repitiéndose los mismos patrones de comportamiento.

Muy pocos agentes del estado han sido investigados o procesados por supuesta toleración o vínculos con los grupos sucesores. Las excepciones a esta regla normalmente han tenido que ver con acusaciones de connivencia que afectaban a autoridades civiles de altas esferas, que fueron objeto de gran difusión en los medios, y no con miembros de las fuerzas de seguridad pública.

Por ejemplo, el gobernador del departamento de Guaviare, Oscar de Jesús López Cadavid, está siendo investigado por su supuesta colaboración con Cuchillo. López, quien cumplió tres períodos como representante del Congreso Nacional y fue elegido gobernador en 2007, está acusado de mantener relaciones con paramilitares desde hace más de seis años. Se informó que la Fiscalía General habría revelado pruebas de que Cuchillo amenazó a otros candidatos al cargo de gobernador y ordenó a los electores que votarán por López[379].

En un artículo recientemente publicado en Semana se informa que el jefe paramilitar desmovilizado Éver Veloza García, alias “H.H.”, dijo que Óscar López también habría trabajado con el líder paramilitar Vicente Castaño para obtener grandes extensiones de tierra en Casanare que le permitieran plantar palma africana. “Mientras los paramilitares intimidaban o desplazaban a los campesinos, supuestamente López y sus testaferros las iban adquiriendo, advirtió el ex paramilitar”. Semana también informa que López habría sido socio de Cuchillo y de uno de sus representantes en una empresa minera que López había creado en 2005. Según lo publicado en Semana, López afirmó haber aceptado a Cuchillo como socio porque estaba en el proceso de desmovilización; y de todos modos, más tarde Cuchillo cedió su participación en la empresa a otra persona[380]. De manera similar, Semana informa que las investigaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía General sugieren que el grupo de Cuchillo habría apoyado la elección del ex Coronel del Ejército Blas Arvelio Ortiz Rebolledo como gobernador de Vichada. “Lo habría ayudado con recursos, presionado a las personas a votar por él y, en algunos casos... manejado los comicios y los resultados”. Según lo publicado en Semana, Ortiz, que se había desempeñado como comandante de la Brigada del Ejército en Vichada, se enfrenta a numerosas demandas penales en su contra por haber recurrido a un supuesto fraude electoral que le permitió ganar por sólo nueve votos[381].

El ex Director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hermano del Ministro del Interior y de Justicia de Colombia, está siendo juzgado por la Corte Suprema por su supuesta colaboración con el grupo de Don Mario en Medellín[382]. Fiscales señalaron que cuentan con 1.600 grabaciones de conversaciones en las cuales participan Valencia Cossio y John Freddy Manco (conocido por su alias “El Indio”), acusado de narcotráfico, así como el empresario Juan Felipe Sierra, que presuntamente implicarían a Valencia Cossio. En una de las llamadas interceptadas, Valencia habría prestado su consentimiento para eliminar a Manco de un diagrama de la policía que lo ubicaba como segundo miembro de mayor jerarquía en el grupo de Don Mario[383]. El general Marco Antonio Pedreros, jefe de la policía en Medellín, renunció a la fuerza policial como consecuencia del mismo escándalo, después de que las grabaciones revelaran una conversación que había mantenido con Sierra, pese a que Pedreros ha negado su participación en actividades delictivas[384].

Durante años, el gobierno colombiano negó la existencia de vínculos entre las AUC e importantes sectores de las fuerzas militares. De hecho, las investigaciones de miembros de alto rango de las fuerzas militares en relación con dichos vínculos siguen avanzando muy lentamente. Los estrechos vínculos de los paramilitares con muchos miembros del Congreso han salido a la luz exclusivamente gracias a las investigaciones de la Corte Suprema de Colombia. Este es un tema que requiere un monitoreo constante y suma atención, así como medidas de prevención contundentes por parte del gobierno.

En particular, el gobierno debe asegurar que las acusaciones de tolerancia hacia los grupos sucesores por parte de fuerzas de seguridad conduzcan a investigaciones penales serias, juzgamientos activos y el castigo de quienes sean declarados responsables; y que dichos conflictos no se solucionen simplemente trasladando a los miembros a otras regiones. El Ministerio de Defensa debería asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad pública que sean objeto de denuncias creíbles de haber colaborado con las actividades de los grupos sucesores o de haber tolerado su accionar sean suspendidos mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Falta de protección adecuada a los civiles

A través del Ministerio del Interior y de Justicia, el gobierno colombiano ha administrado durante años un programa de protección destinado a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas que se considera que están en riesgo. El programa ofrece diversos niveles de protección —desde teléfonos celulares hasta chalecos antibalas y escoltas— a sus beneficiarios. El programa ha ofrecido protección indispensable a personas que estaban en riesgo grave. Sin embargo, el programa de protección se centra en ciertos grupos vulnerables y no protege a ex víctimas de las AUC que intentan hacer valer sus derechos. Tampoco ofrece protección ni asistencia a la mayoría de los colombianos comunes que están siendo amenazados o atacados actualmente por grupos sucesores.

Protección inadecuada de víctimas de las AUC

Más de 200.000 personas se han registrado como víctimas a efectos de la Ley de Justicia y Paz[385]. Legalmente, estas víctimas tienen derecho a recibir asistencia, representación y protección del estado[386]. Sin embargo, el gobierno colombiano aún no ha creado un programa efectivo para protegerlas. En agosto de 2007, en respuesta a una petición de un grupo de víctimas, una jueza ordenó al gobierno “diseñar, implementar y hacer efectivo un Programa de Protección de Víctimas y Testigos de los Procesos de Esclarecimiento Judicial de la Ley de Justicia y Paz” en el plazo de treinta días[387]. En respuesta, el Presidente Uribe dictó un decreto por el cual ordenaba la creación de un programa de protección[388]. Sin embargo, el decreto ha suscitado controversias, en parte debido a que la protección inicial sería brindada mediante la asistencia de la policía local, en la cual muchas víctimas no confían debido a su percepción –muchas veces de larga data—de que existirían vínculos entre los paramilitares (o grupos sucesores) y la policía local[389]. “Tuvimos un caso de una persona que había sido amenazada en Barranquilla... pero esa persona estaba siendo perseguida por la policía de la región”, denunció un representante de un grupo de víctimas. “El decreto dice que la policía debe protegerlos... pero en este contexto de complicidad, es muy difícil”[390].

A su vez, el gobierno apeló la sentencia que exigió el establecimiento del programa. Afortunadamente, luego de que el Consejo de Estado revocara inicialmente la decisión, la Corte Constitucional confirmó la sentencia inicial que exigía la creación de un programa de protección de testigos y ordenó al gobierno que estableciera un programa que tuviera en cuenta el género de las víctimas[391].

Carlos Franco, quien trabaja en el Programa Presidencial de Derechos Humanos de Colombia, afirmó a Human Rights Watch que el gobierno está implementando actualmente un programa de protección a través de la Policía Nacional, que ha elaborado “mapas de riesgo” a fin de determinar qué nivel de protección debe brindarse a las víctimas en el marco del proceso de Justicia y Paz en todo el país[392].

Según Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), la organización que planteó la necesidad de establecer un programa de protección de víctimas, la Policía de hecho ha desarrollado un mapa de riesgo con el fin de determinar dónde centrar su labor. Se supone que la policía debe incrementar su presencia y sus actividades en los municipios de alto riesgo. Los mapas, según se señala en un informe de IMP, muestran que de los 1.099 municipios colombianos, la gran mayoría (889) sólo presenta niveles “bajos” de riesgo, mientras que en otros 124 el riesgo es “inexistente”. Concluyeron que existía un riesgo “extraordinario” en tan sólo 23 municipios, y solamente en 40 determinaron que el riesgo era “alto”.  El IMP también señala que el gobierno ha brindado protección directa a algunas víctimas. Entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 el gobierno habría evaluado 412 casos de personas que solicitaban protección. Brindó asistencia en 106 de esos casos[393].

Resulta positivo que el gobierno haya tomado algunas medidas destinadas a brindar protección a las víctimas de las AUC en el proceso de Justicia y Paz, y a reforzar la seguridad en algunos municipios. No obstante, la cantidad de municipios que se consideran como de nivel de riesgo “alto” y de personas que recibieron protección —al menos hasta mediados de 2008— parece relativamente baja, y suscita dudas en cuanto a si el programa alcanza efectivamente a todas las víctimas que participan en el proceso de la Ley de Justicia y Paz que están en riesgo. Asimismo, no todas las víctimas de las AUC están participando en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, y por lo tanto no están contempladas en el decreto. 

En respuesta a una solicitud presentada por Human Rights Watch para obtener información más detallada sobre el programa de protección, el gobierno colombiano expresó que si bien estaba implementando un programa en el marco del decreto original, había redactado un nuevo decreto cuya aprobación se encontraba en curso. El gobierno afirma que el nuevo programa será coordinado en forma central por el Ministerio del Interior, y tendrá una cobertura regional más amplia[394].

Subregistro de desplazamientos provocados por los grupos sucesores

Human Rights Watch recibió información de varias fuentes que indicaban que, en algunos casos, oficinas locales de Acción Social se negaban a registrar como desplazados a personas que afirmaban haber sido obligadas por los paramilitares a abandonar su hogar. Como informó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre el Desplazamiento Forzado en su informe a la Corte Constitucional:

 [Las denuncias de desplazamientos causados por paramilitares registradas en el sistema de información oficial se han reducido, lo cual] ...puede obedecer, probablemente y entre otros factores, a las dificultades surgidas con motivo de los procesos de... inscripción en el registro... suscitadas con ocasión del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares... Como ha sido denunciado por varias organizaciones..., algunas de las Unidades Territoriales (UT) de Acción Social comenzaron a negar sistemáticamente el registro de personas y hogares que... señalaban a los grupos paramilitares como los autores del desplazamiento. De acuerdo con la situación denunciada, las UT partían de la presunción de que los grupos paramilitares, habiéndose desmovilizado, no podían señalarse como autores de desplazamiento[395].

De manera similar, Human Rights Watch recibió denuncias que indicaban que en algunas regiones Acción Social se negaba a registrar a personas desplazadas que afirmaban haber sido expulsadas por grupos sucesores, con el argumento de que dichos grupos eran “criminales”. Por ejemplo, tan sólo en Medellín, la Personería de Medellín recibió 206 declaraciones de víctimas de desplazamiento forzado dentro de la ciudad entre enero y junio de 2009. De ellas, 172 habían sido presentadas ante el Registro Nacional de Población Desplazada, a cargo de Acción Social. Sin embargo, según la Personería, el 50 por ciento de las declaraciones (que involucraban a 348) habían sido rechazadas por Acción Social. De acuerdo con la Personería, una de las principales razones por las cuales fueron rechazadas es que las víctimas señalaban que habían sido desplazadas por actores que Acción Social consideraba que pertenecían al “delito común” o al “crimen organizado”[396]. Una representante de Lutheran World Relief le informó a Human Rights Watch que en varias ocasiones su equipo en el departamento de Córdoba había observado el mismo problema, en el cual funcionarios del estado se negaban a registrar como desplazados a personas que informaban haber sido desplazadas por grupos sucesores.[397]

La falta de registro de estas personas como desplazadas podría significar una subestimación del problema del desplazamiento y obstaculizar el diagnóstico de sus causas, lo que dificultaría aún más la toma de medidas para evitar futuros desplazamientos. Más inquietante aún, las personas que no están registradas como desplazadas no reciben la protección ni la asistencia del estado que de otro modo les correspondería.

En un encuentro con grupos de derechos humanos, el titular de Acción Social señaló que “no hay ninguna orden de no registrar a las víctimas de bandas emergentes... No es una política [del estado]”[398]. No obstante, ante las denuncias de que esto estaba sucediendo en el ámbito local, se comprometió a investigar el problema.

Respuestas Inadecuadas y Recursos Insuficientes para el Sistema de Alertas Tempranas

Un organismo que ha desempeñado un papel sumamente importante en la identificación de los riesgos que generan los grupos sucesores para los civiles es el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Con frecuencia, los analistas regionales del SAT son los primeros y casi los únicos funcionarios públicos que se trasladan a regiones remotas donde existe una crisis humanitaria, amenazas contra la población civil u otros problemas de derechos humanos. El SAT elabora regularmente “informes de riesgo” sobre amenazas a la población civil en varias regiones. Los informes se envían a un comité gubernamental interinstitucional, integrado por el Vicepresidente de Colombia, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Defensa y el Director del DAS. Dicho comité (el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas o CIAT) evalúa el riesgo y determina si corresponde emitir una “alerta temprana” sobre la base del informe de riesgo, emite recomendaciones a las autoridades civiles y las fuerzas de seguridad pública para que tomen medidas preventivas, y monitorea la implementación de las medidas y la evolución del riesgo[399]. El CIAT ha sido criticado por no emitir alertas tempranas a partir de informes de riesgo alarmantes en muchas ocasiones, algunas con consecuencias fatales[400]. De hecho, en el periodo 2008-2009, el CIAT solo emitió alertas tempranas sobre la base de la mitad de los informes de riesgo producidos por el SAT (es decir, hubo 110 informes de riesgo, pero el CIAT solo emitió 55 alertas tempranas).[401]

El SAT ha emitido varios informes de riesgo sobre las amenazas que suponen los grupos sucesores. En el periodo 2008-2009, el SAT señaló a los grupos sucesores como la fuente del riesgo en un número igual de veces que a las FARC (88 veces cada uno).[402] Sin embargo, en muchos casos los informes han sido controversiales y han tenido una recepción negativa en otros sectores del gobierno. Por ejemplo, en Meta, varias fuentes informaron a Human Rights Watch que el CIAT había emitido una alerta temprana pero decidió cancelarla luego de que se quejaran las autoridades locales.

La Oficina del Inspector General de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Office of the Inspector General of the US Agency for International Development, USAID) ha señalado que la independencia del SAT “se habría visto comprometida al reconocer autoridad decisoria” al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas ( CIAT), y que existen “algunas pruebas de que la participación del CIAT ha reducido la cantidad de alertas emitidas... Según varias fuentes, se han producido violaciones de derechos aún cuando el SAT ha remitido un informe de riesgo al CIAT”[403].  Por consiguiente, USAID ha recomendado que el gobierno colombiano reforme el sistema para garantizar la publicidad de los informes de riesgo; permitir la participación en el CIAT y el control de este por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación; implementar procedimientos tendientes a asegurar la comunicación efectiva y oportuna entre el SAT y el CIAT; y asegurar que el SAT establezca plazos internos para la elaboración y el envío de informes de riesgo[404].

El SAT también se ha visto perjudicado a causa de la falta de recursos o las demoras en el financiamiento, que han generado pérdidas de personal y dificultades para que los analistas lleven a cabo su labor. El SAT fue creado con importante ayuda estadounidense, pero con el tiempo USAID ha ido reduciendo los fondos con miras a lograr la “colombianización” del proyecto. Según representantes del SAT, el 21 de diciembre de 2009 USAID cesó su financiamiento del presupuesto operativo del SAT (si bien continuó proporcionando fondos para algunos gastos como uso de teléfonos celulares), y trasladó la responsabilidad por el presupuesto operativo exclusivamente al gobierno colombiano. Sin embargo, la reacción del gobierno colombiano para cubrir este déficit ha sido lenta, y gran parte del personal del SAT trabaja actualmente bajo la modalidad de contratos que se extienden sólo hasta julio de 2010. Como resultado, funcionarios del SAT expresaron preocupación por la estabilidad de sus empleos y señalaron que temían que sus cargos no fueran financiados luego de julio[405].

Agradecimientos

La investigación y redacción de este informe estuvieron a cargo de la División de las Américas de Human Rights Watch. El informe fue editado por Aisling Reidy, asesora legal sénior, Joe Saunders, subdirector de programas, Daniel Wilkinson, subdirector de la División de las Américas, y José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Paola Adriazola, Kavita Shah y Eva Fortes, asociadas de la División de las Américas, colaboraron con la logística de la investigación, la producción y la edición. Anna Lopriore y Fitzroy Hepkins proporcionaron una valiosa ayuda con la producción. 

Human Rights Watch desea agradecer a los muchos valientes colombianos que aceptaron hablar con nosotros; en algunos casos, debieron trasladarse desde lugares remotos para encontrarnos. Sin su contribución, este informe no hubiera sido posible. Muchos solicitaron no ser identificados por razones de seguridad.