(Washington, 19 de Mayo de 2006)— La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar inexequibles partes de la ley que regula la desmovilización de los paramilitares corrige graves defectos en esa ley, dijo hoy Human Rights Watch.
La corte declaró constitucional la controvertida Ley de Justicia y Paz que el gobierno colombiano impulsó ante el congreso de ese país el año pasado, pero declaro inexequibles algunos de los más preocupantes artículos de esa ley. También condicionó la aprobación de otros artículos a que estos se interpretaran de una manera acorde con estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.“La Ley de Justicia y Paz era una burla a principios básicos de los derechos humanos y de rendición de cuentas,” dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero la decisión de la Corte significa que ahora los paramilitares que desean recibir los beneficios de esta ley deberán rendir una confesión veraz y completa de sus crímenes y hacer una reparación real a las víctimas.”
La corte estableció que los paramilitares desmovilizados podrían, bajo la Constitución, recibir rebajas en sus penas que les permitirían cumplir entre cinco y ocho años de prisión por todos sus crímenes. Sin embargo, introdujo importantes cambios interpretativos a la Ley de Justicia y Paz, tales como:
- Confesión: La ley establece que los paramilitares que desean recibir penas reducidas deben rendir una versión libre de los hechos, pero no establecía una obligación explícita de confesión plena y veraz de sus crímenes. La corte determinó que esa disposición debía interpretarse de manera que obligue a los paramilitares a revelar la verdad sobre sus crímenes.
- Sanciones por ocultar la verdad: Bajo la ley, los paramilitares no tenían incentivos para revelar aquellos crímenes sobre los cuales las autoridades no tenían conocimiento, ya que si posteriormente se descubría que ellos habían ocultado un crimen, las penas reducidas no se verían afectadas de manera significativa. La corte ha determinado ahora que si se descubre posteriormente que un paramilitar omitió un delito en su versión libre, debe ser juzgado por ese delito bajo la ley penal ordinaria, y podría perder los beneficios ya otorgados.
- Períodos de investigación: La ley restringía severamente el tiempo del que disponían los fiscales para investigar los crímenes de los paramilitares. La corte ha corregido algunas de estas restricciones, dando a los investigadores más tiempo para esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos por los paramilitares.
- Eliminación de rebajas adicionales de pena: La ley establecía que buena parte del tiempo que los paramilitares habían cumplido en una zona de concentración, durante las negociaciones, podía ser contado como tiempo de pena ejecutada. De este modo, en la práctica los paramilitares condenados podrían terminar cumpliendo tan solo 28 meses en un centro de reclusión. La corte declaró inexequible esta disposición.
- Devolución de bienes: La ley establecía que los paramilitares debían entregar bienes ilegalmente adquiridos para cumplir con la reparación de sus víctimas. La corte establece ahora que los paramilitares no sólo deben devolver todos sus bienes ilegalmente adquiridos (como tierras tomadas por la fuerza), sino que también deberán pagar reparaciones con su patrimonio lícito.
- Participación de las víctimas en los procedimientos criminales: La ley restringía la posibilidad de que las víctimas participaran en los procesos penales contra los paramilitares. La corte establece ahora que las víctimas pueden participar a lo largo del proceso, como lo harían en cualquier caso penal ordinario.
Human Rights Watch dijo que el aspecto más significativo de la decisión de la corte es la obligación de que los paramilitares confiesen de manera plena y veraz. “Al obligar a los paramilitares a decir la verdad sobre sus crímenes, o arriesgar la pérdida de las rebajas en sus penas, la corte por fin le ha dado algunos dientes a la ley”, dijo Vivanco.
Los grupos paramilitares colombianos se encuentran en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha solicitado la extradición de muchos de sus líderes por delitos de narcotráfico. En 2002, estos comandantes empezaron a negociar la desmovilización con el gobierno colombiano con la esperanza de evitar la extradición y largas penas de cárcel en Estados Unidos.
Jefes paramilitares son responsables de numerosas masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, y actos de tortura y extorsión en el curso de las últimas dos décadas. Las tropas bajo su mando son pagadas y financiadas a través de complejas operaciones de narcotráfico y otras actividades ilegales. Dado el poder económico de estos grupos, sus tropas desmovilizadas son fácilmente reemplazadas con nuevos reclutas, y comandantes paramilitares ejercen una enorme influencia política en gran parte del país.
El año pasado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe impulsó una ley ante el congreso que les habría permitido a los paramilitares recibir dramáticas rebajas de penas a cambio de su desmovilización. Human Rights Watch, así como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchas organizaciones locales e internacionales, se opusieron firmemente a la ley por considerarla inconsistente con los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación, y porque no contenía mecanismos eficaces para desmantelar las poderosas redes criminales de los paramilitares.
La Corte Constitucional de Colombia es la principal corte de Colombia. En años recientes, ha tomado decisiones sobre muchos casos emblemáticos, incluyendo su decisión el año pasado que declaró constitucional la reelección presidencial, permitiendo así la actual candidatura de Uribe. En la decisión de hoy, la Corte se dividió 6-3, con tres magistrados que objetaron la decisión mayoritaria bajo el argumento de que la Ley de Justicia y Paz debía ser declarada inexequible en su totalidad.
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