(Washington, DC, 6 de noviembre de 2006)—Hoy, el juez chileno encargado del proceso de extradición contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori cerró la etapa de investigación en la cual las partes pueden presentar pruebas, pero Fujimori no ha dado respuesta a las pruebas que lo vinculan a abusos de derechos humanos y corrupción, dijo Human Rights Watch hoy.
Fujimori ha estado en Chile desde el 6 de noviembre de 2005, cuando sorpresivamente llegó a ese país después de evadir la justicia durante cinco años en el Japón. En ese momento, el Perú presentó una solicitud para su extradición por 12 casos.“Fujimori ha tenido casi un año para responder a los graves cargos y las contundentes pruebas que fundamentan la solicitud de extradición del Perú,” dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Pero en lugar de desvirtuarlas, lo único que ha hecho es negar todo y sonreír frente a las cámaras.”
Ahora que el juez chileno Orlando Álvarez ha cerrado la etapa de investigación, los abogados del Perú y de Fujimori tendrán algunas semanas para presentar sus alegatos finales y, posteriormente, la Corte adoptará una decisión sobre la extradición.
Como se detalla en el informe de Human Rights Watch, “Presunción Fundada: Pruebas Que Comprometen a Fujimori”, publicado el año pasado, la información que compromete a Fujimori en varios de los casos actualmente pendientes en su contra en el Perú son más que suficientes para justificar su procesamiento y juicio en el Perú, y por lo tanto su extradición de Chile. Estos casos incluyen:
- Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta: Fujimori está acusado de ser responsable de los asesinatos de 25 personas en dos eventos distintos en 1991 y 1992. Las masacres fueron supuestamente cometidas por el Grupo Colina, un escuadrón especializado de oficiales de inteligencia militar. Ex miembros del Grupo Colina han dicho que éste fue creado como parte de una estrategia antiterrorista específicamente aprobada por Fujimori. Documentos de inteligencia militar muestran que el Grupo Colina era parte de la estructura del Servicio de Inteligencia del Ejército y que recibió apoyo financiero y logístico del Ejército. Fujimori posteriormente aprobó una ley de amnistía que aseguró la impunidad de los miembros del Grupo Colina por estos abusos.
- Desvío de Fondos Públicos para Beneficio Personal: Existe un gran número de pruebas documentales y testimoniales que demuestran que Fujimori estableció un complejo sistema para desviar millones de dólares de fondos públicos de su asignación oficial a cuentas especiales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), controladas por su asesor cercano, Vladimiro Montesinos. Él y Montesinos supuestamente después utilizaron los fondos desviados con fines ilegales, incluidos sobornos y, según varios testigos, pagos personales a Fujimori y su familia.
- Pago de $15 millones a Montesinos: Poco antes del colapso de su gobierno, Fujimori supuestamente ordenó la entrega de 15 millones de dólares de fondos públicos a Montesinos. Fujimori firmó un decreto de emergencia que autorizó la transferencia de los fondos a una cuenta del Sector de Defensa. Un ex ministro ha declarado que Fujimori luego ordenó que los fondos fueran usados para pagarle a Montesinos. Otros testigos, incluyendo el propio Montesinos, han declarado sobre la participación de Fujimori y sus esfuerzos posteriores para encubrir el pago.
Fujimori también está comprometido en otros graves casos por interceptaciones telefónicas masivas y por sobornos a políticos de oposición y a medios de comunicación, entre otros.
La corrupción y las violaciones de los derechos humanos suelen ir de la mano. En el Perú de Fujimori, la corrupción a gran escala no sólo privó a los peruanos de recursos públicos que podrían haberse empleado para aliviar las necesidades económicas, sino que también erosionó gravemente el estado de derecho, que es esencial para la protección de los derechos humanos. Es más, mediante la corrupción el gobierno logró subvertir totalmente el proceso democrático, eliminando los controles normales del poder judicial, el poder legislativo y los medios de comunicación sobre los abusos del gobierno.
En declaraciones durante el proceso de extradición en Chile, Fujimori ha negado tener conocimiento o haber participado en los crímenes. Pero no ha brindado ninguna explicación creíble que desvirtúe las amplias pruebas documentales y testimoniales en su contra.
La extradición de Fujimori al Perú será decidida por la Corte Suprema de Chile, la cual normalmente exige que las pruebas sean suficientes para establecer una presunción fundada que permita determinar que el inculpado ha tenido algún grado de participación en el delito, de tal manera que podría sustentarse una acusación en Chile. Para que proceda la extradición, las cortes chilenas no exigen prueba plena para dictar una condena.
“En estas circunstancias, hay fundamentos más que suficientes para extraditar a Fujimori,” dijo Vivanco. “Es hora que Fujimori por fin dé la cara y responda a las pruebas en su contra en el Perú.”
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