Washington D.C., 13 de marzo de 2006
S.E. Dr. Alejandro Toledo Manrique
Presidente Constitucional de la República del Perú
El Despacho Presidencial
Plaza Mayor s/n
Lima, Perú
Vía Fax: 511 311 3913
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de manifestarle nuestra profunda preocupación por la resistencia del Ministerio de Defensa del Perú a suministrar información a fiscales y tribunales encargados de investigar violaciones a los derechos humanos, en particular con respecto a la identidad del personal militar estacionado en bases militares o que participó en operativos de contrainsurgencia en períodos específicos durante el conflicto armado en el Perú.
Instamos a S.E. a tomar las medidas necesarias para garantizar que el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas colaboren plenamente con las autoridades judiciales civiles y entreguen información relevante para la investigación de las violaciones a los derechos humanos.
En declaraciones recientes sobre acusaciones que involucran al candidato presidencial Ollanta Humala, el Ministro de Defensa, Marciano Rengifo, negó públicamente disponer de la información solicitada por los fiscales, especialmente en lo que respecta a datos sobre los oficiales estacionados en la base Madre Mía, en Tocache, San Martín. La identificación de dichos oficiales se ha visto aparentemente complicada por el hecho de que durante el conflicto armado los militares emplearon seudónimos con el propósito de resguardar su seguridad. Se sospecha que el Sr. Humala utilizó el nombre de “Capitán Carlos,” seudónimo empleado por un oficial que ha sido acusado de cometer graves crímenes contra los derechos humanos. El Sr. Humala admite haber utilizado el nombre de “Carlos,” pero alega que ha sido confundido con otro “Carlos.”
En entrevistas recientes, el Ministro de Defensa negó de manera categórica que el ejército tuviera la política de emplear seudónimos. Indicó que el uso de seudónimos fue una práctica puramente informal y que no se conservaron registros escritos de los nombres usados. Varios ministros de defensa han negado de manera reiterada que las fuerzas armadas dispongan de información que es esencial para que fiscales y jueces puedan determinar la identidad de personas que participaron en operaciones militares en las que ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos. Con el transcurso de los años, Human Rights Watch ha comenzado a tomar estas declaraciones con creciente escepticismo, ya que no sólo desafían el sentido común sino que a menudo son inconsistentes con los resultados de investigaciones llevadas a cabo por las propias autoridades militares.
Nos generan especial preocupación los informes presentados en el programa La Ventana Indiscreta en febrero del corriente, según los cuales habrían sido extraídos una serie de documentos del legajo personal de servicio del Sr. Humala sobre sus experiencias de combate en el año 1992, antes de que el archivo fuera enviado al Ministro de Defensa. Tales informes, que han sido confirmados por el Ministro, indican la existencia de una tentativa deliberada de obstruir el accionar de la justicia.
Human Rights Watch ha observado que en un gran número de casos las investigaciones llevadas a cabo por fiscales militares han logrado encontrar información valiosa sobre la identidad de las personas que participaron en operativos militares, lo que indica que en muchos casos este tipo de información en efecto existe. Por ejemplo, mientras que en este caso el Ministro sostiene que el uso de seudónimos constituyó un hecho puramente informal y que no se conservó ningún registro de los mismos, Human Rights Watch ha tomado conocimiento de una declaración realizada por un mayor del ejército que fue entrevistado en el mes de noviembre de 1992 por un oficial militar encargado de investigar un presunto tráfico de drogas en la base en la que el Sr. Humala se encontraba estacionado. En su declaración, dicho oficial, el Mayor Jorge Flores Tellos, presuntamente el superior inmediato de Humala, reveló los nombres y seudónimos de varios oficiales de la base militar en cuestión, incluido el de Humala, a quien identificó como “Humala Tasso, Ollanta, ‘Carlos.’”
Human Rights Watch tiene en su poder otros documentos que demuestran que efectivamente se conservaron registros de los seudónimos empleados por el ejército. Dos memorandos firmados en 1994 por el General Alfredo Rodríguez, entonces comandante general del Frente Huallaga, prueban de manera irrefutable que éste poseía información sobre los seudónimos utilizados por los soldados bajo su mando. En el primero de dichos memorandos (cuya fecha y número resultan ilegibles), el General Rodríguez contestó un pedido del Dr. Senen Ramos Giles, Fiscal Ad Hoc encargado de la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la “Operación Aries,” el cual le solicitaba revelar la verdadera identidad de cuatro oficiales conocidos únicamente por sus seudónimos: “Gastón,” “Camilo,” “Manzur” y “Carlos.” El General Rodríguez declaró que esta información era de carácter confidencial y que, por tal motivo, no le era posible suministrarla. Sin embargo, en el segundo documento, también dirigido al Dr. Ramos, con fecha 1 de diciembre de 1994, el General Rodríguez reveló los nombres reales de dos oficiales que empleaban los seudónimos de “Pepe” y “Lozada.”
Un segundo ejemplo es el caso de Bernabé Baldeón García, quien fue torturado hasta la muerte por miembros de una patrulla militar de Ayacucho en septiembre de 1990. El hijo del Sr. Baldeón, Crispin Baldeón, pasó doce años de infructuosa búsqueda tratando de averiguar la identidad real que se ocultaba tras los seudónimos empleados por los asesinos de su padre, en particular la de una persona conocida como “J. Morán,” que se presume comandaba la base del ejército en Accomarca. En septiembre de 2002, un funcionario del Ministerio de Defensa escribió a la delegación peruana de la Asociación Americana de Juristas, para informarles que el comando de la Segunda Región Militar no había encontrado en sus archivos ningún registro sobre el seudónimo o nombre real de los oficiales. Sin embargo, dos semanas más tarde, un inspector de la misma región militar señaló en un memorando dirigido a la jefatura del ejército en Lima que se habían encontrado noventa seudónimos en los registros del personal en la base del ejército en Cangallo, a cargo de la provincia de Vilcashuaman, donde tuvieron lugar los abusos en cuestión. El inspector reveló la verdadera identidad de Morán indicando que se trataba del Teniente José Urbina Carrasco, un oficial de caballería que aún se encontraba en servicio activo en aquel momento. Actualmente Urbina está acusado de tortura seguida de muerte.
A la luz de los ejemplos arriba citados, las afirmaciones generales sobre la supuesta inexistencia de registros que indiquen la identidad real de los oficiales estacionados en las zonas de emergencia carecen de toda credibilidad y parecen dirigidas a ocultar los abusos cometidos y a blindar a los responsables de los mismos.
No nos encontramos, desde luego, en condiciones de aseverar que tales registros existen efectivamente en todos los casos. No obstante, si en un caso en particular no existieran registros o se hubieran extraviado o hubieran sido destruidos, debería ser posible para las fuerzas armadas podrían obtener la información requerida por medio de una simple investigación, por ejemplo entrevistando a los oficiales que estuvieron estacionados en dicho momento en la base en cuestión. Los nombres de muchos de los oficiales estacionados en la base de contrainsurgencia 313 de Tingo María en 1992 fueron registrados, junto con sus firmas, en la investigación mencionada anteriormente sobre el tráfico de drogas. El Ministro de Defensa debería brindarle al fiscal una lista completa de nombres a fin de que éste pueda interrogarlos y confirmar la identidad real y las responsabilidades que le caben al oficial conocido con el nombre de “Carlos.”
Las investigaciones a las que hemos hecho referencia más arriba se llevaron a cabo gracias a una intensa presión política sobre las fuerzas militares para que respondieran a imputaciones sobre graves violaciones contra los derechos humanos. Tal como lo ha señalado la Comisión de la Verdad, sin embargo, la mayor parte de las investigaciones llevadas a cabo por los tribunales militares terminó en el sobreseimiento de los oficiales implicados. Fue sólo con el traslado de dichos casos a los tribunales civiles que surgió por primera vez la posibilidad de que los responsables finalmente respondieran ante la justicia. Desde entonces los militares se han resistido sistemáticamente a cooperar.
Dada la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad y el enjuiciamiento de los implicados en estos crímenes, las fuerzas armadas tienen la obligación de realizar un esfuerzo genuino por obtener esta información y colaborar con los fiscales y tribunales en la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Esta obligación se aplica no sólo a las presentes acusaciones contra Humala, sino también a los centenares de casos que están siendo investigados actualmente por los tribunales y fiscales civiles, con quienes el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas se siguen resistiendo a cooperar de manera efectiva.
Agradezco de antemano la atención prestada a este asunto y aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mi más alta estima y consideración.
/s/
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo para las Américas
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