Los controles son especialmente estrictos en la intranquila y peleada región de Sahara Occidental, que Marruecos administra como si formara parte de su territorio nacional. Un movimiento independentista conocido como el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) rechaza la soberanía de Marruecos y exige un referendo de autodeterminación para el pueblo saharaui. El Polisario rechazó una propuesta presentada por Marruecos en abril de 2007 para una mayor autonomía de la región, principalmente porque dicha propuesta no menciona en ningún lado un referendo que contemple la opción de la independencia.
Los observadores internacionales declararon que las elecciones legislativas pluripartidistas celebradas en Marruecos en septiembre de 2007 fueron en general limpias, aunque muchos atribuyeron la tasa de abstención del 63 por ciento al sentimiento predominante de que el Parlamento ejerce muy poco poder en relación con el Rey y el Poder Ejecutivo.
Terrorismo y antiterrorismo
Cientos de sospechosos de extremismo islámico detenidos desde los atentados de Casablanca de mayo de 2003 continúan cumpliendo condenas de prisión, a pesar de una serie de indultos reales que pusieron en libertad a unos cuantos centenares de ellos. El resto de los presos hicieron huelgas de hambre durante 2007 para reclamar su libertad o una revisión de sus condenas y mejora de las condiciones penitenciarias. De los más de 100 presos condenados a muerte, al menos 20 eran presuntos militantes islámicos. Muchos de los arrestados en 2003 estuvieron detenidos clandestinamente ese año durante días o semanas, sometidos a maltrato y a veces tortura durante los interrogatorios, y fueron condenados en procesos injustos.
Desde agosto de 2006, la policía ha detenido a cuando menos otros 500 presuntos militantes islamistas. Las agencias de inteligencia continúan utilizando un centro de detención no reconocido en el poblado de Temara para interrogar a algunos de los sospechosos de cometer delitos graves, según numerosos informes de detenidos y sus abogados. Los sospechosos continúan alegando que fueron torturados durante el interrogatorio, aunque, en 2007, hubo menos denuncias de tortura e incomunicación excesiva en detenidos antes de la lectura de sus cargos, en comparación con el período inmediato posterior a los atentados de Casablanca de 2003.
Marruecos estuvo al borde del caos después de tres atentados suicidas frustrados en marzo y abril de 2007 en Casablanca, mismos que estuvieron a punto de producir un gran número de víctimas.
El sistema de justicia y reformas legales
Muy pocas veces se pide responsabilidad a la policía por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en junio de 2007, un tribunal de El Aaiún condenó a dos agentes de la policía a diez años de prisión por su participación en la muerte a golpes del saharaui Hamdi Lembarki, durante la agitación política en la zona en octubre de 2005.
En los casos con trasfondo político, habitualmente los tribunales niegan a los acusados el derecho a un juicio justo, ignoran las peticiones de exámenes médicos presentadas por acusados que alegan haber sufrido torturas, se niegan a citar a testigos exculpatorios, y condenan a los acusados basándose exclusivamente en confesiones aparentemente coaccionadas. Los tribunales de las ciudades de Agadir y Alcazarquivir condenaron a prisión a siete miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Association Marocaine des Droits de l’Homme, AMDH) por “atacar valores sagrados” al presuntamente gritar frases contra el Rey durante las marchas del 1 de mayo. Abderrahim Kerrad y Mehdi Berbouchi, dos de los acusados en Agadir, intentaron sin éxito cuestionar sus propias declaraciones inculpatorias, alegando que la policía los había golpeado y amenazado para que las firmaran. El tribunal también les negó la oportunidad de carearse con un policía cuyo testimonio contribuyó a su condena. El tribunal de apelaciones confirmó su fallo de dos años de prisión. De igual manera la corte de Alcazarquivir sentenció a otros cinco miembros de la AMDH a tres años de prisión por los mismos cargos, una condena que el tribunal de apelaciones aumentó a cuatro.
Libertad de asociación, asamblea y movimiento
Las autoridades generalmente toleran el trabajo de muchas organizaciones de derechos humanos activas en Rabat y Casablanca. Tampoco obstaculizan la labor de las organizaciones de derechos humanos extranjeras que visitan Marruecos y responden con frecuencia a sus preocupaciones. Sin embargo, en Sahara Occidental la vigilancia es más estrecha, y el acoso a los defensores de derechos humanos es más habitual.
La mayor parte de asambleas públicas necesitan autorización del Ministerio del Interior, quien puede negarles permiso si considera que pueden “alterar el orden público”. Esta discrecionalidad se ejerce con más frecuencia cuando el programa de los manifestantes es crítico a las políticas oficiales. Aunque muchas de las frecuentes protestas públicas en Rabat transcurren sin incidentes, algunas han sido disueltas con brutalidad por policías armados con porras. Por ejemplo, el 15 de junio de 2007, una pequeña manifestación convocada frente al Parlamento en Rabat para pedir la liberación de los miembros de la AMDH encarcelados (véase punto anterior) fue dispersada por la fuerza. En mayo, la policía disolvió violentamente manifestaciones de estudiantes saharauis independentistas en varias ciudades, y los tribunales condenaron posteriormente a varios de ellos a penas de cárcel mediante acusaciones falsas por cometer actos violentos.
La represión de las protestas públicas fue más agresiva en Sahara Occidental que en otros lados. La policía recurrió habitualmente a la agresión para dispersar sentadas pacíficas a favor de la autodeterminación, y frecuentemente hizo un uso excesivo de la fuerza en respuesta a incidentes en que los manifestantes plantaron barricadas en las calles, arrojaron piedras o, en muy pocas ocasiones, lanzaron cócteles molotov.
Las autoridades continúan restringiendo los viajes al extranjero de algunos activistas saharauis, aunque dichas medidas se han reducido en los últimos años. Las autoridades tampoco han querido reconocer legalmente a ninguna organización de derechos humanos saharaui dedicada a la denuncia de los abusos cometidos por Marruecos, e impidió que uno de estos grupos, la Coalición Saharaui de Defensores de Derechos Humanos, celebrara su asamblea constituyente en El Aaiún el 7 de octubre.
Libertad de prensa
Las críticas de los medios de comunicación a las autoridades suelen ser bastante burdas, pero están limitadas, no obstante, por una ley de prensa que contempla penas de cárcel por el libelo o las expresiones consideradas críticas contra “el islam, la institución monárquica o la integridad territorial [de Marruecos]”.
Desde mediados de 2005, una serie de procesos judiciales contra semanarios independientes, el sector crítico más abierto de los medios de comunicación marroquíes, demostró las constantes restricciones a la libertad de prensa. Durante 2007, las autoridades aumentaron estas limitantes. En el mes de enero un tribunal condenó a Driss Ksikes y Sanaa al-Aji, editor y reportero, respectivamente, del popular semanario árabe Nichane por un artículo de diciembre de 2006 sobre cómo los chistes populares eran un reflejo de las actitudes marroquíes frente al sexo, la política y la religión. El tribunal dictó una condena suspendida de tres años por “denigrar el islam”. El Primer Ministro suspendió temporalmente el semanario después de la aparición de dicha edición, invocando a las disposiciones del Código de Prensa de 2002. En agosto, los fiscales acusaron a Ahmed Benchemsi, editor de Nichane y su filial en lengua francesa TelQuel, de falta de respeto al Rey, al parecer por un artículo editorial previo a las elecciones en el que se cuestionaba el compromiso del monarca con la democracia. El Ministro del Interior ordenó a la policía que confiscara los ejemplares de ambas publicaciones en las imprentas y puntos de venta. Cuando se escribió este capítulo, Benchemsi seguía en juicio.
El 17 de julio, la policía arrestó al periodista Moustapha Hormatallah de El Watan Al An poco después de que este semanario publicara un artículo sobre documentos clasificados del gobierno relativos a amenazas terroristas en Marruecos en el que se reproducía uno de los documentos presuntamente secretos. El 15 de agosto, un tribunal de Casablanca dictó una condena de ocho meses contra Hormatallah y otra condena suspendida de seis meses contra el editor de la revista, Abderrahim Ariri, por “ocultar artículos derivados de un crimen”.
Ley de familia
Las reformas a las leyes de familia promulgadas en 2004 han elevado la edad mínima para el matrimonio de las mujeres de 15 a 18 años, convertido a la familia en una responsabilidad compartida de ambos cónyuges, rescindido la obligación de la mujer de obedecer a su esposo, mejorado el acceso al divorcio para la mujer y puesto la práctica de la poligamia bajo estricto control judicial. En enero de 2007, Marruecos reformó su código de nacionalidad para que las mujeres pudieran transmitir su nacionalidad a sus hijos. Sigue existiendo la preocupación de que estas reformas estén implementándose a paso lento.
Niños
A pesar de la prohibición dentro del Código Laboral de que trabajen los menores de 15 años, el trabajo infantil es un fenómeno generalizado. Las muchachas que trabajan como empleadas internas en casas particulares están especialmente expuestas al maltrato, lo que incluye abusos sexuales, y con frecuencia tienen que trabajar hasta 100 horas a la semana sin acceso a educación, alimentación o atención médica adecuadas. Las autoridades rara vez sancionan a los empleadores que maltratan a niñas trabajadoras domésticas, y los inspectores laborales no tienen autoridad para entrar en casas particulares. En el momento de escribir este capítulo seguía pendiente de aprobación un proyecto de ley para regular las condiciones de empleo de los trabajadores domésticos.
Un gran número de niños marroquíes no acompañados siguen aventurándose en viajes peligrosos e ilegales a Europa. El 6 de marzo de 2007, Marruecos y España firmaron un acuerdo de readmisión que permitía a España repatriar a una cifra estimada de 3.000 niños marroquíes no acompañados (véase el capítulo sobre España). El acuerdo carece de salvaguardias específicas contra el abuso y no dispone de una supervisión independiente para su aplicación, esto a pesar de una práctica anterior de retornos forzados que expusieron a niños al maltrato policial y con frecuencia no consiguieron reunirlos con sus padres o tutores.
Reconocimiento de abusos del pasado
En 2005, la Comisión de Equidad y Reconciliación (CER) de Marruecos hizo público su informe sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado, lo que estimuló debates que rompieron tabúes. La CER ofreció un reconocimiento oficial de la represión del pasado, otorgó a las víctimas la voz que reclamaban desde hace tiempo y esclareció muchos casos individuales. Sin embargo, la falta de cooperación de los funcionarios públicos impidió que la Comisión resolviera otros casos. A pesar de las recomendaciones de la CER, las autoridades no adoptaron medidas para llevar a juicio a los implicados en abusos del pasado, entre ellos algunos que siguen ostentando altos cargos en el gobierno. Esta administración tampoco ha implementado la recomendación de la CER de ratificar el Tratado de la Corte Penal Internacional y abolir la pena de muerte. Sin embargo, durante 2007, el gobierno indemnizó a víctimas de abusos del pasado de acuerdo con las directrices marcadas por la CER.
Actores internacionales clave
En junio de 2004, Estados Unidos declaró a Marruecos como un “importante aliado fuera de la OTAN”, suavizando las restricciones sobre la venta de armas. El 31 de agosto de 2007, la Corporación Reto del Milenio (Millennium Challenge Corporation, MCC), apoyada por el gobierno de Estados Unidos, aprobó un paquete de ayuda económica quinquenal a Marruecos por un valor de 697,5 millones de dólares—la asistencia más grande otorgada por la MCC desde su creación en enero de 2004—para combatir la pobreza y promover el crecimiento económico.
En declaraciones públicas realizadas en 2007, funcionarios estadounidenses alabaron el compromiso de Marruecos con la reforma política y económica, y la cooperación antiterrorista. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre, el presidente George W. Bush rindió homenaje a Marruecos y otros seis países que “han hecho avances recientemente hacia la libertad”. Los funcionarios estadounidenses raramente mencionaron los problemas de derechos humanos en Marruecos, aunque la embajada de Estados Unidos demostró públicamente cierta defensa a la libertad de prensa y a la reforma de las leyes que criminalizan el libelo.
Marruecos ha buscado tener una relación privilegiada con la Unión Europea (UE), que a su vez está muy interesada en la cooperación de Marruecos en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, entre otras cuestiones. La UE considera que el proceso de democratización y consolidación del Estado de derecho en Marruecos es “el más avanzado de la región”, según su “Documento Estratégico” sobre Marruecos para el período 2007-2013. Fueron raras las críticas abiertas de funcionarios europeos a las prácticas de Marruecos en materia de derechos humanos. En julio, la UE y Marruecos firmaron un acuerdo para la concesión de 654 millones de euros en ayuda financiera europea para el período 2007-2010. El acuerdo designa los “derechos humanos y la gobernabilidad” como una de sus áreas prioritarias.
Francia es el principal socio comercial de Marruecos y la fuente principal de ayuda pública para el desarrollo e inversiones privadas. El presidente Nicolas Sarkozy realizó una visita de tres días a Marruecos en octubre de 2007. Al dirigirse al Parlamento el 23 de octubre, habló de “este Marruecos democrático” y del “pluralismo y la apertura que actualmente está experimentando Marruecos”. El Presidente respaldó el plan de autonomía de Marruecos para Sahara Occidental, pero durante su visita no mencionó nada públicamente en relación con los continuos problemas de derechos humanos en Marruecos y la disputada región de Sahara Occidental.