(Washington, 21 de marzo de 2006) — Las fuerzas armadas peruanas se han resistido de manera sistemática a suministrar información a fiscales y tribunales sobre la identidad de personal militar investigado por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que afectó al país, señaló Human Rights Watch en una carta al Presidente Alejandro Toledo revelada hoy.
Human Rights Watch instó al gobierno peruano a que asegure que las fuerzas armadas cooperen plenamente con fiscales y tribunales civiles que están investigando violaciones a los derechos humanos en el Perú cometidas durante el conflicto armado.Este tema volvió a surgir recientemente en el marco de una serie de acusaciones contra el candidato presidencial Ollanta Humala, que señalan su participación en abusos a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura y desapariciones forzadas, cuando éste se encontraba estacionado en la base militar de Madre Mía, en el departamento de San Martín en 1992 y 1993. Al solicitársele información sobre la identidad y seudónimos empleados por los oficiales estacionados en dicha base, el Ministro de Defensa, Marciano Rengifo, negó públicamente que las fuerzas armadas conservaran ese tipo de registros.
Varios ministros de defensa han afirmado que el uso de seudónimos por parte de oficiales militares constituyó un hecho puramente informal y que, por lo tanto, las fuerzas armadas no han conservado ningún registro de los mismos. Human Rights Watch cuestionó estas declaraciones.
“Las declaraciones generales sobre la supuesta inexistencia de este tipo de registro carecen de toda credibilidad,” señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta política de negar la existencia de los registros pareciera estar dirigida a ocultar los abusos cometidos y a proteger a los responsables.”
De hecho, Human Rights Watch señaló, en varias instancias se han descubierto registros militares que contienen información sobre los seudónimos y la identidad del personal militar.
En un caso puntual, un funcionario del Ministerio de Defensa informó a los familiares de una víctima que las fuerzas armadas no habían encontrado en sus archivos ningún registro referido a los seudónimos o nombres verdaderos de los oficiales presuntamente responsables de esa muerte. Sin embargo, dos semanas más tarde, un inspector de la misma región militar señaló en un memorando dirigido a la jefatura del ejército en Lima que se habían encontrado noventa seudónimos en los registros del personal en la base militar Cangallo, encargada de la provincia de Vilcashuaman, donde ocurrieron los abusos en cuestión.
“Resulta claro que las fuerzas armadas sí conservaron registros sobre la identidad y los seudónimos empleados por el personal militar en por lo menos algunos casos,” señaló Vivanco. “En todos los casos, las fuerzas armadas deberían realizar un esfuerzo serio para obtener esta información y cooperar con la justicia.”
En el caso Humala, se ha encontrado la declaración de un mayor del ejército que fue entrevistado en noviembre de 1992 por un oficial militar que estaba investigando acusaciones por tráfico de drogas en la base donde Humala supuestamente estaba estacionado. En su declaración , dicho oficial, el Mayor Jorge Flores Tello, reveló los nombres y seudónimos de varios oficiales que se encontraban en la base militar en cuestión, incluido el de Humala, a quien identificó como “Humala Tasso, Ollanta, ‘Carlos’.” Humala reconoce haber utilizado el seudónimo de “Carlos,” pero alega que otros oficiales también conocidos como “Carlos” son los responsables de los presuntos abusos.
“Es esencial que las fuerzas armadas cooperen plenamente con investigaciones de violaciones a los derechos humanos, no sólo para asegurar que se haga justicia, sino también para esclarecer la verdad y proteger a aquellos oficiales que puedan ser inocentes,” añadió Vivanco.
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