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China: Violan compromisos sobre libertad de prensa durante Juegos Olímpicos


El COI ignora las promesas incumplidas y las negativas al acceso de Beijing

(Hong Kong, 7 de julio de 2008) – El gobierno chino continúa bloqueando y amenazando a los periodistas extranjeros, a pesar de las promesas reiteradas de eliminar las restricciones sobre la libertad de prensa antes de los Juegos Olímpicos, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.

Los defensores y los críticos de los Juegos Olímpicos de Beijing coinciden en una cosa: la reducción de las restricciones para los medios internacionales y el escrutinio de China constituiría un avance. Sin embargo, el gobierno chino, con ayuda del Comité Olímpico Internacional, ha hecho todo lo que ha podido para impedir un avance.

Sophie Richardson, directora de Incidencia Política en Asia para Human Rights Watch.




El gobierno chino ha prohibido a los medios de comunicación locales en chino que publiquen noticias críticas antes de los Juegos Olímpicos, lo que hace que los medios extranjeros sean la única fuente de noticias factuales sobre una amplia gama de cuestiones cruciales en la China actual. Pero la vigilancia, la obstrucción, la intimidación a las fuentes y la presión sistemáticas sobre los asistentes locales están frustrando los esfuerzos de los corresponsales extranjeros por cubrir historias de investigación.  
 
“Los defensores y los críticos de los Juegos Olímpicos de Beijing coinciden en una cosa: la reducción de las restricciones para los medios internacionales y el escrutinio de China constituiría un avance”, señaló Sophie Richardson, directora de Incidencia Política en Asia para Human Rights Watch. “Sin embargo, el gobierno chino, con ayuda del Comité Olímpico Internacional, ha hecho todo lo que ha podido para impedir un avance”, agregó.  
 
El informe de 71 páginas, "Las zonas prohibidas de China: Cerrar el acceso de los medios al Tíbet y otras historias “sensibles” (China’s Forbidden Zones: Shutting the Media out of Tibet and Other ‘Sensitive’ Stories) se basa en más de 60 entrevistas con corresponsales en China entre diciembre de 2007 y junio de 2008. Documenta cómo los corresponsales extranjeros y sus fuentes siguen sufriendo la intimidación y la obstrucción de los funcionarios del gobierno o sus agentes cuando investigan historias que pudieran avergonzar a las autoridades, exponer mala conducta oficial o documentar la agitación social.  
 
Algunos periodistas han sufrido amenazas graves contra sus vidas o su seguridad. Más recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a investigar las amenazas de muerte contra más de una decena de corresponsales y sus familiares en marzo y abril de 2008. En septiembre de 2007, el alto corresponsal de Reuters, Chris Buckley, fue golpeado y detenido por matones de paisano después de entrevistar a residentes rurales que habían venido a Beijing en busca de resarcimiento por los abusos cometidos por las autoridades locales y estaban recluidos en un centro ilegal de detención de Beijing. Al mes siguiente, un reportero de televisión europeo sufrió un trato similar cuando intentaba informar sobre las protestas en la provincia de Hebei.  
 
China también está amenazando con restringir la entrada de organizaciones de prensa que no acaten las reglas. En noviembre de 2007, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de China informó a un canal extranjero de noticias por cable, quien se había quejado públicamente de acoso y detención a manos de funcionarios de la provincia de Anhui, que su acreditación para cubrir los Juegos Olímpicos estaba en peligro. Una serie de organizaciones de prensa han informado de las dificultades para obtener visas y acreditaciones antes de los Juegos Olímpicos, y varias de ellas han empezado a manifestar públicamente su preocupación por la restricción del acceso a áreas como la Plaza de Tiananmen.  
 
“Estas restricciones limitan el trabajo periodístico de los aproximadamente 25,000 corresponsales que llegarán a China para cubrir las Olimpiadas”, señaló Richardson. “Los periodistas que intentan informar objetivamente sobre las complejas realidades de la China moderna se enfrentan a riesgos reales, a pesar del compromiso del gobierno de otorgarles más libertad”, agregó.  
 
En 2001, el gobierno chino prometió al Comité Olímpico Internacional (COI) que iba a respetar la libertad de expresión con vistas a los Juegos Olímpicos de Beijing. En mayo de 2007, el gobierno anunció nuevas libertades para los periodistas extranjeros acreditados en la “Guía de servicio para medios extranjeros” (Service Guide for Foreign Media, http://hrw.org/english/docs/2007/05/31/china16029.htm). Este reglamento temporal, en vigor del 1 de enero de 2007 al 17 de octubre de 2008, permite a los periodistas extranjeros realizar entrevistas libremente con cualquier organización o ciudadano chino que las conceda. El reglamento no permite libertades similares para los periodistas chinos.  
 
Aunque algunos corresponsales han observado algunas mejoras introducidas por la nueva normativa, la mayoría señala que el reglamento ha contribuido muy poco a que puedan informar sobre temas que los funcionarios del gobierno están decididos a ocultar. Entre estos temas están la corrupción de alto nivel, los conflictos étnicos, la agitación social, las crisis de salud pública y el funcionamiento del gran sistema de detención chino, que incluye las prisiones, los campos de trabajo, los hospitales psiquiátricos y las comisarías de policía.  
 
Por ejemplo, las autoridades nacionales y locales se mostraron inusualmente abiertas a la cobertura mediática sobre su rápida respuesta al terremoto del 12 de mayo en Sichuan. Sin embargo, en cuanto las noticias se ocuparon de la posible culpabilidad de dichas autoridades por no haber tomado más medidas anticipadas para minimizar los daños, retomaron las tácticas más obstruccionistas. El 3 de junio, la policía se llevó por la fuerza a un periodista y a dos fotógrafos de Associated Press del lugar de una protesta de los padres de víctimas estudiantiles. No está claro si los corresponsales extranjeros podrán informar sobre las crecientes peticiones populares por rendición de cuentas.  
 
En las regiones tibetanas, escenario de la mayor represión gubernamental desde la Masacre de Tiananmen de junio de 1989, sigue siendo difícil informar de los acontecimientos. Aunque, el 26 de junio, el gobierno anunció que iba a reabrir el Tíbet a los periodistas extranjeros, también especificó que se aplicarían los “procedimientos anteriores”. Dichos procedimientos incluían un complicado proceso de autorización que, según un veterano corresponsal extranjero, hacían “prácticamente imposible” ir al Tíbet. Además, el temor a las represalias por hablar con periodistas extranjeros sigue siendo tan grande que es improbable que los tibetanos estén dispuestos a facilitarles información importante. Esto reduce mucho las posibilidades de que los corresponsales comprueben los orígenes de las protestas o determinen cuántas personas resultaron finalmente asesinadas, heridas o detenidas.  
 
Los funcionarios también han intentado socavar la labor de los periodistas extranjeros mediante la intimidación de sus vulnerables fuentes de información chinas. En varios casos, los periodistas dijeron a Human Rights Watch que los funcionarios que los interrogaron insistieron en obtener los nombres, los números de teléfono móvil y el paradero de sus fuentes locales. Una fuente de información de un reportero de televisión extranjero fue golpeada con tal dureza que tuvo que ser hospitalizada; cuando salió del hospital, la pusieron en arresto domiciliario. Otros corresponsales extranjeros hablaron de que algunas de sus fuentes habían sido despedidas del trabajo o amenazadas, a veces con cargos penales, por las autoridades locales.  
 
“En los últimos meses, los periodistas extranjeros han seguido realizando una cobertura importante de graves cuestiones en China”, señaló Richardson. “Pero ni ellos ni sus fuentes tendrían que soportar abusos que van del hostigamiento a las amenazas a muerte para poder hacer su trabajo, especialmente en vista de las garantías supuestamente concedidas por el reglamento temporal”, agregó.  
 
El artículo 51 de la Carta Olímpica obliga al COI a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar a los Juegos Olímpicos la cobertura más completa por los distintos medios de comunicación y de información y la mayor audiencia posible en todo el mundo”.  
 
A pesar del demostrado historial de Beijing de promesas ignoradas y negación de acceso, el Comité Olímpico Internacional no ha criticado públicamente las violaciones de las promesas sobre libertad de prensa del gobierno chino. De hecho, algunos representantes del COI han alabado públicamente la libertad de prensa en China. En abril de 2008, mientras se prohibía el acceso de periodistas extranjeros al Tíbet y algunos de ellos estaban recibiendo amenazas de muerte en medio del vilipendio por parte de los medios estatales contra la “parcialidad de los medios occidentales”, el responsable de la Comisión de Prensa del COI, Kevan Gosper, alabó la “apertura de mente” del gobierno chino al “apoyar los intereses de… los periodistas extranjeros”.  
 
“Los efectos corrosivos de las violaciones de las promesas sobre libertad de prensa en torno a los Juegos Olímpicos perdurarán mucho después de que los últimos atletas hayan salido de Beijing”, señaló Richardson. “Es en el interés del COI y de los jefes de gobiernos extranjeros que asistan a los Juegos Olímpicos de Beijing intentar garantizar que la libertad de prensa sea un legado duradero de los Juegos, en lugar de una promesa rota”, agregó.
VERSIÓN SÓLO TEXTO
Las zonas prohibidas de China: Cerrar el acceso de los medios al Tíbet y otras historias “sensibles”
Información de Human Rights Watch sobre los Juegos Olímpicos de Beijing
Reporters' Guide to Covering the Beijing Olympics
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