Las recientes declaraciones de un asesor cercano al Presidente de Colombia Álvaro Uribe contribuyeron a crear “un clima de intolerancia política que fomenta la violencia” poco antes de desatarse una ola de asesinatos, ataques y amenazas contra sindicalistas y activistas de derechos humanos, dijo hoy un grupo de 22 organizaciones internacionales de derechos humanos en una carta enviada a Uribe.
Cuatro sindicalistas colombianos –algunos de los cuales habrían estado participando en una marcha el 6 de marzo en contra de violaciones de derechos humanos por parte del estado y de grupos paramilitares– fueron asesinados entre el 4 y el 11 de marzo. Miembros de organizaciones de derechos humanos han sido objeto en las últimas semanas de ataques físicos, hostigamientos, ingresos forzados a oficinas y robos de documentos. Más de dos docenas de organizaciones y personas han recibido amenazas de muerte firmadas por supuestos grupos paramilitares operando en la capital, Bogotá.
Poco antes de los ataques, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria hizo una serie de declaraciones difundidas por radio a nivel nacional, vinculando al reconocido representante de víctimas, Iván Cepeda, y a otros organizadores de la marcha del 6 de marzo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero notoriamente abusivo. El 11 de febrero, un día después de las primeras declaraciones de Gaviria, las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) divulgaron una declaración haciendo eco a las imputaciones de Gaviria.
“Comentarios sin fundamentos como éste dañan profundamente a la democracia y a los derechos humanos en Colombia, y ponen a todos aquellos contra quienes están dirigidos en peligro directo de ser víctimas de violencia”, señaló la coalición de ONGs en la carta dirigida al Presidente Uribe. “Estas declaraciones estigmatizan el trabajo legítimo de miles de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y víctimas, y pueden tener un efecto paralizante sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación”.
La coalición de ONGs instó al Presidente Uribe a:
- Repudiar públicamente las declaraciones de Gaviria y otros que han vinculado a los organizadores de la marcha con las guerrillas;
- Rechazar la reciente ola de ataques y reafirmar el apoyo de su gobierno a la protección del trabajo legítimo de los sindicalistas y defensores de derechos humanos;
- Garantizar una investigación pronta e imparcial de cada uno de los ataques recientes, juzgar a los responsables, y emprender acciones decisivas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con funcionarios gubernamentales.
La carta, de la cual se envió también una copia al gobierno de Estados Unidos, señaló que “esta serie de amenazas y ataques pone directamente en duda la efectividad del proceso de desmovilización de los paramilitares”.
La violencia se produce mientras el gobierno de Bush se encuentra presionando al Congreso estadounidense para ratificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. “En el debate sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el Presidente Uribe ha sostenido en reiteradas ocasiones que él protege los derechos de los trabajadores”, dijeron las ONGs. “Pero que el Presidente Uribe haya permitido que su asesor presidencial continúe con sus acusaciones, incluso mientras sindicalistas y defensores de humanos son asesinados y amenazados, sugiere una verdadera desconexión entre el discurso de Uribe y sus acciones”.
La carta fue firmada por Human Rights First, Human Rights Watch, Amnistía Internacional EEUU, Refugees International, Lutheran World Relief, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Jesuit Conference, Latin America Working Group, Center for International Policy, US Office on Colombia, Mercy Corps, United Methodist Church, General Board of Church and Society, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Friends Committee on National Legislation, Witness for Peace, Mennonite Central Committee, Presbyterian Peace Fellowship, AFRODES USA, Conference of Major Superiors of Men, Colombia Human Rights Committee, Washington DC, Church of the Brethren Witness/Washington Office.
