Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el "terrorismo de estado" de 1976-1983, si bien hubo demoras procesales.
En 2010, Argentina sancionó una ley de regulación de medios de comunicación audiovisual y actualmente se están tratando varios proyectos de ley que promueven el acceso a la información. El impacto de la nueva ley de medios para la libertad de expresión en el país dependerá de su implementación, que estará a cargo de una autoridad de aplicación creada por ley. En julio se sancionó una ley emblemática que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en la actualidad pueden mencionarse las condiciones carcelarias deplorables y las restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres.
Juicios por los abusos del pasado
En 2003, se reabrieron varios casos importantes de violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983), luego de que el Congreso anulara la ley de "Punto Final" de 1986, que provocó la interrupción de todos los juicios de esta naturaleza, y la ley de "Obediencia Debida" de 1987, que otorgó inmunidad automática en estos casos a todos los integrantes de las fuerzas armadas, excepto a aquellos con cargos de mando. Desde 2005, la justicia federal ha declarado la nulidad de los indultos concedidos por el entonces Presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a ex oficiales que habían sido condenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.
En octubre de 2010, 748 personas habían sido acusadas por estos delitos y 81 habían recibido una condena. En diciembre de 2009, luego de prolongadas demoras, comenzó el juicio contra 19 oficiales que trabajaban en la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por su presunta responsabilidad en la tortura y desaparición forzada de 87 víctimas. En abril de 2010, el ex Presidente militar Gral. Reynaldo Bignone fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y tortura de 56 personas en la base militar de Campo de Mayo, ubicada en las afueras de Buenos Aires.
No obstante, las demoras en los procesos judiciales continúan frustrando la posibilidad de obtener justicia. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en octubre de 2010 ya eran 253 las personas implicadas en crímenes cometidos durante la dictadura que habían fallecido sin ser juzgadas. Una de las principales causas de estas demoras es la falta de suficientes salas en los tribunales de Buenos Aires. También hubo largas demoras en las instancias de apelación: en marzo de 2010, la Corte Suprema de Justicia había dejado firme las sentencias dictadas en tan sólo dos de los casos que se reactivaron después de la anulación de las leyes de amnistía.
La seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos es aún materia de preocupación. Jorge Julio López, un hombre de 78 años que había sido víctima de torturas, desapareció de su vivienda en septiembre de 2006, el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias de un juicio. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy.
En septiembre, el gobierno presentó una querella contra el propietario y presidente del periódico Clarín, el director de La Nación y los ex propietarios de La Razón por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. La querella acusa a los tres periódicos de apropiación ilegal de la empresa fabricante de papel para periódicos Papel Prensa en 1976, durante la dictadura militar. En 1977, agentes del gobierno secuestraron y torturaron a cinco miembros de la familia Graiver, entonces titular de la mayoría accionaria en Papel Prensa. El gobierno afirma que representantes de estos periódicos, en connivencia con el gobierno militar, amenazaron y presionaron a miembros de la familia para que transfirieran sus acciones. Clarín y La Nación afirman que las acciones se compraron en forma lícita y niegan cualquier vínculo entre la compra y la detención de la familia Graiver. Han acusado al gobierno de atacar a los periódicos por sus críticas a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Libertad de expresión e información
En octubre de 2009, el Congreso aprobó una ley de reglamentación de medios de radio y televisión que busca fomentar la diversidad de opinión y limita la posibilidad de que las empresas posean porcentajes significativos del espectro de frecuencias de radiodifusión. La nueva ley contiene definiciones imprecisas sobre qué tipo de "faltas" podrían dar lugar a sanciones, como la revocación de licencias de difusión. La interpretación y aplicación de la ley están a cargo de una nueva autoridad de aplicación. La justicia ha dictado medidas cautelaras para suspender la aplicación de algunos de sus artículos mientras se estudia la ley.
En octubre de 2010, varias comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un proyecto de ley presentado por la Presidenta Fernández que busca reglamentar la empresa que produce y distribuye el papel para periódicos en Argentina. Asimismo, la ley declara de interés público el suministro de papel para la impresión de periódicos y reconoce facultades de supervisión a un organismo de aplicación que depende del poder ejecutivo.
En 2010, ambas cámaras del Congreso trataron proyectos de ley sobre acceso a la información en poder de organismos del estado. En septiembre, el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por un senador de la oposición que garantiza el acceso a la información en manos de los tres poderes del gobierno y otras instituciones públicas, como universidades, empresas financiadas por el estado y el Banco Central. El proyecto de ley prevé la creación de un organismo encargado de la aplicación de estas reglamentaciones, cuyos miembros serían designados por los distintos poderes del gobierno, el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación y el Archivo General de la Nación. En octubre, el Congreso aún no había acordado un texto definitivo.
La falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias genera un riesgo de discriminación política contra medios que critican a funcionarios gubernamentales. En septiembre de 2007, en un caso contra el gobierno provincial de Neuquén, la Corte Suprema determinó que si bien los medios no tienen derecho a recibir publicidad oficial, las autoridades no pueden aplicar criterios discriminatorios en la asignación de la publicidad. Se han presentado diversos proyectos de ley para regular esta cuestión, que aún están siendo analizados.
Independencia judicial
Tanto la Presidenta Fernández como su esposo (el ex Presidente Néstor Kirchner, quien falleció en octubre de 2010) y otras autoridades de alto nivel han cuestionado en varias oportunidades decisiones adoptadas por el poder judicial durante 2010. Por ejemplo, en septiembre la Corte Suprema ordenó a la provincia de Santa Cruz que repusiera en el cargo a un ex procurador general que había sido destituido en 1995, cuando el ex Presidente Kirchner era gobernador Santa Cruz, sin cumplir el procedimiento legal pertinente. La Presidenta Fernández expresó su apoyo al gobernador, quien se rehusó a reincorporar al procurador general, y señaló que la sentencia era inconstitucional.
Justicia transnacional
Hasta hoy, no ha habido condenados por la explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, en la cual fallecieron 85 personas, y más de 300 resultaron heridas. Las investigaciones y los juicios penales se han visto obstaculizados como resultado de corrupción judicial y encubrimientos políticos en el ámbito interno, y por la falta de cooperación de Irán, país al cual se atribuyen los atentados, con el sistema de justicia argentino. En 2006, un juzgado federal de Argentina emitió una orden internacional de captura contra el ex Presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros seis funcionarios de ese país, pero no hubo respuesta a los pedidos de extradición. Durante un discurso ofrecido en septiembre ante las Naciones Unidas, la Presidenta Fernández ofreció al Presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad la posibilidad de celebrar los juicios en un tercer país neutral. En una carta enviada a la ONU en octubre, Irán rechazó la propuesta y la calificó de "insostenible".
En septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un pedido de Chile para la extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza, a quien se investigaba penalmente por su presunta participación en el asesinato de Jaime Guzmán, ex senador chileno y asesor civil cercano al General Pinochet. Apablaza es ex líder de un grupo armado de izquierda y también era buscado en Chile por haber presuntamente ordenado el secuestro del hijo del propietario de un importante periódico. Ambos delitos fueron cometidos en 1991, después del restablecimiento del estado de derecho en Chile. La Corte Suprema determinó que los delitos no revestían carácter político y aprobó la extradición cuando aún estaba pendiente la resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de Argentina sobre el pedido de asilo político presentado por Apablaza mucho tiempo antes. La CONARE, un organismo interministerial en el cual solamente tienen derecho a voto funcionarios gubernamentales, decidió en forma unánime a favor de conceder asilo político a Apablaza. Los fundamentos de la decisión no se han dado a conocer.
Condiciones en centros de detención
La sobrepoblación, los abusos cometidos por guardias y la violencia entre internos continúan representando problemas graves en los centros de detención. En mayo de 2005, mediante una sentencia paradigmática, la Corte Suprema determinó que todas las cárceles del país deben cumplir con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, y puso en evidencia las condiciones deplorables existentes en la provincia de Buenos Aires. Según un informe presentado por el CELS ante la Corte Suprema en octubre de 2009, la cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia, donde no se dan las condiciones necesarias para detenciones a largo plazo, ascendía a 4.507. De acuerdo con estimaciones del CELS, la población carcelaria en la provincia excedía la capacidad en casi un 40 por ciento, y ascendía prácticamente al 65 por ciento si se tenían en cuenta las personas detenidas en comisarías. En respuesta a este informe, en marzo de 2010 la Corte Suprema de la Nación exhortó una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a que interviniera para remediar las "condiciones inhumanas" en los centros de detención.
En numerosos establecimientos, el acceso de detenidos y presos a medicamentos y servicios médicos continúa siendo inadecuado, pese a que las tasas de prevalencia del VIH son mucho mayores que entre la población general y las condiciones propician el deterioro de la salud.
Derechos reproductivos y matrimonio
Las mujeres enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación. Entre las barreras más comunes se incluyen las prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia ilegal de autorización del esposo y, en algunos casos, la denegación arbitraria de atención. Como resultado directo de estos obstáculos, a menudo mujeres y niñas deben afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud. El aborto inseguro ha sido una de las causas principales de mortalidad materna durante décadas. El control gubernamental de la atención de la salud reproductiva y las prácticas de rendición de cuentas son sumamente deficientes.
En un paso trascendental para los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero, en julio Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Actores internacionales clave
En junio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "profunda preocupación" por las condiciones reinantes en las cárceles y penitenciarías de Argentina, e instó al gobierno a poner fin al uso de comisarías como centros de detención.
Argentina mantuvo una intervención positiva en temas de derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en otros ámbitos internacionales. En el Consejo, Argentina ha expresado reiteradamente su voto comprometido a favor del juzgamiento de quienes cometen violaciones de derechos humanos. También ha sido clave su intervención en contra de una resolución propuesta por la ONU sobre difamación de las religiones, que atentaría contra los estándares de libertad de que atentaría contra los estándares de libertad de expresión.