Veinte años después del retorno a un gobierno civil, Guatemala ha avanzado poco en garantizar la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, aspectos fundamentales de una democracia funcional. La impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de abusos contra los derechos humanos. Los continuos actos de violencia política e intimidación amenazan con revertir los pocos avances que se han logrado con respecto a la atribución de responsabilidades en años recientes.
ImpunidadGuatemala continúa padeciendo los efectos de un conflicto armado interno que finalizó en 1996. Una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas estimó que 200,000 personas murieron durante la guerra de 36 años y atribuyó la gran mayoría de estas muertes a las fuerzas gubernamentales.
Como ha señalado Human Rights Watch en el pasado, los guatemaltecos que reclaman la atribución de responsabilidades por estos abusos enfrentan obstáculos enormes. Los fiscales y los investigadores encargados de estos casos cuentan con una formación y recursos terriblemente inadecuados. Las cortes rutinariamente no resuelven de manera expeditiva las apelaciones y peticiones judiciales, permitiendo así que los abogados defensores empleen maniobras legales de dilación. El ejército y otras instituciones oficiales no cooperan plenamente con las investigaciones sobre abusos cometidos por sus miembros activos o retirados. La policía no ofrece una protección adecuada a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos con implicancias políticas.
De las 626 masacres documentadas por una comisión de la verdad, sólo se ha enjuiciado con éxito dos casos en las cortes de Guatemala. En 1999, una corte guatemalteca sentenció a tres ex miembros de la patrulla de defensa civil a prisión por los asesinatos de dos de los 177 civiles masacrados en Río Negro en 1982. Además, en octubre del 2005, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia del año 2004, por la cual se sentenció a un teniente y a 13 soldados a 40 años de prisión por la masacre de Xamán de 1995, en la cual se mataron a 11 civiles.
Por el contrario, el proceso judicial a ex oficiales militares presuntamente responsables de la masacre de Dos Erres de 1982, en la que murieron al menos 162 personas, ha sido retrasado durante años por las maniobras dilatorias de la defensa. Además, el juicio a otros seis miembros de la patrulla de defensa civil, supuestos cómplices en las masacres de Río Negro, ha sido postergado desde octubre del 2004 debido a las apelaciones de los acusados.
Las otras pocas condenas obtenidas en casos sobre derechos humanos se han logrado a un costo considerable. En el caso de Myrna Mack, una antropóloga asesinada en 1990, llevó más de una década obtener la condena de un coronel del ejército, Valencia Osorio, por su participación en la organización del asesinato. Durante ese período, un investigador de la policía que recogió pruebas incriminatorias fue asesinado y otros dos investigadores— además de tres testigos—recibieron amenazas y huyeron del país. Mientras tanto, Osorio escapó de la custodia policial y aún no ha cumplido su sentencia.
El descubrimiento ocurrido en 1995 de aproximadamente 70 a 80 millones de documentos de la disuelta Policía Nacional, incluyendo archivos de guatemaltecos que fueron asesinados y “desaparecidos” durante el conflicto armado, podría desempeñar un papel clave en el proceso judicial de aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. Desafortunadamente, no existe un marco legal vigente que garantice la administración adecuada del archivo o que regule el acceso público a los documentos.
La impunidad de los delitos comunes también sigue siendo un problema. Por ejemplo, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala estima que sólo hay arrestos en el 3% de los casos sobre asesinatos de mujeres y niñas. El proceso judicial de aquellas personas que cometen violencia contra las mujeres es dificultado por la legislación discriminatoria que impide el castigo de algunos delitos violentos contra las mujeres, y la impunidad es estimulada por la discriminación de género posterior, profundamente arraigada dentro de las instituciones del gobierno responsables de investigar y enjuiciar estos delitos.
La frustración por la falta de justicia en Guatemala ha contribuido indudablemente a los actos de vigilancia en los últimos años. El linchamiento público es un problema común; se han reportado 25 casos en el año 2004 y 32 en el año 2005. La mayoría de víctimas que fueron objeto de linchamiento eran sospechosas de haber cometido un crimen, pero también fueron linchadas en los últimos años por otros factores, tales como disputas sobre tierra o agua.
El gobierno guatemalteco ha tomado varias medidas en el año 2006 para combatir la impunidad, mejorar el sistema judicial, y garantizar los derechos de los prisioneros. En octubre del 2006, el Presidente Oscar Berger aprobó la Ley del Régimen Penitenciario, la cual fue implementada por el Congreso el mes pasado e incluye disposiciones que contemplan programas de rehabilitación y escuelas dentro de las prisiones.
Ataques y amenazas de los "grupos clandestinos"
Durante los últimos cinco años, ha habido un número alarmante de ataques y amenazas contra los guatemaltecos que buscaban justicia por abusos cometidos en el pasado. Los blancos han incluido a defensores de derechos humanos, oficiales de justicia, especialistas forenses y peticionarios y testigos involucrados en casos de derechos humanos. Se han incluido también a periodistas, activistas laborales y otras personas que han denunciado abusos de las autoridades. Las organizaciones de derechos humanos en Guatemala declaran que entre enero y agosto del 2006, se registraron 161 casos de tales actos de violencia o intimidación.
El 2 de abril del 2006 fue asesinada Meregilda Súchite, al parecer por su trabajo como líder comunal y miembro de un grupo de derechos humanos de la mujer, el cual es apoyado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) continuaron recibiendo amenazas de muerte en el 2006, por el trabajo de exhumación de cuerpos enterrados en cementerios clandestinos en todo el país.
Existe un consenso generalizado entre observadores locales e internacionales que las personas responsables de estos actos de violencia e intimidación están afiliadas con redes u organizaciones armadas privadas, secretas e ilegales, comunalmente denominadas como “grupos clandestinos” en Guatemala. Estos grupos parecen tener conexiones tanto con funcionarios del gobierno como con el crimen organizado—que les concede acceso a considerables recursos políticos y económicos. El sistema judicial guatemalteco, que tiene escasa capacidad siquiera para reprimir el delito común, ha demostrado hasta ahora su poca capacidad para enfrentar esta poderosa y peligrosa amenaza contra el estado de derecho.
Uso excesivo de la fuerza
Si bien la violencia política ya no ocurre como un tema de política oficial del estado, en ocasiones los miembros de la policía nacional todavía emplean fuerza excesiva contra delincuentes sospechosos y otras personas. A menudo, los autores de estos crímenes son efectivos policiales mal entrenados. Entre enero y junio del año 2005, hubo 257 quejas efectuadas a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala por abuso de autoridad de la policía o guardias penitenciarios y 18 quejas presentadas por asesinatos extrajudiciales por parte de la policía o guardias penitenciarios. Por ejemplo, una mujer transexual fue asesinada y otra fue gravemente herida el 17 de diciembre del 2005, cuando fueron muertas a tiros en un calle de la Ciudad de Guatemala. Los testigos presénciales informaron que los agresores fueron efectivos policiales uniformados.
Principales actores internacionales
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió una oficina en Guatemala en el año 2005 para ofrecer supervisión y asistencia técnica sobre las prácticas en materia de derechos humanos. En febrero del 2006, la oficina publicó un informe sobre los derechos humanos en Guatemala, expresando su preocupación sobre la situación actual y pidiendo encarecidamente al gobierno que adopte varias medidas con el fin de combatir la violencia e impunidad, como por ejemplo ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Los esfuerzos continúan garantizando la aplicación del acuerdo del 2004 entre Guatemala y los Estados Unidos para el establecimiento de una comisión especial para investigar y promover el proceso judicial de “grupos clandestinos”. La Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos y de Seguridad (CICIACS), partió de una propuesta desarrollada por el gobierno guatemalteco y los grupos locales de derechos humanos, en colaboración con los miembros de la comunidad internacional. En el 2004, el Tribunal Constitucional de Guatemala sostuvo que varias de las disposiciones del acuerdo fueron inconstitucionales. En mayo del 2006, el gobierno guatemalteco presentó a las Naciones Unidas una versión revisada del acuerdo. En diciembre, la ONU firmó un acuerdo con el gobierno de Guatemala para crear la comisión (cuyo nombre ahora es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) Al momento de escribir estas líneas, el Congreso guatemalteco aún debe aprobar el acuerdo.
En un fallo histórico, el 26 de septiembre del 2005 el Tribunal Constitucional de España decidió que, de conformidad al principio de “jurisdicción universal”, los casos de presunto genocidio cometidos durante el conflicto interno armado de Guatemala podrían procesarse en las Cortes españolas, aunque ciudadanos españoles no estuvieran involucrados. El 24 de junio del 2006, el juez español Santiago Pedraz, fiscal español y dos fiscales privados fueron a Guatemala a tomar testimonio a los acusados. Sin embargo, no se dio ningún testimonio debido a que los acusados presentaron numerosas apelaciones, y el Tribunal Constitucional de Guatemala suspendió los procesos indefinidamente. El 7 de julio del 2006, el Juez Pedraz emitió órdenes internacionales de detención a ocho acusados guatemaltecos y emitió una orden para bloquear los bienes de los acusados, tanto en España como a nivel internacional. En noviembre, una Corte guatemalteca autorizó el arresto de cuatro de los acusados. En el momento en que se escribió este informe, España aún no había reclamado la extradición de los sospechosos de Guatemala.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos continúa ofreciendo una vía importante para que los defensores de derechos humanos intenten presionar a Guatemala para que acepte la responsabilidad por abusos del pasado.
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Multi Country Report, January 11, 2007