Argentina ha dado pasos importantes para llevar ante la justicia a militares y policías acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante la época del “terrorismo de estado” en el país. En el año 2006 dos oficiales de policía fueron condenados por “desapariciones”, las primeras sentencias desde que en el 2005 la Corte Suprema de Argentina derogó las leyes de “punto final” y “obediencia debida”.
Los presos viven en condiciones deplorables en las cárceles hacinadas de Argentina. La violencia entre reclusos y la brutalidad por parte de los guardias es un problema constante.Haciendo frente a los abusos del pasado
Desde que el presidente Néstor Kirchner asumió en el año 2003, Argentina ha dado pasos históricos hacia el enjuiciamiento de militares y policías responsables de “desapariciones”, asesinatos y torturas durante la última dictadura militar (1976-1983). El Presidente Kirchner ha promovido enfáticamente estos juicios, fortaleciendo aquello que empezó como un desafío legal contra la impunidad ante los tribunales. En el 2003 se reabrieron varios casos importantes luego que el Congreso derogó la ley de “punto final” de 1986 que obligó a interrumpir los procesos por estos casos y la ley de “obediencia debida” de 1987 que otorgó la inmunidad automática en estos casos a todos los miembros de las fuerzas armadas, salvo aquellos que ocupaban posiciones de mando. En junio del 2005, la Corte Suprema declaró a las leyes inconstitucionales y en el 2006 se realizaron los primeros juicios en casi veinte años por “desapariciones” y torturas.
En agosto del 2006, un tribunal federal en Buenos Aires sentenció al ex oficial de policía Julio Héctor Simón a 25 años de prisión tras decidir que era culpable del arresto ilegal y tortura de José Poblete Roa y Gertrudis Hlaczik de Poblete, una pareja chileno-argentina que “desapareció” después de haber sido detenida en noviembre de 1978 en “El Olimpo”, un centro de detención clandestino operado por la policía federal. Al mes siguiente un tribunal de La Plata sentenció a otro ex oficial de policía, Miguel Osvaldo Etchecolatz, a cadena perpetua por privación ilegítima de la libertad, tortura, y homicidio relacionado con seis “desapariciones”. Etchecolatz había sido condenado en 1986 por varias acusaciones relacionadas con privación ilegítima de la libertad y sentenciado a 23 años de prisión, pero al año siguiente fue liberado al declararse la nulidad de la sentencia por la ley de “obediencia debida”.
Desde el año 2005 varios jueces federales anularon los indultos decretados por el Presidente Menem en 1989 y 1990, a favor de ex oficiales condenados o que estaban siendo procesados por actos de violación a los derechos humanos. En septiembre del 2006, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la sentencia que declaraba inconstitucional el perdón presidencial otorgado al ex Comandante, General de División Santiago Omar Riveros. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los indultos.
Protección de testigos
En el 2006, la seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos se convirtió en una seria preocupación, debido a la misteriosa desaparición en septiembre del 2006 de una víctima de tortura que había testificado en el caso Etchecolatz. Jorge Julio López, un albañil de 77 años de edad, desapareció de su casa en La Plata el día anterior al que se esperaba asistiera a una de las audiencias finales del juicio. Otra víctima de tortura, Nilda Eloy, había informado anteriormente que recibió amenazas de muerte por teléfono, junto con ruidos que parecían una sesión de torturas. Los jueces y fiscales de los casos sobre derechos humanos también han recibido amenazas, lo cual aumenta los temores que López podría haber sido secuestrado por ex miembros de la policía durante la dictadura con el propósito de sabotear los juicios. El gobierno montó un gran operativo policial para encontrar a López, pero hasta mediados de octubre su paradero y las razones de su desaparición seguían siendo desconocidas.
Condiciones penitenciarias
El hacinamiento, los abusos cometidos por los guardias y la violencia entre los reclusos continúan siendo problemas serios en las prisiones de Argentina. En el año 2006, hubo una ligera reducción del hacinamiento en la provincia de Buenos Aires. El número de detenidos en las dependencias policiales – que durante años ha absorbido el desborde del sistema penitenciario – también ha disminuido.
Sin embargo, según un informe del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, citado en el periódico Clarín en agosto del 2006, casi 4,000 presos seguían detenidos en las dependencias policiales hasta esa fecha.
En un fallo memorable dictado en mayo del 2005, la Corte Suprema declaró que todas las cárceles del país debían cumplir con las Reglas de Estándares Mínimos para el Tratamiento de los Prisioneros de las Naciones Unidas. Una de las causas del hacinamiento de las cárceles es el alto porcentaje de acusados que son enviados a prisión mientras esperan el juicio (sólo dos de cada 10 reclusos en las cárceles en Buenos Aires han sido sentenciados). Siguiendo las recomendaciones de la Corte Suprema, en marzo del 2006 la provincia de Buenos Aires reformó su Código de Procedimiento Penal y restringió los casos en que los jueces podían ordenar la prisión preventiva para los acusados, obligándolos a considerar otras alternativas.
Aunque en el 2006 se registraron menos incidentes fatales que en el 2005, los presos continúan muriendo como resultado de la violencia entre reos, la cual puede prevenirse. En diciembre del 2005 un inspector de prisiones de la oficina del Defensor del Pueblo de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, denunció a guardias de las cárceles por vender cuchillos de fabricación artesanal, conocidos como facas, a los reclusos de la prisión de Campana. El mes siguiente, Alejandro Leiva Duarte, de 35 años, fue asesinado a puñaladas con una de estas armas en la cárcel de Magdalena.
Independencia judicial
Después de años en que la independencia y calidad de los jueces superiores argentinos fue constantemente cuestionada, el Presidente Kirchner ha dado pasos importantes para aumentar la transparencia en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema, al requerir que las nominaciones hechas por el poder ejecutivo sean debatidas en audiencias públicas y que grupos de la sociedad civil tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista.
Sin embargo, al mismo tiempo, el Presidente Kirchner firmó una ley en el 2006 que amenaza la independencia del poder judicial, al reestructurar el Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de seleccionar a los jueces que habrán de ser nombrados por el poder ejecutivo. La nueva ley fortalece el poder del partido de gobierno a costa de los partidos minoritarios (que han sido eliminados del Consejo) y de jueces, abogados y académicos (cuyo número ha sido reducido), alterando así definitivamente el equilibrio previsto por la Constitución entre la opinión política y técnica en el Consejo. En el mes de octubre, los abogados de todo el país eligieron a dos de sus representantes en el nuevo Consejo, pero miles se abstuvieron. Al momento de escribir estas líneas, la Corte Suprema debía decidir sobre la constitucionalidad de la nueva ley, tras un caso presentado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires.
Según el presidente de la Corte Suprema, la prolongada demora del Presidente Kirchner en reemplazar a dos magistrados de la Corte Suprema dificultó la toma de decisiones de la Corte. Al momento de escribir estas líneas, la Corte tenía únicamente siete miembros, en lugar de los nueve que estipula la ley, pero todas las decisiones debían tener una mayoría de cinco votos. Varios grupos de la sociedad civil también expresaron su preocupación en cuanto a que sin los nuevos nombramientos, el requisito para alcanzar esta alta votación estaba retrasando los fallos sobre temas de interés público.
Libertad de expresión
Después de haber sido sometida a debate durante varios años, los proyectos de ley para fortalecer la libertad de prensa y el acceso a la información no fueron aprobados por el Congreso. Un proyecto de ley para que la difamación a funcionarios públicos se castigue únicamente con el pago de daños civiles y no con sanciones penales, que fue presentado de conformidad con un acuerdo amistoso logrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha progresado. Además, por segundo año consecutivo, un proyecto de ley que otorgaba a los ciudadanos argentinos el derecho a acceder a la información que mantienen los organismos públicos tampoco ha progresado. La cámara baja aprobó el proyecto de ley en mayo del 2003, pero el Senado votó por una versión más debilitada que había sido aprobada por una comisión presidida por la esposa del presidente, Cristina Fernández de Kirchner. En noviembre del 2005 el proyecto de ley fue totalmente eliminado de la agenda parlamentaria.
Algunos gobiernos provinciales discriminan al distribuir la publicidad oficial, premiando a los medios locales que brindan una cobertura favorable y castigando a aquellos que tienen una línea editorial crítica. En el 2003, el periódico Río Negro presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el cual alegaba que el gobierno provincial de Neuquén había reducido drásticamente su publicidad porque el diario había informado sobre un escándalo de soborno que comprometía indirectamente al gobernador. En septiembre del 2006 el procurador general se pronunció sobre el recurso. Aunque destacó que el gobernador no había violado la Constitución, instó a la asamblea legislativa a que emita leyes a nivel nacional y provincial que regulen la distribución de la publicidad oficial, a efectos de limitar la discrecionalidad que actualmente disfrutan las autoridades gubernamentales. Al momento de escribir estas líneas, el caso Río Negro todavía debía ser resuelto por la Corte Suprema.
A pesar de que las consecuencias de la discriminación al distribuir la publicidad oficial son más graves en las provincias, donde muchos medios dependen de esta fuente de financiamiento para sobrevivir, ello también ha ocurrido a nivel federal. Algunos medios nacionales que forman parte de la Editorial Perfil alegan haber sido castigados por el gobierno federal al negárseles publicidad oficial como consecuencia de su línea editorial crítica, mientras que otros diarios que apoyan al gobierno parecen haber sido favorecidos en el reparto de publicidad.
Acceso al aborto legal
Las mujeres argentinas sufren restricciones arbitrarias y discriminatorias al tomar decisiones sobre su reproducción y el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto. La violencia sexual sigue, en ocasiones, impune. El aborto es legal para víctimas de violación con discapacidad mental, pero las mujeres enfrentan obstáculos aún cuando sus derechos están protegidos por la ley. En un caso célebre en el año 2006, una mujer con discapacidad mental que había sido violada y quedó embarazada como consecuencia de haber sido violada por su tío, debió acudir a los tribunales y sufrir una serie de impedimentos antes de lograr la autorización para el aborto legal (que los doctores del hospital habían estado dispuestos a realizar desde un principio).
Defensores de los derechos humanos
Una novedosa y positiva tendencia de la Corte Suprema de Argentina fue permitirles a las organizaciones de la sociedad civil que presentaran informes amicus curiae sobre asuntos de interés público. El caso sobre la reestructuración del Consejo de la Magistratura y el de Río Negro están entre los autorizados por la Corte para la presentación de amicus curiae.
Principales actores internacionales
La Corte Interamericana de Derechos Humanos siguió supervisando la actuación del gobierno en cuanto a la ejecución de medidas provisionales ordenadas por la Corte para proteger la vida y seguridad física de los internos de las cárceles de la provincia de Mendoza. En marzo del 2006 la Corte renovó las medidas y advirtió que la situación en los centros penitenciarios de Mendoza no había mejorado en forma tangible.
En los procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, el gobierno de Argentina aceptó formalmente su responsabilidad parcial por la falta de prevención en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y posteriormente por no haber investigado de forma apropiada el crimen en el cual murieron 85 personas. En octubre del 2006 un fiscal especial argentino acusó a Irán de haber planeado el atentado y a Hezbollah de haberlo realizado. El mes siguiente un juez federal emitió una orden de captura internacional contra el ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros ocho ex funcionarios iraníes.
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