El riesgo de volver a casa

Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia

Glosario

“Alias”: los miembros de grupos armados y bandas criminales a menudo utilizan alias, es decir, apodos o nombres de guerra. En este informe, los alias se escriben en bastardilla.

“Despojo” : hace referencia a conductas que se encuadran en la definición de despojo estipulada en el artículo 74 de la Ley de Víctimas, es decir, “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”. Si bien el derecho colombiano no tipifica como delitos los despojos de tierras asociados con el desplazamiento forzado, se puede perseguir penalmente esta conducta bajo otras categorías de delitos.

“Etapa preliminar de investigación”: hace referencia a la instancia de una investigación penal que en el sistema judicial colombiano se denomina “investigación previa” o “indagación”. En esta etapa, la Fiscalía aún no ha imputado a presuntos responsables.

Fiscalía General de la Nación: organismo público colombiano responsable de impulsar la mayoría de las investigaciones y procesos penales. La Fiscalía General de la Nación es formalmente independiente del poder ejecutivo.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER): organismo público colombiano que se ocupa del desarrollo rural y también administra procesos de restitución de tierras.

“Líderes” o “defensores”: estos términos se utilizan en forma indistinta para hacer referencia a personas con un rol de liderazgo que representan a los demás miembros de sus comunidades o grupos de desplazados internos en iniciativas de restitución. Los términos se emplean en sentido general e incluyen a abogados de las víctimas. En muchos casos, los líderes también han impulsado solicitudes de restitución para sus propias familias.

“Reclamante de tierras”: hace referencia a desplazados internos que han intentado recuperar tierras abandonadas y/o despojadas a través de diversos mecanismos judiciales y administrativos, como la Ley de Víctimas y la Ley de Justicia y Paz, o que simplemente han solicitado asistencia a las autoridades para regresar a sus hogares. Incluye además a desplazados que fueron reubicados por el gobierno en nuevas zonas rurales, dado que la Ley de Víctimas prevé la posibilidad de estas reubicaciones cuando no sea posible regresar debido a condiciones de seguridad o ambientales inadecuadas, entre otros motivos.

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo: la Defensoría del Pueblo es el organismo público colombiano que se ocupa de promover y defender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Sistema de Alertas Tempranas es una subdivisión de la Defensoría del Pueblo encargada de realizar un seguimiento del riesgo al cual está expuesta la población civil en relación con el conflicto armado, y de promover medidas para prevenir abusos.

“Testaferro paramilitar”: personas que poseen bienes —incluidas tierras— en representación de miembros o líderes de grupos paramilitares, a fin de ocultar que estos son los verdaderos propietarios de tales activos.

Unidad Nacional de Protección (UNP): organismo público colombiano encargado de brindar medidas de protección a la población en riesgo, incluidos sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras.

Unidad de Restitución ( Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas): un organismo público colombiano adscrito al Ministerio de Agricultura que se ocupa de implementar la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas.

Unidad de Víctimas ( Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas): un organismo público colombiano encargado de administrar el registro gubernamental de víctimas y de brindar a estas asistencia humanitaria y resarcimiento, además de otras medidas. La Unidad de Víctimas coordina el proceso de retorno y reubicación de desplazados, incluidos beneficiarios de sentencias de restitución de tierras obtenidas por la Unidad de Restitución.

Resumen

En los últimos 30 años, los abusos y hechos de violencia asociados con el conflicto armado interno de Colombia han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo.

Se estima que los desplazados colombianos, que en su mayoría escapan de zonas rurales a entornos urbanos, se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra (el equivalente al territorio de Massachusetts y Maryland juntos), gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros. Privados de su tierra y sus medios de subsistencia, la inmensa mayoría de los desplazados colombianos viven en condiciones de pobreza y no cuentan con vivienda adecuada.

En junio de 2011, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos adoptó una medida sin precedentes para corregir este gravísimo problema humanitario y de derechos humanos al conseguir que se sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley de Víctimas). La ley estableció un proceso híbrido de naturaleza administrativa y judicial destinado a restituir millones de hectáreas despojadas y abandonadas a desplazados durante el transcurso de una década.

El programa de restitución de tierras representa la iniciativa más importante de derechos humanos impulsada por el gobierno de Santos. Si se implementa de manera efectiva, ayudará a que miles de familias que han sido devastadas por el conflicto puedan regresar a su hogar y reconstruir sus vidas, a la vez que debilitará el poder de grupos armados y mafias delictivas. La Unidad de Restitución del gobierno ya ha conseguido importantes resultados al aplicar la ley en algunas regiones.

A pesar de estos avances, subsisten obstáculos significativos que se interponen a la aplicación efectiva de la ley. Muchos de los desplazados que han intentado hasta el momento recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución, han sufrido abusos generalizados vinculados con estos reclamos, incluidos asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y amenazas de muerte. Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de tierras informaron haber recibido amenazas.

El presente informe, elaborado a partir de investigaciones efectuadas entre febrero de 2012 y julio de 2013 que incluyeron cientos de entrevistas, más de 130 de ellas con reclamantes y líderes de restitución de tierras, documenta esos abusos, evalúa la respuesta ofrecida por el Estado colombiano hasta el momento y recomienda medidas adicionales que deberían adoptar las autoridades.

El gobierno ha denunciado continuamente ataques contra desplazados que exigen medidas de restitución y ha otorgado a cientos de reclamantes en riesgo medidas de protección como teléfonos celulares y escoltas. Pero hemos comprobado que, si bien se trata de medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes destinadas a que los responsables rindan cuentas por sus actos, lo cual resulta indispensable para poner freno al origen de las amenazas a la vida de los reclamantes y prevenir ataques.

Las amenazas y los ataques son totalmente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra reclamantes de tierras. Los delitos perpetrados contra desplazados en represalia por sus reclamos de restitución casi siempre quedan impunes: los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes.

También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a quienes inicialmente desplazaron a los reclamantes y se apropiaron de sus tierras. De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena. La falta de justicia por estos delitos es una de las causas principales de los abusos que se producen actualmente contra reclamantes de tierras: los actores más interesados en conservar el control de las tierras despojadas a menudo continúan en libertad y pueden frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios.

Colombia no ha podido contrarrestar significativamente el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo cual también implica una amenaza directa para la seguridad de quienes reclaman tierras, a la vez que atenta de un modo más amplio contra la vigencia del estado de derecho en las zonas adonde los desplazados pretenden retornar. Estos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de despojos generalizados ocurridos antes de que el gobierno pusiera en marcha un proceso de desmovilización que presentó graves falencias. Hasta el momento, los grupos sucesores han sido los autores de gran parte de las amenazas y los ataques contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. Asimismo, algunos terceros que se instalaron en las tierras o las adquirieron luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios, al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes en respuesta a sus exigencias de restitución.

En los próximos ocho años, el gobierno tiene previsto tramitar las solicitudes de restitución de tierras presentadas por cientos de miles de desplazados. A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos. Y la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irreversiblemente desvirtuada.

Abusos generalizados

Numerosos reclamantes de tierras y sus líderes han sido objeto de abusos generalizados como resultado de sus esfuerzos por conseguir la restitución, que han incluido asesinatos, intimidación y amenazas, así como nuevos incidentes de desplazamiento forzado. En este informe se documentan ejemplos de estos casos, en los cuales víctimas de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, han intentado recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución. Los datos oficiales y otras evidencias examinadas por Human Rights Watch indican que el patrón de abusos se extiende por todo el país.

Durante la investigación realizada para este informe, Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes ocurridos desde 2008 —en sucesos en los cuales perdieron la vida 21 personas— donde existen pruebas convincentes de que los ataques fueron motivados por los reclamos o el activismo de las víctimas en relación con la restitución de tierras. En otros cuatro casos, no se pudo determinar claramente, sobre la base de la información disponible, si las muertes se vinculaban con los reclamos impulsados por las víctimas, aunque existen indicios de que podría haber sido así. También se documentan dos tentativas de homicidio y el secuestro de un líder de restitución de tierras. Las víctimas de estos asesinatos y agresiones —ocurridos en cinco departamentos distintos— incluyen a líderes, reclamantes individuales, familiares de estos y sus abogados.

Diversos informes de autoridades estatales y organismos internacionales señalan que los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras se han producido en una escala incluso mayor. Por ejemplo, en agosto de 2013 la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” perpetrados en 16 departamentos desde 2000, en los cuales murieron 56 personas. La Defensoría del Pueblo informó al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011.

Las muertes han conseguido infundir de manera permanente el temor a que se produzcan otros ataques, no sólo entre familiares de víctimas y otros reclamantes, sino también entre las autoridades que trabajan en aspectos vinculados con la restitución. En una carta enviada en marzo de 2013 al Presidente Santos, decenas de jueces especializados en causas de restitución de tierras de todo el país pidieron que se les concedieran medidas de protección y manifestaron que temían seriamente por su seguridad en los siguientes términos: “Son de público conocimiento los atentados a que se han enfrentado las víctimas reclamantes, sus líderes y los miembros de las organizaciones que los respaldan. Los servidores de la justicia estamos igual o mayormente expuestos [a los ataques], en consideración a que somos precisamente quienes ordenamos la restitución jurídica y material de los bienes despojados”. Como fue señalado por el director del programa gubernamental de protección, la estrategia de los agresores es “matar pocos para enviar un mensaje a muchos”.

La presión sobre quienes exigen la restitución de tierras no se debe exclusivamente a los asesinatos, sino en mucha mayor medida a las amenazas de muerte lanzadas contra reclamantes, sus familiares y quienes abogan por ellos. En marzo de 2013, el director nacional de la Unidad de Restitución identificó estas amenazas como el modo más frecuente con que se ha intentado sabotear el proceso de restitución de tierras.

Human Rights Watch documentó amenazas graves y creíbles contra más de 80 reclamantes y líderes de restitución de tierras de Bogotá y otros ocho departamentos ocurridas desde 2008, y se trata tan sólo de una pequeña proporción de la cantidad total de casos denunciados. Según datos aportados por el gobierno, al menos 500 reclamantes de tierras y líderes en más de 25 departamentos han denunciado ante las autoridades este tipo de amenazas desde enero de 2012. A partir de evaluaciones individuales, las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes que fueron amenazados se encuentran en “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras, un nivel que requiere, entre otros criterios, que el riesgo sea “concreto”, “serio” y “excepcional”.

Las amenazas —que en Colombia configuran un delito— se transmiten de distintas maneras: por escrito, por mensajes de texto, en forma telefónica o mediante advertencias verbales en persona. Si bien el contenido varía, muchos de los mensajes incluyen amenazas de muerte contra las víctimas o sus familiares si no renuncian a su intento por recuperar sus tierras o abandonan la región.

En general, las amenazas parecen creíbles y resultan amedrentadoras. Muchas están dirigidas a víctimas que sufrieron en el pasado experiencias traumáticas a manos de paramilitares o guerrillas, incluidos los ataques contra ellos mismos, sus familiares o vecinos que los llevaron a huir de sus tierras en primer lugar. Las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares a menudo siguen teniendo presencia en las zonas donde las víctimas reclaman sus tierras, y estos últimos en particular han demostrado estar dispuestos a asesinar a reclamantes y líderes. Numerosas víctimas creen, justificadamente, que los autores de las amenazas actuales son personas o grupos vinculados directamente con los extensos antecedentes de violencia y despojo sufridos por ellos y sus familias.

Por ejemplo, Lina Rivera (seudónimo) informó que en 1999 ella y su familia fueron desplazadas de la finca que tenían en el departamento de Cesar por paramilitares, quienes posteriormente mataron a su esposo, su hermano y su hijo. Existen evidencias contundentes de que el hermano de un jefe paramilitar habría adquirido su finca y amenazó reiteradamente a Rivera y sus hijos por intentar recuperarla. En una llamada telefónica efectuada en 2011, el hermano del paramilitar le dijo “Mire lo que le pasó a tu hermano, mire lo que pasó a tu hijo”. Debido a la persistencia de las amenazas contra la familia de Rivera, ella decidió abandonar nuevamente la región a fines de 2012.

Al igual que Rivera, muchos desplazados y sus líderes que reclaman la restitución de tierras han huido de su lugar de residencia, al verse una vez más desplazados debido a amenazas o ataques vinculados con sus reclamos de restitución o activismo. Durante la investigación para este informe, Human Rights Watch documentó más de 30 casos de este tipo que se produjeron en siete departamentos desde 2008. Por ejemplo, en los primeros casos de restitución impulsados en el marco de la Ley de Víctimas en los departamentos de Bolívar, Cesar y Córdoba, tras sufrir reiteradas amenazas varios líderes de la población desplazada debieron abandonar nuevamente sus hogares. Los datos oficiales indican que este problema sería incluso más común. Desde enero de 2012, el programa de protección del gobierno ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y sus líderes en nuevas zonas debido a graves amenazas contra su vida relacionadas con su activismo.

Cuando las amenazas obligan a los líderes a abandonar su hogar, las comunidades o regiones pierden a voceros en los cuales confían y se corta el enlace entre miembros de la comunidad y las autoridades, lo cual implica un fuerte revés para las iniciativas de restitución. En muchos casos, estas amenazas contravienen una disposición del derecho penal colombiano que tipifica el delito de desplazamiento forzado como aquellos actos coactivos que ocasionan que una persona cambie de lugar de residencia.

Algunas autoridades han intentado restar importancia al problema de las amenazas señalando que, incluso si se producen varios cientos de estas, se trata igualmente de una cantidad relativamente reducida teniendo en cuenta las decenas de miles de solicitudes de restitución presentadas hasta el momento a través de la Ley de Víctimas. Si bien se trata de una proporción menor, hay varios motivos para concluir que el problema no lo es.

En primer lugar, las amenazas con frecuencia infunden una sensación de inseguridad y temor duradera entre las víctimas, que las obliga a evaluar la posibilidad de renunciar a su reclamo para recuperar tierras. En segundo lugar, las amenazas contra líderes tienen un efecto multiplicador, dado que los inhiben de trabajar en nombre de otras personas y, a la vez, trasmiten un mensaje intimidatorio a la comunidad que representan. En tercer lugar, es común que las amenazas induzcan a reclamantes y sus líderes a abandonar el lugar donde viven actualmente, a menudo con otros familiares, y esto los obliga a enfrentarse nuevamente a las dificultades económicas y sociales que implica el desplazamiento. Estos nuevos incidentes de desplazamiento atentan directamente contra uno de los principios fundamentales consagrados en la Ley de Víctimas: las garantías de no repetición.

Y si este problema no recibe una respuesta adecuada, es probable que se agrave considerablemente. La Ley de Víctimas se encuentra aún en su etapa inicial de implementación. Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución había comenzado a examinar menos del 20 por ciento de las más de 43.500 solicitudes recibidas, y había conseguido que se dictaran sentencias de restitución en cerca de 450 de esos casos. Solamente una familia había retornado a vivir en su tierra como resultado de estas sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados (si bien muchos otros beneficiarios de esas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas). El gobierno previó que para 2021 se habrían dictado sentencias de restitución de tierras en cientos de miles de casos, lo cual supone el retorno de decenas de miles de familias. Es razonable esperar que el nivel de amenazas aumente significativamente a medida que avancen las miles de causas en curso, las familias regresen a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron indebidamente vean afectados sus intereses de manera más directa.

Responsables

En un discurso pronunciado en julio de 2012, el Presidente Santos identificó a los principales responsables de las amenazas contra reclamantes de tierras: “Muchos de los que están amenazando ... son los propios dueños o supuestos dueños de las tierras que han sido reclamadas ... Hay otros sectores. Sectores que yo he llamado de la extrema izquierda ... y de la extrema derecha, que están vinculados con los antiguos paramilitares, que no quieren que les quiten sus tierras, que se apropiaron en forma indebida”. Human Rights Watch también comprobó que grupos sucesores de los paramilitares, terceros que despojaron a los desplazados de sus tierras —a veces en connivencia con paramilitares— y, en ciertas zonas, las FARC, son los principales responsables detrás de los abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras.

En la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado que documentamos, la evidencia sugiere en forma persuasiva que grupos sucesores de los paramilitares, en particular los Urabeños, serían responsables; y estos mismos grupos son además los autores de muchas de las amenazas. La información aportada a Human Rights Watch por distintas entidades estatales refuerza estas conclusiones. Los grupos sucesores de los paramilitares se dedican al narcotráfico y otras actividades mafiosas en muchas de las regiones en que anteriormente las redes paramilitares cometieron despojos de tierras, como Córdoba y Urabá, donde se ha producido una proporción significativa de los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras.

El secuestro en noviembre de 2011 del líder de restitución Héctor Cavadía, del corregimiento de Totumo, Antioquia, es un claro ejemplo de los ataques deliberados perpetrados por los Urabeños. Cavadía contó que, mientras estuvo secuestrado, miembros de los Urabeños le dijeron que la tierra que reclamaba tenía un dueño y le hicieron preguntas sobre otros líderes de su asociación de desplazados que exigían la restitución de tierras. Durante un encuentro mantenido en 2011 en la región, un jefe de los Urabeños dio la orden de que a “todo el que fuera a reclamar tierra ... lo iban a desaparecer”, según surge del testimonio judicial prestado por un ex miembro de los Urabeños.

También terceros que adquirieron u ocuparon tierras luego de que sus habitantes originarios fueron obligados a abandonarlas han sido responsables de muchos de los abusos. Estos terceros incluyen desde ganaderos y empresarios hasta paramilitares desmovilizados. Las evidencias indican de manera convincente que los grupos sucesores y otros actores han intimidado, amenazado y, en algunos casos, incluso asesinado a reclamantes de tierras por iniciativa de terceros.

Por último, en algunas zonas las FARC han amenazado y asesinado a desplazados que reclamaban la restitución de sus tierras. Por ejemplo, Germán Bernal, quien trabaja activamente para conseguir que desplazados puedan retornar a Santiago Pérez, un corregimiento en el sur del departamento de Tolima, dijo haber recibido amenazas reiteradas del Frente 21 de las FARC debido a sus reclamos. Bernal y otros líderes de la población desplazada informaron que durante reuniones obligatorias convocadas por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, presuntamente con la intención de preservar el control del lugar, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados retornaran a sus hogares y declararon que los líderes de desplazados eran “objetivos militares”. Las cifras del gobierno indican que las amenazas de las guerrillas se extienden a otras regiones del país: desde enero de 2012, más de 50 reclamantes y líderes de al menos 13 departamentos que exigían la restitución a través de la Ley de Víctimas han informado a las autoridades que recibieron amenazas de guerrillas.

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también han utilizado tradicionalmente minas antipersonal, y la presencia de minas en zonas donde esos grupos se encuentran o estuvieron anteriormente activos representa un obstáculo significativo a la posibilidad de que los desplazados retornen de manera segura a sus tierras. Cerca del 70 por ciento de los municipios en los cuales se han presentado solicitudes de restitución son lugares donde el gobierno ha reportado anteriormente accidentes o incidentes vinculados con minas antipersonal o municiones sin detonar, según datos de la Unidad de Restitución.

La respuesta del Estado colombiano

La respuesta del Estado colombiano ante los abusos contra reclamantes y líderes de restitución ha consistido mayormente en expresiones de repudio de altos funcionarios en referencia a las agresiones y amenazas, y medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Si bien la UNP tiene falencias, constituye el programa más avanzado de su tipo en la región, y sus medidas de protección —en especial los escoltas— pueden ser decisivas para salvar vidas.

Sin embargo, el repudio de estos ataques expresado por funcionarios y la protección brindada por la UNP son, en definitiva, medidas paliativas. No contribuyen a controlar ni juzgar a los responsables, que representan el origen de las amenazas persistentes contra la vida de los reclamantes. De hecho, las limitaciones intrínsecas de la UNP quedan en evidencia si se toma en cuenta que el programa muchas veces tiene que reubicar a los reclamantes que sufren amenazas debido a que no es posible garantizar su seguridad en el lugar donde viven.

Colombia no ha adoptado medidas suficientes en tres aspectos que constituyen la raíz misma de la violencia y las amenazas contra reclamantes de tierras y líderes:

• La rendición de cuentas por amenazas y ataques dirigidos contra reclamantes de tierras en respuesta a sus iniciativas de restitución ha sido escasa. Por lo tanto, la disuasión respecto de la comisión de tales delitos es escasa.
• Las autoridades judiciales casi nunca juzgan a los responsables de los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo. Esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir ataques, en tanto implica que las personas, los grupos o las mafias delictivas interesadas en mantener el control de las tierras despojadas no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden más fácilmente intentar impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación.
• El Estado colombiano no ha desarticulado eficazmente a grupos sucesores de paramilitares en distintas regiones del país, lo cual permite que esas organizaciones continúen cometiendo abusos contra reclamantes.

Asimismo, autoridades de distintas regiones, incluida la Policía, han restado gravedad a las amenazas y han supuesto en forma prematura que las agresiones no guardan relación con el activismo desarrollado por las víctimas. Esta actitud se refleja en la falta de acción de algunas autoridades regionales, que no han brindado medidas genuinas de protección a desplazados que recibieron amenazas creíbles ni han perseguido enérgicamente a sus agresores.

Falta de rendición de cuentas por amenazas y asesinatos

La Fiscalía ha dado prioridad a la investigación de asesinatos presuntamente vinculados con reclamos de restitución al asignar muchos de estos casos a la Unidad de Derechos Humanos y otras fiscalías especializadas con sede en Bogotá y Medellín, que son menos vulnerables a la posibilidad de intimidación. Esto ha permitido conseguir avances significativos en algunas causas importantes. No obstante, en general los resultados han sido modestos: hasta agosto de 2013, los fiscales habían obtenido condenas en ocho de los 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes que la Fiscalía informó estar investigando; mientras que en más de dos tercios de los casos, no se habían imputado cargos contra presuntos responsables. Los procesos penales se han visto obstaculizados por la lentitud con que se transfieren las causas a las fiscalías especializadas en Bogotá y Medellín y, según algunos fiscales con quienes dialogamos, debido a que no se adoptaron medidas básicas para impulsar las investigaciones.

El procesamiento de quienes profieren amenazas ha sido incluso menos frecuente. La Fiscalía informó que todas sus investigaciones sobre amenazas contra reclamantes de tierras y sus líderes se encuentran en la etapa preliminar, lo cual implica que nadie ha sido imputado en ninguno de los casos. Sin duda, la investigación de amenazas es una tarea muy compleja, pero las víctimas afirman que se enfrentan a una variedad de obstáculos innecesarios cuando acuden a la justicia, especialmente afuera de las principales ciudades de Colombia. Esto incluye el hecho que las autoridades judiciales restan seriedad a la naturaleza de las amenazas, no se contactan con las víctimas luego de que presentan una denuncia penal o, aun peor, directamente se niegan a recibir las denuncias. Tales respuestas demuestran que algunas autoridades carecen de la voluntad para impulsar esos casos, lo cual profundiza la desconfianza de las víctimas en las autoridades, provoca que muchas amenazas no se denuncien y prácticamente elimina cualquier posibilidad de rendición de cuentas.

Además de transmitir a los responsables el mensaje de que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, al no impulsar una investigación penal adecuada de las amenazas se reduce la posibilidad de determinar cuál es su urgencia y gravedad. Esto impide que el programa de protección gubernamental asigne las medidas de protección en forma eficiente, según el nivel de riesgo de los reclamantes.

Falta de rendición de cuentas por los desplazamientos forzados y despojos originales

De conformidad con la Ley de Víctimas, las solicitudes de restitución se registran mediante un proceso administrativo y son resueltas por tribunales civiles que no determinan la responsabilidad penal de quienes cometieron los desplazamientos forzados y los despojos en casos individuales. La ventaja de este enfoque es que permite procesar los casos con celeridad. Sin embargo, también supone una brecha fundamental en la implementación de la ley: se da curso a los reclamos y las tierras se restituyen sin que esto vaya acompañado de un proceso paralelo por el cual las personas, los grupos y las redes delictivas responsables del desplazamiento forzado y el despojo de tierras respondan por sus actos.

Esta brecha en la implementación de la ley implica una grave amenaza para la posibilidad de que miles de desplazados retornen a sus tierras en forma segura. No obstante, las autoridades judiciales, que sí podrían subsanar esta brecha, no han logrado avances significativos en llevar ante la justicia a los responsables de los desplazamientos forzados y los despojos de tierras que obligaron a los reclamantes a abandonar sus hogares en primer lugar.

• Hasta enero de 2013, la principal unidad de fiscales dedicada a impulsar causas de desplazamiento forzado, la Unidad Nacional Contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados (UNCDES), había obtenido condenas en menos del 1 por ciento de las más de 17.000 investigaciones de casos de desplazamiento forzado que tenía en curso. Más del 99 por ciento de las investigaciones se encontraban en la etapa preliminar, es decir, aún no había imputados.
• En marzo de 2013, casi ocho años después de que entrara en vigor la Ley de Justicia y Paz sobre desmovilización paramilitar, los postulados que participan en este proceso habían confesado más de 11.000 casos de desplazamiento forzado. A pesar de ello, los fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz habían obtenido condenas en tan sólo seis casos de desplazamiento forzado.
• En enero de 2013, de las casi 21.000 investigaciones que estaban en curso sobre casos de desplazamiento forzado a cargo de fiscales que no pertenecían a la UNCDES o la Unidad de Justicia y Paz, más del 99 por ciento se encontraban en la etapa preliminar. En los departamentos de Córdoba y Chocó, la totalidad de las más de 3.400 investigaciones en curso sobre desplazamiento forzado a cargo de tales fiscales estaban recién en la etapa preliminar.
• La UNCDES también se identifica como la principal unidad de la Fiscalía encargada de impulsar la investigación penal de los despojos ilegales de tierras que debieron abandonar los desplazados. Hasta enero de 2013, había conseguido incluso menos resultados en este plano, con solamente tres condenas por delitos vinculados con despojos.

Cabe reconocer que la Fiscalía ha adoptado medidas tendientes a resolver una falencia común de las investigaciones que, hasta hoy, ha impedido que se obtenga justicia por abusos actuales y pasados contra desplazados que reclaman tierras, a saber, que no se intenta conseguir evidencias de conexiones entre delitos vinculados con el mismo predio, comunidad o región. Este enfoque, que analiza cada caso por separado, ha impedido que los fiscales establezcan patrones que facilitarían la identificación de todas las partes responsables. En 2012, el Fiscal General Eduardo Montealegre comenzó a implementar una nueva estrategia de investigación “contextualizada” en toda la institución. Si se aplica eficazmente, a la vez que se eliminan otros obstáculos a la justicia identificados en este informe, la nueva estrategia podría contribuir notablemente a ampliar la rendición de cuentas por delitos vinculados con la restitución.

Persiste el poder de los grupos sucesores de los paramilitares

A pesar de importantes resultados en la captura de líderes de grupos sucesores de los paramilitares, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de estas organizaciones.

Datos elaborados por la Policía Nacional muestran que el tamaño de estos grupos básicamente no se ha modificado durante los últimos cuatro años, y registró solamente una leve disminución en la cantidad de miembros, que pasó de 4.037 en julio de 2009 a 3.866 en mayo de 2013. Los Urabeños, el grupo sucesor de los paramilitares más numeroso y organizado de Colombia, ha incrementado su cantidad de miembros durante 2013.

Estos grupos sucesores, que el gobierno denomina “bandas criminales emergentes” (Bacrim), continúan cometiendo abusos generalizados contra civiles, como masacres, asesinatos y desplazamientos forzados. Según el informe anual 2012 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que tiene amplia presencia en toda Colombia, los grupos sucesores provocan al menos tantas muertes, amenazas, desplazamientos y desapariciones como el conflicto armado interno entre las FARC y las fuerzas estatales. Cada año, los grupos sucesores expulsan de su hogar a miles de personas, incluidos en varios casos desplazados que intentan regresar a sus tierras.

Por ejemplo, Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos importantes líderes de la población desplazada de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 20 días en marzo y abril de 2013, presuntamente a manos de los Urabeños. Ambos pertenecían a un comité que se conformó en Valencia para asegurar que las víctimas participaran en la implementación de la Ley de Víctimas. Poco después del homicidio de Cordero, las amenazas y los actos de intimidación por parte de supuestos miembros de los Urabeños consiguieron que 34 de sus familiares abandonaran Valencia, incluidos 22 niños.

El poder que aún detentan los grupos sucesores de paramilitares representa una amenaza directa para los reclamantes de tierras y sus líderes, como lo demuestran los ataques que han perpetrado contra estas personas. Asimismo, en un sentido más amplio, su poder debilita la vigencia del estado de derecho en muchas de las regiones donde se está implementando la restitución de tierras, debido a que corrompen a miembros de la fuerza pública y disuaden a testigos de aportar información a funcionarios judiciales. Como ha sido reconocido por la Fiscalía, uno de los principales obstáculos que se interponen al juzgamiento de quienes amenazan a los reclamantes de tierras es el temor de las víctimas de que los grupos sucesores de los paramilitares tomen represalias si cooperan con las investigaciones. La adopción de medidas efectivas para combatir a grupos sucesores, como deshacer sus vínculos con miembros de la fuerza pública en ciertas regiones, debe considerarse una condición indispensable para la implementación efectiva de la Ley de Víctimas.

Recomendaciones

La política de Colombia en materia de restitución presenta actualmente una falencia fundamental: el proceso de restitución de tierras no está acompañado por medidas paralelas destinadas a conseguir justicia por abusos contra desplazados. Es común que los reclamantes de tierras y sus líderes sean atacados, en gran parte debido a que las autoridades casi nunca juzgan a quienes los desplazaron y se apropiaron de sus tierras, ni tampoco las amenazas y los ataques destinados a impedir que retornen a sus hogares. La Fiscalía en general no ha impulsado investigaciones para identificar la existencia de patrones en los distintos delitos relacionados con las mismas tierras, comunidades, o presuntos responsables, y algunos funcionarios judiciales locales han demostrado falta de voluntad para investigar casos de amenazas.

Coordinar las iniciativas de restitución con la intervención estratégica de los fiscales podría contribuir considerablemente a asegurar que quienes intentan volver a sus tierras reciban justicia y, por lo tanto, protección. La Ley de Víctimas establece que la restitución de tierras se implementa en forma gradual y progresiva en predios, pueblos y regiones, según un esquema de priorización. Consideramos que la Fiscalía debería centrar sus esfuerzos en perseguir penalmente aquellos delitos cometidos contra desplazados en las mismas zonas donde la Unidad de Restitución esté evaluando solicitudes. Este tipo de coordinación permitiría aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados, para que los fiscales efectúen investigaciones sistemáticas sobre los incidentes de desplazamiento forzado, despojo, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras. Este enfoque más holístico ofrecería una estrategia prometedora y eficiente para subsanar la falta de rendición de cuentas que existe actualmente en el proceso de restitución de tierras.

Dicho enfoque deberá ser complementado por acciones más efectivas para desarticular a los grupos sucesores de los paramilitares y proteger de manera oportuna a los reclamantes amenazados. Para ello, el Estado colombiano debería adoptar medidas enérgicas destinadas a erradicar la connivencia entre las organizaciones sucesoras de los paramilitares y funcionarios locales, fortalecer su capacidad de monitorear los riesgos que estos y otros grupos suponen para quienes reclaman la restitución de tierras y asegurar que tales personas reciban protección oportuna y adecuada cuando sus vidas estén en peligro.

Al gobierno de Santos

Asegurar justicia por los abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras

• Dotar a la Fiscalía General de la Nación de recursos suficientes para que pueda formar equipos de fiscales e investigadores judiciales encargados de perseguir delitos contra desplazados que reclaman tierras y sus líderes, incluidos los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo de tierras sufridos por ellos, así como todos los asesinatos, ataques y amenazas vinculados con sus reclamos actuales de restitución. Los equipos deberían operar en las principales ciudades de Colombia, pero realizar visitas periódicas a cada ciudad o municipio donde haya sedes de la Unidad de Restitución, a fin de recibir e investigar denuncias penales. Los equipos deberían además investigar delitos vinculados con casos de restitución de tierras que estén siendo procesados a través de mecanismos distintos a la Ley de Víctimas. (Ver más información en las recomendaciones formuladas al Fiscal General de la Nación).
• Emitir una directiva por la cual se exija a los funcionarios de la Unidad de Restitución que informen inmediatamente a los fiscales cuando encuentren evidencias de desplazamiento forzado o despojos ilegales.
• Asegurar que cualquier reglamentación que se adopte en el futuro para el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional sancionada en julio de 2012, no excluya de la posibilidad de investigación penal los casos de desplazamiento forzado y otras graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Brindar protección oportuna y efectiva a reclamantes y líderes en riesgo

• Asegurar que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo cuente con el personal y los recursos necesarios para monitorear posibles amenazas contra reclamantes de tierras y líderes en las regiones donde está en marcha el proceso de restitución.
• Asegurar que la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, que opera en zonas rurales, cuente con personal y fondos suficientes para garantizar la seguridad en las comunidades adonde regresan los desplazados internos.
• A fin de reducir al máximo la demora en la provisión de las medidas de protección brindadas a los reclamantes y líderes de restitución de tierras, establecer plazos para las distintas etapas del proceso a través del cual la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa las solicitudes de protección y asigna medidas. Esto debería incluir la determinación y aplicación de límites entre el momento en que la UNP recibe una solicitud de protección y completa un estudio de riesgo del potencial beneficiario, así como plazos específicos entre la evaluación de riesgos, la determinación por parte del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de las medidas de protección adecuadas que se adoptarán y la implementación eficaz de tales medidas por la UNP.
• Abordar las falencias de las medidas de protección dispuestas por la UNP para mujeres líderes desplazadas que se estipulan en el auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional, incluida la cobertura insuficiente de familiares cercanos de las beneficiarias.
• Asegurar que, en consonancia con lo establecido en pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional, la Unidad de Víctimas registre y brinde atención, asistencia y protección a personas —incluidos reclamantes y líderes de restitución de tierras— que hayan sido desplazadas por grupos sucesores de los paramilitares o que hayan abandonado su hogar a causa de otras situaciones contempladas en la Ley 387 de 1997.

Al Fiscal General de la Nación

• Efectuar investigaciones enérgicas y exhaustivas de todos los presuntos incidentes de desplazamiento forzado y despojo, asesinatos, tentativas de asesinato y amenazas documentados en este informe, con el objeto de procesar penalmente a todas las partes responsables.
• Conformar equipos de fiscales e investigadores judiciales que se ocupen de investigar delitos contra desplazados que reclaman tierras y sus líderes (ver antes). Conforme se dispone en la Directiva 01 de 2012, asignar prioridad con carácter de “situaciones” a delitos vinculados con la restitución de tierras (incluidos incidentes de desplazamiento forzado y despojo, así como amenazas y agresiones contra reclamantes debido a sus pretensiones) que hayan ocurrido en las mismas zonas donde se esté implementando la restitución de tierras. En coordinación con la Unidad de Restitución y otras entidades estatales que intervengan en el proceso de restitución, los equipos deberían efectuar investigaciones sistemáticas de estas “situaciones”, y aprovechar la concentración de denuncias regionales para examinar evidencias de vínculos entre los distintos casos, a fin de identificar patrones y a todas las partes responsables. (No obstante, es importante señalar que no todas las personas que compraron tierras reclamadas por desplazados o que se instalaron en ellas tienen algún tipo de responsabilidad penal por haber adquirido estas tierras).
• Asignar inmediatamente al equipo especializado de fiscales todos los casos futuros de amenazas, asesinatos y otros ataques contra reclamantes de tierras y líderes.
• Solicitar a los jueces que excluyan del proceso de Justicia y Paz, así como de los beneficios en la reducción de penas, a aquellos paramilitares o guerrilleros que no hayan aportado a los fiscales información completa sobre 1) incidentes de desplazamiento forzado o actos relacionados de despojo en los cuales hayan participado, o 2) tierras que hayan adquirido en forma directa o indirecta como resultado de su vinculación a un grupo armado al margen de la ley.
• Asegurar que la unidad de fiscales que se dedica a investigar a grupos sucesores de los paramilitares asigne prioridad a investigaciones vinculadas con funcionarios públicos sobre quienes existan denuncias creíbles de que han tolerado a estos grupos o actuado en connivencia con ellos.

Metodología

En el presente informe se documentan abusos cometidos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, además de Bogotá. Estos ocho departamentos (de un total de 32) concentraban la mayoría de las solicitudes de restitución de tierras interpuestas en el marco de la Ley de Víctimas hasta junio de 2013, y también allí se habían registrado gran parte de las amenazas denunciadas a las autoridades. Las víctimas de abusos reclamaban sus tierras por medio de la Ley de Víctimas, además de otros mecanismos de restitución como la Ley de Justicia y Paz, y procesos administrativos a cargo del organismo de desarrollo rural INCODER.

El informe se elaboró a partir de investigaciones exhaustivas realizadas entre febrero de 2012 y julio de 2013, incluidas numerosas visitas a Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Tolima y Bogotá. En estos sitios, y por medio de comunicaciones telefónicas, Human Rights Watch también entrevistó a víctimas y/o funcionarios públicos de los departamentos de Atlántico, Chocó, La Guajira, Meta y Valle del Cauca. En 2009 y 2011, el personal de Human Rights Watch realizó varias visitas de campo a comunidades de la cuenca del río Curvaradó, en el departamento de Chocó.

Representantes de Human Rights Watch entrevistaron a más de 130 reclamantes y líderes de restitución de tierras, de los cuales más de un tercio eran mujeres. También mantuvimos entrevistas con más de 120 funcionarios locales y nacionales de distintos organismos e instituciones, incluida la Unidad de Restitución, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército, la Corte Constitucional, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otros. Asimismo, Human Rights Watch habló con decenas de miembros de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y especialistas en temas de seguridad y tierras. Ninguno de los entrevistados recibió retribución económica ni de otro tipo a cambio de su testimonio. Casi todas las entrevistas se efectuaron en español, salvo algunas de las realizadas a personal extranjero de organizaciones internacionales.

Muchas de las personas entrevistadas manifestaron que temían sufrir represalias y, por ese motivo, pidieron dar su testimonio en forma anónima. Human Rights Watch no ha divulgado los datos de estas personas cuando considera que podría suponer un riesgo para ellas, pero se encuentran en los registros de la organización.

La investigación de Human Rights Watch examinó estadísticas oficiales, que obtuvimos mediante entrevistas y comunicaciones por correo electrónico. También recibimos y examinamos un amplio espectro de fuentes y documentos adicionales, como denuncias penales, sentencias judiciales, expedientes de causas penales, informes oficiales y de organizaciones no gubernamentales, artículos de noticias y libros, entre otros tipos de evidencias.

El presente informe no expone todos los casos de abusos contra reclamantes de tierras y líderes que fueron documentados por Human Rights Watch. Utilizamos el término “documentar” para hacer referencia a casos en los cuales hemos obtenido versiones creíbles de las víctimas, o bien de sus familiares, amigos u otros líderes en casos de asesinatos o “desapariciones”. La mayoría de los casos se corroboran a través de otras fuentes distintas, incluidas entrevistas con funcionarios públicos, testigos, otros líderes, miembros de la comunidad u observadores internacionales, o mediante la consulta de denuncias penales, informes oficiales y artículos de noticias, entre otros.

Los líderes de desplazados internos que reclaman la restitución de tierras en general participan en otras actividades relacionadas que también pueden suponer un riesgo para su vida, como reclamar justicia por delitos vinculados con el conflicto armado o denunciar actos perpetrados por grupos armados. Por tal razón, a menudo es difícil identificar el motivo preciso por el cual fueron objeto de ataques. Si bien este informe documenta casos en que Human Rights Watch encontró indicios de que las amenazas o los ataques se vinculaban con los reclamos de restitución de tierras de las víctimas, es posible que en algunos casos los abusos hayan respondido a otras de las actividades que realizaban en carácter de líderes, o por una combinación de ambos factores.

I. Abusos generalizados contra reclamantes
y líderes de restitución de tierras

Numerosos desplazados internos y sus líderes que exigen la restitución de tierras han sufrido abusos generalizados, como amenazas, nuevos episodios de desplazamiento forzado y asesinatos. Los autores de estos incidentes son, principalmente, grupos sucesores de los paramilitares, terceros que despojaron tierras de desplazados y pretenden conservarlas y, en algunas regiones, las FARC. Los abusos suponen un importante obstáculo para la implementación efectiva de la Ley de Víctimas.

Amenazas de violencia

Numerosos reclamantes y líderes de restitución de tierras han sido víctimas de hechos delictivos como intimidación y amenazas de violencia [1] . Las amenazas a personas desplazadas que reclaman tierras frustran las posibilidades de restitución de distintas maneras; por ejemplo, atemorizando a las víctimas, disuadiéndolas de que presenten solicitudes de restitución, restringiendo la participación de líderes en el proceso y obligando a quienes han regresado a su hogar a abandonar nuevamente sus tierras.

Human Rights Watch documentó amenazas creíbles contra más de 80 reclamantes de tierras y líderes de Bogotá y otros ocho departamentos ocurridas desde 2008 [2] . De estos casos, más de 60 se produjeron entre 2011 y 2013.

Datos proporcionados por el gobierno indican que se producen amenazas graves contra reclamantes a mayor escala y en todo el país. Entre enero de 2012 y mayo de 2013, al menos 510 reclamantes y líderes de restitución de tierras de 25 departamentos involucrados en distintos procesos judiciales y administrativos—incluida la Ley de Víctimas— informaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que habían recibido amenazas[3]. En función de evaluaciones individuales, las autoridades determinaron que 363 de estos reclamantes y líderes amenazados se encontraban en una situación de “riesgo extraordinario” debido a los reclamos que estaban llevando a cabo. Tal determinación requiere que el riesgo sea, entre otros criterios, “concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos... presente, no remoto ni eventual... serio, de materialización probable por las circunstancias del caso... [y] excepcional, en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos”[4].

Con respecto a los reclamantes y líderes que solicitan la restitución de tierras amparándose específicamente en la Ley de Víctimas —en vez de otros mecanismos de restitución— 447 personas de 27 departamentos denunciaron haber recibido amenazas, según datos de la Unidad de Restitución[5].

Human Rights Watch observó que víctimas y funcionarios públicos entrevistados para este informe coinciden en que las amenazas representan un grave obstáculo para la implementación de la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas. En marzo de 2013, por ejemplo, Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución, manifestó que las amenazas contra reclamantes han sido la vía más frecuente para intentar sabotear los casos de restitución de tierras[6]. En otra oportunidad, Sabogal identificó públicamente dichas amenazas como uno de los “principales retos” para la implementación de la ley[7]. Según Alma Viviana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, “[t]an pronto se mueve el engranaje de restitución, llegan las amenazas... Cada vez que empiezas a implementar la Ley de Víctimas, encuentras amenazas”[8].

Las amenazas suelen proferirse reiteradamente contra la misma víctima, y pueden materializarse de distintas maneras, desde mensajes de texto y llamadas telefónicas hasta advertencias verbales expresados personalmente. El contenido de las amenazas también varía: algunos agresores amenazan de muerte a víctimas o a sus familiares, mientras que otros les advierten que renuncien a reclamar, que se “queden calladas” o que abandonen la región donde viven actualmente. En algunos casos, en las amenazas se acusa a las víctimas de tener vínculos con guerrillas o paramilitares.

Un ejemplo de una amenaza proferida personalmente es el caso de Angélica Zamora (seudónimo), líder de población desplazada de la costa Caribe. Zamora informó a Human Rights Watch y a la Fiscalía que un ex congresista, que eventualmente fue condenado por mantener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a fines de la década de 1990 había presionado a su familia para que abandonaran la finca que tenían, y luego había adquirido la propiedad [9] . Ella presentó una solicitud ante la Unidad de Restitución a principios de 2012 y, algunos meses después fue interceptada cerca de su vivienda por dos hombres armados que se trasladaban en una motocicleta, quienes le dijeron que si continuaba con el proceso que llevaba, no alcanzaría a terminarlo. Zamora relató que, inmediatamente después de la amenaza, debió ser hospitalizada tras sufrir un pico de presión arterial y que, por temor, intenta no trasladarse demasiado. Tampoco consigue dormir tranquila en su propia casa:

Tengo miedo de que me vayan a quitar las láminas de eternit, se me puedan meter... Se acabó mi libertad. Yo misma me estoy protegiendo... No hay horario, no digo nada [si voy a algún lado]... Me siento “los talones pisados”[10].

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© 2013 de Human Rights Watch

Cuadro: Cifras de referencia sobre personas que reclaman la restitución de tierras y denunciaron amenazas, por departamento

Existen múltiples factores que contribuyen a que las amenazas sean creíbles y tengan un efecto amedrentador. Las disputas vinculadas con tierras son el origen de gran cantidad de hechos de violencia ocurridos en Colombia y, en muchos casos, se las identifica como una de las causas fundamentales del conflicto armado en el país. Numerosas víctimas de amenazas originalmente huyeron de abusos aberrantes cometidos por paramilitares y guerrillas —incluso contra sus propios familiares—, muchas veces perpetrados como parte de una campaña para ocupar sus tierras o controlar el territorio. Los grupos sucesores de los paramilitares, o directamente las mismas guerrillas, con frecuencia mantienen presencia en las zonas donde las víctimas reclaman actualmente tierras. Se sabe que los grupos sucesores, en particular, han asesinado a reclamantes de tierras y líderes, incluso de la misma región, comunidad o asociación de desplazados a la cual pertenecen las víctimas que actualmente sufren amenazas. Las víctimas suelen atribuir las amenazas a estos grupos u otras personas vinculados directamente con los extensos antecedentes de violencia y despojo que han sufrido[14].

Muchas veces, las amenazas son tan graves que los reclamantes y líderes de restitución de tierras deciden abandonar sus hogares, y enfrentar una vez más las innumerables dificultades que implica un nuevo incidente de desplazamiento forzado.

Desplazamiento forzado

Las amenazas, los ataques y otras formas de intimidación contra reclamantes de tierras y líderes han provocado que muchos abandonaran nuevamente su lugar de residencia. Human Rights Watch documentó más de 30 casos de este tipo que se produjeron en siete departamentos desde 2008[15].

Según datos oficiales, los reclamantes de tierras y líderes a menudo deben abandonar sus hogares debido a amenazas inminentes vinculadas con sus iniciativas de restitución. Entre enero de 2012 y mayo de 2013, la UNP reubicó temporalmente a 94 reclamantes de tierras y líderes en nuevas áreas del país debido a graves riesgos contra sus vidas [16] . Según explicó un funcionario de la UNP, el programa toma la determinación de reubicar a personas como último recurso, cuando:

la única medida para preservar la vida es sacarlos de la zona de riesgo... cuando por más que se le ponga un hombre [de protección], un carro, no podemos garantizarle la seguridad[17].

El problema también afecta a las familias de los reclamantes y líderes de restitución de tierras. Human Rights Watch recibió testimonios creíbles de amenazas y otros abusos contra reclamantes de tierras y líderes que hicieron que numerosos de sus familiares huyeran de sus hogares, ya fuera junto con la víctima directa del abuso o separadamente. Por ejemplo, conforme indicó la Corte Constitucional, el asesinato en 2012 del líder de restitución de tierras Manuel Ruiz y de su hijo de 15 años Samir Ruiz, habitantes de la cuenca del río Curvaradó, en Chocó, ocasionó el desplazamiento forzado de otros 49 familiares[18].

Estos nuevos incidentes de desplazamiento de reclamantes de tierras y líderes, así como también de sus familiares, tienen un gran impacto sobre las víctimas y las iniciativas de restitución en general. Con frecuencia, obligan a las víctimas a enfrentar nuevamente las dificultades económicas y sociales que implica ser expulsadas de sus hogares, y perder sus fuentes de ingresos y redes de apoyo. Y luego, cuando las pocas personas que están dispuestas a asumir los riesgos de convertirse en líderes deben abandonar la zona debido a amenazas, los miembros de la comunidad a la cual representan ya no tienen un vocero y observan, ahora en primera persona, a los peligros que implicaría retomar el rol de esos líderes. Por ejemplo, en relación con el proceso de restitución en Curvaradó, Chocó, la Defensoría del Pueblo indicó que el desplazamiento forzado de líderes de restitución de tierras y sus familiares había causado el “debilitamiento de los procesos organizativos, en tanto ha implicado la salida de líderes que cumplían un papel importante en sus comunidades”, y producido “situaciones de miedo y terror generalizado que restringen y desestimulan la participación de la comunidad en procesos de sus derechos territoriales”[19].

Muchos de los casos documentados por Human Rights Watch —y registrados por la UNP— en los cuales reclamantes y líderes de restitución de tierras abandonaron sus hogares debido a amenazas y otros abusos vinculados con sus reclamos constituirían delitos de desplazamiento forzado de conformidad con la legislación penal colombiana. Si bien en algunos casos las evidencias apuntan a la responsabilidad de grupos sucesores de los paramilitares o terceros, en otros no fue posible determinar quiénes eran los responsables sobre la base de la información disponible. Independientemente de la identidad del agresor, presionar a una persona para que abandone su hogar mediante amenazas, violencia u otros actos de coacción constituye una conducta que se encuadra en la definición de desplazamiento forzado contenida en el Código Penal de Colombia:

El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia[20].

El desplazamiento forzado comporta un delito, independientemente de que sea cometido en relación con el conflicto armado colombiano o no.

Asimismo, en junio de 2013, la Corte Constitucional ordenó al gobierno que registrara como desplazados y brindara asistencia, atención y protección a las personas que huyeran de sus hogares debido a violencia y abusos de grupos sucesores de los paramilitares, independientemente de si su desplazamiento fue causado por el conflicto armado[21].

La Corte Constitucional también reconoció específicamente, en un auto de mayo de 2013, que las amenazas contra mujeres líderes de población desplazada han provocado su desplazamiento forzado. El Auto 098 de 2013 establece que:

“Las mujeres defensoras... son sometidas bajo amenazas directas o indirectas —panfletos, correos electrónicos, advertencias en muros públicos, entre otros— al confinamiento en sus propios lugares de residencia, sus veredas o comunidades... En ocasiones, dada la alta probabilidad de que ellas o sus familiares sean atacadas, se ven compelidas a abandonar sus residencias de forma temporal o definitiva, constituyéndose así un nuevo hecho de desplazamiento forzado”[22].

Asesinatos, tentativas de asesinato y otros ataques

Human Rights Watch documentó 21 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y líderes cometidos desde 2008 en los departamentos de Antioquia, Cesar, Chocó, Córdoba y Sucre [23] . En 17 casos, hay evidencias persuasivas de que las víctimas fueron atacadas debido a sus esfuerzos por recuperar tierras o activismo. Por ejemplo, muchas habían recibido amenazas de muerte vinculadas con su liderazgo antes de ser asesinadas. En cuatro de los 21 casos de asesinatos, al igual que en un quinto caso adicional de desaparición de un reclamante, no resultó claro, en función de la información disponible, si el ataque estuvo motivado por la defensa del derecho a la tierra impulsada por las víctimas, aunque algunas evidencias sugieren que esta pudo haber sido la causa [24] . También documentamos dos casos de tentativa de asesinato y un secuestro de un líder de restitución de tierras, cometidos desde 2008, en los cuales se encontraron fuertes indicios de que las víctimas habían sido atacadas deliberadamente debido a su activismo.

Informes de diversas autoridades estatales han señalado que los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras se habrían producido incluso en una escala mayor. La Defensoría del Pueblo reportó al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011[25]. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó, en agosto de 2013, que estaba investigando 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y líderes cometidos en 16 departamentos desde 2000[26]. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional indicaron haber recibido información sobre el asesinato, entre 2002 y 2011, de al menos 45 líderes desplazados que reclamaban la restitución de tierras[27].

Muchos familiares y otros activistas que trabajaban con líderes asesinados indicaron a Human Rights Watch que debido a estas muertes dudaban de seguir impulsando las solicitudes de restitución. Tal como lo describió el director de la UNP, la estrategia de quienes cometen estos delitos “es matar pocos para enviar un mensaje a muchos”[28].

A pesar de la gran cantidad de amenazas contra reclamantes de tierras y líderes, a partir de que comenzó la implementación de la Ley de Víctimas, en enero de 2012, se produjeron relativamente pocos asesinatos de estas personas [29] . Si bien los casos en sí mismos constituyen graves abusos que tienen profundo impacto para las familias y comunidades de las víctimas, así como respecto de las iniciativas de restitución de tierras, es posible que este número relativamente bajo, en comparación con la magnitud de las amenazas, responda a varios factores. Tales factores incluyen el repudio público de los asesinatos expresado por altos funcionarios gubernamentales, así como también las medidas de protección que la UNP brinda a cientos de reclamantes y líderes que reciben amenazas.

A su vez, dado que la Ley de Víctimas es un programa insignia del gobierno de Santos y recibe un alto grado de atención política, es razonable presumir que los potenciales agresores consideran que —a diferencia de las amenazas y formas de intimidación más discretas— los ataques violentos contra reclamantes podrían exponerlos a la mirada de todo el país y aumentarían así las probabilidades de tener que rendir cuentas por sus actos.

No obstante, quizás el motivo de mayor peso es que la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas aún se encuentra en la etapa inicial de la implementación [30] . Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución había logrado que se dictaran sentencias de restitución para el 1 por ciento de las solicitudes recibidas. Hasta julio de 2013, solamente una familia había retornado a vivir en su tierra como resultado de estas sentencias y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados [31] (si bien muchas otras visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas) [32] . No se habían dictado sentencias con respecto a las tierras de Urabá, una de las regiones más peligrosas para líderes y reclamantes de restitución de tierras [33] . (Los casos de retornos que se exponen en el informe ocurrieron fuera del marco del proceso de la Ley de Víctimas).

Hay varias razones para esperar que el problema empeore a medida que avanza el proceso de restitución. Human Rights Watch comprobó que diversos funcionarios vinculados al proceso de restitución de tierras coincidían en que, a medida que los casos avanzan, el nivel de riesgo para los reclamantes se agrava [34] . La UNP, por ejemplo, estimó a principios de 2013 que, para fin de año, tendría que brindar medidas de protección a 1.000 participantes en casos de restitución de tierras, es decir, más del doble de la cantidad de personas alcanzadas por este tipo de medidas en ese momento [35] . Asimismo, en muchos casos de asesinatos documentados por Human Rights Watch, las víctimas habían retornado a su terreno, o habían intentado hacerlo poco antes de su muerte. Este precedente —y las graves amenazas que, en la actualidad, reciben constantemente numerosos reclamantes de tierras y líderes en todo el país— indican que existe un riesgo latente de que se cometan nuevos asesinatos a medida que avanzan las solicitudes de restitución y las comunidades retornan a sus hogares.

Responsables

Muchos de los que están amenazando... son los propios dueños o supuestos dueños de las tierras que han sido reclamadas... Hay otros sectores. Sectores que yo he llamado de la extrema izquierda... y de la extrema derecha, que están vinculados con los antiguos paramilitares, que no quieren que les quiten sus tierras, que se apropiaron en forma indebida.

—Presidente Juan Manuel Santos, 7 de julio de 2012, Montería, Córdoba [36]

Salvo unas pocas excepciones, no se ha juzgado a los autores de actos de violencia y amenazas contra reclamantes de tierras, lo cual dificulta la posibilidad de aseverar con certeza quién ha sido el responsable. No obstante, evidencias convincentes analizadas por Human Rights Watch sugieren que grupos sucesores de los paramilitares, terceros que adquirieron tierras de desplazados, y en algunas zonas, las FARC, serían los principales responsables de los abusos. Independientemente de quién sea el autor, una motivación común que subyace a los abusos es la intención de mantener el control sobre las propiedades o zonas rurales de las cuales fueron desplazados los reclamantes.

Grupos sucesores de los paramilitares

De los casos documentados por Human Rights Watch sobre abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras, existen evidencias persuasivas que sugieren que grupos sucesores de los paramilitares habrían cometido la mayor parte de los asesinatos, tentativas de asesinato y nuevos incidentes de desplazamiento forzado, así como también una proporción considerable de las amenazas.

El rol de los grupos sucesores en la consumación de estos delitos ha incluido desde proferir amenazas directas a través de volantes o llamadas telefónicas, hasta ordenar asesinatos o actuar como autores inmediatos en estos delitos. En los casos de abusos examinados por Human Rights Watch, los Urabeños fue el grupo sucesor de los paramilitares que con más frecuencia apareció como presunto responsable. Este es el grupo sucesor de los paramilitares más numeroso y con mayor poder en Colombia. Cuenta con aproximadamente 2.370 miembros y una estructura “con mando y cohesión nacional”, según indican fuentes de inteligencia policial[37].

La información proporcionada a Human Rights Watch por diversos organismos estatales apunta a que existiría un patrón de abusos de grupos sucesores de los paramilitares contra reclamantes. Según estadísticas compiladas por la Unidad de Restitución, hasta marzo de 2013, 31 reclamantes y líderes de 10 departamentos denunciaron amenazas atribuidas a las “Bacrim”, y otros 55 de 15 departamentos diferentes informaron amenazas que atribuyeron a miembros desmovilizados de las AUC. Bajo esta última categorización, victimas identifican de manera recurrente a miembros de grupos sucesores de los paramilitares [38] (aunque algunos paramilitares desmovilizados pueden actuar independientemente al emitir las amenazas). Andrés Villamizar, director nacional de la UNP, el organismo que brinda medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes, señaló a grupos sucesores de los paramilitares como principales responsables de las amenazas que aquellos reciben en la costa Atlántica. [39]

De manera similar, un funcionario de la Fiscalía que realiza un seguimiento a las denuncias penales instauradas frente a amenazas contra reclamantes y líderes de restitución de tierras de todo el país señaló que los grupos sucesores eran los principales responsables [40] . La Defensoría del Pueblo también ha denunciado, en reiteradas oportunidades, amenazas y actos de violencia perpetrados por grupos sucesores de paramilitares contra desplazados que exigen la restitución de sus tierras. [41]

Por su parte, el Centro de Memoria Histórica creado por el gobierno concluyó, en su informe final sobre el conflicto armado colombiano, que los grupos sucesores de los paramilitares constituyen “uno de los principales retos” para la implementación de la Ley de Víctimas, y afirmó que:

El fenómeno del rearme paramilitar que ha persistido por más de seis años se desenvuelve a partir del 2010.... La política de restitución de tierras se convierte en un desafío abierto desde la institucionalidad a los poderes paramilitares rearmados, razón por la cual se responde con el escalamiento de la violencia, en particular contra los reclamantes de tierra[42].

En el ámbito internacional, la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales y la Misión de la Organización de los Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) informaron que los grupos sucesores atentan contra reclamantes de tierras [43] . En 2013, por ejemplo, la OACNUDH estableció que:

Continuaron las agresiones y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y contra quienes participan en el programa de restitución de tierras. En muchas regiones, la mayoría de estas violaciones pueden atribuirse a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares (grupos post-desmovilización)[44].

Continuidad entre las AUC y los grupos sucesores

Una de las principales razones por las cuales los grupos sucesores de los paramilitares tendrían interés en atentar contra reclamantes y líderes de restitución de tierras es que, en muchas zonas, estos grupos continuaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar desmovilizada AUC, responsable de desplazamientos forzados y despojos de tierras generalizados durante el momento más álgido del conflicto armado.

Si bien tienen diferencias importantes con las AUC, los grupos sucesores de los paramilitares han asumido muchos de los mismos roles —como participar en narcotráfico y otras actividades mafiosas, y cometer abusos contra civiles que se interponen a sus intereses—, a menudo con algunos de los mismos integrantes y en las mismas zonas[45]. El Alto Consejero para la Reintegración estimó, en 2011, que la mitad de los líderes de grupos sucesores de los paramilitares fueron mandos medios de las AUC[46]. De los 12 principales líderes de grupos sucesores de los paramilitares que la Policía informó haber capturado entre enero y octubre de 2012, más de la mitad son ex paramilitares[47].

Es posible que esta proporción haya disminuido desde entonces debido a la captura, por parte de la Policía, de decenas de líderes de grupos sucesores, y a la fragmentación de algunos grupos, tales como los Rastrojos[48]. Aun así, persiste la continuidad de miembros entre las AUC y grupos sucesores de los paramilitares[49]. Un claro ejemplo es el del actual jefe de los Urabeños y ex miembro de las AUC, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel[50].Otoniel heredó la empresa criminal de los Urabeños tras una larga sucesión de jefes paramilitares que fueron arrestados, desmovilizados o asesinados, y que se remonta a líderes como Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y el fundador de las AUC, Carlos Castaño, cuyas fuerzas llevaron a cabo apropiaciones de tierras generalizadas en colaboración con miembros de la fuerza pública, políticos y elites económicas locales, durante la década de 1990 y los primeros años de la década del 2000[51].

Numerosos funcionarios públicos reconocen la estrecha relación entre los grupos sucesores de los paramilitares y las AUC [52] . Por ejemplo, varios fiscales que investigan a grupos sucesores en Urabá y Córdoba dijeron a Human Rights Watch que no hay “ninguna diferencia” entre ellos y las AUC, y que “sólo cambiaron de nombre” [53] . De manera similar, el personero de Montería, Córdoba —el titular de la Personería, un organismo municipal de derechos humanos— declaró en 2013 que los grupos sucesores de los paramilitares son:

[l]a prolongación de un actor armado que hace un tiempo se llamó Paramilitarismo. Estas bandas operan en los mismos territorios donde alguna vez tuvieron control [las AUC]; en los cuales las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y generalizadas[54].

Incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reconocido la continuidad entre las AUC y los grupos sucesores de los paramilitares: en un escrito de acusación de 2009 contra varios líderes de los Urabeños —incluido Otoniel— por narcotráfico y otros cargos vinculados con actividades terroristas se hace referencia al grupo sucesor como un bloque de las AUC[55].

Un claro ejemplo son las dos sentencias judiciales a través de las cuales fueron condenados varios miembros de los Urabeños por el asesinato del líder de restitución de tierras de Urabá, David de Jesús Góez Rodríguez, cometido el 23 de marzo de 2011 [56] . Góez había liderado iniciativas de restitución en la zona de Tulapas, donde las AUC se habían apropiado de gran cantidad de tierras [57] . La Fiscalía determinó que, antes de morir, y en el marco de sus acciones para la restitución de tierras, Góez había denunciado públicamente a los Urabeños, quienes, según el fiscal del caso:

[C]ontinuaban sometiendo a los campesinos y se negaban a entregar las valiosas tierras de la región de Tulipa (sic), porque son corredor para el tráfico de drogas hacia el Océano Atlántico[58].

La Fiscalía también determinó que el asesinato de Góez había sido ordenado por quien entonces era el jefe máximo los Urabeños, Juan de Dios Úsuga David (hermano de Otoniel), alias Giovanni, quien también había sido miembro de las AUC[59]. Giovanni habría ordenado el asesinato porque sospechaba que Góez había proporcionado a las autoridades información que facilitó la detención, en 2009, del entonces jefe máximo de los Urabeños, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, también ex miembro de las AUC. Según la Fiscalía, Rendón Herrera “heredó toda la estructura de narcotráfico y [p]aramilitarismo”[60].

La influencia de los Urabeños en la región de Tulapas sigue representando un obstáculo para la restitución de tierras: Manuel Mercado, al igual que Góez, otro líder de Tulapas, manifestó a Human Rights Watch que, desde el momento en que se dispuso la restitución de sus tierras en virtud de una sentencia judicial en noviembre de 2011, no ha retornado a vivir allí porque los Urabeños se lo han prohibido[61]. En abril de 2013, Mercado guió a representantes de la Unidad de Restitución que entregaban notificaciones de solicitudes de restitución en parcelas de tierra en Tulapas. No obstante, a pesar de haber sido acompañados por policías, no lograron completar la misión debido a la fuerte presencia de Urabeños en la zona, y a que este grupo seguía de cerca los movimientos de Mercado y de la Unidad de Restitución[62]. Mercado cree que el grupo sucesor de los paramilitares se opone a su retorno a Tulapas debido a su colaboración con las autoridades. De hecho, hay evidencias que señalan que los grupos sucesores a veces atentan contra líderes de restitución de tierras debido a que interactúan habitualmente con autoridades, lo cual constituye un aspecto fundamental de su activismo.

Terceros

Las personas que ocuparon o adquirieron las tierras de los desplazados después de que estos fueron expulsados son unos de los principales responsables de los abusos, según se observa en casos documentados por Human Rights Watch y en las entrevistas con diferentes funcionarios. Estos terceros incluyen desde testaferros paramilitares —que han mantenido y ocultado los bienes de las AUC—ganaderos, políticos, terratenientes, empresarios y paramilitares desmovilizados.

Human Rights Watch documentó múltiples casos en los cuales las evidencias sugieren que los terceros que ocuparon tierras o impugnaron su restitución amenazaron o intimidaron a los reclamantes desplazados. En este mismo sentido, altos funcionarios públicos identificaron a terceros que ocupaban los terrenos reclamados como unos de los principales responsables de amenazas. En palabras de Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución, “[l]a información de las víctimas es que los que amenazan son los que están encima del predio. El que robó o compró la tierra” [63] . De manera similar, María Paulina Riveros, directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, expresó a Human Rights Watch:

Más que nada son los despojadores que son autores de amenazas. La gente que está interesada en quedarse con la tierra[64].

Información recabada por la Unidad de Restitución también indica que estos terceros suelen ser responsables de las amenazas contra reclamantes. Hasta marzo de 2013, 148 reclamantes de tierras o líderes de 21 departamentos que exigían la restitución en virtud de la Ley de Víctimas, habían denunciado amenazas que atribuían a agresores catalogados por la Unidad de Restitución como “agentes individuales”[65]. Según un funcionario de la Unidad de Restitución, la mayoría de los casos clasificados de este modo se refieren a personas que están ocupando los terrenos reclamados, pero que no encuadran en las demás categorías contempladas en los datos de la unidad para efectos de identificar a los presuntos responsables (Bacrim, miembros desmovilizados de las AUC, guerrillas, otros grupos criminales y “desconocido”)[66].

Si bien, en algunas oportunidades, estos terceros han amenazado e intimidado directamente a los reclamantes, diversas evidencias —como entrevistas con víctimas y funcionarios, y también documentos oficiales— surgieren que además lo han hecho por intermedio de otras personas, como trabajadores o administradores de fincas, miembros de seguridad privada o grupos sucesores de los paramilitares.

Colaboración entre terceros y grupos sucesores

Las entrevistas mantenidas por Human Rights Watch con víctimas, sus familiares y diversos funcionarios, así como también nuestro análisis de denuncias penales e informes de la Defensoría del Pueblo, sugieren de manera convincente que los grupos sucesores, en algunas oportunidades, han amenazado o asesinado a reclamantes de tierras y líderes por iniciativa de terceros que pretendían conservar el control de esas tierras.

Por ejemplo, al amenazar e intimidar a reclamantes y líderes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, los grupos sucesores de los paramilitares han actuado en nombre de terratenientes, ganaderos y empresarios que ocupaban sus tierras, según fue señalado por la Defensoría del Pueblo[67], funcionarios locales y nacionales, así como víctimas (ver más información sobre el caso de Curvaradó y Jiguamiandó en la sección “Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó”)[68]. Un líder afrocolombiano de la región que ha participado en el proceso de restitución de Curvaradó y Jiguamiandó manifestó a Human Rights Watch que, en 2009, acudió a una reunión con empresarios en la cual estaba presente un conocido paramilitar. Según relató, un empresario ofreció al líder afrocolombiano dinero a cambio de ayudarle a expulsar a una de las comunidades de Curvaradó que habían retornado, y el paramilitar presente lo presionó para que aceptara la oferta[69].

Numerosas investigaciones judiciales, estatales y académicas indican que, al desplazar a la población civil, los paramilitares de las AUC operaban en el marco de una extensa red de cómplices que incluía a miembros de la fuerza pública, políticos, ganaderos, empresarios, funcionarios públicos y narcotraficantes [70] . Algunos de estos sectores adquirieron tierras de desplazados, en connivencia directa con las AUC o aprovechando la violencia ejercida por paramilitares y apropiándose de las tierras de las cuales habían huido desplazados. Por ejemplo, la Unidad de Restitución ha determinado, con respecto a la usurpación generalizada de tierras por parte de los altos jefes paramilitares Fidel, Carlos y Vicente Castaño, que:

[E]l interés en la apropiación de tierras no sólo fue prioridad de los jefes paramilitares sino también de sus Asociados (políticos, empresarios y narcotraficantes) que hallaron en ese accionar una fuente de riqueza[71].

El proceso de desmovilización de las AUC no logró desarticular estas redes [72] , y muchas de las tierras acumuladas quedaron en manos de testaferros de paramilitares —que ocupan y ocultan bienes de las AUC—, paramilitares desmovilizados, terratenientes, ganaderos y otros terceros. Hay importantes razones para creer que algunas de estas personas mantienen vínculos con grupos sucesores de los paramilitares. Un funcionario de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, por ejemplo, manifestó a Human Rights Watch que en Urabá, Córdoba, Sucre y en las regiones de los Llanos Orientales, algunos productores ganaderos apoyan a grupos sucesores [73] . En este mismo sentido, el entonces director de la Policía Nacional Oscar Naranjo señaló al periódico El Tiempo, en febrero de 2012, que la fuerza de los Urabeños “radica en que hay sectores que quieren mantener esa figura intimidante, para proteger intereses mafiosos” [74] . La misma nota señalaba que:

Informes en manos de autoridades señalan que, como ocurrió en los 90 con bloques paramilitares... hay ganaderos, comerciantes, políticos, integrantes de la Fuerza Pública y empresarios interesados en patrocinar la violencia de “los Urabeños”. El Tiempo conoció un reporte de inteligencia que documenta cómo los sectores de los que habla [el general] Naranjo buscan aprovechar a la banda [de los Urabeños] para boicotear la restitución de tierras a víctimas de la violencia. Incluso han financiado la impresión y la distribución de panfletos amenazantes[75].

Del mismo modo, Eduardo Pizarro, ex director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) establecida por la ley de Justicia y Paz sobre desmovilización paramilitar, manifestó en relación con la violencia contra reclamantes de tierras:

Es posible que regionalmente subsistan vínculos entre agentes del Estado y empresarios, políticos y bandas... [Las Bacrim] son instrumentos de las élites regionales criminales para impedir que las víctimas luchen por la restitución de las tierras[76].

No obstante, de ningún modo es posible afirmar que en todos los casos existan lazos entre los terceros responsables de las amenazas y paramilitares o sus grupos sucesores.

Ejército Anti-Restitución

Desde la sanción de la Ley de Víctimas, varios reclamantes de tierras de distintas regiones de Colombia y sus defensores —al igual que periodistas que informan acerca del proceso de restitución— han recibido amenazas firmadas por el autoproclamado “Ejército Anti-Restitución”. Human Rights Watch documentó múltiples amenazas de esta naturaleza en los departamentos de Bolívar, Cesar y Sucre.

El 4 de julio de 2012, por ejemplo, en un mensaje de correo electrónico enviado desde una cuenta identificada como “Ejército Anti-Restitución” se amenazó con matar a varios defensores de derechos humanos y políticos, incluidos el congresista Iván Cepeda Castro y el abogado Jeison Paba, que han defendido a víctimas en casos de restitución de tierras en Sucre y Bolívar[77]. La amenaza indicaba que había claras instrucciones de matar a los destinatarios del mensaje, quienes “quiere[n] quitarle la tierra a los ciudadanos de bien para darles a los guerrilleros igual que ellos”[78].

Más recientemente, el 6 y el 7 de mayo de 2013, personas desconocidas distribuyeron panfletos de contenido amenazante firmados por el “Grupo Anti-Restitución de Tierras de la Costa Caribe” en las oficinas de varios medios de comunicación de Valledupar, departamento de Cesar. La amenaza declaraba a ocho periodistas —algunos de los cuales habían informado sobre el proceso de restitución de tierras en el departamento de Cesar— como “objetivos militares” y advertía que tenían “24 horas para salir de la ciudad […], debe quedar claro que si siguen metiendo sus narices en los casos de restitución de tierras ... serán ustedes las próximas [víctimas][79].

Diversas autoridades nacionales y departamentales señalaron que no habían encontrado ninguna evidencia de que existiera un grupo denominado “Ejército Anti-Restitución” [80] . Human Rights Watch no pudo confirmar la existencia de una estructura armada organizada que se conociera como “Ejército Anti-Restitución”. No obstante, Human Rights Watch obtuvo información creíble que corrobora parcialmente los señalamientos expresados por Nuevo Arco Iris, un reconocido grupo de expertos colombiano, que fue el primero en denunciar la formación de un “ejército privado” que se oponía a la restitución de tierras.

Nuevo Arco Iris señaló que se realizaron tres reuniones en el departamento de Cesar a principios de 2011 y en 2012, en las cuales ganaderos, terratenientes y otras elites regionales acordaron financiar un “ejército privado” para defenderse contra ataques de las FARC e impedir la restitución de tierras[81]. Las tres reuniones se llevaron a cabo cerca de Becerril, Cesar, el 17 de diciembre de 2011; en Cascará, Cesar, el 13 de enero de 2012; y en las proximidades de Valledupar, el 4 de febrero de 2012, y también contaron con la asistencia de paramilitares desmovilizados, según señaló Nuevo Arco Iris[82].

Si bien no pudo confirmar si existieron planes para crear un grupo armado durante estos encuentros, Human Rights Watch recibió información de otras dos fuentes creíbles que indicaban que, en el departamento de Cesar, se habían llevado a cabo tres reuniones en las cuales los participantes acordaron oponerse a la restitución de tierras. Por ejemplo, en documentos de la Defensoría del Pueblo se indicaba que este organismo había recibido información de líderes de restitución de tierras acerca de reuniones entre terratenientes, ganaderos y otras personas, que se habían realizado en los mismos lugares y momentos denunciados por Nuevo Arco Iris, en las cuales “el tema central ha sido la discusión de estrategias de todo tipo para enfrentar la movilización de los campesinos en pro de la restitución de tierras”[83].

Independientemente de si existe o no un grupo armado denominado “Ejército Anti-Restitución”, resulta evidente que, en diferentes regiones, el nombre se utiliza para proferir amenazas que buscan infundir temor entre quienes intervienen en el proceso de restitución de tierras.

Guerrillas

Las guerrillas también han cometido abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. Human Rights Watch documentó varios casos de líderes de población desplazada del departamento de Tolima que informaron haber recibido reiteradas amenazas por parte del Frente 21 de las FARC debido a que promovían el retorno de desplazados a sus fincas en el sur de Tolima. Varios líderes de desplazados internos manifestaron a Human Rights Watch y a autoridades judiciales que las FARC han realizado reuniones en zonas rurales del sur de Tolima —un bastión histórico de las guerrillas— y han declarado su intención de asesinar a los desplazados y líderes que intenten retornar a sus tierras.

Datos recabados por la Unidad de Restitución indican que las amenazas de guerrillas contra reclamantes se han extendido a todo el país. Hasta marzo de 2013, 57 reclamantes de tierras o líderes, originarios de 13 departamentos diferentes, que participaban en solicitudes presentadas conforme a la Ley de Víctimas, habían denunciado a las autoridades haber recibido amenazas por parte de las guerrillas. Tales denuncias ponen en manifiesto amenazas ocurridas, entre otros, en los departamentos de Tolima, Antioquia, Caquetá, Meta, Norte de Santander y Putumayo, donde las FARC mantienen una fuerte presencia[84]. Un funcionario de la UNP confirmó a Human Rights Watch que el organismo ha recibido denuncias de amenazas por parte de guerrillas contra reclamantes de tierras y líderes[85].

Las FARC también han asesinado a líderes de desplazados que intentaban recuperar tierras. Por ejemplo, miembros de las FARC han sido condenados por los asesinatos de Manuel Moya Lora y Graciano Blandón Borja, ocurridos el 17 de diciembre de 2009. Antes de ser asesinados, ambos lideraban a miembros de comunidades afrocolombianas desplazadas de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó[86]. El hijo de Blandón Borja, Jair Blandón Mena, también fue asesinado por las FARC en el mismo incidente. Antes de ser asesinado, Moya había denunciado públicamente que temía por su vida debido a amenazas de las FARC, según indicó otro líder afrocolombiano de la región[87]. La Defensoría del Pueblo informó, en relación con el proceso de restitución de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó que, si bien los grupos sucesores de paramilitares son responsables de la mayor parte de las amenazas y los hechos de violencia contra reclamantes y líderes, las FARC también “han amenazado y atentado contra líderes a quienes señalan de tener vínculos con los Grupos Armados Post Desmovilización de las AUC y/o con la Fuerza Pública”[88].

Las entrevistas con funcionarios y víctimas sugieren que uno de los principales motivos que subyacen a las amenazas de las FARC contra líderes de restitución de tierras es su interés por mantener el control de determinadas zonas, que en muchos casos obtuvieron desplazando forzadamente a la población civil [89] . Los líderes de desplazados internos que son objeto de amenazas en la región sur del departamento de Tolima indicaron que eran perseguidos por diversos motivos vinculados con la intención de las guerrillas de mantener el control territorial en la región. Uno de estos motivos es que las FARC saben que si se produce el retorno de desplazados a sus fincas, esto también implicaría el restablecimiento de la presencia permanente de instituciones del Estado y la fuerza pública, lo cual se interpone de manera directa a la autoridad de las guerrillas en la zona.

De hecho, hubo acciones concretas por parte de líderes de desplazados que ejercieron presión para que se reforzara la presencia militar y policial como condición para el retorno. Asimismo, las FARC han identificado a líderes de desplazados como informantes del gobierno o “sapos”, probablemente debido a la interacción de estos líderes con funcionarios públicos, un aspecto inherente a su activismo. A su vez, las guerrillas también han acusado a líderes de desplazados de integrar grupos paramilitares o colaborar con ellos[90].

Uso de minas antipersonal por parte de las guerrillas

El uso de minas antipersonal —una práctica extendida que adoptaron hace tiempo las guerrillas— también supone un grave riesgo para la seguridad de los desplazados internos que intentan retornar a sus tierras[91]. Según datos del gobierno colombiano, entre 1990 y mayo de 2013, se han registrado más de 10.400 víctimas de minas antipersonal y municiones sin detonar, entre las cuales se cuentan casi 4.000 civiles[92].

En 2012, por ejemplo, como resultado de minas y municiones sin detonar perdieron la vida 43 civiles y otros 172 sufrieron lesiones, de acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno[93]. Expertos nacionales e internacionales han informado que las FARC utilizan minas en mayor medida que cualquier otro grupo armado de Colombia, y la Campaña para la Prohibición de las Minas Terrestres declaró en 2012 que “las FARC son, probablemente, el grupo rebelde que más frecuentemente utiliza minas antipersonal en todo el mundo”[94].

Dentro de Colombia, las regiones donde el conflicto armado ha sido intenso y se han sembrado minas suelen coincidir con zonas de las cuales huyeron desplazados y adonde actualmente intentan regresar. En aproximadamente el 70 por ciento de los municipios donde desplazados presentaron solicitudes de restitución de tierras, el gobierno reportó la ocurrencia de accidentes o incidentes[95] vinculados con minas antipersonal o con municiones sin detonar, según la Unidad de Restitución[96]. Por ejemplo, Vistahermosa, Meta, el municipio con la mayor cantidad de víctimas de minas terrestres y municiones sin detonar según datos del gobierno (354 desde 1990), también era hasta enero de 2013 una de las localidades con mayor cantidad de hectáreas sujetas a solicitudes de restitución en el marco de la Ley de Víctimas (37.138)[97].

Estas cifras ofrecen un panorama muy simplificado de la magnitud del problema, dado que se refieren a la presencia de minas antipersonal y municiones sin detonar en todo un municipio, en lugar de terrenos específicos. A causa de ello, resulta imposible saber cuál es su incidencia en las fincas sujetas a solicitudes de restitución, y esta incidencia podría ser mayor o menor que su prevalencia a nivel municipal. Asimismo, al analizar las estadísticas gubernamentales sobre accidentes con minas antipersonal y municiones sin detonar es importante considerar que, por diversos motivos, muchos casos no se denuncian [98] . A pesar de esto, las cifras disponibles ofrecen una aproximación a la gravedad del problema.

El clima de temor y sus consecuencias

Los abusos reiterados y deliberados contra reclamantes de tierras y líderes han generado un clima de temor en torno al proceso de restitución en ciertas regiones del país. Esto ha menoscabado de distintas maneras los esfuerzos de restitución y la posibilidad de gozar de sus beneficios, como por ejemplo al provocar que algunos líderes reduzcan su visibilidad o al inhibir a que los desplazados de presentar solicitudes o retornar a sus hogares luego de haber obtenido una sentencia favorable de restitución.

La Unidad de Restitución ha reconocido este problema, y denunció en 2012 que diversos actos de intimidación contra reclamantes de Córdoba habían:

[C]rea[do] un temor que se ha hecho general entre los solicitantes de restitución de tierras, el cual ha obstaculizado el trámite que sigue bajo el rigor de la [Ley de Víctimas][99].

De hecho, las evidencias sugieren de manera clara que el temor a represalias podría ser, entre muchos otros, uno de los factores que contribuyen a que la cantidad de solicitudes presentadas hasta el momento ante la Unidad de Restitución sea menor al esperado. Mientras que el Ministerio de Agricultura estimó que durante 2012 se presentarían casi 40.000 solicitudes, aproximadamente 75.000 para fines de 2013 y 360.000[100] para 2021, en junio de 2013 la Unidad de Restitución había recibido 43.590 reclamos[101].

Numerosos líderes de desplazados que exigen la restitución de tierras manifestaron a Human Rights Watch que, debido a las amenazas recibidas, convivían con una sensación constante de temor e inseguridad. A causa de esto, permanecían en sus casas, limitaban la circulación y, en algunos casos, reducían sus actividades de liderazgo. Por ejemplo, Carmenza Léon (seudónimo), una líder de restitución de Urabá que recibió amenazas en 2012 y 2013, dijo a Human Rights Watch que muy pocas veces salía de su vivienda, había limitado considerablemente su trabajo en la asociación de desplazados a la cual pertenecía y acudía a las oficinas de la asociación con menos frecuencia que antes de que se iniciara la ola de amenazas (ver más información sobre el caso de León en la sección “Tierra y Vida en Urabá”).

Un auto dictado por la Corte Constitucional en mayo de 2013 vinculado con la situación de las mujeres líderes de la población desplazada confirmó el impacto devastador que tenían las amenazas y el hostigamiento, incluso contra mujeres que exigían la restitución de tierras, y señaló que tal intimidación había provocado:

...serias y severas afectaciones sicológicas y siquiátricas, entre otras, trastornos de ansiedad, sueño, depresiones graves, empeoramiento o aparición de enfermedades cardiovasculares ... El miedo que logra instaurarse con las amenazas ... en no poco casos ha llegado a convertirse en pánico clínico[102].

Varios líderes de restitución de tierras de sexo masculino entrevistados por Human Rights Watch también expresaron que sufrían temor y ansiedad debido a amenazas.

El temor infundido por las amenazas y agresiones se extiende a otros líderes y miembros de la comunidad, e incluso a algunas autoridades que trabajan en materia de restitución. Esta situación se hizo evidente en el período inmediatamente posterior al asesinato del líder de víctimas Ever Cordero Oviedo, ocurrido en Valencia, Córdoba (ver más información sobre el caso de Cordero en la sección “La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba” ).

El día de la muerte, Human Rights Watch habló con varios reclamantes y líderes de restitución de tierras de Córdoba, quienes manifestaron que debido al asesinato temían por su propia seguridad e interpretaban el hecho como una advertencia para disuadir a quienes pretendieran exigir la restitución[103]. Un funcionario de la Unidad de Restitución dijo a Human Rights Watch que el asesinato asustaría a quienes pretenden presentar nuevas solicitudes, ya que esas personas asumirán que “esa estructura [paramilitar] no se acabó”[104]. Un juez de restitución de tierras en Córdoba manifestó que sentía que existía un “riesgo inminente” para su seguridad debido a ataques como los sufridos por Cordero, y ante la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades públicas[105].

Igualmente, en una carta enviada el 22 de marzo de 2013 al Presidente Santos, decenas de jueces especializados en restitución de tierras de todo el país pidieron protección e hicieron referencia a los abusos contra reclamantes de tierras y sus líderes como evidencia del peligro al cual estaban expuestas sus propias vidas:

Son de público conocimiento los atentados a que se han enfrentado las víctimas reclamantes, sus líderes y los miembros de las organizaciones que los respaldan. Los servidores de la justicia estamos igual o mayormente expuestos, en consideración a que somos precisamente quienes ordenamos la restitución jurídica y material de los bienes despojados[106].

La evidencia sugiere, en efecto, que en algunas regiones el clima de temor propiciado por las amenazas y los ataques ha inhibido a desplazados internos de presentar solicitudes de restitución. Una decena de grupos de desplazados internos y víctimas del departamento de César —donde varios líderes de restitución de tierras han recibido amenazas en forma continua— emitieron una declaración en diciembre de 2012 en la cual indicaron que no todas las víctimas de despojo de tierras del departamento habían presentado una solicitud formal,

[e]n la mayoría de los casos, por cuenta del temor y miedo que las embarga y que las lleva a abstenerse de realizar cualquier solicitud[107].

Según señaló un líder del municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, muchas personas de la zona no reclaman sus tierras porque están atemorizadas debido al asesinato de varios líderes de restitución de la zona desde 2010 (ver casos de Albeiro Váldez, Hernando Pérez Hoyos y Alejandro Padilla en la sección “Tierra y Vida en Urabá”)[108]. La observación de este líder coincide con la opinión de un funcionario que trabaja en restitución de tierras, quien comentó a Human Rights Watch que concretamente en el corregimiento de Totumo, en Necoclí, donde tres desplazados habían reclamado tierras antes de ser atacados en 2010 y 2011, se han presentado muy pocos reclamos, ya sea por el control que tienen los Urabeños en esa zona o por el temor de los desplazados a reclamar tierras allí[109].

De manera similar, un líder comunitario afrocolombiano del departamento de Chocó comentó a Human Rights Watch que, tras la muerte de líderes involucrados en los procesos de restitución de tierras en las comunidades vecinas de Curvaradó y Jiguamiandó, ahora evaluaba con cautela la posibilidad de impulsar solicitudes de restitución en el marco de la Ley de Víctimas. “Si coloco una solicitud de restitución, esto me pone más en riesgo con empresarios y paramilitares”, dijo[110].

Algunos desplazados afirmaron que dejaron de reclamar tierras debido a abusos contra ellos o sus familias. Tras el asesinato del reclamante de Urabá Alejandro Padilla en noviembre de 2011, su familia decidió no continuar exigiendo las tierras, según fuentes cercanas a Padilla [111] . Leonora Gúzman (seudónimo) informó que ella y su hermana fueron amenazadas, intimidadas y desplazadas en 2009 y 2010 debido a que intentaron reclamar su tierra en San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar [112] . Gúzman dijo que, a causa de esto, había decidido no pedir la restitución a través de la Ley de Víctimas.

El temor a sufrir ataques también impide que los reclamantes puedan beneficiarse con los resultados de procesos de restitución de tierras exitosos. Algunos reclamantes amenazados señalaron que incluso si sus solicitudes prosperaban, estaban demasiado atemorizados como para regresar a sus tierras, mientras que otros desplazados que se beneficiaron con sentencias de restitución indicaron que luego no retornaron a sus hogares debido a amenazas. Por ejemplo, la líder de víctimas Victoria Guevara (seudónimo) dijo que luego de que la justicia condenara a varios comandantes de las AUC por una masacre ocurrida en 2000 en el departamento de Bolívar (durante la cual perdió la vida su padre) y ordenara la restitución de tierras, recibió amenazas en 2011 y 2012 que provocaron que su familia decidiera vender la tierra en vez de retornar [113] . Comentó al respecto:

Con mi familia optamos por tomar la decisión de vender la tierra que mi padre nos heredó, ya que nos da mucho miedo que algo nos llegue a pasar si retornamos.... Mi familia y yo ya estamos intimidados para continuar en la región[114].

Otro ejemplo es el de Mario Cuitiva, quien informó haber sufrido amenazas y actos de intimidación desde que reemplazó a Yolanda Izquierdo —asesinada por paramilitares en 2007— como líder de las familias que reclaman tierras en la finca Santa Paula en Córdoba (ver más información sobre el caso de Cuitiva en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”). Cuitiva obtuvo una sentencia de restitución favorable en la primera decisión dictada de conformidad con la Ley de Víctimas en el departamento de Córdoba, pero indicó que su esposa e hijos habían decidido que no retornarían a Santa Paula debido a la falta de seguridad. El mismo tenía dudas de si, tras varios años de lucha para recuperar su tierra, regresaría finalmente a vivir allí[115].

II. Casos ilustrativos

Tierra y Vida en Urabá

La región de Urabá, que comprende parte del territorio de los departamentos de Antioquia y Chocó que rodean el Golfo de Urabá, históricamente ha estado afectada por altos índices de violencia y atrocidades cometidas por paramilitares que operan con la tolerancia, e incluso la connivencia, de miembros de la fuerza pública y guerrillas. Por ejemplo, en 1996 la tasa de homicidios de Urabá superó las 300 muertes por cada 100.000 habitantes, un promedio casi cinco veces superior a la cifra nacional en ese momento y que supera en más de tres veces al actual índice de Honduras, uno de los más altos de todo el mundo[116].

En esa época, las AUC consolidaron su control sobre gran parte de la región, con el apoyo de miembros de la fuerza pública, empresas bananeras y ganaderos, entre otros. Luego del desplazamiento forzado de la población civil, varias empresas privadas y terratenientes —algunos de ellos con vínculos estrechos con las AUC, según señalamientos creíbles de víctimas y autoridades— ocuparon grandes extensiones de tierra en Urabá, y en muchos casos las convirtieron en plantaciones de aceite de palma africana, haciendas ganaderas o bosques de madera comerciable [117] . Según señaló un funcionario que trabaja en iniciativas de restitución de tierras en la región:

El paramilitarismo hizo un gran favor a empresarios, desplazando y matando [a campesinos] y empresarios venían atrás comprando o apropiando [tierras] de muchas maneras[118].

Vicente Castaño, quien fue anteriormente uno de los máximos líderes de las AUC, reconoció esta situación, al señalar en una entrevista concedida a los medios en 2005: “En Urabá tenemos cultivo de palma [africana]. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”[119].

Human Rights Watch documentó abusos sostenidos y deliberados —incluidas amenazas, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de 15 líderes y miembros del capítulo de Urabá de Tierra y Vida, una asociación de desplazados internos que promueve la restitución de tierras [120] . Entre las víctimas se cuentan abogados de la asociación, líderes locales, miembros que han presentado solicitudes de restitución en representación de su familia, la presidenta a nivel nacional y el secretario de esa sede. La evidencia sugiere en forma persuasiva que el grupo sucesor de paramilitares denominado Urabeños, que heredó las actividades delictivas de la organización paramilitar desmovilizada AUC en la región, es responsable de muchos de los abusos. En algunos casos, se hallaron evidencias creíbles de que las personas que ocupaban las tierras reclamadas habían tenido participación en los delitos.

Los abusos reiterados contra miembros y líderes de Tierra y Vida en Urabá han menoscabado los esfuerzos de restitución en todas las etapas del proceso, desde el momento de la solicitud hasta el retorno a las fincas. Los asesinatos han agudizado el impacto de las amenazas continuas contra líderes de Tierra y Vida que actualmente reclaman tierras a través de la Ley de Víctimas, y han contribuido a la generación de un clima de temor que disuade a desplazados de participar en el proceso de restitución. Por ejemplo, varios líderes de Tierra y Vida que reclamaban tierras en Totumo, Necoclí, fueron asesinados, atacados y/o amenazados durante 2010 y 2011, y, según señaló un funcionario que trabaja en restitución de tierras, actualmente existen muy pocos reclamos en la zona, ya sea debido al control que mantienen los Urabeños en Totumo o al temor que les provoca a los desplazados impulsar procesos de restitución en el lugar[121].

Asesinato de Juan Agustín Jiménez Vertel, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2008

Tanto el primer líder de Tierra y Vida que fue asesinado, Juan Agustín Jiménez Vertel, como sus familiares, habían informado en varias oportunidades a las autoridades sobre la recepción de amenazas formuladas por José Vicente Cantero cuando estos intentaron retornar a sus fincas en el corregimiento de Macondo, en Turbo, Antioquia. El Vicepresidente de Colombia Angelino Garzón y el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo señalaron con respecto a Cantero:

[h]a sido sindicado y denunciado en múltiples ocasiones por las víctimas, como perteneciente al paramilitarismo y por haberse apropiado de tierras despojadas de manera violenta y fraudulenta[122].

Según indicaron Jiménez y sus familiares, Cantero desplazó a Jiménez de Macondo en 1997 y usurpó su tierra con colaboración de los paramilitares[123]. Otros desplazados internos de Macondo que se encuentran adelantando trámites de restitución de tierras también comentaron a Human Rights Watch que Cantero ingresó a la región con paramilitares aproximadamente en la época en que fueron desplazados y ocupó sus tierras[124]. Luego de la sanción de la Ley de Justicia y Paz, en 2005, Jiménez comenzó a reclamar la restitución de sus tierras, y a mediados de 2007, varios de sus hijos regresaron a una de las fincas. Aproximadamente para la misma época, la esposa de Cantero interpuso una demanda contra Jiménez reclamando la titularidad de la tierra[125].

En agosto de 2007, Cantero, acompañado por cerca de una decena de hombres armados, visitó la finca a la cual habían retornado los familiares de Jiménez y les ordenó que se retiraran, según contó un hombre que estuvo presente en ese momento[126]. Cantero regresó con otras personas a la finca en enero de 2008 y volvió a exigirles que se fueran. El testigo dijo en su declaración ofrecida a los investigadores judiciales que las personas que visitaron la finca eran paramilitares[127].

El 13 de marzo de 2008, Jiménez envió una carta al Presidente Uribe en la cual denunciaba amenazas contra su familia y pedía protección. En la carta se indicaba:

Mi preocupación es que esas personas siguen rondando mis tierras y tememos que puedan atentar con nuestras vidas, y no vemos que la Fiscalía actúe al respecto. Sr. Presidente, tengo entendido que cuando estas personas se sometieron al proceso de Justicia y Paz, nos devolverían nuestras tierras ... y por el contrario nos siguen amenazando[128].

El 16 de julio de 2008, Jiménez presentó una denuncia penal en la cual informaba a la Fiscalía “las continuas amenazas que hemos venido recibiendo por el personal que nos hizo desplazar” [129] . Cuatro días después, Jiménez murió al recibir disparos cerca de la ciudad de Apartadó.

Tras el asesinato de Jiménez, sus familiares abandonaron las tierras y no regresaron por dos años, según contó uno de ellos[130]. En abril de 2013, la Fiscalía informó que la investigación del asesinato se encontraba en la etapa preliminar, lo cual implica que aún no había imputados[131].

Asesinato de Benigno Gil, Chigorodó, Antioquia, 22 de noviembre de 2008

Cuatro meses después, en Chigorodó, Antioquia, hombres armados que, según señalan las evidencias, pertenecerían a los Urabeños, dispararon y mataron a Benigno Gil, el líder más prominente de Tierra y Vida en Urabá en ese entonces. Al igual que Jiménez, Gil había denunciado en reiteradas ocasiones a las autoridades —incluida una carta que envió al entonces Presidente Uribe— que había recibido amenazas de muerte por parte de individuos vinculados con paramilitares.

Gil y su familia habían sido desplazados de sus fincas en Mutatá, Antioquia, por paramilitares en la década de 1990. El comandante de las AUC Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, ocupó las tierras de sus familiares e instaló allí un campamento paramilitar, según consta en documentos que Gil presentó al Ministerio de Agricultura [132] . En 2008, Gil se convirtió en líder de cientos de desplazados que buscaban retornar directamente a sus tierras, sin esperar el resultado de resoluciones judiciales o administrativas. Como parte de este proceso, regresó con un grupo de desplazados a las fincas en Mutatá de las cuales él y sus familiares habían sido expulsados.

El 7 de mayo de 2008, Gil envió una carta al Presidente Uribe en la cual solicitaba medidas de protección y denunciaba que había recibido amenazas:

Le pido se sirva tomar medidas más drásticas con los señores comandantes paramilitares, pues estos desde donde están siguen gobernando ... y ponen a sus testaferros a que nos amenacen y nos intimiden para que no sigamos la lucha de volver a retornar a nuestras fincas[133].

Gil explicaba por qué creía que su rol de líder había sido el detonante de las amenazas de los testaferros paramilitares:

Algunos testaferros de comandantes paramilitares que han visto que estamos avanzando en lo propuesto ya me han hecho comentarios en los que me dicen que ... no acompañe a los demás campesinos puesto que todos se van a ir por el mismo camino y así pararían ellos perdiendo el poder de las tierras donde tienen cualquier cantidad de ganados[134].

El 22 de septiembre de 2008, agentes de la Policía de Mutatá, en presencia del alcalde de esa localidad, desalojaron a Gil y las demás familias de desplazados internos que lo acompañaban de las fincas a las cuales habían retornado, según se indica en una declaración jurada que prestó Gil[135]. En documentos presentados ante el Ministerio de Agricultura, Gil alegó que un testaferro del comandante paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, ocupó la finca después del desalojo realizado en septiembre de 2008[136].

Tras el desalojo en septiembre de 2008, Gil denunció varias amenazas en su contra, así como vínculos entre policías en Mutatá, el alcalde de este municipio y grupos sucesores de paramilitares[137]. Por ejemplo, el 7 de octubre, Gil envió otra carta al Presidente Uribe en la cual acusaba al comandante de la Policía en Mutatá, a un sargento local y al alcalde de Mutatá de actuar en connivencia con los Urabeños con el propósito de asesinarlo[138]. Gil reiteró otras acusaciones similares en dos denuncias distintas que presentó al comandante del Departamento de Policía en Urabá menos de un mes antes de su muerte[139].

El 22 de noviembre, dos hombres armados dispararon y mataron a Gil cuando este subía a una camioneta tras una reunión de Tierra y Vida a la cual habían asistido cerca de 150 personas[140]. Otros dos hombres que pertenecían a la asociación también resultaron heridos por disparos durante el ataque[141]. El momento y el lugar en que se produjo el ataque sugieren que podrían haber sido elegidos deliberadamente por los agresores para infundir temor entre los desplazados y disuadirlos de participar en el proceso de recuperación de tierras. Si bien la investigación sobre el homicidio de Gil continúa en la etapa preliminar, un funcionario judicial que trabaja en la causa indicó que se sospecha que serían los Urabeños los responsables del crimen[142].

Asesinato de Jaime Antonio Gaviria Villada, Chigorodó, Antioquia, 5 de diciembre de 2008

El miembro de Tierra y Vida Jaime Antonio Gaviria Villada presenció el homicidio de Gil, y dos semanas después fue asesinado en Chigorodó[143]. Hay motivos de peso para creer que los Urabeños son responsables de su muerte: un funcionario judicial que trabajó en los casos de Gil y Gaviria comentó a Human Rights Watch que existen evidencias de que los mismos autores serían responsables de ambos homicidios[144]. A su vez, en un comunicado de prensa de 2009 la Policía Nacional atribuyó a los Urabeños la responsabilidad por la muerte de Gaviria[145]. Tras el asesinato de Gaviria, sus familiares recibieron llamadas constantes de un miembro de los Urabeños que los presionaba para que vendieran las tierras, según una investigación efectuada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), una conocida ONG de derechos humanos con sede en Medellín[146]. En abril de 2013, la investigación del caso se encontraba en la etapa preliminar[147].

Asesinato de Albeiro Váldez Martínez, Turbo, Antioquia, 10 de mayo de 2010

El líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, en Necoclí, Antioquia, en noviembre de 2009, y denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento. Váldez fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde de Necoclí devolvió el predio de Váldez al ganadero.

Las autoridades emitieron informes contradictorios acerca de si Váldez había muerto por causas naturales o había sido asesinado; sin embargo, numerosas evidencias, incluidas las reiteradas amenazas que había denunciado, los ataques contra otros líderes de Tierra y Vida de la misma zona y las declaraciones de altos funcionarios públicos, sugieren de manera persuasiva que fue víctima de un asesinato deliberado que consiguió frustrar los reclamos de restitución impulsados por su familia.

En 1993, paramilitares al mando de Carlos Ardila Hoyos, alias Carlos Correa, asesinaron al padre y al hermano de Váldez y en 1996 expulsaron a Váldez y otros sobrevivientes de su familia de las dos fincas que tenían en Totumo, según informó un familiar [148] . Sus tierras fueron adquiridas por Jairo Humberto Echeverry Bedoya, quien según indicaron el vicepresidente y el entonces ministro de agricultura, estaba “relacionado” con el caso de Váldez y ostentaba tierras que las víctimas habían denunciado como apropiadas por los jefes paramilitares Carlos Correa y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán [149] .

Tras el proceso oficial de desmovilización paramilitar, Váldez comenzó una campaña en representación de su familia y otros desplazados para exigir la restitución de tierras en Totumo, Necoclí, de donde, según señala Tierra y Vida, Carlos Correa había expulsado a muchas familias más[150]. Váldez presentó una denuncia penal donde afirmaba que Echeverry lo había amenazado en noviembre de 2008 y abril de 2009[151].

El 17 de noviembre de 2009, un programa piloto de restitución de tierras iniciado en el marco de la Ley de Justicia y Paz devolvió a Váldez y su familia la finca las “Siete Vueltas” mediante una ceremonia a la cual asistieron representantes del Departamento de Policía de Urabá, la Organización Internacional para las Migraciones, la Brigada 17 del Ejército,la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades estatales[152]. Váldez y su familia retornaron a la finca las Siete Vueltas el 21 de noviembre de 2009. Ese mismo día, recibió una llamada telefónica en la cual lo convocaban a una reunión, según se indicó en el testimonio que Váldez aportó a las autoridades judiciales[153].

Durante la reunión, un hombre no identificado lo amenazó en nombre de Echeverry, y le dijo a Váldez que tenía la orden de matarlo y que su “patrón” había sido contactado por Echeverry debido a que Váldez:

estab[a] quitando unas tierras, y que las tierras eran de el (sic)... que si no quería que le pasara nada que desocupáramos las tierras y se dejaran ese proceso como si nada[154].

El 24 de noviembre de 2009, miembros de un grupo sucesor de los paramilitares amenazaron a familiares de Váldez y les advirtieron que tenían un día para irse de la finca, según consta en una declaración difundida por Tierra y Vida y en la acción de tutela interpuesta por la abogada de la familia[155].

El 25 de noviembre de 2009, Váldez presentó una denuncia contra Echeverry por amenazas ante la policía judicial en Necoclí[156]. Ese mismo día, Váldez, su madre, su hermano y Echeverry participaron en una audiencia de conciliación en la sede de la Fiscalía en Necoclí. Según el acta de la reunión, Echeverry negó responsabilidad por las amenazas contra Váldez, y prometió respetar el proceso de restitución de tierras[157].

Cuando posteriormente Váldez pidió ser incluido en el programa de protección de la Fiscalía, el policía que evaluó el nivel de riesgo hizo alusión al supuesto compromiso expresado por Echeverry de respetar el proceso de restitución como uno de los motivos por los cuales Váldez se encontraba en un nivel de riesgo “ordinario” y, por lo tanto, no le correspondía recibir medidas de protección [158] . El razonamiento del evaluador fue claramente errado, en vista de la gravedad de la amenaza denunciada por Váldez y de que, poco tiempo antes, habían sido asesinados otros líderes de Tierra y Vida en Urabá.

El 10 de mayo de 2010, Váldez se reunió con un familiar y le dijo que pensaba asistir a una reunión cerca de Turbo vinculada con las tierras de su familia[159]. La mañana siguiente, Váldez, que entonces tenía 33 años, fue encontrado muerto al lado de una carretera que conecta los municipios de Turbo y Necoclí. Tierra y Vida emitió una declaración pública en la cual afirmaba que había sido convocado a la reunión por paramilitares[160].

El informe de inspección técnica al cadáver preparado por la Policía indicaba que posiblemente se trataba de una muerte “violenta” y se hacía referencia a un “arma fuego y contundente” como hipótesis de la causa de la muerte; el informe de autopsia indicó que estaba “en estudio”; un certificado de defunción hacía constar que la muerte había sido “violenta”, y otro posterior indicaba que la causa de muerte estaba “en estudio”[161]. El vicepresidente y el entonces ministro de agricultura de Colombia también identificaron las contradicciones entre los distintos informes, y señalaron que constituían “situaciones graves”[162]. De hecho, las incoherencias en los informes advierten sobre la posible falta de profesionalismo en el trabajo realizado por estas autoridades o, peor aún, su conducta para obstaculizar la investigación. De cualquier modo, el vicepresidente y el entonces ministro de agricultura señalaron que Váldez había sido asesinado[163].

El 22 de junio de 2010, la alcaldía de Necoclí recibió una solicitud presentada por Echeverry en la cual afirmaba ser el propietario de la finca las Siete Vueltas y pedía que la Policía desalojara a la familia de Váldez. En la solicitud, Echeverry afirmó que tenía ganado en la finca desde 1999, cuando compró las tierras a Nelly Durango[164]. Durango es la viuda del ex jefe paramilitar Carlos Correa, quien habría desplazado a la familia de Váldez hace una década, según señalan víctimas de la región[165].

El 25 de junio de 2010, el entonces alcalde de Necoclí, Edelfred Villalobos Ortega, ordenó que la finca Siete Vueltas fuera entregada a Echeverry[166]. La orden del alcalde indicaba que las autoridades habían efectuado una visita de inspección ocular en la finca, que la madre de Váldez no se encontraba presente y que no había nadie allí que pudiera oponerse al reclamo de Echeverry. La orden no mencionaba que el motivo por el cual la madre de Váldez no estaba allí era que, junto con la hermana, esposa y los tres hijos de este, que entonces tenían 1, 3 y 7 años, habían huido de la finca tras su muerte[167].

La investigación sobre el asesinato de Váldez aún se encuentra en etapa preliminar; no obstante, un alto funcionario de la Fiscalía comentó a Human Rights Watch que el caso parecía constituir un homicidio motivado por sus iniciativas de restitución de tierras[168].

Los hechos del caso sugieren de manera persuasiva que las autoridades no brindaron protección a Váldez ni investigaron adecuadamente las circunstancias de su muerte, y esto contribuyó a que este asesinato deliberado impidiera la restitución de tierras.

Asesinato de Hernando Pérez Hoyos, Necoclí, Antioquia, 20 de septiembre de 2010

Al igual que Váldez, el líder de Tierra y Vida Hernando Pérez Hoyos intentó recuperar la finca de su familia en Totumo, Necoclí, y antes de ser asesinado denunció haber recibido amenazas proferidas por agresores que tanto víctimas como autoridades han vinculado con despojos de tierras cometiods por paramilitares. Un funcionario judicial que trabaja en el caso indicó que Pérez Hoyos fue asesinado “precisamente por reclamar la tierra”, presuntamente a manos de agresores vinculados con los Urabeños[169].

Pérez Hoyos y su familia fueron desplazados por paramilitares de su finca de 24,5 hectáreas en 1997, según señaló un familiar entrevistado por Human Rights Watch[170]. El familiar dijo que alias Carlos Correa —el mismo paramilitar responsable del desplazamiento de la familia de Váldez— apropió las tierras de la familia de Pérez Hoyos y las vendió a otros paramilitares. En 2010, Pérez Hoyos, su padre, su madre y varios de sus hermanos intentaron retornar a la finca. Se quedaron allí varios meses hasta que, según contó un familiar, aproximadamente en junio de 2010 el alcalde ordenó su desalojo, tal como sucedió en los casos de Váldez y Gil. La familia abandonó entonces la finca y se trasladó al casco urbano de Totumo[171].

El familiar de Pérez Hoyos indicó que en la misma época en que se produjo el desalojo —y a poco del asesinato de Váldez— el ganadero Jairo Humberto Echeverry advirtió a Pérez Hoyos que no reclamara lo que no le pertenecía [172] . Julio Arcesio Gómez Durango —a quien el familiar de Pérez Hoyos acusó de haber apropiado la tierra de su familia— también amenazó a Pérez Hoyos, según señaló otro miembro de Tierra y Vida de esa misma zona [173] . El vicepresidente y el entonces ministro de agricultura de Colombia indicaron que tanto Durango como Echeverry estaban “relacionados” con los casos de Pérez Hoyos y Váldez, y ocuparon tierras que, según denuncian las víctimas, habían sido usurpadas por los jefes paramilitares Carlos Correa y El Alemán [174] .

El 19 de septiembre de 2010, Pérez Hoyos asistió a una ceremonia pública de restitución de tierras en Turbo, Antioquia, en la cual participaron Tierra y Vida, otras organizaciones de víctimas y representantes del Ministerio de Agricultura. Héctor Cavadía, otro miembro de Tierra y Vida de Totumo que estuvo presente en la ceremonia, dijo a Human Rights Watch que él y Pérez Hoyos habían visto allí a miembros de los Urabeños, y que Pérez Hoyos le dijo que tenía miedo[175].

Pérez Hoyos regresó a Totumo cerca de las 6 p.m. Más tarde esa noche, fue abordado en el casco urbano por dos hombres armados y obligado a subir a la parte trasera de una motocicleta, según contó un familiar [176] . Al día siguiente, Pérez Hoyos fue hallado muerto a dos kilómetros de distancia del casco urbano de Totumo, con una herida en la cabeza posiblemente provocada por un arma contundente [177] . El momento en que se produjo el asesinato —inmediatamente después del promocionado evento de restitución— sugiere que la intención de los agresores habría sido amedrentar a otros reclamantes. Esta hipótesis parecería confirmarse debido a que varios miembros de Tierra y Vida afirmaron haber recibido amenazas inmediatamente después del asesinato de Pérez Hoyos. De hecho, algunos decidieron huir de la región.

Por ejemplo, Héctor Cavadía indicó que él y otro reclamante de tierras de Totumo encontraron balas de 9 mm en la puerta de sus viviendas el día en que se halló el cuerpo sin vida de Pérez Hoyos, y que interpretaron estos hechos como amenazas de muerte directas. Ambos se fueron de Totumo por tres meses, conforme indicó Cavadía, quien dijo además que Tierra y Vida dejó de reunirse en Totumo tras el homicidio[178]. Otros dos miembros de Tierra y Vida abandonaron otros pueblos en la región de Urabá luego de la muerte de Pérez Hoyos[179]. Asimismo, según un familiar, la madre de Pérez Hoyos huyó de Totumo con sus dos nietos luego del asesinato[180].

En julio de 2012, la Policía detuvo a dos hombres identificados como miembros de los Urabeños —quienes resultaron ser paramilitares desmovilizados— en relación con el asesinato de Pérez Hoyos y el secuestro de Cadavía ocurrido en noviembre de 2011 (ver más adelante en esta sección)[181]. Oficiales de la Dirección de Inteligencia Policial señalaron que estos hombres eran considerados presuntos autores materiales del homicidio[182]. No obstante, la Fiscalía informó en abril de 2013 que la investigación del homicidio de Pérez Hoyos aún se encontraba en la etapa preliminar, lo que implica que no se habían identificado formalmente ni imputado a presuntos responsables[183]. A pesar de las graves acusaciones formuladas contra Durango por víctimas, el vicepresidente, y el entonces ministro de agricultura, la Fiscalía informó a Human Rights Watch que no había investigaciones en curso contra esta persona[184].

Tentativa de asesinato de Fernando Enamorado, Apartadó, Antioquia, 25 de octubre de 2010

Aproximadamente un mes después de la muerte de Pérez Hoyos, el 25 de octubre de 2010, en la ciudad de Apartadó, Antioquia, un hombre armado disparó tres veces contra el líder de Tierra y Vida Fernando Enamorado, quien casi muere a causa del ataque. Un funcionario judicial que trabaja en la investigación dijo a Human Rights Watch que los presuntos responsables eran miembros de los Urabeños, incluidos quien entonces era su principal jefe, Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni —muerto en un operativo policial en enero de 2012— y su hermano, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien es actualmente el máximo comandante de los Urabeños[185].

Antes del ataque, Enamorado había actuado como representante de Tierra y Vida en el norte de Urabá, donde ayudaba a desplazados a presentar solicitudes de restitución y retornar a sus tierras [186] . Según Enamorado, el 4 de enero de 2009, fue interceptado por cuatro miembros de los Urabeños y obligado a descender del taxi en el cual se dirigía de Necoclí a Medellín para asistir a una reunión de Tierra y Vida. Los miembros de los Urabeños pusieron a Enamorado en contacto telefónico con Giovanni, quien le dijo que hacía tiempo que estaba “jodiendo” con la restitución de tierras y lo amenazó de muerte [187] . Luego de esto, los Urabeños liberaron a Enamorado.

Enamorado huyó de la vereda donde vivía en Necoclí y se trasladó a Apartadó en abril de 2009, debido a que era seguido constantemente por miembros de los Urabeños[188]. Aproximadamente en esa misma época, aportó información a la Policía sobre el paradero de varios jefes de los Urabeños, y sobre la ubicación de un laboratorio de producción de cocaína. Dijo a Human Rights Watch que los Urabeños se enteraron de que había proporcionado la información, y comenzaron a buscarlo más enérgicamente[189].

En enero de 2010, luego de que miembros de los Urabeños intentaran localizarlo en las viviendas de varios de sus familiares y le dijeran a su madre que lo matarían, la Policía trasladó a Enamorado para que se alojara en la celda de una estación policial en Chigorodó, Antioquia, a fin de garantizar su seguridad. Enamorado solicitó ser incluido en el programa de protección del Ministerio del Interior, a cuyas autoridades indicó: “Creo que [los Urabeños] me están buscando porque sé cómo es el manejo de las tierras, quiénes las quitaron, a quién se las quitaron y quién las tiene en la actualidad; así mismo porque yo tengo mucha información valiosa para las autoridades, relacionada con el manejo de estupefacientes y otros temas de las bandas criminales”[190]. El programa rechazó su solicitud de protección en febrero de 2010[191].

En abril de 2010, Enamorado dejó de ocupar la celda en la estación policial y huyó de Urabá para trasladarse a Medellín. El 22 de octubre de 2010, según Enamorado y el testimonio aportado a investigadores judiciales por uno de sus familiares, un hombre armado no identificado intentó dispararle en las afueras de Medellín, pero el arma no se activó[192]. Enamorado regresó a Apartadó el 23 de octubre, y el 25 de octubre, mientras subía a un automóvil después de cenar con familiares, un hombre armado no identificado efectuó tres disparos que impactaron en su hombro, axila y rostro. Una de las balas salió por debajo de su mandíbula y le arrancó ocho dientes[193].

Enamorado señaló que, tras el ataque, recibió información de que Giovanni ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos (aproximadamente US$ 26.000) a quien acabara con su vida. Enamorado no ha regresado a vivir a Urabá desde el atentado, pero sigue teniendo un liderazgo activo en Tierra y Vida[194]. En abril de 2013, la Fiscalía informó que la investigación sobre la tentativa de asesinato contra Enamorado recién se encontraba en la etapa preliminar[195].

Amenazas continuas contra miembros de la asociación Tierra y Vida

La secretaria de Tierra y Vida, Carolina Sáenz (seudónimo), informó ser objeto de intimidación y vigilancia desde el 17 de enero de 2011, cuando un hombre no identificado ingresó en la oficina de la asociación en Apartadó y le arrebató un dispositivo USB que esta tenía en la mano. En ese momento, Sáenz y su madre también reclamaban tierras en Urabá de donde habían sido desplazadas por paramilitares en la década de 1990.

El USB que le quitaron a Sáenz de las manos contenía información confidencial sobre casos de restitución de tierras[196]. Sáenz dijo a Human Rights Watch que varios días después del robo fue abordada por un hombre no identificado en Apartadó, quien le advirtió que debía proporcionar más información sobre Tierra y Vida, que era mejor que se “quedara callada” y que sabía dónde vivía su madre[197]. Ese mismo mes, una mujer no identificada se presentó en su vivienda en Apartadó en dos oportunidades y le dijo que le “diera información” debido a que Sáenz trabajaba para la presidenta de Tierra y Vida. En febrero de 2011, dejó de trabajar para Tierra y Vida por temor a su seguridad; sin embargo, en los meses posteriores, observó que aún era seguida por personas desconocidas[198].

Sáenz dijo a Human Rights Watch que, aproximadamente a fines de 2011, un hombre armado que fue identificado como paramilitar por miembros de la comunidad preguntó reiteradamente por su madre en el pueblo donde ella vivía en Urabá[199]. Atemorizada, la madre de Sáenz huyó a un pueblo cercano llevándose consigo a dos de sus nietos. Los actos de intimidación contra Sáenz continuaron durante 2012[200].

El líder y cofundador de Tierra y Vida, Alfranio Solano, indicó que el 20 de marzo de 2011, un hombre se acercó a él en Turbo, Antioquia, y le dijo que se fuera de la zona porque había una orden de matarlo, a causa de lo cual Solano decidió huir de la región de Urabá por razones de seguridad[201]. Solano identificó al hombre como vinculado con los Urabeños[202]. En ese entonces, además de ser el tesorero a nivel nacional de Tierra y Vida, Solano lideraba a un grupo de miembros de una comunidad de Mutatá que reclamaban tierras de donde afirmaban haber sido desplazados por paramilitares. El informe de 2011 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que las amenazas contra Solano provocaron que decidiera abandonar la región de Urabá[203].

El 26 de agosto de 2011, el principal asesor legal de Tierra y Vida Gerardo Vega fue amenazado mientras participaba en un programa de televisión nocturno en Medellín, Antioquia[204]. Vega trabajaba en estrecha colaboración con Tierra y Vida, a la vez que se desempeñaba como director regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia, un organismo semigubernamental creado en 2005 por la Ley de Justicia y Paz. Este además ha representado a víctimas que exigen la restitución de tierras en distintos puntos de Urabá. Mientras participaba en el programa, Vega explicó el problema de los despojos de tierras en Urabá, y señaló a personas a quienes acusó de ser testaferros de paramilitares y haberse apropiado ilegalmente de tierras[205]. Durante la transmisión, una persona no identificada llamó a la línea telefónica para espectadores y declaró que Vega era un “objetivo militar”[206].

Menos de dos semanas después, el 5 de septiembre de 2011, una amenaza de muerte dirigida a Vega, Carmen Palencia —presidenta nacional de Tierra y Vida— y otras personas firmada por “Águilas Negras-Bloque Urabá Antioqueño” [207] fue entregada en la sede de Bogotá de la organización no gubernamental REDEPAZ, que colabora con Tierra y Vida [208] . La amenaza declaraba a Vega, Palencia y otras personas “objetivos militares” e indicaba:

A ustedes no les importa sus muertos, los supuestos líderes que han caído por sapos, sigan jodiendo sapos hijueputas por las tierras que no les pertenecen, quieren tierras perros hijueputas pues los vamos a enterrar a todos ustedes en las tierras que tanto reclaman...[209].

El 16 de noviembre de 2011, Alejandro Padilla, un miembro de Tierra y Vida que exigía la restitución de tierras de las cuales había sido desplazado por paramilitares, fue hallado muerto en un puente en un paraje rural de Arboletes, Antioquia. Si bien la Policía de Urabá afirmó que Padilla había muerto en un accidente de motocicleta, existen fuertes motivos para creer que en realidad fue asesinado, presuntamente por miembros de los Urabeños. (Ver más información sobre el caso de Padilla en la sección “Se descarta prematuramente la posibilidad de que los asesinatos estén vinculados con la labor de activismo de las víctimas”) .

Secuestro de Héctor Cavadía, Necoclí, Antioquia, 21 de noviembre de 2011

El 21 de noviembre de 2011, varios hombres armados, que según claros indicios serían miembros de los Urabeños, secuestraron a Héctor Cavadía, un líder de Tierra y Vida que reclamaba tierras en Totumo, Necoclí, la misma zona donde habían anteriormente intentado recuperar sus fincas los líderes asesinados Albeiro Váldez y Hernando Pérez Hoyos. Cavadía informó que durante el secuestro, los presuntos Urabeños le hicieron preguntas sobre otros líderes de Tierra y Vida.

Cavadía fue desplazado forzadamente de Totumo en 2000, y dijo que su finca fue posteriormente apropiada por una persona vinculada con paramilitares [210] . Tras regresar a vivir en el corregimiento de Totumo aproximadamente en 2005 (pero no en su finca), en septiembre de 2010 tuvo que huir momentáneamente un vez más de la zona, debido a una advertencia que recibió el día después del asesinato de Pérez Hoyos y que, a su entender, constituía una amenaza de muerte (ver caso de Pérez Hoyos antes).

En marzo de 2011, luego de alertar a una autoridad de protección ambiental en Urabá que se estaban desarrollando actividades de tala en su finca, una persona no identificada lo amenazó de muerte nuevamente en forma telefónica[211].

Cuando fue secuestrado el 21 de noviembre, un grupo de hombres armados que Cavadía identificó como Urabeños —quienes tienen fuerte presencia en la zona— lo obligaron a bajar de un minibus mientras se trasladaba de Totumo al centro de Necoclí [212] . Preguntaron a Cavadía para quién trabajaba, y él respondió que simplemente intentaba recuperar su tierra. Los agresores respondieron que la tierra tenía un dueño, le preguntaron por el paradero de otros líderes de Tierra y Vida, incluidos Palencia, Carlos Páez y José Miguel Padilla, y le dijeron que estas personas iban a morir.

Aproximadamente cinco hombres se llevaron a Cavadía a una finca ubicada a unos 500 metros de la carretera principal, lo ataron con cuerdas y siguieron interrogándolo. Lo golpearon y lo amenazaron de muerte. Luego de permanecer cautivo durante aproximadamente 15 minutos, según señaló la Fiscalía, se presentaron policías en la finca, detuvieron a los agresores y confiscaron una pistola 9 mm en el lugar de los hechos[213].

Luego del secuestro, Cavadía, su esposa, hijos y padre huyeron de Urabá y se trasladaron a una ciudad fuera de la región. Dijo que en febrero y marzo de 2012, en la ciudad donde vive ahora, vio que estaba siendo seguido por un miembro de los Urabeños de Totumo[214].

La Policía Nacional anunció en julio de 2012 que otros dos Urabeños —también paramilitares desmovilizados— habían sido arrestados presuntamente por secuestrar a Cavadía. La Policía señaló que los supuestos secuestradores también estaban vinculados con el asesinato de Pérez Hoyos, cometido en septiembre de 2010[215]. El 21 de diciembre de 2012, un tribunal de Medellín condenó a uno de ellos, Diego Alfonso Hernández Banquet, a 21 años de prisión por el secuestro[216]. La Fiscalía aún no ha podido identificar al autor intelectual del delito[217].

Julia Guerrero (seudónimo), otra líder de Tierra y Vida de Necoclí, contó a Human Rights Watch que recibió una amenaza telefónica poco después del secuestro de Cavadía[218]. Luego del asesinato de Váldez, Pérez Hoyos y Padilla, así como los ataques y posteriores desplazamientos forzados de Enamorado y Cavadía —todos ellos de Necoclí—, Guerrero se consideraba la única sobreviviente de Tierra y Vida en el municipio. Manifestó, además, que debido a las muertes de los otros líderes de Necoclí, los desplazados de la zona están demasiado atemorizados como para reclamar las tierras que les fueron despojadas[219]. De manera similar, un funcionario que trabaja en restitución de tierras señaló a Human Rights Watch que hubo pocos reclamos de restitución en Totumo, Necoclí, ya sea por el control que mantenían los Urabeños en el lugar o por el temor de los desplazados a reclamar tierras allí[220].

Persistencia de amenazas y desplazamientos durante 2012 y 2013

Virginia Bolaños (seudónimo), la única abogada de Tierra y Vida en Urabá que representaba a víctimas en los reclamos de restitución de tierras, abandonó la región en febrero de 2012. Tras sufrir actos intimidatorios, y ante las reiteradas amenazas, ataques y asesinatos de otros líderes de la asociación de desplazados, temía por su propia vida[221].

Bolaños contó a Human Rights Watch que, antes de irse de Urabá, representó a víctimas en casi 400 casos, incluidas las familias de Hernando Pérez Hoyos y Albeiro Váldez. En representación de Váldez, presentó una acción de tutela para frenar la decisión del alcalde de Necoclí en virtud de la cual se dispuso la entrega de la finca de la familia a Echeverry luego del asesinato de Váldez [222] . Finalmente, la acción fue denegada.

En septiembre de 2010, una conocida contó a Bolaños que había escuchado cuando dos hombres hablaban sobre ella como una “hijueputa” que intentaba recuperar tierras, y decían que la estaban siguiendo para matarla[223]. Bolaños viajó al departamento de Córdoba en diciembre de 2010 y enero de 2011. Mientras estuvo allí había personas en una camioneta que la seguían constantemente. El 17 de enero de 2011, cuando un hombre armado no identificado ingresó a la oficina de Tierra y Vida en Apartadó y se robó el dispositivo USB, preguntó primero por Bolaños, que no estaba allí, lo cual refuerza la evidencia de que su vida estaba en peligro[224].

Bolaños tenía una tienda en Apartadó donde a veces también trabajaba Sáenz, la secretaria de Tierra y Vida (ver antes en esta sección más información sobre el caso de Sáenz). Sáenz y Bolaños dijeron a Human Rights Watch que el 2 de febrero de 2012, la primera encontró dos balas —una de ellas había sido disparada— afuera de la tienda[225]. Cinco días después, tan atemorizada que no se atrevía a salir sola, Bolaños se fue de Urabá y se trasladó a una ciudad fuera de la región[226].

Bolaños dijo que luego de ser desplazada de Urabá, dejó de representar a las familias de la región. Por ejemplo, abandonó la representación de las familias en el caso Tulapas, que es uno de los pocos casos en los cuales la justicia dispuso la restitución de tierras conforme a la Ley de Justicia y Paz [227] . “Nos sacan de [Urabá] por defender a las víctimas”, dijo Bolaños a Human Rights Watch.

El 13 de marzo de 2012, una amenaza de muerte firmada por “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” —otro nombre utilizado por los Urabeños— fue enviada a la oficina de Tierra y Vida en Urabá [228] . La amenaza declaraba a los líderes de Tierra y Vida Carmen Palencia, Alfranio Solano, Carlos Páez, Manuel Mercado y José Miguel Padilla como “objetivos militares”. El texto indicaba:

Muerte a los sapos, recuperadores de tierra y no se preocupen que tierras le va a tocar pero en el sementerio (sic) hijueputas.... Ya saben los tenemos en la mira[229].

José Miguel Padilla es líder del capítulo de Tierra y Vida en Urabá, y reemplazó a su hermanastro Albeiro Váldez al frente de los esfuerzos familiares para recuperar sus fincas en Totumo, Necoclí, que según afirmó aún estaban ocupadas por Echeverry [230] . Contó que el 10 de junio de 2012, una persona no identificada se presentó en su vivienda en Carepa, Antioquia, y entregó a su hija una nota manuscrita que decía:

Sr. José Miguel Padilla, segana (sic) mas con la voca (sic) callada que andar de sapo. Usted y su familia son gente muerta. Los tenemos vijilados (sic). Mas que todo ha (sic) tus dos hijos…. Muertos tu y tu familia de mierda[231].

Dijo que una semana después, atemorizados por lo sucedido, tres de sus hijos y uno de sus nietos se fueron de Urabá y se trasladaron a una ciudad en otra región[232].

Apenas un mes después, Carlos Páez, el coordinador de la oficina de Tierra y Vida en Urabá, recibió una amenaza de muerte. La nota manuscrita, que se entregó en su vivienda en Turbo, Antioquia, el 13 de julio de 2012, indicaba: “Muerte a todo los que reclaman pricipal (sic) a Carlos y todo los que lo acompañan”[233]. Anteriormente, Páez había denunciado a la justicia tres otras amenazas que recibió desde 2011[234].

Carmenza León (seudónimo), una de las líderes fundadoras de Tierra y Vida que actualmente organiza a otros miembros de su pueblo en los trámites para la recuperación de tierras a través de la Ley de Víctimas, informó a las autoridades judiciales y a Human Rights Watch sobre una serie de amenazas que recibió en Urabá entre febrero de 2012 y abril de 2013.

León informó que ella y su familia fueron desplazadas de su finca en Turbo, Antioquia, en 1996 por paramilitares, y que su madre fue asesinada poco después, presuntamente por paramilitares. La finca de la familia actualmente está ocupada con ganado de propiedad de un hombre que ingresó a la zona y compró tierras aproximadamente en la misma época en que se produjo el desplazamiento, según contó León[235].

León afirmó haber sido amenazada en febrero de 2012, pocos días antes de que tuviera lugar una marcha, organizada con apoyo del gobierno, a favor de la restitución de tierras. León había estado trabajando para que asistieran las víctimas[236]. Un hombre se presentó en su vivienda en Chigorodó, Antioquia, se identificó como primo de la persona que había matado a Benigno Gil y Jaime Gaviria (ver antes), y dijo que si acudía a la marcha era mejor que no volviera, lo cual fue interpretado por León como una amenaza[237].

León informó a la Fiscalía y a Human Rights Watch que el 6 de julio de 2012, luego de acompañar a varios desplazados a la Unidad de Restitución en Apartadó, un hombre no identificado se acercó, le dijo “retírese de eso” y le advirtió que no fuera a Chigorodó, el lugar donde vivía [238] . Supuso que el hombre se refería a su participación en Tierra y Vida.

León dijo que, a pesar de la amenaza, fue igualmente a Chigorodó ese mismo día, se dio cuenta de que la estaban siguiendo y entonces durante la noche huyó a Apartadó para resguardar su seguridad[239]. Contó que el 19 de octubre, tres hombres la interceptaron en la calle en Apartadó y le pidieron que mostrara su documento. Le dijeron: “malparida, ¿sigues trabajando con desplazados?”[240]. León dijo a Human Rights Watch en octubre de 2012 que estaba considerando seriamente la posibilidad de abandonar su trabajo en Tierra y Vida debido a las amenazas[241].

En vez de ello, decidió mantener un perfil más bajo, pero las amenazas continuaron. El 24 de abril, un miembro de Tierra y Vida encontró una amenaza de muerte dirigida a León debajo de la puerta de la oficina de la asociación en Apartadó. La nota decía: “Quieren tierra se la vamos a tirar encima... Carmensa (sic) León te tenemos ubicada”. La amenaza estaba firmada por las autodenominadas “AGC”, que presuntamente significa Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre utilizado por los Urabeños[242].

Comunidad El Toco en San Diego, departamento de Cesar

En el departamento de Cesar, que fue anteriormente un bastión de las AUC, se han registrado uno de los niveles más altos de amenazas contra desplazados que reclaman la restitución de tierras. Desde enero de 2012, más de 45 reclamantes de tierras y líderes denunciaron a las autoridades que habían recibido amenazas[243].

La Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar ha señalado que, según información aportada por víctimas, podrían atribuirse a grupos sucesores de paramilitares las amenazas y los actos de persecución contra reclamantes que se producen allí, y que “sobre una buena parte de las tierras que están siendo objeto de reclamación por parte de las víctimas de despojo, se ciernen los intereses de poderosos grupos económicos y políticos asociados a la expansión de la minería y de la agroindustria”[244]. En mayo de 2013, las amenazas incluso se extendieron a periodistas que informaban sobre el proceso de restitución de tierras en ese departamento (ver más información sobre amenazas contra periodistas del departamento de Cesar en la sección “Ejército Anti-Restitución”)[245].

Juan Carlos Ramírez (seudónimo) lidera un grupo de familias desplazadas que reclaman tierras en el predio El Toco en Los Brasiles, departamento de Cesar. Este es el primer caso que fue documentado por la Unidad de Restitución en Cesar y presentado ante la justicia especializada. Las autoridades judiciales no han conseguido que los paramilitares sean procesados por el despojo de El Toco, y hay evidencias considerables que sugieren que quienes tienen interés en preservar el control sobre las tierras son además responsables de las reiteradas amenazas contra Ramírez, lo que provocó que este abandonara temporalmente la región en febrero de 2013.

Varios residentes de El Toco han sufrido actos brutales de violencia a manos de paramilitares, aparentemente con el propósito de usurpar sus tierras. En 1997, las AUC incursionaron en la zona y mataron al menos a 10 miembros de la comunidad, según se establece en una sentencia judicial dictada en febrero de 2013 que ordena la restitución de tierras en beneficio de dos familias de El Toco[246]. Un documento interno de la Defensoría del Pueblo indicó que después de haber asesinado a un líder de la comunidad y a su hijo en El Toco el 23 de abril de 1997, las AUC, “[a]marraron e intentaron quemar vivas a algunas mujeres familiares de este parcelero ... [y] procedieron a incinerar a la casi totalidad de las viviendas del caserío”[247].

Los miembros de la comunidad huyeron al casco urbano de Los Brasiles, pero fueron perseguidos por paramilitares que ejecutaron a ocho de ellos[248]. Ramírez dijo que en marzo de 1999, fue amenazado por paramilitares que le advirtieron que no reclamara la restitución de El Toco, a causa de lo cual se fue del departamento de Cesar[249]. El 7 de agosto de 2000, otros tres miembros de la comunidad de El Toco fueron asesinados por paramilitares, según se indica en una denuncia penal presentada por Ramírez[250].

Aproximadamente entre 1998 y 2006, el líder paramilitar Hugues Manuel Rodríguez Fuentes compró tierras en El Toco, y desarrolló actividades ganaderas en el predio, según señalaron varias fuentes creíbles [251] . El principal semanario de Colombia, la revista Semana, describió en los siguientes términos la estrecha relación de Rodríguez con el Bloque Norte de las AUC y sectores poderosos de la región:

Amparado por la fachada de ser uno de los ganaderos más prósperos de Valledupar, Hugues Rodríguez se movía como pez en el agua en el cerrado círculo social de la capital de Cesar.... Rodríguez también se transformó en testaferro, y en hombre fuerte para lavar parte de los millonarios ingresos producto del narcotráfico que recibían el Bloque Norte y [el jefe de las AUC] ‘Jorge 40’[252].

Hasta el momento no hay condenados por los incidentes de desplazamiento forzado contra la comunidad El Toco[253].

Ramírez informó haber recibido múltiples amenazas telefónicas y por correo electrónico durante 2010 y 2011 en represalia por intentar recuperar El Toco a través de distintos mecanismos judiciales y administrativos; sin embargo, las amenazas en su contra se intensificaron desde que él y otros miembros de la comunidad presentaron solicitudes ante la Unidad de Restitución a fines de 2011[254].

El 13 de junio de 2012, dos hombres que ocupaban El Toco amenazaron a Ramírez mientras este acompañaba a representantes de la Unidad de Restitución para notificar a los ocupantes de la propiedad que esta era objeto de una solicitud de restitución, según indicaron Ramírez y funcionarios locales entrevistados por Human Rights Watch[255]. Uno de los hombres le advirtió gritando a Ramírez que lo mataría por ser el líder de la comunidad. Luego, según una denuncia presentada por Ramírez, fue rodeado por siete personas que lo insultaron y le dijeron “Viste por ser el dueño del Toco lo que te va a tocar”[256]. Un funcionario del programa de protección del gobierno que conocía el caso de Ramírez dijo que la amenaza proferida por los ocupantes era “directa, seria y muy preocupante.... [H]ay un paramilitar ... que todavía tiene interés en la tierra de [Ramírez]”[257]. El paramilitar al cual se refería el funcionario era Hugues Rodríguez, quien fue condenado por promover a grupos paramilitares, pero continúa prófugo[258].

Hay indicios de que algunas de las personas que ocupaban El Toco mientras avanzaba la causa impulsada por la Unidad de Restitución tuvieron en algún momento vínculos con paramilitares, conforme indicaron diversas autoridades[259]. A manera de ejemplo, el ex chofer de Hugues Rodríguez tenía una parcela en El Toco en 2012[260].

Ramírez fue amenazado nuevamente el 29 de enero de 2013, apenas una semana antes de que la justicia dictara la primera sentencia de restitución vinculada con El Toco. Ese día, a las 7:15 a.m., dos hombres no identificados que circulaban en una motocicleta se presentaron en la vivienda de Ramírez en el municipio de Codazzi y le preguntaron si él era el Ramírez de El Toco[261]. Ramírez contó a Human Rights Watch que cuando respondió que no, los dos hombres hicieron una llamada telefónica y luego le dijeron: “Usted hizo quitar El Toco, y no lo va a gozar”. A continuación, los hombres se retiraron[262].

Ramírez dijo a Human Rights Watch que había perdido peso debido a la preocupación provocada por las constantes amenazas, y que mientras estuvo en Codazzi, no durmió en su propia casa por temor a ser atacado durante la noche[263]. Indicó que, debido a las amenazas, algunos miembros de su comunidad tampoco deseaban retornar a El Toco. Ramírez no estaba seguro de si estaría dispuesto a regresar a vivir en El Toco, dado que temía por su vida. “Ya hay 10 muertos”, dijo en referencia a miembros de la comunidad que habían sido asesinados por paramilitares durante el transcurso de su desplazamiento. “No veo que hay garantías [para mi seguridad]. Yo ahorita no quiero [retornar].... Estoy muy triste”[264].

Debido a reiteradas amenazas, y a la respuesta inadecuada ofrecida por las autoridades, Ramírez abandonó el departamento de Cesar en febrero de 2013 (ver más información sobre esta respuesta inadecuada en la sección “Negativa a recibir denuncias penales”)[265]. Regresó posteriormente en marzo, luego de que la UNP le asignara un escolta, pero los actos de intimidación continuaron. El 26 de abril de 2013, aproximadamente a las 8:30 p.m., poco después de que el escolta se retirara, dos hombres desconocidos que circulaban en motocicleta se detuvieron afuera de la vivienda de Ramírez, según contó este a la Defensoría del Pueblo[266]. Uno de los hombres bajó de la motocicleta y se acercó a la vivienda de Ramírez con un arma en la mano. Los familiares de Ramírez le gritaron que se ocultara y el hombre armado, presuntamente debido a los gritos, retrocedió rápidamente hasta la motocicleta y se fue del lugar[267]. La Defensoría del Pueblo informó que el incidente indicaba que “el cerco de amenazas y hostigamientos en contra [de Ramírez] se está cerrando más”[268].

La Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar

El municipio de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, ha registrado uno de los mayores niveles de desplazamiento forzado y abandono de tierras del país, y constituye una zona prioritaria para el programa de restitución de tierras del gobierno. Los desplazados de esa zona huyeron de la violencia de las guerrillas y la brutal campaña de contrainsurgencia desplegada por las AUC que provocó, entre otros sucesos, la masacre de El Salado en 2000, durante la cual residentes fueron asesinados, violados sexualmente y torturados a lo largo de cuatro días por paramilitares, con un saldo de aproximadamente 60 muertos[269].

Según un estudio llevado a cabo con apoyo del gobierno, los desplazados abandonaron más de 81.000 hectáreas de tierra en Carmen de Bolívar, correspondientes a cerca del 90 por ciento del total de su territorio, lo cual representa la más alta proporción de tierras abandonadas en cualquier municipio del país [270] . Posteriormente, grandes parcelas de tierras fueron compradas por empresas privadas.

Human Rights Watch documentó amenazas constantes contra los siete líderes de la Mesa de Víctimas del municipio de Carmen de Bolívar, un comité creado en abril de 2012 en el marco de la Ley de Víctimas para garantizar la participación de víctimas en su implementación [271] . Los líderes de la Mesa de Víctimas han acompañado a desplazados de Carmen de Bolívar en la presentación de solicitudes ante la Unidad de Restitución y en el retorno a sus fincas.

En mayo de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo donde advertía sobre la alta probabilidad de que quienes reclamaban tierras en Carmen de Bolívar sufrieran abusos, y recomendaba a las autoridades adoptar medidas para prevenirlos [272] . Sin embargo, al igual que en el caso El Toco, las amenazas se intensificaron significativamente el 2 de octubre de 2012, el día después que la Unidad de Restitución notificara a los ocupantes de una zona rural que había comenzado a estudiar solicitudes de restitución relativas a parcelas en esa zona. El orden secuencial del informe del Sistema de Alertas Tempranas, la notificación de la Unidad de Restitución y el aumento vertiginoso de las amenazas sugiere que existe una relación directa entre las amenazas y la participación de las víctimas en el proceso de restitución de tierras, así como la falta de medidas por parte de las autoridades que respondieran adecuadamente al riesgo inminente de abusos.

Algunas de las amenazas contra la Mesa de Víctimas fueron emitidas mediante mensajes de texto y firmadas por el autodenominado “Ejército Anti-Restitución”. Las evidencias sugieren que otras amenazas habrían provenido de quienes se atribuían la titularidad de las tierras, o personas que presuntamente actuaban en nombre de estas, como José Méndez, quien según diversas fuentes sería miembro de una familia que ha estado tradicionalmente vinculada al paramilitarismo en la región[273]. Diversos funcionarios públicos, líderes de restitución de tierras y personas que interpusieron denuncias penales señalan que Méndez habría realizado actos intimidatorios contra desplazados que eran parte en distintas disputas por tierras en Carmen de Bolívar. “En todos los casos de amenazas aparece José Méndez”, dijo a Human Rights Watch un funcionario que trabaja en el tema de restitución de tierras en la región[274].

Varias de las amenazas advertían a líderes de la Mesa de Víctimas que se fueran de Carmen de Bolívar. Para fines de 2012, las amenazas habían provocado que seis de los siete líderes de la Mesa de Víctimas se fueran del pueblo para preservar su seguridad, y consiguieron así, al menos momentáneamente, desarticular su liderazgo en la zona. “Partieron [la Mesa de Víctimas]”, dijo Gustavo Arrieta en referencia a las amenazas y el desplazamiento que habían sufrido otros líderes de la Mesa de Víctimas e incluso él mismo. “Estamos para un lado y otro tratando de autoprotegernos”[275].

Amenazas antes de la notificación sobre el proceso de restitución en Caño Negro

Varios líderes de la Mesa de Víctimas y otros reclamantes de Carmen de Bolívar informaron haber sido amenazados en relación con disputas por tierras, antes de que la Unidad de Restitución anunciara la existencia de solicitudes de restitución en la vereda de Caño Negro, que pertenece a dicho municipio.

En 2008, Gustavo Arrieta lideró el retorno de su comunidad a una finca en Carmen de Bolívar llamada Verdún, de la cual habían sido desplazados por paramilitares en 2000. Al retornar, la comunidad descubrió que la finca había sido ocupada por un ganadero, y que su escuela rural, puesto de salud, letrinas y 14 viviendas habían sido demolidas con un bulldozer, según consta en un documento que Arrieta presentó a las autoridades en marzo de 2011[276]. Arrieta dijo a Human Rights Watch que, en diciembre de 2008, el administrador de la finca del ganadero amenazó a los miembros de la comunidad y los presionó para que se fueran de la finca. Arrieta afirmó que el ganadero también lo amenazó a él en junio de 2011[277].

Además de liderar el retorno de otros miembros de su comunidad a Verdún, Arrieta también ayudó a otras comunidades desplazadas en Carmen de Bolívar, incluidas familias que habían sido expulsadas por paramilitares de la finca El Palmito en 2000. Aproximadamente 40 familias regresaron a El Palmito entre 2003 y 2006. En 2009, un empresario y otro hombre cuestionaron el derecho de la comunidad a la tierra, y afirmaron ser los nuevos propietarios, según datos extraídos de un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas y de entrevistas con miembros de la comunidad[278].

Varios miembros de la comunidad presentaron una denuncia en la Fiscalía y ante otras autoridades, en la cual aseveraban que el empresario había amenazado a trabajadores agrícolas de El Palmito en agosto de 2011 y había presionado a una familia de la zona para que abandonara sus tierras[279]. La Fiscalía informó haber iniciado tres investigaciones contra el empresario sobre presuntas amenazas, dos de las cuales han sido archivadas[280].

Las amenazas siguieron. El 6 de febrero de 2012, cinco personas se presentaron en la finca El Palmito y dijeron a los miembros de la comunidad que tenían tres meses para irse del predio[281]. Entre estas personas se encontraba un abogado que afirmaba representar al propietario de las tierras, el administrador de una finca vecina llamada El Respaldo y José Méndez, quien según varias fuentes creíbles habría intimidado reiteradamente a desplazados involucrados en distintas disputas por tierras en Carmen de Bolívar.Al día siguiente, dos hombres —uno de ellos armado— se habrían presentado en la finca y preguntado a los miembros de la comunidad quiénes eran sus líderes, quiénes dormían de noche en la comunidad y dónde se alojaban[282]. Los dos hombres se trasladaban en la misma motocicleta que Méndez había conducido el día anterior, conforme se indica en una denuncia penal que presentaron miembros de la comunidad[283].

El 8 de febrero, el administrador de la finca vecina El Respaldo, que había visitado El Palmito dos días antes, dijo a un residente de El Palmito que si él era líder entonces debía atenerse a las consecuencias, “porque problemas era lo que iban a tener ahora”[284]. El informe de riesgo indica que ante los eventos del 6 y 8 de febrero, la comunidad se sintió amenazada y “en riesgo de desplazamiento”[285].

Arrieta dijo que el 17 de abril, tres días después de que se creara formalmente la Mesa de Víctimas, Méndez lo llamó a su teléfono celular y luego puso al habla al abogado que supuestamente había visitado El Palmito el 6 de febrero. El abogado dijo que sabía que Arrieta estaba asesorando a familias de El Palmito, que no quería más sangre y le pedía que accediera a reunirse con él, según surge de entrevistas mantenidas con Arrieta y de una denuncia penal presentada por este[286]. Arrieta interpretó la llamada como una amenaza. Más tarde ese día, Méndez abordó a Arrieta en una motocicleta y le dijo que el abogado tenía que hablar con él porque Arrieta estaba asesorando a personas que no querían irse de sus terrenos[287].

Amedrentado tras la llamada telefónica y el encuentro con Méndez, Arrieta dejó de pasar la noche en casa de su familia en Verdún por temor a su seguridad, y se instaló en una iglesia en el casco urbano de Carmen de Bolívar. Dijo a Human Rights Watch que Méndez estuvo siguiendo sus movimientos en Carmen de Bolívar durante un período de dos semanas en mayo de 2012[288].

En esa misma época, Méndez también estuvo involucrado en otra disputa por tierras en Carmen de Bolívar. El 7 de enero de 2012, Méndez y un investigador judicial armado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se presentaron en las tierras donde vivía la familia de Ronald Castilla en Caño Negro y lo intimidaron. Según se indica en una denuncia presentada por Castilla y en el informe del Sistema de Alertas Tempranas, esto habría provocado que este decidiera abandonar la finca [289] . Luego de que Castilla se mudó al casco urbano de Carmen de Bolívar, el 28 de febrero de 2012 un hombre se acercó por detrás a su esposa, Marta Blanco (seudónimo), y apoyó el cañón de un arma en su espalda. Le dijo que la mataría si se daba vuelta, y agregó: “Esta es la última oportunidad para que Ronald le demuestre a su familia cuánto los quiere” [290] . Castilla se convirtió en líder de la Mesa de Víctimas luego de su formación en abril de 2012, y presentó una solicitud para exigir la restitución de la parcela en Caño Negro.

“Informe de Riesgo” del Sistema de Alertas Tempranas

El Informe de Riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas el 15 de mayo de 2012 advertía que existía un alto riesgo, entre otros abusos, de “utilización de métodos o medios para generar terror contra la población civil inserta en procesos de reclamación de tierras despojadas, retorno y defensa del territorio”. Describía que en Carmen de Bolívar, María la Baja y San Juan de Nepomuceno, los habitantes “están expuestos a acciones de violencia debido a la persistencia del conflicto armado y a la permanencia de los grupos armados ilegales como de los intereses políticos y económicos que han provocado el despojo de tierras”[291].

A partir del contenido del informe de riesgo, el 1 de junio de 2012 el Ministro del Interior emitió una alerta temprana que recomendaba a las autoridades nacionales y locales adoptar medidas para prevenir los abusos[292].

Amenazas tras la notificación de solicitudes de restitución en Caño Negro

El 19 de septiembre de 2012, la Unidad de Restitución inició formalmente su evaluación de la solicitud de restitución que el líder de la Mesa de Víctimas Ronald Castilla había presentado con respecto a la parcela en Caño Negro que había tenido que abandonar previamente ese año[293]. El 1 de octubre de 2012, la Unidad de Restitución comenzó a enviar notificaciones sobre parcelas en Caño Negro —incluida la finca reclamada por Castilla— en las cuales anunciaba que dichos predios eran objeto de solicitudes de restitución evaluadas en ese momento por la unidad[294].

Al día siguiente, el 2 de octubre, varios líderes de la Mesa de Víctimas recibieron un mensaje de texto firmado por el autodenominado “Ejército Anti-Restitución” con amenazas contra cinco de los siete líderes de ese comité. El mensaje indicaba: “Primer advertencia: no queremos en el Carmen de Bolívar esos que se hacen llamar defensores de ddhh”. Iba firmado por el “Ejército Anti-Restitución” y decía que Arrieta, Rosa Novoa (seudónimo), Edgardo Flórez, Ángela Higuita (seudónimo) y Carlos Andrés Franco (seudónimo) habían sido plenamente identificados[295].

La líder de la Mesa de Víctimas Ángela Higuita (seudónimo) dijo a Human Rights Watch que luego de recibir la amenaza, ese mismo día huyó de Carmen de Bolívar con sus hijos. En su caso, la amenaza era particularmente atemorizante dado que, en noviembre de 2011, había sido secuestrada e interrogada durante aproximadamente una hora por hombres armados en la ciudad de Cartagena[296].

Las amenazas contra los líderes identificados en el mensaje de texto del 2 de octubre continuaron luego de esa fecha.

El líder de la Mesa de Víctimas Carlos Andrés Franco (seudónimo) dijo a Human Rights Watch que ayuda a comunidades de desplazados de la región de Montes de María a presentar solicitudes ante la Unidad de Restitución y a retornar a sus fincas, y también busca justicia por el asesinato de su hermano a manos de paramilitares en 2001[297]. Contó a Human Rights Watch que, aproximadamente el 7 de octubre de 2012, recibió una llamada en su teléfono celular a través de la cual una persona no identificada le dijo: “Oye ... hijo de puta guerrillero, sigues jodiendo todavía, ¿es que no quieres a tu familia?”. Pocos días después, atemorizado ante las amenazas, Franco huyó a Bogotá con su hija. Dijo que mientras vivieron en Carmen de Bolívar, no podía dormir debido a la preocupación provocada por las amenazas, y que temía por la seguridad de su hija[298].

Edgardo Flórez participa en la Mesa de Víctimas a nivel municipal y departamental, y ha asesorado a desplazados sobre cómo reclamar la restitución de tierras amparándose en la Ley de Víctimas[299]. Dijo a Human Rights Watch que, el 10 de octubre, unos hombres se presentaron en la vivienda de su madre en Carmen de Bolívar y le dijeron que necesitaban a alguien que hiciera los tramites de las víctimas. El 13 de octubre, mientras se encontraba de viaje con su familia por el fin de semana, dos individuos con pasamontañas llegaron a su barrio en Carmen de Bolívar preguntando por él. Los vecinos llamaron a la Policía, que no pudo dar con los hombres, pero esa misma noche algunos hombres volvieron a presentarse en el barrio preguntando por Flórez[300].

Los líderes de la Mesa de Víctimas Rosa Novoa y Enedis Ponce (seudónimos) contaron que, aproximadamente en esa misma época, decidieron no vivir más en Carmen de Bolívar en forma permanente por temor a su seguridad. Novoa y Ponce se iban de Carmen de Bolívar por períodos alternados de una semana por vez, y sacaron a sus hijos de la escuela de ese pueblo provisionalmente[301].

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), una organización de base integrada por víctimas que ha apoyado a la Mesa de Víctimas, informó que el 20 de octubre un líder de la Mesa de Víctimas recibió un mensaje de texto que decía “les quedan pocos días, váyanse para donde Cepeda que él no va a venir a sus funerales, y si quieren tierras, trabajen” [302] . “Cepeda” hace referencia al legislador Iván Cepeda Castro, que ha seguido de cerca los procesos de restitución de tierras en Montes de María, y quien también ha sido objeto de otras amenazas de muerte firmadas por el “Ejército Anti-Restitución”.

MOVICE informó que el 26 de octubre,un líder de la Mesa de Víctimas recibió un mensaje de texto donde se mencionaba a Ponce, Franco, Novoa, el tío de Ronald Castilla y a Iván Cepeda, y que decía: “ustedes siguen peliando (sic) tierra y denunciando ojo” [303] . El tío de Castilla, Roberto Casas (seudónimo), acompañaba activamente a la Mesa de Víctimas en sus actividades.

Arrieta dijo que el mismo día de la amenaza se fue de Carmen de Bolívar a la ciudad de Sincelejo, y luego se trasladó a Bogotá[304].

Castilla contó que aproximadamente dos días después, él y su familia huyeron de Carmen de Bolívar luego de recibir en su vivienda una nota que contenía una amenaza de muerte. Dijo a Human Rights Watch que temía por la seguridad de sus hijos, de 11, 7 y 4 años[305]. “Salimos [de Carmen de Bolívar] con la mera ropa que pudimos recoger”, dijo Marta Blanco, la esposa de Castilla, que también había sido amenazada en forma directa. “Te intimidan hasta el punto que tu dejas todo quieto”[306].

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre hubo nuevas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas que permanecieron en Carmen de Bolívar [307] . MOVICE informó que un mensaje de texto enviado el 2 de noviembre contenía una amenaza que decía: “ya bi (sic) que ustedes no quieren salir del Carmen [de Bolívar] solo quedan Ponce Novoa y el tio de [R]onal[d] pero tienen que salir” [308] . Franco dijo a Human Rights Watch que regresó a Carmen de Bolívar aproximadamente el 8 de noviembre, pero que luego de esa fecha siguió recibiendo amenazas telefónicas en las cuales le preguntaban por qué había regresado, y esto hizo que decidiera huir nuevamente [309] . Dijo que recibir las amenazas era “degradante psicológicamente”. Las referencias expresadas en las amenazas acerca de los líderes que se habían ido o regresaban a Carmen de Bolívar sugiere que sus movimientos estaban siendo monitoreados.

El 23 de noviembre, miembros del capítulo de MOVICE en el departamento de Sucre recibieron un mensaje de correo electrónico con una amenaza de muerte firmada por el “Ejército Anti-Restitución”, en la cual se declaraba a Novoa, Arrieta, Castilla y al tío de Castilla, además de varios miembros de MOVICE, el legislador Iván Cepeda y otros defensores de derechos humanos como “objetivos militares”[310]. En la amenaza, se los acusaba de colaborar con la guerrilla, y se señalaba: “nuestro objetivo central es lograr la aniquilación total de todos los que son guerrilleros y tienen afinidades con estas organizaciones terroristas y evitar a toda costa el robo de tierras a personas honradas de estas regiones”[311]. Ponce dijo que luego de la amenaza del 23 de noviembre, no volvió a Carmen de Bolívar durante todo diciembre, salvo unas pocas veces que visitó brevemente dicho pueblo[312].

Algunos líderes de la Mesa de Víctimas han regresado a vivir a Carmen de Bolívar. Pero las amenazas contra ellos persistieron durante 2013, y MOVICE denunció en una declaración pública distintas amenazas recibidas por mensaje de texto el 20 de febrero, así como el 6, 11 y 14 de marzo[313].

La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba

Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de desplazados de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 20 días en marzo y abril de 2013, presuntamente a manos de los Urabeños. Si bien el móvil de los crímenes aún no ha sido esclarecido, el prominente rol de líder que desempeñaba Cordero y el momento de la muerte sugieren de manera persuasiva que tuvo relación con su activismo en representación de víctimas, incluidas aquellas que reclaman la restitución de tierras. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el asesinato.

De lo que sí no hay dudas es que los asesinatos atemorizaron a numerosas víctimas y líderes de desplazados en Córdoba. “Las Bacrim dieron el mensaje que ellos sí tienen poder, van a mandar y siguen mandando”, observó un importante líder de víctimas de la región el día después de que Cordero fue asesinado [314] . (Ver más información sobre el impacto del asesinato en la sección “El clima de temor y sus consecuencias”).

Vidal desapareció el 21 de marzo, y fue hallado muerto dos días después en la orilla del río Sinú en Córdoba [315] . Según la Policía de Córdoba, su cuerpo presentaba dos heridas de bala y se encontraba en un estado de descomposición avanzado [316] . La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció el asesinato y señaló al respecto:

El señor Vidal fue desplazado forzosamente de su finca ... hace varios años, y aunque no estaba adelantando un proceso de restitución de tierras formalmente, decidió retornar a su finca. A su regreso, el señor Vidal recibió amenazas de muerte por parte de hombres armados, quienes le dijeron que debía dejar la zona y abstenerse de reclamar su tierra, que ya le pertenecía a otras personas. El señor Vidal es la tercera persona asesinada en su familia por defender sus derechos cómo víctimas[317].

Un funcionario público de Córdoba dijo a Human Rights Watch que el 24 de marzo, el día después de que Vidal fuera hallado muerto, mantuvo una conversación telefónica con Cordero, el presidente de la Mesa de Víctimas de Valencia [318] . El funcionario indicó haber realizado las siguientes anotaciones sobre lo dicho por Cordero durante la conversación, que coinciden con la información difundida por la ONU acerca de la muerte de Vidal, y demuestran que Cordero creía que las actividades de restitución en Valencia implicaban graves riesgos para la seguridad:

Ermes [Vidal] había retornado a unos predios de los que había salido antes.... Cuando tenía cultivos para recoger, recibió orden de salir de ahí porque esas tierras tenían dueño. Uno no sabe, de pronto [a Vidal lo mataron porque] dijo algo que no debía hablar. Aquí en Valencia no hay garantías para los líderes y por eso se solicitó que fueran las autoridades que asumieran la convocatoria y acompañamiento con restitución de tierras[319].

El 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas de Colombia, la edición impresa de El Meridiano, el principal periódico de Córdoba, informó también sobre el temor de los desplazados a exigir la restitución de tierras en Valencia. El artículo publicado en El Meridiano hacía alusión al asesinato de Vidal y mencionaba las declaraciones de un líder de desplazados no identificado, según las cuales: “Se dice que al que toca el tema de la tierra lo matan”[320]. El artículo indicaba que “[p]ara este líder, quien pidió reserva de identidad, las víctimas, por temor, no están accediendo al derecho de reclamar las tierras que les quitaron los violentos”[321].

Según funcionarios de la Unidad de Restitución, Cordero personalmente no había presentado una solicitud de restitución, pero había apoyado activamente este proceso en Valencia y era el contacto de la unidad en ese municipio [322] . Entre otras cosas, se ocupó de organizar que las víctimas de Valencia asistieran a una ceremonia de restitución oficiada por el Presidente Santos que se celebró el 10 de abril en la finca Santa Paula en Montería, Córdoba (ver más información sobre el caso Santa Paula en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

Durante la ceremonia, además de hacer entrega de títulos de tierras a desplazados que habían sido expulsados de Santa Paula por Sor Teresa Gómez —una paramilitar desmovilizada a quien las autoridades ahora vinculan con los Urabeños— el gobierno también debía presentar a un juez nuevas solicitudes de restitución vinculadas con tierras en Valencia que habían sido apropiadas por paramilitares [323] . Además del evento de Santa Paula, Cordero también estaba coordinando la participación de víctimas de Valencia en marchas programadas para el 9 de abril en ocasión del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

Temprano en la mañana del 9 de abril, mientras Cordero transitaba a pie por el casco urbano de Valencia, fue asesinado a balazos por dos personas no identificadas que circulaban en una motocicleta [324] . La portada de la edición del 10 de abril de El Meridiano decía:

Desafío a Santos: … a 24 horas de que el Jefe de Estado llegara a Córdoba a entregar tierras a desplazados de la violencia, ayer fue asesinado uno de los máximos líderes de las víctimas en el Alto Sinú[325].

Durante el discurso que ofreció más tarde ese día en la ceremonia, el Presidente Santos señaló que el asesinato de Cordero podría haberse producido como resultado de sus actividades de liderazgo e incidencia en materia de restitución de tierras:

¿Cuál fue su pecado? Me dicen que era una persona conciliadora, buena persona, que quería simplemente ayudarles a las víctimas y ayudar en el proceso de restituir las tierras a quienes se les debe restituir, como un gesto elemental de justicia. Ese fue su pecado. Y fue asesinado[326].

La OACNUDH, ACNUR y el PNUD indicaron también en este sentido:

Nos preocupa esta muerte violenta porque es el segundo asesinato en las últimas dos semanas que afecta a líderes de tierras en Valencia. El señor Ever Cordero tenía amplia trayectoria y era reconocido por las instituciones y la sociedad civil por su liderazgo en temas de tierras y de víctimas[327].

Si se toma en cuenta la considerable presencia de los Urabeños en Valencia y que en el pasado han cometido ataques contra líderes de víctimas, es razonable sospechar que en el asesinato de Vidal y Cordero haya tenido participación este grupo sucesor de paramilitares. Un alto funcionario de la Policía Nacional manifestó a Human Rights Watch: “Como esa zona es de los Urabeños, tiene que ser los Urabeños que son los responsables”[328]. En este sentido, un funcionario de Córdoba que trabajaba específicamente en cuestiones de seguridad en la región señaló que el poder de los Urabeños en Valencia y en otras zonas del sur de Córdoba es tan fuerte que este tipo de asesinatos no podría cometerse sin su aval[329]. El funcionario de Córdoba observó que Valencia siempre ha sido un bastión paramilitar, y que los residentes de la zona le habían informado que, allí, las AUC nunca se habían desmovilizado[330]. Diversos líderes de desplazados de Córdoba también describieron la influencia de los Urabeños en Valencia, y cómo esto restringe la labor de activismo de los líderes[331].

A pesar de la atención nacional e internacional que atrajo el asesinato de Cordero, los abusos contra su familia continuaron. Poco después del asesinato, la familia de Cordero recibió información de que los Urabeños iban a matar a uno de sus familiares cercanos que había sobrevivido, y advirtieron que estaban siendo vigilados en la vereda donde vivían, según manifestó un funcionario de Córdoba que conoce el caso[332]. El 4 de julio de 2013, temiendo por su vida, y escoltados por autoridades locales, 34 familiares de Cordero abandonaron Valencia y se trasladaron a una ciudad cercana. De estas personas, 22 eran niños[333].

Hasta julio de 2013, las investigaciones de los asesinatos de Cordero y Vidal se encontraban en la etapa preliminar, lo que implica que no había imputados[334].

Líderes de desplazados que pertenecen a sedes municipales de la Mesa de Víctimas en otras regiones del país también han sido blanco de amenazas y ataques. Miller Angulo, un destacado líder de desplazados internos y miembro de la Mesa de Víctimas de Tumaco, murió tras recibir disparos en la ciudad de Tumaco, departamento de Nariño, en el sudoeste de Colombia, el 1 de diciembre de 2012. Según una declaración de la OACNUDH y ACNUR, el 10 de octubre de 2010 y el 13 de noviembre de 2012, Angulo había sido amenazado, junto con otras personas y organizaciones, a través de un panfleto y un mensaje de correo electrónico firmados por el autodenominado “Bloque Central de las Águilas Negras”[335]. Hasta abril de 2013, la investigación del asesinato de Angulo se encontraba en la etapa preliminar[336].

Vereda La Mesa en Valledupar, Cesar

Numerosas evidencias sugieren claramente que, desde 2010, el hermano de un ex comandante de las AUC habría amenazado reiteradamente a varios desplazados por reclamar tierras que este había ocupado tras su desplazamiento forzado provocado por paramilitares aproximadamente en el año 2000. Las fincas se encuentran en la vereda La Mesa, departamento de Cesar, donde, el 10 de marzo de 2006, 2.545 presuntos combatientes del Bloque Norte de las AUC participaron en una ceremonia de desmovilización junto con su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40[337]. Human Rights Watch analizó evidencias de peso que demuestran la existencia de fraude masivo en la desmovilización del Bloque Norte pues, entre otras cosas, muchos de quienes participaron no eran realmente paramilitares[338].

Las amenazas contra reclamantes de La Mesa se enmarcan en un patrón más amplio que se extiende a varias regiones, según el cual las redes paramilitares recurrieron a medios violentos para adquirir tierras de desplazados, el proceso de desmovilización no logró desarticular estas redes, y las personas vinculadas con ellas continúan valiéndose de amenazas y violencia para conservar el control de las tierras.

Familia Freite

En septiembre de 2001, soldados al mando del comandante del Bloque Norte David Hernández Rojas, alias 39, ordenaron a Onaldo y Alfonso Freite que abandonaran su finca de 50 hectáreas en La Mesa, según contó la familia [339] . Dos años después, alias 39 obligó a la familia Freite a vender la finca a su hermano Levi Hernández [340] . Alias 39 murió en 2004, y tras la ceremonia de desmovilización de las AUC en el departamento de Cesar, la familia Freite intentó recuperar su finca a través del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz.

El 3 de marzo de 2009, Alfonso Freite recibió una llamada a través de la cual un hombre no identificado le dijo: “deja de estar reclamando, deja de estar jodiendo, no la vas a disfrutar porque te vamos a matar”, según consta en una denuncia penal que presentó ante la policía judicial [341] . El 8 de febrero de 2010, la madre de Hernández presentó ante la Fiscalía un documento certificado por notario público en el cual se comprometía a devolver la finca a la familia Freite y reconocía que su hijo Hernández había conseguido adquirir la finca debido a las amenazas de su hermano, alias 39 [342] .

La familia Freite retornó a la finca a mediados de febrero de 2010 y dejó trabajadores allí. Sin embargo, la familia Freite informó que varios días después, Hernández se presentó en la finca, ordenó a los trabajadores que se marcharan y amenazó de muerte tanto a estos como a la familia. Debido a ello abandonaron la propiedad[343]. Un miembro de la familia Freite que les representa jurídicamente dijo que aproximadamente el 25 de febrero, dos hombres se presentaron en su oficina y le dijeron que habían sido enviados por su jefe, Hernández, para advertirle que matarían a la familia si no renunciaba a los procesos en su contra[344].

La familia Freite denunció a la Fiscalía que, el 26 de junio de 2012, recibieron en el buzón de su vivienda en la ciudad de Valledupar, capital del departamento de Cesar, una amenaza de muerte dirigida a Alfonso y Onaldo Freite, que decía:

Ya la finca noles (sic) pertenece ya pasó a ser propiedad de nuestra institución, se les ordena que dentro de 48 horas abandonen la ciudad ya sabemos todos sus pasos y el de sus hijos ya lo tenemos en la mira, de lo contrario les daremos donde más duele que son sus hijos[345].

La Defensoría del Pueblo alertó a la UNP sobre la amenaza, e indicó que los Freite “recientemente han sido objeto de directas amenazas en su contra, detrás de las cuales se presume podrían estar los testaferros que en la actualidad ocupan el predio” [346] . La Defensoría denunció ante la Fiscalía que el 24 de julio de 2012, apenas dos semanas después de que la familia Freite visitara su finca acompañada por funcionarios de la MAPP-OEA, recibieron otra amenaza de muerte en su buzón que decía:

Grandes hijos de puta, ¿qué se piensan ustedes, por qué (sic) anden con la OEA se van a salvar?[347].

La familia Freite denunció que recibió nuevas amenazas en la primera mitad de 2013. [348]

Familia Rivera

Lina Rivera (seudónimo) y su familia también intentaron recuperar una finca en La Mesa de la cual habían sido desplazadas por alias 39, y recibieron amenazas reiteradas que obligaron a Rivera a abandonar el departamento en octubre de 2012. Al igual que la familia Freite, la familia Rivera contó a Human Rights Watch que Levi Hernández tenía trabajadores que ocupaban su finca en 2012, y que los había amenazado para que renunciaran a sus iniciativas de restitución[349]. La Defensoría del Pueblo denunció ante la Fiscalía que en el caso de los Rivera, “la fuente de las amenazas son coincidentes” con el caso de la familia Freite[350].

Rivera dijo a Human Rights Watch que ella y su esposo fueron desplazados de su finca en 1999 por paramilitares bajo el mando de alias 39[351]. Contó que alias 39 presionó a su esposo para que vendiera la tierra y finalmente en 2002 fue asesinado por paramilitares en Valledupar[352]. Dijo que, seis meses después del asesinato de su esposo, firmó un documento por el cual transfería la titularidad de la finca a paramilitares. La familia Rivera informó que durante los años siguientes, el hijo y el hermano de Rivera fueron asesinados por paramilitares en Valledupar[353]. Rivera finalmente se fue del departamento de Cesar debido a “las constantes presiones e intimidaciones que venía recibiendo por parte de gente estrechamente vinculada a David Hernández Rojas, alias 39”, según información aportada por la Defensoría del Pueblo[354].

Rivera contó que en 2011 había recibido una llamada de Hernández [355] . Rivera devolvió la llamada y, según dijo, Hernández le advirtió que retirara las medidas de protección que se habían dispuesto en sus tierras [356] . La amenazó diciendo: “Mire lo que le pasó a tu hermano, mire lo que pasó a tu hijo”. [357] Rivera denunció la amenaza ante la Fiscalía, pero contó a Human Rights Watch en julio de 2012 que la Fiscalía no la había llamado.

Rivera señaló que, en junio de 2012, interpuso una solicitud para efectos de recuperar su finca ante la Unidad de Restitución, y que aproximadamente a fines de ese mes la madre de Hernández se presentó en su vivienda preguntando por ella[358]. En octubre de 2012, Hernández acudió en varias oportunidades a la vivienda de Rivera preguntando por ella, según surge de información de la Defensoría del Pueblo y de entrevistas con la familia Rivera[359]. Ese mismo mes, Hernández visitó a la hija de Rivera en su lugar de trabajo, la amenazó y la presionó para que firmara documentos en los cuales le transfería la titularidad de la tierra[360]. Debido a las amenazas y los actos de intimidación, Rivera se fue del departamento de Cesar en octubre[361].

La hija de Rivera dijo a Human Rights Watch que el 30 de noviembre de 2012, su hermano recibió una amenaza telefónica anónima en la cual lo presionaron para que firmara los documentos de cesión de su finca. “Vivo aquí con miedo”, expresó la hija de Rivera a Human Rights Watch[362]. Preocupada por su seguridad, en 2013 cambió su lugar de residencia[363].

Según lo informado por la Fiscalía, hasta marzo de 2013 no había ninguna investigación en curso contra Hernández por desplazamiento forzado, amenazas u otros delitos relacionados con el despojo de tierras[364]. En abril de 2013, Hernández murió tras recibir disparos frente a un restaurante en la ciudad de Valledupar[365].

Asesinato de reclamante de tierras en Montería, Córdoba

Existen razones de peso para creer que el asesinato de Leoncio Mendoza Mejía, ocurrido en noviembre de 2011, estuvo directamente vinculado con su solicitud de restitución de tres fincas que habían sido despojadas por paramilitares en los municipios de San Pedro de Urabá y Arboletes, en Antioquia. Un funcionario que trabaja en restitución de tierras dijo a Human Rights Watch en julio de 2012 que la restitución estaba “vetada” en la zona donde se encuentran las tres fincas, debido a la fuerte presencia de grupos sucesores de los paramilitares[366].

De cientos de solicitudes de restitución presentadas en relación con más de 20.000 hectáreas de tierras en San Pedro de Urabá y Arboletes, hasta marzo de 2013 la Unidad de Restitución no había iniciado el examen de ninguno de estos reclamos[367].

A comienzos de la década de 1990, Mendoza y su familia fueron expulsados por paramilitares de tres fincas en San Pedro de Urabá y Arboletes [368] . Tras varios años en los cuales se trasladaron de una ciudad a otra, Mendoza finalmente cedió ante las presiones para vender sus tierras a un tercero que actuaba en representación de paramilitares [369] . Dos familiares de Mendoza dijeron que las tierras fueron apropiadas por el ex líder de las AUC conocido como alias Monoleche y su testaferro [370] . (Ver más información sobre Monoleche en la sección caso “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

La zona donde se encuentran las fincas se convirtió en un bastión de las AUC. Por ejemplo, una de las finca está ubicada en El Tomate, en San Pedro de Urabá, cerca del predio “35”, que según confesaron ex comandantes de las AUC fue utilizado como lugar de entrenamiento paramilitar [371] . En 2009, investigadores judiciales exhumaron de fosas clandestinas en la finca “35” los cuerpos descuartizados de 17 campesinos que, según la Fiscalía, fueron asesinados a fines de la década de 1990 por fuerzas presuntamente bajo el mando de Monoleche [372] .

Tras el proceso de desmovilización paramilitar, Mendoza presentó solicitudes de restitución respecto de sus tres fincas amparándose en la Ley de Justicia y Paz de 2005, y junto a otras personas fundó ACDUDA, una asociación de desplazados del norte de Urabá [373] . Del 26 al 30 de abril de 2010, investigadores de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz llevaron a cabo una inspección de varias fincas alcanzadas por solicitudes de miembros de ACDUDA. Los investigadores informaron que, en una de las fincas ubicada en Arboletes, los actuales habitantes habían sido reubicados allí por las AUC y demostraban “temor constante por la presencia, control territorial y poblacional de Bandas Emergentes” [374] (Bandas emergentes es un término que utiliza el gobierno para referirse a grupos sucesores de paramilitares).

El 29 de abril de 2010, uno de los hijos de Mendoza huyó de la vereda donde estaba viviendo en San Pedro de Urabá, según consta en una denuncia penal presentada por su familia[375]. El hijo de Mendoza había recibido información de que las Águilas Negras habían participado en una reunión en la cual se anunció que sería asesinado por haber llevado al lugar investigadores de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. La denuncia penal también indicaba que poco después de la visita de los investigadores, otro reclamante de tierras de la zona recibió una amenaza[376].

En noviembre de 2010, un programa de protección del ámbito de la Fiscalía evaluó el nivel de riesgo al cual estaba expuesto el hijo de Mendoza y determinó que “sí son inminentes las amenazas provenientes como consecuencia de las reclamaciones efectuadas por sus tierras lo cual continuará hasta tanto no se le restituyan o se le resuelva tal situación, por consiguiente esta situación fáctica le genera un riesgo Extraordinario, circunstancias que se evidencian con el hostigamiento y las amenazas directas que recibe por parte de quienes a la fecha tiene[n] en posesión las mismas”[377].

Dos de los hijos de Mendoza dijeron a Human Rights Watch que en mayo de 2011, un hombre se presentó en la vivienda de Mendoza en Montería y le propuso —supuestamente en nombre de Monoleche— devolverle dos de sus fincas a cambio de mantener la tercera [378] . Mendoza rechazó la oferta. Uno de los hijos de Mendoza dijo que alrededor de julio de 2011, recibió una llamada del mismo hombre, quien también le propuso un trato por las fincas en nombre de Monoleche [379] .

El 26 de noviembre de 2011, un hombre asesinó con un arma de fuego a Mendoza frente a su vivienda en Montería [380] . El homicidio atemorizó a otros miembros de ACDUDA que también reclamaban tierras en la misma región de Urabá [381] . Por ejemplo, el miembro de ACDUDA Víctor Ortiz (seudónimo), quien también procuraba recuperar tierras en El Tomate que, según dijo, habían sido ocupadas por un testaferro paramilitar, contó a Human Rights Watch que tras el asesinato no se atrevió a salir de su casa por tres semanas [382] . En la década de 1990, el padre y varios hermanos de Ortiz habían sido asesinados por paramilitares.

El director nacional de la Superintendencia de Notariado y Registro —que ha realizado una investigación exhaustiva de tierras despojadas en Urabá— señaló en una entrevista concedida a los medios de comunicación que los responsables de la muerte de Mendoza eran “sin lugar a dudas ... paramilitares de la zona de Urabá”[383]. Luego del asesinato, el mismo hombre que se había puesto en contacto con Mendoza continuó contactando a sus familiares para informarles que Monoleche quería llegar a un acuerdo por sus tierras, según contaron dos de sus hijos[384].

Los hijos de Mendoza informaron que no hubo condenados por el desplazamiento de su familia ni por el despojo de sus tierras, las cuales actualmente están siendo usadas por terceros para actividades ganaderas[385].

Hasta julio de 2013, la investigación del asesinato de Mendoza se encontraba en la etapa preliminar[386]. Miembros de ACDUDA denunciaron que los actos de hostigamiento e intimidación persistieron durante 2013. En febrero, un hombre no identificado se acercó a un familiar de Víctor Ortiz para que este, a su vez, le comunicara a Ortiz que tenía 48 horas para abandonar la ciudad donde vivía[387].

Departamento de Tolima

Diversos líderes de población desplazada que promueven el retorno de sus comunidades a los municipios de Ataco, Rioblanco y Planadas en el sur del departamento de Tolima denunciaron que eran objeto de amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC, grupo guerrillero que tuvo su origen en esta región y mantienen allí una presencia considerable. Los líderes viven principalmente en la capital de Tolima, Ibagué, y actualmente algunos de ellos están ayudando a desplazados a presentar solicitudes de restitución en el marco de la Ley de Víctimas.

Según denunciaron, habían recibido reiteradas amenazas telefónicas. Asimismo, manifestaron estos líderes, residentes locales que permanecían en las zonas rurales del sur de Tolima han informado que durante reuniones obligatorias convocadas por las FARC, miembros de esa guerrilla anunciaron que se oponían al retorno de los desplazados, y declararon que sus líderes eran “objetivos militares”. En un informe de riesgo sobre el sur de Tolima emitido en septiembre de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas advirtió sobre estas amenazas y explicó que las mismas han frustrado el retorno de desplazados internos[388].

Antecedentes

La persecución de líderes por las FARC se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando estos líderes comenzaron a impulsar el retorno de sus comunidades a las tierras de las cuales habían sido expulsadas. Según líderes de desplazados que fueron entrevistados por Human Rights Watch, entre los crímenes cometidos por las FARC se incluyen los asesinatos de los líderes Héctor Julio Aponte (27 de febrero de 2003), Ovidio Maldonado (19 de octubre de 2004) y Ever Valderrama (20 de febrero de 2007)[389]. Un auto dictado por la Corte Constitucional en 2007 confirmó los asesinatos de estos y otros líderes de Tolima, y determinó que la situación de los líderes en el departamento “es grave y amerita la mayor consternación por parte de la Corte Constitucional”[390]. El auto de la Corte señaló que desde 2001 se habían producido al menos seis asesinatos de líderes de desplazados de Tolima, y que estos habían estado precedidos por amenazas de grupos armados ilegales contra las víctimas y sus familiares[391]. La Corte se refirió, entre otros hechos, a una denuncia penal que indicaba que las FARC habían amenazado a Valderrama antes de su asesinato[392].

Estos asesinatos ocurridos durante la última década hacen que las actuales amenazas de las FARC resulten aún más creíbles y amedrentadoras para quienes promueven el retorno de desplazados al sur de Tolima. “Es muy preocupante la situación ... no queremos que pase lo que pasó en los años 2003 y 2007, la matazón que hicieron de compañeros”, manifestó la líder de restitución Valery Cardona (seudónimo) en una denuncia penal que presentó por amenazas de las FARC en diciembre de 2012[393].

Hay evidencias de que las amenazas y los ataques de las FARC contra líderes de desplazados han sido motivados por su deseo de preservar el control de zonas en el sur de Tolima, un bastión histórico de las guerrillas. Varios líderes de Tolima que fueron amenazados sostuvieron, con base en declaraciones expresamente efectuadas por miembros de las FARC así como información proporcionada por residentes que viven en zonas bajo la influencia de estas guerrillas, que las FARC se muestran hostiles frente a sus esfuerzos de recuperación de tierras en vista de que la fuerza pública y las instituciones estatales acompañarían el retorno, lo cual implicaría un desafío directo a la autoridad de las FARC. Del mismo modo, las FARC han señalado a líderes de restitución como paramilitares o colaboradores del Ejército. Conforme se indica en una denuncia penal por amenazas presentada por el líder de desplazados Pedro Gallón (seudónimo) en julio de 2012:

Venimos desde hace 7 años liderando este proceso, sin conseguir nada más que amenazas contundentes de este grupo armado ilegal Frente 21 de las FARC donde se empeñan siempre e insisten que quienes estamos por fuera se nos tiene prohibido volver; con tildarnos de paramilitares o auxiliadores del ejército[394].

El Informe de Riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas en septiembre de 2012 aludió al interés de las FARC por mantener el control en el sur de Tolima, así como a los abusos cometidos por estas fuerzas contra la población civil de la región:

Las FARC ... en los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco, ejecutan acciones armadas para mantener intereses estratégicos en esta región y no perder la influencia política y social de las zonas donde se gestó el movimiento guerrillero ... con frecuencia las familias son presionadas para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ingresen a las filas de las FARC.... La siembra indiscriminada de mina antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados ... restringe la movilidad de los pobladores de la zona rural y causa la muerte y heridas a no combatientes.... La guerrilla ha perpetrado actos de violencia en la región como una forma de aterrorizar e intimidar a la población civil, con el fin de impedir que las personas brinden apoyo y colaboración al Ejército Nacional y a los programas del Gobierno Nacional y Departamental[395].

Santiago Pérez

Rafael Bernal y su hijo Germán Bernal denunciaron ser objeto de constantes amenazas por parte del Frente 21 de las FARC debido a que impulsaban el retorno de desplazados a Santiago Pérez, un corregimiento del municipio de Ataco, Tolima [396] . Ambos son líderes de asociaciones de desplazados y han promovido el retorno de sus comunidades desde que fueron desplazadas en 2000.

El 17 de febrero de 2010, Germán denunció ante la Fiscalía que la columna Héroes de Marquetalia de las FARC había amenazado a su familia y declarado como “objetivo militar” a todos los desplazados que intentaran regresar a Santiago Pérez:

[Comandantes] de esta columna guerrillera han venido reuniendo obligatoriamente durante estos últimos tres meses a los campesinos de las veredas ... de este municipio, para poner a la gente en contra del retorno de las familias desplazadas y que rechacen el puesto de policía del corregimiento Santiago Pérez, declarando objetivo militar al primer desplazado que retorne[. L]o más preocupante es que en esas reuniones estos comandantes han manifestado que a la familia Bernal, representantes y organizadores del retorno, nos van a mandar a matar para callarnos[397].

De manera similar, en octubre de 2011, un hombre de la región declaró a la policía judicial que, según le habían informado residentes de Santiago Pérez, dos miembros de las FARC habían dicho que Germán y Rafael tenían que ser asesinados. Los miembros de la guerrilla dijeron que ambos líderes eran “sapos” y estaban “jodiendo” al promover la presencia de policías en el área y el retorno de desplazados[398].

Germán y Rafael afirman que desde la sanción de la Ley de Víctimas, han presentado solicitudes ante la Unidad de Restitución en relación con cuatro parcelas en Santiago Pérez, y han ayudado a numerosas familias del lugar a reclamar sus tierras mediante el procedimiento de esta ley [399] . En junio de 2012, Germán denunció a la Fiscalía que las amenazas que recibía de las FARC se habían intensificado cuando comenzó a reclamar la restitución de tierras a través de esta ley:

Ahora que entró en vigencia la ley 1448, ley de víctimas, he querido luchar para que se agilice la restitución de tierras en el corregimiento de Santiago Pérez de Ataco.... Hemos tenido dos reuniones con estas instituciones gubernamentales y con la población desplazada del casco urbano para tratar el tema de restitución como también hemos reclamando las garantías de seguridad para poder nosotros retornar. Al hacer pública estas reuniones campesinos ... de Santiago Pérez desde finales del mes de mayo me han informado que tenga mucho cuidado porque la guerrilla ... h[a] estado haciendo reuniones en el sector amenazando a los campesinos haciéndoles unas advertencias ... en estas reuniones han preguntado con nombre propio por nosotros los líderes que estamos trabajando por la restitución de tierras en este sector y han dicho públicamente que nosotros hemos sido declarados objetivo militar y que es cuestión de tiempo para dar con el paradero de nosotros[400].

Germán dijo que las amenazas persistieron hasta comienzos de 2013, incluso mediante una llamada telefónica anónima que recibió el 30 de enero de 2013 [401] . En febrero, él y Rafael denunciaron ante la Unidad de Restitución que temían por sus vidas debido a las reiteradas amenazas de muerte de las FARC:

Desde el día, que salimos desplazados, hemos sido víctimas de esta columna guerrillera de violaciones de derechos humanos como desplazamiento forzado, despojo de nuestros bienes, persecución, asesinato de dos familiares y de 3 amigos que han querido acompañarnos a liderar el retorno de familias desplazadas a este sector del sur del Tolima. Teniendo en cuenta estos antecedentes, tememos por nuestras vidas[402].

Valery Cardona (seudónimo) también contó a Human Rights Watch que está reclamando una finca en Santiago Pérez que tuvo que abandonar en 2000, y que además ayuda a otros desplazados de la zona con sus respectivas solicitudes de restitución. Al igual que Germán y Rafael, indicó que las FARC asesinaron a varios de sus familiares en la misma época de su desplazamiento, y que recientemente ha sido objeto de reiteradas amenazas por parte de las FARC debido a su liderazgo[403].

Según una denuncia penal presentada por Cardona, el día después de su participación en una reunión con la Unidad de Víctimas en Ibagué, a mediados de septiembre de 2012, recibió una llamada en su teléfono celular a través de la cual le dijeron: “qué bueno que volvió aparecer para afin (sic) rellenarle esa cabeza de plomo como lo ismo (sic) con su hermano y sus otros familiares y compañeros”[404]. Cardona contó que a comienzos de octubre de 2012, dos hombres se presentaron en la vivienda de su hija, preguntaron por ella y amenazaron a sus hijos cuando la hija respondió que no sabía dónde estaba su madre[405]. Las amenazas telefónicas continuaron durante noviembre y diciembre de 2012, según fue consignado en una denuncia penal presentada por Cardona en la cual consta que en una de las llamadas anónimas se había hecho referencia a su trabajo a favor del retorno de desplazados a Santiago Pérez[406].

Cardona dijo a Human Rights Watch:

Hemos perdido nuestra familia, hemos perdido nuestra tierra, quedamos en cero…. Mis hijos me ruegan que abandone mi liderazgo porque han visto cómo mataron a compañeros líderes y familia[407].

Puerto Saldaña

Al igual que los líderes que promueven el retorno de desplazados a Santiago Pérez, Ataco, diversos líderes que han abogado por el retorno de las víctimas a Puerto Saldaña, Rioblanco también afirmaron haber recibido reiteradas amenazas por parte de las FARC. El Sistema de Alertas Tempranas ha señalado con respecto a Puerto Saldaña:

Se mantiene la estigmatización y amenaza sobre personas que salieron desplazadas del corregimiento ... líderes han sido objeto de amenaza por parte del Frente 21de las FARC, siendo coaccionados de forma violenta para que estas iniciativas no avancen[408].

Por ejemplo, Emilia Rojas (seudónimo)lidera una asociación de desplazados e indicó que colabora con familias que presentan solicitudes de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución[409]. Tras ser desplazada de Puerto Saldaña en 2000, en los últimos años ha reclamado a las autoridades que se instale allí un puesto de Policía, a fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de los desplazados. Rojas denunció que en noviembre de 2012 recibió una amenaza telefónica de un hombre que manifestó estar vinculado con las FARC[410].

Según la declaración que ofreció a la Policía, la persona que la llamó le dijo:

Gran hijueputa, siga trabajando por los derechos de la población desplazada, todo lo que tienen que ver por restitución de tierras y siga metiendo la cabeza donde no debe, para traer el puesto de policía, ya la tenemos ubicada a usted y su familia la vamos a matar, siga trabajando con esos paramilitares[411].

En una denuncia penal presentada en marzo de 2013, Rojas afirmó que creía estar siendo objeto de persecución por el Frente 21de las FARC a consecuencia de su trabajo para la restitución de tierras en Puerto Saldaña[412]. Dijo a Human Rights Watch que, debido a las amenazas, dejó de asistir a reuniones públicas[413].

Hay evidencias que sugieren que Álvaro Buendía (seudónimo) y Félix Cruz (seudónimo), dos líderes de una asociación de desplazados de Puerto Saldaña, también fueron amenazados por las FARC debido a que apoyaban el retorno de familias de desplazados a Puerto Saldaña.

Cruz indicó que tuvo que abandonar varias fincas en las proximidades de Puerto Saldaña cuando fue desplazado en 2000[414]. En 2012, un amigo de Cruz visitó una de las fincas abandonadas para ver si podía venderla en nombre de Cruz. Según Cruz, un miembro de las FARC le prohibió a su amigo que intentara venderla y le dijo que era la guerrilla la que decidía quiénes podían vivir y trabajar en el lugar. Este miembro de las FARC también dijo que su comandante había prohibido que se vendieran fincas de paramilitares, y sugirió de este modo que Cruz era paramilitar[415]. La información proporcionada a Human Rights Watch por la Defensoría del Pueblo corrobora el relato de Cruz[416].

Al igual que en el caso de Cruz, Buendía denunció tener conocimiento de que en reuniones mantenidas en Puerto Saldaña las FARC habían anunciado que se opondrían al retorno de desplazados internos al lugar[417]. Asimismo, Buendía contó a Human Rights Watch que en diciembre de 2012, recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como comandante de la guerrilla, lo acusó de ser un “sapo” del gobierno y le advertía que lo declaraba un “objetivo militar”. “No salgo de Ibagué”, dijo Buendía refiriéndose a la ciudad donde vive ahora. “Estoy como secuestrado”[418].

Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó

Hasta julio de 2013, solamente una familia había regresado a vivir a sus tierras como resultado de sentencias de restitución dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados (si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas) [419] . Sin embargo, los asesinatos selectivos y otros incidentes de abusos contra desplazados que en los últimos años han regresado a sus hogares por medio de distintos procesos de restitución ponen en evidencia el grave riesgo que enfrentan los reclamantes a medida que avanza la implementación de la Ley de Víctimas.

Un claro ejemplo es el caso de los miembros afrocolombianos y mestizos de la comunidad de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó, quienes han sufrido abusos a pesar de que son considerados por el gobierno como un caso prioritario de restitución de tierras, y de haber sido beneficiados con diversos pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan su protección[420]. En un auto de 2012, la Corte Constitucional determinó que el proceso de restitución de Curvaradó y Jiguamiandó representa un “caso emblemático que pone en evidencia los retos que enfrentará el gobierno nacional” para asegurar la restitución efectiva a las comunidades afrocolombianas[421]. La Corte advirtió sobre “las amenazas reiteradas contra miembros de las comunidades, la persistente presencia de actores armados dedicados a actividades delictivas y los altos grados de impunidad de hechos ilícitos que se han dado” en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó[422].

Human Rights Watch documentó reiterados abusos —que incluyen asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y amenazas de muerte constantes— contra reclamantes y líderes que procuran recuperar más de 100.000 hectáreas de tierras de propiedad colectiva en la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en Chocó. Al igual que en el caso de Tierra y Vida, varios asesinatos de líderes de la comunidad han conseguido ampliar el efecto amedrentador de las continuas amenazas de muerte [423] , que con frecuencia provocan que reclamantes y líderes abandonen la región.

Según señalan documentos de la Defensoría del Pueblo, diversos funcionarios locales, autoridades nacionales y víctimas, frecuentemente los responsables de los abusos son grupos sucesores de paramilitares que en ocasiones actúan en representación de ganaderos y empresarios que ocupan las tierras de las comunidades[424]. Por ejemplo, un informe de 2012 de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación señaló que los grupos sucesores de paramilitares eran los principales responsables de los actos de violencia y las amenazas contra miembros de la comunidad involucrados en solicitudes de restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó[425].

La Defensoría del Pueblo indicó que en la región los Urabeños habían mantenido su presencia en las comunidades vestidos de civiles, llevando radios de comunicación y armas cortas y largas, ejerciendo control sobre la navegabilidad por el río y el tránsito de personas y profiriendo amenazas contra quienes participan en el proceso de restitución[426]. El accionar de esta organización se ha dado con cierta frecuencia “en apoyo a las presiones ejercidas por algunos individuos que a través de diferentes resoluciones y sentencias, han sido definidos como terceros ocupantes de mala fe” de las tierras de las comunidades, según el informe de la Defensoría del Pueblo[427]. En palabras de un alto funcionario del INCODER, el organismo de desarrollo rural del gobierno, los terceros “de mala fe” tienen el “apoyo de los paras”[428].

El INCODER define a los “poseedores de mala fe” de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó como personas o entidades que no pertenecen a las comunidades, pero han ocupado irregularmente sus tierras después de que fueran adjudicadas en propiedad colectiva en noviembre de 2000[429].

Antecedentes

En 1997, paramilitares que actuaban en colaboración con miembros de la Brigada 17 del Ejército “sistemáticamente ejecutaron actos hostiles contra las comunidades afrodescendientes pobladoras” en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, lo cual provocó su desplazamiento forzado, según se observa en una investigación de la Fiscalía[430]. Después de que miembros de la comunidad abandonaron la región, empresas productoras de palma africana que actuaban en connivencia con paramilitares[431] y ganaderos instalaron plantaciones de palma y haciendas ganaderas en aproximadamente 35.000 hectáreas de tierras, según datos del INCODER[432].

En noviembre de 2000, el gobierno adjudicó alrededor de 100.000 hectáreas de tierras a comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó bajo títulos colectivos. A mediados de la década de 2000, miembros de comunidades desplazadas comenzaron a regresar a Curvaradó y Jiguamiandó, y con el apoyo de varias ONG colombianas, formaron pequeñas “zonas humanitarias” donde vivían entre plantaciones de palma africana[433]. En octubre de 2009, un tribunal de Chocó ordenó la restitución de tierras a las comunidades y dispuso el desalojo de diversas empresas productoras de palma africana, ganaderos y otras personas que estaban ocupando sus tierras[434]. Varios autos posteriores de la Corte Constitucional ordenaron el desalojo de los poseedores de mala fe de Curvaradó y Jiguamiandó y la restitución de las tierras a las comunidades[435].

Sin embargo, como observó la Corte Constitucional en un auto del 18 de diciembre de 2012, “bien por falta de voluntad o por factores externos”, las autoridades locales no han adelantado los procesos de desalojo de los ocupantes de mala fe[436]. De hecho, hasta julio de 2012, aún había 6.500 hectáreas ocupadas de manera ilegítima por poseedores de mala fe, en su mayoría dedicadas a ganadería extensiva, tala y comercialización de madera, y cultivos comerciales de yuca y plátano, según el INCODER[437].

Asesinato de Walberto Hoyos, 14 de octubre de 2008, Caño Manso, Chocó

Existen claras evidencias que sugieren que el asesinato del líder comunitario Walberto Hoyos, ocurrido en octubre de 2008, fue motivado por sus iniciativas para recuperar tierras en la comunidad de Caño Manso, en Curvaradó, y habría sido perpetrado por miembros de un grupo sucesor de paramilitares.

Aproximadamente a partir de 2007, Walberto y su hermano Miguel Hoyos lideraron el retorno de miembros de la comunidad a Caño Manso[438]. Descubrieron que muchas hectáreas eran ocupadas por Luis Felipe Molano Díaz.Miguel contó a Human Rights Watch que Walberto y él se reunieron con Molano y su asistente para intentar persuadirlo de que detuviera la tala de árboles en el lugar, y que durante el encuentro fueron amenazados por el asistente de Molano[439].

Al momento del retorno, las tierras en Caño Manso también estaban ocupadas por familias que se instalaron allí siguiendo instrucciones de la ex paramilitar Sor Teresa Gómez, según datos del INCODER [440] . Gómez está prófuga tras haber sido condenada por ordenar el asesinato, en 2007, de un líder de restitución de tierras en el departamento de Córdoba, y ha sido identificada por las autoridades como líder de los Urabeños (ver más información sobre Gómez en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

El 17 de septiembre de 2007, en un pueblo próximo a Caño Manso, un hombre armado a quien Miguel identificó como vinculado con paramilitares, le disparó una vez en el torso y dos veces a Walberto en la espalda [441] . Los hermanos sobrevivieron al ataque, y según Miguel, ambos escaparon a Bogotá durante aproximadamente 10 meses, antes de regresar a Caño Manso a mediados de 2008 con escoltas proporcionados por el Estado.

El 14 de octubre de 2008, Walberto fue asesinado por hombres armados en la comunidad de Caño Manso. Los escoltas asignados a Walberto por el Estado no estaban presentes porque en ese momento habían viajado a Medellín, según indicaron Miguel y un funcionario familiarizado con el caso[442]. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que “[l]a Policía se presentó al lugar recién cinco horas después de ocurridos los hechos y el ejército siete horas después”[443].

Diversos informes del Estado colombiano, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y miembros de la comunidad señalan como autores del asesinato a un grupo sucesor de los paramilitares [444] . Por ejemplo, el gobierno colombiano informó a la Corte Interamericana lo siguiente:

Una de las hipótesis que se maneja en cuanto a los móviles que pudieron ocasionar el asesinato del señor Hoyos se relaciona con el hecho de […] constituirse e[n] defensor de quienes debieron abandonar las tierras a causa de la violencia […] constituy[éndose] en objetivo de organizaciones criminales de armados ilegales autodenominados Águilas Negras[445].

De manera similar, un funcionario judicial que trabaja en el caso indicó a Human Rights Watch que la investigación había revelado indicios de que el asesinato fue motivado por el liderazgo de Walberto en la comunidad[446].

Luego del asesinato, Miguel se trasladó una vez más a Bogotá, esta vez por dos años. Si bien regresó a Curvaradó en 2011, no fue a la comunidad de Caño Manso porque, como dijo a Human Rights Watch:

Mientras que a esas personas no las cogen, no puedo entrar a ese territorio ... ¿Cómo puedo volver al territorio sabiendo que ellos están sueltos? Puede pasar lo mismo que pasó con mi hermano[447].

A pesar de la sentencia dictada por la justicia de Chocó en 2009, en la cual se ordenaba el desalojo de Molano de Caño Manso, hasta 2012 continuaba ocupando 579 hectáreas de tierra en la comunidad, donde mantenía aproximadamente 700 cabezas de ganado, según datos del INCODER[448]. En abril de 2013, la investigación del asesinato de Walberto se encontraba en la etapa preliminar, lo que implica que no había imputados[449].

Asesinato de Argenito Díaz, 13 de enero de 2010, Llano Rico, Chocó; amenazas contra su hermano

Las evidencias sugieren, de manera persuasiva, que hombres vinculados con un grupo sucesor de los paramilitares asesinaron al líder comunitario Argenito Díaz en un hecho motivado por sus esfuerzos por recuperar tierras en la comunidad de Llano Rico, Curvaradó, que estaban ocupada por ganaderos, entre ellos uno que lo había amenazado antes de su muerte. Ninguna persona ha sido llevada ante la justicia por el asesinato, los ganaderos continuaron ocupando las tierras y el hermano de Argenito, Germán Díaz (seudónimo), denunció amenazas constantes que lo obligaron a irse de la región.

En octubre de 2009, Argenito notificó a varios ganaderos que estaban ocupando tierras en Llano Rico que un tribunal de Chocó había dictado una sentencia ordenando su desalojo[450]. Germán Díaz relató a Human Rights Watch que uno de los ganaderos se negó a aceptar una copia de la notificación, y luego amenazó a Argenito. Un funcionario familiarizado con el caso confirmó a Human Rights Watch que Argenito había sido amenazado antes de ser asesinado[451]. Germán explicó que Argenito se había ido de Llano Rico en diciembre de 2009 debido a las amenazas, pero que luego había regresado a principios de enero de 2010[452].

El 13 de enero, Argenito fue ejecutado tras ser obligado a descender de un minibus en el cual se trasladaba del pueblo de Mutatá hasta Llano Rico. Varios miembros de la comunidad de Curvaradó brindaron relatos creíbles que señalan que en el homicidio de Argenito habría intervenido un hombre de la región sobre quien se sabía que mantenía vínculos con paramilitares[453].

Un funcionario judicial que trabaja en el caso de Argenito dijo a Human Rights Watch que había indicios de que el asesinato había sido cometido por un grupo sucesor de los paramilitares y que el hecho fue en represalia por sus reclamos de restitución. El funcionario también relató a Human Rights Watch que había signos que indicaban la posible participación de una de las personas a quienes Argenito había notificado sobre la orden del desalojo[454]. De manera similar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación indicaron que Argenito habría sido asesinado por un grupo sucesor de los paramilitares[455].

Germán fue elegido para reemplazar a su hermano Argenito como representante del consejo comunitario de Llano Rico. Germán relató que, poco después del asesinato, comenzó a recibir amenazas de ganaderos locales, que enviaban a terceros para que le advirtieran que tendría el mismo destino que Argenito [456] . Un informe del Sistema de Alertas Tempranas confirmó que, después del asesinato de Argenito, Germán comenzó a recibir amenazas de muerte emitidas por ocupantes de mala fe identificados en la sentencia dictada por el tribunal de Chocó [457] . En el informe constaban las amenazas contra Germán que habían realizado ocupantes de las tierras y miembros de los Urabeños hasta finales de 2010.

Germán dijo a Human Rights Watch que, debido a las amenazas constantes, debió trasladarse de Llano Rico a Bogotá en marzo de 2011[458]. Regresó un mes después, pero recibió nuevas amenazas que lo obligaron a abandonar nuevamente la comunidad en julio de 2011. Manifestó que cerca de esa fecha recibió una llamada a su teléfono celular, a través de la cual amenazaron a su hijo, que era menor de edad. Le dijeron: “Su hijo mayor corre peligro. Como no hemos podido coger a usted, lo vamos a agarrar a su hijo”[459]. Ante esta amenaza, el hijo de Germán abandonó la comunidad de Llano Rico, según surge del relato de Germán y conforme consta en un informe del Sistema de Alertas Tempranas[460]. Germán relató que él y su hijo regresaron a Llano Rico, pero continuaron recibiendo amenazas hasta principios de 2012, lo cual hizo que su hijo se fuera de la zona una vez más[461].

Hasta julio de 2012, al menos dos de los ganaderos a quienes Argenito había notificado la sentencia del tribunal de Chocó de 2009 seguían ocupando tierras en Llano Rico. Según el informe del INCODER, uno de ellos había convertido el cementerio de la comunidad en un campo de pastoreo para su ganado[462]. En abril de 2013, la investigación del asesinato de Argenito se encontraba en la etapa preliminar[463].

Amenazas contra Deiner Durango

Deiner Durango (seudónimo) es otro líder de la comunidad de Curvaradó que tuvo que abandonar la región debido a reiteradas amenazas.

Durango dijo a Human Rights Watch que, en 2010, un grupo de 15 hombres armados con fusiles que se identificaron como miembros de los Rastrojos, un grupo sucesor de los paramilitares, le ofrecieron dinero a cambio de información acerca de la comunidad y los movimientos del Ejército en el lugar. Durango se negó a proporcionar estos datos[464]. Dos semanas después, recibió un mensaje de texto desde un número no identificado, en el cual le advertían que no se preocupara porque lo iban a hacer callar. A poco de recibir el mensaje, Durango huyó a Bogotá junto con otros líderes de la región que también habían sido amenazados por grupos sucesores de los paramilitares[465].

Durango regresó a Curvaradó en 2011, pero se estableció en otra comunidad menos aislada que la suya. Manifestó que, en diciembre de 2011, un jefe de los Rastrojos visitó a sus padres y les dijo que lo iban a matar porque había enviado al Ejército al campamento de los Rastrojos[466].

Durango dijo a Human Rights Watch, en marzo de 2012, que no sentía que existieran las garantías de seguridad necesarias para regresar a su comunidad, y que estaba considerando la posibilidad de abandonar su actividad como líder[467]. Para la Defensoría del Pueblo, este constituye uno de los casos más preocupantes de líderes de Curvaradó que han sido amenazados por grupos sucesores de los paramilitares[468].

Amenazas contra la analista del Sistema de Alertas Tempranas Raquel Collazos, julio de 2011

El 11 de julio de 2011, Raquel Collazos (seudónimo), que en ese momento era la analista del Sistema de Alertas Tempranas a cargo de supervisar el proceso de restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto[469]. El contenido de la amenaza y el momento en que la recibió sugieren, de manera persuasiva, que estaba motivada por las medidas que tomó Collazos para evitar el reclutamiento forzado de un joven líder de la comunidad de Curvaradó por parte de los Urabeños. En ese entonces, el líder estaba viviendo en una ciudad de la región de Urabá, lejos de Curvaradó, y Human Rights Watch no encontró pruebas de que el intento de reclutamiento haya estado motivado por su actividad como líder en el proceso de restitución[470]. En el mes de julio, el Sistema de Alertas Tempranas decidió transferir a Collazos a un sitio alejado de Urabá, para preservar su seguridad[471].

Las amenazas contra Collazos —y su posterior traslado a un lugar alejado de Urabá debido a la falta de garantías de seguridad— terminaron afectando la protección con que contaban las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, y demostraron el poder de los grupos sucesores de los paramilitares en la región. La intervención de Collazos era fundamental para identificar riesgos inminentes de abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras en estas comunidades. Con su partida, se perdió su valiosa experiencia y la confianza que la población local había depositado en ella a lo largo de varios años de trabajo en esta función.

Asesinatos de Eder y Eduar Agamez, agosto de 2011, Bella Flor Remacho

En agosto de 2011, Eder y Eduar Agamez, dos hermanos de la comunidad de Bella Flor Remacho en Jiguamiandó, fueron asesinados por miembros de un grupo sucesor de los paramilitares, según lo relató un familiar y un líder comunitario, así como consta en un informe del Sistema de Alertas Tempranas [472] . Tanto el informe del Sistema de Alertas Tempranas como el líder comunitario señalaron a los Rastrojos como el grupo sucesor paramilitar responsable de este hecho.

El grupo sucesor de los paramilitares retuvo a los hermanos Agamez después de que estos se negaran a llevar a miembros del grupo río arriba en una lancha, conforme señaló un familiar[473]. Al día siguiente, miembros del grupo indicaron a su familia dónde recoger los cuerpos de los hermanos, que fueron hallados con signos de haber sido golpeados[474]. Este familiar desconocía los motivos por los cuales los hermanos habían sido asesinados, y manifestó que nunca habían recibido amenazas. No obstante, dijo que es común que grupos armados ingresen en la comunidad para cultivar coca, y amenacen a los residentes que se niegan a colaborar con ellos[475].

Este familiar de los hermanos Agamez relató a Human Rights Watch que los informes de autopsia indicaban que se habían muerto ahogados, lo cual coincide con la versión de las autoridades gubernamentales, según el Sistema de Alertas Tempranas[476].

Amenazas contra Luis Eduardo Muñoz y Alicia Castillo

Luis Eduardo Muñoz (seudónimo), líder de la comunidad Apartadocito en Curvaradó, informó haber recibido reiteradas amenazas, incluida una expresamente librada por un miembro de los Urabeños el 11 de diciembre de 2011[477]. Ese día, según indicó Muñoz, al llegar a la ciudad de Llano Rico con otros miembros de la comunidad, se le acercó un conocido miembro de los Urabeños. Este preguntó qué estaban haciendo allí Muñoz y sus acompañantes, y dijo que tres terratenientes habían dado órdenes de que fueran asesinados[478]. Los tres terratenientes que, según el relato de Muñoz, habían sido mencionados por el miembro de los Urabeños estaban referenciados en el informe del INCODER como ocupantes de mala fe de cientos de hectáreas de tierras en Curvaradó[479].

Alicia Castillo (seudónimo), líder de la comunidad Caracolí en Curvaradó, denunció que ella y su familia habían recibido varias amenazas de trabajadores de la hacienda ganadera La Tukeca que ocupaba tierras en su comunidad[480]. En julio de 2012, el INCODER informó que La Tukeca cubría 308 hectáreas de las tierras de la comunidad Caracolí y “se ha convertido en una fuente permanente de conflicto con la comunidad de Caracolí, por el tránsito irregular del Ganado que destruye las cosechas comunitarias”[481].

Castillo refirió que un día de mayo de 2011, después de haber expulsado ganado de las tierras pertenecientes a su comunidad, estaba caminando con otras dos mujeres cuando aproximadamente nueve trabajadores de La Tukeka, incluido el administrador de la hacienda, abordaron a las otras dos mujeres, las golpearon y las patearon[482]. Según el Sistema de Alertas Tempranas, los trabajadores de La Tukeka “habrían intentado agredir sexualmente a dos mujeres de esta comunidad, a quienes golpearon y desgarraron sus vestiduras”[483]. Castillo estaba a aproximadamente 50 metros de distancia de las dos mujeres, y relató que alguien gritaba “¡Cogan a [Castillo] para mocharle la cabeza, que ella es la cansona!”[484]. En ese momento, llegaron dos miembros de Peace Brigades International, una ONG internacional que acompaña a las comunidades, y entonces los trabajadores soltaron a las mujeres y se fueron[485]. Castillo informó que las amenazas en su contra continuaron en diciembre de 2011 y en febrero de 2012[486].

“Desaparición” [487] de Everto González Hoyos, 23 de julio de 2011, Gengado, Curvaradó

Everto González Hoyos, miembro de la comunidad de Caracolí, desapareció el 23 de julio de 2011 mientras se encontraba en la zona de Gengado en Curvaradó, según señalaron varias fuentes [488] . El Sistema de Alertas Tempranas informó en noviembre de 2012 que “a pesar de la información sobre su presunto homicidio, a la fecha [González Hoyos] continúa desaparecido” [489] . El caso estaba siendo investigado como una desaparición forzada [490] por la Fiscalía, que informó, en enero de 2012:

Varios hombre no identificados lo sacaron [a Everto] del lugar donde se encontraba y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Se tiene conocimiento que al parecer el desaparecido hace parte del grupo de reclamantes de tierras del consejo comunitario de Curvaradó. Los anteriores hechos vislumbran la posible existencia de una conducta ilícita de Desaparición Forzada[491].

En julio de 2013, la investigación sobre la desaparición de González Hoyos se encontraba en etapa preliminar, lo cual implica que no había imputados[492].

Secuestro y asesinato de Manuel y Samir Ruiz, Mutatá, Antioquia, marzo de 2012

Las pruebas sugieren, de manera convincente, que el secuestro y posterior asesinato de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años Samir Ruiz, ocurridos el 23 de marzo de 2012, fueron llevados a cabo por miembros de los Urabeños y, contrariamente a lo señalado por la Policía, estuvieron vinculados con el rol que desempeñaba Ruiz como líder de quienes reclaman tierras en la comunidad Apartadocito, en Curvaradó. Los asesinatos frustraron los esfuerzos de restitución tanto de la familia Ruiz como de otros miembros de la comunidad: tras los homicidios, 49 miembros de la familia debieron desplazarse, según indica la Corte Constitucional, y el gobierno suspendió un paso importante del proceso de restitución de Curvaradó y Jiguamiandó durante más de un mes[493]. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea, como mínimo, graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías, frente las operaciones de los miembros de los Urabeños señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.

La Defensoría del Pueblo señaló que, durante más de un año antes de estos homicidios, varios líderes de Curvaradó habían informado a funcionarios que en la región se ofrecían recompensas para quienes los asesinaran[494]. En junio de 2011, mientras Ruiz estaba representando a miembros de la comunidad de Apartadocito en la realización de un censo para determinar quiénes tenían derecho a vivir en el territorio, un hombre vinculado con paramilitares lo siguió a él y a otros líderes[495].

Miembros de la comunidad brindaron relatos creíbles que señalaban la participación del mismo hombre en el asesinato de Argenito Díaz, perpetrado en 2010 (ver caso de Argenito antes). En noviembre de 2011, Ruiz solicitó a la UNP que reforzara las medidas de protección facilitándole una motocicleta con la cual pudiera desplazarse por la región [496] . Hasta ese momento, la única medida de protección que la UNP le había otorgado era un teléfono celular, el tipo de medida más común que el programa brinda a reclamantes y líderes de restitución de tierras que se encuentran amenazados.

Aproximadamente dos semanas antes de los asesinatos, un conocido miembro de los Urabeños vigiló a Ruiz cuando este se encontraba en el pueblo de Mutatá, según contó un familiar que lo acompañaba en ese momento[497].

El 21 de marzo de 2012, el Grupo de Valoración Preliminar, una entidad coordinada por la UNP, determinó que Ruiz se encontraba en una situación de “riesgo extraordinario”, una categorización que exige que el riesgo sea “concreto”, “serio” y “excepcional”, entre otros criterios [498] . Hasta ese momento, no había recibido la medida de protección adicional que había solicitado en noviembre de 2011.

El 22 de marzo de 2012, Ruiz recibió un mensaje de texto en el cual se le comunicaba que si compraba 300.000 pesos (aproximadamente US$ 170) de crédito de telefonía para un determinado número de teléfono celular, recibiría un premio de aproximadamente 10 millones de pesos (alrededor de US$ 5.675). En los días siguientes —23 y 24 de marzo— se suponía que Ruiz acompañaría a una comisión del INCODER en su visita a Apartadocito y ayudaría al organismo de desarrollo rural a identificar las áreas que estaban en poder de ocupantes de mala fe[499].

En ese momento, había un asentamiento de aproximadamente 80 familias que ocupaban alrededor de 370 hectáreas de las tierras de la comunidad de Apartadocito[500]. Según el INCODER, el asentamiento ilegal de personas en Curvaradó y Jiguamiandó “generalmente es promovido por personas ajenas a las comunidades … o también es impulsado por empresarios”[501]. El INCODER identificó el conflicto entre miembros de la comunidad de Apartadocito y los ocupantes como el contexto del homicidio de Ruiz y su hijo[502].

El 23 de marzo —el mismo día que estaba programado que el INCODER realizaría el estudio de Apartadocito— Ruiz y su hijo Samir se dirigieron a Mutatá para comprar el crédito de telefonía celular mencionado en el mensaje de texto que habían recibido el 22 de marzo. Una vez que Ruiz compró el crédito para ese número de teléfono celular en un restaurante de Mutatá, resultó evidente que el mensaje de texto era una estafa y que no recibiría la recompensa. En el restaurante, no pudo pagar el crédito, ya que había previsto pagar usando la recompensa prometida en la oferta que había recibido por mensaje de texto.

En ese momento, la dueña del restaurante llamó a miembros de los Urabeños para que cobraran ese dinero, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía[503]. Entonces, miembros de los Urabeños abordaron a Ruiz y a su hijo, y lo presionaron para que pagara el crédito que había comprado[504]. Un líder de Curvaradó relató a Human Rights Watch que había hablado con Ruiz por teléfono celular poco después de que este fuera abordado por miembros de los Urabeños, y que Ruiz dijo que estos hombres lo insultaron y lo “trataron de guerrillero”. El líder le recomendó a Ruiz que tuviera cuidado, porque se trataba de paramilitares[505].

Después de haber sido abordado por los miembros del grupo sucesor de los paramilitares, aproximadamente a la 1 p.m., Ruiz fue detenido por policías de Mutatá por no haber pagado el crédito de teléfono celular adquirido en el restaurante[506]. Durante su detención, Ruiz llamó a diferentes autoridades estatales, quienes informaron a la Policía que él era un líder del proceso de restitución de tierras y contaba con medidas de protección especiales. Como resultado, la Policía lo liberó esa misma tarde. Ruiz le contó a funcionarios de la Defensoría del Pueblo que, mientras se encontraba detenido, un miembro de la Policía lo había llamado guerrillero[507].

Después de haber sido liberado por la Policía, Ruiz, junto con su hijo, estuvo esperando poco tiempo en Mutatá al minibus que los llevaría de regreso a Apartadocito. Mientras esperaban, algunos miembros de los Urabeños los vigilaban, y otros seis —incluidos dos líderes locales del grupo— se trasladaron en motocicletas hasta un punto de la carretera que sale de Mutatá en el cual, más tarde, el grupo los secuestraría, según fuentes de la Fiscalía.

A las 4 p.m., Ruiz y su hijo partieron hacia Apartadocito en un minibus. El minibus fue detenido en un retén policial poco después de salir de Mutatá, y luego continuó. Cuando habían transcurrido aproximadamente 15 minutos desde que el vehículo salió de Mutatá, miembros de los Urabeños secuestraron a Ruiz y a su hijo luego de detener el minibus y obligarlos a descender[508].

Que Ruiz y su hijo hayan sido abordados, en primer lugar, por miembros de los Urabeños, luego detenidos por la Policía, y poco después detenidos una vez más por los Urabeños plantea serios interrogantes, como mínimo, sobre la tolerancia policial frente a grupos sucesores de los paramilitares que operan en el área. Otro indicio de la aquiescencia policial es que cuando los Urabeños salieron de Mutatá hasta el lugar de la carretera donde secuestraron a Ruiz, se supone que tendrían que haber pasado por el mismo retén policial que poco después detuvo el minibus que transportaba a Ruiz.

La noche del 23 de marzo, Ruiz y su hijo realizaron varias llamadas por teléfono celular a su familia, a través de las cuales les comunicaron que estaban cautivos en una finca, y que si no pagaban un rescate de dos millones de pesos (aproximadamente US$ 1.135), serían asesinados. La familia Ruiz contó a Human Rights Watch que, cuando ellos preguntaron a quién debían enviarle el dinero, les dijeron que se lo dejaran a un hombre en Mutatá, a quien la familia identificó como un miembro local de los Urabeños[509].

Uno de los familiares de Ruiz que vivía en el municipio vecino de Turbo dijo que esa noche, alrededor de las 7 p.m., se dirigió a la Policía e informó que Ruiz había sido secuestrado. Esta persona explicó que había puesto el policía en el teléfono con Ruiz y que, después de cortar, el policía dijo que Ruiz se había autosecuestrado para extorsionar a su propia familia y quitarles dinero. Según dijo este familiar, el policía se negó a ayudarlo[510].

Ruiz y su hijo fueron asesinados por Urabeños aproximadamente entre las 8 y las 9 p.m., según fuentes de la Fiscalía.

El mismo familiar manifestó que, el 24 de marzo, él y otras personas se acercaron a un líder de los Urabeños de Turbo para hacer averiguaciones sobre el secuestro de Ruiz. El líder de los Urabeños les dijo que esa mañana, muy temprano, tres guerrilleros habían sido asesinados en Mutatá, que debían buscar sus cuerpos a lo largo del cauce del río y que estaban autorizados para hacerlo, según explicaron el familiar de Ruiz y la persona que lo acompañaba[511].

Un funcionario que estaba familiarizado con el caso confirmó a Human Rights Watch que los paramilitares habían autorizado a la familia de Ruiz a buscar los cuerpos el 24 de marzo [512] . El hecho que un líder de los Urabeños de un municipio próximo a Mutatá estaba al tanto del asesinato de Ruiz y de su hijo e indicó a sus familiares dónde podían encontrar los cuerpos sugiere, de manera muy clara, que los hombres que secuestraron y asesinaron a estas dos personas actuaron como parte de la estructura más amplia de los Urabeños a nivel regional.

El 27 y 28 de marzo, los cuerpos sin vida de Ruiz y de su hijo, que mostraban impactos de disparos, fueron encontrados a la orilla del río Pavarandó. Las heridas que presentaba el hijo de Ruiz en el cuello, ocasionadas con un arma cortante, sugieren que habría sido torturado, según surge del informe de la autopsia[513].

Un año después, en marzo de 2013, la Fiscalía imputó a cuatro personas —dos de ellas, como autoras materiales de los homicidios, y otras dos en carácter de “colaboradores”— según indicó un alto funcionario de la Fiscalía[514].

Distintas autoridades estatales han ofrecido declaraciones en las cuales manifestaron que el asesinato de Ruiz y su hijo estuvieron vinculados con la restitución de tierras. El entonces Ministro del Interior Germán Vargas Lleras expresó:

Lo lamentamos mucho porque está ligado estrechamente al proceso de Jiguamiandó y Curvaradó. La muerte de este importante dirigente no puede frenar el proceso de restitución porque eso es, precisamente, lo que quieren los violentos que lo asesinaron[515].

La Defensoría del Pueblo informó a la Corte Constitucional que los asesinatos fueron cometidos por Águilas Negras, un nombre utilizado por los Urabeños, e indicó al respecto: “resulta claro que el asesinato de Manuel Ruiz y su hijo están directamente vinculados con su papel como líder y partícipe del proceso de restitución de tierras que se adelanta en Curvaradó y Jiguamiandó”[516].

La Corte Constitucional se refirió a los asesinatos como:

[U]n hecho gravísimo que demuestra las condiciones de inseguridad denunciadas con anterioridad tanto por la comunidad ... la insuficiencia de los mecanismos adoptados hasta el momento para garantizar la vida y la integridad de las personas que participan en el proceso de restitución material[517].

En cambio, el comandante del Departamento de Policía de Urabá, el Coronel Leonardo Mejía, dijo a Human Rights Watch que Ruiz no había sido asesinado por su intervención en la restitución de tierras [518] . En este mismo sentido, el periódico El Tiempo informó que el comandante policial había declarado, en marzo de 2013, que:

Desde el comienzo de la investigación se planteó la hipótesis de que la muerte era por el no pago de las recargas y no por su calidad de reclamante de tierras. Culminada la investigación se corrobora que la muerte se origina en que en uno de los sitios donde [Ruiz] hizo las recargas acudieron a delincuentes para hacer el cobro, que terminó en el doble homicidio[519].

En abril de 2013, un mes después de que se difundiera la declaración del comandante de Policía, un alto funcionario de la unidad de la Fiscalía que estaba investigando los asesinatos de Ruiz y de su hijo indicó que la investigación no había determinado cuál era el móvil del caso [520] . Según fuentes de la Fiscalía, hasta julio de 2013, los fiscales aún no había concluido si Ruiz había sido asesinado por sus iniciativas de restitución o para recuperar el dinero adeudado por el crédito del teléfono celular, y había pruebas que sustentaban ambos móviles.

El prematuro pronunciamiento del comandante de Policía acerca de que los asesinatos no tendrían relación con las actividades de Ruiz no resulta convincente por varios motivos. Aunque existen pruebas de que, inicialmente, los Urabeños fueron contactados para cobrar el dinero que Ruiz adeudaba por el crédito de telefonía celular, esto no obsta la posibilidad de que haya sido asesinado por ser un activista que trabajaba en restitución de tierras. Es posible que a lo largo de la interacción de los Urabeños con Ruiz —desde el momento en que lo hostigaron por primera vez hasta que fue secuestrado con su hijo— estos hayan descubierto que era un líder del proceso de restitución de Curvaradó y hayan decidido asesinarlo. Esta posibilidad se ve reforzada por el hecho de que, según fuentes de la Fiscalía, durante las horas en que los Urabeños tuvieron cautivos a Ruiz y a su hijo, miembros del grupo —incluido un cabecilla local implicado directamente en los homicidios— realizaron más de 50 llamadas telefónicas entre ellos, así como también muchas otras llamadas a números pertenecientes a personas que aún no han sido identificadas. Es posible que, durante el curso de estas llamadas, los captores de Ruiz hayan descubierto que era líder del proceso de restitución. Además, según fuentes de la Fiscalía, uno de los presuntos miembros de los Urabeños que siguieron a Ruiz y a su hijo después de que estos fueron liberados de la estación policial había estado operando en el pueblo donde vivía Ruiz seis meses antes. Es razonable sospechar que esta persona estuviera al tanto de las actividades de Ruiz vinculadas con la restitución de tierras.

La hipótesis de que el objetivo final fue recuperar el pago adeudado al restaurante pierde relevancia si se considera que los captores de Ruiz no hicieron un esfuerzo significativo por obtener el pago de rescate, y el corto tiempo que otorgaron a su familia para conseguirlo. Dado que la familia contaba con recursos económicos sumamente limitados, no era razonable esperar que pudieran pagar rápidamente una suma de dinero tan elevada. Asimismo, un secuestro que solamente tuviera por objeto extorsionar a la familia de Ruiz para obtener dinero no habría sido coherente con el modus operandi de los Urabeños en la zona: el comandante de la Policía de Urabá manifestó a Human Rights Watch que los grupos sucesores de los paramilitares de la región no habían secuestrado a ninguna persona durante 2012[521].

El precedente de abusos deliberados por parte de grupos sucesores de los paramilitares contra los líderes de Curvaradó, la información acerca de que en la región se ofrecía una recompensa a quien asesinara a líderes de Curvaradó, la vigilancia a la cual había estado sometido Ruiz poco tiempo antes, y la inminente colaboración que prestaría al INCODER en relación con un paso importante para el proceso de restitución de tierras son motivos plausibles para presumir que su asesinato estuvo vinculado con su rol de líder. Los Urabeños pueden haber tenido conocimiento de que Ruiz era líder en el proceso de restitución desde el momento en que llegó a Mutatá el 23 de marzo, o haberlo descubierto tardíamente después de haberlo secuestrado junto con su hijo.

Amenazas y hostigamiento continuos

Las amenazas contra miembros de la comunidad y líderes de Curvaradó continuaron después del asesinato de Ruiz y de su hijo. Por ejemplo, el Sistema de Alertas Tempranas informó que, el 20 de noviembre, el administrador de una finca habría dicho a miembros de las comunidades de Caño Manso y Nueva Unión que cualquier persona que iniciara un proceso de restitución “podría correr la suerte del señor Walberto Hoyos”[522].

El informe destacó que en Curvaradó se habían incrementado las amenazas. En el mismo sentido, el 1 de febrero de 2013, siete miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al Presidente Santos para expresar su preocupación por la reciente situación de la seguridad en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. En ella manifestaron: “hemos tomado conocimiento de un incremento de las amenazas contra líderes comunitarios y miembros del comité de censos” [523] . La carta también alertó sobre las amenazas y el hostigamiento contra miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización no gubernamental colombiana que trabaja en estrecha colaboración con algunos sectores de estas comunidades [524] . Se describió, por ejemplo, cómo el 19 de octubre de 2012, en Turbo, Antioquia:

Edwin Mosquera, miembro del equipo de campo de la CIPJ, mientras estaba acompañado por un voluntario de Peace Brigades International (PBI), fue abordado por tres hombres, uno de los cuales se identificó como miembro paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia.... El hombre dijo conocer las actividades de la CIJP y agregó: “Ustedes pueden seguir, pero nosotros los estamos vigilando”[525].

Comunidad embera de Patadó, Chocó

La comunidad indígena embera de Patadó se encuentra ubicada en Apartadocito, dentro del territorio colectivo de Curvaradó. Desde el retorno de familias de Patadó en 2009, varios líderes comunitarios y un defensor regional de derechos indígenas que trabaja en el caso han sufrido amenazas y actos de intimidación por parte de diversos actores, incluido Orlando Suescun, quien a principios de 2013 ocupaba prácticamente toda la tierra de la comunidad.

Suescun heredó la tierra de su hermano, que las había comprado a un precio inferior al de mercado inmediatamente después de que los residentes de Patadó fueran desplazados por paramilitares en 1997, según señalan líderes comunitarios[526]. El 8 de octubre de 2011, Suescun y otro hombre pidieron mantener una reunión con William Carupia, el presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que supervisó el retorno de la comunidad de Patadó en 2009 y envió a un abogado para que recogiera información sobre el caso en 2010, según señaló Carupia[527]. Durante la reunión, que tuvo lugar en Mutatá, Antioquia, Suescun manifestó a Carupia que la comunidad de Patadó estaba ocupando indebidamente su tierra, y que, por ser su representante, Carupia debía resolver el problema. Si Carupia no lo hacía, habría “consecuencias”, advirtió Suescun[528].

Al regresar a Medellín, el 18 de octubre de 2011, Carupia recibió una llamada en su teléfono celular a través de la cual un hombre que no se identificó le dijo que se “iba a hacer matar por reclamar tierras”[529]. A su vez, un miembro de la comunidad de Patadó dijo a Human Rights Watch que, en octubre, se había topado con un hombre armado en un camino dentro de la comunidad. Según relató, el hombre le preguntó por quien entonces era gobernador de la comunidad de Patadó, y dijo que el gobernador “debía” algo[530]. El entonces gobernador de la comunidad explicó que, después de haber sido alertado acerca de la presencia de este hombre armado, se fue de Patadó durante un período de aproximadamente ocho meses[531]. De manera similar, el Sistema de Alertas Tempranas informó que hombres armados que presuntamente pertenecían a los Urabeños habían ingresado en la comunidad de Patadó en octubre de 2011[532].

El 2 de marzo de 2012, un indígena de Urabá le comunicó a Carupia que, el 29 de febrero, había recibido una llamada telefónica por medio de la cual le decían que informara a Carupia que un miembro de las Águilas Negras del municipio de Necoclí, Antioquia, había dado la “autorización” de matarlo [533] . Carupia relató que, el 7 de marzo, recibió un llamado telefónico en el cual un hombre no identificado le decía “vos sos objetivo militar, hombre, ya te advertimos” [534] . Carupia creía que la amenaza que había recibido en marzo podía estar relacionada con el caso de Patadó o con declaraciones públicas en las cuales había denunciado abusos, por parte de grupos armados, contra comunidades indígenas del departamento de Antioquia.

Más adelante, en marzo de 2012, el organismo de desarrollo rural INCODER visitó la comunidad de Patadó como parte de su proceso de verificación de los ocupantes legítimos y de mala fe de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. El INCODER informó haber hallado que, a pesar de tener la titularidad de 44,5 hectáreas en la zona, la comunidad indígena estaba ocupando solamente 2 hectáreas, porque el resto estaba destinado a ganado, viviendas y plantaciones de piña pertenecientes a Suescun, quien aseveraba haber comprado los terrenos [535] . El INCODER señaló que “[l]a comunidad indígena reclama el predio alegando amenazas de muerte contra sus dirigentes y carencia de tierras para trabajar, pese a ser los titulares del inmueble”.

Un líder comunitario explicó a Human Rights Watch que las 17 familias embera de Patadó no tienen espacio para sus cultivos y que, como no pueden producir alimentos, a veces tienen una sola comida al día[536].

Después de la visita del INCODER, alrededor de abril de 2012, aproximadamente 10 hombres armados se dirigieron a Patadó y preguntaron por el gobernador de la comunidad, según contaron líderes comunitarios[537]. Cerca de esa fecha, según el testimonio de un líder comunitario, Suescun aseveró que él no era paramilitar, pero que su primo sí lo era, y que a la comunidad debía irse de esas tierras. El líder interpretó que estas expresiones constituían una amenaza[538].

Líderes comunitarios de Patadó afirmaron haber presentado una solicitud ante la Unidad de Restitución en febrero de 2013 [539] , y expresaron a Human Rights Watch que debido a los asesinatos de líderes de Curvaradó ocurridos en los últimos años sentían temor de impulsar sus propias solicitudes de restitución.

Familia Salabarría, Mundo Nuevo, Montería, Córdoba

Las amenazas proferidas por hombres armados contra la familia Salabarría frustraron los dos intentos de la familia por retornar a sus tierras en Mundo Nuevo, Córdoba, en 2006 y en 2012.

En 1991, Maritza Salabarría, sus padres, hermanos y otros familiares fueron desplazados por paramilitares de Mundo Nuevo, y varios años más tarde, estos habrían sido responsables de la desaparición forzada de su padre, conforme lo relató Maritza y según indicaron fuentes de noticias confiables[540]. Después del desplazamiento de la familia Salabarría, un terrateniente vecino adquirió parte de las tierras de la familia, tal como surge de documentos oficiales analizados y publicados por el reconocido sitio web de investigación Verdadabierta.com[541].

A principios de junio de 2006, como parte del proceso de desmovilización de las AUC, la Defensoría del Pueblo y laMAPP-OEA acompañaron el retorno de la familia Salabarría. Al día siguiente, según consta en una denuncia penal que presentó Maritza, hombres armados amenazaron a los Salabarría, les dijeron que la finca pertenecía a terratenientes vecinos y que, si no se iban, los matarían[542]. Poco después, debido a las amenazas, los Salabarría abandonaron su tierra y se fueron del departamento de Córdoba[543]. Al año siguiente, en marzo de 2007, desapareció uno de los hermanos de Maritza que había permanecido en la región de Mundo Nuevo, según una denuncia penal presentada por Maritza y otras versiones creíbles[544].

Los Salabarría persistieron en reclamar sus tierras. Maritza dijo que, en junio de 2011, después de visitar Mundo Nuevo, uno de los terratenientes vecinos que tenía ganado en su terreno la llamó y amenazó de muerte a ella y a su familia[545].

El 19 de noviembre de 2011, el INCODER, organismo gubernamental responsable del desarrollo rural, devolvió a los Salabarría dos de las seis parcelas de tierra que reclaman en una ceremonia de restitución de tierras a la cual asistió el Ministro de Agricultura[546]. El INCODER anunció que este acontecimiento abría el camino para la implementación de la Ley de Víctimas. El entonces director nacional del INCODER manifestó durante la ceremonia: “Este proceso es el inicio del derrocamiento de la política de las amenazas.... Los violentos tendrán que agachar la cabeza”[547].

Pero no se produjo dicho “derrocamiento” y múltiples fuentes confirmaron que los Salabarría no pudieron retornar a su finca debido a las amenazas que recibían de hombres armados[548].

El hermano de Maritza, Ramiro Salabarría (seudónimo), dijo a Human Rights Watch que, en marzo de 2012, cuando él y su hermano Leonardo Salabarría (seudónimo) fueron a colocar un cerco en su parcela, dos hombres armados que pertenecían a un grupo sucesor de los paramilitares se acercaron a ellos y los amenazaron. Los hombres armados dijeron a los hermanos que le advirtieran a Maritza que no continuara luchando por otras tierras en la zona y que el “patrón” le prohibía a su familia que colocara un cerco alrededor de su parcela[549]. El relato de Leonardo ante las autoridades fue muy similar: “El Señor [Leonardo] Salabarría manifiesta que ... visitaron el predio y encontraron el ganado metido en el lote, ellos empezaron a sacar el ganado y se les presentaron 2 personas fuertemente armadas ... y lo amenazaron diciendo que le comunicara a la señora Maritza que no siguiera motivando la reclamación de los predios a las demás personas ... que estos predios eran de su Patrón”[550].

Las autoridades visitaron Mundo Nuevo el 16 de marzo, aproximadamente una semana después de la amenaza denunciada, y se encontraron con que la familia Salabarría no estaba viviendo en las parcelas restituidas[551]. En vez de ello, las autoridades encontraron vacas allí. En una reunión con las autoridades regionales que se realizó en 2012, la Defensora del Pueblo de Córdoba afirmó que la comisión del 16 de marzo había identificado “una amenaza en el entorno, en donde las personas que supuestamente produjeron el desplazamiento estaban [en el lugar]”[552]. Según la Defensora del Pueblo, “no hay condiciones en estos momentos ni de seguridad, ni de inversión social para que la familia Salabarría pueda retornar”[553]. De modo similar, el director regional del INCODER admitió, en relación con el caso Salabarría, que “se cometieron unas ligerezas en cuanto al retorno y eso preocupa porque puede ocasionar un tema de orden público, ya que se encuentran actores armados en la zona”[554]. (De hecho, varias fuentes informaron que, en junio de 2012, los Urabeños masacraron a cuatro miembros de una familia en la vereda vecina de Arroyón Arriba, Córdoba)[555].

La falta de condiciones de seguridad adecuadas en este resonante caso de restitución de tierras —que recibió enorme atención por parte de autoridades nacionales y medios de comunicación— plantea graves interrogantes acerca de la capacidad del Estado colombiano de proteger a otros desplazados que buscan retornar a sus hogares en el marco de la Ley de Víctimas.

Finca Costa de Oro, Tierralta, Córdoba

En 2009, hombres armados asesinaron a disparos al líder del proceso de restitución de tierras Guillermo Antonio Ramos Rosso, aproximadamente un año después de que él y su comunidad regresaron a la finca Costa de Oro en Tierralta, Córdoba. Las evidencias sugieren, de manera persuasiva, que miembros de los Urabeños serían responsables del asesinato.

Desde 2007, Ramos lideraba a aproximadamente 60 familias desplazadas que reclamaban la finca Costa de Oro de 1.400 hectáreas, que había sido apropiada por paramilitares a principios de la década de 1990 y convertida en una hacienda ganadera perteneciente al comandante de las AUC Salvatore Mancuso[556]. En junio de 2008, durante una ceremonia pública a la cual asistieron representantes de la Fiscalía, el Ejército, la Policía, la MAPP-OEA y otros organismos estatales, Mancuso devolvió las tierras a aproximadamente 60 familias como parte de las obligaciones asumidas conforme a la ley de Justicia y Paz de brindar resarcimiento a las víctimas. Durante la ceremonia, el fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que estaba a cargo del caso declaró: “Esta entrega es importante, porque es la primera que se hace de manera colectiva, y el hecho de que les estemos entregando las tierras es un avance importante en este proceso de reparación”[557].

El 23 de julio de 2009, Ramos fue interceptado y ejecutado por hombres armados cuando circulaba en motocicleta en El Volador, Tierralta[558]. Después del asesinato, según un miembro de la comunidad de Costa de Oro entrevistado por Human Rights Watch, un comandante de los Urabeños organizó una reunión en El Volador y dijo que Ramos “se murió por sapo,” y lo acusó de ser informante de la Fiscalía y del Ejército[559]. Los familiares de Ramos refirieron al periódico El Tiempo que funcionarios públicos involucrados en el proceso de desmovilización de las AUC les dijeron que no informaran a los medios sobre el asesinato[560].

El homicidio tuvo un impacto devastador sobre la comunidad de Costa de Oro, según el testimonio de un miembro entrevistado por Human Rights Watch. El entrevistado relató que, tras el hecho, entre 10 y 12 residentes vendieron sus tierras y manifestó que, en la comunidad, “por el temor, nos hemos desorganizado”. Con respecto a su postura en la actualidad, agregó: “Me quedo quieto frente a cualquier situación[561]”558.Hasta abril de 2013, la investigación del homicidio de Ramos por parte de la Fiscalía recién estaba en la etapa preliminar[562].

El caso de Costa de Oro es un ejemplo más de cómo grupos sucesores de los paramilitares han saboteado la restitución de tierras que habían sido apropiadas por sus predecesores de las AUC. Además, al igual que en otros casos de amenazas y ataques analizados por Human Rights Watch, muestra cómo la interacción de líderes del proceso de restitución con las autoridades —una actividad inherente a su liderazgo— puede exponerlos a ser considerados “sapos” y convertirse en blanco de ataques de grupos sucesores.

San Onofre y Ovejas, departamento de Sucre

Durante una reunión con autoridades de la gobernación de Sucre, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y otras autoridades locales, funcionarios de la Policía y la Unidad de Víctimas aseveraron que, en todo el departamento, no se habían producido actos de “revictimización” contra los desplazados que regresaron a sus tierras. En este mismo sentido, la representante de la Fiscalía que se encontraba presente manifestó que solamente tenía conocimiento de un caso de amenazas vinculadas con la restitución de tierras y el retorno de los desplazados a sus tierras en Sucre [563] . No obstante, Human Rights Watch documentó varias de tales amenazas y ataques en el departamento, muchas de las cuales ya habían sido denunciadas a las autoridades. Las afirmaciones de los funcionarios presentes en la reunión reflejan que algunas autoridades locales no reconocen el problema de las amenazas y actos de violencia contra reclamantes, y los graves riesgos a los cuales siguen expuestos.

San Onofre, Sucre

Existen claras evidencias de que paramilitares desmovilizados —incluídos aquellos que pertenecen a grupos sucesores de paramilitares— han atacado a desplazados que procuraban retornar a sus tierras en el municipio de San Onofre, Sucre. A fines de los años noventa y principios de la década de 2000, San Onofre fue un bastión del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena[564], y según las autoridades, los grupos sucesores de los paramilitares aún tienen presencia en ese municipio[565].

En la década de 1990, Cadena y sus tropas desplazaron a campesinos de la finca La Alemania en San Onofre, una propiedad colectiva de 558 hectáreas, para convertirla en una base. Después del proceso oficial de desmovilización paramilitar, en 2006, antiguos residentes de La Alemania regresaron a la finca liderados por un miembro de la comunidad, Rogelio Martínez Mercado. Como parte del proceso de retorno, Martínez Mercado asumió un activo rol de líder del capítulo de Sucre del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), un grupo de víctimas con presencia en todo el país. Martínez Mercado recibió amenazas de muerte debido a su rol de líder, conforme surge de documentos judiciales y según el testimonio de su viuda[566].

El 18 de mayo de 2010, cuando Martínez Mercado se trasladaba en motocicleta desde el casco urbano de San Onofre hasta La Alemania, fue interceptado y abatido a balazos por miembros del grupo sucesor paramilitar los Paisas. Según se indica en la sentencia judicial que condenó a un miembro de los Paisas —también paramilitar desmovilizado— por el homicidio:

Rogelio Antonio Martínez Mercado estaba tratando de recuperar definitivamente una heredad conocida como finca “La Alemania”.... Por tal razón, Rogelio Antonio Martínez Mercado se convirtió en blanco de amenazas y persecución por parte del grupo armado ilegal [Autodefensas Unidas de Colombia], que después de la aparente desmovilización se subdividió y cambió su nombre[567].

Al igual que Martínez Mercado, Francisco Acosta está intentando recuperar una finca en San Onofre que, de acuerdo con una investigación realizada por la Fiscalía, fue adquirida por Cadena a través de uno de sus testaferros[568]. La familia de Acosta huyó de la finca a fines de la década de 1990, luego de que paramilitares asesinaran a su padre en 1996[569]. Entre 2008 y 2012, informó haber recibido reiteradas amenazas de muerte debido a sus actividades de restitución, tanto personalmente por parte de un hombre a quien identificó como miembro de un grupo sucesor de los paramilitares, como mediante llamadas telefónicas[570].

El asesinato de Martínez Mercado profundizó el temor generado por estas amenazas, tal como se evidencia en una denuncia penal que Acosta presentó, en junio de 2010, a raíz de una llamada telefónica anónima en la cual le advertían que dejara de reclamar la finca:

En San Onofre existen muchas bandas emergentes como Águilas Negras, Los Paisas y los Urabeños, y hacen (sic) quince días mataron a un amigo mío en San Onofre llamado Rogelio Martínez, quien también era líder de unas víctimas que perdieron tierras en San Onofre.... Yo tengo miedo y necesito que me den protección al igual que a mi familia[571].

También, de manera similar a la familia Martínez Mercado, la familia Verbel fue desplazada de San Onofre por paramilitares, y comenzó a participar en el capítulo de Sucre de MOVICE. La familia sufrió abusos constantes a partir de que regresó a trabajar en su finca de San Onofre en 2002 [572] . El 4 de enero de 2005, Guillermo Verbel Rocha fue asesinado por paramilitares en San Onofre, aproximadamente una semana después de que este denunciara vínculos entre autoridades locales y Cadena [573] .

Los hermanos de Guillermo denunciaron ante las autoridades haber recibido amenazas en 2009 y 2010, incluso por parte de trabajadores de una finca vecina, cuyo propietario —según decían— estaba presionando a la familia para que le vendieran sus tierras[574]. En junio de 2010, por ejemplo, Eder Verbel Rocha y sus hermanos presentaron una solicitud de protección ante autoridades municipales y policiales, en el cual informaron que una persona perteneciente a una “estructura armada ilegal” los estaba amenazando por negarse a vender sus tierras[575]. Se otorgaron medidas especiales de protección a la familia Verbel, a través de tropas de la Armada. No obstante, esto no impidió que Eder fuera abatido a disparos en una emboscada el 23 de marzo de 2011 cuando salía de la finca en motocicleta, delante de su hermano y su hijo de ocho años. Varios paramilitares desmovilizados fueron arrestados por el asesinato[576].

Las amenazas contra la familia Verbel continuaron. Por ejemplo, según una denuncia penal presentada por la familia, en enero de 2012, dos hombres montados en una motocicleta se acercaron a la hija adoptiva de Eder en San Onofre y le dijeron que “ellos”—probablemente refiriéndose a las autoridades— nunca encontrarían a los responsables de su asesinato. Los hombres afirmaron también con respecto al hermano de Eder, que había sido testigo del asesinato: “se salvó aquella vez, pero no piense que ahora se va a salvar”[577].

En febrero de 2013, uno de los hermanos Verbel informó a Human Rights Watch que, por temor, la familia había dejado de ir a trabajar a su finca. “Hemos quedado quietos. Tenemos dos hermanos asesinados”, expresó[578].

Ovejas, Sucre

Varios desplazados y líderes que han regresado a sus tierras en el municipio de Ovejas, Sucre, también han sido blanco de amenazas y asesinatos en reiteradas oportunidades, según informes de la Defensoría del Pueblo y entrevistas mantenidas por Human Rights Watch con funcionarios y residentes.

Entre 1994 y 2001, numerosas familias huyeron de la finca La Europa, de 1.321 hectáreas, ubicada en Ovejas, debido a enfrentamientos entre la fuerza pública y guerrillas, así como al asesinato de líderes comunitarios, según señala la Defensoría del Pueblo [579] . Las familias comenzaron a regresar a la finca en 2007, y al año siguiente, una empresa comenzó a comprar y ocupar partes de La Europa [580] . El 8 de diciembre de 2008, el líder comunitario Alex Miguel Correa fue asesinado en su vivienda dentro de la finca [581] . Antes de su muerte, Correa se había negado a ceder a las presiones para que vendiera su parcela [582] . Después del homicidio, su familia vendió la parcela.

Las amenazas y la intimidación contra miembros de la comunidad La Europa continuaron en 2010, 2011 y 2012[583]. Un líder comunitario de La Europa abandonó su actividad de liderazgo después de recibir una amenaza en abril de 2011, según señala un informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas en junio de 2012. El informe indicaba que agresores desconocidos incineraron la vivienda de otro miembro de la comunidad en agosto de 2011 y marzo de 2012 y que “[l]a empresa [que ocupa parte de la tierra y está en conflicto por esta] cuenta supuestamente con un esquema de seguridad: hombres armados que en varias ocasiones han entrado en los lugares donde se encuentran los campesinos trabajando la tierra, intimidándolos y, con palabras amenazantes, solicitándoles a los campesinos que abandonen la tierra porque no les pertenece”[584].

Algunos líderes del capítulo en Sucre del grupo de víctimas MOVICE, que acompaña el retorno de desplazados a La Europa y La Alemania, han recibido desde 2011 reiteradas amenazas vinculadas con la restitución de tierras. Ingrid Vergara, líder del capítulo en Sucre de MOVICE, fue mencionada en amenazas enviadas por correo electrónico en junio y diciembre de 2011 [585] . El entonces comandante de la Policía de Sucre señaló a Human Rights Watch que el agravamiento de las amenazas que recibió Vergara en 2011 se le debió a su activismo en el caso La Europa [586] . De manera similar, el líder de MOVICE en Sucre, Juan David Díaz, Chamorro informó a la Fiscalía que el 1 de junio de 2012 había recibido, en la puerta de su vivienda de Sincelejo, Sucre, una amenaza de muerte firmada por el “Ejército Anti-Restitución” donde se indicaba: “sabemos que eres uno de los hijueputas que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos comolos (sic) que ahora haciéndose pasar por víctimas quieren apropiarse de la Europa y la Alemania” [587] . Jeison Paba, un abogado de derechos humanos que representa a la comunidad de La Europa, también ha sido amenazado en reiteradas oportunidades (ver más información sobre el caso de Paba en la sección “No se contacta a algunas víctimas después de que presentan denuncias”).

Al igual que en el caso de La Europa, numerosos desplazados y líderes que retornaron a Borrachera, San Francisco, y otras veredas cercanas en el municipio de Ovejas han sufrido nuevas amenazas, episodios de desplazamiento forzado y asesinatos. Alrededor de 2004, un grupo de desplazados constituyeron la Asociación de Campesinos Retornados de Ovejas (ASOCARE) con el fin de representar y ayudar a antiguos residentes para que pudieran regresar a sus hogares. Según la Defensoría del Pueblo, durante los primeros cuatro meses de 2006, cinco miembros de ASOCARE fueron asesinados, incluido Hansis Jiménez Montes, secretario de esa asociación, y Víctor Olivera, líder de la comunidad de San Francisco[588]. En abril de 2006, el presidente y el vicepresidente de ASOCARE abandonaron Ovejas debido a las amenazas sufridas[589].

Estos asesinatos justifican considerar seriamente las amenazas más recientes que se han proferido contra líderes de desplazados en la zona. Enrique Arias (seudónimo), actualmente líder de ASOCARE, manifestó que ayudaba a que miembros de la comunidad del lugar no vendieran sus tierras a empresas madereras y de palma africana. Informó haber recibido a mediados de 2011 una llamada telefónica anónima en la cual le advirtieron que, si quería continuar vivo, debía irse de la comunidad. Como resultado, se fue de Borrachera, donde residía, con otros cuatro familiares[590]. En la actualidad, Arias reside fuera de Sucre y sigue siendo líder de ASOCARE, pero afirmó que mantiene un bajo perfil porque, de un lado, teme por su seguridad y, de otra parte, se encuentra a una distancia considerable de Ovejas[591].

Javier Ramírez indicó que lideraba iniciativas para que otros miembros de la comunidad de San Francisco no vendieran sus tierras, a las cuales retornaron en 2003 después de haber sido desplazados por paramilitares en 2000, a compañías que desarrollaban proyectos agroindustriales en el área[592]. Ramírez relató a Human Rights Watch que el 28 de junio de 2012 recibió una llamada telefónica anónima en la cual le dijeron: “Los héroes aquí en Colombia se mueren”. Dijo que, cuando se presentó inicialmente a denunciar la amenaza a la sede de la Fiscalía de Ovejas, las autoridades que lo atendieron se negaron a tomarle la denuncia[593].

Predio El Quindío en Montería, Córdoba

Human Rights Watch documentó numerosos casos de abusos cometidos por grupos sucesores de los paramilitares contra desplazados que han sido trasladados a nuevas zonas rurales en el marco de programas gubernamentales de reubicación, lo que con frecuencia ha provocado que abandonen nuevamente sus hogares[594]. Este precedente ejemplifica los obstáculos de seguridad que podrían obstruir la implementación de la Ley de Víctimas cuando se llega a la etapa de reubicación de reclamantes de tierras que no pueden regresar a sus antiguos predios, debido a condiciones ambientales o de seguridad inadecuadas, entre otras razones estipuladas por la ley[595].

Por ejemplo, miembros de un grupo sucesor de paramilitares identificado por diferentes fuentes como las Águilas Negras han asesinado, amenazado y desplazado forzosamente a desplazados que el gobierno había reubicado en 1997 en El Quindío, un predio de 510 hectáreas en el municipio de Montería, Córdoba.

Alrededor de 2006, Jhon Jairo Martínez Videz, presidente de la asociación de familias de desplazados reubicados en El Quindío, comenzó a denunciar la ocupación ilegal de tierras de la comunidad por paramilitares desmovilizados. Los paramilitares desmovilizados amenazaron a residentes de El Quindío y destruyeron sus cercos, según consta en un documento del INCODER de 2006, donde se hace referencia a “la aparente renuencia de la Fiscalía de recepcionar la denuncia penal respectiva” sobre amenazas que la comunidad había intentado instaurar[596]. La Defensoría del Pueblo informó que las Águilas Negras también habían amenazado reiteradamente a Martínez Videz[597]. De acuerdo con la versión de un ex residente de El Quindío, Martínez Videz también había denunciado recibir amenazas de un ganadero vecino que —según creían otros miembros de la comunidad— tenía vínculos con las personas que ocupaban sus tierras[598].

El 28 de junio de 2009, Martínez Videz fue asesinado por hombres armados frente a su vivienda en El Quindío. Los agresores pertenecían a las Águilas Negras, según señalamientos de un ex miembro de la comunidad e informes del Defensor del Pueblo; no obstante, hasta julio de 2013, la Fiscalía no había imputado a nadie[599]. Después del asesinato, las Águilas Negras amenazaron a varios otros líderes comunitarios de El Quindío, quienes decidieron abandonar el lugar[600].

Siguieron ocurriendo en la zona hechos de violencia perpetrados por grupos sucesores de paramilitares. La Defensoría del Pueblo informó que, en agosto de 2010, el residente Primitivo Murillo fue asesinado por hombres armados, una semana después de que dos grupos sucesores de los paramilitares, las Águilas Negras y los Paisas, mantuvieran un enfrentamiento en El Quindío[601].

El 16 de febrero de 2011, miembros de las Águilas Negras ejecutaron a Gabriel José Santero, habitante de El Quindío, frente a los demás residentes de la comunidad. Según fue señalado por la Defensoría del Pueblo y un testigo directo entrevistado por Human Rights Watch, acusaban a Santero de ser informante de la Policía[602]. Las Águilas Negras obligaron a los miembros de la comunidad a reunirse en un lugar determinado y trajeron a Santero con las manos atadas. Entonces dijeron: “Vamos a hacer una demostración de cómo se hace con los sapos”[603], y mataron a Santero con un arma de fuego. Las Águilas Negras hicieron saber a las personas allí reunidas que cuando un miembro de la comunidad hacía una denuncia a la Policía, ellos se enteraban inmediatamente porque la Policía les informaba todo. El testigo explicó que después del homicidio de Santero, unas 10 familias se fueron de El Quindío[604].

Aproximadamente una semana más tarde, el 24 de febrero de 2011, un hombre identificado por la Defensoría del Pueblo como miembro de las Águilas Negras amenazó de muerte a la esposa de Martínez Videz, motivo por el cual esta decidió huir de El Quindío[605]. Después del incidente, la Defensoría del Pueblo informó que, en la comunidad de El Quindío, “[l]a población ha venido siendo permanentemente amenazada, existe una restricción a la movilidad, control social y poblacional y confinamiento en esta comunidad”[606].

A finales de 2011, una amenaza proferida personalmente por miembros de un grupo sucesor de los paramilitares obligó a otro líder de la comunidad a abandonar El Quindío, según observaron varias fuentes creíbles[607].

Un antiguo residente de El Quindío manifestó a Human Rights Watch que, a mediados de 2012, menos de la mitad de las familias desplazadas que habían sido reubicadas en El Quindío permanecían en esas tierras, y que todos los líderes comunitarios habían huido de la zona[608]. “No puede denunciar porque lo matan”, dijo. “Todo el mundo humillado”[609].

Fincas Villa Linda y Usaquén en Córdoba

Luis Miguel Torres (seudónimo) y Elías Cuello (seudónimo) son líderes de familias desplazadas que debían beneficiarse con las reubicaciones dispuestas por el gobierno en las fincas Usaquén y Villa Linda de Montería y Tierralta, Córdoba, respectivamente. Ambos huyeron de sus hogares después de haber sido amenazados por miembros de las Águilas Negras, por motivos vinculados con su labor de activismo.

En 1999, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) compró la finca Usaquén, de 260 hectáreas, con el objeto de otorgar el título de propiedad de este predio a 35 familias desplazadas [610] . Sin embargo, las 35 familias no pudieron trasladarse a la finca porque, de acuerdo con testimonios recabados por el Centro de Memoria Histórica patrocinado por el gobierno, el jefe de las AUC Salvatore Mancuso les prohibió que ingresaran [611] . La Defensoría del Pueblo informó en 2006 que el primo de Mancuso se había apoderado de parte de la finca [612] . No obstante, Torres y Cuello continuaron defendiendo los derechos de 35 familias sobre tierras de Usaquén.

Cuello manifestó que, en noviembre de 2006, miembros de las Águilas Negras se presentaron en su vivienda de Las Palomas, Montería, lo obligaron a subir a una motocicleta y lo llevaron a otra finca, donde lo retuvieron durante aproximadamente 10 horas [613] . Contó que, mientras estaba detenido, las Águilas Negras le dijeron que dejara de reclamar la finca Usaquén. Después del incidente, Cuello huyó de Las Palomas [614] . Cuatro años más tarde, en noviembre de 2010, un hombre que circulaba en una motocicleta se presentó en la vivienda de la familia Cuello en Montería, le preguntó a su padre dónde estaba, y dijo: “Le advertimos que deje de joder y reclamar”, según consta en una denuncia penal presentada por Cuello [615] . En esta denuncia, Cuello declaró que temía por su familia, y señaló que dos de sus hijos ya habían sido desaparecidos.

En 2010, el INCODER reubicó a Torres y a otros desplazados, que inicialmente debían vivir en Usaquén en la finca de Villa Linda en Tierralta, Córdoba. En junio de 2011, Torres se quejó ante varias autoridades estatales de que las familias desplazadas no habían recibido todas las tierras que el INCODER había comprado en Villa Linda[616].

Torres refirió que, en 2011, había denunciado varias veces ante las autoridades de Córdoba la presencia diaria de miembros armados de las Águilas Negras en la finca Villa Linda [617] . En diciembre de 2011, uno de los miembros de las Águilas Negras le advirtió que se fuera de la finca Villa Linda. Al mes siguiente, el 5 de enero de 2012, Torres, su esposa y sus hijos huyeron de Villa Linda debido a la presión de miembros de las Águilas Negras,

[q]uienes pasan dentro de la mayoría de la finca, se sientan, amanecen, anochece, llaman por celular, comen y duermen.... Solamente con la presencia de ellos nos aterrorizan, no duerme uno tranquilo ..., hemos salido varios de allá y ellos no se atreven denunciar porque piensan los van a matar[618].

Torres informó que, el 13 de febrero, mientras se dirigía en motocicleta a Tierralta para recoger las pertenencias que había dejado en Villa Linda, dos hombres armados en una motocicleta lo detuvieron en un tramo de la carretera cerca de Villa Linda[619]. Después de mostrarles a los dos hombres su tarjeta de identificación, estos realizaron una llamada telefónica y dijeron: “Ese es”. Pero de pronto advirtieron que se acercaba la Policía, entonces, según relató Torres a la Fiscalía, le dijeron: “Veinticuatro horas para que desocupe la zona, no lo queremos ver más en Villa Linda y dígale a ese [Cuello] que deje de joder y de estar reclamando tierras, ustedes no tienen por qué estar reclamándoles tierra a nadie”[620].

Así, al igual que en el caso de El Quindío, grupos sucesores de los paramilitares amenazaron a líderes de comunidades de desplazados que estaban involucradas en disputas por tierras en las cuales habían sido reubicadas.

III. La respuesta del Estado colombiano

La respuesta del Estado colombiano ante abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras ha consistido mayormente en expresiones de repudio de altos funcionarios en referencia a las agresiones, y medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP)[621]. Si bien la UNP presenta falencias, constituye el programa más avanzado de su tipo en la región, y las medidas que otorga —en especial los escoltas y los vehículos blindados— pueden ser decisivas para salvar vidas[622].

Sin embargo, por sí solo, la UNP es insuficiente dado que, en esencia, procura proteger físicamente los beneficiarios de agresiones, pero no contribuye a contener a los responsables, es decir, el verdadero origen de las amenazas persistentes contra la vida de los reclamantes. Por ejemplo, un chaleco antibalas o un teléfono celular —que son las medidas más comunes— pueden ser de utilidad limitada para los reclamantes de restitución de tierras que reciben impunemente amenazas cuando intentan recuperar tierras apropiadas por redes paramilitares en zonas donde los grupos sucesores aún detentan un fuerte poder.

Colombia no ha adoptado medidas suficientes en tres aspectos fundamentales que constituyen la raíz misma de la violencia y las amenazas contra reclamantes y líderes de restitución de tierras:

• En primer lugar, la justicia por amenazas y ataques dirigidos contra reclamantes de tierras en respuesta a sus esfuerzos de restitución ha sido escasa. Por lo tanto, la disuasión respecto de la comisión de tales delitos es escasa.
• En segundo lugar, las autoridades judiciales en general no han juzgado a los responsables de los incidentes originales de desplazamiento y despojo sufridos por desplazados que reclaman tierras. Esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir nuevos ataques, en tanto puede implicar que quienes están interesados en mantener el control de las tierras no están bajo el escrutinio de las autoridades públicas y pueden fácilmente intentar impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación.
• En tercer lugar, dado que no se ha contrarrestado considerablemente el poder de organizaciones de sucesores de paramilitares en distintas regiones del país, esto permite que estos grupos continúen cometiendo abusos contra reclamantes. Como señaló un funcionario nacional con respecto a la seguridad de los reclamantes en la región de Urabá: “El tema [de la protección] va más allá de los chalecos antibalas.... La zona no ha sido limpiada de paramilitarismo” [623] .

Asimismo, autoridades de distintas regiones, incluida la Policía, han restado gravedad a las amenazas y han supuesto en forma prematura que las agresiones no guardaban relación con el activismo desarrollado por las víctimas. Esta actitud se refleja en las medidas insuficientes adoptadas por algunas autoridades regionales en materia de protección y justicia.

Falta de rendición de cuentas por amenazas

Colombia no ha garantizado el juzgamiento de los responsables de casos de amenazas contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. La Fiscalía General de la Nación informó que todas sus investigaciones sobre amenazas contra reclamantes y líderes se encuentran recién en la etapa preliminar, lo cual implica que en ningún caso ha habido imputados, ni mucho menos condenados[624].

Altos funcionarios que intervienen en temas de restitución de tierras también comentaron a Human Rights Watch que no estaban al tanto de que se hubieran dictado condenas por amenazas contra estas personas[625]. Un funcionario que trabaja en restitución de tierras en la costa Caribe dijo que la Fiscalía “no investiga las amenazas ... en la medida que no hay condena, las amenazas van a continuar”[626].

Las autoridades judiciales señalan acertadamente que es muy difícil investigar las amenazas de muerte, las cuales a menudo se emiten a través de llamadas telefónicas anónimas o mensajes de texto. No obstante, víctimas de amenazas indicaron que enfrentaban diversos obstáculos cuando intentaban acceder a la justicia, los cuales sugieren falta de voluntad y diligencia por parte de autoridades que investigan esos casos. Esto incluye el hecho de que autoridades judiciales restan seriedad a las amenazas, no se contactan con las víctimas luego de que presentan una denuncia penal y, en algunos casos, se niegan a recibir las denuncias. Estos obstáculos y descuidos prácticamente eliminan cualquier posibilidad de rendición de cuentas. Asimismo, profundizan la percepción generalizada de que denunciar las amenazas es en vano, y esto a su vez provoca que muchos delitos no se denuncien y que continúe la impunidad.

Además de transmitir a los responsables el mensaje de que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, al no impulsar una investigación penal adecuada respecto de las amenazas tampoco se puede determinar su grado de urgencia y gravedad. Esto permite que algunas autoridades resten importancia a las amenazas y afirmen que no son reales, mientras que también impide que el programa de protección asigne medidas de manera eficiente, según el nivel de riesgo de los reclamantes.

Negativa a recibir denuncias penales

Líderes de restitución de tierras de cinco departamentos distintos dijeron a Human Rights Watch que algunas autoridades judiciales, apelando a diversas razones inválidas, se habían negado a recibir denuncias penales por amenazas. Numerosos reclamantes de tierras han comentado este problema, según indicó la líder nacional de Tierra y Vida, Carmen Palencia, quien colabora con desplazados de todo el país[627].

En algunos casos, las víctimas de amenazas indicaron que las autoridades judiciales se habían negado a aceptar la respectiva denuncia penal debido a que no podían identificar al autor. La imposibilidad de las víctimas de identificar al autor de una amenaza no exime a las autoridades de su obligación de recibir la denuncia, precisamente porque es su función —y no de las víctimas— investigar lo sucedido y determinar quién es responsable.

Por ejemplo:

• La líder indígena wayúu Diana Zabala (seudónimo), de Maicao, departamento de La Guajira, informó haber intentado recuperar tierras de las cuales su comunidad fue desplazada por paramilitares y aliados de estos entre 1995 y 2001 [628] . Según contó Zabala, en abril de 2011 fue abordada y amenazada en Maicao por un hombre que, conforme creía, tenía vínculos con los Urabeños [629] . Dijo a Human Rights Watch que se presentó en la Fiscalía en Maicao para denunciar la amenaza, pero que los funcionarios se negaron a aceptar la denuncia debido a que no pudo proporcionar el nombre y número de cédula de la persona que la amenazó. En septiembre de 2011, Zabala huyó de Maicao y se trasladó a otra región de Colombia porque —según ella— sufría “constantes amenazas” de Urabeños que operaban en el municipio [630] .
• Juan Carlos Ramírez (seudónimo) lidera un grupo de familias desplazadas que reclaman tierras en el departamento de Cesar amparándose en la Ley de Víctimas y ha recibido múltiples amenazas desde 2010 (ver más información sobre el caso de Ramírez en la sección “Comunidad El Toco en San Diego, departamento de Cesar”). Por ejemplo, el 29 de enero de 2013 a las 7:15 a.m., dos hombres no identificados que circulaban en una motocicleta se presentaron en la vivienda de Ramírez en el municipio de Codazzi y lo amenazaron, según indicaron Ramírez y un funcionario de la Defensoría del Pueblo [631] . Ese mismo día, Ramírez dijo que se presentó en la Fiscalía en Codazzi para radicar una denuncia pero que el asistente del fiscal se negó a tomar su denuncia en razón a que no había sido “agredido” y no podía identificar a los dos hombres que lo amenazaron, ni a qué grupo pertenecían [632] . Ramírez abandonó el departamento de Cesar en febrero de 2013, y los actos de intimidación continuaron cuando regresó en marzo.

En otros casos, líderes de restitución que habían sido amenazados varias veces dijeron que cuando intentaron denunciar un segundo o tercer incidente, las autoridades judiciales no aceptaron las posteriores denuncias, y señalaron que bastaba con la primera denuncia efectuada. Si no se reciben tales denuncias, esto impide que las autoridades judiciales puedan contar con toda la información necesaria para efectuar una investigación exhaustiva que permita, entre otras cosas, establecer patrones de agresiones contra una misma víctima que ayudarían a identificar a los responsables.

• Eduardo Paternina (seudónimo) pertenece a un grupo de familias desplazadas de Mechoacán, Cesar, que reclaman tierras que fueron adquiridas por la empresa multinacional carbonera Drummond luego de su desplazamiento[633]. Inicialmente desplazados por paramilitares, Paternina y otras personas que exigen la restitución de tierras en la zona sufrieron amenazas en 2011 y 2012[634]. Paternina dijo a Human Rights Watch que en abril de 2011, tras asistir a una reunión en la gobernación y expresar su posición, recibió una llamada telefónica en la cual su interlocutor le advirtió que no insistiera con el reclamo de tierras, y que debería ponerse a buscar un ataúd[635]. Paternina dijo que denunció la amenaza a la Fiscalía en Valledupar. Contó a Human Rights Watch que, aproximadamente 10 días después, asistió a otra reunión sobre restitución de tierras en la gobernación, y ese mismo día recibió otra amenaza telefónica. Paternina contó que regresó a la Fiscalía para denunciar la amenaza, pero que las autoridades no tomaron su denuncia argumentando que era suficiente con la primera[636]. En febrero y mayo de 2012 recibió nuevas amenazas, e informó a la Defensoría del Pueblo que “[a] medida que avanza el proceso legal de restitución de tierras en Mechoacán ... han venido aumentando progresivamente las amenazas y los amedrentamientos en mi contra”[637]. Un funcionario de la Fiscalía en Valledupar comunicó a Human Rights Watch en julio de 2012 que la investigación de la amenaza contra Paternina aún no había sido asignada a un fiscal en particular, lo cual indica que estos funcionarios judiciales no habrían investigado oportunamente las amenazas denunciadas[638]. Esto sería irresponsable en vista de las evidencias que indican que forman parte de un patrón de amenazas proferidas contra quienes reclaman tierras en la zona, y que han obligado a las víctimas a vivir atemorizadas.
• Además de Paternina, otras personas que reclaman tierras en Mechoacán y la vereda vecina de El Prado también informaron haber recibido amenazas[639]. Tras el desplazamiento de miembros de la comunidad de El Prado en 2002 debido a asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por paramilitares, Prodeco, una subsidiaria de la multinacional Glencore, adquirió las tierras para destinarlas a la minería de carbón[640]. La abogada Luz Barragán (seudónimo), que representa a desplazados que reclaman tierras en El Prado, recibió varias amenazas desde que el 9 de noviembre de 2011, cuando la justicia ordenó medidas de restitución a favor de 48 familias de esa comunidad[641].

En otros casos, los funcionarios judiciales negaban a víctimas al afirmar que no conocían el protocolo para recibir denuncias, o les decían que denunciaran la amenaza ante las autoridades del municipio donde esta había ocurrido, según surge de entrevistas mantenidas con víctimas y de un documento de la Fiscalía al cual tuvo acceso Human Rights Watch[642].

• El 2 de octubre de 2012, Edgardo Flórez, Carlos Andrés Franco (seudónimo) y Rosa Novoa (seudónimo), líderes de la Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, Bolívar, recibieron un mensaje de texto firmado por el “Ejército Anti-Restitución” que amenazaba a ellos y otros dos representantes de la Mesa de Víctimas. (Ver más información sobre el caso de la Mesa de Víctimas en la sección “La Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar”). Ese mismo día, se presentaron en la sede de la Fiscalía en Carmen de Bolívar para denunciar la amenaza. Una funcionaria de esta delegación indicó que no podía recibir la denuncia debido a que no conocía el protocolo correspondiente, conforme señalaron a Human Rights Watch dos de los líderes que fueron amenazados en el mensaje de texto[643]. Los líderes se retiraron de la fiscalía, escribieron en forma manuscrita una denuncia por su cuenta y se la entregaron a otro empleado de la Fiscalía más tarde ese mismo día[644]. Asimismo, Franco contó que cuando acudió a la misma sede de la Fiscalía en septiembre de 2012 para denunciar otra amenaza, un funcionario de este organismo se negó a aceptar la denuncia y le preguntó por qué pretendía radicar tantas denuncias[645].

Varios desplazados que reclamaban la restitución de tierras también señalaron que denunciaron amenazas ante funcionarios judiciales, pero que posteriormente descubrieron que sus denuncias penales nunca habían quedado formalmente radicadas por la Fiscalía[646].

• Gustavo Arrieta, uno de los líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, informó que el 17 de abril de 2012 recibió una llamada intimidatoria de un abogado y de José Méndez, a quienes varios reclamantes de tierras de la región han denunciado por actos de intimidación. Dijo que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en Carmen de Bolívar poco tiempo después. No obstante, Arrieta dijo a Human Rights Watch que cuando visitó la Fiscalía en julio de 2012, más de dos meses después de haber denunciado la amenaza, descubrió que ni siquiera se había abierto un expediente[647]. Según señaló un funcionario que conocía el caso, “Méndez tiene muchas denuncias de amenazas y la Fiscalía no hace nada”[648]

Funcionarios judiciales restan gravedad a las amenazas

Líderes de restitución de tierras de distintos departamentos dijeron a Human Rights Watch que cuando denunciaron amenazas y/o actos de hostigamiento, los funcionarios judiciales que los atendieron restaron importancia al riesgo al cual estaban expuestos e insinuaron que no estaban diciendo la verdad. Por ejemplo:

• Ana María Céspedes (seudónimo), una líder del capítulo de Tierra y Vida en el departamento de Bolívar, dijo que al denunciar dos amenazas distintas a la Fiscalía en Cartagena en 2012, el asistente del fiscal que tomó las denuncias cuestionó su veracidad. Céspedes presentó la primera denuncia ante la sede de la Fiscalía en Cartagena a mediados de marzo de 2012. En su denuncia, indicó que dos hombres que circulaban en motocicleta se presentaron en la vivienda de su familia en Cartagena, preguntaron por ella, y le dijeron a su sobrina: “Dígale que la vamos a pelar”[649]. Contó que el asistente del fiscal le dijo que muchas personas inventaban amenazas para obtener medidas de protección del gobierno, y de este modo insinuó que ella podía estar haciendo lo mismo[650]. A mediados de junio de 2012, Céspedes denunció en la Fiscalía en Cartagena que había recibido una amenaza por mensaje de texto firmada por el autoproclamado “Nuevo Grupo Anti-Restitución de Tierras Unidas de Colombia”[651]. Según Céspedes, cuando denunció la segunda amenaza, el mismo funcionario de la Fiscalía hizo una broma, se rió y ni siquiera se molestó por leer el mensaje de texto en el teléfono celular de Céspedes[652].
• Marta Blanco (seudónimo), esposa de Ronald Castilla —un miembro de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar —dijo a Human Rights Watch que cuando tomaron su declaración por una amenaza directa que había sufrido, los investigadores de la Seccional de Policía Judicial (SIJIN) que la atendieron tuvieron una actitud intimidatoria e intentaron sembrar dudas sobre su versión de lo sucedido. En febrero de 2012, mientras caminaba por el casco urbano de Carmen de Bolívar, un hombre se le acercó por detrás y le apoyó el cañón de un arma contra la espalda. Le dijo que la mataría si se daba vuelta, y agregó: “Esta es la última oportunidad para que Ronald le demuestre a su familia cuanto los quiere”[653]. Señaló que en septiembre de 2012, investigadores de la SIJIN citaron a ella y a Castilla a una reunión para que aportaran más información sobre la denuncia penal que habían presentado inicialmente, antes de la amenaza. Castilla no se presentó a la reunión, y a raíz de esto uno de los investigadores de la SIJIN le preguntó “¿por qué no da la cara?”. Blanco contó que, al responder que Castilla no confiaba en nadie, los investigadores de la SIJIN le dijeron que no confiaban en ella. También comentó que los investigadores cuestionaron su afirmación de que le habían apuntado con un arma en la espalda, e intentaron convencerla de que estaba confundida. “Me sentí intimidada”, dijo a Human Rights Watch. Blanco aseveró que los investigadores no le preguntaron por el hombre que ella y su esposo habían denunciado como responsable de su desplazamiento en enero de 2012, ni sobre la disputa por tierras en la cual era parte su familia en ese momento y que, según creía, era el motivo de la amenaza[654]

No se contacta a muchas víctimas después de que presentan denuncias

Numerosos reclamantes de tierras y líderes dijeron a Human Rights Watch que las autoridades judiciales no los habían contactado luego de que denunciaran penalmente una amenaza. Ponerse en contacto con las víctimas es un paso indispensable para reunir información más detallada sobre su caso —además del relato básico que ofrecen al presentar inicialmente la denuncia— que puede ayudar a conseguir avances en la investigación. Que en algunos casos no se haya dado este paso básico indica que los funcionarios judiciales intervinientes no están investigando activamente lo sucedido[655]. Por ejemplo:

• Mario Cuitiva lidera a desplazados que reclaman tierras en la finca Santa Paula, el primer caso de restitución que se presentó ante la justicia en Córdoba al amparo de la Ley de Víctimas. En marzo de 2009, octubre de 2010, agosto de 2012 y noviembre de 2012, presentó cuatro denuncias penales distintas vinculadas con amenazas, vigilancia, actos de intimidación e información que había recibido sobre un atentado inminente contra su vida. No obstante, en abril de 2013, Cuitiva dijo a Human Rights Watch que nunca había sido contactado por la Fiscalía en relación con sus denuncias[656]. (Ver más información sobre el caso de Cuitiva en sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

En varios casos, reclamantes y líderes de restitución dijeron a Human Rights Watch que tras presentar denuncias penales sobre las amenazas recibidas, las autoridades judiciales recién se contactaron por primera vez un año después de que denunciaran el supuesto delito o incluso después. Por ejemplo:

• El abogado de derechos humanos Jeison Paba, que ayuda a 70 familias que intentan retornar a la finca de 1.321 hectáreas La Europa, en Ovejas, Sucre, recibió varias amenazas durante 2011, 2012 y 2013[657]. El 23 de junio de 2011, horas después de que Paba se reuniera con autoridades de Ovejas para consultar sobre el estado de una solicitud de desalojo que había presentado contra la compañía que ocupaba parte del predio de la comunidad de La Europa, se envió una amenaza de muerte dirigida contra él a la dirección de correo electrónico de la ONG de derechos humanos Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que también ayuda a la comunidad para que pueda regresar a la finca[658]. Paba denunció la amenaza el 8 de julio de 2011, pero indicó que la Fiscalía no se comunicó con él en relación con la denuncia hasta la última semana de junio de 2012, casi un año después de la denuncia inicial[659].

Deterioro de la confianza de las víctimas en las autoridades

Muchos desplazados, tras haber vivido en zonas bajo el control de grupos armados donde prolifera la corrupción, desconfían de las autoridades locales, incluidos funcionarios judiciales, y temen que si presentan denuncias penales esta información podría filtrarse y entonces sufrirían represalias. Cuando los funcionarios judiciales no adoptan medidas básicas para investigar amenazas, se profundiza la falta de confianza en las autoridades. Las víctimas advierten que la denuncia de delitos implica posibilidades muy remotas de que haya algún tipo de rendición de cuentas, e incluso podría exponerlas a mayores riesgos. Esto contribuye a que sean menos aún los casos que se denuncian, lo cual a su vez perpetúa la impunidad de los delitos, dado que es imposible investigar amenazas si esas no se denuncian.

Además de la inacción de algunos funcionarios judiciales en la investigación de amenazas denunciadas, los reclamantes de tierras de algunas zonas de Colombia tienen otros motivos justificados para desconfiar de autoridades judiciales. En los últimos años, funcionarios de la Fiscalía de distintas regiones han sido investigados penalmente por presuntos vínculos con grupos sucesores de paramilitares[660]. El ejemplo más prominente es el del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ex ministro del interior y de justicia de Colombia. En marzo de 2011, la Corte Suprema condenó a Valencia por el delito de concierto para delinquir por sus nexos con miembros de los Urabeños[661].

En el departamento de Córdoba, la Unidad de Restitución denunció que un funcionario de la Fiscalía local presuntamente había obstaculizado procesos de restitución de tierras. La Unidad de Restitución presentó una denuncia penal en la cual aseveraba que se había invitado a reclamantes de tierras a reuniones en las cuales estuvo presente un funcionario de la Unidad de Justicia y la Paz. En estas reuniones, se les habría ofrecido dinero a cambio de efectuar declaraciones que beneficiarían a los paramilitares desmovilizados Sor Teresa Gómez y alias Monoleche, y de firmar documentos donde se indicaba que no habían sido coaccionados para que vendieran tierras sujetas a solicitudes de restitución [662] (Ver más información sobre el caso Santa Paula en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

La desconfianza de muchos desplazados en las autoridades judiciales se ve agravada por la inacción en la investigación de los casos. Por ejemplo:

• Gustavo Arrieta, de Carmen de Bolívar, dijo a Human Rights Watch: “El que denuncia, se expone más. Los que hemos puesto denuncias en la Fiscalía, somos objetos de más amenazas.... He puesto denuncias desde junio 2011 y nunca me han llamado a citar. Quiere decir que no están haciendo ninguna investigación. Eso desanima a otros a denunciar”[663]. De hecho, según palabras de Edgardo Flórez, otro líder de Carmen de Bolívar que fue amenazado, debido a “negligencia” de la Fiscalía en el caso de Arrieta (ver más sobre el caso de Arrieta en la sección “Negativa a recibir denuncias penales”) decidió no denunciar que varios hombres con el rostro cubierto con pasamontañas lo habían estado buscando por su barrio[664].
• Herminia Borja (seudónimo), una abogada de derechos humanos de Bogotá que trabaja en un caso de restitución de tierras en el departamento de Magdalena, dijo a Human Rights Watch que no denunció una amenaza que recibió en 2008 vinculada con el caso porque “Es claro que no va a pasar nada. Estamos cansados de rendir denuncias sin ningún resultado. Sólo nos expone a más riesgo”[665].

Falta de rendición de cuentas en casos de asesinatos

Impartir justicia en casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras podría mitigar el clima de temor que estos han generado, y operar como un factor de disuasión clave para evitar nuevos abusos contra quienes intervienen en el proceso de restitución. En algunos casos, los fiscales han conseguido avances importantes, como ha sucedido con la investigación del asesinato en marzo de 2012 de Manuel Ruiz y su hijo Samir Ruiz, como resultado de la cual hubo cuatro imputados en apenas un año. No obstante, en general los adelantos conseguidos en la investigación de los casos han sido limitados. En agosto de 2013, de los 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y líderes que la Fiscalía informó estar investigando, se habían obtenido condenas en ocho, y en otros siete casos había imputados[666].

Cabe reconocer que en 2012 la Fiscalía asignó cerca de una decena de casos de asesinatos y tentativas de asesinato de líderes de restitución a un único fiscal de la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá. También se han asignado casos a otros fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que trabajan en Bogotá y Medellín. Esta decisión supone una clara ventaja: los fiscales que trabajan desde la capital y otras ciudades principales, en general son menos vulnerables a presiones y amenazas que los funcionarios judiciales locales. Además, al concentrar los casos en unos pocos fiscales, la Fiscalía facilita la determinación de patrones entre delitos que pueden estar relacionados, y esto a su vez contribuye a identificar a todas las partes responsables, incluidos quienes ordenaron que estos fueran perpetrados.

Sin embargo, la propuesta de concentrar casos en la Unidad de Derechos Humanos no ha arrojado los resultados esperados. En agosto de 2013, la Fiscalía indicó que los 13 casos de homicidio y tentativa de homicidio que habían sido asignados al fiscal en Bogotá se encontraban en etapa preliminar [667] . Diversos problemas han impedido que se produzcan avances.

Por un lado, durante 2012, varios expedientes acumulados sobre asesinatos vinculados con restitución de tierras que inicialmente estaban bajo el conocimiento de un fiscal en Bogotá, fueron reasignados con posterioridad a tres fiscales distintos [668]. Cada vez que los casos se reasignan, los fiscales deben prácticamente empezar desde cero para familiarizarse con la investigación, en vez de aprovechar los avances ya conseguidos y profundizar el conocimiento de la causa a medida que avanza el tiempo. En entrevistas separadas mantenidas con Human Rights Watch, dos de los cuatro fiscales demostraron que no estaban familiarizados con aspectos básicos del caso, como por ejemplo, si la víctima era o no líder de un grupo de desplazados[669]. Uno de los fiscales afirmó que estaba “apenas conociendo los casos”[670].

Asimismo, varios fiscales entrevistados por Human Rights Watch admitieron que no se habían adoptado algunas medidas básicas para impulsar las investigaciones. Un fiscal que investigaba el homicidio de un líder ocurrido en 2009 dijo que los investigadores judiciales solamente habían visitado una vez el municipio donde vivía y fue asesinada la víctima. Con respecto a otro homicidio de un líder de desplazados cometido en 2009, el fiscal reconoció que “No hay nada de investigación. No hemos averiguado mayor cosa”[671]. Otro fiscal expresó que en tres asesinatos de 2008 y 2009 que estaba investigando, los expedientes prácticamente lo único que contenían era el informe policial del día de los crímenes[672].

Algunos familiares de víctimas de homicidios también refirieron a Human Rights Watch que las autoridades judiciales no habían realizado actos de investigación básicos. Los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, asesinado en Córdoba en noviembre de 2011, dijeron que cuando acudieron a la Fiscalía en Montería para comprobar el estado de la investigación sobre la muerte de su padre a mediados de enero de 2012, se les indicó que aún no había sido asignada a ningún fiscal [673] . El 27 de febrero de 2012, los hijos —que aún exigen la restitución de las fincas de su familia— enviaron una carta a la entonces Fiscal General de Colombia Viviane Morales, en la cual le solicitaban que remitiera la investigación de Córdoba a Bogotá, y manifestaban su descontento porque ni el fiscal “ni ninguna otra autoridad judicial de esta ciudad nos ha visitado o citado ni informado nada con relación a estos hechos, inexplicablemente la investigación está paralizada o estancada ... y lo peor es que vemos en peligro nuestras vidas como familiares (hijos) del ciudadano asesinado” [674] . (Ver más información sobre el caso de Mendoza en la sección “Asesinato de reclamante de tierras en Montería, Córdoba”).

Otro problema que se interpone al avance de las investigaciones sobre asesinatos es el tiempo que transcurre entre la ocurrencia del hecho y la asignación del caso a la Unidad de Derechos Humanos. Las investigaciones sobre asesinatos de reclamantes de tierras y líderes a menudo quedan a cargo de fiscales locales durante más de un año antes de ser reasignadas a la Unidad de Derechos Humanos[675]. Esto impide que esta unidad pueda supervisar la etapa inicial de la investigación, que resulta trascendental para hacer las primeras pesquisas y reunir evidencias elementales, como la declaración de testigos. En vez de ello, es común que las investigaciones queden paralizadas a cargo de fiscales locales antes de ser reasignadas. Según señaló un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, los fiscales locales a cargo de casos con fuertes implicancias para los derechos humanos “no se quieren hacer matar y [entonces] ahí el caso se muere”[676].

Falta de rendición de cuentas por los desplazamientos forzados y despojos originales

Si la gente no está en la cárcel —los responsables del abandono y despojo y las amenazas contra la vida de reclamantes— realmente hay un hueco en la política de implementación [de protección para la restitución de tierras].... Si sólo atacas la consecuencia y pones un policía, pero no la causa, estás poniendo paliativas. Una de las principales causas es quien tiene interés en la tierra, quienes la despojaron.

—Funcionario de la Unidad de Restitución [677]

La Fiscalía en gran medida no ha garantizado que haya rendición de cuentas en casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras. Si no se juzga y desarticula a las redes delictivas responsables de estos delitos, los reclamantes de tierras se exponen a más abusos. En vez de ser identificados públicamente y encarcelados, los miembros de grupos armados y terceros interesados en preservar su control sobre tierras obtenidas ilegalmente muchas veces se encuentran en libertad y pueden más fácilmente proferir amenazas y concretar ataques contra reclamantes.

Asimismo, cuando no hay medidas de justicia se envía a toda la sociedad el mensaje de que es aceptable desplazar a personas y apropiarse de sus tierras. Conforme fue expresado por un alto funcionario de la Procuraduría que supervisa los procesos de restitución de tierras: “Definitivamente tiene que entrar la Fiscalía identificando los despojadores.... Si la Fiscalía no se activa, podría generar otra guerra contra los reclamantes”[678].

En casi todos los casos de desplazamiento forzado ocurridos en Colombia no se ha impartido justicia, y esta situación ha sido identificada por diversos actores, incluida la Corte Constitucional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y expertos de la sociedad civil[679]. En 2009, la Corte Constitucional determinó que existía “una absoluta impunidad frente al delito de desplazamiento forzado, debido a la falta de iniciación e impulso de las investigaciones”[680]. En este mismo sentido, un estudio exhaustivo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) publicado en enero de 2011 concluyó que “de cada 200 casos que ingresan a la Fiscalía, un poco más de uno culmina en una acusación ante el juez de conocimiento.... En tanto la mayoría de casos de desplazamiento forzado no ingresan siquiera al sistema judicial, la impunidad por este delito es muy cercana a 100%”[681].

Con el propósito de afrontar este problema, la Fiscalía creó en noviembre de 2010 la Unidad Nacional Contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados (UNCDES). La creación de esta unidad especializada, integrada por 66 fiscales en 15 ciudades distintas, representó un paso importante para abordar el problema[682].

No obstante, la unidad ha registrado avances limitados en la obtención de justicia a favor de víctimas de desplazamiento forzado: en enero de 2013, la unidad estaba investigando 17.109 casos de este tipo, pero había obtenido condenas en tan sólo 28[683]. La UNCDES había conseguido un total de apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos con mayor cantidad de solicitudes en la Unidad de Restitución[684]. La unidad investiga además cerca de 16.000 desapariciones forzadas y “desapariciones”, lo cual supone un volumen oneroso de aproximadamente 500 casos por fiscal[685].

Otras fiscalías también han alcanzado resultados limitados en la persecución penal de casos de desplazamiento forzado. En marzo de 2013, a casi ocho años de la sanción de la Ley de Justicia y Paz, los postulados en el marco de esta norma habían confesado más de 11.000 casos de desplazamiento forzado. A pesar de ello, los fiscales especializados de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra paramilitares desmovilizados en tan sólo seis de esos casos[686]. De las 20.667 investigaciones en curso sobre casos de desplazamiento forzado impulsadas por todos los demás fiscales externos a la UNCDES y la Unidad de Justicia y Paz, en enero de 2013 el 99 por ciento se encontraban en etapa preliminar[687].

Un alto funcionario de la Unidad de Justicia y Paz indicó a Human Rights Watch que en agosto de 2013 sus fiscales tenían previsto hacer imputaciones a paramilitares desmovilizados en relación con más de 3.000 casos de desplazamiento forzado[688]. La unidad impulsó estos casos como parte de su nueva metodología de investigación, conforme a la cual los fiscales procuran determinar la responsabilidad penal de postulados a la Ley de Justicia y Paz que hayan tenido una posición jerárquica superior, a partir de patrones en los delitos cometidos por los paramilitares o las guerrillas a su mando[689].

Si estos casos de desplazamiento forzado se juzgan exitosamente, ello representaría un avance considerable para la Fiscalía. No obstante, hay varios motivos por los cuales este tipo de procesos impulsados al amparo de la Ley de Justicia y Paz, por sí solos, no permitirán obtener el tipo de rendición de cuentas por casos de desplazamiento forzado que se necesita para brindar seguridad en la restitución de tierras. Por un lado, la Unidad de Justicia y Paz únicamente puede promover la acción penal contra paramilitares que participen activamente en el proceso de Justicia y Paz, y estos representan menos del 10 por ciento de los más de 30.000 presuntos paramilitares que se sumaron oficialmente a la desmovilización [690] . A su vez, la unidad no tiene competencia para perseguir penalmente a otras personas, como empresarios, políticos, funcionarios públicos o testaferros de paramilitares, que integraron las redes paramilitares que provocaron los desplazamientos forzados y los despojos, pero que no eran miembros de las AUC. Por último, conforme a la nueva estrategia, las investigaciones y los procesos están encaminados a determinar la responsabilidad penal de los implicados en función de patrones de abusos cometidos por los bloques paramilitares a los cuales pertenecían. Sin embargo, las investigaciones no esclarecen necesariamente las circunstancias exactas en que se cometieron incidentes concretos de desplazamiento forzado, ni se identifica a los responsables que ordenaron y ejecutaron los actos individuales [691] , y esto podría dificultar la posibilidad de detectar el despojo de tierras. Todos estos factores implican que, sin investigaciones complementarias a cargo de los fiscales orientadas a impartir justicia frente a la totalidad de las partes responsables de casos de desplazamiento forzado y apropiación de tierras, será imposible desarticular las redes delictivas que obligaron a los desplazados a irse de sus tierras y que con frecuencia intentan mantener el control sobre las mismas.

En la gran mayoría de casos, las autoridades judiciales tampoco han conseguido que rindan cuentas quienes efectuaron el despojo de tierras. La UNCDES se identificó a sí misma como la principal fiscalía encargada de investigar casos de despojo[692]. En enero de 2013, la unidad indicó que había obtenido solamente tres condenas por delitos vinculados con estos actos, y que en tan sólo seis casos se había vinculado formalmente a presuntos responsables con una investigación[693].

Según un alto funcionario de la UNCDES, los fiscales de la unidad reciben órdenes de verificar si se produjeron despojos en todas las investigaciones sobre desplazamiento forzado que impulsan. El funcionario de la UNCDES observó que es probable que, a medida que tales investigaciones avanzan, surjan evidencias de despojo de tierras en muchos de los casos, lo cual implica que se ampliarán los cargos imputados en relación con esta conducta[694]. De hecho, es razonable esperar que la investigación de casos de desplazamiento forzado frecuentemente aporte evidencias de que hubo despojos, dado que se estima que se han apropiado 2 millones de hectáreas que pertenecen a desplazados[695].

Por su parte, la Unidad de Derechos Humanos no ha obtenido condenas por delitos vinculados con el despojo de tierras, ni tampoco tenía investigaciones en curso sobre tales delitos a marzo de 2013 [696] . Esto sugiere que la unidad no estaría aplicando la estrategia de investigación que la Fiscalía presentó a la Corte Constitucional en enero de 2012, en la cual se indicaba que el plan de la Unidad de Derechos Humanos en materia de desplazamiento forzado incluiría “la verificación de los titulares actuales de las tierras y establecer la legitimidad de la tradición de los bienes, logrando judicializar a las personas a las que se les compruebe la responsabilidad en el despojo de tierras de los desplazados” [697] .

De manera similar, la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos comunicó a Human Rights Watch que no estaba investigando a responsables del despojo de tierras vinculado con desplazamiento forzado, puesto que tales delitos son de “competencia exclusiva” de la UNCDES. La unidad confisca activos en poder de testaferros de la guerrilla y los paramilitares, pero indicó que no estaba investigando a testaferros en casos de despojos[698].

Por último, la Subunidad Elite de Persecución de Bienes, una unidad especializada de la Fiscalía que tiene la atribución de investigar despojos perpetrados por paramilitares y guerrilleros que se postularon a la Ley de Justicia y Paz, logró la expedición de cuatro sentencias de restitución hasta febrero de 2013 [699] . La unidad no persigue penalmente a quienes se apropiaron ilegalmente de las tierras, sino que intenta identificar las parcelas despojadas y obtener sentencias judiciales de restitución a favor de desplazados.

En palabras de un alto asesor gubernamental que trabaja en restitución de tierras, la “Fiscalía investiga muy poco los despojos”[700]. Esto pone en riesgo a los reclamantes, ya que, como indicó María Paulina Riveros, directora del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, para quienes reclaman la restitución de tierras “[l]a mejor medida de protección es una sentencia judicial en el caso de despojo”[701].

El riesgo a sufrir nuevos abusos generado para los reclamantes a raíz de la falta de juzgamiento de incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo de tierras se puso de manifiesto en el siguiente caso:

La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba

Existen claras evidencias de que, al no asegurar que los paramilitares y sus aliados rindieran cuentas ante la justicia por el despojo de la finca Santa Paula de 1.195 hectáreas —cuya valuación actual se estima en 40.000 millones de pesos (cerca de US$ 22 millones) [702] — las autoridades han permitido que esta misma red de responsables amenazara, intimidara y atacara a reclamantes cada vez que han intentado recuperar Santa Paula y otra propiedad cercana a este predio, incluso en su más reciente intento a través de la Ley de Víctimas.

Juan Camilo Restrepo, entonces Ministro de Agricultura, señaló que el caso Santa Paula es “emblemático, porque va al corazón del despojo de las grandes mafias paramilitares”[703]. Entre 1996 y 2006, FUNPAZCOR, una organización de fachada que utilizaban paramilitares y que tenía estrechos vínculos con Carlos Castaño, obligó a familias a abandonar la finca Santa Paula y las presionó para que vendieran su tierra a un valor inferior al de mercado[704]. En representación de la paramilitar desmovilizada Sor Teresa Gómez, la presidenta de FUNPAZCOR, quien tenía vínculos directos con altos jefes paramilitares, Gabriela Inés Henao compró parte de la finca a familias desplazadas. Así consta en una sentencia de restitución dictada por un tribunal civil[705]. Algunas víctimas han dado su testimonio a las autoridades señalando que el esposo de Henao, Diego Sierra, actuó en coordinación con paramilitares para desplazarlos de Santa Paula[706].

En un primer momento, Yolanda Izquierdo estuvo al frente de los esfuerzos para recuperar la finca Santa Paula mediante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Gómez, Sierra y Henao, junto con el ex concejal de la ciudad de Montería, Manuel Causil, y un hombre llamado Guillermo Mass, entre otros, se interpusieron a los intentos de Izquierdo mediante engaños y presiones a fin de que los reclamantes de Santa Paula firmaran documentos donde indicaban que no habían sido coaccionados para vender sus tierras, según se determinó posteriormente en sentencias judiciales dictadas en el caso[707]. Izquierdo señaló en varias ocasiones haber recibido amenazas de muerte por parte de Gómez y paramilitares, y solicitó medidas de protección, que no fueron otorgadas por la Fiscalía[708]. “Días antes de su muerte en forma verbal y por escrito y haciendo presencia varias veces a distintos despachos de la Fiscalía, les lloró e imploró protección inmediata y no se la brindaron”, indicó al respecto la Procuraduría[709].

El 31 de enero de 2007, días después de haber pedido infructuosamente que le concedieran medidas de protección, Izquierdo murió frente a su vivienda en Montería tras recibir disparos de un paramilitar que actuaba bajo órdenes de la presidenta de FUNPAZCOR Sor Teresa Gómez, según se indica en una sentencia judicial que condenó a Gómez en ausencia[710]. La condena también compulsó copias para que se investigara, entre otras personas, a Henao, Sierra, Causil y Mass, así como al ex concejal Rembreto Álvarez y al paramilitar desmovilizado Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, como presuntos partícipes en el homicidio. La sentencia indica que los campesinos desplazados de Santa Paula los señalaron como “las personas interesadas en desplazarlas y quitarles la tierra”[711].

Otro reclamante de Santa Paula, Mario Cuitiva, huyó de Córdoba luego del homicidio de Izquierdo, pero regresó en 2008 para continuar reclamando su parcela de tierra en la finca. Aseveró haber sido seguido y amenazado por personas vinculadas con paramilitares y con Gómez en varias ocasiones entre 2009 y 2011[712]. Cuitiva denunció que Mass lo seguía[713]. Mass también había seguido a Izquierdo antes de que fuera asesinada, según se indica en un testimonio citado en la sentencia condenatoria por su homicidio[714].

A pesar de las amenazas, Cuitiva ayudó a otros campesinos desplazados de Santa Paula a que se organizaran para presentar solicitudes en la Unidad de Restitución, y en junio de 2012 el caso comenzó a ser examinado formalmente por la unidad. Al igual que Izquierdo, la líder a quien había reemplazado, Cuitiva recibió información de que se produciría un ataque paramilitar inminente contra él a medida que la Unidad de Restitución avanzaba con el caso. El 11 de agosto de 2012, seis paramilitares ofrecieron a un paramilitar desmovilizado cuatro millones de pesos (aproximadamente US$ 2.200) para que asesinara a Cuitiva, conforme afirmaron este paramilitar desmovilizado y Cuitiva[715]. El paramilitar desmovilizado dijo que los hombres se identificaron como paramilitares y que cuando se negó a aceptar la oferta, lo amenazaron con matarlo a él y a otro familiar suyo[716].

A fines de septiembre de 2012, durante un evento público en el cual se anunció que la Unidad de Restitución había presentado el caso Santa Paula ante la justicia, el Ministro de Agricultura denunció que se habían producido amenazas y actos de intimidación vinculados con el caso. Indicó que las solicitudes se presentaban “a pesar de los amedrentamientos a las víctimas reclamantes; a pesar de las incesantes coacciones a los reclamantes para que desistan de la restitución; a pesar de las amenazas de toda índole que se han proferido”[717].

En esa misma época, Henao y su esposo, Sierra, presentaron su oposición en un juzgado contra más de 30 solicitudes interpuestas por desplazados ante la Unidad de Restitución en relación con derechos sobre la finca[718]. Henao siguió siendo propietaria de decenas de parcelas en Santa Paula[719]. Según indicaron la Unidad de Restitución y la Fiscalía, no había una investigación penal en curso contra Henao o contra Sierra por ningún delito[720]. Ninguna persona había sido juzgada y encarcelada por los desplazamientos forzados o los despojos en el caso Santa Paula, que aún se encuentra en la etapa preliminar de investigación penal[721].

Cuitiva señaló que el 3 de noviembre de 2012, su vecino escuchó cuando un hombre en una motocicleta ofrecía a otros dos hombres cinco millones de pesos (aproximadamente US$ 2.700) para que arrojaran una granada en su vivienda [722] . Más tarde ese mismo mes, la UNP lo reubicó a otra región de Colombia junto con seis familiares.

Cuitiva se fue de Córdoba aproximadamente en la misma época en que la Unidad de Restitución presentó una denuncia penal en la cual se indicaba que se había invitado a reclamantes de tierras del departamento a asistir a diversas reuniones durante 2012, y que en estas se les había ofrecido dinero a cambio de firmar documentos donde constaba que no habían sido presionados para vender sus tierras casi una década antes[723]. Estos sobornos se ofrecieron a reclamantes de la finca Cedro Cocido, ubicada a unos kilometros de Santa Paula, y que según la Unidad de Restitución también fue arrebatada a sus ocupantes por FUNPAZCOR, la organización paramilitar liderada por Gómez[724]. La denuncia indicaba que, durante las reuniones, a las cuales asistieron funcionarios locales, también se presionó a los reclamantes para que prestaran testimonio a favor de paramilitares desmovilizados a quienes varias víctimas y otras fuentes habían señalado como responsables de apropiaciones de tierras a gran escala, incluidos Gómez y Monoleche[725]. En la denuncia penal se afirmaba que, según las víctimas, Mass y Causil, entre otros, eran las “personas intermediadoras” o “facilitadoras” de este intento de soborno[726].

En febrero y marzo de 2013, la justicia especializada en restitución de tierras dictó dos sentencias en las cuales ordenaba que se restituyeran terrenos en Santa Paula a numerosas familias de desplazados. Cuitiva regresó a Montería en febrero sin su familia, que permaneció fuera del departamento por temor a su seguridad.

Los actos de intimidación continuaron durante abril de 2013, conforme indicó un reclamante de Santa Paula, quien dijo a Human Rights Watch que durante la primera semana de ese mes fue interceptado en el centro de Montería por una de las personas identificadas en la denuncia penal presentada por la Unidad de Restitución. El hombre advirtió al reclamante que la “doctora” iba a comprar nuevamente parcelas de tierras a quienes se habían beneficiado con sentencias de restitución[727]. El reclamante interpretó que “doctora” hacía alusión a Gómez, quien permanece prófuga y ha sido identificada por las autoridades como jefa financiera de los Urabeños en Córdoba, y una de las principales responsables de amenazas contra reclamantes de tierras[728].

El 9 de abril de 2013, el día antes de que el Presidente Santos oficiara una ceremonia en Santa Paula para entregar títulos de tierras a reclamantes que se habían beneficiado con sentencias de restitución, varios hombres armados mataron a Ever Cordero Oviedo, un destacado líder de víctimas del municipio de Valencia, en Córdoba. (Ver más información sobre el caso de Cordero en la sección “La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba”). El día de la muerte de Cordero, Human Rights Watch habló con Cuitiva, que al día siguiente recibiría el título de su tierra. Dijo que por temor a su seguridad, su esposa e hijos habían decidido que no retornarían a Santa Paula. El mismo Cuitiva también dudaba de si, tras años de lucha en reclamo de su tierra, regresaría a vivir allí: “Yo no voy a ir para allá [Santa Paula].... Me pasa lo mismo que le pasó a Yolanda, que le pasa a [Ever]... ahí no va a haber seguridad... no hay garantías”[729].

De este modo, numerosas evidencias creíbles sugieren que desde 2007, la falta de medidas de rendición de cuentas contra los responsables del despojo en Santa Paula posibilitó que esa misma red de personas frustrara distintos esfuerzos de restitución de tierras apelando a actos de violencia e intimidación. Como lo explicó la Unidad de Restitución en su denuncia penal, esto ha contribuido a generar “un temor que se ha hecho general entre los solicitantes de restitución de tierras, el cual ha obstaculizado el trámite que sigue bajo el rigor de la [Ley de Víctimas]” en Córdoba[730].

La metodología de investigación de la Fiscalía hasta ahora se ha basado en investigaciones fragmentadas, caso a caso

Una falencia común que se advierte en las investigaciones de amenazas y asesinatos, así como también sobre incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo, es que en general la Fiscalía no ha impulsado investigaciones sistemáticas y contextualizadas de los hechos. En lugar de establecer conexiones entre delitos que podrían estar vinculados y afectan las mismas parcelas de tierra, regiones y comunidades, los fiscales, en general, se han abocado a investigar los delitos de un modo aislado, centrado en cada caso particular. Esto no les permitió establecer patrones de abusos que los ayudaran a identificar a todas las partes responsables.

El enfoque fragmentado que utilizan los fiscales colombianos en sus investigaciones ha impedido, durante mucho tiempo, la rendición de cuentas por todos los tipos de delitos vinculados con el conflicto armado y los derechos humanos[731]. El Fiscal General Eduardo Montealegre reconoció esta situación, y declaró, en una directiva de octubre de 2012, que “[e]n la actualidad, el paradigma según el cual todos los delitos deben ser investigados ... como hechos aislados, ha conducido a elevados índices de impunidad”[732]. La directiva explicaba que, además de “afectar gravemente el disfrute de los derechos de las víctimas”, esta metodología de investigación deficiente ha producido “diversas disfuncionalidades” dentro del sistema de justicia penal, como por ejemplo, que investigaciones vinculadas con el mismo bloque de un grupo armado, o un subgrupo de casos relacionados, se dividieran entre distintas fiscalías regionales y nacionales[733].

Los incidentes de desplazamiento forzado y despojo, así como también las amenazas y ataques contra reclamantes a causa de sus esfuerzos de restitución, son justamente el tipo de casos cuya investigación se encuentra obstaculizada debido al enfoque fragmentado adoptado por los fiscales. Estos abusos suelen formar parte de un patrón de delitos perpetrados por las mismas personas. Enfocarse en casos particulares como si se tratara de eventos aislados impide que los fiscales descubran los vínculos entre delitos interrelacionados cometidos en el mismo período y en la misma región, tales como despojos en la misma zona o amenazas contra desplazados que reclaman tierras pertenecientes a la misma comunidad. Además, les impide establecer conexiones entre los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo y los abusos actuales contra reclamantes, motivados por su pretensión de restitución. Dichas conexiones podrían optimizar la investigación de ambos tipos de delitos. Según un alto funcionario de la UNCDES, por ejemplo, las evidencias recabadas través de investigaciones sobre amenazas contra reclamantes podrían facilitar la investigación del incidente original de desplazamiento forzado de las víctimas[734].

El caso de Totumo, Antioquia, un corregimiento de Urabá, ofrece un claro ejemplo. En 2010 y 2011, dos líderes de restitución de Tierra y Vida que reclamaban tierras ahí fueron asesinados, y otro reclamante fue secuestrado y amenazado. Según declaraciones de un ex miembro de los Urabeños que intervino como testigo en el caso por el asesinato de David Góez en 2011 —otro líder de restitución de tierras de la zona cercana de Tulapas—, en 2011 un jefe de los Urabeños organizó una reunión en las proximidades de Totumo, durante la cual advirtió que a “todo el que fuera a reclamar tierra … lo iban a desaparecer” [735] . La víctima del secuestro manifestó que, mientras permaneció cautivo, miembros de los Urabeños le hacían preguntas acerca de otros miembros de Tierra y Vida. En julio de 2012, cuatro fiscales diferentes estaban trabajando en los casos de los dos asesinatos y el secuestro de los líderes de Tierra y Vida de Totumo, así como también en el homicidio de Góez [736] . Dos de los fiscales manifestaron a Human Rights Watch que no estaban al tanto de que se hubieran cometido otros delitos contra reclamantes de tierras de la zona, o contra miembros de Tierra y Vida, además del caso que estaban investigando. Ninguno de los dos sabía quiénes ocupaban las tierras reclamadas por la víctima [737] . (Ver más información sobre estos casos en la sección “Tierra y Vida en Urabá”).

Otro claro ejemplo es el caso de Ever Cordero Oviedo y Ermes Vidal Osorio. Ambos líderes de desplazados de la Mesa de Víctimas del municipio de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 20 días, en marzo y abril de 2013, pero a pesar de ello cada caso está siendo investigado por un fiscal diferente[738].

El Fiscal General Eduardo Montealegre adoptó una nueva estrategia de investigación en toda la Fiscalía que, si se implementa de manera efectiva, podría ayudar a resolver esta falencia común en las investigaciones. La Directiva 1 de 2012 establece que los fiscales deberían “investigar las conductas delictivas no como hechos aislados e inconexos sino como el resultado del accionar de organizaciones delictivas dentro de un determinado contexto” [739] . Esta estrategia contempla la política de agrupar investigaciones a fin de descubrir patrones de delitos, priorizando determinados casos y “situaciones” (grupos de casos con elementos comunes) en función de criterios preestablecidos [740] , y enfocándose en identificar a quienes son considerados “máximos responsables”.

Aún es incierto si esta nueva estrategia se implementará eficazmente en relación con abusos vinculados con la restitución de tierras. En abril de 2013, un alto funcionario de la Fiscalía comunicó a Human Rights Watch que el organismo estaba comenzando a elaborar una estrategia de investigación para abordar delitos contra reclamantes involucrados en la restitución de tierras. Este funcionario explicó que la estrategia incorporaría la nueva metodología de investigación de la Fiscalía[741]. Human Rights Watch considera que esto debería implicar priorizar como “situaciones” los delitos vinculados con restitución de tierras (desplazamiento forzado, despojo de tierras y amenazas y ataques contra reclamantes vinculados con sus pretensiones de restitución) en las mismas zonas donde se están evaluando solicitudes de restitución[742].

Respuesta inadecuada frente al accionar de grupos sucesores de paramilitares que aún detentan un fuerte poder

A pesar de los notables avances conseguidos por las autoridades en la captura de sus miembros y líderes, los grupos sucesores de los paramilitares —especialmente los Urabeños— mantienen una fuerte presencia en diversas regiones de Colombia, y siguen ejerciendo control social sobre comunidades y cometiendo abusos generalizados contra civiles. Hasta tanto Colombia logre reducir considerablemente el poder de los grupos sucesores, los reclamantes de tierras y líderes continuarán expuestos a un grave riesgo de amenazas y ataques por estos grupos.

A comienzos de 2012, los Urabeños realizaron una alarmante demostración de poder al organizar un “paro armado” que paralizó el comercio y el transporte en distintos municipios de seis departamentos del norte de Colombia. The Economist informó, en ese momento, que el paro de enero “constituyó el mayor desafío a la autoridad del Estado desde que Juan Manuel Santos asumió como presidente de Colombia en agosto de 2010”[743].

Desde entonces, las autoridades han avanzado considerablemente en la detención de miembros y líderes de los Urabeños y otros grupos sucesores de los paramilitares, como los Rastrojos[744]. En total, entre 2006 y octubre de 2012, la Policía informa haber capturado a 13.857 miembros, incluidas 93 cabecillas[745]. La Policía Nacional informó haber capturado o matado a 12 jefes de grupos sucesores de los paramilitares entre enero y octubre de 2012, y haber arrestado aproximadamente a 2.900 miembros durante ese período[746].

No obstante, según estimaciones de la Policía, las autoridades no han logrado reducir significativamente la cantidad de miembros y la presencia territorial de los grupos sucesores de paramilitares. En mayo de 2013, la Policía informó a Human Rights Watch que los grupos tenían 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 miembros en 173 municipios[747]. La Policía considera que los Urabeños han engrosado sus filas, y que entre febrero y mayo de 2013 pasaron de tener 1.994 miembros a contar con 2.369 miembros[748].

La prestigiosa ONG Nuevo Arco Iris informó que los grupos sucesores de los paramilitares habían expandido su presencia de 209 municipios en 2011 a 337 en 2012 [749] . Los datos gubernamentales sobre el desplazamiento forzado que se indican a continuación también sugieren, de manera convincente, que la presencia de los grupos es más amplia de lo informado por la Policía.

Los grupos sucesores ejercen el control social sobre comunidades rurales y urbanas. Durante visitas a Córdoba y Urabá realizadas en abril de 2013, por ejemplo, distintas autoridades y líderes de desplazados describieron a Human Rights la vigilancia y el control que los Urabeños mantienen sobre la vida diaria de las personas, incluida la posibilidad de circular libremente. Un líder de un territorio colectivo afrocolombiano en Chocó contó que miembros de los Urabeños —que se visten de civil y portan armas cortas— tienen una presencia constante y amenazadora en su comunidad, e incluso duermen en las viviendas de algunos residentes: “Vigilan, amenazan, controlan hasta problemas intra-familiares. Ellos se meten con todo”[750]. Según un funcionario de la policía judicial de Urabá, a pesar de que muchos miembros han sido capturados, “[l]os Urabeños siguen con la misma influencia.... El control se ve porque, al ser policía judicial, al ingresar a una zona rural se ve el temor de la comunidad de hablar sobre asuntos relacionados con ellos…. Es un miedo muy gigante que tiene la gente”[751].

En algunas zonas, el control social puede afectar la libertad de reunión de los miembros de las comunidades, incluso en relación con la restitución de tierras[752]. Un funcionario que trabaja en restitución de tierras en Urabá manifestó que la región tiene “zonas de control total de los Urabeños ... [los] Urabeños son hegemónicos en esta zona.... Hay zonas de control paramilitar fuertes, fuertes”[753].

El poder que aún detentan los grupos sucesores se refleja también en que continúan cometiendo abusos graves y generalizados contra civiles. Tal como lo expresa la OACNUDH en su informe de 2012 sobre Colombia:

Los grupos post-desmovilización son considerados por todos los sectores una de las mayores amenazas para el orden público y responsables del mayor número de asesinatos, violaciones, actos de explotación sexual, violencia física y psicológica, desplazamientos forzados, extorsiones, hostigamientos y amenazas. Su presencia y actividades coercitivas siguen causando estragos en la vida comunitaria.... La policía y la Fiscalía General han diseñado una estrategia integral ... que ha dado lugar a una serie de detenciones y condenas importantes. Sin embargo, esto aún no ha reducido significativamente el número de violaciones cometidas por estos grupos[754].

También en este mismo sentido, el informe 2012 del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre Colombia señaló que “Hoy, las denominadas bandas criminales causan tantas o más muertes, amenazas, desplazamientos y desapariciones” que el conflicto armado interno entre las FARC y las fuerzas del Estado[755].

Las estadísticas gubernamentales sobre desplazamiento forzado compiladas por la Unidad de Víctimas revelan el dramático efecto de estos grupos para la situación humanitaria y de derechos humanos en toda Colombia. Aproximadamente 30.000 colombianos desplazados de 466 municipios en 2011 identificaron a grupos sucesores de los paramilitares (Bacrim) como el actor armado responsable de su desplazamiento[756]. (Al momento de la redacción del presente documento, el gobierno no había dado a conocer estadísticas completas de desplazamiento correspondientes al año 2012 con indicación de los presuntos responsables[757]). Asimismo, más de 3.000 colombianos desplazados de 242 municipios señalaron como responsables a “autodefensas”, lo cual refleja la continuidad entre las AUC y los grupos sucesores de paramilitares desde la perspectiva de las víctimas[758]. Estas cifras no son representativas de la verdadera magnitud del problema, ya que frecuentemente las autoridades se negaron a registrar a víctimas desplazadas por grupos sucesores de los paramilitares[759].

La Defensoría del Pueblo también ha denunciado gran cantidad de abusos por parte de estos grupos. En 2011, recibió más de 1.300 denuncias de posibles violaciones del derecho internacional humanitario por parte de grupos sucesores de paramilitares, lo cual representa más de la mitad del total de violaciones denunciadas y atribuidas a actores armados identificados durante ese año. [760] Según la Defensoría del Pueblo, la situación no mejoró en 2012. En noviembre de 2012, el Defensor del Pueblo de Colombia Jorge Armando Otálora envió una carta al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón expresando su preocupación ante los abusos cometidos por los grupos sucesores. En esa carta señaló:

A juicio de la Defensoría del Pueblo la situación humanitaria tiende a empeorar por el incremento de las dinámicas de violencia y conflictividad que se presentan en algunas regiones, evidenciando la debilidad del Estado en responder a sus efectos y en brindar la asistencia a víctimas, especialmente, de aquellas que son agredidas y violentadas por las mal llamadas Bacrim[761].

En reiteradas oportunidades, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la amenaza que representan los grupos sucesores para la población civil. Entre enero y octubre de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas emitió 41 informes sobre 20 departamentos, en los cuales informó acerca de 41 situaciones de riesgo inminente de abusos, como desplazamientos forzados, asesinatos, reclutamientos forzados y “desapariciones”. De tales informes, el 83 por ciento identificó a grupos sucesores de los paramilitares como el origen del riesgo. (El 80 por ciento identificó a las FARC como el origen del riesgo, en tanto cada informe puede identificar múltiples fuentes de riesgo de abusos)[762].

Un informe de riesgo emitido en 2012 hacía referencia a los municipios de Segovia, Remedios y Zaragoza en Antioquia, en los cuales, según la Defensoría del Pueblo, los Urabeños y Rastrojos estaban cometiendo asesinatos y desplazamientos forzados. En Segovia, un municipio con aproximadamente 38.000 residentes, se informó que 143 personas habían sido asesinadas entre enero y octubre de 2012, lo cual equivale a una tasa de homicidios de aproximadamente 376 por cada 100.000 personas (la tasa nacional está próxima a 33 por cada 100.000)[763].

Otro informe de riesgo de 2012 se enfocó en la ciudad portuaria de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, donde predomina la población afrocolombiana. Allí, según lo señala la Defensoría del Pueblo, la violencia de los grupos sucesores de los paramilitares provocó el desplazamiento forzado de 3.900 personas durante un período de dos semanas, entre el 14 de octubre y el 1 de noviembre de 2012[764].

En una declaración pública de noviembre de 2012, la Diócesis de Buenaventura denunció la agudización del conflicto entre “‘La Empresa’ y los Urabeños” en la ciudad: “diezmado por los homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas ... [e]l miedo se ha inoculado en cada célula de la población, sin poder generar formas de sobrevivencia en medio de esta prolongada guerra”[765].

Tolerancia y connivencia por parte de miembros de la fuerza pública

• Los grupos sucesores aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública. Human Rights Watch planteó este problema en su informe de febrero de 2010, Herederos de los paramilitares, donde se observa que dicha corrupción obstaculiza la posibilidad de llevar un seguimiento de los grupos, confrontarlos y asegurar que rindan cuentas[766]. El problema persiste en distintas regiones del país, según pudo comprobar Human Rights Watch a través de entrevistas con distintos funcionarios nacionales y locales, observadores internacionales y víctimas, entre otras fuentes[767].
• Un alto oficial la inteligencia policíal reconoció a Human Rights Watch que la connivencia entre policías y grupos sucesores representa un problema en todo el país, e indicó que: “En donde haya Bacrim, hay corrupción con la policía”[768]. De manera similar, un alto funcionario de la UNP describió como “muy serio” el problema de la infiltración de estos grupos en la Policía a nivel local[769]. El funcionario manifestó, por ejemplo, que una estación de Policía en un municipio de Urabá estuvo “al servicio” de los Urabeños hasta principios de 2012[770]. En marzo de 2012, la Policía informó que había 258 investigaciones disciplinarias en curso contra miembros de esta fuerza por presuntos vínculos con grupos sucesores de los paramilitares[771].
• El director de la unidad de la Fiscalía que investiga a grupos sucesores de los paramilitares también reconoció el problema de la corrupción entre funcionarios públicos, incluida la fuerza pública. Le dijo a Human Rights Watch que los grupos sucesores frecuentemente “tienen vínculos con todo tipo de servidores públicos en todas las zonas donde tienen presencia”[772].
• El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha manifestado preocupación por el problema, y señaló en agosto de 2012 que “persisten los señalamientos sobre connivencia entre miembros de la fuerza pública y las BACRIM en algunas regiones”[773]. Según el Departamento de Estado, “las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles deberían trabajar más enérgicamente para investigar las denuncias de connivencia con los grupos armados ilegales, que aún continúan”[774].
• Las evidencias sugieren que el problema es especialmente alarmante en regiones como Urabá y Córdoba. Un fiscal que impulsa investigaciones vinculadas con derechos humanos en Córdoba y Urabá explicó que, en ambas regiones, “[n]o hay una persecución directa de la Fuerza Pública”[775]. Otro fiscal de derechos humanos señaló que, en la fuerza pública de Urabá, hay un alto grado de infiltración paramilitar[776]. En julio de 2012, un fiscal especializado que investiga a grupos sucesores de Córdoba informó que su unidad tenía investigaciones en curso contra dos coroneles de Policía por presuntos vínculos con los Urabeños[777]. Un funcionario que estaba haciendo un seguimiento de la situación de seguridad en Córdoba manifestó que las comunidades denunciaban “constantemente” las relaciones entre los Urabeños y miembros del Ejército y la Policía[778]. Residentes de Urabá y de Córdoba también informaron sobre la existencia de vínculos entre los grupos sucesores y algunos miembros de la fuerza pública[779].

Miembros de la Policía regional suelen restar gravedad a los abusos

“ Es un negocio estar amenazado”.

—Alto oficial policial del departamento de Cesar[780].

Autoridades policiales de diferentes regiones —incluidas aquellas encargadas de coordinar medidas de seguridad vinculadas con la restitución de tierras— han restado gravedad a los abusos contra reclamantes de tierras y sus líderes. Han manifestado esta postura de diversas maneras, que van desde declarar públicamente que los asesinatos no están relacionados con la labor de activismo de las víctimas antes de que los hechos hubieran sido investigados adecuadamente, hasta plantear de manera indiscriminada y sin fundamentos que los reclamantes inventan amenazas para conseguir que se dicten medidas de protección y obtener así un beneficio económico. Esta actitud —que se ha expresado tanto públicamente como en reuniones privadas con Human Rights Watch— sugiere que al menos algunas autoridades policiales no han asumido seriamente la responsabilidad de proteger a quienes reclaman la restitución. Esta omisión se refleja en los señalamientos de algunos reclamantes de tierras y líderes amenazados de ciertas regiones, que afirman que las rondas policiales —los cuales constituyen la principal medida de protección que brinda la Policía a esas personas— no se aplican de manera consistente.

Se descarta prematuramente la posibilidad de que los asesinatos estén vinculados con la labor de activismo de las víctimas

En algunos casos, altos oficiales de la Policía han declarado públicamente que los asesinatos de reclamantes de tierras y líderes no estaban vinculados con su labor de activismo, antes de que siquiera se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. De este modo, se transmite a los reclamantes el mensaje de que la Policía no considera seriamente el riesgo al cual estos están expuestos como resultado de sus actividades para la recuperación de tierras, lo cual puede minar su confianza en dichas autoridades y reducir así la probabilidad de que se atrevan a solicitar protección o denunciar delitos.

El 14 de abril de 2009, en el municipio de Los Córdobas, departamento de Córdoba, hombres armados dispararon y mataron a Ana Isabel Gómez Pérez, líder municipal de COMFAVIC, una organización de víctimas que reclama la restitución de tierras en la región. Estos hombres armados pertenecían a los Urabeños, según señaló un funcionario judicial que interviene en la investigación del caso de Gómez Pérez, que se encuentra en etapa preliminar, lo cual significa que no hay imputados [781] . Inmediatamente después del asesinato, y antes de que fuera debidamente investigado, el entonces comandante de la Policía de Córdoba, el Coronel Sergio López Miranda, declaró públicamente que el homicidio no tenía relación con el rol de líder de la víctima. Así lo informaron el periódico El Tiempo y varios de sus compañeros de COMFAVIC [782] . No obstante, varios factores sugieren de manera convincente que Gómez Pérez fue agredida debido a su rol de líder.

En primer lugar, Gómez Pérez desempeñaba un rol importante como líder de desplazados que reclaman la restitución de tierras. La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado de prensa que Gómez Pérez “venía desarrollando un intenso trabajo de sensibilización sobre los derechos de las víctimas con familias desplazadas desde el Urabá ..., del Chocó y de Córdoba, a favor de las cuales buscaba la restitución de las tierras de las que fueron desposeídos”[783].

En segundo lugar, Gómez Pérez había denunciado haber recibido amenazas hasta dos semanas antes de ser asesinada, según surge de informes de prensa y declaraciones de miembros de COMFAVIC que fueron entrevistados por Human Rights Watch[784].

Además, otros miembros de COMFAVIC denunciaron haber recibido amenazas y disparos, y haber sido desplazados en 2009 y 2010, incluso por parte de grupos sucesores de los paramilitares. Este patrón de delitos contra miembros de COMFAVIC sugiere que el asesinato de Gómez Pérez estuvo motivado por su rol de activismo.

Cecilia Tuberquia (seudónimo) otra líder de COMFAVIC en Los Córdobas y colega de Gómez Pérez, relató a Human Rights Watch y a las autoridades judiciales que, a fines de febrero de 2009, aproximadamente dos semanas antes del asesinato de Gómez Pérez, recibió una llamada anónima en la cual le dijeron que, si no abandonaba su rol de líder, “[l]e llenaban la cabeza de plomo”[785]. Después de la muerte de Gómez Pérez, Tuberquia la reemplazó como presidenta de una asociación municipal de desplazados vinculada con COMFAVIC. Tuberquia manifestó a autoridades judiciales y a Human Rights Watch que, a fines de marzo y principios de abril de 2010, había sido seguida por un paramilitar desmovilizado y que también fue interceptada en la vía pública por un hombre armado que no se identificó y le ordenó que abandonara la región en el término de tres días[786]. El hombre le preguntó si quería terminar como Gómez Pérez, en una tumba. Poco después de recibir esta amenaza, Tuberquia abandonó Los Córdobas[787]. Según señaló en julio de 2012, seguía ocultándose y tenía graves dificultades para mantener a sus hijos con apenas $ 20.000 pesos por día (lo cual equivale a aproximadamente US$ 10)[788].

El 2 de octubre de 2009, en Montería, varios hombres armados dispararon e hirieron a Mario Montes de Oca, abogado y representante legal de COMFAVIC. Tras la agresión, la Defensoría del Pueblo informó que Montes de Oca “[r]epresenta cerca de 5.000 procesos de reclamación por desplazamiento forzado y usurpación de tierras, entre otras violaciones cometidas por los grupos paramilitares en los departamentos de Córdoba y Antioquia”[789]. Alberto Luis Pastrana Soto, quien colaboraba con COMFAVIC como mensajero, perdió la vida en ese atentado. Las amenazas de muerte contra miembros de COMFAVIC continuaron durante enero de 2010[790].

En algunos casos en que la causa de la muerte de los reclamantes no estaba clara, las autoridades policiales han descartado, prematuramente y sin motivos suficientes, la posibilidad de que la víctima haya sido asesinada. Por ejemplo:

• El 16 de noviembre de 2011, el cuerpo sin vida de Alejandro Padilla, miembro de Tierra y Vida que reclamaba tierras de las cuales había sido desplazado por paramilitares de Urabá, fue hallado en un puente de la zona rural de Arboletes, Antioquia. (Ver más información sobre el caso Tierra y Vida en la sección “Tierra y Vida in Urabá”). Varios activistas y otras fuentes cercanas a Padilla consideran, con argumentos válidos, que fue asesinado deliberadamente, tal como lo señaló también la OACNUDH en su informe anual de 2011[791]. Esta conclusión se coincide con pruebas circunstanciales como el patrón de abusos contra miembros de Tierra y Vida, y en la considerable presencia de Urabeños en el lugar donde Padilla vivía y fue asesinado[792].

Padilla había participado en reclamos por tierras en la zona de Filo de Caballo en Necoclí, Antioquia, donde, según indicaron víctimas de la región, las AUC se habían apropiado de vastas extensiones de tierras, que luego habían sido heredadas por líderes de los Urabeños[793]. Padilla, que trabajaba como conductor de mototaxi, salió de su vivienda en el corregimiento de Mello Villavicencio, Necoclí, el 16 de noviembre de 2011, para llevar a un cliente. La persona que había llamado para solicitar el viaje tenía vínculos con un paramilitar de la zona, según señalan fuentes creíbles cercanas a Padilla entrevistadas por Human Rights Watch, que pidieron que su identidad no fuera revelada por razones de seguridad[794]. Padilla nunca regresó a su hogar, y más tarde, esa misma noche, su familia recibió una llamada en la cual se le informaba que había sido hallado muerto. A la mañana siguiente, miembros de la familia Padilla recogieron su cuerpo en Arboletes, Antioquia. El cuerpo estaba sobre un pequeño puente que cruzaba un río, y su motocicleta fue encontrada debajo de este puente, según indicó el fiscal a cargo del caso[795]. Fuentes confiables cercanas a Padilla manifestaron que miembros de grupos sucesores de los paramilitares estuvieron presentes cuando su familia retiró el cuerpo el 17 de noviembre[796]. Al día siguiente, Tierra y Vida emitió una declaración en la cual denunciaba que Padilla había sido asesinado[797].

Inmediatamente después de la muerte de Padilla, antes de que el hecho hubiera sido correctamente investigado, medios locales informaron que el Coronel Jaime Ávila Ramírez, entonces comandante de la Policía de Urabá, había declarado públicamente que esta persona no había sido asesinada, sino que había fallecido en un accidente de motocicleta [798] . En una entrevista posterior con Human Rights Watch, el actual comandante de la Policía de Urabá también insistió en que Padilla había muerto en un accidente de motocicleta [799] . (Ver más información sobre declaraciones prematuras, por parte de la Policía de Urabá, acerca de que el asesinato de Manuel Ruiz no tenía relación alguna con su rol como activista en la sección “Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó”).

El actual comandante de la Policía de Urabá basó su afirmación sobre la causa de la muerte de Padilla en el informe de autopsia, y sostuvo que dicho documento establecía claramente que la muerte se debía a un accidente[800]. No obstante, el fiscal a cargo del caso de Padilla manifestó a Human Rights Watch que el informe de la autopsia no era concluyente respecto de cómo Padilla había sufrido las lesiones que le causaron la muerte, y dejó abierta la posibilidad tanto de que hubiera sido asesinado como de que hubiese perdido la vida en un accidente[801]. El informe, que fue leído a Human Rights Watch, indicaba que Padilla había fallecido como consecuencia de lesiones en la cabeza que le habían causado daño cerebral y shock neurogénico. Una persona que vio un video del cadáver de Padilla manifestó a Human Rights Watch que la cabeza se veía “muy golpeada” e hinchada[802].

El fiscal afirmó que su investigación no había determinado si Padilla fue asesinado o murió en un accidente de tránsito, pero el único indicio de que había fallecido en un accidente era que había sido hallado muerto junto a una motocicleta sobre una carretera pública [803] . Según relató, no había testigos directos en el lugar de los hechos. Esto sugiere, como mínimo, que la Policía arribó a una conclusión antes de que las autoridades contaran con pruebas para sustentarla.

Fuentes cercanas a Padilla explicaron que, después de su muerte, la familia decidió no continuar con los reclamos por tierras y que, por temor, no han hablado con las autoridades judiciales que investigan el caso[804]. Hasta julio de 2013, la investigación se encontraba en la etapa preliminar[805].

Se resta gravedad a las amenazas

En reuniones mantenidas con Human Rights Watch, policías de diferentes regiones —incluidos algunos que se ocupan de coordinar las medidas de seguridad para la restitución de tierras— minimizaron la gravedad de las amenazas contra reclamantes de tierras. En algunos casos, las autoridades sugirieron que las víctimas habían inventado las amenazas a fin de recibir medidas de protección y obtener así un beneficio económico. Por ejemplo:

• Policías de alto rango del departamento de Cesar manifestaron, en julio de 2012, que habían recibido denuncias de amenazas contra 25 reclamantes de restitución de tierras en el departamento[806]. En aquel momento, la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar informó sobre la existencia de una cantidad similar de casos, y Human Rights Watch se reunió con aproximadamente una decena de líderes y reclamantes del departamento que habían denunciado graves amenazas (ver más información sobre el departamento de Cesar en la sección “Comunidad El Toco en San Diego, departamento de Cesar”). No obstante, policías del departamento de Cesar indicaron a Human Rights Watch que la mayoría de las denuncias se realizaban con el objeto de solicitar medidas de protección que redundaban en una ventaja económica para los beneficiarios.

Los policías afirmaron, en forma indiscriminada, que los reclamantes “No quieren trabajar, sólo quieren vivir del estado. Han optado por ese estilo de vida”. Un oficial de alto rango expresó: “La gente está fingiendo amenazas en muchísimos casos.... Es un negocio estar amenazado”[807].

Por ejemplo, un oficial de la Policía no evaluó con seriedad una amenaza denunciada por Fredy Rodríguez Corrales, líder de ASOCOL, una asociación que agrupa a numerosas familias de desplazados que reclaman, a través de INCODER, la devolución de más de 1.000 hectáreas de tierra en la hacienda Bella Cruz, en el sur del departamento de Cesar.

Los residentes de Bella Cruz fueron desplazados por paramilitares en 1996, y la justicia determinó posteriormente la responsabilidad administrativa por omisión del Ejército y la Policía de Colombia, junto con otras autoridades, en este incidente[808]. Francisco Alberto Marulanda, hermano del anterior Ministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda, habría contratado a las AUC para que operaran en la hacienda Bella Cruz y desplazaran de allí a los campesinos, según el testimonio judicial ofrecido por un paramilitar desmovilizado en 2010[809]. Francisco Alberto Marulanda fue condenado por vínculos con paramilitares en 2003. Esta condena fue apelada y Marulanda fue absuelto en 2006[810]. En 2008, la familia Marulanda vendió tierras de la hacienda Bella Cruz a una compañía privada, que desarrolló allí cultivos de palma africana para la producción de aceite[811].

En enero de 2012, Rodríguez Corrales recibió en su vivienda una nota por medio de la cual se le invitaba, a él y a otros líderes de ASOCOL, a sus propios funerales. La nota estaba firmada por el “Grupo Armado Antirrestitución del César”[812]. Cuando Human Rights Watch preguntó a oficiales del Policía de Cesar acerca del caso Rodríguez Corrales, estos sugirieron que él había inventado la amenaza para beneficiarse con medidas de protección. Un oficial se refirió a Rodríguez Corrales diciendo que formaba parte de la “gente que se volvió experta en demandar al Estado”[813].

Sin embargo, la reiteración de las amenazas y actos de intimidación denunciados en 2012 y 2013 por Rodríguez Corrales y varios otros líderes de ASOCOL, así como las versiones que distintas autoridades presentaron respecto de estos incidentes, sugieren de manera clara que ambos enfrentan graves riesgos de seguridad[814]. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo informó en junio de 2012 que los líderes de ASOCOL “han venido siendo objeto de reiteradas amenazas y hostigamientos ... hechos detrás de los cuales, al parecer, estaría una estructura de “Los Urabeños” ... En varias ocasiones los pobladores locales han informado a este despacho haber visto la circulación de hombres fuertemente armados en las inmediaciones de los predios que se espera sean restituidos”[815].

Menos de dos meses después, el INCODER denunció públicamente que, cuando sus funcionarios intentaron llevar a cabo una inspección de la hacienda Bella Cruz junto con líderes de ASOCOL como parte del proceso de restitución de tierras, una empresa de seguridad privada impidió que los líderes ingresaran en la propiedad. INCODER afirmó que “es necesaria la participación de estas asociaciones en la inspección ocular, pues fueron quienes solicitaron al Instituto la realización del proceso. Además, se trata de población campesina vulnerable, en situación de desplazamiento forzado, y que se encuentra amenazada”[816]. Con respecto al incidente con la empresa de seguridad, un líder de ASOCOL informó a la Defensoría del Pueblo que “varios hombres armados de civil ... empezaron a tomarnos fotografías a los quince campesinos”[817].

Durante una entrevista con Human Rights Watch, un policía que coordinaba medidas de seguridad para la restitución de tierras en Carmen de Bolívar, Bolívar, manifestó displicencia en cuanto a las denuncias sobre actos de intimidación contra el líder de restitución de tierras Gustavo Arrieta. (Ver más información sobre el caso de Arrieta en la sección “La Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar”). Al momento de la entrevista, Arrieta y otras personas que reclamaban la restitución de tierras habían denunciado haber sufrido actos de intimidación en los cuales estaba involucrado José Méndez, quien ha sido señalado por funcionarios públicos, líderes de restitución de tierras y en varias denuncias penales como responsable de reiterados hechos de intimidación contra desplazados que participaban en disputas por terrenos en Carmen de Bolívar. Un alto funcionario de la alcaldía de Carmen de Bolívar expresó a Human Rights Watch que “[l]o que se percibe es que José Méndez está prestando servicio para sacar a la fuerza a algunas personas en predios que están en conflicto”[818].

No obstante, el policía indicó que no existían amenazas serias por parte de Méndez en contra de Arrieta, ni tampoco contra ningún otro reclamante de Carmen de Bolívar. Por el contrario, afirmó que Méndez sostenía que había sido Arrieta quien lo había amenazado[819]. Arrieta negó esta aseveración, cuya veracidad parece sumamente improbable teniendo en cuenta las denuncias sobre actos de intimidación que varios reclamantes y líderes de restitución de tierras realizaron contra Méndez[820]. Según un funcionario que trabaja en restitución de tierras en la región, “en todos los casos de amenazas aparece José Méndez”, y las autoridades de la fuerza pública responsables de la seguridad en la restitución de tierras “no han tomado acciones frente a Méndez”[821]. Este funcionario expresó que “es muy frecuente que ... la fuerza pública desestime las amenazas contra reclamantes. Siempre les parece que es mentira todo”[822].

Falta de continuidad en la protección policial

Es posible que la actitud de al menos algunas autoridades policiales de minimizar la gravedad de las amenazas contra reclamantes de tierras influya en la falta de continuidad y/o el carácter inadecuado de la protección policial que se brinda a estas personas. Una de las principales obligaciones de la Policía en la protección de quienes reclaman la restitución de tierras es llevar a cabo “rondas policiales”, es decir, visitar periódicamente las viviendas o lugares de trabajo de personas protegidas y verificar cómo se encuentran. Dichas rondas ayudan a establecer un canal de comunicación entre las autoridades y las víctimas, muestran a los potenciales agresores que las víctimas se encuentran protegidas, y puede promover una sensación de seguridad en beneficio estas últimas.

No obstante, algunos reclamantes de tierras y líderes que supuestamente deberían beneficiarse con las rondas policiales periódicas afirmaron que estas no se llevaban a cabo y que a veces transcurría hasta una semana sin que la Policía los visitara. En otros casos, las víctimas informaron que la Policía realizaban las rondas durante las primeras semanas siguientes a la denuncia de una amenaza, y luego las interrumpían repentinamente. Un funcionario del gobierno nacional que trabaja en la protección de personas en riesgo, incluidos líderes de restitución, también manifestó haber recibido quejas sobre la inconsistencia de las rondas policiales [823] . Cuando las rondas policiales carecen de continuidad, las víctimas se sientan olvidadas por las autoridades y más vulnerables ante la posibilidad de ataques.

Por ejemplo, Carmenza León (seudónimo), una líder destacada del capítulo de Tierra y Vida en Urabá, que actualmente dirige las iniciativas de su comunidad para recuperar tierras en el marco de la Ley de Víctimas, informó a las autoridades judiciales y a Human Rights Watch sobre una serie de amenazas que había sufrido en 2012 y 2013. (Ver más información sobre el caso de León en la sección “Tierra y Vida en Urabá”). El 11 de julio de 2012, León denunció una amenaza ante la Fiscalía. En respuesta, funcionarios judiciales pidieron a la Policía que se le brindaran medidas de protección, indicando que había sufrido amenazas[824]. León manifestó que recién recibió una visita policial el 17 de julio y que el policía le pidió que firmara un registro donde se hacía constar que la había visitado todos los días de la semana anterior[825].

León abandonó temporalmente el pueblo donde vivía, y regresó posteriormente a principios de marzo de 2013. Dijo que, después de su regreso, la Policía solamente la visitó una vez durante un período de más de un mes, y que estaba tan atemorizada que muy rara vez salía de su casa[826]. A principios de abril, León llamó a la estación policial local para solicitar protección, y dijo que, mientras estaba en línea, oyó que un policía decía a un colega: “Ahí está la estúpida en la línea”. La Policía no le brindó la protección solicitada[827]. El 24 de abril, un miembro de Tierra y Vida encontró una amenaza de muerte dirigida a León debajo de la puerta de la oficina de Tierra y Vida en Apartadó. La nota decía: “Quieren tierra se la vamos a tirar encima ... Carmensa (sic) León te tenemos ubicada”. La amenaza estaba firmada por las autodenominadas “AGC”, que presuntamente significa Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre utilizado por los Urabeños[828].

León dijo a Human Rights Watch que acude con menos frecuencia a la oficina de Tierra y Vida, y ahora tiene un rol menos activo en el proceso de restitución debido a la falta de apoyo y de garantías de seguridad por parte de las autoridades[829].

Agradecimientos

Max Schoening, investigador sobre Colombia de Human Rights Watch, es el autor del presente informe. La edición del informe estuvo a cargo de Nik Steinberg, investigador sénior de la división de las Américas, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de esta división, Joe Saunders, subdirector de programas, Danielle Haas, editora sénior del Departamento de Programas, y Aisling Reidy, asesora legal sénior. Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas, y Maria McFarland, subdirectora del programa sobre Estados Unidos, participaron en misiones de investigación para este informe. Las asociadas Mariana Dambolena, Sylvie Stein y Teresa Cantero colaboraron con aspectos de logística y producción. El consultor Alex Fattal brindó apoyo a una misión de investigación en Urabá. Los pasantes Carolyn Smalkowski, Anthony Enriquez y Sara Ferrer Valencia fueron de gran ayuda para la investigación. La producción del mapa estuvo a cargo de Brian Root y Grace Choi. Fitzroy Hepkins colaboró con la producción del informe. El informe fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch agradece a los funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones internacionales y reclamantes y líderes de restitución de tierras que aceptaron hablar con nosotros. Muchos de ellos expresaron un firme compromiso con el éxito de la restitución de tierras y llevan a cabo su trabajo en un contexto de riesgo para su propia seguridad.

Human Rights Watch agradece en particular a todas las víctimas que aportaron su testimonio. En muchos casos, estas personas manifestaron un temor fundado frente a posibles represalias y se trasladaron largas distancias para ser entrevistadas. Reconocemos su gran valentía al aceptar dialogar con nosotros.