(Washington, DC, 24 de octubre del 2007) – El Congreso estadounidense debería oponerse al paquete de asistencia a México para combatir el narcotráfico si éste no incluye fuertes condiciones que busquen terminar con los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas, dijo Human Rights Watch hoy.
El lunes pasado el gobierno del Presidente Bush le solicitó al Congreso que aprobara un paquete de asistencia de 500 millones de dólares para ayudar a México a mejorar sus esfuerzos de combate al narcotráfico y mejorar la seguridad pública. Sin embargo, las Fuerzas Armadas mexicanas y las agencias de seguridad responsables de las operaciones de combate al narcotráfico tienen un récord muy pobre en derechos humanos.“Ayudar a México a afrontar sus brutales cárteles de la droga es una buena idea”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Darle un cheque en blanco a sus fuerzas de seguridad no lo es”.
A lo largo de los últimos dos años, soldados mexicanos han cometido graves abusos en operaciones de seguridad. En julio del 2006, soldados en el estado de Coahuila golpearon a siete policías municipales y abusaron sexualmente a 14 mujeres, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En mayo del 2007, soldados detuvieron arbitrariamente a 65 personas en el estado de Michoacán, manteniendo a algunas de ellas incomunicadas en una base militar, golpeando a muchos de los detenidos y violando a cuatro menores de edad. En junio, soldados abrieron fuego contra un camión en Sinaloa, matando a cinco personas, incluyendo a tres niños, y lastimando a otras tres.
La impunidad de estas violaciones a los derechos humanos es la norma. El sistema de justicia militar, que habitualmente juzga los abusos militares, carece de la independencia necesaria para llevar adelante investigaciones creíbles. La capacidad de los agentes del ministerio público militar de investigar abusos es socavada por el miedo al ejército, que es generalizado en muchas comunidades rurales e inhibe a las víctimas y testigos civiles de proveer información a las autoridades militares.
El Congreso de Estados Unidos debería asegurar que la entrega de los fondos propuestos esté sujeta a un proceso de certificación periódica, que permita determinar que los abusos cometidos durante las operaciones de combate al narcotráfico sean investigados y juzgados de manera efectiva y rigurosa.
“El Congreso estadounidense tiene una oportunidad para utilizar esta asistencia como una herramienta para presionar a las fuerzas de seguridad mexicanas a mejorar su lamentable récord en derechos humanos”, dijo Vivanco.
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