Castigados por Protestar

Violaciones de derechos en las calles, centros de detención y el sistema de justicia en Venezuela

Resumen

El 12 de febrero de 2014, miles de personas en toda Venezuela participaron en marchas y manifestaciones públicas en protesta a las políticas del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. En Caracas y varias otras ciudades, se produjeron enfrentamientos violentos entre miembros de fuerzas de seguridad gubernamentales y manifestantes. Tres personas perdieron la vida, decenas resultaron gravemente heridas y cientos fueron arrestadas. Desde entonces, las manifestaciones han continuado y la cantidad de víctimas y detenciones ha seguido en aumento. 

En los días y semanas posteriores al 12 de febrero, Human Rights Watch recibió información sobre graves violaciones de derechos humanos, incluidos abusos cometidos durante operativos gubernamentales destinados a contener las protestas y en el trato impartido a personas detenidas en manifestaciones o zonas aledañas. 

Para investigar estos señalamientos de abusos, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo. Visitamos Caracas y tres estados —Carabobo, Lara y Miranda— y mantuvimos gran cantidad de entrevistas con víctimas de abusos, sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas y defensores de derechos humanos. También reunimos amplias evidencias materiales, como fotografías, grabaciones de video, informes médicos, resoluciones judiciales y expedientes de casos. Asimismo, obtuvimos y analizamos informes gubernamentales y declaraciones oficiales sobre las protestas y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Durante nuestra investigación en el país e indagaciones posteriores, documentamos un patrón de graves abusos. En 45 casos, encontramos evidencias convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que incluían violaciones del derecho a la vida; la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; los derechos a la integridad física, la seguridad y la libertad; y las garantías de debido proceso. Estos abusos se vieron agravados por la actitud de funcionarios del Ministerio Público y del poder judicial que conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra manifestantes y detenidos, incluidas serias violaciones de sus derechos de debido proceso.

Los relatos ofrecidos por las víctimas en estos 45 casos —junto con pruebas confirmatorias reunidas a través de una diversidad de fuentes— aportaron evidencias creíbles de que más de 150 personas fueron víctimas de graves abusos en incidentes relacionados. (Para mayor información sobre el modo en que llevamos a cabo nuestra investigación y los casos documentados, ver la sección “Metodología” de este informe).

En la mayoría de los casos que documentamos, miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza, que incluyó disparar y golpear brutalmente a personas que no estaban armadas. Casi todas las víctimas fueron además arrestadas y, mientras permanecieron detenidas, sufrieron abusos físicos y psicológicos. En al menos 10 casos, los abusos claramente constituyeron tortura. 

Nuestra investigación determinó que en los tres estados y en Caracas miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que violentas pandillas armadas partidarias del gobierno agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas en los ataques. 

El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad. Más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales han resultado heridos en el contexto de protestas, y al menos nueve murieron, según datos del gobierno. Todos los delitos —incluidos aquellos cometidos contra miembros de fuerzas de seguridad, manifestantes y transeúntes— deben ser investigados rigurosamente y los responsables deben rendir cuentas ante la justicia. Asimismo, las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de detener a personas cuando son descubiertas en el momento en que están cometiendo un delito.

Sin embargo, en los 45 casos de violaciones de derechos humanos que documentamos, las evidencias indicaron que las víctimas de uso ilegítimo de la fuerza y otros abusos no estaban participando en actos de violencia u otras actividades delictivas en el momento en que miembros de las fuerzas de seguridad venezolana actuaron contra ellas. Por el contrario, testimonios de testigos, grabaciones de video, fotografías y otras evidencias sugieren que las víctimas no estaban armadas y no eran violentas. De hecho, algunos de los abusos más graves que documentamos fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.      

La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de estos abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas. 

En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. En 13 de los casos investigados, miembros de las fuerzas de seguridad persiguieron a personas que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Aproximadamente la mitad de estas personas eran periodistas profesionales, mientras que la otra mitad eran manifestantes o transeúntes que utilizaban sus teléfonos celulares para documentar el uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad.

Además del uso ilegítimo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, casi la totalidad de los 45 casos implicaron violaciones de las garantías de debido proceso. Entre estos actos se incluyeron mantener a los detenidos incomunicados, negarles el acceso a un abogado hasta minutos antes de haber sido llevados ante un juez y, en varios casos, sembrarles pruebas falsas para poder imputarles delitos. A menudo algunos jueces confirmaron el procesamiento de detenidos sobre la base de evidencias dudosas presentadas por la fiscalía, sin someter las pruebas a un examen riguroso ni indagar de qué modo los presuntos implicados que fueron presentados ante ellos habían sufrido lesiones que eran visibles.

Numerosos fiscales y jueces reiteradamente hicieron caso omiso de evidencias que indicaban que los detenidos habían sido sometidos a abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, como no tomar en cuenta signos evidentes de abuso físico, o interrogar a detenidos en establecimientos militares, donde claramente no tenían acceso a abogados.

Altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el Presidente Nicolás Maduro y la Fiscal General de la República, han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales han cometido violaciones de derechos humanos durante su intervención en manifestaciones desde el 12 de febrero. Se han comprometido a que los responsables de tales abusos serán investigados y juzgados, y el Ministerio Público informó recientemente que está impulsando 145 investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos, y que 17 agentes de seguridad han sido detenidos por su presunta participación en estos casos. Al mismo tiempo, el Presidente Maduro, la Fiscal General de la República y otros funcionarios gubernamentales también han señalado reiteradamente que los casos de violaciones de derechos humanos representan incidentes aislados, y que no constituyen evidencia de un patrón más amplio de abusos.

Si bien las investigaciones de Human Rights Watch no pudieron documentar la magnitud total de las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela en respuesta a las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 12 de febrero, nuestro trabajo nos permite concluir que los abusos no fueron casos aislados o excesos de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que formaron parte de un patrón más extendido del cual deben o deberían haber tenido conocimiento altos funcionarios civiles y de las fuerzas de seguridad, y que parecieran, como mínimo, haber tolerado. Que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas relevado por este informe, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad venezolanas. 

Fiscales y funcionarios judiciales que deberían haber actuado con independencia de las fuerzas de seguridad —y que en función de su rol deberían haber advertido e intervenido para que cesaran los abusos contra detenidos— en vez de eso hicieron caso omiso y, en algunos ejemplos, fueron activamente cómplices de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Algunos fiscales contribuyeron a distintas violaciones de las garantías de debido proceso, como interrogar a los detenidos sin que estuviera presente un abogado defensor, lo cual no está permitido por el derecho venezolano. Tanto fiscales como jueces omitieron controlar minuciosamente evidencias falsas que fueron sembradas o inventadas por miembros de las fuerzas de seguridad, y celebraron audiencias para fijar los cargos contra múltiples detenidos que no tuvieron antes acceso adecuado a asistencia letrada.

La magnitud de las violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados —y que persistieron, como mínimo, durante el período de seis semanas examinado por este informe— demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos del poder del Estado. También refuerza la conclusión de que el poder judicial de Venezuela ha pasado de ser una rama independiente de gobierno a transformarse en un sector sumamente politizado, tal como fue documentado anteriormente en diversos informes de Human Rights Watch [1] .

Violencia por parte de manifestantes

Human Rights Watch examinó declaraciones gubernamentales que señalaron que manifestantes habrían participado en actos de violencia y otros delitos en varias partes del país desde el 12 de febrero. También recabamos y analizamos informes de medios, grabaciones de video y fotografías publicadas en Internet que presuntamente muestran actos de violencia cometidos por manifestantes durante protestas. Como se señala más adelante, el gobierno venezolano sostiene que las protestas tuvieron un saldo de 41 víctimas fatales, que atribuye en su mayoría al accionar de manifestantes.

El delito que más comúnmente se atribuye a los manifestantes es la obstrucción de calles y otras vías de tránsito, ya sea mediante la instalación de barricadas fijas o la presencia de manifestantes que no obtuvieron autorizaciones oficiales para sus actividades. A su vez, en múltiples ocasiones, personas que participaron en protestas han atacado a miembros de fuerzas de seguridad con piedras, cócteles Molotov y hondas. En contados incidentes, se informó que manifestantes habrían disparado morteros de fabricación casera.

Por ejemplo, en imágenes tomadas por un fotógrafo de Reuters el 6 de abril de 2014, se ve a jóvenes que parecen ser manifestantes mientras disparan una especie de mortero improvisado [2] . La leyenda de la fotografía indica: “Manifestantes contra el gobierno disparan un mortero rudimentario contra policías durante disturbios en Caracas el 6 de abril de 2014”. Otras fotografías tomadas por el mismo fotógrafo muestran a distintos hombres con el rostro cubierto que exhiben y disparan lo que parecen ser morteros de fabricación casera el 26 y 27 de febrero de 2014 [3] . Según la leyenda de las fotografías, los hombres que llevaban los morteros eran manifestantes contrarios al gobierno que participaban en protestas en San Cristóbal, en el estado de Táchira.

Human Rights Watch también pudo identificar múltiples fotografías y videos que aparentemente muestran a manifestantes antigubernamentales que arrojan cócteles Molotov a miembros de las fuerzas de seguridad [4] . En algunas imágenes se ve a miembros o vehículos de las fuerzas de seguridad cuando son envueltos por las llamas provocadas por cócteles Molotov. Por ejemplo, NTN24 publicó en Internet un video grabado con un teléfono celular donde se ve a varias personas que arrojan cócteles Molotov contra un vehículo blindado gubernamental que, como resultado, se prende fuego [5] . NTN24 informó que el vehículo había estado lanzando agua y gases lacrimógenos mientras intentaba derribar barricadas instaladas en una calle de Caracas [6] .

Otro video publicado en YouTube muestra alrededor de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad que se repliegan en una calle mientras les arrojan piedras. Un objeto con fuego cae a sus pies y estalla, y envuelve en llamas por unos instantes al menos a algunos de ellos [7] . El video fue subido a YouTube el 21 de febrero por un usuario que señaló que había tomado estas imágenes el 18 de febrero de 2014 en el estado de Táchira, e indicó que el explosivo era un cóctel Molotov. El video no muestra quién arrojó las piedras ni el explosivo, pero en varias ocasiones durante la difusión del video en la prensa se señaló que habían sido manifestantes [8] .

Según datos del Ministerio Público, se produjeron 41 víctimas fatales en el contexto de protestas organizadas desde el 12 de febrero [9] . Esas 41 muertes fueron clasificadas del siguiente modo: 27 provocadas por armas de fuego; seis por choques de motocicletas o automóviles atribuidos a la presencia de barricadas; cinco causadas por “otras circunstancias” (que no se especifican); dos personas fueron atropelladas por vehículos; y una murió debido a heridas de arma blanca [10] . La información de pública consulta indica que de estos 41 casos denunciados, en nueve las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios gubernamentales, al menos diez eran civiles que participaban en protestas o las apoyaban, y aproximadamente cuatro eran civiles que apoyaban al gobierno [11] .

El Presidente Maduro ha culpado a la oposición por la mayoría de las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha difundido evidencias que sustenten estos señalamientos. De hecho, sobre la base de información oficial y versiones creíbles que circularon en los medios, hay motivos serios para creer que miembros de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno han sido responsables de algunas de las muertes [12] . De hecho, varios miembros de las fuerzas de seguridad han sido arrestados por su presunta participación en algunos de estos casos [13] .

En casos en que funcionarios públicos han presentado evidencias que pretenden demostrar la responsabilidad de manifestantes en relación con asesinatos, esas evidencias no han sido en absoluto concluyentes. Por ejemplo, en un caso, un gobernador del partido político del Presidente Maduro presentó imágenes de video que mostraban a dos hombres con el rostro cubierto que, desde un techo, parecen estar disparando uno o varios fusiles en hacia la calle [14] . El gobernador aseveró que los hombres armados eran manifestantes contrarios al gobierno y sugirió que eran responsables por el fallecimiento del trabajador Juan Orlando Labrador Castiblanco, quien murió abatido por disparos [15] . En otro discurso, el Presidente Maduro indicó que Labrador había sido asesinado por “francotiradores de la derecha” [16] . El video que mostró el gobernador no indica si los hombres en el techo eran manifestantes contrarios al gobierno, ni tampoco es posible determinar en función de las imágenes si los disparos presuntamente efectuados desde el techo impactaron en personas (Labrador no aparece en el video). No se aportaron evidencias con respecto a la trayectoria de la bala o balas que causaron la muerte de Labrador. En varias noticias difundidas por los medios que confirmaban la muerte de Labrador durante una protesta o en un período próximo a esta (que en ese momento se estaba desarrollando en la Avenida Cardenal Quintero) se incluían declaraciones —de vecinos y del alcalde— que aseveraban que Labrador había muerto por disparos efectuados por pandillas armadas partidarias del gobierno, que actuaban conjuntamente con miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales [17] . Ante la existencia de versiones contradictorias, es trascendental que se efectúe una investigación exhaustiva, imparcial y creíble, que incluya todas las pruebas forenses y evidencias recogidas en el lugar de los hechos, así como el testimonio de testigos.

Uso ilegítimo de la fuerza

Miembros de las fuerzas de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y otras personas, que no estaban armados, en las proximidades de manifestaciones. Entre los responsables de estos actos se incluyen miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo y varias fuerzas policiales estatales. Algunos de los abusos más comunes fueron:

• golpear violentamente a personas que no estaban armadas;
• disparar armas de fuego, perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y
• disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas, incluso, en algunos casos, cuando ya estaban bajo custodia de las autoridades.

Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.

Willie David Arma , de 29 años, fue detenido el 7 de marzo en la calle frente a su vivienda en Barquisimeto, a pocas cuadras del lugar donde se estaba desarrollando una protesta contra el gobierno. Recibió varios disparos con perdigones, algunos efectuados a quemarropa, y luego fue sometido a una prolongada golpiza por tres guardias nacionales, quienes lo golpearon con las culatas de sus fusiles y con sus cascos, a la vez que le preguntaban: “¿Quién es tu presidente?”.

Conforme al derecho internacional, las fuerzas de seguridad gubernamentales podrán aplicar la fuerza durante operativos antidisturbios como último recurso y de manera proporcional a la gravedad del delito que intentan prevenir. Podrán aplicar la fuerza letal únicamente en defensa propia o de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves. Podrán emplear gases lacrimógenos solamente cuando sea necesario y de manera proporcional y no discriminatoria, y no debería ser en espacios cerrados o contra personas que estén detenidas o ya se encuentren bajo el control de autoridades de seguridad pública.

Human Rights Watch documentó que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas recurrieron a la fuerza —incluida la fuerza letal— reiteradamente en situaciones absolutamente injustificadas. En la mayoría de los casos investigados por Human Rights Watch, el uso de la fuerza se produjo en el contexto de protestas que eran pacíficas, según señalaron víctimas, testigos, abogados y periodistas, quienes en muchos casos compartieron grabaciones de video y fotografías que corroboran sus testimonios [18] .

En varios de los casos que investigamos, grupos reducidos de personas cometieron actos de violencia durante las protestas, como arrojar piedras o botellas, o quemar vehículos. En algunos casos, las evidencias sugieren que estos actos se cometieron sin provocación, y en otros pareciera que ocurrieron en respuesta a agresiones de miembros de las fuerzas de seguridad. De cualquier modo, testigos y periodistas que observaron las protestas dijeron de manera coincidente a Human Rights Watch que las personas que realizaron actos violentos en ellas eran una minoría muy reducida, en general de menos de diez personas entre las decenas o cientos de personas presentes.

No obstante, a pesar de que en los actos de violencia participaban grupos reducidos, la respuesta por parte de miembros de las fuerzas de seguridad fue atacar indiscriminadamente a manifestaciones enteras, y en algunos casos incluso a transeúntes que no intervenían en las protestas. En al menos seis incidentes que documentamos, el uso indiscriminado de la fuerza puso en peligro a personas en hospitales, universidades, edificios de departamentos y centros comerciales en las proximidades. Estos actos por parte de miembros de fuerzas de seguridad pusieron en riesgo la integridad de cientos de transeúntes, incluidos niños [19] .

Rodrigo Pérez , de 21 años, sintió el impacto de varios perdigones en su espalda y cabeza mientras corría intentando alejarse de policías estatales que habían comenzado a disparar balas de goma contra manifestantes. Los manifestantes habían estado cortando parcialmente el tránsito en Puerto La Cruz en una protesta contra el gobierno el 7 de marzo. Pérez —que fue alcanzado mientras ingresaba corriendo a un centro comercial en las proximidades— se escondió en una tienda tras ser herido y vio a varios miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales ingresar al patio de comidas del centro comercial y disparar contra civiles no armados que intentaban escapar, y también vio cuando hirieron a otras dos personas.

Arrestos arbitrarios

En la gran cantidad de casos de detenciones documentadas por Human Rights Watch, la mayoría de los detenidos participaban en protestas al momento del arresto. Sin embargo, el gobierno en ningún momento presentó evidencias creíbles de que estos manifestantes estuvieran cometiendo delitos cuando fueron arrestados, una condición que estipula el derecho venezolano para detener a una persona sin la correspondiente orden judicial [20] . Por el contrario, numerosos relatos de víctimas y testigos, grabaciones de video, fotografías y otras evidencias indican que las víctimas participaban pacíficamente en manifestaciones y no estaban incurriendo en ninguna actividad delictiva.

Asimismo, algunas de las personas detenidas incluso simplemente se encontraban en las proximidades de donde se desarrollaban las protestas, pero no participaban en ellas. Entre estos detenidos se incluyen personas que pasaban por zonas donde se producían protestas, o que estaban en sitios públicos próximos. Otros fueron detenidos dentro de propiedad privada, como edificios de departamentos. En todos los casos en que se detuvo a personas dentro de propiedad privada, los miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron a los edificios sin órdenes de allanamiento, y frecuentemente entraron por la fuerza derribando las puertas de acceso.

Luis Augusto Matheus Chirinos , de 21 años, fue detenido el 21 de febrero en Valencia por aproximadamente 10 miembros de la Guardia Nacional en la entrada de una urbanización, donde estaba aguardando a un amigo a quien había ido a buscar. A poca distancia de allí se estaba desarrollando una manifestación contra el gobierno. Fue llevado a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde fue golpeado, amenazado y obligado a repetir que Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela. Matheus fue mantenido incomunicado durante dos días y posteriormente acusado de varios delitos a partir de evidencias que, según sugiere fuertemente nuestra investigación, habrían sido colocadas deliberadamente, y de un informe policial que señala que fue arrestado a dos cuadras de donde en verdad fue detenido.

Pedro González , de 24 años, estaba de visita el 3 de marzo en casa de un amigo que vive en un edificio de departamentos en Caracas cercano a un sitio donde había una marcha. Cuando comenzaron a sentirse dentro del departamento los gases lacrimógenos, llevados por el viento, González salió al patio cerrado del edificio para tomar aire. Minutos después, varios policías irrumpieron por la fuerza en la entrada al edificio, en persecución de un manifestante. Agarraron a González, lo arrojaron al piso y lo arrastraron fuera del edificio, para luego arrestarlo sin motivo aparente.

José Romero , de 17 años, fue detenido el 18 de marzo por guardias nacionales cuando salía de una estación de metro en el centro de Caracas. Un guardia nacional le pidió que mostrara su documento de identidad y, cuando Romero lo hizo, le propinó una bofetada. Romero fue detenido sin que le ofrecieran ninguna explicación y llevado a una carpa sin insignias oficiales, donde permaneció incomunicado y fue amenazado de muerte, golpeado y sufrió quemaduras.

Persecución de periodistas y otras personas que documentaron hechos de violencia

En 13 de los casos de abuso físico documentados por Human Rights Watch, miembros de las fuerzas de seguridad actuaron deliberadamente contra personas que habían tomado fotografías o filmado protestas. Todas estas personas, salvo dos, fueron detenidas arbitrariamente. Aproximadamente la mitad de esas personas eran periodistas profesionales, mientras que la otra mitad eran manifestantes o transeúntes que utilizaban sus teléfonos celulares para documentar el uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad.

En estos casos, mientras agredían o arrestaban a las víctimas, los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados las reprendieron por haber tomado fotografías o por haber grabado los eventos. En varios ejemplos, miembros de las fuerzas de seguridad dijeron a las víctimas que estaban recibiendo su merecido por intentar menoscabar la reputación de las fuerzas de seguridad, o les advirtieron que no debían difundir las imágenes en Internet.

Dayana Méndez Andrade , una periodista de 24 años, se encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.

Ángel de Jesús González , de 19 años, estaba tomando fotografías de un automóvil incendiado luego de una manifestación en Caracas el 12 de febrero cuando se le acercaron cuatro hombres armados vestidos de civil. Uno de ellos le dijo que entregara su teléfono celular, y así lo hizo. A continuación, los hombres (que González luego supo que eran agentes de seguridad gubernamentales) comenzaron a golpearlo sin ningún motivo aparente y lo detuvieron.

En muchos de estos casos —así como en otros en que se detuvo a manifestantes y transeúntes— miembros de la Guardia Nacional y policías confiscaron los teléfonos celulares y las cámaras de los detenidos. En los pocos casos en que a los detenidos se les restituyeron estos aparatos, advirtieron casi siempre que sus fotografías y videos habían sido borrados.

Connivencia con pandillas armadas partidarias del gobierno

En reiteradas oportunidades, miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que, a pocos metros de donde estaban, pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a manifestantes, periodistas, estudiantes o personas que creían que eran opositores del gobierno. En algunos casos, las fuerzas de seguridad colaboraron abiertamente con los agresores que simpatizaban con el gobierno. 

(Las pandillas armadas partidarias del gobierno que llevan a cabo estos ataques son llamadas comúnmente “colectivos”, un término que también se utiliza en Venezuela para referirse a una amplia variedad de organizaciones sociales que apoyan y, en algunos casos, ayudan a implementar políticas del gobierno [21] . La gran mayoría de estos grupos no han participado en comportamientos violentos. Por este motivo, el presente informe utiliza el término “pandillas armadas partidarias del gobierno” para hacer referencia a grupos que cometieron actos violentos aparentemente motivados por su lealtad al gobierno. En los casos en que se utilizó el término “colectivo”, ha sido con el propósito de reflejar con precisión el modo en que fue empleado por alguna fuente en particular).

La respuesta de las fuerzas de seguridad gubernamentales a las pandillas armadas partidarias del gobierno incluyó desde la aquiescencia y la inacción, hasta directamente la colaboración. En algunos casos, a pesar de que hubo miembros de las fuerzas de seguridad presentes en momentos en que pandillas armadas atacaron a manifestantes, no intervinieron para desarmarlas ni para proteger a las víctimas. Por el contrario, las fuerzas de seguridad mantuvieron una postura pasiva, o abandonaron la zona poco antes de que las pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran.

En otros incidentes, encontramos evidencias convincentes de que miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno atacaron en forma coordinada a manifestantes.

Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse. 

En algunos casos documentados por Human Rights Watch, pandillas armadas partidarias del gobierno detuvieron a personas en el marco de protestas o en zonas aledañas, y luego las entregaron a miembros de las fuerzas de seguridad. Estos, a su vez, luego afirmaron falsamente que habían detenido a esas personas en el momento mismo en que cometían delitos, y los fiscales posteriormente formularon cargos contra ellas ante la justicia.

José Alfredo Martín Ostermann , de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía detuvo a las dos víctimas.

Sandro Rivas , de 30 años, se había retirado de una manifestación y se dirigía de regreso a su vivienda en la parte trasera de una motocicleta cuando él y el conductor fueron obligados a detenerse por cuatro hombres armados que circulaban en una camioneta pick-up. Estos hombres vestidos de civil obligaron a Rivas y al conductor a subir a la parte trasera de la camioneta, donde los golpearon y les propinaron patadas reiteradamente, además de amenazar con matarlos. Luego los condujeron hasta un puesto de control de la Guardia Nacional, y allí indicaron a los oficiales que los detenidos habían estado “guarimbeando”, que en lenguaje coloquial hace referencia a manifestantes que cortan calles. Los guardias nacionales arrestaron a los dos hombres sin hacer ningún tipo de preguntas a los hombres armados. 

Todas las personas a quienes entrevistamos que habían sido llevadas por la fuerza, mantenidas cautivas o atacadas por pandillas armadas partidarias del gobierno nos dijeron que fueron golpeadas violentamente, o que sufrieron amenazas o insultos de índole político.

A pesar de evidencias creíbles que señalan que estas pandillas armadas partidarias del gobierno habrían cometido delitos, altos funcionarios gubernamentales instaron abiertamente a grupos a que enfrentaran a manifestantes a través de discursos, entrevistas y mensajes de Twitter. El mismo Presidente Maduro, en múltiples ocasiones, ha instado a grupos civiles leales al gobierno a “apagar la candela” de quienes denominó manifestantes “fascistas”. Por ejemplo, en un discurso transmitido en vivo el 5 de marzo por cadena nacional, Maduro dijo:

... Estas bandas de guarimberos, fascistas, y violentos, hoy también la población de otros sectores del país ya han salido a las calles, yo les hago un llamado a la UBCh, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos: candelita que se prenda, candelita que se apaga [22] .

De manera similar, el 16 de febrero, el gobernador del estado de Carabobo, Francisco Ameliach, emitió un tweet en el cual llamó a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) —un grupo civil que se formó, según el gobierno, como un “instrumento del pueblo para la defensa de sus conquistas, para seguir luchando en la profundización de la Revolución venezolana” [23] — a ofrecer un rápido contraataque a los manifestantes, e indicó que la orden procedería del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un hombre de confianza del Presidente Maduro. El mensaje de Twitter del 16 de febrero, que luego se borró de su perfil, decía:

UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. Diosdado dará la orden. #GringosYFascistasRespeten [24]

Abusos en establecimientos de detención

En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, los detenidos permanecieron incomunicados por lapsos de hasta 48 horas antes de ser llevados ante un juez. Muchas veces fueron retenidos en edificios militares.

Durante este período, miembros de las fuerzas de seguridad sometieron a detenidos a abusos físicos como:

• golpizas con puños, cascos y armas de fuego;
• descargas eléctricas o quemaduras;
• obligarlos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas;
• permanecer esposados a otros detenidos, a veces de a dos y otras veces en cadenas humanas de decenas de personas, durante varias horas seguidas; y
• períodos prolongados de exposición a calor o frío extremo.

Maurizio Ottaviani Rodríguez , de 20 años, fue detenido el 28 de febrero cuando se retiraba de una manifestación en la Plaza Altamira de Caracas. A pesar de que no ofreció resistencia durante el arresto, Ottaviani dijo a Human Rights Watch que los guardias nacionales lo golpearon, lo patearon y los pisotearon. Fue obligado a subir a un autobús escolar con al menos otros 40 detenidos, incluidas varias mujeres y tres menores. Cada detenido estaba esposado a la persona que tenía al lado, y permanecieron en el autobús por dos horas, durante las cuales no se les permitió abrir las ventanas a pesar del calor agobiante que hacía adentro. Miembros de la Guardia Nacional golpearon con rolos a personas dentro del autobús, amenazaron con arrojar allí cartuchos de gases lacrimógenos y dijeron a los detenidos que serían enviados a una cárcel para delincuentes violentos. Los detenidos luego fueron trasladados a la base militar de Fuerte Tiuna, donde permanecieron incomunicados casi un día entero, y no se les permitió hablar con familiares ni abogados. Tan pronto como llegaron, fueron llevados a una capilla y separados en tres grupos: hombres, mujeres y los tres menores. Durante este tiempo, los hombres permanecieron esposados unos a otros formando una cadena humana.

Diversos detenidos también señalaron que fueron sometidos a revisiones físicas invasivas por guardias nacionales, supuestamente con la intención de buscar armas o drogas, lo cual implicó que se quitaran la ropa y ser obligados a hacer sentadillas con el cuerpo desnudo. Al menos uno de los detenidos que fue sometido a estas pruebas degradantes era un joven.

A los detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por severas golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados pedidos para que les permitieran ver a un médico.

En los pocos casos en que personas detenidas con heridas graves fueron llevadas a un hospital o clínica, hubo miembros de las fuerzas de seguridad que se entrometieron durante la atención médica. Se negaron a retirase de zonas restringidas al personal médico cuando les fue solicitado, negaron a los médicos la posibilidad de hablar en privado con los pacientes o cumplir los procedimientos médicos sin que hubiera guardias nacionales o policías presentes, y en algunos casos intentaron llevarse a los detenidos antes de que recibieran tratamiento adecuado o se estabilizara su condición, contrariamente a lo aconsejado por los médicos.

El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.

En varios casos, guardias nacionales y policías sometieron a detenidos a graves abusos psicológicos, los amenazaron con la posibilidad de muerte y violación sexual, y les dijeron que serían trasladados a las extremadamente violentas prisiones del país, a pesar de que todavía no se les había acusado por ningún delito.

En otros casos, guardias nacionales y policías advirtieron a las víctimas que no denunciaran los abusos sufridos, y sugirieron relatos falsos que los detenidos podrían ofrecer para explicar las lesiones sufridas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad.

En al menos 10 casos, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyen tortura. 

Clipso Alberto Martínez Romero , de 19 años, estaba participando en una manifestación en Valencia el 20 de marzo cuando guardias nacionales que circulaban en motocicleta se dirigieron hacia la multitud disparando gases lacrimógenos y perdigones. Fue derribado por guardias nacionales que le propinaron numerosas patadas, aunque él y varios testigos aseguran que no ofreció resistencia. Luego un guardia nacional pisó a Martínez en la cabeza y le disparó balas de goma a quemarropa en el muslo. Una de las balas impactó en un llavero que llevaba en el bolsillo, y esto hizo que pedazos metálicos de las llaves se incrustaran en su pierna junto con los perdigones. Si bien esto le provocó un intenso dolor, los guardias nacionales obligaron a Martínez a trotar, luego lo trasladaron a un establecimiento militar, y allí le exigieron que se desnudara y se sometiera a una revisión física invasiva. Martínez fue obligado reiteradamente por oficiales a que limpiara con su camiseta la sangre que había derramado en el piso. Pidió varias veces que le permitieran ver a un médico, pero en vez de ello fue obligado a permanecer arrodillado junto con otros detenidos durante varias horas. En la sala donde permanecieron retenidos hacía mucho frío, debido a que estaba funcionando un aparato de aire acondicionado a muy baja temperatura. Cuando Martínez pidió a un oficial que apagara el equipo, este respondió poniendo el aparato a máxima potencia. Diversos guardias nacionales ingresaron a la sala donde estaba Martínez para burlarse de él, y varios tomaron fotografías de su herida de bala con sus teléfonos celulares. No fue llevado a un centro médico de emergencia hasta transcurridas aproximadamente tres horas desde el momento en que recibió los disparos. Allí, el profesional médico dijo que estaba sufriendo hipertermia y arritmia posiblemente provocadas por el evento traumático, y que debido a la gran cantidad de sangre que había perdido podía morir si no recibía atención inmediatamente en un hospital.

Juan Sánchez , de 22 años, fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez  había participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de las cárceles más violentas de Venezuela.

Violaciones del debido proceso

Conforme al derecho venezolano, una persona detenida en ocasión de un delito debería ser presentada ante un fiscal en las 12 horas posteriores al momento del arresto. El fiscal cuenta con otras 36 horas, como máximo, para investigar el caso y presentar al detenido ante un juez, y en esta audiencia la persona podrá ser acusada formalmente o liberada [25] . Durante ese período, los detenidos tienen derecho a comunicarse con familiares, un abogado u otra persona de confianza, y a ser informados inmediatamente de los delitos que se les atribuyen [26] .

Human Rights Watch determinó que estas garantías fundamentales de debido proceso fueron violadas en la gran mayoría de los casos documentados en el presente informe.  

Casi siempre los detenidos fueron mantenidos incomunicados durante prolongados períodos, en general de hasta 48 horas, y a veces incluso por más tiempo. Si bien en unos pocos casos documentados por Human Rights Watch los detenidos fueron liberados antes de ser llevados ante un juez, en una abrumadora mayoría el Ministerio Público formuló cargos por varios delitos, independientemente de si existían evidencias de que hubieran cometido un acto ilícito. 

Seis personas , dos de ellas menores de edad, fueron detenidas el 18 de febrero por haber presuntamente vandalizado propiedad de CANTV, la empresa gubernamental proveedora de telefonía e Internet, en Barquisimeto. Si bien los informes policiales indicaron que los acusados fueron aprehendidos mientras escapaban de las oficinas de CANTV, varios testigos y una grabación de video demuestran que al menos cuatro de ellos fueron arrestados en otro sitio. Además del informe policial, la única evidencia presentada por el Ministerio Público contra los detenidos fue un envase de gas abandonado que se encontró cerca de CANTV. A pesar de la falta de evidencias, un juez procesó a los detenidos en relación con ocho delitos, incluidos daños a la propiedad pública, uso de adolescente para delinquir e instigación al odio.

En casi todos los casos investigados, no se permitió a los detenidos ponerse en contacto con sus familiares durante las primeras 48 horas de la detención, a pesar de sus pedidos insistentes en este sentido. A su vez, a familiares de detenidos se les negó reiteradamente el acceso a información que les permitiera determinar si las personas a quienes buscaban habían sido arrestadas, e incluso cuando ya sabían que había sido así, enterarse de dónde se encontraban. Algunos familiares contaron que tuvieron que trasladarse a distintos establecimiento de las fuerzas de seguridad en busca de sus seres queridos, para que en todos lados les dijeran que no estaban allí. En varios casos, las autoridades confundieron deliberadamente a familiares y abogados con respecto al paradero de los detenidos. Cuando los familiares pudieron determinar donde se encontraban —casi siempre como resultado de la búsqueda incesante de abogados y defensores locales de derechos humanos— se les negó la posibilidad de ponerse en contacto con ellos, incluso en el caso de los detenidos que eran adolescentes.

Albany Ottaviani acudió a un establecimiento militar en Caracas el 28 de febrero para preguntar por el paradero de su hermano, Maurizio Ottaviani Rodríguez, de 20 años. Había sido detenido por guardias nacionales más temprano ese día durante una protesta. Dijo que, en el establecimiento, un coronel le indicó a ella y a otros 15 familiares que esperaban afuera que podían ser arrestados por estar parados en una zona militar. Los familiares se retiraron por temor a que su presencia provocara represalias contra los detenidos que, según creían, se encontraban en la base militar. La mañana siguiente, los familiares regresaron a la base, donde guardias nacionales les dijeron que pondrían a disposición un autobús para llevar a las familias a un tribunal donde iban a ser juzgados los detenidos. Los familiares subieron al autobús, pero en vez de ello los guardias nacionales circularon por la ciudad durante varias horas, y luego los dejaron en un sitio que no era donde se llevarían a cabo las audiencias.

Angélica Rodríguez acudió a un establecimiento militar en Barquisimeto el 21 de febrero en búsqueda de su esposo, Jesús María Toval, quien el día anterior había sido detenido por miembros de una pandilla armada partidaria del gobierno y entregado a guardias nacionales. Dijo que un guardia nacional le indicó que no había una lista con los nombres de las personas allí detenidas, por lo cual no podían indicarle si su esposo se encontraba en esa base. Dos horas más tarde —y solamente después de que Rodríguez tuviera una crisis de llanto— otro guardia nacional se le acercó y le dijo en voz baja que efectivamente Toval se encontraba en la base. A pesar de ello, no se permitió a Rodríguez ni al abogado de su esposo ver a Toval hasta dos días después, cuando fue presentado ante un juez para su audiencia.

Diversos abogados contaron a Human Rights Watch que detenidos fueron trasladados constantemente de un centro de detención a otro durante el período en que permanecieron incomunicados —una práctica que se conoce como “ruleteo”— sin que se les informara, ni tampoco a sus familiares ni abogados, adónde serían llevados ni cuándo serían presentados ante un juez.

 También se negó a personas detenidas el acceso a un abogado durante su detención. A algunos abogados que pudieron determinar dónde se encontraban los detenidos —en muchos casos deduciendo el lugar al cual serían llevados en función de información provista por testigos sobre dónde habían sido detenidos y por qué fuerza de seguridad— no se les permitió reunirse con ellos, a pesar de que plantearon reiterados pedidos en este sentido.
 
A prácticamente ninguno de los detenidos se les permitió reunirse con abogados defensores hasta minutos antes de la primera audiencia ante un juez. Tanto abogados como personas detenidas dijeron a Human Rights Watch que estos encuentros en general se produjeron en los pasillos afuera de las salas de justicia, frente a policías, funcionarios judiciales y otros detenidos (a los cuales a menudo se encontraban esposados), en abierta negación de su derecho a tener una audiencia privada.
 
Los abogados, al igual que los detenidos, en general conocieron cuáles eran los cargos presentados por los fiscales durante las audiencias o, como mucho, minutos antes de que comenzaran. Prácticamente no tuvieron tiempo para examinar los documentos judiciales relevantes, como informes policiales de detención o inventarios de supuestas evidencias, que constituyen requisitos indispensables para defender adecuadamente a sus clientes. Diversos abogados dijeron a Human Rights Watch que se les negó este acceso incluso en casos en que las audiencias se demoraron durante horas, con lo cual durante ese tiempo podrían haberse reunido con los detenidos o revisado los expedientes del caso.

Las audiencias se celebraron de manera reiterada e inexplicable en medio de la noche, una práctica que los abogados entrevistados por Human Rights Watch no habían experimentado en otro tipo de casos. Distintos abogados indicaron a Human Rights Watch que, una noche tras otra, fueron obligados a esperar durante horas en tribunales, establecimientos militares o en otros sitios donde se desarrollaban las audiencias, sin recibir ninguna justificación plausible por la demora. Esta rutina resultó extremadamente agotadora, hizo que desperdiciaran tiempo que podrían haber destinado a defender a otros detenidos y provocó que fuera incluso más difícil brindarles una defensa adecuada.

Según indicaron varios abogados y personas detenidas, y conforme surge de expedientes judiciales consultados por Human Rights Watch, las acusaciones presentadas por los fiscales, y las imputaciones que finalmente recayeron contra los detenidos, se basaron casi exclusivamente en informes policiales y, en varios casos, en pruebas que, según aseveran plausiblemente los detenidos, les fueron sembradas. A su vez, personas que fueron detenidas por separado, en distintos momentos y en diferentes lugares —y que en muchos casos ni siquiera se conocían entre sí— en ocasiones fueron acusadas por la fiscalía en una misma audiencia y por los mismos delitos, a veces utilizando las mismas pruebas para todos los acusados, como por ejemplo un pedazo de alambre de púas.

En vez de examinar exhaustivamente la prueba aportada por fiscales y detenidos —tan sólo la apariencia de estos últimos, en muchos casos, constituía prueba más que persuasiva de que habían sufrido abusos— en casi todos los supuestos los jueces no hicieron más que limitarse a ratificar los cargos planteados por los fiscales.

Si bien a la mayoría de los acusados en los casos que investigamos se les concedió la libertad condicional, los jueces muchas veces establecieron medidas cautelares que supeditaban la libertad de los detenidos a que se abstuvieran de ejercer sus derechos fundamentales de libertad de reunión y expresión, como prohibirles que participaran en manifestaciones o hablaran con los medios de comunicación.

Marco Aurellio Coello , de 18 años; Luis Felipe Boada, de 25; Cristian Holdack, de 34; Nelson Gil, de 22; Demian Martin, de 19; y Ángel de Jesús González, de 19; fueron detenidos arbitrariamente el 12 de febrero en seis lugares diferentes en Parque Carabobo o sus inmediaciones, en Caracas, donde se llevaba a cabo una manifestación mayormente pacífica que terminó con incidentes violentos que derivaron en al menos tres muertes, decenas de heridos y varios vehículos oficiales incendiados. Los seis hombres —que, hasta este día, no se conocían entre sí— fueron sometidos a graves abusos físicos durante su arresto y en la dependencia del CICPC de la zona, donde todos ellos permanecieron incomunicados por 48 horas. Durante su detención, no tuvieron acceso a sus abogados y no se les permitió ver a familiares. El 14 de febrero, a las 11 p.m., fueron llevados ante un juez y acusados de varios delitos en función de las pruebas presentadas por la fiscalía, que incluían prendas de ropa que agentes de seguridad habían manchado con gasolina, y fotografías de personas no identificadas que participaron en enfrentamientos con miembros de fuerzas de seguridad y que fueron colocadas junto a las fotografías para el archivo policial tomadas a los hombres en la dependencia policial. El 15 de febrero, a las 5:30 a.m., el juez confirmó el procesamiento de los seis hombres y dispuso su prisión preventiva. A cuatro de ellos se les concedió la libertad condicional el 1 de abril, y fueron liberados a la espera del juicio.

Decenas de abogados y defensores de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que, en un país donde la independencia de fiscales y jueces se ha degradado significativamente en los últimos años, se habían habituado a lidiar con obstáculos en la defensa de detenidos. Sin embargo, todos coincidieron en que la situación empeoró drásticamente después del 12 de febrero. Nunca antes, según dijeron, habían encontrado una cantidad tan grande de obstáculos que afectara a tantos casos.

Funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad que intervinieron para ayudar a detenidos

Es importante destacar que no todos los miembros de las fuerzas de seguridad ni funcionarios judiciales con quienes trataron las víctimas en estos casos participaron en las prácticas abusivas. De hecho, en algunos casos, las víctimas contaron a Human Rights Watch que agentes de seguridad y médicos en hospitales públicos habían intervenido secretamente para ayudarlos o mitigar su sufrimiento.

En algunos casos, miembros de la Guardia Nacional discretamente prestaron un teléfono celular a los detenidos que estaban incomunicados, para que pudieran llamar a sus familiares y decirles dónde estaban, o les pasaron alimentos o agua a escondidas. Algunos miembros de fuerzas de seguridad informaron secretamente a abogados de derechos humanos el paradero de detenidos, o les avisaron cuándo serían llevados ante un juez. En varios casos, médicos y personal de enfermería de hospitales públicos —e incluso aquellos que se desempeñan en centros de salud militares— hicieron frente a miembros de fuerzas de seguridad armados que pretendían que se negara atención médica a detenidos con lesiones graves. Insistieron en que los detenidos recibieran atención médica de urgencia, a pesar de amenazas directas, y es posible que estas intervenciones hayan permitido salvar la vida de víctimas.

  

Temor a denunciar abusos

Numerosas víctimas y familiares con quienes hablamos indicaron que creían que podrían sufrir represalias si denunciaban abusos por parte de policías, miembros de la Guardia Nacional o pandillas armadas partidarias del gobierno. Las víctimas también manifestaron el temor de que, si denunciaban abusos, el Ministerio Público inventara cargos en su contra o —en los casos en que las víctimas ya habían sido acusadas de delitos— los jueces las castigaran condenándolas injustamente o revocando su libertad condicional si ya se les había concedido.

Un abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, que coordina el trabajo de un equipo de abogados penalistas que han brindado asistencia a cientos de detenidos en Caracas, dijo a Human Rights Watch que “en casi ningún caso” las víctimas se sienten seguras como para presentar una denuncia ante el Ministerio Público [27] . Agregó además: “La gente no denuncia porque no confía en las instituciones. Tienen miedo de quién los va a proteger si denuncian” [28] .

En el caso de numerosas víctimas, estos temores se relacionan con amenazas que recibieron de miembros de fuerzas de seguridad durante el período en que permanecieron detenidas. Los detenidos no sólo fueron sometidos a amenazas de muerte reiteradas, sino que varias víctimas que sufrieron abusos físicos graves dijeron que miembros de las fuerzas de seguridad les habían advertido expresamente que no contaran cómo se habían lesionado. En varios casos que investigamos, agentes de fuerzas de seguridad gubernamentales incluso llegaron a sugerir relatos falsos que las víctimas de abusos debían ofrecer para justificar cómo habían sufrido las lesiones. A otras se les indicó que no serían liberadas a menos que firmaran documentos en los cuales constara que no habían sufrido abusos durante la detención. Las víctimas interpretaron estos intercambios como una clara amenaza para que no contaran la verdad acerca de lo sucedido.

Miembros de la Guardia Nacional indicaron a Gengis Pinto, de 36 años, quien había recibido golpes, descargas eléctricas y disparos a quemarropa por parte de miembros de esta fuerza tras ser detenido en una protesta, que dijera que se había llevado por delante un poste y que había recibido un golpe en el rostro a causa de una botella arrojada por otro manifestante.

A Nelson Gil, de 22 años, quien fue golpeado por policías vestidos de civil, agentes del CICPC que observaron sus lesiones le aconsejaron decir que se había caído y que otros manifestantes lo golpearon.

Keyla Brito , de 41 años, su hija de 17 años y otras seis mujeres que fueron detenidas en un establecimiento militar, donde fueron golpeadas y amenazadas por personal femenino de la Guardia Nacional, fueron obligadas a firmar un documento en el cual indicaban que no habían sufrido abusos, a cambio de que las autoridades dispusieran su liberación sin formular cargos.

El fotógrafo Lisandro Barazarte, de 40 años, quien se desempañaba para el periódico “Notitarde” en Valencia, dijo que temió por su vida luego de que se publicaron fotografías en las cuales había captado a pandillas armadas partidarias del gobierno que disparaban armas de fuego contra manifestantes. Barazarte recibió múltiples amenazas de muerte después de que sus fotografías aparecieran en el periódico. “Vivo con incertidumbre porque no sé de dónde van a dispararme”, contó. “En cualquier momento me puede pasar algo”. Cuando dialogó con Human Rights Watch, no había presentado una denuncia sobre las amenazas ante las autoridades por temor a sufrir ataques en venganza.

Varias víctimas expresaron el temor que de la denuncia de delitos pudiera costarles el empleo a ellas o a familiares que trabajaban para el gobierno. En varios casos, estas amenazas fueron explícitas.

Una víctima que sufrió golpizas, disparos y amenazas de muerte tras ser detenida arbitrariamente por miembros de la Guardia Nacional contó a Human Rights Watch que, poco después de ser liberada, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llamaron a su padre para interrogarlo. La víctima contó que su padre era un oficial de carrera en las Fuerzas Armadas venezolanas. Agentes del SEBIN advirtieron al padre que si su hijo continuaba participando en manifestaciones o presentaba una denuncia, el padre sería considerado “contrarrevolucionario” y perdería su trabajo. La víctima contó que dejó de participar en manifestaciones luego de la conversación que el padre mantuvo con el SEBIN, y que había decidido no denunciar ante las autoridades los abusos sufridos, por temor a que su padre perdiera el empleo.

Otra víctima que fue detenida arbitrariamente y golpeada por una pandilla armada partidaria del gobierno dijo que uno de los motivos por los cuales no había presentado una denuncia era el temor a perder su trabajo. La víctima, que es empleada por un ministerio gubernamental, dijo a Human Rights Watch: “Sé que en cualquier momento podrían despedirme”. Contó que se ha mantenido deliberadamente al margen de actividades políticas desde el incidente. 

La renuencia a denunciar abusos se ve agravada por un descreimiento profundo y extendido en el sistema judicial. Numerosas víctimas y abogados se mostraron sumamente escépticos ante la posibilidad de que fiscales y jueces que pertenecen a las mismas instituciones que quienes violaron sus derechos actúen de manera imparcial y profesional al tramitar sus denuncias de abuso.

José Alfredo Martin Ostermann , de 41 años, quien fue llevado ilegalmente por miembros de una pandilla armada mientras caminaba con un amigo en las proximidades del lugar donde se estaba llevando a cabo un acto en apoyo al gobierno, en Caracas, y fue golpeado a plena vista de miembros de la Guardia Nacional y luego entregado policías, dijo que no tenía previsto presentar una denuncia ante las autoridades debido a que estas colaboraban directamente con los agresores. “Yo fui golpeado, amenazado, y detenido en frente de la Guardia Nacional, que se supone que es un órgano del estado, y ellos simplemente dieron media vuelta y se fueron”. Añadió a esto, “Ellos saben en la fiscalía y la policía y no están haciendo nada”.  Presentar una denuncia, aseveró, “hasta puede ser contraproducente. Puede causar una venganza”.

La falta de confianza de las víctimas en el sistema judicial fue puesta de relieve por casos en que funcionarios gubernamentales informaron a detenidos y sus familiares que las causas contra ellos se impulsaban por motivos políticos.

Obstáculos a la rendición de cuentas

El estado venezolano debe garantizar que todo acto de violencia o delito grave sea investigado rigurosamente y que los responsables respondan ante la justicia. Esto incluye delitos presuntamente cometidos por manifestantes, así como abusos perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad gubernamentales.

Conforme al derecho internacional, el gobierno de Venezuela también tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de violaciones de derechos humanos, incluidas las documentadas en este informe, así como de otros abusos denunciados por víctimas y defensores locales de derechos humanos o que se hayan informado en la prensa [29] . 

El Presidente Maduro y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones desde el 12 de febrero. Ambos han prometido que los responsables de los abusos serán investigados y juzgados penalmente. Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, en las cuales se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.

Si bien estas investigaciones representan un primer paso bienvenido, hay motivos válidos para dudar de la capacidad de las autoridades venezolanas de garantizar que los abusos se investiguen de manera imparcial y exhaustiva, y de que los responsables sean llevados ante la justicia.

Un motivo es que probablemente muchos abusos no se denuncien debido a la prevalencia del temor y la desconfianza justificada de las víctimas respecto del sistema judicial venezolano.

Otro motivo es que, en muchos de estos casos, miembros del CICPC, el Ministerio Público y el poder judicial están implicados en graves violaciones de las garantías de debido proceso, y no han intervenido para abordar abusos cometidos por miembros de fuerzas de seguridad contra personas detenidas. Por consiguiente, cualquier investigación exhaustiva requerirá que estas instituciones investiguen sus propias irregularidades, lo cual posiblemente implique graves conflictos de intereses y comprometa seriamente la credibilidad de sus conclusiones. 

Un tercer motivo es que el poder judicial venezolano ha dejado en gran parte de actuar como un poder independiente del gobierno. Como ha sido documentado por Human Rights Watch en informes anteriores, el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado de ejercer en la práctica su rol como garante de derechos fundamentes, y varios magistrados han expresado públicamente su compromiso con el proyecto político del gobierno. Numerosos jueces de tribunales inferiores han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que puedan disgustar a funcionarios gubernamentales, dado que la mayoría han sido nombrados de manera transitoria o provisional y se exponen a la posibilidad de ser destituidos de manera sumaria por el Tribunal Supremo si se pronuncian a favor de personas que se perciben como opositores del gobierno [30] . 

Debido a que habitualmente muchos abusos no se denuncian y a la falta de independencia de instituciones venezolanas de investigación y judiciales, resulta alarmante que el presidente, la fiscal general de la república y otros altos funcionarios del gobierno —si bien reconocen la necesidad de que los responsables rindan cuentas por sus actos— hayan expresado en reiteradas oportunidades que los abusos contra manifestantes han sido excepcionales y defendieran públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad. La fiscal general, por ejemplo, señaló que los abusos cometidos por miembros de fuerzas de seguridad eran “acciones de individualidades” y que las fuerzas de seguridad “tienen como cultura el respeto a los derechos humanos”. Por su parte, el Presidente Maduro manifestó que solamente “un número reducido de funcionarios de las fuerzas de seguridad también han sido acusados de participar en actos violentos” y que el gobierno había “respondido arrestando a los presuntos responsables” [31] .

También resulta alarmante que el gobierno haya procurado con insistencia atribuir los sucesos violentos a sus opositores políticos, o directamente a la oposición en su conjunto, sin aportar pruebas creíbles de su responsabilidad penal. Por ejemplo, el 14 de marzo, el Presidente Maduro señaló que “Todos los casos de personas fallecidas, son imputables a la violencia guarimbera, todos, desde el primero hasta el último” [32] . Si bien en ese momento Maduro señaló que la investigación de estos y otros delitos había avanzado significativamente y proporcionó cifras sobre supuestos manifestantes que habían sido detenidos, no indicó que ninguno hubiera sido condenado por los delitos [33] . El 15 de marzo, el Presidente Maduro dijo que “prácticamente todos los compatriotas que han fallecido, lamentablemente son imputables a la violencia de la derecha” [34] .

De manera similar, a pesar de evidencias contundentes de ataques perpetrados contra civiles por pandillas armadas partidarias del gobierno, altos funcionarios del gobierno han negado su existencia, o han aseverado que pertenecen a la oposición. Por ejemplo, el 13 de abril, el Presidente Maduro señaló que “la oposición no ha aportado ninguna prueba que muestre que los colectivos revolucionarios son responsables de acciones violentas”. Agregó que, por el contrario, el gobierno había detenido a “seguidores de la derecha por perpetrar acciones terroristas” [35] .

Cabello también señaló el 10 de abril que los únicos “colectivos armados” pertenecían a la oposición, y son los que “asesinan gente en las guarimbas”. Su declaración sugirió no sólo que no había pandillas armadas partidarias del gobierno, sino además que los asesinatos ocurridos en barricadas habían sido cometidos por grupos armados contrarios al gobierno, una afirmación que no sustentó con pruebas, como por ejemplo, casos en que personas hubieran sido condenadas por esos delitos [36] .

En otro ejemplo en que se culpó a la oposición por hechos de violencia, el gobierno acusó al prominente líder de oposición Leopoldo López de ser el “autor intelectual” de las muertes relacionadas con las protestas del 12 de febrero. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto en relación con varios presuntos delitos, entre los cuales se incluía inicialmente el de homicidio, pero que posteriormente debió retirar cuando trascendieron grabaciones de video donde se mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes sin armas en esos incidentes. López ha permanecido en prisión preventiva en una base militar durante más de dos meses, a pesar de que el gobierno no presentó pruebas creíbles de que haya cometido algún delito. El Ministerio Público también consiguió que se librara orden de arresto contra Carlos Vecchio y otras figuras de oposición, mientras que el Tribunal Supremo ha juzgado en forma sumaria y condenado a prisión a dos alcaldes opositores, en procesos judiciales que no respetaron garantías básicas de debido proceso [37] . Las decisiones del Tribunal Supremo no son apelables, y esto cercena el derecho a apelar toda condena penal [38] .

Recomendaciones

Al Presidente Nicolás Maduro

• Ordenar a todas las fuerzas de seguridad que sus miembros inmediatamente cesen de maltratar y emplear violencia contra manifestantes que ya estén bajo custodia de las autoridades, así como de cualquier otro uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública en el contexto de manifestaciones, y cumplan con las normas internacionales sobre uso de la fuerza;
• Prohibir a todas las fuerzas de seguridad que colaboren con actos de violencia u otros actos ilícitos cometidos por pandillas armadas partidarias del gobierno, o que toleren estos actos, y ordenarles que adopten medidas para asegurar el desarme efectivo de grupos que posean ilegalmente armas o participen en actividades armadas ilícitas, y detenerlos cuando cometan delitos;
• Asegurar el respeto de la libertad de expresión, garantizando en particular que se permita a periodistas y ciudadanos de a pie registrar y documentar actividades de protesta y la respuesta de miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales sin sufrir represalias;
• Abstenerse de realizar declaraciones públicas que podrían interpretarse como una instigación a cometer actos violentos; asegurar que otros altos funcionarios no formulen ese tipo de declaraciones; y no realizar acusaciones infundadas contra manifestantes u opositores políticos, ni atribuirles responsabilidad penal por actos de violencia, que podrían constituir una intromisión política indebida en investigaciones y procesos judiciales en curso y desvirtuar la presunción de inocencia de personas detenidas;
• Ordenar que bajo ninguna circunstancia las personas arrestadas permanezcan detenidas en bases militares; y
• Asegurar que Venezuela cumpla plenamente con normas internacionales de derechos humanos exigiendo que todos los miembros de las fuerzas de seguridad que cometan violaciones de derechos humanos rindan cuentas por su actuación.

El presidente debería garantizar la cooperación con organismos internacionales que observan la situación de los derechos humanos, a fin de asegurar que los venezolanos puedan tener acceso a los mecanismos internacionales previstos en las normas internacionales de derechos humanos. En particular, el gobierno de Maduro debería:

• Aceptar inmediatamente los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial sobre tortura, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar sus visitas en el plazo más breve posible, además de cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria para que visite el país;
• Trabajar en colaboración con la Asamblea Nacional para reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y adoptar todas las medidas necesarias para cumplir e implementar sus fallos; y
• Permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una visita in loco a Venezuela.

Al Ministerio Público

• Examinar todos los cargos formulados contra personas en relación con las protestas, desistir de aquellos presentados contra quienes fueron arrestados indebidamente o con respecto a los cuales las autoridades carezcan de evidencias creíbles sobre la responsabilidad penal de los acusados, y tomar los recaudos necesarios para que se disponga la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que hayan sido detenidas sobre la bases de estos cargos improcedentes;
• Asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos sean objeto de investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales;
• Investigar casos de presuntas violaciones de derechos humanos en que las víctimas hayan planteado denuncias ante el Ministerio Público, así como aquellos casos reseñados en medios de comunicación o documentados por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales;
• Efectuar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos los actos de violencia perpetrados por ciudadanos en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas;
• Respetar los derechos de debido proceso de todas las personas que se sospeche que han cometido delitos e instruir a fiscales y policías de investigación para que también lo hagan, y advertir a los funcionarios judiciales que violen estos derechos que deberán responder por sus actos; e
• Investigar y juzgar a funcionarios públicos que violen normas de debido proceso, lo cual incluye hacer caso omiso de, o encubrir, abusos contra personas que presuntamente han delinquido, utilizar evidencias cuando sepan que estas son falsas o han sido manipuladas, o no reconocer los derechos de personas sospechadas de cometer delitos.

A la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional debería adoptar medidas tendientes a reparar el deterioro en la independencia del poder judicial causado durante la última década. En 2004 se sancionó una ley que permitió que el gobierno y sus partidarios designaran a aliados políticos en el Tribunal Supremo de Justicia. Como ha sido documentado por Human Rights Watch en informes anteriores, el Tribunal Supremo en gran medida ha incumplido su rol de contralor del poder ejecutivo y garante de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. La falta de independencia judicial del máximo tribunal de Venezuela ha repercutido negativamente en jueces de tribunales inferiores, quienes en su mayoría no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo y pueden ser destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo.

La totalidad de los 32 magistrados que integran actualmente el Tribunal Supremo fueron designados tras la sanción de la ley de 2004. A la fecha de redacción de este documento, 11 cargos eran ocupados por “magistrados suplentes”, a pesar de que la ley exige que se designen magistrados permanentes para cubrir faltas absolutas. La mayoría de estos “magistrados suplentes” se han desempeñado en el Tribunal Supremo desde hace más de un año.

En marzo de 2014, en el marco del diálogo con la oposición, el Presidente Maduro señaló que la Asamblea Nacional daría inicio al proceso de designación de magistrados permanentes del Tribunal Supremo.

La Asamblea Nacional debería:

• Aplicar sin dilación los procesos legales contemplados en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para designar a magistrados permanentes en todas las vacantes que existan en el tribunal —mediante el voto de una mayoría de dos tercios—, por medio de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político; y
• Derogar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo que atentan contra la independencia del Tribunal, al permitir que los magistrados puedan ser destituidos por mayoría simple de votos.

Al Tribunal Supremo

• Restablecer su rol como garante independiente de derechos fundamentales reivindicando los derechos básicos, con independencia de la adscripción política de las partes involucradas; y
• Poner fin a la práctica de la Comisión Judicial por la cual se nombra a jueces sin garantía de permanencia en el cargo y luego se los destituye discrecionalmente; y adoptar mecanismos para asegurar que todos los jueces sean designados en cargos con estabilidad, a través de concursos abiertos y públicos, conforme lo exige la Constitución de Venezuela.

A todos los líderes de la oposición política

• Hacer un llamado enfático y categórico a todos sus partidarios a que se abstengan de cometer actos de violencia;
• Repudiar de manera enfática y categórica los actos de violencia cometidos sin que medie provocación por manifestantes en el contexto de protestas en las cuales participen; y
• Pedir a miembros de partidos de oposición en la Asamblea Nacional que colaboren y participen activamente en las iniciativas que esta impulse orientadas a restablecer la independencia del poder judicial.

A los manifestantes

Todos los manifestantes deben ejercer su derecho a manifestar pacíficamente sin incurrir en actos de violencia contra particulares, agentes del Estado o propiedad pública y privada.

A la comunidad internacional

Los gobiernos extranjeros deberían interactuar con el gobierno de Venezuela para asegurar que las violaciones de derechos humanos como las documentados en este informe —tales como el uso excesivo de la fuerza, abusos en centros de detención y violaciones del debido proceso— cesen inmediatamente y sus responsables sean puestos a disposición de la justicia.

En particular, los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales Venezuela  es parte—como el MERCOSUR, la UNASUR y la Organización de los Estados Americanos— deberían reivindicar su compromiso de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas de derechos humanos.

Metodología

El presente informe se elaboró sobre la base de entrevistas exhaustivas con más de 90 personas, incluidas víctimas de violaciones de derechos humanos, así como familiares, profesionales médicos que las atendieron, periodistas y defensores de derechos humanos. Investigadores de Human Rights Watch entrevistaron, asimismo, a más de una decena de abogados que brindaron asesoramiento letrado a cientos de personas detenidas en protestas o en las proximidades de estas cuando fueron llevadas ante un juez.

Las entrevistas se efectuaron principalmente durante una investigación de Human Rights Watch en Venezuela realizada en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas, Valencia (estado de Carabobo), Barquisimeto (estado de Lara) y Los Teques (estado de Miranda). Algunas entrevistas se efectuaron en forma telefónica, por correo electrónico o Skype antes y después de la investigación en el país. Investigadores de Human Rights Watch también entrevistaron a víctimas, abogados y defensores de derechos humanos en los estados de Anzoátegui, Barinas, Guyana y Maracaibo sobre casos que no fueron incluidos entre los 45 documentados en este informe.

En casi todos los casos incluidos en el presente documento, Human Rights Watch obtuvo y examinó evidencias adicionales —como fotografías, grabaciones de video, informes médicos, resoluciones judiciales o testimonios de testigos— que corroboraron las versiones de las víctimas. Human Rights Watch también observó de primera mano y a través de fotografías distintas lesiones que, según afirmaron las víctimas, habían sido provocadas por miembros de fuerzas de seguridad, incluidas heridas de bala causadas con armas de fuego, cicatrices, contusiones, heridas provocadas por perdigones de goma y de metal disparados con armas menos letales, quemaduras y otras lesiones. Human Rights Watch sustenta sus conclusiones con respecto a la credibilidad de los presuntos abusos en una evaluación minuciosa de la calidad de estas pruebas confirmatorias, y en la coherencia de los relatos detallados que aportaron las víctimas, tanto en sí mismos como con respecto a patrones y prácticas documentadas en otros casos.

Todas las personas entrevistadas fueron informadas de la finalidad de la entrevista, su naturaleza voluntaria y las formas en que sería utilizada la información. Se advirtió a los entrevistados que podían negarse a responder preguntas o concluir la entrevista en cualquier momento. Todos brindaron su consentimiento verbal para la entrevista. Ninguna de las personas entrevistadas recibió algún tipo de compensación.

En la mayoría de los países donde Human Rights Watch desarrolla su trabajo, la práctica consiste en intentar concertar entrevistas con funcionarios gubernamentales para dialogar y solicitar información con respecto a los temas que está investigando. Esta ha sido también la práctica en Venezuela. Entre 2002 y 2007, representantes de Human Rights Watch mantuvieron reuniones con el Presidente Hugo Chávez, altos funcionarios de su gobierno, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el titular del Ministerio Público, miembros de la Asamblea Nacional y numerosos funcionarios en diversos organismos gubernamentales.

No obstante, en la investigación llevada a cabo para este informe, Human Rights Watch optó deliberadamente por no entablar contacto con funcionarios gubernamentales ni darle visibilidad pública a nuestra presencia en el país. Esta decisión se adoptó por temor a las posibles consecuencias para las víctimas, defensores de derechos humanos y otras personas entrevistadas, el riesgo que podría implicar para nuestra posibilidad de efectuar la investigación y la seguridad de nuestro personal. También tomamos en cuenta que el gobierno venezolano detuvo y expulsó del país en 2008 a representantes de Human Rights Watch, y declaró que nuestra presencia no sería “tolerada” allí.

A fin de conocer la perspectiva del gobierno, nos pusimos en contacto con el Ministerio Público de Venezuela por fax y correo electrónico para solicitar información sobre investigaciones de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como actos de violencia en los cuales supuestamente participaron manifestantes [39] . A la fecha de redacción de este documento, no hemos recibido una respuesta del gobierno venezolano.

También analizamos declaraciones efectuadas por el Presidente Maduro y varios ministros, la Fiscal General, el titular de la Fuerza Armada Nacional, altos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, gobernadores, alcaldes y legisladores. Examinamos estadísticas, informes y comunicados de prensa preparados por el Ministerio Público sobre presuntos incidentes violentos y violaciones de derechos humanos relacionados con las protestas. Efectuamos una exhaustiva revisión de documentos judiciales, información difundida en medios de comunicación estatales, mensajes de Twitter de funcionarios gubernamentales y otras fuentes oficiales, a fin de evaluar la postura del gobierno venezolano con respecto a incidentes concretos presentados en el informe, así como su evaluación del desempeño general de las fuerzas de seguridad en el contexto de protestas.

Cantidad de casos de abuso y víctimas

El informe describe en detalle los abusos sufridos por 45 víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a los cuales nos referimos como “casos”. Human Rights Watch entrevistó a las víctimas en la gran mayoría de estos casos. En nueve de ellos, no entrevistamos a la víctima pero obtuvimos el testimonio de familiares de esta, su abogado y/o de testigos. En algunos de esos casos, también examinamos documentos judiciales oficiales, fotografías y otras evidencias que corroboraban estas versiones. Las razones principales por las cuales Human Rights Watch no pudo entrevistar directamente a víctimas en estos nueve casos fueron que se encontraban detenidas, habían perdido la vida, o un juez les prohibió hablar sobre su caso.

No todos los casos del informe se describen con el mismo nivel de detalle. No obstante, su inclusión indica que hemos determinado, en función de un minucioso examen de las evidencias, que se trata de casos creíbles de violaciones de derechos humanos.

Muchas de las víctimas en estos casos sufrieron abusos junto con otras personas, y por lo tanto fueron testigos directos de abusos padecidos por terceros. Entre estos abusos se incluyen los cometidos durante arrestos y en establecimientos de detención, así como violaciones de garantías de debido proceso antes de audiencias judiciales o durante estas.

En numerosos casos, por ejemplo, los detenidos fueron literalmente esposados a varios otros durante horas. Los detenidos fueron comúnmente presentados ante un juez en grupos, como resultado de lo cual compartieron audiencia con otros detenidos a quienes se atribuyeron delitos idénticos a los suyos. Debido a ello, los detenidos pudieron ofrecer una descripción creíble de los arrestos, las condiciones de detención, las violaciones de debido proceso u otros abusos padecidos por otras víctimas.

Human Rights Watch solamente incluyó a personas entre el total de víctimas que sufrieron abusos cuando nos fue posible recabar evidencias que corroboraron la descripción ofrecida por una víctima sobre abusos que, según pudo ver, eran cometidos contra personas que estaban alrededor suyo. La corroboración se hizo, por ejemplo, por medio de testimonios separados o resoluciones judiciales que probaron que las víctimas efectivamente fueron acusadas junto con otras.

Al respecto, se puede traer a colación el siguiente ejemplo: Dayana Méndez Andrade, Luis Rodríguez Malpica y Clipso Alberto Martínez Romero fueron detenidos el 20 de marzo de 2014, cuando guardias nacionales que circulaban en motocicletas oficiales irrumpieron en una protesta en Valencia, en el estado de Carabobo, arrojando gases lacrimógenos y perdigones contra manifestantes y personas en las proximidades. En entrevistas separadas mantenidas con Human Rights Watch, Méndez, Rodríguez y Martínez dijeron coincidentemente que, además de ellos, otras tres personas habían sido detenidas por guardias nacionales, lo cual implica un total de seis detenidos.

Consideramos veraz la afirmación de Méndez, Rodríguez y Martínez de que otras tres personas habían sido detenidas junto con ellos, debido a que sus relatos coincidían, y que fueron retenidos junto con los otros detenidos (primero en una gasolinera y luego en un establecimiento militar). Además, debido a que Méndez, Rodríguez y Martínez dijeron que ellos y los otros detenidos habían sido retenidos en la misma sala en una base militar —y que los guardias se negaron a permitir que ninguno de ellos se comunicara con sus familias o un abogado— determinamos que era razonable concluir que se habían violado los derechos de debido proceso de los seis detenidos.

Por lo tanto, si bien podemos contabilizar los abusos contra Méndez, Rodríguez y Martínez como “casos” documentados por Human Rights Watch (dado que los entrevistamos directamente), también podemos aseverar de manera creíble que al menos otras tres personas detenidas en esa misma protesta permanecieron detenidas en condiciones de incomunicación y sufrieron otras violaciones de debido proceso mientras estuvieron en un establecimiento militar.

Información sobre las fuerzas de seguridad venezolanas

Entre las fuerzas de seguridad que se mencionan en el presente informe se incluyen:

La Guardia Nacional Bolivariana

La Guardia Nacional Bolivariana forma parte de la Fuerza Armada Nacional, junto con el Ejército, la Armada y la Aviación Militar. Mientras que el Ejército, la Armada y la Aviación Militar se ocupan principalmente de realizar operativos militares para asegurar la defensa nacional, la responsabilidad primordial de la Guardia Nacional es “la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país” [40] . (La Guardia Nacional también coopera con otras Fuerzas Armadas en la defensa nacional). El 15 de marzo, el Presidente Maduro, quien es además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, señaló que 20.000 guardias nacionales habían sido asignados a operativos en respuesta a manifestaciones en Venezuela [41] .

En 2011, el entonces Presidente Hugo Chávez creó el Comando Nacional de la Guardia del Pueblo en apoyo al accionar de la Guardia Nacional [42] , de la cual forma parte [43] . En ese momento, Chávez indicó que se ocuparía en particular de prevenir la comisión de delitos en zonas remotas del país [44] .

Policía

En 2008, el gobierno de Venezuela creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y aprobó una serie de medidas destinadas a promover una actuación policial no abusiva a instancias de una comisión integrada por representantes gubernamentales y de ONG [45] . La PNB comenzó a funcionar en 2009 [46] , y en abril de 2014 había 14.478 policías de la PNB que se desempeñaban en ocho de los 23 estados de Venezuela [47] .

Si bien la Constitución de Venezuela dispone que los operativos de seguridad pública estarán a cargo de un cuerpo de policía nacional, la potestad policial es compartida de manera concurrente por estados y municipios en sus jurisdicciones [48] . En los tres estados donde Human Rights Watch realizó investigaciones, tanto la PNB como fuerzas policiales estatales participaron en la respuesta a protestas; y en Caracas los operativos fueron realizados tanto por la PNB como por fuerzas policiales municipales.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se ocupa de impulsar investigaciones en apoyo a la labor de investigación de delitos que desarrollan los fiscales [49] . Los miembros del CICPC se encuentran bajo la órbita del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien a su vez depende del presidente [50] .

En 2010, el entonces Presidente Hugo Chávez creó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en reemplazo de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). El SEBIN depende del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y entre sus principales responsabilidades se incluyen “asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de las políticas en materia de seguridad”, “planificar y ejecutar actividades, a fin de contribuir a la estabilidad y seguridad de la Nación” y “realizar actividades como órgano auxiliar de investigación en las materias de su competencia” [51] .

Casos ilustrativos

Los cinco casos ilustrativos que se exponen a continuación —ocurridos en distintas fechas en tres estados y en Caracas— ofrecen un panorama detallado de la serie de abusos sufridos por personas que fueron detenidas en el marco de manifestaciones o en zonas próximas a donde se desarrollaban protestas. Tales abusos incluyen el uso ilegítimo de la fuerza al momento de la detención, golpizas y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante durante el período de detención, y violaciones de las garantías de debido proceso cometidas con la aquiescencia o la complicidad de fiscales y jueces.

Valencia, estado de Carabobo, 20 de marzo

Aproximadamente a las 2 p.m. del 20 de marzo, entre 150 y 200 personas realizaron una protesta pacífica en una autopista en Valencia.

Human Rights Watch entrevistó por separado a cuatro personas que estuvieron presentes en la manifestación, cuyos respectivos relatos resultan coincidentes:

• Dayana Méndez Andrade , de 24 años, quien trabaja para el periódico Notitarde, y asistió a la manifestación en carácter de periodista y llevaba credenciales de prensa;
• Luis Rodríguez Malpica , un fotógrafo independiente de 26 años que asistió a la manifestación en carácter de periodista y llevaba credenciales de prensa;
• Marlon José Maldonado Vargas , un abogado de 44 años que participó en la manifestación; y
• Clipso Alberto Martínez Romero , un estudiante de 19 años que participó en la manifestación con su hermana.

Si bien Méndez y Rodríguez asistieron a la manifestación juntos, los demás no se conocían entre sí antes de su detención.

Según entrevistas mantenidas por separado con Méndez, Maldonado y Martínez, los manifestantes habían cortado parcialmente la carretera, pero permitían que pasaran automóviles [52] . Miembros de la Policía de Carabobo controlaron la protesta durante la tarde sin entablar contacto con los manifestantes. Cerca de las 6:30 p.m., según confirmaron de manera independiente los entrevistados, la Policía advirtió a los manifestantes que si no se dispersaban voluntariamente serían desalojados. Si bien la mayoría de los manifestantes se retiraron, cerca de 50 permanecieron en la autopista.

Aproximadamente a las 6:45 p.m., un grupo de cerca de cinco hombres con el rostro cubierto llegaron a un punto próximo al lugar de la protesta, quemaron una camioneta (sin personas adentro) y luego se retiraron. Los manifestantes y periodistas entrevistados por Human Rights Watch indicaron que no reconocían a los hombres encapuchados como personas que hubieran participado en la manifestación, y que estos en ningún momento se acercaron a los manifestantes que quedaban allí.

Quince minutos después, más de 50 miembros de la Guardia Nacional llegaron en motocicletas y avanzaron hacia los manifestantes, disparando gases lacrimógenos y perdigones en dirección a ellos sin ningún tipo de advertencia, según dijeron. Los manifestantes y periodistas comenzaron a correr en varias direcciones.

Martínez, Maldonado, los periodistas Méndez y Rodríguez, y al menos otras dos personas escaparon hacia una calle residencial cerca de la autopista, donde fueron rodeados desde dos lados por guardias nacionales en motocicletas.

Ataques contra periodistas

Cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a disparar gases lacrimógenos y perdigones, los periodistas Méndez y Rodríguez intentaron resguardarse en la entrada de un edificio de departamentos. Poco después, tres motocicletas de la Guardia Nacional se detuvieron frente a ellos. Tanto Méndez como Rodríguez tenían mascaras antigás, Méndez llevaba un chaleco antibalas con la leyenda “PRENSA” en letras grandes blancas y Rodríguez tenía en su poder una cámara profesional. Indicaron en voz alta que eran periodistas y levantaron las manos sobre sus cabezas. Uno de los guardias nacionales gritó “¡Me están tomando fotos! Uds. son los que mandan las fotos que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional” [53] .

Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones y arrojaron cartuchos de gases lacrimógenos. Ambos se pusieron de espaldas para protegerse. Méndez recibió impactos de perdigones en la pierna y cadera izquierdas, y mostró las heridas a Human Rights Watch durante la entrevista mantenida tres días después del incidente [54] . (Las lesiones sufridas fueron luego confirmadas por un médico que atendió a Méndez [55] ). Cuando dejaron de disparar, los guardias nacionales dijeron a los periodistas que permanecieran donde estaban y a continuación se retiraron.

Apenas transcurrido un minuto o dos, otro grupo de miembros de la Guardia Nacional que circulaban en motocicletas se detuvieron frente a la entrada del edificio y gritaron “¡Aquí tenemos dos!”. Nuevamente, Méndez y Rodríguez gritaron que eran periodistas, y también esta vez miembros de la Guardia Nacional les dispararon sin que mediara provocación. Rodríguez dijo que los oficiales les disparaban apuntando a la cabeza y que, si no hubiera empujado a Méndez para sacarla de la línea de fuego, habría recibido el impacto en el rostro [56] . De hecho, el brazo que usó para empujarla y protegerle la cabeza fue lastimado por perdigones, y uno de estos rozó el rostro de Méndez [57] .

Tras dispararles, un guardia nacional se acercó a Méndez y le preguntó por qué llevaba un chaleco antibalas. Cuando respondió que se debía a que era periodista, el guardia le dijo: “No eres una periodista, eres una perra de mierda”. El guardia le quitó la máscara de gas, y luego hizo lo mismo con Rodríguez. Apuntó a Rodríguez en el rostro con un fusil, y le dijo “Dame todo lo que tienes”. El guardia nacional se llevó la mochila de Rodríguez, donde este tenía sus documentos de identidad y credenciales de prensa, exigió que le entregara la memoria de su cámara y se retiró. En pocos minutos, se presentó un tercer grupo de guardias nacionales en motocicletas que dispararon gases lacrimógenos hacia la puerta de acceso donde aún se encontraban atrapados Méndez y Rodríguez, pero ahora ya sin máscaras antigás [58] . Un guardia nacional quitó a Méndez su teléfono celular y su chaleco antibalas, y detuvo a los dos periodistas.

Ataque contra manifestantes que no estaban armados

Martínez, quien había estado participando en las protestas, también huyó cuando se acercaron miembros de la Guardia Nacional en motocicletas, y quedó atrapado en la misma calle que Méndez y Rodríguez [59] . Allí, fue arrojado al piso por un guardia nacional que pasaba en una motocicleta, y luego fue rodeado por otros diez más, quienes le propinaron patadas repetidamente en todo el cuerpo a pesar de que no ofreció resistencia, dijo a Human Rights Watch.

Cuando cesó la golpiza, se levantó del suelo y extendió su billetera a los oficiales, a la vez que les decía que era lo único que llevaba consigo. En respuesta, según contó, los guardias nacionales “me agarraron por la cabeza, me arrojaron al piso, me pisaron en el rostro con una bota y me dispararon”. Recibió un disparo a quemarropa en el muslo. El perdigón pegó contra las llaves que tenía en el bolsillo, y provocó que fragmentos de estas se incrustaran en su pierna. Dijo que primero no sintió dolor debido al estado de shock en que se encontraba, pero que se estiró y pudo tocar una parte del hueso de su pierna que había quedado expuesto.

Maldonado, quien había quedado atrapado en la misma calle, no conocía a Mart ínez, pero pudo ver lo que sucedía. Describió la golpiza que sufrió Martínez, contó que este recibió un disparo a quemarropa y aportó otros detalles que corroboran la versión de Martínez [60] .

Maldonado dijo que Martínez era una de las cuatro personas que, según pudo ver, habían recibido disparos a quemarropa de guardias nacionales en la calle. Dijo a Human Rights Watch que, desde la mitad de la calle donde se encontraba, tenía una amplia visión que le permitió observar cuando uno de los guardias nacionales daba órdenes a otros para que dispararan contra estas personas. Ninguno se había resistido al arresto ni había dado indicios de riesgo de fuga, aseveró Maldonado. En cada caso, los guardias nacionales dieron la misma orden: “Dale a este”, y después de eso se disparaba contra estas personas.

Luego también Maldonado fue interceptado por guardias nacionales e interrogado. Les dijo que iba a correr su automóvil, que estaba estacionado en esa calle, y le permitieron irse [61] . (Maldonado cree que generó menos sospechas debido a que era mayor que los otros manifestantes y, como regresaba del trabajo, estaba vestido de manera formal. A su vez, era cierto que su automóvil estaba en esa calle, ya que había aparcado allí antes de la manifestación).

Luego de que se fueran los guardias nacionales, Maldonado recogió algunos casquillos de balas y perdigones individuales de armas disparadas por ellos. Además de perdigones de goma, encontró algunos de metal en el piso donde los oficiales habían estado disparando, y que mostró a Human Rights Watch [62] .

Según Maldonado, una de las víctimas a quienes había visto recibir disparos a quemarropa se escapó cuando los guardias nacionales fueron detrás de otra persona. El hombre herido fue acogido por una vivienda en esa calle, y evitó así ser detenido por policías. Maldonado, preocupado por la condición de ese hombre, pudo localizarlo luego del incidente en una clínica adonde habían acudido varios manifestantes heridos para recibir tratamiento. Maldonado mostró a Human Rights Watch fotografías de las heridas que presentaba el hombre. Las fotografías muestran heridas de ingreso en la parte superior de la nalga derecha y en el pie izquierdo [63] . A pesar de los abusos sufridos, la víctima dijo a Maldonado que no deseaba presentar una denuncia en el Ministerio Público, por temor a que se lo acusara falsamente de haber cometido un delito por participar en la manifestación.

Abusos durante el período de detención

A pesar de que no estaban cometiendo ningún delito y que la Policía no contaba con la correspondiente orden judicial, Méndez, Rodríguez y Martínez fueron detenidos por miembros de la Guardia Nacional, junto con al menos otras cinco personas que estaban en la protesta o en las inmediaciones. Al menos uno de los detenidos era menor de edad, según manifestaron los tres detenidos entrevistados por Human Rights Watch, que hablaron con él  mientras permanecieron detenidos [64] .

Fueron obligados a caminar hasta una gasolinera en las proximidades, y retenidos allí momentáneamente. Martínez dijo que fue obligado a caminar rápidamente por guardias nacionales, y en algunos momentos incluso a trotar, a pesar de la grave herida que había sufrido y de que era evidente el dolor que esto le provocaba. Según dijo, cuando bajaba la velocidad era golpeado y amenazado. Uno de los guardias nacionales le gritó “Apúrate, porque si no te vamos a partir el fusil en la cabeza”.

En la gasolinera, preguntaron a cada uno de los detenidos quiénes eran y qué hacían en la manifestación. El menor de edad que había sido arrestado, y que indicó a los guardias que tenía 14 años, dijo que su abuela lo había dejado en un sitio cerca de la manifestación [65] . Intentaba llevarlo en automóvil hasta la vivienda de su padre, pero como no podía avanzar debido a la manifestación, lo había acercado hasta un punto próximo y le indicó que siguiera a pie. El adolescentedijo que estaba caminando hacia la casa de su padre cuando fue interceptado, golpeado y detenido por miembros de la Guardia Nacional. A pesar de que les dijo su edad, ninguno de los oficiales le brindó un trato especial acorde con su condición de menor.

Cuando llegó el turno de Méndez, dijo que era periodista y estaba cubriendo los sucesos para Notitarde. Un guardia nacional le respondió “Notitarde es fascista. Ustedes son los escuálidos fascistas que están atacando el gobierno. Ahora aténgase a las consecuencias”. A continuación, uno de los guardias nacionales se dirigió a Martínez y le preguntó qué había sucedido con su pierna. Según lo relatado por Méndez, cuando Martínez le contestó, el oficial dijo “Que no era nada, que era que [se cayó]”.

Desde allí, los detenidos fueron subidos a vehículos de la Policía de Carabobo y trasladados a una instalación militar (el Destacamento 24), conforme indicaron los tres. Cuando llegaron, cada uno de ellos fue palpado exhaustivamente.

Martínez dijo que un guardia nacional que estaba armado lo llevó a una sala y le dijo que se quitara toda la ropa. Al ver su pierna ensangrentada, el oficial no hizo esfuerzo alguno por saber cuál era el origen de su herida ni por averiguar si necesitaba atención médica. Según Martínez, mientras se vestía de nuevo, el oficial le dijo “Cuando te termines de vestir, me limpias esto”, señalando la sangre que había caído en el piso desde la herida. Cuando Martínez le dijo que no iba a ser fácil agacharse debido al intenso dolor en su rodilla, le advirtió “Me limpias esto o recibes un palo de escoba en la cabeza”. Martínez limpió el piso con su propia camisa.

Luego de ser sometidos a una revisión corporal, los detenidos fueron obligados a permanecer arrodillados con las manos detrás de la cabeza por aproximadamente tres horas. Según dijo Rodríguez, durante ese lapso quienes se movían recibían un golpe en la nuca.

Martínez contó que, a lo largo de varias horas, solicitó reiteradamente recibir atención médica, y también varios de los otros detenidos pidieron que fuera atendido. Pero los pedidos fueron denegados. En varias ocasiones, miembros de la Guardia Nacional obligaron a Martínez a limpiar la sangre del piso con su camisa.

La temperatura en la sala donde se encontraban los detenidos era muy baja, debido a un equipo de aire acondicionado que emitía aire frío en dirección a donde estaban arrodillados. Martínez tenía tanto frío que comenzó a temblar sin control, y su estado posiblemente se haya exacerbado debido a la pérdida de sangre. Martínez contó que cuando le pidió a un oficial que apagara el aire acondicionado, este le respondió “¿Bajarle por ti? No jodas”. Luego, según dijo, el oficial bajó aún más la temperatura y puso el equipo en máxima potencia. Méndez y Rodríguez contaron este mismo intercambio de manera independiente, y lo relataron a Human Rights Watch utilizando prácticamente los mismos términos. Durante este tiempo, varios oficiales entraron para ver a Martínez, mientras lo señalaban y se burlaban de su herida, y algunos le tomaron fotografías con sus teléfonos celulares.

Méndez, viendo que Martínez había perdido mucha sangre y también perdía por momentos el conocimiento, pidió permiso para hacer un torniquete en su pierna, y los oficiales accedieron al pedido. Cerca de las 10:30 p.m., varios guardias nacionales llevaron a Martínez, Méndez y un tercer detenido, que había sufrido una fractura de tabique a causa de una patada en el rostro, a un centro médico militar.

Obstrucción de tratamiento médico

Un profesional médico del centro médico militardescribió a Human Rights Watch las heridas que presentaban los tres al llegar al lugar, lo cual corrobora la versión de las víctimas. Según contó el profesional, Martínez presentaba una “herida por arma de fuego en región femorolateral del miembro inferior izquierdo, la cual era de gran magnitud, con orificio de entrada mas no de salida, comprometiendo hasta tejido muscular profundo” [66] . Martínez también sufría una “crisis hipertensiva así como una arritmia tipo taquicardia asociada al evento psicotraumático en el que se encontraba”, además de hipertermia. El profesional médico señaló que según su “conocimiento y las características de la herida al parecer había sido producida por un arma larga con balas de tipo perdigón de silicón y realizada a quema ropa” [67] .

Mientras el profesional médico revisaba las heridas de Martínez, tres guardias nacionales que estaban presentes comenzaron a tomar fotografías con sus teléfonos celulares. El profesional médico les dijo que esto lo “incomodaba y no estaba permitido” [68] . Uno de los guardias respondió que las fotografías se necesitaban para la fiscalía, pero no dio mayores explicaciones y continuó tomando fotos.

El profesional médico contó que el otro detenido parecía presentar una fractura de tabique nasal o del septum, y que Méndez había sufrido “múltiples heridas” debido a los perdigones que impactaron en su rostro, extremidades, abdomen y otras partes del cuerpo, así como un hematoma en su rodilla derecha.

El médico insistió en que Martínez y el otro detenido debían ser llevados rápidamente a un hospital, porque el centro médico militar no estaba preparada para casos de urgencia como los de estas víctimas [69] . El guardia nacional de mayor rango entre los presentes —un capitán— dijo que ellos transportarían a los detenidos. Atemorizado ante la posibilidad de que fueran llevados nuevamente a la base, el profesional médico obligó al capitán a que firmaran un formulario que indicaba que asumían responsabilidad por la vida de los detenidos en caso de que no fueran llevados inmediatamente al hospital, el cual fue firmado por el capitán [70] . Según el profesional, Martínez presentaba “una herida de gran importancia que podía comprometer su vida de no ser atendido inmediatamente por un especialista” [71] .

La madre de Martínez dijo que, al enterarse de que su hijo había sido detenido, acudió a la Guardia del Pueblo y a la Guardia Nacional para ver si lo tenían retenido allí, pero que todos negaron saber si Martínez había sido arrestado o cuál era su paradero [72] . Contó que solamente se enteró de qué le había sucedido porque un miembro del centro médico militar donde había sido tratado su hijo le informó extraoficialmente que estaba siendo llevado al hospital.

Los guardias nacionales intentaron esposar a Martínez cuando llegó al hospital, pero el personal médico se negó, según dijo, y debido a esto discutieron. También intentaron, en varias ocasiones, ingresar a la sala donde estaba siendo atendido, pero el personal del hospital no se los permitió.

Cuando la madre de Martínez llegó al hospital, encontró aproximadamente a cinco guardias nacionales armados con fusiles y armas cortas fuera de la sala donde estaba recibiendo atención. El hermano mayor de Martínez, que se encontraba con su madre, dijo a los guardias nacionales que no había necesidad de que estuvieran merodeando por la sala, dado que no había riesgo de fuga, y que estaban causando un profundo temor a su hermano y su madre [73] . En respuesta, uno de los guardias nacionales lo señaló y le advirtió “Sabemos quién eres. Ya veremos qué te pasa”.

Martínez fue operado a las 2 a.m., y por segunda vez el día siguiente a las 6 p.m. Según la madre de Martínez, los médicos le dijeron que el impacto estaba apenas a milímetros de una arteria y que, de haberla alcanzado, probablemente le habría costado la vida. Los cirujanos extrajeron cinco fragmentos de las llaves que estaban en su bolsillo, y un puñado de perdigones. Una copia del parte médico que puedo consultar Human Rights Watch confirma que Martínez llegó al hospital el 21 de marzo [74] , y que presentaba un “gran orificio de entrada” causado por un disparo en su rodilla [75] . El informe confirmaba que, durante la cirugía, los médicos habían hallado “múltiples proyectiles” y “objetos metálicos en varios fragmentos de llaves” [76] .

Diversos documentos médicos aportados por familiares de Martínez confirmaron sus lesiones y el severo trauma emocional que produjo el incidente. Un informe médico del 22 de marzo —dos días después del incidente— indicó que Martínez continuaba experimentando un “dolor de fuerte intensidad” debido a la herida de bala, y que necesitaba seguir hospitalizado para vigilar su estado y evitar una infección [77] .

Durante la segunda noche en el hospital, dijo Martínez, se despertó y uno de los guardias nacionales estaba parado junto a su cama mirándolo fijamente. Comenzó a gritar y entonces el oficial salió de la sala. Martínez dijo que temía que, cuando sus familiares y los profesionales médicos lo dejaran solo, los guardias nacionales se lo llevarían para aterrorizarlo. Agregó: “Veo un guardia y me pongo nervioso”, y dijo que necesitó que lo sedaran para poder dormir en el hospital.

Un examen realizado por un psicólogo clínico independiente, y que fue proporcionado por familiares de Martínez, diagnosticó que este sufría un “trastorno por estrés agudo”, y describió su estado como “temeroso”, desorientado y con signos de “aturdimiento” [78] . El psicólogo que examinó a Martínez también indicó que experimentaba recuerdos angustiantes de la experiencia traumática sufrida.

Human Rights Watch entrevistó a Martínez el 23 de marzo de 2014, en el hospital, donde todavía se encontraba en cama convaleciente. Había cuatro guardias nacionales de pie junto a la puerta de acceso a la sala, y su familia dijo que estaban allí permanentemente. Martínez indicó que él y otros tres detenidos han sido acusados de uso de adolescente para delinquir, obstaculización de vía pública; instigación pública y resistencia a la autoridad.

Méndez, por su parte, fue enviada de regreso a la base militar tras ser examinada por el médico. Ella y Rodríguez fueron liberados la mañana siguiente a las 4:30 a.m., sin ser acusados de cometer ningún delito.

El Carrizal, estado de Miranda, 5 de marzo

El 5 de marzo, a las 8 a.m., el estudiante de 19 años Moisés Guánchez se dirigió a su trabajo en un restaurante de comidas rápidas en el centro comercial La Cascada, en el municipio El Carrizal, estado de Miranda [79] . Ese día, desde las primeras horas de la mañana, estaba ocurriendo una manifestación en la autopista que pasa frente al centro comercial. Según relató, comenzó a oír disparos desde las 10 a.m. Alrededor de las 12:30 p.m., su jefe decidió cerrar el restaurante, y él y sus compañeros de trabajo comenzaron a limpiar las instalaciones. Cuanto terminaron y se disponían a retirarse, alrededor de las 2 p.m., advirtieron que los guardias de seguridad privada empleados por el centro comercial habían cerrado la entrada principal, y habían dejado a varios empleados y clientes adentro del complejo. Para ese momento, los gases lacrimógenos habían comenzado a inundar el centro comercial y Guánchez, que padece asma, se dirigió al estacionamiento al aire libre, que se encuentra ubicado entre el centro comercial y la calle, pero está cerrado por una reja.

Según señaló, en el estacionamiento había aproximadamente otras 40 personas, entre ellas seis menores de edad. Desde allí, observó a miembros de la Guardia Nacional que arrojaban cartuchos de gases lacrimógenos hacia manifestantes en la autopista, y a personas que desde edificios arrojaban botellas hacia la autopista.

Guánchez dijo a Human Rights Watch que miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar cartuchos de gases lacrimógenos y a disparar perdigones a las personas que se encontraban atrapadas en el estacionamiento del centro comercial. Luego, aproximadamente cuatro motocicletas oficiales de la Guardia Nacional, con dos agentes en cada una, irrumpieron en el estacionamiento, disparando perdigones a medida que avanzaban hacia el grupo. Guánchez contó que él y otras personas comenzaron a correr hacia el centro comercial para resguardarse.

Al advertir que una motocicleta le bloqueaba el paso, Guánchez giró y comenzó a correr en la dirección opuesta, hacia una de las salidas del estacionamiento. Mientras corría, escuchó que un guardia nacional gritaba: “¡Ahí, ahí, dispárale!”. El oficial que iba en la parte trasera de la motocicleta que avanzaba detrás de Guánchez disparó cinco o seis veces en dirección a él, pero ninguno de los disparos lo alcanzó. En ese momento, Guánchez vio que otra motocicleta se detenía frente a él, y el guardia nacional que iba en la parte trasera apuntaba el fusil en dirección a su rostro. Por reflejo, levantó el brazo para protegerse el rostro, y sintió un impacto en el brazo, donde recibió un disparo. Una vez más, Guánchez cambió de rumbo y, mientras corría, escuchó varios disparos más. Sintió varios impactos en sus nalgas y cayó al piso [80] .

Para este momento, según señaló, entre ocho y diez motocicletas de la Guardia Nacional habían ingresado en el estacionamiento. Dos guardias nacionales se acercaron a él caminando y lo levantaron. Guánchez explicó que, mientras era atacado por guardias nacionales, un hombre con una videocámara y un chaleco antibalas que decía “Comando Operaciones” en letras blancas filmaba lo que sucedía. Fotografías no profesionales tomadas por un testigo muestran a Guánchez cuando es arrinconado contra un portón por guardias nacionales, y a un hombre con una videocámara que los acompaña y que parece estar filmando [81] . Dos guardias nacionales lo tomaron por ambos brazos y comenzaron a darle golpes de puño reiteradamente en las costillas. (Guánchez y su madre indicaron que ninguno de los dos sabía si los investigadores habían recuperado el video de la persona que filmaba, cuyo rostro se ve claramente en las fotografías).

Luego, un tercer guardia nacional se acercó a Guánchez—que no estaba ofreciendo resistencia—, apuntó con su fusil a los genitales y disparó. Para intentar defenderse, Guánchez movió la pierna, y debido a ello el disparo impactó directamente en la pierna y rozó los testículos. Según un informe médico forense, Guánchez presentaba lesiones producidas por “proyectiles de carga múltiple a próximo contacto” [82] .

Guánchez —que tenía los pantalones empapados de sangre y estaba padeciendo un intenso dolor a causa de los disparos recibidos— fue obligado por guardias nacionales a cruzar el estacionamiento a pie y subir a una motocicleta en medio de dos oficiales. El guardia nacional que estaba sentado detrás de él le apuntaba a la cabeza con un arma corta y amenazaba con matarlo si se movía.

Cuando los guardias nacionales advirtieron que el portón de acceso al estacionamiento estaba cerrado, obligaron a Guánchez a bajar de la motocicleta y lo obligaron a trotar hasta la autopista, donde le indicaron que debía esperar. Guánchez dijo que el dolor de las heridas era extremo.

Un grupo de civiles partidarios del gobierno que circulaban en motocicletas se habían congregado en un puente, por encima del lugar donde era retenido Guánchez. Los hombres gritaban a los guardias nacionales que debían dejar que Guánchez se desangrara, y que, si no moría, lo matarían ellos mismos pasando por encima de su cuerpo con las motocicletas. Guánchez afirmó que uno de los guardias nacionales se reía ante estos comentarios. La presencia de los hombres en motocicletas fue corroborada por fotografías que se facilitaron a Human Rights Watch, donde aparecen hombres montados en motocicletas sobre el lugar donde era retenido Guánchez, y que parecen estar gritándole [83] .

Después de aproximadamente 15 minutos, los guardias nacionales esposaron a Guánchez y lo subieron a una camioneta negra sin placas [84] . Durante el trayecto, los guardias nacionales que viajaban con Guánchez se burlaban de él, decían que nunca podría tener hijos y lo llamaban “marica”. Los oficiales también decían que, si se desangraba en el camino, arrojarían su cuerpo en un canal. Los oficiales amenazaron con violarlo con un palo de escoba [85] y enviarlo a una cárcel con violadores. Le robaron dinero, dos teléfonos celulares, su mochila y una cadena de oro. Posteriormente, su madre denunció el robo de todos estos objetos a la Guardia Nacional [86] .

Los miembros de la Guardia Nacional llevaron a Guánchez a un hospital. Al llegar, no permitieron que el personal del hospital trajera una camilla para trasladarlo a la sala de emergencias, sino que lo obligaron a caminar a pesar del dolor insoportable que esto le causaba. Al ingresar en la sala de emergencias, Guánchez se desplomó en el suelo. Cuando los médicos pidieron a los guardias nacionales que los ayudaran a levantarlo del piso para colocarlo sobre una camilla, los oficiales se negaron.

Cuando los médicos pidieron a los guardias nacionales que quitaran a Guánchez las esposas, primero afirmaron que habían perdido la llave. Recién cuando un médico amenazó con hacer cortar las esposas, uno de ellos hizo aparecer la llave y liberó a Guánchez. Los guardias nacionales se negaban a salir de la sala de emergencias, a pesar de los reiterados pedidos del personal médico presente.

Cuando los médicos supieron que los guardias nacionales no habían notificado a la familia de Guánchez, uno consiguió que Guánchez le diera el número de su padre y se comunicó con él.

Según fue demostrado por su madre posteriormente a Human Rights Watch, Guánchez recibió tres transfusiones de sangre y fue operado inmediatamente para extraerle cinco perdigones de la pierna [87] . Los médicos también encontraron heridas provocadas por perdigones en su brazo (recibidas cuando, según dijo Guánchez, intentó protegerse el rostro) y en las nalgas. También tuvo que ser operado por lesiones en uno de sus testículos, conforme consta en un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch [88] . Fotografías de las heridas de Guánchez y otros informes médicos fueron también proporcionados a Human Rights Watch [89] .

Ese mismo día —según el testimonio de la madre de Guánchez, que llegó al hospital poco después del aviso de los médicos—, un coronel de la Guardia Nacional se presentó en el hospital y solicitó a los médicos información sobre la salud de su hijo. El coronel ordenó a los dos guardias nacionales armados que permanecieran en el pasillo afuera de la habitación de Guánchez. La madre de Guánchez manifestó que, tanto para ella como para el personal médico, su presencia era sumamente intimidante.

El 7 de marzo se realizó una audiencia en la habitación de hospital donde estaba Guánchez. Un fiscal lo acusó de instigación pública y atentado contra la seguridad en la vía. La fiscalía presentó como prueba un informe policial que indicaba que Guánchez llevaba una máscara antigás en su mochila, y que también habían encontrado “en el lugar donde fue detenido” 19 cócteles Molotov, 12 miguelitos y 30 metros de alambre de púa en su mochila [90] . (“Miguelitos” son pequeños objetos con puntas salientes que se utilizan para perforar los neumáticos de vehículos o motocicletas).

Sin embargo, la jueza determinó que no existían evidencias para acusar a Guánchez de ningún delito y dispuso su liberación [91] . Familiares de Guánchez mostraron la sentencia a Human Rights Watch [92] . Según un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch, a Guánchez le indicaron que no podría reanudar sus estudios ni trabajar, al menos, hasta el 14 de abril [93] . El 11 de abril, Guánchez fue operado por segunda vez para eliminar líquido acumulado en el testículo afectado. Su madre señaló que estaba dolorido y continuaba haciendo reposo [94] .

Caracas, 12 de febrero

El 12 de febrero, Marco Aurellio Coello, de 18 años; Luis Felipe Boada, de 25; Cristian Holdack, de 34; Nelson Gil, de 22; Demian Martin, de 19; y Ángel de Jesús González, de 19, fueron detenidos en forma arbitraria en seis lugares diferentes, cerca del Parque Carabobo, en Caracas [95] . Ese día, una manifestación que se estaba desarrollando en forma mayormente pacífica en esa zona finalizó con incidentes violentos que dejaron un saldo de al menos tres muertos, decenas de heridos y varios vehículos oficiales quemados.

Los seis hombres —que, hasta este día, no se conocían entre sí— fueron llevados por separado y sometidos a graves abusos físicos durante su arresto y en la sede del CICPC de la zona, donde todos ellos permanecieron incomunicados durante 48 horas. Estas seis personas, a quienes Human Rights Watch entrevistó en el centro de detención donde se las mantenía en ese momento, describen en los siguientes términos el modo en que fueron detenidas:

• Coello relató que, cuando intentaba escapar corriendo del lugar donde habían comenzado a producirse enfrentamientos violentos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, recibió en la pierna el impacto de un cartucho de gases lacrimógenos. Cayó sobre el asfalto y quedó envuelto en estos gases. Mientras intentaba respirar, un grupo de aproximadamente ocho hombres vestidos de civil lo atacaron y le propinaron golpes mientras estaba tendido en el piso. Luego lo levantaron y lo llevaron a la sede del CICPC en las proximidades, donde tres policías lo condujeron a un baño, lo apuntaron con un arma en la cabeza y empaparon su camisa y su cuerpo con gasolina. Le rodearon el cuerpo con una colchoneta que ataron con cinta, y alrededor de 10 oficiales comenzaron a darle puntapiés y golpearlo con bates, con un palo de golf y con un matafuego en las costillas y en el torso. Luego le quitaron la colchoneta y le aplicaron tres descargas eléctricas en el pecho. Todo el tiempo, los policías insistían en que confesara que, ese día, había quemado vehículos oficiales. Coello respondía que no confesaría porque no lo había hecho.
• Boada dijo que, al escuchar disparos, había huido del enfrentamiento y se había refugiado dentro de una residencia en la zona de Parque Carabobo. Oficiales del CICPC irrumpieron en el edificio, lo golpearon y lo detuvieron. Cuando llegó a la sede del CICPC, también fue llevado a un baño donde oficiales empaparon su ropa con gasolina y amenazaron con prenderlo fuego. Mientras tenía las manos esposadas por la espalda, más de 10 oficiales lo golpeaban y le propinaban patadas en la espalda y en las costillas. Uno de ellos le asestó un golpe en la cabeza con un casco y Boada cayó al piso. Entonces otro lo azotó con un trapo húmedo en la espalda y en el rostro.
• Holdack estaba filmando a civiles que golpeaban a manifestantes cuando aproximadamente cuatro hombres —que, según dijo a Human Rights Watch, eran policías— lo tomaron del cabello, lo golpearon y lo detuvieron. Al llegar a la sede del CICPC, fue arrojado al suelo, y allí varios oficiales le propinaron patadas. Uno de ellos dijo: “No quiero esos videos en las redes”.
• Tres oficiales vestidos de civil abordaron a Gil en la plaza e inmediatamente comenzaron a golpearlo en las costillas y en el rostro. Según relató, los oficiales le arrojaron gasolina en las manos mientras lo trasladaban a la sede del CICPC. Para cuando llegó, tenía un ojo totalmente hinchado a causa de un golpe de puño. Cuando otro oficial le preguntó qué había ocurrido, Gil dijo que había sido golpeado por policías. Esta persona le dijo que estaba equivocado y que, en realidad, se había caído. Otro policía lo amenazó de muerte.
• Martin estaba tomando fotografías de los enfrentamientos con su celular cuando cuatro hombres vestidos de civil que llevaban armas cortas lo abordaron e intentaron llevárselo. Nos dijo que, como estos hombres no se identificaron en ningún momento, temía que fueran civiles armados e intentó escapar. Los hombres lo tomaron del cabello, le arrojaron gas pimienta en los ojos y lo golpearon en todo el cuerpo mientras le gritaban “maldito opositor”. Lo siguieron golpeando en la cabeza con un casco durante el trayecto hasta la sede del CICPC.
• González dijo que estaba tomando fotografías de automóviles quemados cuando cinco hombres armados, vestidos de civil, lo abordaron, le quitaron su teléfono y lo detuvieron. Según relató, a pesar de no haber opuesto resistencia, fue golpeado en el trayecto hasta la sede del CICPC.

Tras haber sido detenidos, los seis hombres fueron obligados a arrodillarse frente a una pared, con las manos esposadas por la espalda, durante aproximadamente cuatro horas. Human Rights Watch obtuvo una copia de una fotografía que muestra a los hombres arrodillados contra la pared, la cual fue tomada por una fuente anónima dentro del CICPC y entregada secretamente a sus familiares [96] . Los detenidos fueron agredidos reiteradamente por policías, quienes les propinaban pagadas o los golpeaban en la nuca, lo cual provocaba que sus rostros chocaran violentamente contra la pared [97] .

Durante los dos días en que estuvieron detenidos en la sede del CICPC, los seis hombres no tuvieron acceso a abogados ni se les permitió ver a sus familias. La madre de Coello relató a Human Rights Watch que el 13 de febrero visitó otra sede del CICPC y la sede del SEBIN para averiguar dónde estaba detenido su hijo, y allí se negaron a informarle si su hijo se encontraba allí [98] .

El 14 de febrero a las 11 p.m., los seis hombres fueron llevados ante un juez, junto con otras diez personas que habían sido detenidas el 12 de febrero. Recién se les permitió el acceso a abogados con media hora de antelación a la audiencia o incluso menos tiempo, y fueron obligados a hablar con los letrados en presencia de miembros de la Guardia Nacional, que permanecieron cerca. Los abogados defensores solamente pudieron ver las pruebas presentadas por la fiscalía unos minutos antes de la primera audiencia [99] .

La fiscalía expuso como evidencia que las vestimentas de los detenidos estaban manchadas con gasolina, según indicaron los detenidos. También había fotografías de los rostros de los detenidos, tomadas cuando estos se encontraban retenidos, junto a otras fotografías de personas no identificables que habían participado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según manifestaron abogados que estuvieron presentes en la audiencia. Por ejemplo, entre las pruebas presentadas para implicar a Gil había dos fotografías: una imagen para el archivo policial que le habían tomado en el CICPC y otra de un hombre visto desde atrás cuando arroja una piedra en dirección a miembros de fuerzas de seguridad. La fiscalía exhibió la fotografía de un hombre que vestía prendas distintas a las que llevaba puestas cuando fue detenido, aseveró Gil. Asimismo, en algunos de los demás casos, la fiscalía presentó fotografías de hombres arrojando piedras a agentes de seguridad, tomadas desde atrás, o con los rostros cubiertos con pañuelos o capuchas, junto con las fotografías de los detenidos que había tomado la Policía para su registro. La fiscalía también presentó fotografías de una botella de gasolina, y carteles tirados en la calle que manifestantes habían exhibido durante la manifestación [100] .

En la audiencia, que se llevó a cabo durante la noche y duró varias horas, el fiscal acusó a los seis hombres de instigación a delinquir, incendio, daños y agavillamiento. Los seis fueron acusados de confabular entre ellos para la comisión de delitos, a pesar de que no se conocían antes de su detención en la sede del CICPC. El 15 de febrero, a las 5:30 a.m., la jueza confirmó el procesamiento de los seis hombres y dispuso su prisión preventiva. La jueza otorgó libertad condicional a los otros 10 detenidos [101] . No se ofreció ninguna explicación sobre por qué los dos grupos recibieron un trato diferente.

La jueza determinó que no se habían violado los derechos de debido proceso de los detenidos, ya que estos habían sido puestos a disposición de un fiscal y un juez dentro del plazo establecido por el derecho venezolano [102] .

Luego, los seis hombres fueron trasladados a la dependencia policial de Polichacao en Caracas, donde no sufrieron malos tratos, según dijeron a Human Rights Watch. Un mes y medio después, el 1 de abril, un juez confirmó los cargos [103] . Al momento de redacción de este informe, solamente Coello y Holdack continuaban en prisión preventiva, y a las otras cuatro personas se les había concedido la libertad condicional [104] .

Barquisimeto, estado de Lara, 11 de marzo

El 11 de marzo, el estudiante de ingeniería civil Wladimir Díaz, de 20 años, participó en una protesta que se desarrolló en Barquisimeto, estado de Lara, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y alrededor de sus instalaciones, junto con cientos de estudiantes de esa universidad y otras personas de la zona [105] . Por la mañana, los estudiantes cortaron parte de la calle afuera de la facultad, pero permitían el paso de automóviles, explicó Díaz. Alrededor del mediodía se presentaron entre 40 y 50 manifestantes a favor del gobierno, que insultaron a los estudiantes.

Alrededor de la 1:30 p.m., un vehículo blindado antidisturbios de la Guardia Nacional avanzó hacia los estudiantes en la calle, y disparó perdigones y gases lacrimógenos [106] . Algunos estudiantes arrojaron piedras contra el vehículo, mientras que la mayoría retrocedió hacia el campus, el cual se encuentra perimetrado por un muro. Miembros de la Guardia Nacional y policías que avanzaban a pie también comenzaron a arrojar gases lacrimógenos y disparar perdigones contra los estudiantes que se retiraban, relató Díaz. A continuación se sumaron entre 50 y 60 hombres vestidos de civil, que en su mayoría llevaban el rostro cubierto con pañuelos rojos. Díaz dijo que reconoció a algunos de los hombres vestidos de civil como integrantes del grupo de manifestantes oficialistas que, previamente ese día, habían enfrentado a los estudiantes que participaban en la protesta. Muchos llevaban ahora armas cortas y comenzaron a disparar a los estudiantes, según contó.

A pesar de encontrarse a metros de distancia y ver que estos hombres armados disparaban a los estudiantes, los guardias nacionales y policías no intervinieron para desarmarlos y, en varios momentos, incluso hablaron con ellos, relató Díaz. Su testimonio fue corroborado por varias fotografías tomadas por estudiantes que participaron en la protesta ese día, a las cuales Human Rights Watch tuvo acceso [107] . Human Rights Watch también entrevistó a tres profesores que, al oír disparos, se ocultaron en una oficina en el campus con más de una decena de estudiantes. Según relataron, durante varias horas siguieron escuchando “detonaciones constantes” [108] .

Mientras Díaz retrocedía hacia el campus, uno de los hombres vestidos de civil lo señaló y dijo: “Vas a llevar plomo”.

Luego, Díaz se dirigió al comedor de la universidad; mientras permaneció allí, un grupo de aproximadamente 20 guardias nacionales, 5 policías nacionales y 5 civiles armados con el rostro cubierto ingresaron en un edificio de las inmediaciones que estaba abierto y se conectaba con el comedor, y comenzaron a disparar contra estudiantes. Díaz indició que recibió un impacto en el abdomen “que sintió que fue como una patada” [109] , y giró para escapar. Apenas dio unos pocos pasos, comenzó a sentir que brotaba sangre de la herida y que no podía correr.

Otros estudiantes llevaron a Díaz hasta otro sector del campus, y luego lo trasladaron en motocicleta a una clínica cercana. Desde allí, fue llevado en ambulancia al Hospital Pastor Oropeza. En el hospital, miembros de la Guardia Nacional y del CICPC dijeron al personal médico que Díaz debía ser trasladado a un hospital militar, según contaron Díaz y su madre. Dijeron que no entendían, ni ellos ni los médicos del establecimiento, por qué las fuerzas de seguridad creían que tenían derecho a determinar dónde iba a ser atendido, y que él y su familia se sintieron intimidados por los oficiales armados [110] . La madre de Díaz insistió en que lo llevaran a otra clínica privada, donde fue operado.

Díaz contó que, en la operación, debieron extirparle parte del intestino. El médico que lo operó informó que, debido al tamaño del orificio de la bala y a que esta le atravesó el cuerpo y salió por la espalda, la herida coincidía con las características de una agresión con arma de fuego, y no con perdigones. Un informe médico proporcionado a Human Rights Watch indicó también que Díaz presentaba una herida causada por “arma de fuego” [111] .

San Antonio de los Altos, estado de Miranda, 19 de febrero

El 19 de febrero, aproximadamente 500 manifestantes, entre los cuales había hombres, mujeres y niños, cortaron un tramo de autopista en San Antonio de los Altos con barricadas improvisadas. Gengis Pinto, de 36 años, había estado en la protesta desde la tarde [112] , mientras que Luis Alberto Gutiérrez Prieto, de 26, y su hermano llegaron alrededor de las 7 p.m. [113] Pinto y Gutiérrez, que en aquel momento no se conocían, y a quienes investigadores de Human Rights Watch entrevistaron por separado, indicaron que si bien los manifestantes habían cerrado parte de la carretera, permitían que los automóviles pasaran a baja velocidad.

Alrededor de las 8 p.m., se presentó un grupo de policías antidisturbios de la Guardia Nacional que arrojó gases lacrimógenos a los manifestantes. Varios manifestantes respondieron arrojando piedras y vidrios. En ese momento, varios de los guardias nacionales dispararon con municiones a los manifestantes, según aseveraron Pinto y Gutiérrez, quienes dijeron que los habían visto disparar armas cortas que no se utilizan para disparar perdigones. Gutiérrez afirmó que él sabía diferenciar el sonido de un disparo de bala del de un perdigón [114] . Después de aproximadamente 15 minutos, los oficiales se retiraron. Gutiérrez manifestó que, cuando se fueron, pudo recoger al menos 10 casquillos de bala.

Poco después, un metrobús (utilizado para transporte público) se acercó a la barricada. En vez de bajar la velocidad, aceleró y por poco atropella a varios manifestantes, según contaron Pinto y Gutiérrez. Algunos manifestantes respondieron arrojándole piedras y botellas. Funcionarios gubernamentales afirmaron que el conductor había sido sacado del vehículo y agredido físicamente por manifestantes. El Ministro de Transporte de Venezuela, por ejemplo, dijo a través de un mensaje de Twitter que “violentos… golpearon [al conductor] con brutalidad” [115] . Pinto y Gutiérrez, que se encontraban en la manifestación en ese momento y dijeron haber presenciado el incidente, indicaron a Human Rights Watch que el autobús no había sido detenido y que el conductor nunca fue obligado a descender del vehículo. Para este momento, la cantidad de manifestantes se había reducido a alrededor de 200, dado que la mayor parte de los menores de edad y las personas mayores se habían retirado.

Alrededor de las 9:30 p.m., un grupo numeroso de agentes de la Guardia Nacional llegaron al lugar montados en motocicletas. Según Pinto y Gutiérrez, entre 50 y 100 motocicletas —en muchos casos, con dos oficiales en cada una— avanzaron hacia la barricada, mientras quienes iban en ellas arrojaban gases lacrimógenos y disparaban perdigones. Un video amateur del incidente, filmado desde un complejo de departamentos con vista a la autopista donde se había montado la barricada, corrobora su relato [116] . Gutiérrez, su hermano, Pinto y muchas otras personas escaparon del lugar.

Gutiérrez nos dijo que pronto se vio rodeado por guardias nacionales que le dijeron que se acostara con el rostro hacia abajo y las manos y piernas extendidas y separadas del cuerpo. Mientras estuvo tendido en el suelo, oyó que guardias nacionales golpeaban e insultaban a otra persona que se encontraba cerca, quien les rogaba que se detuvieran. En ese momento, explicó, oyó los pasos de una persona que se acercaba y luego sintió un impacto lacerante del lado izquierdo del rostro, donde un oficial le había dado un puntapié. Según dijo, el impacto causó un fuerte ruido y su rostro comenzó a sangrar inmediatamente. A los pocos instantes, empezó a tener dificultades para respirar. Un guardia lo levantó y lo obligó a caminar hasta un muro que bordeaba un estacionamiento, donde pudo contar que habían otros seis detenidos. Todos habían sido obligados a arrodillarse, de cara a la pared, con las manos en la cabeza.

Pinto también huyó del lugar, pero pronto se vio rodeado por aproximadamente 10 guardias nacionales, y levantó las manos. Relató que un guardia nacional se acercó a él y le apuntó al rostro con su fusil. Cuando el oficial se encontraba a una distancia de entre dos y tres metros, Pinto levantó el brazo para protegerse el rostro. Contó que en ese momento oyó un disparo y sintió múltiples impactos. El principal impacto lo recibió en la mano con la cual se había cubierto el rostro. Si no hubiera podido protegerse con la mano, aseveró, habría recibido el principal impacto en medio del rostro. Más tarde, los médicos le quitaron ocho perdigones del área alrededor del ojo, la mano, el hombro y el pecho.

Pinto cayó al piso donde, instantes después, sintió tres o cuatro descargas de corriente eléctrica en su cuerpo (no pudo ver qué dispositivo se utilizó para aplicar las descargas) y múltiples puntapiés en el cuerpo. Luego fue levantado del suelo y llevado hacia el muro que delimitaba el estacionamiento.

Pinto y Gutiérrez dijeron que ellos estuvieron entre los primeros detenidos que fueron llevados al muro. En el término de media hora, más de 40 personas —entre las cuales había cuatro mujeres y cuatro jóvenes, según relataron— fueron trasladadas hasta allí, y también fueron obligadas a arrodillarse colocoando sus las manos en la cabeza [117] .

Pinto y Gutiérrez estimaron haber permanecido allí entre una y dos horas. Dijeron que los guardias nacionales los controlaban constantemente y que, si los detenidos se estaban moviendo —y en algunos casos, sin motivo aparente— los golpeaban en la nuca con sus cascos o con los puños [118] . Varios guardias nacionales se acercaron y les dijeron que se quitaran los cordones de sus zapatos, que utilizaron a continuación para sujetarles las muñecas. Otro guardia nacional se acercó y robó todos los objetos de valor que llevaban los detenidos, como celulares, billeteras, relojes y pulseras.

Detrás de ellos, seguían llegando cada vez más motocicletas, y varios guardias nacionales se acercaron para amenazarlos. Gutiérrez relató que uno de los guardias nacionales dijo al grupo de detenidos que los iban a desnudar, los iban a mojar con agua y luego los encerrarían en una habitación pequeña donde iban a arrojar gases lacrimógenos, lo cual les provocaría quemaduras en la piel. Pinto recordó que uno de ellos decía “te vamos a desaparecer”.

Alrededor de las 11 p.m., los 44 detenidos fueron subidos en la parte trasera de camionetas. Gutiérrez contó que fueron ubicados en la parte trasera de una de las camionetas, totalmente amontonados, junto con otros detenidos. Para el momento en que los oficiales quisieron subir a Gutiérrez en una camioneta, ya no quedaba espacio. Entonces, los oficiales lo obligaron a sentarse en cuclillas sobre la espalda de otros detenidos. Debido a que aún tenía las muñecas atadas, no podía sostenerse de ningún lado, y le aterrorizaba la posibilidad de caer de la camioneta cuando esta doblara. Contó que cuando les dijo esto a los guardias nacionales, ellos se rieron.

Los detenidos fueron trasladados al Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales (PMOM). Allí, fueron llamados uno por uno para ser entrevistados por una mujer uniformada, a quien los demás llamaban “teniente”. Esta persona les tomó una fotografía y les pidió que dijeran sus nombres y números de documento. Gutiérrez señaló que, al ver la sangre y la gran hinchazón en su rostro a causa del puntapié que había recibido, la teniente dijo: “Uyyy, a ti te dieron duro”.

Pinto y Gutiérrez relataron que ambos dijeron a los guardias nacionales, una y otra vez, que tenían severos dolores y que necesitaban atención médica. Pinto dijo que tenía varios dedos desfigurados por el disparo y sentía un dolor muy intenso en la mano. Gutiérrez, por su parte, tenía dificultades para respirar, a causa varias fracturas provocadas por la patada recibida en el rostro. Pinto, Gutiérrez y otros tres detenidos con heridas graves —que habían recibido impactos de perdigones o violentas golpizas— fueron separados de los demás.

Uno de los heridos graves era menor de edad. Tenía severas contusiones en las costillas a causa de un puntapié que le había propinado un guardia nacional que lo detuvo, según le dijo a Gutiérrez cuando ambos fueron separados del resto de los detenidos. Gutiérrez señaló que el joven tenía dificultades para respirar a causa del dolor que sentía en las costillas.

Mientras se encontraban apartados de los demás detenidos, y según lo confirmaron Pinto y Gutiérrez por separado, varios guardias nacionales se acercaron para preguntarles de qué manera habían sufrido las lesiones y les sugerían otra versión de lo sucedido. Gutiérrez afirmó que un guardia lo abordó y le preguntó: “¿A ti qué te pasó?”

“Una patada”, respondió Gutiérrez.

“¿De quién?”, inquirió el guardia.

“De la Guardia”, respondió Gutiérrez

“No vale”, dijo el oficial. “A ti lo que te pasó fue que te diste con un poste [de luz], te diste con el borde de la acera. Es más, esto fue un amigo tuyo que te dio un botellazo en la cara para que sigas guarimbeando”.

El hospital

Recién a las 2 a.m. aproximadamente —alrededor de tres horas después de haber llegado al establecimiento militar, y más de cuatro horas después de haber sido detenidos— los detenidos con heridas graves fueron trasladados para recibir atención médica.

Pinto señaló que más de seis guardias nacionales los acompañaron al hospital. Un médico, al ver el estado en que se encontraban, reprendió a los oficiales frente a los detenidos y los llamó “salvajes” por lo que habían hecho. Entonces, uno de ellos respondió: “Atiéndelos ya, o te voy a meter preso”. Según Gutiérrez, el médico le respondió: “¿Me vas a matar a mí también?”,

Gutiérrez y Pinto indicaron que los guardias nacionales les prohibieron a los médicos registrar la llegada de los pacientes, tal como lo hacen habitualmente. Gutiérrez señaló que, más tarde, su madre, que es enfermera, acudió al hospital para verificar el registro de esa noche, donde se ingresan los nombres de todos los pacientes. Dijo que no había registro de los cinco detenidos que llegaron allí esa noche.

Cuando los médicos pidieron comunicarse con familiares de los detenidos, los oficiales también se negaron. Uno de los médicos insistió en que se llamara a los familiares y dijo que tenían derecho a ser informados. Según Pinto contó a Human Rights Watch, un guardia nacional respondió que, si las familias se presentaban en el hospital, los médicos estarían en problemas.

Después de revisar las lesiones de los detenidos, los médicos dijeron que necesitaban atención médica especializada que ellos no podían brindarles en ese establecimiento. El oficial de mayor rango se negó a trasladar a los detenidos a otro establecimiento, y dijo a los médicos que tenían órdenes expresas de llevarlos nuevamente a la instalación militar. Uno de los cinco detenidos fue llevado a otro sector del hospital; y Gutiérrez y Pinto no volvieron a verlo. Los cuatro restantes fueron esposados de a dos, y alrededor de las 5 a.m., fueron llevados de regreso a la instalación militar, en contra de lo recomendado por los médicos.

Pinto y Gutiérrez fueron ubicados en un patio del establecimiento militar, al aire libre, donde también estaban los demás detenidos, que eran aproximadamente 40. Amaneció alrededor de las 6 a.m., y los detenidos fueron dejados al rayo del sol durante todo el día. Gutiérrez y Pinto manifestaron que tanto ellos como los demás detenidos pidieron reiteradamente recibir atención médica, pero que esta fue negada. Ambos dijeron que sentían intensos dolores, ya que los médicos de la clínica solamente habían podido limpiarles las heridas, pero no pudieron tratar las graves lesiones que presentaban.

Alrededor de las 3 p.m., se presentaron miembros del CICPC, quienes les pidieron sus nombres, números de documento y les tomaron las huellas digitales. Luego, los detenidos fueron llevados en grupos de a 10 para realizarles una revisación médica, durante la cual estuvieron presentes militares.

Pinto relató que, cerca de las 6 p.m., fue llevado a una clínica privada, es decir, casi un día entero después de su detención. Allí, según se indica en un informe médico, recibió tratamiento por heridas que presentaba en la mano derecha, y el codo y el ojo izquierdos [119] . Durante la entrevista, Pinto mostró a Human Rights Watch radiografías del codo izquierdo y la mano derecha, en las cuales se veían múltiples perdigones bajo la piel, y facilitó una copia del análisis radiológico [120] . A través de un examen oftalmológico se determinó que el ojo izquierdo de Pinto había sido afectado por los disparos y que registraba dolor, lagrimeo y visión borrosa como resultado de la lesión ocular [121] .

Gutiérrez fue llevado a la sala de emergencias a la misma hora —aproximadamente a las 2 a.m.— y allí le diagnosticaron “traumatismo craneofacial”, hemorragia nasal grave y “deformación” en región frontal y nasal [122] . Un examen físico más exhaustivo que se realizó posteriormente halló deformación grave de la pirámide nasal, con aplastamiento óseo y múltiples fracturas en el rostro [123] . Fueron necesarias varias cirugías para reconstruir y reacomodar los huesos del rostro y la zona nasal de Gutiérrez, y según refirió, tuvieron que implantarle un puente metálico en la frente y otro en la zona nasal.

Pinto y Gutiérrez tuvieron una audiencia judicial en el establecimiento médico donde recibieron tratamiento. Ambos fueron acusados de obstrucción de vías, resistencia al arresto, daños a bienes públicos y asociación para delinquir.

Relato de la detención en el establecimiento militar según un testigo

El 21 de febrero, a una abogada del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización de derechos humanos venezolana, se le permitió acceder brevemente al establecimiento militar donde habían mantenido a Pinto y Gutiérrez hasta las 6 p.m. del 20 de febrero, y donde aún permanecían otras personas detenidas en el mismo incidente. El relato de la abogada corrobora muchas de las condiciones que describieron Pinto y Gutiérrez, así como los abusos constantes contra los demás detenidos.

El 20 de febrero, la abogada había estado en contacto con familiares de varios detenidos, quienes le habían informado que estos se encontraban en el establecimiento militar [124] . Se dirigió al lugar el 21 de febrero, temprano por la mañana, y encontró a numerosos familiares reunidos en el exterior de la entrada principal. Estas personas le dijeron que no les habían permitido ingresar, y que los miembros de la Guardia Nacional en la puerta no les confirmaban si sus familiares se encontraban en el interior.

Después de haber solicitado varias veces ser recibida por un oficial de rango para averiguar quiénes se encontraban en el establecimiento, la abogada fue llevada dentro de la base militar por un capitán. El capitán la llevó hasta una sala que parecía un comedor y le dijo que esperara allí. Según contó, desde la sala se veía el patio donde mantenían a decenas de detenidos. “Los muchachos estaban todos esposados de a dos personas por juego de esposa, incluyendo a los menores, sólo las mujeres se escapaban de esta situación”, explicó a Human Rights Watch [125] . Los detenidos estaban sentados en el suelo, y solamente se les permitía moverse cuando eran llevados al baño, y según dijo ni siquiera en ese momento les quitaban las esposas. “Pude notar que estaban todos golpeados”, dijo.

La abogada también observó que un oficial uniformado gritaba a los detenidos por intentar hablar entre ellos: “¡Cállense! ¡No van a hablar más!”. Diez minutos después de haber sido llevada al comedor, un teniente advirtió su presencia y le preguntó qué estaba haciendo. Cuando intentó explicar que era una abogada de derechos humanos que había sido llevada hasta allí por otro oficial, quien le había indicado que esperara, el teniente comenzó a gritarle y a decirle que no debía estar en ese lugar. Le indicó a otro guardia nacional que la llevara a otro sitio, fuera de la vista de los detenidos. Allí, se encontró con otros abogados de detenidos que estaban esperando.

Aseveró que ella y los demás abogados esperaron aproximadamente hasta las 7 p.m., pero que no se les permitió hablar con detenidos. Desde el momento en que llegó, advirtió que en la base militar también había fiscales que hablaban con guardias nacionales. Se acercó a un grupo de fiscales para preguntarles cuándo llevarían a los detenidos ante un juez. Según la abogada: “Su respuesta fue que no lo sabían pues ellos habían cumplido con sus lapsos, el resto no era su responsabilidad. Además, me señalaron que mi presencia ahí no era necesaria y carecía de sentido pues a los muchachos se les habían respetado sus derechos en todo momento y ‘claramente no estaban golpeados’” [126] .

La abogada dijo que, cuando estaban a punto de comenzar las audiencias ante los jueces, pudo escuchar una conversación entre guardias nacionales (incluido el teniente que antes le había gritado) y fiscales que estaban cerca. Según relató, los oficiales dijeron que había “un problema con una placa de rayos X”, que “según ellos haría que se cayera el caso, por lo cual debían desaparecerla”. Poco después, le dijeron que debía retirarse de la base por orden de un juez, y fue acompañada hasta la salida por guardias nacionales.

La abogada explicó a Human Rights Watch que, esa noche, esperó en el exterior de la instalación militar. Habló con varios de los detenidos que habían sido liberados después de la acusación. Según contó, estas personas le dijeron que les habían hecho firmar un documento —donde decía que no habían sufrido abusos por parte de oficiales y que se habían respetado sus derechos de debido proceso—antes de permitirles hablar con sus abogados. Le explicaron asimismo que no habían podido reunirse con sus abogados hasta el inicio de la audiencia ante el juez.

Abusos en la vía pública

Barquisimeto, estado de Lara, 12 de febrero

El 12 de febrero, el estudiante Juan Carlos Briceño, de 24 años, participó en una manifestación pacífica en Barquisimeto, a la cual acudieron cientos de personas, incluidas familias con niños, en protesta ante la escasez de artículos de primera necesidad[127].

Cuando los manifestantes llegaron a la entrada de la Brigada 14 de la Guardia Nacional alrededor de las 4:30 p.m., aproximadamente 50 guardias nacionales comenzaron a insultarlos y a llamarlos “escuálidos” —un término peyorativo que utilizan habitualmente funcionarios y partidarios del gobierno para referirse a opositores políticos— y a disparar perdigones al aire, según relató Briceño. Cuando un grupo de manifestantes reaccionó arrojando piedras a los oficiales, Briceño intentó escapar del lugar.

Mientras corría para alejarse del complejo de la Guardia Nacional, fue alcanzado por un disparo en la parte inferior de la espalda y cayó al suelo. Permaneció allí hasta que otros manifestantes lo llevaron al interior de un edificio cercano, donde esperaron media hora hasta que mermó la violencia en la calle y pudieron trasladarlo a un hospital[128]. Briceño dijo a Human Rights Watch que, ese día, vio llegar al hospital al menos otros dos pacientes que, según aseveró, habían recibido impactos de municiones durante la misma protesta[129].

Según un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch, Briceño debió ser operado para extraerle una bala y reconstruir parte de su columna vertebral. El informe indica que la lesión sufrida en la columna le provocó paraplejia e intensos dolores[130]. Cuando Human Rights Watch entrevistó a Briceño el 22 de marzo, había recuperado parcialmente la función de las piernas y apenas estaba comenzando a caminar con ayuda de un andador.

Barquisimeto, estado de Lara, 12 de febrero

El 12 de febrero, Adrián Montilla Pérez, de 20 años, participaba en una manifestación en Barquisimeto cuando, cerca de las 4:30 p.m., miembros de la Guardia Nacional comenzaron a arrojar gases lacrimógenos y disparar perdigones [131] . Montilla contó que dio la espalda y comenzó a correr en dirección contraria, cuando vio que una mujer recibía un disparo en la pierna y caía al suelo. Según consta en una denuncia que presentó ante la Defensoría del Pueblo, Montilla dijo: “Me detengo a auxiliarla y cuando doy tres pasos siento un impacto en la pierna derecha” [132] .

Montilla dijo que la bala ingresó por detrás, desde la dirección donde miembros de la Guardia Nacional estaban disparando contra manifestantes, lo cual significa que recibió el disparo cuando estaba intentando escapar. Afirmó que pidió ayuda cuando ya no pudo cargar a la mujer herida debido al dolor que sentía en la pierna, y que otra persona se acercó a relevarlo. Según contó a Human Rights Watch, mientras intentaba alejarse rengueando de la Guardia Nacional, vio que un tanque de esta fuerza avanzaba hacia los manifestantes que escapaban y arrojaba gases lacrimógenos, a la vez que guardias nacionales en motocicletas se desplazaban entre la multitud golpeando a manifestantes. Montilla vio cómo varios guardias nacionales reducían a un manifestante en el suelo. Los guardias separaron los brazos del hombre, con los cuales intentaba cubrirse la cabeza, y lo patearon reiteradas veces en la cabeza, dijo Montilla.

Una amiga de Montilla lo ayudó a llegar a un centro comercial, y una vez allí ingresó en una tienda y le hizo un torniquete en la pierna para detener el sangrado, y luego lo ocultó en el baño. Según contó, después de que los miembros de la Guardia Nacional se retiraron de las proximidades, llevó a Montilla al Hospital Central Antonio María Pineda. Allí debieron operarlo de inmediato.

Los médicos dijeron a su familia que la herida de bala correspondía a un arma de fuego, y que no se trataba de perdigones [133] . Dos radiografías proporcionadas a Human Rights Watch también muestran una bala en el muslo de Montilla, y el informe que acompañó las radiografías confirma la presencia de una bala [134] . Montilla dijo que los médicos le informaron que debían esperar aproximadamente un mes para intentar extraerle la bala de la pierna.

Caracas, 15 de febrero

La noche del 15 de febrero, el periodista Gabriel Osorio, de 43 años, estaba tomando fotografías de una manifestación en Caracas, cuando se produjeron enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y manifestantes[135]. Osorio intentó refugiarse en la entrada de un edificio de departamentos para esperar que los gases lacrimógenos se disiparan.

Cuando Osorio pudo ver con mayor claridad, advirtió que había un guardia nacional a 10 metros de distancia. Según explicó a Human Rights Watch, Osorio levantó las manos, le mostró las credenciales de prensa y gritó: “¡Prensa!”. Sin ninguna advertencia, los oficiales comenzaron a disparar hacia el lugar donde él se encontraba, de modo que comenzó a correr. Aproximadamente cuatro guardias nacionales corrieron tras él y continuaron disparando en dirección a donde estaba, hasta que recibió un impacto y cayó en medio de la calle.

Los oficiales tomaron a Osorio de los brazos, lo levantaron, y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma. Osorio cayó al suelo nuevamente y sintió otro golpe en la cabeza, mientras seis guardias nacionales, todos con el rostro cubierto, lo rodearon y comenzaron a propinarle puntapiés en la cabeza, el cuerpo y los testículos. Volvió a decirles que era periodista y uno de ellos simplemente respondió: “¡La cámara!” e intentó quitársela. Luego, uno intentó sin éxito quitarle la mochila —porque Osorio había atado por delante dos de las correas— y entonces comenzó a arrastrar a Osorio hacia atrás sobre la calle, mientras el resto continuaba dándole puntapiés.

Los guardias nacionales abandonaron el lugar y dejaron a Osorio tendido en medio de la calle. Osorio dijo a Human Rights Watch que, al ponerse de pie, perdió el conocimiento y se despertó un tiempo después, mientras lo estaban asistiendo vecinos.

Los informes médicos, radiografías y fotografías analizados por Human Rights Watch coinciden con el relato de Osorio y muestran que sufrió fractura de dos costillas y varias contusiones en la pierna, la espalda y la cabeza (incluidas dos que debieron ser suturadas). Uno de los informes indica asimismo que la médica observó en su cuerpo heridas compatibles con lesiones causadas por perdigones[136].

Barquisimeto, estado de Lara, 18 de febrero

Seis personas —Moisés Evencio Río, de 43 años; Wilson Octavio Vásquez, de 18; Jesús Alejandro Escalante, de 18; el primo de Escalante, de 16 años; y otras dos personas, una de ellas, de 16 años— fueron detenidas arbitrariamente en Barquisimeto, en el estado de Lara, aproximadamente a las 8:30 p.m. del 18 de febrero[137].

Según una copia de un informe policial sobre su detención obtenida por Human Rights Watch, miembros de la Policía Nacional respondieron a denuncias de que la sede local CANTV, el proveedor oficial de servicios telefónicos y de Internet del gobierno, estaba siendo objeto de actos de vandalismo. Según el informe, cuando llegaron los policías:

…[O]bservamos la presencia de aproximadamente 15 personas de sexo masculino saliendo desde el interior de las instalaciones de la CANTV por la puerta que forma parte de un portón... quienes al percatarse de la presencia policial, huyeron en veloz carrera, de manera inmediata procedimos a darle la voz de alto, identificándonos como funcionarios activos del cuerpo de Policía Nacional Boliviarana... haciendo caso omiso a la voz de alto motivo por el cual se realizó un operativo envolvente a pocos metros del recorrido, a objeto de lograr la captura de los sujetos... [138] .

Contrariamente a lo expresado en el informe policial, estas personas, en realidad, no fueron detenidas cuando escapaban de CANTV, ni tampoco “a pocos metros” de allí. Según el testimonio ofrecido por los detenidos ante autoridades, fueron aprehendidos a algunas cuadras de esa sede [139] ; y familiares de las víctimas manifestaron a Human Rights Watch que estas se encontraban con ellos cuando se produjo el ataque a CANTV[140]. Esto se puede corroborar mediante filmaciones de su detención tomadas por vecinos que luego fueron analizadas por Human Rights Watch[141].

Río había salido para correr su automóvil, según indicó su hermano a Human Rights Watch. Escalante y su primo de 16 años habían salido de la vivienda de los padres de Escalante minutos antes, y se dirigían a pie a comprar algo para comer. Se encontraban en el exterior de la vivienda del primo, quien vivía en la cuadra donde fueron detenidos [142] .

A las 8:35 p.m., varios agentes de la Policía Nacional montados en motocicletas cerraron los dos extremos de la calle. Un grupo de policías abordaron a Escalante y a su primo, que era menor de edad y, sin mediar provocación alguna, comenzaron a golpearlos. La madre del primo presenció lo ocurrido y llamó inmediatamente a la madre de Escalante para informarla[143]. Escalante intentó proteger a su primo menor con su propio cuerpo y, como consecuencia, fue golpeado con mayor agresividad. Más tarde, Escalante relató a su madre que, después de haber sido separado de su primo, un policía le aplicó una descarga eléctrica en el brazo, aunque no estaba oponiendo ninguna resistencia. La madre del primo, que salió de su vivienda e intentó intervenir para evitar que los policías detuvieran a su hijo, también fue golpeada por policías.

Río, quien padece una afección cardíaca grave y problemas en la columna vertebral, fue arrojado contra el lateral de un edificio, con tanta fuerza que rompió el vidrio de una ventana. Luego, fue esposado y obligado a subir en la parte trasera de una camioneta[144]. En el momento en que fue cargado en el vehículo, no pudo evitar caer y, como tenía las manos atadas, no pudo evitar caerse y golpearse la cara contra la camioneta y sufrió graves contusiones en el rostro. Escalante, su primo y los otros tres detenidos fueron subidos a la misma camioneta y golpeados durante todo el trayecto hasta una dependencia policial.

Los seis permanecieron incomunicados en una dependencia policial hasta el 21 de febrero—más de 48 horas después de su detención—, fecha en la cual fueron acusados de ocho delitos: resistencia a la autoridad, daños al patrimonio público, obstaculización de vías, instigación a delinquir, uso de adolescente para delinquir, incendio de edificaciones, intimidación pública agravada e instigación al odio[145]. A tres de los detenidos se les concedió la libertad condicional tras la acusación, mientras que Río, Vásquez y Escalante permanecieron encarcelados hasta el 8 de abril de 2014, cuando se les otorgó la libertad condicional hasta la fecha del juicio [146] .

Valencia, estado de Carabobo, 20 de febrero

El 20 de febrero de 2014, Oscar Tellechea, un estudiante de comunicaciones de 27 años que trabaja para una agencia de noticias, se encontraba tomando fotografías y cubriendo en Valencia una manifestación inicialmente pacífica, que luego se tornó violenta cuando miembros de las fuerzas de seguridad aplicaron la fuerza para dispersarla, según contó Tellechea a Human Rights Watch. Tellechea, quien dijo que en ese momento tenía puesta una gorra con el nombre de la agencia para la cual trabaja y exhibía en un lugar visible sus credenciales de prensa, señaló a Human Rights Watch que un miembro de la Guardia Nacional lo detuvo, le apuntó con un arma en la cabeza y le ordenó que borrara todas las fotografías que había en la cámara. Luego de eso, el guardia nacional le permitió que se fuera. Tellechea se estaba retirando cuando otro guardia nacional lo detuvo y le confiscó la cámara. También contó que el guardia nacional le propinó una patada mientras se alejaba[147].

Valencia, estado de Carabobo, 24 de febrero

El 24 de febrero de 2014, Marvinia Jiménez, de 36 años, de profesión costurera, fue atacada por un miembro de la Guardia del Pueblo luego de haber usado su teléfono celular para filmar el momento en que oficiales arrojaban cartuchos de gases lacrimógenos a manifestantes [148] .

Un guardia vio a Jiménez e intentó quitarle el teléfono, pero esta lo arrojó a bastante distancia para que no pudiera tomarlo, según indicó Jiménez en varias oportunidades en que contó el ataque sufrido. Inmediatamente después, una integrante de la Guardia del Pueblo la arrojó al asfalto, la inmovilizó sentándose encima de ella, le propinó golpes, le pegó reiteradas veces en la cabeza con un casco, la escupió y la mordió. La golpiza fue filmada y fotografiada por varios testigos, cuyas imágenes corroboran su relato. Jiménez presentaba graves contusiones en varias partes del rostro y la cabeza, y debió usar un cuello ortopédico para recuperarse de las lesiones [149] .

Tras la golpiza, Jiménez fue esposada, pero los guardias no le indicaron por qué estaba siendo arrestada. A las 2 p.m., fue llevada a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde permaneció detenida junto a otras tres personas que habían sido golpeadas por guardias, incluido un hombre que estaba vomitando sangre a causa de las heridas, según contó Jiménez. Alrededor de las 6 p.m., fue trasladada para recibir atención médica básica y, posteriormente, fue llevada a una dependencia policial donde pasó la noche durmiendo en el piso.

Según contó Jiménez, a la mañana siguiente, un hombre que se identificó como representante de la Defensoría del Pueblo [150] le pidió que firmara un documento en el cual declaraba que se encontraba en perfecto estado de salud. Jiménez se rehusó a hacerlo e informó que tenía un fuerte dolor de cabeza, a lo cual el hombre le respondió: “Ese no es mi problema, porque yo estoy aquí para certificar que tú no tienes nada” [151] .

Caracas, 3 de marzo

El 3 de marzo, a las 12:30 p.m., el estudiante universitario Pedro González, de 24 años, acudió al departamento de un amigo cerca de la Plaza Altamira, una plaza pública donde se habían desarrollado habitualmente protestas en Caracas[152]. Él y su amigo pasaron la tarde en el departamento. Alrededor de las 5:30 p.m., cuando los vientos lacrimógenos comenzaron a ingresar al departamento, González bajó a tomar aire al patio cercado del edificio. Aproximadamente una decena de otros residentes también habían descendido al patio, incluidos varios que se juntaron en la entrada del edificio. Desde ese lugar miraban hacia la calle y, cerca de las 5:55 p.m., observaron a policías que arrojaban gases lacrimógenos y disparaban perdigones a manifestantes, y también a manifestantes que lanzaban a los policías los cartuchos de los gases lacrimógenos y también piedras.

González afirma que estaba parado en el patio cuando cinco o seis miembros de la Policía Nacional entraron por la fuerza al edificio. Mientras se daba vuelta para escapar, varios policías lo tomaron y, aunque no opuso resistencia, lo arrojaron al suelo y lo arrastraron fuera del edificio.

El ingreso por la fuerza de los policías en el edificio de departamentos, así como el arresto arbitrario de González sin justificación aparente, fueron registrados en, al menos, cuatro videos, tomados desde distintos puntos estratégicos, que corroboran su versión de lo ocurrido. Los videos incluyen: filmaciones tomadas por cámaras de seguridad dentro del edificio (una enfocada hacia el patio y otra hacia la entrada del edificio); una grabación de un camarógrafo profesional, que estaba parado en la puerta del edificio cuando los policías irrumpieron y aprehendieron a González; y una filmación de un video amateur tomada desde un departamento en uno de los pisos superiores del mismo edificio[153]. González proporcionó a Human Rights Watch los cuatro videos.

Uno de los videos de seguridad muestra a González dando vueltas por el patio cercado minutos antes de su arresto, y luego caminando hacia la entrada del edificio. De repente, varios residentes comienzan a huir de la entrada del edificio en dirección al patio, entre ellos González. Los siguen de cerca policías uniformados, y dos de ellos toman a González, lo arrojan al suelo y lo arrastran fuera del edificio.

La grabación de video del camarógrafo profesional que estaba en la entrada del edificio de departamentos muestra a policías lanzando gases lacrimógenos a manifestantes en la calle, quienes responden arrojándoles piedras. Luego se ve al menos a un manifestante que pasa velozmente junto al camarógrafo en dirección al interior del edificio. A continuación, el video capta el momento en que policías arremeten contra la entrada del edificio, aprehenden a González y lo arrastran por la fuerza hacia afuera.

González fue llevado hasta un vehículo policial que estaba en las cercanías, donde fue amenazado de muerte por policías, quienes le dijeron: “¿Así vas a lanzar piedras? Te vas a arrepentir”. Los policías tomaron su teléfono celular, billetera, llaves y su mochila y lo mantuvieron incomunicado en el Helicoide hasta el día siguiente. Durante ese período, permaneció esposado a otras dos personas.

En su audiencia, que se llevó a cabo el 5 de marzo, aproximadamente a las 5 p.m., la fiscalía afirmó que había arrojado piedras a la policía y se lo acusó de instigación al desorden público y resistencia a la autoridad. Según contó, las únicas pruebas presentadas contra él fueron alambres supuestamente encontrados en la zona. El juez le advirtió que revocaría el beneficio de libertad condicional si participaba en cualquier protesta en el futuro.

Barquisimeto, estado de Lara, 7 de marzo

El 7 de marzo, Willie David Arma Menéndez, de 29 años, estaba en la esquina de su vivienda en Barquisimeto con tres amigos, cuando vio a varios miembros de la Guardia Nacional que conducían hacia ellos en vehículos y motocicletas oficiales[154]. Arma y sus amigos giraron y empezaron a correr para alejarse. Mientras corría, Arma recibió un disparo detrás del cuello y cayó al suelo. Tres miembros de la Guardia Nacional lo detuvieron y comenzaron a arrastrarlo hacia un vehículo oficial. Según contó a Human Rights Watch, a pesar de que no ofreció resistencia otros guardias nacionales le dispararon varias veces más.

Diversos informes médicos examinados por Human Rights Watch indican que Arma fue alcanzado por 14 perdigones en diferentes partes del cuerpo, incluido el cuello, la pierna, el estómago y la cadera derecha[155]. Seis de los perdigones quedaron incrustados en el cuerpo y tuvieron que ser extraídos por médicos, lo cual sugiere que le dispararon desde muy corta distancia.

Arma fue retenido dentro de un vehículo de la Guardia Nacional casi una hora, durante la cual tres guardias nacionales lo golpearon empleando sus cascos y las culatas de sus fusiles, le propinaron patadas y le colocaron un trapo en la boca. Mientras lo agredían, los miembros de la Guardia Nacional le preguntaban: “¿Quién es tu presidente?”. Arma dijo que, sin importar cuál fuera la respuesta, los oficiales continuaban golpeándolo.

Los guardias nacionales lo llevaron luego al Destacamento 47, donde lo obligaron a sentarse con la cabeza entre las piernas durante aproximadamente cuatro horas, transcurridas las cuales fue liberado sin que se presentaran cargos. A pesar de que presentaba varias heridas de perdigones, no recibió atención médica durante su detención.

Caracas, 14 de marzo

El 14 de marzo de 2014, el fotógrafo Rafael José Montilla Isturiz, de 35 años, quien trabaja para una agencia de noticias que proporciona información a un periódico ruso, fue detenido por miembros de la Guardia Nacional mientras filmaba una manifestación en Plaza Altamira, Caracas[156].

De acuerdo con Montilla, quien es rastafari y usaba las trenzas características hasta la cintura, un guardia nacional le jaló el cabello, lo arrojó al suelo y le quitó el bolso. A pesar de que dijo que era periodista, el guardia nacional le quitó la cámara y lo detuvo. Fue trasladado en un vehículo oficial hasta un establecimiento militar. Al llegar, Montilla fue llevado, con las manos esposadas, a una cocina donde un guardia nacional le dijo que le cortarían el cabello “para que seas un hombre”. El guardia nacional le cortó el cabello, frente a otros que reían, a pesar de que él les explicó que las rastas estaban estrechamente ligadas a sus creencias religiosas como miembro del movimiento Rastafari[157].

Fue llevado ante un juez el 16 de marzo, junto con otras 13 personas que habían sido detenidas ese día. Un fiscal acusó a todas estas personas, incluido Montilla, de instigación pública, obstaculización de la vía pública y resistencia a la autoridad. Dos de ellas también fueron acusadas de "detención" de sustancias incendiarias. A pesar de que diferentes abogados particulares sostuvieron que los acusados habían sido detenidos arbitrariamente o sufrido abusos, el juez ratificó todos los cargos, y dispuso la libertad condicional de los 14 detenidos[158].

Valencia, estado de Carabobo, 21 de marzo

El 21 de marzo de 2014, aproximadamente a las 12 p.m., Daniela Rodríguez estaba filmando una manifestación con su teléfono celular cerca de su vivienda en el municipio de San Diego, en Valencia, cuando se desataron hechos de violencia entre miembros de la Policía de Carabobo y manifestantes[159].

Según indicó un testigo entrevistado por Human Rights Watch, Rodríguez corrió a su vivienda y cerró el portón detrás de ella. Aproximadamente 30 policías y miembros del SEBIN habrían ingresado por la fuerza en su vivienda y detuvieron a Daniela y a su hermano, Luis Rodríguez. Según el Foro Penal Venezolano, ambos obtuvieron la libertad condicional el 23 de marzo[160].

El testimonio del testigo fue corroborado por fotografías de la detención policial de los hermanos Rodríguez que fueron publicadas en Internet y en Twitter por otros testigos, y en las cuales se ve a oficiales uniformados[161]. A su vez, el testigo llevó a Human Rights Watch a la vivienda de la familia de Rodríguez en Valencia el 23 de marzo (dos días después del incidente), y mostró el lugar en que el portón había sido roto por agentes de seguridad gubernamentales[162].

Caracas, 22 de marzo

El 22 de marzo, aproximadamente a las 4:30 p.m., miembros de la Guardia Nacional allanaron la vivienda de la periodista Mildred Manrique, de 31 años, que había estado cubriendo las protestas desde el 12 de febrero y vive justo en frente de la Plaza Altamira en Caracas. Alrededor de 20 miembros de la Guardia Nacional ingresaron por la fuerza en su departamento tras romper la puerta y allanaron su vivienda durante dos horas, sin mostrar a Manrique la correspondiente orden judicial[163].

Manrique contó a Human Rights Watch que el general a cargo del allanamiento le dijo que debía acompañarlos porque habían encontrado “material de guarimba y eso es terrorismo”. En la entrada de su vivienda, un general manifestó a la prensa que habían encontrado “elementos que vinculan a actividades que no son de una actuación pacífica” y mencionó que se habían incautado como prueba sillas similares a las que supuestamente se habían arrojado a miembros de la Guardia Nacional más temprano ese mismo día, guantes que se utilizaron para manipular cartuchos de gases lacrimógenos, máscaras antigás, una computadora y material de propaganda “en contra del gobierno legalmente constituido”[164]. Según Manrique, se llevaron cuatro computadoras, máscaras antigás que llevaba al trabajo y que su familia se colocaba dentro de la vivienda cuando las fuerzas de seguridad usaban gases lacrimógenos en Plaza Altamira, algunas camisetas con propaganda política del partido oficialista y de partidos de oposición (que, según dijo, obtuvo en diferentes actos a los cuales asistió en calidad de periodista) y guantes de abrigo.

Manrique permaneció detenida durante dos horas y media en el Comando Regional 5, pero a poco de que comenzó a circular en los medios sociales la noticia sobre su arresto, le dijeron que se encontraba allí “en calidad de testigo”, si bien nunca le explicaron cuál era el hecho que había presenciado y que ameritaba que estuviera allí. Fue llevada a una oficina, se le pidió que respondiera varias preguntas acerca de quiénes vivían en su departamento y lo sucedido ese día antes del allanamiento y, tras firmar una “declaración”, se le permitió retirarse[165].

Casos vinculados con pandillas armadas partidarias del gobierno

Caracas, 12 de febrero

El 12 de febrero, a las 9:30 p.m., aproximadamente 20 hombres con vestimenta negra y el rostro cubierto se llevaron por la fuerza a Inti Rodríguez, coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una organización de derechos humanos venezolana, cuando salía de su oficina en el centro de Caracas[166].

Rodríguez dijo a Human Rights Watch que los hombres lo llevaron en una motocicleta sin placa al sector “23 de enero”, un zona en la parte occidental de Caracas presuntamente controlada por pandillas armadas partidarias del gobierno. Según contó Rodríguez, los hombres lo retuvieron por dos horas, durante las cuales le propinaron golpes y patadas y amenazaron con matarlo a él y a su familia. Los hombres revisaron los contactos de su teléfono celular, le pidieron información sobre las personas que trabajan en PROVEA y lo interrogaron sobre el trabajo de derechos humanos que desarrolla la organización. Antes de dejarlo ir, los hombres confiscaron su documento de identidad y le dijeron: “Sabemos quién eres y donde vive tu familia. Si denuncias y te pones a hablar guevonadas los vamos a quebrar”[167].

Según Rodríguez, los hombres no se identificaron en ningún momento, pero el líder del grupo empleaba jerga policial, y pudo escuchar conversaciones que sugerían que los hombres estaban en contacto con miembros de fuerzas de seguridad[168].

Valencia, estado de Carabobo, 18 de febrero

El 18 de febrero —menos de 48 horas después de que el gobernador de Carabobo instara a través de Twitter a grupos pro gobierno a que desplegaran un “rápido contraataque”— Ángel Enrique Parra, de 37 años, participó en una manifestación pacífica en la cual cerca de 20.000 personas marcharon hacia el Palacio de Justicia en Valencia[169]. Al concluir la manifestación, un grupo de aproximadamente 150 personas emprendieron la retirada por las mismas calles donde habían marchado hacia el Palacio de Justicia.

Mientras Parra y otras personas caminaban de regreso, un grupo de civiles que vestían camisetas rojas —el color normalmente asociado con quienes apoyan al partido gobernante— les gritó “fascistas” y “escuálidos”, mientras entonaban cánticos que decían “Chávez vive, la lucha sigue”. Parra dijo a Human Rights Watch que todos los manifestantes levantaron las manos para mostrar que no tenían armas y siguieron caminando. No pasó mucho tiempo hasta que vieron a otro grupo de alrededor de una decena de civiles con camisetas rojas, que estaban sentados en sus motocicletas. Todos portaban armas de fuego, y tenían el rostro cubierto con paños rojos.

Parra dijo que él y los demás manifestantes giraron al llegar a una esquina, y comenzaron a correr para alejarse de los hombres armados. Mientras corría, relató, oyó varios disparos y fue alcanzado por una bala en la espalda. Human Rights Watch revisó un informe médico —junto con una radiografía y fotografías de las heridas causadas por el disparo— donde se indica que una bala había ingresado por su espalda y se había alojado en el tórax[170].

Parra dijo a Human Rights Watch que otros manifestantes lo llevaron a un hospital, donde vio, por lo menos, a otras seis personas que llegaban con heridas de armas de fuego infligidas durante el mismo incidente[171].

Uno de los manifestantes heridos que llegó al hospital fue la estudiante Génesis Carmona, de 22 años, que había recibido un disparo en la cabeza. Según un estudiante que estaba cerca de Carmona durante la protesta, un grupo de civiles armados que habían llegado en motocicletas —algunos de los cuales vestían camisetas rojas— abrieron fuego e hirieron a Carmona. El estudiante trasladó a Carmona en una motocicleta hasta un hospital[172]. Según indicó el médico que la atendió, Carmona llegó a la sala de emergencias con una bala alojada en la cabeza, que le había fracturado el cráneo y provocado graves lesiones cerebrales. Carmona murió a causa de la herida al día siguiente[173].

A pesar de fotografías publicadas en las redes sociales que muestran a civiles armados presuntamente apuntando armas de fuego hacia manifestantes[174], el Ministro de Justicia Miguel Rodríguez Torres expresó el 19 de febrero que Carmona había muerto “por una bala que salió de sus propias filas”[175].

Barquisimeto, estado de Lara, 20 de febrero

La noche del 20 de febrero, el chef Jesús María Toval, de 38 años, participaba en un cacerolazo con un grupo de vecinos dentro la urbanización donde vive en Barquisimeto. Un grupo de aproximadamente seis hombres armados, que usaban chalecos negros, aparcó una camioneta blanca en la puerta del Comando Regional 4 de la Guardia Nacional, ubicado frente a la urbanización de Toval, según relató la esposa de este, Angélica Rodríguez, quien en ese momento estaba en el interior de su vivienda. Un vecino que es partidario del gobierno abrió el portón de la urbanización a los hombres[176].

Los hombres armados ingresaron a pie a la urbanización, tomaron a Toval por los brazos, lo rodearon y lo llevaron a la dependencia de la Guardia Nacional, contó la esposa. Mientras lo sacaban por la fuerza de la urbanización, lo llamaban “fascista” y le gritaban “¡Estás muerto!”.

Rodríguez —quien salió de la vivienda luego de que los hombres se llevaron arrastrando a su esposo— compartió con Human Rights Watch un video en su teléfono celular, en el cual se ve a varios hombres llevando por la fuerza a una persona por la calle mientras los vecinos les gritan que lo dejen ir. En el video, se puede ver una camioneta blanca aparcada frente a la dependencia de la Guardia Nacional. Rodríguez dijo a Human Rights Watch que el hombre del video era su esposo[177].

Después de que los hombres entregaron a Toval a la Guardia Nacional, fue trasladado por miembros de esta fuerza al Destacamento 47, donde fue mantenido incomunicado durante tres días. En ese lapso, fue golpeado por miembros de la Guardia Nacional, quienes amenazaron con transferirlo a una prisión donde, según le advirtieron, pasaría el resto de su vida[178].

La mañana después de su detención, el 21 de febrero, Rodríguez visitó el destacamento y preguntó si Toval estaba allí, pero el guardia nacional que la atendió le dijo que no tenían una lista con los nombres de los detenidos. Dos horas más tarde, y solamente después de que Rodríguez tuviera una crisis de llanto, otro guardia nacional se le acercó y le dijo en privado que efectivamente Toval estaba detenido allí. No obstante, ni a Rodríguez ni al abogado de Toval se les permitió verlo hasta el 23 de febrero, cuando finalmente fue llevado ante un juez.

Durante su detención, Toval fue obligado a permanecer de pie delante de una pared blanca, mientras que en el piso alrededor suyo había decenas de botellas de vidrio y alambres, para tomarle fotografías [179] . La fotografía luego se distribuyó a través de Twitter —presuntamente por alguien dentro de la Guardia Nacional o un partidario del gobierno— utilizando el hashtag #TROPA De Chávez. El tuit decía: “Este pacífico estudiante de Barquisimeto, detenido hoy x la GNB, cuando iba a clase, con 72 Molotov, 150 Miguelitos”[180].

En la audiencia celebrada el 23 de febrero, un fiscal acusó a Toval de instigación pública, intimidación pública y asociación para delinquir, sobre la base de pruebas falsas que, según aseveró su esposa, habían sido sembradas, incluidos cócteles Molotov y miguelitos. La jueza ratificó los cargos, pero le otorgó la libertad condicional. Una de las condiciones para concederle este beneficio fue que no participara en ninguna manifestación ni hablara sobre lo sucedido[181].

San Antonio de los Altos, estado de Miranda, 24 de febrero

Sandro Rivas , de 30 años, asistió a un acto de la oposición la mañana del 24 de febrero en San Antonio de los Altos. Contó a Human Rights Watch que partidarios del gobierno organizaron una contramarcha cerca de allí. Rivas mantuvo una discusión con un partidario del gobierno que terminó en una pelea de puños y en la cual resultó herido. Otro manifestante le ofreció llevarlo a su casa en motocicleta[182].

Mientras se iban de la zona de la protesta, Rivas y el conductor fueron interceptados por una camioneta, que llevaba a dos hombres en la parte delantera y a otros dos en la parte trasera, todos con armas cortas. Los hombres obligaron a Rivas y al conductor, a punta de pistola, a subir a la parte trasera y les levantaron las camisas para cubrirles la cabeza. Mientras circulaban en el vehículo, golpearon reiteradamente a ambos hombres y amenazaron con matarlos. Minutos más tarde, llegaron a un puesto de control de la Guardia Nacional, donde los hombres armados entregaron a Rivas y al conductor a guardias nacionales. Dijeron que Rivas y el otro detenido habían estado guarimbeando y que habían cortado una calle. Los guardias nacionales en ningún momento les preguntaron a él ni al otro detenido dónde habían sido llevados, y tampoco cuestionaron la identidad de los hombres armados que los habían entregado, a quienes parecían reconocer, dijo Rivas.

Rivas y el otro hombre fueron esposados por los guardias nacionales y subidos a un vehículo oficial. En un momento, el vehículo se detuvo y otro guardia nacional los alcanzó diciendo: “Métele esto” y arrojó miguelitos en el interior del automóvil. Fueron conducidos al Comando Regional 5, donde Rivas fue llevado a una sala pequeña. Allí, miembros de la Guardia Nacional le golpearon la cabeza contra una pared, le dieron un puñetazo en el ojo, y lo golpearon reiteradas veces en la espalda con la culata de un fusil.

Luego Rivas fue llevado a un área con otros 17 detenidos —entre ellos, dos mujeres y un joven— y permaneció en ese lugar durante aproximadamente cuatro o cinco horas. Los detenidos fueron llevados posteriormente a dependencias de la SEBIN para ser interrogados. Allí, Rivas fue sometido a un examen médico y fue entrevistado por un fiscal. Con posterioridad, los detenidos fueron trasladados al Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales (PMOM), donde pasaron la noche. Los 16 detenidos de sexo masculino estaban esposados unos a otros formando una sola cadena humana, y las esposas tampoco les fueron quitadas para dormir esa noche en los colchones que había en el suelo, contó Rivas.

Rivas y los demás detenidos estuvieron incomunicados hasta el momento en que fueron llevados ante un juez al día siguiente. Solamente se le permitió hablar con un abogado durante 15 minutos antes de su audiencia, en la cual los 18 detenidos fueron acusados por los mismos delitos sobre la base de las mismas pruebas que, según señaló, consistían en algunos cables y miguelitos que las fuerzas de seguridad les habían colocado después de la detención. Los detenidos fueron acusados de siete delitos, entre ellos, resistencia a la autoridad, protestar de manera violenta, cortar la vía pública y terrorismo, conforme indicó Rivas.

Caracas, 12 de marzo

El 12 de marzo, aproximadamente a la 1 p.m., José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, su amigo Carlos Spinetti, de 39 años, y otros dos amigos estaban caminando en las proximidades de la Plaza Venezuela en Caracas, donde a poca distancia de allí se llevaría a cabo un acto en apoyo al gobierno más tarde ese día [183] .

Dos hombres armados vestidos de civil interceptaron a Spinetti, que caminaba detrás de sus otros tres amigos. Cuando Ostermann advirtió que su amigo había quedado atrás, se dio vuelta para ver lo que estaba ocurriendo. A medida que Ostermann se acercaba, escuchó a los hombres diciendo que habían visto a Spinetti tomar fotografías de ellos y de otros manifestantes pro gobierno con su teléfono celular, y que querían ver las imágenes. Spinetti dijo que no había tomado ninguna fotografía, sino que había estado intercambiando mensajes de texto con su novia, según contó Ostermann.

Luego, sin que hubiera provocación, uno de los hombres le pegó un puñetazo en la cabeza a Ostermann. Otro hombre golpeó a Spinetti, y en cuestión de segundos fueron rodeados por aproximadamente 10 hombres. Ostermann contó que los hombres les propinaron patadas a él y a Spinetti varias veces, y los golpearon en la cabeza con cascos de motocicleta. Todos los hombres llevaban armas cortas. El hombre que aparentemente daba las órdenes usaba un casco de motocicleta negro y una camisa celeste sobre un chaleco antibalas; y otro usaba una chaqueta que decía “Milicia Venezolana”. Tres miembros de la Guardia Nacional, que también estaban en el círculo, observaban mientras los dos eran golpeados y luego se alejaron caminando. En ese momento, dijo Ostermann a Human Rights Watch, creyó que los hombres que los estaban agrediendo eran policías, ya que estaban armados y en compañía de miembros de la Guardia Nacional.

Para entonces, un grupo de entre 30 y 40 partidarios del gobierno se habían congregado en torno a Ostermann y Spinetti, y les proferían insultos, muchos de ellos de índole política. Los llamaron traidores a la patria y “manitos blancas” (insinuando que eran de clase alta), y les decían que la “oposición” utilizaba la violencia mientras que los partidarios del gobierno eran pacíficos. En un momento, uno de los hombres armados preguntó a otro: “¿Qué hacemos con estos dos manitos blancas? ¿Los terminamos allá o los llevamos a otro lado?”

Uno de los hombres armados pidió a Ostermann y a Spinetti sus documentos de identidad, y que indicaran su domicilio. El hombre, a su vez, transmitió esta información por medio de un walkie-talkie que llevaba con él. Dijo que su grupo había detenido a los hombres, e informó donde se encontraban. Que el hombre se comunicara con terceros por walkie-talkie hace suponer que el grupo pertenecía a una red más amplia, y que sus acciones estaban coordinadas. Los hombres armados colocaron a Ostermann y a Spinetti contra una pared y les tomaron varias fotografías. No indicaron para qué pensaban utilizar las fotografías. En varias de las fotografías, obligaron a Spinetti a posar sosteniendo un arma corta que le colocaron deliberadamente, y que luego volvieron a quitarle, dijo Ostermann.

A continuación, los hombres armados llevaron a Ostermann y a Spinetti a un puesto de la policía del municipio Libertador, donde los entregaron. Según Ostermann, los hombres armados mantuvieron una breve conversación con aproximadamente ocho o nueve policías que estaban allí reunidos, cuyo contenido no pudo escuchar, y luego se retiraron. Sin embargo, Ostermann dijo que por el modo en que se dirigían los unos a los otros, no parecía que fuera la primera vez que se veían.

Luego Ostermann y Spinetti fueron trasladados por policías a una comisaría de la policía, donde un oficial les pidió sus identificaciones. El diálogo que mantuvieron a continuación fue relatado por Ostermann a Human Rights Watch: Cuando Ostermann dijo que habían entregado sus identificaciones a los policías vestidos de civil que los habían interceptado, el policía respondió que no eran policías. “Todos los policías tienen la obligación de andar uniformados y de tener su nombre visible”, dijo el policía, quien les informó que los hombres armados pertenecían a un “colectivo”. Cuando Osterman preguntó cómo era posible que se permitiera que hombres armados detuvieran a personas al azar y las entregaran a la policía, el policía respondió: “Desafortunadamente son los colectivos los que están mandando [afuera]”. Ostermann preguntó al policía cómo era posible que se permitiera que estos hombres actuaran. En voz baja, para que otros no pudieran escucharlo, el policía dijo a Ostermann y a Spinetti: “por órdenes superiores no podemos proceder contra estos grupos”. El policía agregó que si detuvieran a estos “colectivos”, perderían su trabajo.

Ostermann y Spinetti fueron sentados, con las manos esposadas, en un banco junto a la entrada de la comisaría de la policía. Ostermann dijo que, después de aproximadamente 30 minutos, vio que cinco motocicletas ingresaban en el patio frente a la dependencia. Reconoció a dos de los conductores como algunos de los hombres que los habían atacado, incluidos el líder que vestía camisa celeste, chaleco antibalas y casco negro, y el hombre que usaba la chaqueta con la leyenda “Milicia Venezolana”.

En la parte trasera de una de las motocicletas estaba sentado un joven que tenía las muñecas atadas con los cordones de su calzado. Los miembros de la pandilla armada hablaron brevemente con varios policías, entregaron al joven atado y luego se fueron. El joven fue posteriormente sentado junto a Ostermann y Spinetti, y les contó que había sido llevado sin ninguna explicación y que lo habían golpeado igual que a ellos.

Después de alrededor de dos horas, los tres detenidos fueron trasladados a la comandacia de la policía, donde se verificó si tenían antecedentes penales. Luego fueron llevados al CICPC y a los servicios de inmigración para efectuar verificaciones similares. Ostermann indicó que los dos oficiales que los trasladaron incluso se disculparon por su detención y dijeron que autoridades municipales habían dado al colectivo que se había llevado a los tres “luz verde para detener”. Según contó Ostermann, los oficiales dijeron que estaban “atados de las manos” y que, por órdenes de sus superiores, no podían hacer nada para frenar a los colectivos.

Ostermann y Spinetti finalmente fueron llevados nuevamente a la comandancia policial, donde se les pidió que ofrecieran una declaración de lo ocurrido, y luego fueron fotografiados con un letrero donde se indicaban sus nombres y debajo de estos “guarimbero” (palabra coloquial utilizada para referirse a personas que organizan una guarimba, el término que utiliza el gobierno para referirse a barricadas opositoras). Ostermann dijo que la fotografía para el archivo policial fue tomada a pesar de que no habían sido detenidos en una barricada. Si bien su versión dejó en claro que habían sido golpeados y llevados por la fuerza por una pandilla armada partidaria del gobierno, a plena vista de dos miembros de la Guardia Nacional —y que los miembros de la pandilla habían estado en contacto directo con varios policías municipales en dos lugares—, la Policía no dejó asentada una denuncia formal de Ostermann, ni informó las presuntas violaciones de derechos humanos que había sufrido a la fiscalía.

Valencia, estado de Carabobo, 12 de marzo

El 12 de marzo, Lisandro Barazarte, de 40 años, quien se desempeña como fotoperiodista para el periódico Notitarde en Valencia, fue enviado por editores a cubrir una protesta en la urbanización La Isabélica. Contó que, cuando llegó al lugar aproximadamente a la 1 p.m., se estaba produciendo un enfrentamiento entre aproximadamente 50 a 100 manifestantes, por un lado, y cerca de la misma cantidad de civiles que apoyaban al gobierno, por el otro[184]. No había presencia de guardias nacionales ni policías en las cercanías. Barazarte dijo que en varias oportunidades personas en la facción pro gobierno, muchas de las cuales tenían el rostro cubierto con pañuelos, dispararon armas de fuego en dirección a manifestantes. También vio a algunos manifestantes arrojar piedras a quienes apoyaban al gobierno.

Barazarte notó que varios de los partidarios del gobierno que estaban armados llevaban camisetas con logotipos de organismos del gobierno, incluidas Industrias Diana[185] y Petrocasa[186], los cuales podían verse en las fotografías que tomó.

Barazarte dijo que el enfrentamiento se produjo aproximadamente a 60 u 80 metros del Comando Regional Número 2 de la Guardia Nacional. Los disparos, según señaló, habían comenzado antes de que él llegara, y hombres armados que apoyaban al gobierno continuaron disparando a manifestantes durante el período de 25 minutos en el cual él tomó fotografías. Barazarte dijo que sin duda los disparos habrían podido ser escuchados por miembros de la Guardia Nacional que estaban apostados en las proximidades, pero que igualmente no respondieron, lo cual sugiere que optaron por no intervenir. Al menos ocho personas resultaron heridas, y dos fueron asesinadas, en el marco de la manifestación en La Isabélica y en zonas aledañas.

Diversas fotografías tomadas por Barazarte aparecieron en la edición impresa de Notitarde del 13 de marzo, acompañadas por un artículo periodístico que comentaba la manifestación y los muertos y heridos entre los participantes[187]. En las imágenes se ve a partidarios del gobierno armados que circulan a pie y en motocicletas y disparan a manifestantes; una serie de fotografías muestra a un hombre con una camisa de un organismo gubernamental (Petrocasa) que cubre su rostro con otra camiseta; y en otras fotografías se podía ver, por lo menos, a cuatro hombres armados vestidos de civil que disparaban hacia los manifestantes. A las 10 a.m., el periódico recibió la primera de varias amenazas de muerte telefónicas dirigidas, en palabras de la persona que llamó, a “el fotógrafo que tomó las fotografías” en el periódico de ese día, según contó el editor-jefe de Notitarde, Francisco Briceño. “Ya lo tenemos identificado”, dijo la persona a quien atendió en Notitarde, “Lo vamos a matar”[188]. También vecinos de Barazarte le dijeron haber escuchado que lo iban a matar [189] .

Esa tarde, miembros del CICPC llamaron al periódico, indicaron que deseaban hablar con Barazarte y solicitaron copias de las fotografías que habían aparecido en el periódico, según señaló Briceño [190] . Briceño dijo a la Policía que si querían entrevistar a Barazarte y obtener copias de las fotografías, debían enviar una solicitud formal por escrito a Notitarde. Esa misma tarde enviaron dos solicitudes[191]. El primer documento solicitaba que Barazarte compareciera ante el Ministerio Público “en condición de testigo”, en relación con una investigación penal en curso[192]. El segundo documento solicitaba “las impresiones fotográficas a todo color” de las fotografías que había tomado con “carácter de extrema urgencia”[193]. En la segunda solicitud se indicaba que las fotografías eran críticas para una investigación sobre “delitos contra la propiedad”, pero no se mencionaba ninguna investigación sobre las personas que resultaron heridas o murieron el día anterior.

Barazarte se presentó ante el CICPC aproximadamente las 6 p.m., acompañado por un abogado. Dijo que suponía que lo iban a interrogar sobre enfrentamientos con armas, pero en lugar de ello los investigadores le preguntaban especialmente cuántas fotografías había tomado, si otros fotógrafos habían registrado el incidente y dónde guardaba las copias originales de sus fotografías. No hicieron ninguna pregunta para determinar quiénes habían disparado, dijo Barazarte. Tampoco ofrecieron medidas de protección ni manifestaron que fueran a investigar cuando Barazarte dijo que había recibido amenazas de muerte.

El abogado que acompañó a Barazarte contó que en la entrevista los investigadores parecían estar más interesados en interrogar al fotógrafo que en determinar quiénes habían disparado a los manifestantes[194]. El abogado también dijo a Human Rights Watch que, mientras Barazarte hablaba con los investigadores, un fiscal lo llevó a un costado y le dijo que reconocía a uno de los civiles armados en las fotografías y que era unos dirigentes del sindicato de la construcción del estado de Carabobo [195] .

Según lo indicado por Briceño, el 14 de marzo el fiscal auxiliar 27 Edgar Gallego se presentó en las oficinas de Notitarde para recoger las fotografías[196]. Briceño contó que cuando le entregaron una carpeta con versiones impresas de las fotografías, el fiscal dijo que necesitaba las versiones digitales de las imágenes en un CD. Briceño dijo que el fiscal no explicó por qué necesitaba versiones digitales de las fotografías en lugar de impresas; no obstante, Briceño temía que las versiones digitales de las imágenes pudieran ser manipuladas. Briceño señaló que en la solicitud del CICPC no se habían pedido versiones digitales de las fotografías, sino solamente copias impresas, y que si los investigadores deseaban copias digitales, tendrían que presentar otra solicitud. Según contó Briceño, el fiscal se disgustó, acusó al periódico de obstruir su investigación y a continuación se retiró de la oficina furioso.

Caracas, 19 de marzo

El 19 de marzo de 2014, aproximadamente 150 estudiantes se encontraban celebrando una asamblea estudiantil en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, cuando advirtieron que ocho hombres estaban retirando un mural que los estudiantes habían armado en una pared en el octavo piso del edificio. El mural, que originalmente tenía la leyenda: “Seguridad. Libertad. Justicia. Respeto” fue cambiado por “Chávez es Libertad. Justicia. Respeto”[197].

Los estudiantes pidieron a otros compañeros y profesores que estaban en el edificio que se retiraran y enviaron a dos representantes estudiantiles afines al gobierno a hablar con los ocho hombres que estaban retirando el cartel. Cuando los estudiantes llegaron a un acuerdo con los ocho hombres para que se retiraran sin provocar incidentes, quedaban aproximadamente 50 estudiantes en el lobby. Los estudiantes aún estaban esperando que se fueran cuando otro hombre ingresó por la puerta. El hombre, que iba vestido de civil pero tenía la cabeza cubierta con un pañuelo oscuro y portaba un arma de fuego en la mano, gritó a los presentes: “¡Llegaron los colectivos, aquí estamos!”.

Tres de los estudiantes que estaban en ese momento indicaron a Human Rights Watch que el hombre lanzó dos bombas de gases lacrimógenos dentro del edificio y que aproximadamente otras 20 personas vestidas de civil y con el rostro cubierto ingresaron en el lobby. Los estudiantes comenzaron a correr para huir de ellos, pero los recién llegados, entre los cuales había una mujer, los rodearon al final de un pasillo. Durante aproximadamente 20 minutos, los intrusos golpearon a los estudiantes con puños, tubos y palos de escoba, y obligaron a varios de ellos a desvestirse, mientras gritaban: “¡Guarimbero, tumba al gobierno ahora! ¡Nosotros somos el gobierno!”. 

Según contaron tres estudiantes presentes, todos los estudiantes fueron golpeados y al menos 30 resultaron heridos, incluidos tres que presentaban cortes en la cabeza, uno con fractura de tabique y otro con fractura de brazo. Human Rights Watch examinó fotografías de varios estudiantes heridos, que corroboran estas versiones[198].

Antes de retirarse, los intrusos escribieron en la pared de uno de los edificios de la universidad: “¡Esta mierda es de la izquierda!” y “¡Chávez vive!”[199]. Uno de los estudiantes dijo a Human Rights Watch que vio al menos a cuatro de los hombres que habían irrumpido en el edificio alejarse caminando sin que fueran interceptados por guardias de seguridad privada de la universidad ni bomberos que estaban apostados en la entrada del edificio.

Abusos en establecimientos de detención

Valencia, estado de Carabobo, 13 de febrero

El 13 de febrero, aproximadamente a las 10 p.m., Juan Manuel Carrasco, de 21 años, intentó escapar corriendo con otros dos amigos de una manifestación en el sector El Trigal, en Valencia, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a disparar perdigones y arrojar cartuchos de gases lacrimógenos a manifestantes[200].

Los tres hombres llegaron hasta el automóvil de uno de ellos, que estaba aparcado en las inmediaciones y, mientras subían, vieron que se acercaban alrededor de 15 motocicletas con guardias nacionales. Los oficiales dispararon perdigones a las ventanas del automóvil, obligaron a los tres hombres a bajarse, y les propinaron puñetazos y golpes con las culatas de sus fusiles. Además, se llevaron sus artículos personales, incluidas sus billeteras y teléfonos celulares, y luego incendiaron el automóvil.

Los guardias nacionales llevaron a los detenidos a un parque en las proximidades y allí los obligaron a permanecer boca abajo en el piso junto con otras nueve personas, incluido un menor [201] . Siguieron pateando y golpeando a los 12 detenidos, y les pisoteaban la cabeza con sus botas. Luego los llevaron a otro lugar al aire libre en las inmediaciones, donde los obligaron a recostarse de costado en posición fetal, y amenazaron con matarlos.

Carrasco contó a Human Rights Watch que, mientras estaba en el piso en posición fetal, sitió que uno de los guardias nacionales le apoyaba en el cuello algo que creía que era un fusil, lo hizo descender lentamente por la espalda hasta bajarle la ropa interior y lo introdujo en el recto una vez. Human Rights Watch analizó una copia de un informe médico del 20 de febrero que indica que Carrasco había sufrido una hemorragia rectal[202].

A tres de los otros detenidos se les indicó que permanecieran en el suelo mirando hacia arriba, y un miembro de la Guardia Nacional les pasó tres veces por encima de las piernas con una motocicleta, contó Carrasco.

Todos los detenidos fueron trasladados en un vehículo oficial (donde continuaron recibiendo golpes) hasta el Comando Regional 2 de la Guardia Nacional. Cuando llegaron, varios guardias nacionales les arrojaron gas pimienta en los ojos y siguieron asestándoles puñetazos y golpes con sus cascos y la culata de sus fusiles. También rociaron la ropa de los detenidos con gasolina, y los obligaron a ducharse y a ponerse nuevamente la ropa sucia. Se negó a los hombres el derecho a ponerse en contacto con familiares o un abogado.

A la mañana siguiente, se presentó en el establecimiento militar una fiscal con la intención de entrevistarlos. Según uno de los detenidos, a pesar de que le contaron los abusos que habían sufrido y le pidieron ayuda, la fiscal no hizo nada. A continuación, miembros de la Guardia Nacional le dieron ropa limpia que sus familiares les habían acercado, y les ordenaron que entregaran las prendas sucias a las autoridades.

El 15 de febrero a las 5 p.m., 11 detenidos tuvieron una audiencia con un juez, que se llevó a cabo dentro del mismo establecimiento militar (el menor fue llevado a un tribunal especializado). No tuvieron acceso a sus abogados durante la detención, y solamente hablaron con ellos cinco minutos antes de la audiencia. Según aseveraron sus abogados, durante la audiencia el ministerio público presentó como prueba clave contra ellos un registro policial de su detención en el cual se indicaba que habían quemado un camión durante la manifestación.

Tanto Carrasco como abogados que estuvieron presentes en la audiencia relatan que, el 16 de febrero a las 4 a.m., el juez rechazó todos los pedidos del equipo de defensores para que se anulara la prueba presentada por el ministerio público y, en lugar de eso, ratificó los cargos contra todos los detenidos. Se los acusó de daños violentos a la propiedad, obstaculización de la vía pública, uso de adolescente para delinquir, intimidación pública y asociación para delinquir. El juez dispuso el arresto domiciliario de seis de los acusados y concedió la libertad condicional a los demás. Según Carrasco, días más tarde, todos ellos obtuvieron la libertad condicional.

Carrasco contó a Human Rights Watch que, a pesar de las lesiones evidentes que tenía, recién tuvo acceso a atención médica ocho días después, cuando un juez autorizó que fuera llevado a una clínica.

Valencia, estado de Carabobo, 21 de febrero

El 21 de febrero a las 3 p.m., el estudiante Luis Augusto Matheus Chirinos, de 21 años, fue detenido por aproximadamente diez miembros de la Guardia Nacional en la entrada de una urbanización en Valencia, donde estaba esperando a un amigo a quien había ido a buscar. En ese momento, a pocas cuadras de allí, se desarrollaba una protesta contra el gobierno. Su abogado indicó a Human Rights Watch que fue llevado a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde varios oficiales le asestaron puñetazos en la cabeza y lo amenazaron con enviarlo a una de las cárceles más violentas de Venezuela. Los oficiales lo obligaron a decir que Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela y a cantar: “Chávez vive, la lucha sigue”[203].

Al día siguiente, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, anunció en una conferencia de prensa en Caracas que las autoridades habían incautado 360 cócteles Molotov, 16 kilos de pólvora, 450 miguelitos, 220 litros de gasolina en contenedores de plástico, dos neumáticos, 45 velas y 20 kilos de clavos en el estado de Carabobo, y mencionó que Matheus y otra persona habían sido detenidos por el Ministerio Público en Valencia[204].

Matheus permaneció incomunicado hasta el 23 de febrero, cuando se lo llevó ante un juez para su primera audiencia. Recién pudo hablar con su abogado 10 minutos antes de la audiencia y no se le permitió ver a su familia hasta ese momento.

Como prueba de su responsabilidad penal, la fiscalía presentó un informe policial en el cual se manifestaba que había sido detenido, junto con alrededor de otras 25 personas, mientras arrojaba piedras a miembros de la Guardia Nacional. De acuerdo con el informe, Matheus se encontraba cerca de una camioneta blanca en la cual había materiales que se utilizaron para generar violencia durante protestas. La fiscalía también se refirió a una extensa lista de elementos que describió como pruebas incriminatorias y que, supuestamente, se encontraron en la camioneta[205].

De acuerdo con las imágenes de Google Earth que el abogado de Matheus mostró a Human Rights Watch, la urbanización donde se detuvo a Matheus se encuentra ubicada a dos cuadras del sitio donde el informe policial indica que fue arrestado[206]. Asimismo, Human Rights Watch analizó un video de su detención filmado por un testigo, donde se ve que Matheus fue detenido por miembros de las fuerzas de seguridad afuera del edificio de departamentos, tal como había aseverado el abogado de la víctima a Human Rights Watch[207].

Sin embargo, el juez determinó que las pruebas descriptas en el informe policial y la investigación que había llevado a cabo la fiscalía eran suficientes para acusar a Matheus de obstaculización de la vía pública, instigación pública, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir y, por consiguiente, dictó su prisión preventiva[208]. El 22 de marzo, se otorgó a Matheus la libertad condicional[209].

San Antonio de los Altos, estado de Miranda, 25 de febrero

El 25 de febrero, alrededor de las 2 a.m., 12 residentes de una urbanización en San Antonio de los Altos —incluidos 10 hombres, una mujer y una joven de 16 años— armaron una barricada en la entrada del complejo, que obstaculizaba parcialmente el tránsito. Aproximadamente a las 5 a.m., los residentes estaban parados dentro de las puertas de la urbanización cuando el padre de uno de ellos pasó en una camioneta y se ofreció a llevarlos a su casa. Los 12 se subieron en la parte trasera de su camioneta cuando alrededor de 20 miembros de la Guardia Nacional en motocicleta ingresaron al complejo, detuvieron al vehículo y ordenaron a todos los pasajeros que descendieran[210].

Al revisar a las 12 personas, un miembro de la Guardia Nacional dijo que detectó el olor de una sustancia inflamable en las manos de una de ellas. Entonces le preguntó a otro guardia nacional: “Mi sargento, ¿qué hacemos con los demás que no tienen nada?” A lo cual este respondió: “Móntenlos en la camioneta y vemos”, contó uno de los detenidos a Human Rights Watch[211].

Los guardias nacionales subieron a las 12 personas en la parte trasera de la camioneta y le indicaron al padre que los siguiera. Así lo hizo hasta una redoma en San Antonio y, según dos de los detenidos, allí los oficiales les ordenaron que bajaran del vehículo. Uno de los detenidos contó que los obligaron a ponerse en cuclillas con las manos por detrás de la nuca. También dijo a Human Rights Watch que les confiscaron su dinero y teléfonos celulares, los golpearon y les cubrieron la cabeza con las capuchas de sus propias sudaderas[212]. De acuerdo con dos testimonios, los miembros de la Guardia Nacional los hostigaron a lo largo de toda la noche profiriendo insultos de índole política, y comentarios como “malditos burgueses que quieren desestabilizar el país” y “golpistas”[213].

Uno de los detenidos contó a Human Rights Watch que, a continuación, los guardias nacionales los llevaron a un edificio en construcción no identificado, donde les quitaron las camisas a algunos de los hombres y los golpearon con rolos, previo envolverles el torso con toallas[214]. Los guardias nacionales arrancaron el arete de la oreja a uno de los detenidos y amenazaron con matar a todos[215]. Si bien las mujeres no fueron golpeadas, guardias nacionales amenazaron con violarlas y les dijeron que serían agredidas sexualmente cuando se las enviara a la cárcel, relataron dos detenidos[216].

Después de las golpizas, los policías rociaron la ropa de los detenidos con gasolina y los obligaron a frotarse las manos sobre los neumáticos de un automóvil para ensuciarlas, lo cual, según cree una de las víctimas, se hizo para generar la impresión de que todos ellos habían estado quemando cosas[217]. La noche del 25 de febrero todos los detenidos comparecieron ante un juez y se los acusó de varios delitos[218]. En la audiencia, que se llevó a cabo en un establecimiento militar, el juez ratificó los cargos contra los detenidos, pero les otorgó la libertad provisional a condición de que no participaran en manifestaciones violentas[219].

Caracas, 28 de febrero

El 28 de febrero, alrededor de las 7 p.m., cuatro miembros de la Guardia Nacional detuvieron al estudiante Maurizio Ottaviani Rodríguez, de 20 años, cuando se estaba retirando de una manifestación en Plaza Altamira, Caracas[220]. El joven contó a Human Rights Watch que, a pesar de que no ofreció resistencia durante el arresto, los oficiales lo golpearon con rolos, le dieron puñetazos, lo patearon y lo pisotearon mientras yacía en el piso. Luego, lo subieron entre dos guardias nacionales a una motocicleta y lo llevaron hasta un sitio donde había otros detenidos. Allí, volvieron a golpearlo y amenazaron con matarlo. Human Rights Watch analizó fotografías del rostro de Ottaviani (tomadas después de su liberación), donde se ven lesiones que corroboran lo contado por él[221].

Luego, obligaron a Ottaviani a subir a un autobús escolar, donde calculó que había al menos otros 40 detenidos, incluidas varias mujeres y tres menores [222] . Cada detenido se encontraba esposado a la persona que se encontraba a su lado, y todos los que podía ver presentaban contusiones visibles. Fueron retenidos todos dentro del autobús sin que se les permitiera abrir las ventanas para mitigar el calor agobiante que hacía dentro del vehículo. Miembros de la Guardia Nacional continuaron golpeando con rolos a personas dentro del autobús, amenazaron con arrojar allí cartuchos de gases lacrimógenos y dijeron a los detenidos que serían enviados a El Rodeo o Yare, dos violentas cárceles venezolanas.

Dos horas más tarde, una mujer que se identificó como fiscal ingresó al autobús. Según Ottaviani, los abusos cesaron, pero la fiscal no les preguntó qué había sucedido.

Después de las 10 p.m., los detenidos fueron trasladados a la base militar Fuerte Tiuna, donde se los retuvo casi un día. Tan pronto como llegaron, fueron llevados a una capilla y separados en tres grupos: hombres, mujeres y los tres menores. Durante este tiempo, los hombres permanecieron esposados unos a otros, y si necesitaban ir al baño debían aliviar sus necesidades en unos arbustos, permaneciendo esposados a otro detenido.

Durante la detención en Fuerte Tiuna, Ottaviani fue llevado formalmente ante un fiscal, trasladado a una sala donde otros miembros de fuerzas de seguridad lo identificaron y, a continuación, representantes del SEBIN lo entrevistaron y le preguntaron sobre su familia, quiénes estaban con él en la manifestación y los sobrenombres que tenían en las redes sociales.

Cuando Albany Ottaviani, su hermana, acudió en su búsqueda a Fuerte Tiuna la noche del arresto, un coronel le dijo a ella y a otros 15 familiares que estaban allí que todos podían ser arrestados debido a que estaban dentro de una zona militar. Los familiares se fueron de inmediato ante el temor de que su presencia pudiera dar lugar a represalias contra los detenidos. Ottaviani pudo efectuar una llamada a su casa esa noche a la 1 a.m., gracias a que un oficial le prestó un teléfono celular sin autorización oficial. La mañana siguiente, los familiares regresaron a Fuerte Tiuna, donde guardias nacionales les dijeron que pondrían a disposición un autobús para trasladar a las familias al tribunal donde iban a ser llevados los detenidos. Sin embargo, dieron vueltas por la ciudad y finalmente dejaron a los familiares en otro lugar varias horas más tarde.

Todos los detenidos llegaron al juzgado el 1 de marzo a las 6 p.m., esposados en una cadena humana, relató Ottaviani a Human Rights Watch. Cuando Ottaviani vio a su abogado minutos antes de que comenzara la audiencia a la 1 a.m. esa noche, tuvo que hablar con él en presencia de otros detenidos que todavía estaban esposados a él.

Según Ottaviani, aunque el juez escuchó el testimonio de sólo 14 detenidos durante la audiencia, ratificó los cargos contra más de 40 de ellos, a quienes acusó de porte de artefactos explosivos o incendiarios, alteración del orden público y asociación para delinquir. A la mayoría de los detenidos se les otorgó la libertad condicional, mientras que otros dos — un periodista italiano y un ciudadano portugués— fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.

Miranda, 5 de marzo

En la mañana del 5 de marzo, el estudiante Juan Sánchez, de 22 años, participó de una manifestación pacífica con aproximadamente otras 20 personas, durante la cual portaron carteles con mensajes de reclamo ante la escasez de alimentos y los altos niveles de violencia en Venezuela. La manifestación cortó parcialmente el tránsito en una avenida en las afueras de Caracas [223] . Posteriormente, el joven se dirigió a su vivienda y, varias horas más tarde, alrededor de la 1:30 p.m., volvió a salir a pie para ir al banco.

Camino al banco, alrededor de 10 miembros de la Guardia Nacional lo detuvieron en la calle y, sin previa advertencia, comenzaron a agredirlo propinándole patadas, puñetazos y golpes con las culatas de sus fusiles, además de asestarle golpes en la cabeza, el estómago, los brazos y las piernas. Contó a Human Rights Watch que, al principio, intentó protegerse la cabeza y el rostro de los golpes, pero finalmente optó por no ofrecer resistencia. En ese momento, uno de los guardias nacionales le disparó a quemarropa un perdigón en el muslo derecho. Otro guardia dijo: “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”[224].

Al llegar al Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales (PMOM), aproximadamente otros 12 guardias nacionales lo obligaron a quitarse la ropa y, solamente con la ropa interior puesta, caminar descalzo sobre el suelo para que los pies se le ensuciaran con grasa, presuntamente con la intención de que pudieran así acusarlo de haber estado en las barricadas. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo uno de sus dedos en la lesión, lo quitó y luego lo volvió a meter. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón.

Después, tres oficiales llevaron a Sánchez al baño, donde, apoyada contra una pared, estaba la estructura metálica de una cama con resortes. Los guardias esposaron a Sánchez a un tubo que había detrás de la cama, de modo que su espalda quedó contra la cama, y le aplicaron dos descargas eléctricas, a la vez que le exigían que dijera quiénes eran sus cómplices[225].

Más tarde, los guardias nacionales lo llevaron a un patio donde había otros oficiales esperando y le ordenaron que se arrodillara y caminara con las manos sobre el suelo de forma tal que también se le ensuciaran. Se negó a hacerlo y uno de ellos le dijo: “Ah, ¿tú quieres pelear?”[226]. Entonces Sánchez fue obligado a pelear con el oficial ante la mirada de los demás, que reían y vitoreaban.

Recién cuando se presentó una oficial, quien les pidió que se detuvieran, permitieron a Sánchez vestirse y lo condujeron a un hospital. Sin embargo, a pesar de que los médicos pidieron a los guardias nacionales que se retiraran del hospital para poder atender a Sánchez, estos se negaron e insistieron en llevárselo tan pronto como fuera posible. Según Sánchez, el médico a cargo solamente pudo brindarle atención básica, y obligó al oficial que insistía en llevárselo a firmar un documento que indicaba que asumía la responsabilidad por la salud del detenido.

Sánchez fue trasladado de vuelta al establecimiento militar, donde guardias nacionales lo obligaron a desvestirse nuevamente. Pasó la noche en una habitación con otro detenido. Una vez de regreso en el establecimiento militar, los guardias que se lo habían llevado del hospital le gritaron: “Uds., fascistas que quieren destruir la revolución. ¡Esto sí es socialismo!”. Y le dieron algo de comer [227] . Durante la noche, aproximadamente cinco guardias nacionales se detuvieron ante él y lo patearon, en algunos casos, amenazándolo con que iría a la cárcel.

A la mañana siguiente, los guardias nacionales devolvieron a Sánchez sus ropas manchadas con grasa, y le ordenaron que las usara durante la audiencia ante el juez. Sánchez contó a Human Rights Watch que, cuando estaban abandonando el establecimiento militar para ir al juzgado, vio a miembros de la Guardia Nacional colocar seis cócteles Molotov, 26 miguelitos y una pistola 9 mm en el baúl de un vehículo oficial.

El auto donde era trasladado Sánchez circuló por la ciudad durante toda la tarde. A las 5 p.m., llegó al juzgado y fue entrevistado por un fiscal. A pesar de que rengueaba y de que tenía sangre seca y señales visibles de abuso en el rostro, el fiscal no le preguntó cuál había sido la causa de sus lesiones, según contó.

Sánchez señaló que en la audiencia el fiscal presentó como pruebas los miguelitos, su ropa y el arma de fuego para sustentar la acusación de incitación a la violencia, obstrucción a la vía pública y porte de armas de fuego. Sin embargo, el juez determinó que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes y dispuso su liberación.

Sánchez recién pudo ponerse en contacto con su abogado inmediatamente antes de la audiencia. Logró llamar a su madre desde el hospital con un celular que una enfermera le prestó, pero no tuvo ningún otro contacto con su familia hasta la audiencia en la cual el juez ordenó su liberación.

Barquisimeto, estado de Lara, 12 de marzo

El 12 de marzo a las 5:30 p.m., Keyla Josefina Brito, de 41 años, y su hija de 17 se dirigían a una carnicería en Barquisimeto cuando los vecinos les dijeron que habían cerca tropas de la Guardia Nacional dispersando una manifestación que se estaba realizando en las inmediaciones [228] . Se refugiaron en un edificio de departamentos durante la siguiente hora y media y, cuando los vecinos les dijeron que los enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y manifestantes habían concluido, salieron nuevamente. Poco después de volver a la calle, vieron que un automóvil atropellaba a un peatón. El conductor huyó y dejó a la mujer herida en la calle. Según cuentan Brito y su hija, le hicieron señas a una camioneta que pasaba por el lugar para que se detuviera y convencieron al conductor de llevar a la mujer herida al hospital. Como temían que pudiera haber otros hechos de violencia en el lugar, decidieron ir ellas también en el vehículo. Otras cinco mujeres y cuatro hombres también se subieron en la parte trasera de la camioneta, aparentemente para evitar estar en la calle si había nuevos hechos de violencia.

Según señalaron Brito y su hija, después de unas pocas cuadras, unas 20 motocicletas de la Guardia Nacional detuvieron a la camioneta. Contaron que uno de los guardias nacionales ordenó al conductor que se dirigiera con los pasajeros hasta el Destacamento 47, que estaba cerca de allí, escoltado por las motocicletas.

Brito y su hija fueron retenidas en el destacamento con las otras seis mujeres que habían sido detenidas con ellas (incluida la mujer que había sido atropellada por el automóvil y que, aparentemente, tenía lesiones serias) durante varias horas. Fueron agredidas por personal femenino de la Guardia Nacional, quienes les propinaron puñetazos y golpes con rolos y cascos, y les cortaron el cabello. Además, dijeron a las detenidas que serían violadas y amenazaron con matarlas. Según Brito, también las insultaron reiteradas veces llamándolas “guarimberas”, y una de ellas dijo “María Corina [Machado, líder política opositora] echándose aire en el culo y ustedes llevando cuero”.

Las detenidas fueron después trasladadas a otra área dentro del destacamento, donde oficiales les dijeron que serían liberadas si firmaban un documento en el cual manifestaran que no habían sido maltratadas. Según Brito y su hija, todas firmaron el documento [229] . Dijeron que las ocho detenidas no fueron acusadas de ningún delito ni llevadas ante un juez.

Caracas, 18 de marzo

El 18 de marzo, José Romero, de 17 años, salía de una estación de metro alrededor de las 6 p.m. en Chacao, Caracas, cuando fue interceptado por tres miembros de la Guardia Nacional que le pidieron ver su identificación [230] . La estación de metro está cerca de la Plaza Altamira, lugar donde se celebran habitualmente manifestaciones de estudiantes. Romero contó que, cuando mostró su documento de identidad, uno de los guardias nacionales le dijo (sin motivo aparente): “Eres muy rebelde”, y le dio una bofetada. Otro de los oficiales lo tomó del cuello de su camisa y lo empujó hacia una motocicleta, donde lo subieron entre el conductor y otro guardia nacional, que se sentó detrás de él.

Llevaron a Romero a una especie de estructura con forma de carpa que no tenía apariencia de ser un edificio gubernamental oficial, y allí vio que había otros seis hombres arrodillados mirando hacia la pared y con las manos por detrás de la cabeza. Los guardias nacionales ordenaron a Romero que hiciera lo mismo y le advirtieron que, si se movía, le darían una golpiza. Según contó, fue obligado a permanecer en esa posición las siguientes 12 horas, sin alimentos ni agua y sin poder ir al baño.

Durante el transcurso de la noche, los guardias amenazaron a Romero y a los demás detenidos con violarlos y matarlos. A menudo, proferían insultos con connotaciones políticas, como por ejemplo: “Son fascistas” o están “contra el gobierno”, relató a Human Rights Watch.

En un momento durante la noche, un hombre, a quien no pudo ver porque estaba de rodillas mirando hacia la pared, se le acercó por detrás y le ordenó que se levantara la camisa. A continuación, dijo Romero, escuchó el chasquido de un encendedor y sintió una quemazón en la espalda. Fue sometido a quemaduras tres veces más en la espalda y el torso.

Alrededor de las 7 a.m., un oficial preguntó: “¿Quién de ustedes era el de la cédula?”. Cuando Romero le contestó que era él, el oficial le dijo que se pusiera de pie y se diera vuelta. Entonces, sin ningún tipo de explicación, llevó a Romero hasta una callejuela y le dijo que podía irse. Romero afirmó que en ningún momento le explicaron los motivos de su detención. Tampoco sabía qué sucedió a los otros seis detenidos, quienes cuando él se fue, seguían de rodillas mirando hacia la pared. Cuando lo liberaron, ni siquiera pudo reconocer en qué parte de la ciudad se encontraba. Hizo señas a un taxi y, dado que los guardias nacionales le habían robado el dinero que llevaba, prometió al conductor que pagaría al llegar a su casa.

Agradecimientos

La investigación y la redacción de este informe estuvieron a cargo de investigadores de Human Rights Watch. Fue editado por Daniel Wilkinson, director gerente para la región de las Américas de Human Rights Watch; Joe Saunders, subdirector de programas; Aisling Reidy, asesora legal sénior; y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas. Teresa Cantero, asociada de la división de las Américas, colaboró con aspectos de logística y producción. Amanda McCullough, Ines Dawson, Shaw Drake, Argemira Flórez y Alonso Gurmendi, pasantes de la división de las Américas, fueron de gran ayuda para la investigación. Grace Choi y Kathy Mills realizaron el diseño del informe y Fitzroy Hepkins colaboró con su producción. Gabriela Haymes tradujo este informe al español.

Human Rights Watch desea agradecer a las numerosas organizaciones y personas en Venezuela que colaboraron con este informe, muchas de las cuales solicitaron no ser identificadas. Agradecemos especialmente la ayuda proporcionada por Civilis Derechos Humanos; el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC); Espacio Público; el Foro Penal Venezolano; la Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ); el Observatorio Venezolano de Prisiones; el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas. Asimismo, quisiéramos extender nuestro agradecimiento a Andrés Colmenarez, Nizar El Fakih, Nelson Freitez, Alfonzo Granadillo Malavé y Magaly Vásquez por su apoyo indispensable para contactar a víctimas y coordinar entrevistas con ellas.

Human Rights Watch agradece en particular a las víctimas y familiares que compartieron con nosotros su testimonio. Las violaciones de derechos humanos dejan secuelas profundas y duraderas en las víctimas y sus familias, y recordar y compartir estas historias puede resultar sumamente doloroso. Muchas de las víctimas que hablaron con nosotros manifestaron que esperaban que, al contarnos lo sucedido, podrían ayudar a evitar que otras personas sufran los mismos abusos.