En medio de una crisis política y económica que afecta a la Unión Europea (UE) y muchos de sus estados miembros, la protección de los derechos humanos fue rara vez una prioridad en 2012, sobre todo cuando los perjudicados eran grupos marginados o impopulares, como los romaníes, los inmigrantes y los solicitantes asilo.
A pesar del deterioro de los derechos en Hungría y otros lugares, las instituciones de la UE fracasaron en gran medida a la hora de cumplir con la promesa de la Carta de los Derechos Fundamentales; especialmente el Consejo Europeo se mostró reacio a responsabilizar a los Estados miembros de los abusos cometidos.
Políticas de inmigración y asilo de la UE
A pesar de los esfuerzos para establecer el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) para finales de 2012, inmigrantes y solicitantes de asilo siguen sufriendo carencias en el acceso al asilo y la acogida, así como malas condiciones de detención incluso para los niños no acompañados. En el momento de redactarse este informe, la UE no había adoptado una respuesta coordinada a la crisis de refugiados de Siria, y los sirios tenían acceso a distintos niveles de acceso a la protección en diferentes estados miembros.
En mayo, la UE adoptó la estrategia de Acción sobre las Presiones Migratorias que detalla una amplia gama de medidas, entre ellas el fortalecimiento de la capacidad de los países fuera de la UE para controlar sus fronteras y para proporcionar protección humanitaria o asilo a las personas que de otra forma podrían tratar de viajar a otros países de la UE.
Las migraciones en barco por el Mediterráneo disminuyeron, aunque, entre enero y noviembre, más de 300 personas perdieron la vida en el mar. En abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) adoptó un informe que documenta un "catálogo de fracasos" de los Estados miembros de la UE, Libia, y la OTAN que resultaron en la muerte de 63 inmigrantes en barco en abril de 2011. Las negociaciones continuaron para crear el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR) en medio de preocupaciones de que carecía de directrices claras y mecanismos para asegurar el rescate de inmigrantes y solicitantes de asilo en el mar.
En septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló las normas que rigen la vigilancia marítima por la agencia de las fronteras exteriores de la UE, incluyendo dónde deben desembarcar los inmigrantes en barco rescatados, debido a que el Parlamento Europeo no las había aprobado. Las normas siguen en vigor hasta que se adopten nuevas. Una investigación que el Defensor del Pueblo Europeo abrió en marzo sobre el cumplimiento de Frontex de los derechos fundamentales seguía en proceso en el momento de redactarse este informe. En septiembre, Frontex nombró al nuevo agente encargado de los derechos fundamentales.
Los esfuerzos por revisar normas comunes de asilo de la UE avanzaron, con cambios en la Directiva sobre los Requisitos de la UE, acordados en diciembre de 2011, que aportan un reconocimiento más claro de formas de persecución específicas, según género e identidad de género, como condición para la protección. Se esperaba que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo dieran su aprobación definitiva a los cambios en la Directiva de Acogida y el Reglamento Dublín II a finales de 2012. Los cambios en las condiciones mínimas de acogida podrían mejorar el acceso a empleos y obligar a los Estados a identificar a los grupos vulnerables, pero todavía permitiendo la detención de solicitantes de asilo, incluso de niños no acompañados.
Cambios en el reglamento Dublín II bloquearían las transferencias a países en los que un solicitante de asilo corre el riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes, a raíz de un fallo judicial en diciembre de 2011 por el TJUE en Grecia. También mejorarían las garantías pero dejarían intacta la regla general de que el primer país de entrada a la UE se hace responsable de las reclamaciones. En septiembre, el TJUE dictaminó que los Estados miembros deben establecer normas mínimas de acogida para los solicitantes de asilo que esperan ser transferidos bajo el reglamento Dublín II.
En septiembre, la Comisión Europea emitió su evaluación intermedia del Plan de Acción para Menores No Acompañados, destacando las mejoras en la coordinación, la financiación que le dedica Europa y el positivo papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Aun así, también destacó problemas con la recolección de datos. Las discrepancias en los procedimientos para la evaluación de la edad continuaron, con insuficientes procedimientos en Grecia, Italia y Malta, que obstaculizan el acceso a los servicios apropiados. Niños no acompañados fueron detenidos en Estados miembros de la UE, incluyendo Grecia y Malta. En julio, Malta inició una revisión de la detención de inmigrantes, incluidas las políticas que afectan a los niños cuya edad está en disputa.
En septiembre, Dinamarca se unió a los esfuerzos de Noruega, el Reino Unido y Suecia –a través de la Plataforma de Retorno para los Menores no Acompañados (ERPUM), financiada con fondos comunitarios—para iniciar el retorno a Afganistán de los menores no acompañados, pese a serios riesgos de violencia, reclutamiento militar e indigencia. Al momento de escribir este informe, ninguno había sido devuelto todavía.
En marzo, la UE adoptó un marco para facilitar el reasentamiento de refugiados, incluyendo un aumento de los fondos disponibles. Cinco países de la UE anunciaron formalmente programas nacionales de reasentamiento en 2012, pero el reasentamiento de refugiados desplazados por el conflicto en Libia el año anterior progresaron lentamente. En septiembre, Alemania reasentó a 195 solicitantes de asilo que se habían refugiado en Túnez.
En junio, los ministros de Interior de la UE aprobaron una propuesta que permite a los Estados miembros restablecer los controles fronterizos dentro del espacio Schengen (una zona de libre circulación que comprende los 25 miembros de la UE y otros países), si un país no puede controlar las fronteras exteriores de la UE. Había persistentes temores de que países, entre ellos Francia, Alemania, Países Bajos e Italia, recurrieran al uso de perfiles raciales para llevar a cabo inspeccionesin situ en las fronteras interiores. En respuesta a un aumento de 73 por ciento respecto al año pasado en las solicitudes de asilo de los países balcánicos (principalmente por parte de romaníes y albaneses étnicos de Serbia y Macedonia, la gran mayoría de ellas rechazadas), algunos Estados miembros, como Alemania y Francia, presionaron para que se renovaran las restricciones de visado a los ciudadanos balcánicos. En octubre, la Comisión Europea pidió a los Estados balcánicos que tomaran medidas para acabar con la tendencia.
Discriminación e intolerancia
Una encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales publicada en mayo puso de manifiesto casos de exclusión social y miseria entre romaníes en 11 países de la UE, con altos niveles de desempleo (más de 66 por ciento) y bajos niveles de graduación de la escuela secundaria (15 por ciento). En mayo, una evaluación de la Comisión Europea sobre el progreso de los Estados miembros en la integración de los romaníes halló deficiencias en la atención de la salud y la vivienda. En agosto, la comisión anunció que supervisaría los desalojos y expulsión de Francia de romaníes de Europa del Este, y en septiembre escribió a Italia para pedir información sobre la discriminación contra los romaníes.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) advirtió en mayo que la recesión económica y la austeridad estaban alimentando la intolerancia y la violencia contra los inmigrantes. En julio, el Comisionado para los Derechos Humanos delConsejo de Europa (CoE), Nils Muižnieks, convocó una "primavera europea" para contrarrestar los prejuicios contra los musulmanes, citando como ejemplos la prohibición de los velos que cubren toda la cara y las prácticas discriminatorias en base a perfiles raciales de la policía.
En octubre, la Unión Europea adoptó una directiva sobre estándares mínimos para las víctimas, obligando a los Estados a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación, incluso a los inmigrantes indocumentados. En el momento de redactarse este informe, 14 estados miembros de la UE habían firmado (pero no ratificado) el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, incluidos el Reino Unido, en junio, y Bélgica e Italia, en septiembre.
Antiterrorismo
Parlamentarios europeos y víctimas continuaron exigiendo la rendición de cuentas por complicidad en abusos cometidos en el marco del antiterrorismo. En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) escuchó los argumentos de su primer caso sobre la complicidad europea en las entregas a la tortura por Estados Unidos en relación al caso del ciudadano alemán Khaled al-Masri, detenido en Macedonia en 2003, antes de que EE.UU. lo enviara a Afganistán para que fuera torturado. En el momento de redacción de este informe, casos similares contra Polonia, Rumania y Lituania seguían pendientes ante el tribunal.
Un informe del Parlamento Europeo y una resolución adjunta en septiembre denunciaron la falta de transparencia y el uso del secreto de Estado que impiden la rendición de cuentas pública por complicidad en los abusos. El informe recomendó que se lleven a cabo investigaciones en profundidad en Rumania, Lituania y Polonia, y pidió a otros países de la UE que revelen información sobre los vuelos secretos de la CIA en su territorio.
Temas preocupantes de derechos humanos en miembros específicos de la UE
Alemania
El Tribunal Constitucional Federal dictaminó en julio que los solicitantes de asilo y refugiados deberían recibir las mismas prestaciones sociales que los ciudadanos alemanes, y ordenó pagos retroactivos a partir de 2011 para aproximadamente 130.000 personas. El suicidio de un solicitante de asilo en Würzburg en marzo provocó una serie de protestas en todo el país sobre las condiciones en los centros de acogida, las restricciones a la libertad de movimiento y los obstáculos al empleo para los solicitantes de asilo.
Estados alemanes, incluyendo la Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia, continuaron deportando a romaníes a Kosovo, a pesar de las preocupaciones sobre condiciones de acogida inadecuadas, incluyendo problemas en el acceso y su integración en el sistema educativo.
Tres altos funcionarios de inteligencia renunciaron en julio, tras repetidos fracasos para identificar correctamente e investigar una célula neonazi responsable del asesinato de nueve inmigrantes y una agente de policía. En octubre, un tribunal de Fráncfort confirmó un fallo de 2002 que concedió una indemnización a un hombre, que luego fue condenado por matar a un niño, porque un policía lo amenazó con violencia durante su interrogatorio.
En el momento de redactarse este informe, la cámara baja del Parlamento estaba estudiando dos proyectos de ley diferentes para convertir la motivación racista en circunstancia agravante en la condena por delitos penales, así como otro proyecto de ley para introducir los crímenes de odio como una categoría específica. En octubre, el tribunal administrativo de apelaciones de Koblenz dictaminó que era ilegal y una violación de la legislación contra la discriminación que la policía alemana utilice perfiles raciales a la hora de llevar a cabo controles para detectar a inmigrantes irregulares, anulando así una decisión anterior de febrero que había permitido la táctica policial.
En septiembre, el ministro de Justicia federal redactó un borrador de una ley para aclarar la legalidad de las circuncisiones por motivos religiosos, a raíz de una sentencia judicial de junio en Colonia que dictaminó que circuncidar a varones jóvenes equivale a infligir daños corporales. El fallo provocó un considerable debate sobre la libertad de religión y los derechos de los niños. El mismo mes, la canciller Angela Merkel hizo un llamamiento por una mayor tolerancia hacia los musulmanes.
España
Las manifestaciones continuaron a lo largo de todo 2012, conforme el gobierno implementó medidas de austeridad en medio de una profunda crisis económica, así como la violencia de los manifestantes y la policía, que incluyó el uso de balas de goma. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) expresó su preocupación por el hecho de que las medidas de austeridad afectan de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, destacando los desalojos forzosos sin las debidas garantías, la imposición de límites al acceso a los servicios de salud para los inmigrantes indocumentados, y profundos recortes en los presupuestos de educación.
En julio, el TEDH consideró que España había violado sus obligaciones contra la tortura y la no discriminación al no investigar las denuncias de que en 2005, la policía llevó a cabo un control de identidad racialmente abusivo de una mujer africana que contaba con la residencia legal. En una decisión independiente del mismo mes, el tribunal consideró que la prolongación retroactiva de las penas de prisión, que limita la elegibilidad de libertad condicional para los condenados por delitos de terrorismo, violó las normas de un juicio justo. El Tribunal Europeo acordó en noviembre escuchar la apelación del gobierno español contra la sentencia.
En abril, Frontex atribuyó los bajos niveles de entrada de inmigrantes en barco a España a las patrullas marítimas y la cooperación migratoria del país con los países africanos. En septiembre, España desplazó por la fuerza en torno a 70 africanos subsaharianos a Marruecos desde una isla española cercana, a pesar de los informes de los medios de comunicación y las ONG sobre los malos tratos a los que eran sometidos los inmigrantes en Marruecos y cómo eran abandonados en la frontera con Argelia. Dos mujeres y ocho niños fueron trasladados a tierra firme española. En febrero, el CAT publicó su decisión contra España por no investigar la responsabilidad de una unidad de guardacostas españoles en el ahogamiento en 2007 de un hombre senegalés en las costas de Ceuta, el enclave español en Marruecos.
En febrero, el Tribunal Supremo español absolvió al juez Baltasar Garzón de abusar de sus poderes judiciales al investigar las desapariciones forzadas durante el franquismo entre 1939 y 1975, a pesar de la ley de amnistía de España. A principios de ese mes, el mismo tribunal condenó a Garzón por ordenar escuchas telefónicas ilegales en un caso de corrupción y lo suspendió por 11 años.
En septiembre, el Parlamento rechazó un proyecto de ley de oposición iniciado bajo el gobierno anterior para mejorar la legislación contra la discriminación en España. En noviembre, el Tribunal Constitucional confirmó la ley de España sobre la igualdad matrimonial. El ministro de Justicia anunció en julio su intención de limitar el acceso a la legislación del aborto, pero en el momento de redactarse este informe, el proyecto de ley no se había presentado.
Francia
Una campaña de verano para desalojar campamentos de romaníes y expulsarlos de Francia se hizo eco de una iniciativa similar en 2010, planteando interrogantes sobre las promesas del presidente socialista François Hollande, electo en junio, de abordar el problema de la discriminación. A mediados de septiembre, un estimado de 4.000 personas habían sido desalojadas por la fuerza, y cientos habían sido devueltas a Europa del Este.
Relatores especiales de la ONU sobre la Vivienda, los Derechos de los Inmigrantes, los Derechos de las Minorías y el Racismo emitieron una declaración conjunta en agosto para expresar su preocupación por el fracaso de las autoridades para proporcionar alojamiento alternativo, el riesgo de expulsiones colectivas y la estigmatización de los romaníes. El gobierno francés tomó medidas en septiembre para aliviar las restricciones de acceso al empleo para los ciudadanos de Europa del Este, incluidos los romaníes, y firmó un nuevo acuerdo con Rumania sobre deportaciones que contempla la provisión de proyectos de reintegración.
En septiembre, el gobierno dio marcha atrás en una propuesta para introducir formularios de detención para los controles de identidad (una manera de mejorar la rendición de cuentas de la policía y abordar las preocupaciones persistentes acerca de las detenciones basadas en perfiles étnicos) ante la fuerte oposición de los sindicatos policiales. En octubre, el ombudsman de derechos recomendó reformas y estándares legales sobre los cacheos en los controles de este tipo. En junio, el máximo tribunal penal de Francia determinó que los poderes de la policía para pedirles a las personas prueba de su derecho de estar en Francia, independientemente de su conducta, viola las normas de la UE sobre libre circulación.
El gobierno tomó medidas para limitar la detención de menores de edad cuyas familias estaban pendientes de ser deportadas, después de un fallo del TEDH en enero contra Francia por la detención de dos niños pequeños con sus padres durante dos semanas en 2007. Una circular del gobierno en julio aclaró que la detención de familias con niños seguía siendo posible si las familias no respetaban las condiciones de residencia obligatoria en un lugar determinado, o si uno o más miembros de la familia se fugaba.
En febrero, el Tribunal de Derechos Humanos dictaminó en un caso presentado por un solicitante de asilo sudanés, a quien el procedimiento de solicitud de asilo acelerado (fast-track), incluida la falta de recurso suspensivo, no proporcionó una protección efectiva contra la devolución a su país de origen.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) expresó su preocupación en abril sobre las condiciones y el trato en los centros policiales y de detención inmigratoria, cárceles e instalaciones psiquiátricas, recomendando reformas adicionales para garantizar que todos los sospechosos puedan acceder a un abogado desde el momento en que se encuentre por primera vez bajo custodia policial.
El Parlamento aprobó una nueva ley de acoso sexual a finales de julio, después de que el Tribunal Constitucional derogara la legislación anterior por su imprecisión. La nueva ley proporciona protección en una gama más amplia de situaciones más allá del empleo e introduce protecciones basadas en la identidad de género. En noviembre, el gobierno presentó un proyecto de ley para legalizar el matrimonio del mismo sexo.
En octubre, un hombre resultó muerto y once detenidos en redadas en varias ciudades después de que a mediados de septiembre se produjera un ataque con granadas en un supermercado judío en las afueras de París. En el momento de redactarse este informe, el Parlamento estaba examinando un proyecto de ley para tipificar como delito los actos de terrorismo en el extranjero cometidos por ciudadanos franceses. La medida, propuesta por el gobierno anterior (después de que un hombre dijera haberse inspirado en al-Qaeda cuando disparó a siete personas en marzo, entre ellos tres niños judíos y un rabino) permitiría el enjuiciamiento por participar en programas de entrenamiento para terroristas en el extranjero.
Grecia
En medio de la crisis económica de 2012, hubo dificultades generalizadas y muchas protestas. El partido de extrema derecha anti-inmigrante Amanecer Dorado entró al Parlamento por primera vez con 7 por ciento de los votos en las elecciones generales de junio.
La legislación aprobada en abril permite que la policía detenga a inmigrantes y solicitantes de asilo por motivos de salud pública excesivamente amplias, como la susceptibilidad a enfermedades infecciosas en función del origen nacional y el hecho de que vivan en condiciones que no cumplen las normas mínimas de higiene, motivando la condena por parte del Comité de la ONU contra la Tortura (CAT).
El nuevo gobierno continuó con el enfoque de mano dura de su predecesor en el control inmigratorio. La construcción de una valla de 12,5 kilómetros de longitud a lo largo de la frontera con Turquía, iniciada en febrero, estaba por concluirse en el momento de redactarse este informe. Para mediados de noviembre, una amplia redada que se puso en marcha en agosto, ya había generado más de 3.700 arrestos y más de 50.000 detenciones de inmigrantes presuntamente indocumentados para ser interrogados en base a su mera apariencia. Para finales de octubre, más de 1.900 de estos inmigrantes habían sido deportados y 1.690 habían regresado a sus países de origen bajo el programa voluntario de la Organización Internacional para las Migraciones. La operación seguía en marcha en el momento de escribirse este documento.
El sistema de asilo siguió sufriendo persistentes problemas graves. Nuevos órganos de gobierno inaugurados en marzo para supervisar la acogida y la tramitación de las solicitudes de asilo no estaban en pleno funcionamiento en noviembre debido a retrasos de personal. Los obstáculos a la presentación de las solicitudes de asilo continuaron, y las últimas cifras disponibles muestran que Grecia siguió siendo en 2011 el país con el menor índice de protección general en primera instancia en Europa (2 por ciento).
En julio, septiembre y noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en cinco casos distintos que Grecia había sometido a inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo detenidos a tratos inhumanos y degradantes. En octubre, el gobierno prorrogó el plazo permisible de la detención de solicitantes de asilo de 3 a 15 meses (y de 6 a 18 meses para los que solicitaron asilo una vez detenidos), una decisión que probablemente agravará el hacinamiento en los centros de detención.
Entre abril y octubre, Grecia estableció cinco nuevos campos de detención para inmigrantes indocumentados, y planea abrir más instalaciones en las islas en respuesta al incremento de las llegadas en 2012, incluyendo de sirios. La Comisión Europea, el CPT, y el CAT detectaron condiciones problemáticas en los centros de detención, mientras que los informes de organizaciones no gubernamentales documentaron condiciones de detención deficientes en las islas, incluyendo hacinamiento, poca higiene y acceso limitado a atención médica, agua y alimentos.
La violencia xenófoba alcanzó proporciones alarmantes con ataques periódicos contra inmigrantes y solicitantes de asilo, y una creciente evidencia de la participación de miembros del partido Amanecer Dorado. En octubre, el ministro de Orden Público presentó un borrador de decreto presidencial para crear unidades especializadas de la policía para abordar la violencia racista, después de un compromiso en septiembre por parte del ministro de Justicia para emprender reformas legislativas con el objetivo de endurecer las penas de los delitos de odio.
El Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo, decidió en noviembre que los criterios para adquirir la ciudadanía bajo una ley de 2010 eran demasiado indulgentes; el gobierno anunció que en breve presentaría requisitos más estrictos.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida expresó sus preocupaciones en mayo después de que el gobierno publicara fotos e información personal, incluyendo su estatus de VIH, de trabajadoras sexuales acusadas después de que la policía las detuviera por presuntamente mantener relaciones sexuales sin protección con sus clientes mientras eran portadoras del virus VIH.
En mayo, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC) expresó su profunda preocupación por las condiciones inhumanas que sufren los niños discapacitados en el Centro de Cuidado Infantil de Lechaina e instó a Grecia a garantizar que los niños con discapacidad nunca tengan que encontrarse en esas condiciones.
Hungría
El 1 de enero de 2012, entraron en vigor una nueva Constitución y leyes fundamentales, debilitando la protección de los derechos humanos, despojando a la corte constitucional de algunos poderes y socavando la independencia judicial, incluyendo un retiro forzoso que afecta a 300 jueces. En noviembre, el TJUE dictaminó que la reducción de la edad de jubilación de los magistrados constituía una discriminación injustificada basada en la edad.
En enero, 348 grupos religiosos perdieron su condición como "iglesias" en virtud de la nueva Constitución. La constitución también define el derecho a la vida a partir de la concepción, aumentando las preocupaciones sobre los derechos reproductivos; limita el derecho al voto de las personas con discapacidades mentales, y define la familia de una manera que excluye a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT por sus siglas en inglés).
En noviembre, el Tribunal Constitucional de Hungría declaró inconstitucional una ley aprobada en abril que considera delito que las personas no tengan hogar y según la cual los reincidentes quedan sujetos a multas o penas de prisión. Nadie fue procesado mientras la ley estuvo en vigor.
Pese a las críticas del Consejo de Europa, la Comisión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la libertad mediática, el gobierno húngaro no modificó suficientemente las leyes problemáticas de medios. El principal regulador de los medios de comunicación, el Consejo de Medios de Comunicación, carece de independencia política, las posibles multas para los periodistas son excesivas y los requisitos para la regulación de los contenidos no están claros. Periodistas y medios de comunicación informaron sobre prácticas de autocensura y de interferencia editorial. En el momento de escribirse este informe, el Consejo de Medios aún tenía que renovar la licencia de transmisión a largo plazo de la emisora de noticias independiente más popular, Klubradio, a pesar de tres fallos judiciales a favor de la emisora.
Los romaníes siguen siendo víctimas de discriminación y acoso. En julio y agosto, grupos derechistas paramilitares recorrieron los asentamientos romaníes amenazando a los residentes y atacando hogares. En agosto, los paramilitares lanzaron piedras y botellas contra las casas de romaníes y gritaron amenazas en Devecser durante una marcha contra la "delincuencia gitana". La policía estuvo presente en la manifestación, pero no hizo ningún arresto. En el momento de escribirse este informe, seguía en curso una investigación policial.
Hubo varios ataques antisemitas contra dirigentes y monumentos conmemorativos judíos. En octubre, dos asaltantes golpearon e insultaron a un líder judío en Budapest, que sufrió heridas leves. Posteriormente, la policía detuvo a los agresores. En el momento de redactarse este documento, seguían en custodia policial.
Hungría siguió devolviendo solicitantes de asilo e inmigrantes a los países vecinos, entre ellos Serbia y Ucrania, a pesar de la falta de acceso al asilo, el riesgo a la persecución en terceros países y, en el caso de Ucrania, el riesgo a sufrir malos tratos bajo custodia. En octubre, el Tribunal de Derechos Humanos dictaminó en dos casos separados que Hungría había detenido ilegalmente a solicitantes de asilo en 2010 sin una revisión judicial efectiva de su detención.
Italia
Un estimado de 18.000 solicitantes de asilo que llegaron en 2011 permanecían en centros de acogida, incluyendo instalaciones de emergencia, donde muchos esperan decisiones definitivas sobre sus solicitudes. Hasta la fecha, 30 por ciento de los que llegaron desde el norte de África desde principios de 2011 habían recibido algún tipo de protección, incluyendo el estatus de refugiado, protección subsidiaria o permiso humanitario para permanecer en el país.
En octubre, el gobierno italiano emitió normas para una revisión de las reclamaciones denegadas que podría permitir a las autoridades ofrecer protección temporal. En el momento en que se redacta este informe, no está claro qué pasará a fin de año con los alojados en instalaciones, cuando el estado de emergencia humanitaria del Norte de África, que el gobierno declaró en febrero de 2011, está a punto de expirar.
La preocupación por las condiciones de vida y la integración de los solicitantes de asilo y refugiados, incluidos el riesgo de la carencia de vivienda y la indigencia, llevó a los tribunales alemanes, así como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a bloquear las transferencias a Italia en virtud de Dublín II.
En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la devolución sumaria por parte de Italia de barcos de inmigrantes a Libia en 2009 se tradujo en expulsiones colectivas y expuso a las personas a la tortura y trato cruel, inhumano o degradante en Libia o en sus países de origen. El gobierno indicó que respetaría la decisión, pero los compromisos alcanzados con las nuevas autoridades libias en abril plantearon preguntas sobre los continuos esfuerzos para exteriorizar el control de fronteras en formas que violan los derechos humanos.
Las devoluciones sumarias a Grecia continuaron, incluso de niños no acompañados y solicitantes de asilo que viajan como polizones en barcos a Italia. En septiembre y octubre, respectivamente, el comisionado Muižnieksy el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Inmigrantes, Crépeau François, instaron a Italia a suspender todas las devoluciones a Grecia debido a las graves deficiencias en el sistema de asilo del país.
Muižnieksinstó al gobierno que garantice la aplicación de la primera estrategia nacional sobre la integración de los romaníes, adoptada en febrero, mediante el establecimiento de objetivos precisos y la asignación de recursos adecuados. En 2012, los romaníes siguieron siendo víctimas de desalojos de campamentos informales y segregación.
En marzo, el TEDH dictaminó que la expulsión de Italia de un presunto terrorista tunecino en 2010 violó la prohibición a la tortura y los malos tratos y la orden judicial para suspender la expulsión.
En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expresó serias preocupaciones acerca de la violencia racista en Italia, y recomendó que se tomen medidas para mejorar la prevención, investigación y enjuiciamiento. En junio, el relator especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer recomendó que Italia adopte una ley específica sobre la violencia contra las mujeres y garantice el acceso a la justicia para las víctimas, incluidos los romaníes, los sinti y las inmigrantes indocumentadas.
En julio, el máximo tribunal penal de Italia confirmó las condenas de varios oficiales superiores de la policía por falsificar pruebas relacionadas a episodios de violencia policial durante la cumbre del G8 en 2001, en Génova; también confirmó polémicas sentencias de prisión de hasta 15 años para algunos de los manifestantes, por destrucción de la propiedad, y ordenó que otras fueran revisadas.
En septiembre, el mismo tribunal confirmó las condenas in absentia en 2011 de 23 ciudadanos estadounidenses por el secuestro en 2003 y entrega a Egipto de un iman egipcio conocido como Abu Omar, y ordenó un nuevo juicio para los cinco agentes de inteligencia italianos, entre ellos dos altos funcionarios, a quienes los tribunales de menor instancia habían absuelto alegando secreto de Estado.
Países Bajos
El Partido Popular para la Libertad y la Democracia y el Partido Laborista holandés asumieron formalmente el poder en un gobierno de coalición en noviembre, después de ganar las elecciones de septiembre. El Partido anti-inmigrante de la Libertad perdió nueve escaños.
En septiembre y octubre, el Parlamento suspendió las deportaciones de niños que viven en los Países Bajos desde hace al menos cinco años, y aplazó la aplicación de estrictos requisitos para la reunificación familiar. Ambas medidas serán evaluadas ahora que se ha formado un gobierno.
El Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo, dictaminó en julio que Somalia no era un país seguro al que regresar, así que ordenó que decenas de somalíes, cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas, fueran liberados de los centros de detención de inmigrantes. En junio, el gobierno anterior detuvo las deportaciones de los homosexuales iraquíes y en julio, anunció una política que otorga protección a iraquíes que buscan asilo por motivos de orientación sexual o identidad de género.
En agosto, el ombudsman nacional holandés y el CPT criticaron las condiciones en la detención de inmigrantes. El CPT expresó su preocupación por las familias con niños que permanecen detenidas más del máximo de 28 días permitido por la ley. Instaron al gobierno a que detenga a menores de edad sólo en circunstancias excepcionales y que no los encierren en celdas.
Durante el Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos (CDH), en mayo, varios países recomendaron medidas para combatir la discriminación y el racismo.
En el momento de redactarse este informe, el Parlamento debía examinar un proyecto de ley presentado en agosto para eliminar el requisito de la cirugía de reasignación de sexo para las personas transexuales que quieren obtener un nuevo documento de identidad.
Polonia
En marzo, surgió la noticia de que el ex jefe de inteligencia de Polonia había sido acusado por complicidad en una detención secreta de la CIA en territorio polaco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acordó en julio que examinaría un caso presentado por un ciudadano saudí, actualmente recluido en la Bahía de Guantánamo, que afirma que fue mantenido en régimen de incomunicación y torturado en una instalación secreta de la CIA en Polonia en 2002-2003.
En septiembre, el Parlamento aprobó una ley que autoriza a los gobernadores provinciales designados, en lugar de los tribunales, a decidir sobre los recursos contra las denegaciones de permiso para celebrar una manifestación pública. En septiembre, la OSCE instó a Polonia que derogara sus leyes de difamación después de que un tribunal condenara a Robert Frycz, editor de la página web Antykomor.pl, por insultar al presidente, y lo sentenciara a 15 meses de servicios comunitarios.
En septiembre, el Parlamento votó en contra de un proyecto de ley para liberalizar el acceso al aborto y métodos anticonceptivos, e instituir una educación sexual completa. En octubre, el Tribunal de Derechos Humanos dictaminó que Polonia violó los derechos de una víctima de violación de 14 años de edad, a quien se le negó un aborto legal.
Reino Unido
En mayo, el gobierno redujo la detención preventiva en casos de terrorismo de 28 a 14 días, pero dejó abierta la posibilidad de que el Parlamento restablezca los 28 días en caso de emergencia. Los reemplazos para las órdenes de control de los sospechosos de terrorismo ya no permiten la reubicación forzosa y están sujetas a plazos más estrictos. Pero las nuevas medidas todavía se pueden basar en parte en pruebas secretas, y el Parlamento puede aprobar rápidamente poderes más severos en caso de emergencia.
Un proyecto de ley que, en el momento de redactarse este informe, se encuentra en el Parlamento, ampliaría el uso de audiencias secretas en los tribunales civiles por motivos de seguridad nacional y evitaría que el material que muestre la participación del Reino Unido en los actos ilícitos de otros países sea revelado. En septiembre, el relator especial de la ONU sobre la Tortura expresó su preocupación de que el proyecto de ley pueda inhibir la responsabilidad por la tortura.
En enero, el gobierno cerró una investigación muy criticada sobre la participación del Reino Unido en casos de entregas extraordinarias y tortura. Citó nuevas investigaciones penales sobre la complicidad del Reino Unido en las entregas extraordinarias y la tortura en Libia por las fuerzas de seguridad del ex dictador Muammar Gaddafi. Aunque el gobierno prometió una segunda investigación, no está claro en el momento de escribirse este informe cuándo iba a comenzar, y si contaría con la independencia y poderes necesarios.
En enero, el Tribunal de Derechos Humanos bloqueó la deportación del presunto terrorista jordano Abu Qatada debido al riesgo de que las pruebas obtenidas mediante tortura se utilizaran en su contra en el juicio a su regreso, pero también sostuvo que las garantías diplomáticas son suficiente para protegerlo de la tortura o malos tratos. En noviembre, un tribunal británico ordenó la liberación de Qatada alegando que no estaba convencido de que fuera a recibir un juicio justo en Jordania; como consecuencia, fue puesto bajo arresto domiciliario.
En octubre, el Reino Unido extraditó a cinco presuntos terroristas a EE.UU. después de que en septiembre, el TEDH rechazara definitivamente sus apelaciones de que sufrirían malos tratos.
En junio, el gobierno firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, pero siguió rechazando los llamamientos que lo instaban a firmar el Tratado sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En cambio, en abril, modificó las reglas de inmigración que harán que sea más difícil para los trabajadores domésticos extranjeros abandonar situaciones abusivas sin perder su estatus de inmigración.
El Reino Unido siguió deportando a tamiles de Sri Lanka a quienes les habían sido denegadadas sus solicitudes de asilo, incluidos 25 en un vuelo fletado en septiembre, pese a las evidencias de que a su regreso, varios tamiles con presuntos vínculos al grupo separatista los Tigres Tamiles, de Sri Lanka, serían torturados.
Estadísticas oficiales publicadas en agosto revelaron que el número de niños detenidos con padres en espera de deportación está aumentando, a pesar de que esa clase de detención está limitada a una semana. En abril, la Agencia de Fronteras del Reino Unido suspendió un programa piloto para usar rayos X de la dentadura para determinar la edad, en medio de preocupaciones sobre ética médica.
En septiembre, el fiscal general del Reino Unido anunció que elaboraría directrices para procesar el lenguaje ofensivo en Internet y las redes sociales después de que una serie de condenas controvertidas provocara preocupaciones sobre la libertad de expresión.
Rumania
Una crisis política entre el presidente y el primer ministro llevó al gobierno a tomar medidas que socavaron la separación de poderes y el estado de derecho.
A raíz de una sentencia del tribunal constitucional en mayo que dictaminó que el presidente, en lugar del primer ministro, debe representar a Rumania en las reuniones de la UE, el gobierno despojó en julio a la corte de sus poderes para anular las decisiones parlamentarias, sustituyó al defensor del pueblo con alguien leal al partido y asumió el control del boletín oficial que publica decisiones judiciales y leyes, con el fin de retrasar la entrada en vigor de decisiones de la Corte Constitucional.
En julio, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa criticaron estas acciones contrarias al estado de derecho: el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, mencionó posibles procedimientos de infracción. Un informe de la Comisión Europea de julio planteó serias dudas sobre el compromiso de Rumania con el imperio de la ley. Hizo un llamamiento al país para revertir medidas que afectan la independencia judicial y para nombrar a un defensor del pueblo con el apoyo de todos los partidos.
En 2012, las autoridades rumanas continuaron negando las acusaciones de que albergaron una prisión secreta de la CIA para detener e interrogar a sospechosos de terrorismo, a pesar de una investigación conjunta de la Prensa Asociada y la televisión pública alemana ARD Panorama, y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que en diciembre de 2011 identificó donde se ubicaba antiguamente la prisión en Bucarest.
La discriminación y la marginación de los romaníes siguieron siendo una preocupación. En junio, aproximadamente 150 romaníes fueron desalojados por la fuerza de asentamientos informales en Baia Mare, en el noroeste de Rumania, y trasladados a una antigua planta química sin instalaciones adecuadas de alojamiento ni servicios sanitarios. Otros varios cientos afrontaron desalojos inminentes de otros asentamientos informales en Baia Mare.