(Jerusalén, 22 de noviembre de 2006) – Los grupos armados palestinos no deben poner en peligro la vida de los civiles palestinos instándolos a reunirse en el interior o en los alrededores de las viviendas de presuntos militantes que han sido seleccionadas como objetivos por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), señaló hoy Human Rights Watch.
Convocar civiles a una zona que ha sido identificada por el bando opositor como blanco de ataque supone, en el peor de los casos, el empleo de escudos humanos, y en el mejor de ellos da cuenta de la ausencia de los mínimos recaudos necesarios para proteger a los civiles de los efectos de los ataques. Ambas alternativas constituyen violaciones al derecho humanitario internacional.Según informes de prensa, el sábado pasado las FDI advirtieron a Mohammedweil Baroud, un comandante de los Comités de Resistencia Popular, que abandonara su hogar en el campo de refugiados de Jabaliya porque planeaban destruirlo. Baroud supuestamente convocó a sus vecinos y amigos para proteger su hogar, y una multitud integrada por cientos de palestinos se apostó dentro, en los alrededores y sobre el techo de la vivienda. Las FDI señalaron que suspendieron el ataque tras observar el gran número de civiles reunidos en torno a la vivienda. El lunes la BBC también informó que las FDI habían prevenido a Wael Rajab, un presunto miembro de Hamas en Beit Lahiya, que se disponían a atacar su vivienda, y que más tarde se emitió un llamado desde las mezquitas locales convocando a voluntarios dispuestos a proteger su hogar.
“No existe excusa alguna para convocar civiles a la escena de un ataque planificado,” señaló Sarah Leah Whitson, directora de la división de Medio Oriente de Human Rights Watch. “Ya sea que la vivienda constituya o no un blanco militar legítimo, instar deliberadamente a la población civil a poner en riesgo su vida es ilegal.”
Varios medios han informado que otros oficiales y grupos armados palestinos han manifestado su apoyo a este tipo de tácticas. En una visita a la casa de Baroud realizada el domingo pasado, el Primer Ministro Ismail Haniyeh de la Autoridad Palestina liderada por Hamas presuntamente declaró: “Estamos muy orgullosos de esta actitud nacional. Es el primer paso hacia la protección de nuestros hogares ... en la medida en que esta estrategia sirva al interés de nuestro pueblo, brindamos nuestro apoyo a la misma.” Un vocero de los Comités de Resistencia Popular también fue citado haciendo una declaración similar: “Exhortamos a todos los combatientes a rehusarse a evacuar sus hogares e instamos a nuestra población a ingresar en las viviendas amenazadas y formar escudos humanos.”
“El Primer Ministro Haniyeh y los otros líderes palestinos deberían rechazar, y no avalar, la táctica de alentar a la población civil a poner en riesgo su seguridad,” indicó Whitson.
El 3 de noviembre la BBC también informó que la radio de Hamas difundió un llamado instando a las mujeres locales a concurrir a una mezquita con el propósito de proteger a 15 presuntos militantes que permanecían dentro de la misma ocultándose de las fuerzas israelíes que rodeaban el lugar. Muchas mujeres acudieron a la mezquita y dos de ellas presuntamente perdieron la vida en tanto que otras 10 fueron heridas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego.
Recurrir a la presencia de civiles para proteger determinados sitios o áreas de operaciones militares u ordenar el movimiento de la población civil o de civiles individuales con el fin de escudar objetivos militares contra un ataque constituye un crimen de guerra. Aún en el caso en que el objeto de ataque no sea un blanco militar legítimo, convocar civiles a la escena violaría el imperativo establecido por el derecho humanitario internacional que exige que las partes involucradas en un conflicto armado tomen todos los recaudos posibles para proteger a la población civil de los efectos de los ataques. De producirse dicha violación, sin embargo, las partes involucradas en el conflicto permanecen obligadas por el derecho humanitario internacional a adoptar medidas preventivas y a no tomar a los civiles como blancos o causar un perjuicio o daño excesivo a la población civil en relación con las concretas y directas ventajas militares anticipadas.
En otras palabras, aún cuando los civiles que se colocan en medio de acciones militares corren severos riesgos, éstos no pueden ser considerados blancos legítimos por la fuerza opositora, y las partes involucradas en el conflicto deben cancelar o suspender los ataques en caso de preverse un daño excesivo a la población civil. Human Rights Watch señaló que las FDI habían cumplido adecuadamente con las obligaciones establecidas por el derecho humanitario internacional al suspender el ataque a la vivienda de Baroud, hecho que hubiera ocasionado daños sustanciales entre los civiles.
Sin embargo, Human Rights Watch también recordó a las FDI que, aún ante la ausencia de medidas deliberadamente orquestadas para maximizar la presencia de civiles cerca de sus blancos de ataque, cualquier destrucción de propiedades pertenecientes a civiles debe efectuarse en estricta conformidad con el derecho humanitario internacional. Un objeto civil tan ostensible como una vivienda únicamente puede ser blanco de ataque si se lo emplea con propósitos militares en un momento preciso y si su destrucción supone una contribución directa e inmediata en la contienda.
“Las FDI deben explicar de manera inmediata cuales son sus objetivos militares a la hora de tomar como blanco de ataque las viviendas que ordenaron evacuar,” señaló Whitson.
De acuerdo con la organización de derechos humanos israelí B’tselem, entre julio y el 15 de noviembre del corriente año, las FDI destruyeron 251 hogares en Gaza, dejando a 1.577 personas sin vivienda. En 105 de dichos casos las FDI destruyeron las viviendas por medio de ataques aéreos luego de advertir a sus habitantes que las abandonaran. Si bien las FDI generalmente alegan que los militantes empleaban dichas viviendas como depósito de armas, éstas no han presentado ninguna evidencia concreta en los casos particulares.
Human Rights Watch también informó extensamente sobre el empleo forzado de civiles palestinos durante operaciones militares y documentó el uso de civiles palestinos como “escudos humanos” y con propósitos militares durante las operaciones militares israelíes en Jenín en el año 2002. La Suprema Corte de Justicia de Israel confirmó la ilegalidad de emplear escudos humanos en 2002.
En una fecha tan reciente como julio de 2006, grupos de derechos humanos israelíes y palestinos documentaron el uso forzado, por parte de las FDI, de palestinos como escudos humanos en un incidente ampliamente publicitado durante las operaciones militares en Beit Hanoun. Según dichos grupos, las FDI vendaron los ojos de seis civiles, incluidos dos menores de edad, y los obligaron a pararse frente a un grupo de soldados que capturaban hogares de civiles durante una redada en el norte de Gaza.
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Report, April 18, 2002
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