Argentina ha adoptado medidas importantes con el propósito de juzgar a ex militares y policías acusados de haber cometido violaciones graves de los derechos humanos durante el “terrorismo de estado” que tuvo lugar en ese país. Desde que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en 2005, dos ex policías y un sacerdote de Iglesia Católica Romana y siete oficiales militares han sido condenados.
En las cárceles superpobladas de Argentina, los internos viven en condiciones deplorables. La violencia entre los internos y la brutalidad de los guardias representan un problema constante.
En octubre de 2007, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente Néstor Kirchner, fue electa para sucederlo en el cargo. La asunción se produciría el 10 de diciembre.
Desde 2003, Argentina ha hecho avances significativos para juzgar personal militar y policial responsable de las “desapariciones”, los homicidios y las torturas ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983). El presidente Kirchner instó enérgicamente la realización de estos juicios, y reforzó de este modo lo que comenzó como una embestida legal contra la impunidad en el ámbito de los tribunales. Según la Procuración General de la Nación, actualmente más de 250 personas se encuentran privadas de su libertad y enfrentan cargos por estos delitos.
En 2003, se reabrieron varios casos importantes, luego de que el Congreso anulara la ley de “Punto Final” de 1986, que provocó la interrupción de los juicios de todos los casos de esta naturaleza, y la ley de “Obediencia Debida” de 1987, que otorgaba inmunidad automática en estos casos a todos los integrantes del Ejército, excepto a aquellos con cargos de mando. En junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de estas leyes y, en 2006, dos policías fueron condenados por “desapariciones”. En octubre de 2007, Christian Von Wernich, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, fue condenado a reclusión perpetua por su participación en decenas de casos que incluían homicidios, hechos de tortura y secuestros. En diciembre de 2007 Cristino Nicolaides, ex jefe del Ejército, seis ex militares, y un policía fueron condenados por su responsabilidad en el secuestro y tortura de seis personas, cinco de las cuales fueron “desaparecidas”.
La seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos se ha convertido en una cuestión altamente inquietante desde la desaparición, ocurrida en septiembre de 2006, de una víctima de hechos de tortura que había declarado como testigo en uno de los casos concluidos ese año. Jorge Julio López, de 77 años, desapareció de su vivienda en La Plata el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias del juicio y su paradero se desconoce hasta el día de hoy.
Desde 2005, varios jueces federales han declarado la nulidad de los indultos decretados por el presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a ex oficiales que se encontraban cumpliendo condena o estaban siendo juzgados por violaciones de los derechos humanos. En julio de 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto que favoreció al Gral. Santiago Omar Riveros, y sostuvo que el indulto no puede concederse en aquellos casos que suponen delitos de lesa humanidad.
Condiciones penitenciarias
La superpoblación, los abusos cometidos por los guardias y la violencia entre los internos continúan representando problemas graves que afectan a las cárceles argentinas. En mayo de 2005, mediante una sentencia paradigmática, la Corte Suprema determinó que todas las cárceles del país deben cumplir con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
Si bien se han producido algunas leves mejoras en la provincia de Buenos Aires, la situación aún es grave. Durante 2006 y 2007, se registró una ligera reducción de los niveles de superpoblación. La cantidad de personas detenidas en celdas en dependencias policiales —que, durante años, han absorbido el exceso del sistema carcelario— también se redujo. No obstante, una de las causas de la superpoblación es la elevada proporción de presuntos delincuentes que se encuentran detenidos en las cárceles a la espera de un juicio, quienes conforman más del 70% de la población carcelaria. El gobierno ha construido nuevas cárceles, pero éstas no cumplen con los estándares internacionales. Si bien la cantidad de incidentes de este tipo siguió disminuyendo, aún existen casos de muerte de reclusos como resultado de hechos de violencia entre internos que podrían prevenirse.
En noviembre de 2007, en uno de los más terribles incidentes ocurridos en el sistema carcelario argentino, un incendio en una prisión en la provincia de Santiago del Estero, provocado por reclusos que, según se informó, intentaban escapar, acabó con la vida de más de 30 internos.
Libertad de expresión e información
Los presuntos ataques al honor de los funcionarios públicos continúan estando sujetos a la imposición de sanciones penales. No ha prosperado un proyecto de ley que pretendía despenalizar los delitos de calumnias e injurias, después de haber sido sometido a un debate que se extendió varios años. En septiembre de 2007, como resultado de una demanda presentada por el gobernador de Salta, un periodista fue condenado por injurias tras realizar denuncias durante su programa radial de supuesta corrupción gubernamental.
Tampoco hubo avances por tercer año consecutivo con respecto a un proyecto de ley que otorgaba a los ciudadanos argentinos el derecho a tener acceso a la información en poder de organismos públicos. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en mayo de 2003, pero el Senado votó una versión mucho más atenuada. Finalmente, el proyecto fue eliminado en su totalidad de la agenda parlamentaria en noviembre de 2005.
Algunos gobiernos provinciales distribuyen la publicidad oficial con criterios discriminatorios, y benefician a los medios locales que ofrecen una cobertura favorable en detrimento de aquellos con una línea editorial crítica. En 2003, el periódico Río Negro presentó un amparo ante la Corte Suprema en el cual alegaba que el gobierno provincial de Neuquén había reducido drásticamente su publicidad en represalia después de que este periódico informó sobre un escándalo de sobornos que comprometía indirectamente el gobernador. En septiembre de 2007, la Corte Suprema falló en contra del gobierno provincial y determinó que éste no había justificado porqué había limitado abruptamente la publicidad oficial en el periódico. Según la Corte, si bien no existe un derecho a recibir publicidad oficial, cuando un gobierno decide concederla no puede aplicar un criterio discriminatorio al otorgarla o cancelarla.
Acceso a abortos legales
Las decisiones de las mujeres y adolescentes en Argentina sobre salud reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y a abortos, están sujetas a restricciones discriminatorias y arbitrarias, en tanto, en ocasiones, los hechos de violencia sexual quedan impunes.
Si bien los abortos terapéuticos y los abortos en casos de violación de mujeres con incapacidad mental son lícitos, las mujeres enfrentan obstáculos incluso en los supuestos en los cuales su derecho al aborto se encuentra amparado por la ley. Por ejemplo, médicos de la provincia de Sante Fe se rehusaron efectuar un aborto terapéutico a una mujer de 20 años que padecía cáncer. Finalmente, en mayo de 2007, tanto la madre como el bebé fallecieron después de una operación cesárea practicada cuando ya habían transcurrido más de 22 semanas de embarazo. Una mujer de 19 años, que sufría incapacidad mental y había quedado embarazada a causa de una violación, no logró que ningún médico le practicara un aborto, incluso después de que el más alto tribunal de la provincia de Entre Ríos lo autorizara en septiembre de 2007. El aborto se practicó en otra provincia, después de que interviniera el Ministro de Salud de la Nación.
Actores internacionales clave
En el marco de procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005, el gobierno argentino aceptó formalmente su responsabilidad parcial por no haber adoptado las medias necesarias para prevenir el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, así como por no haber investigado posteriormente en forma adecuada el hecho, que dejó un saldo de 85 muertos. En octubre de 2006, un fiscal especial de Argentina acusó a Irán de haber planificado el ataque y a Hezbollah de haberlo llevado a cabo. El mes siguiente, un juez federal emitió una orden internacional de arresto contra el ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros ocho ex funcionarios de dicho país. En septiembre de 2007, el presidente Kirchner manifestó ante la Asamblea General de la ONU que Irán no había colaborado con el sistema judicial argentino y, en noviembre de 2007, la Asamblea General de Interpol votó a favor de la publicación de seis notificaciones de arresto.
En agosto de 2007, el gobierno argentino admitió su responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Eduardo Kimel, un periodista que había sido condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20.000 pesos (en ese entonces, US$ 20.000) por difamación. Kimel había criticado el desempeño de un juez que investigaba una masacre perpetrada durante el último gobierno militar. Al momento de la redacción del presente informe, el caso sigue pendiente ante la Corte.
La Corte Interamericana continuó supervisando la labor del gobierno en la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la Corte con el propósito de proteger la vida y la seguridad física de reclusos en la provincia de Mendoza. En agosto de 2007, la Corte decidió confirmar las medidas cautelares vigentes.
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