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III. Cinco casos y sus pruebas

1. La Cantuta y Barrios Altos

Fujimori, junto con otros 57 individuos, ha sido acusado de los asesinatos de 15 personas, entre ellos un niño, en el vecindario de Barrios Altos en Lima en noviembre de 1991, y de nueve estudiantes y un profesor en la Universidad de la Cantuta en las afueras de Lima en julio de 1992. Ambas masacres fueron supuestamente cometidas por un escuadrón especial de oficiales militares y de inteligencia conocido como el Grupo Colina. El asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, el ex director del SIN, Julio Salazar Monroe, y numerosos presuntos miembros del Grupo Colina están siendo juzgados por estos crímenes y otros asesinatos y “desapariciones” de principios de los noventa, que se han atribuido al Grupo Colina.¹⁰

Las pruebas disponibles indican que el Grupo Colina se creó intencionalmente dentro de los sistemas militares y de inteligencia, con el conocimiento y la aprobación de oficiales de alto rango, para realizar operaciones de “eliminación” de presuntos subversivos.

En entrevistas transmitidas por televisión nacional en 2003 e incorporadas a la causa penal contra Fujimori, el Mayor del Ejército Santiago Martin Rivas, quien ha sido acusado de ser el jefe de operaciones del Grupo Colina, declaró que en 1991 Fujimori ordenó la implementación de un manual de estrategia antiterrorista que redactó el propio Martin Rivas, en el cual se establecía una política oficial de eliminación física de subversivos. Desde entonces, Martin Rivas (quien está siendo procesado por los supuestos delitos  del Grupo Colina) se ha retractado de las declaraciones en las que implicó a Fujimori, alegando que las grabaciones fueron manipuladas. Ahora afirma que nunca perteneció al Grupo Colina y ha llegado incluso a negar la existencia misma del Grupo.

Según las declaraciones originales de Martin Rivas, en junio de 1991 el alto mando del ejército tuvo una reunión para discutir su nueva estrategia para combatir el terrorismo.¹¹  Martin Rivas había redactado un manual que recogía la nueva estrategia y lo presentó en la reunión.  Según él, el principio fundamental de la estrategia era combatir el terrorismo mediante “la guerra de baja intensidad,” que incluye operaciones militares de “réplica” a cada ataque subversivo, así como la “eliminación” física de terroristas.¹²  Martin Rivas afirmó que, en la reunión, el ejército decidió adoptar esta estrategia en su combate contra Sendero Luminoso y sometió la nueva política antisubversiva a la aprobación de Fujimori.  Sobre esta base, dijo Martin Rivas, Fujimori ordenó que se implementara el plan.¹³ 

Martin Rivas afirmó que, como resultado de su trabajo y el de otras personas sobre la política antiterrorista, el 25 de junio de 1991, Fujimori envió un memorando al ministro de defensa, en el que pedía que varias personas recibieran un reconocimiento especial por sus servicios. Fujimori volvió a enviar un memorando el 30 de julio en el cual declaró que, para “estimular” a estas personas debido al éxito de sus operaciones especiales de inteligencia, quería concederles un reconocimiento especial por sus servicios para efectos del proceso de ascensos. En ambos memorandos se mencionaba, entre otras personas, a varios agentes que han sido posteriormente relacionados con el Grupo Colina.¹⁴

Desvirtuando las afirmaciones  de quienes dicen que el Grupo Colina no existió o no formó parte de la estructura militar, se han hallado numerosos documentos oficiales en los archivos de inteligencia militar que se refieren específicamente al “Destacamento Colina.”  Tales documentos también incluyen órdenes de 1991 para que presuntos integrantes del Grupo Colina, además de armas y equipo, se pusieran a disposición del Teniente Coronel Fernando Rodríguez Sabalbeascoa (acusado penalmente de ser el jefe principal el Grupo Colina).¹⁵  Estos documentos respaldan firmemente la opinión que el Grupo Colina, lejos de ser un grupo paramilitar independiente, era una parte integral de la estructura de inteligencia del ejército, y que sus miembros, todos ellos con rango militar, fueron destinados, transferidos, asignados tareas y disciplinados por orden de altos oficiales militares de inteligencia.¹⁶

De hecho, la mayoría de los acusados de pertenecer al Grupo Colina eran oficiales militares que formaban oficialmente parte del Servicio de Inteligencia del Ejército, bajo el mando del Director de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, quien está procesado por crímenes atribuidos al Grupo Colina. A su vez, Montesinos ha sido acusado de coordinar desde el SIN, con Rivero Lazo, las actividades del Grupo Colina.¹⁷  Ex miembros del Grupo Colina han declarado que, durante varios meses en 1991, el grupo tuvo su base de operaciones en las instalaciones del SIN y se reunía allí con Montesinos.¹⁸  El Técnico del Ejército Marco Flores Alván, acusado de pertenecer al Grupo Colina, también ha declarado que, en algún momento de 1991, hubo una “inauguración oficial” del Grupo Colina en el SIN en la que estuvieron presentes el Director de Inteligencia del Ejército, Rivero Lazo, y el jefe del SIN, el General Julio Salazar Monroe, además de Martin Rivas y otros.¹⁹

Poco después de los asesinatos de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, aparecieron informaciones de prensa indicando que los asesinos estaban vinculados con el estado.²⁰  Los informes citaban pruebas de que agentes de inteligencia habían estado vigilando la casa antes de que se produjeran los asesinatos.²¹  Los miembros del Grupo Colina también han declarado que, inmediatamente después de los asesinatos, Rodríguez Sabalbeascoa, junto con Martin Rivas y otro líder del Grupo Colina, Carlos Pichilingüe, se entrevistaron con el asesor presidencial Montesinos en la sede del SIN.²²

En noviembre de 1991, Fujimori firmó el Decreto Legislativo No. 746, que amplió considerablemente las funciones del SIN y dispuso que este organismo dependería directamente del Presidente (previamente, también tenía que dar cuentas al Primer Ministro).²³

Después de su “autogolpe” de abril de 1992, Fujimori ejerció un control total sobre el gobierno hasta enero de 1993, cuando una asamblea constituyente asumió el poder para redactar una nueva Constitución y actuar temporalmente como Poder Legislativo.  No obstante, el Grupo Colina al parecer siguió intacto y activo. 

Durante el período inmediatamente posterior al golpe, el Grupo Colina supuestamente causó las “desapariciones” de varios campesinos en mayo de 1992 y del periodista Pedro Yauri en junio de 1992.²⁴  El Grupo Colina también supuestamente cometió la conocida masacre de La Cantuta el 18 de julio de 1992, cuando sus agentes entraron a residencias estudiantiles de la Universidad de La Cantuta en medio de la noche y secuestraron a nueve estudiantes y un profesor, a quienes luego ejecutaron.  Martin Rivas ha declarado que este hecho delictivo fue la “réplica” del gobierno a un atentado con bomba de Sendero Luminoso, ocurrido en la calle Tarata, en un distrito residencial de Lima, pocos días antes de la masacre.²⁵ 

Tras las desapariciones de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, aumentaron los informes sobre la existencia de un escuadrón militar de la muerte responsable de  ejecuciones en La Cantuta y Barrios Altos.²⁶  A los pocos meses se hallaron los restos de los estudiantes y se puso en marcha una investigación criminal. 

Durante buena parte del año 1993, el gobierno de Fujimori estuvo bajo gran presión internacional para que investigara a fondo la masacre de La Cantuta.²⁷  A principios de 1994, el Mayor Martin Rivas y varios otros miembros del Grupo Colina fueron condenados por un tribunal militar por los asesinatos de La Cantuta.²⁸  Sin embargo, salieron en libertad el 15 de julio de 1995 como resultado de una ley de amnistía firmada por Fujimori.²⁹  El periodista Gilberto Hume ha declarado que   Martin Rivas posteriormente le dijo que compareció ante los tribunales militares a solicitud de Fujimori, porque éste le había ofrecido que después dictaría una amnistía.³⁰  

Es extremadamente improbable que Fujimori pudiera desconocer la existencia de este grupo ya que, incluso antes de la masacre de La Cantuta, había logrado ejecutar un golpe de estado con el apoyo de las fuerzas armadas, era comandante en jefe de las fuerzas armadas, y era a quien el SIN respondía directamente. De hecho, el Mayor Martin Rivas ha afirmado que Fujimori supo y autorizó las actividades del grupo.³¹  Dos años antes de que se hicieran públicas estas afirmaciones de Martin Rivas, otro miembro del Grupo Colina, el Técnico del Ejército Julio Chuqui Aguirre, había declarado ante un magistrado de la Corte Suprema que, inmediatamente antes de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, Martin Rivas les había dicho a él y a todos los miembros del Grupo Colina que tenían “pase libre” para actuar en La Cantuta y Barrios Altos porque “Fujimori tenía conocimiento y los había autorizado.”³²  Otros oficiales de inteligencia del ejército han hecho declaraciones similares.³³

2. Interceptaciones telefónicas

A principios del primer periodo de gobierno de Fujimori, el gobierno empezó a intervenir los teléfonos de un gran número de ciudadanos peruanos, entre ellos periodistas, miembros de la sociedad civil y políticos. Se instalaron sofisticados equipos de interceptación telefónica en varios edificios alquilados en Lima, y se asignó personal especializado para empezar a interceptar y transcribir llamadas.  Esta interceptación a gran escala de llamadas privadas no sólo subvirtió el estado de derecho, sino que facilitó la concentración de poder y la erosión de instituciones democráticas por parte del gobierno. 

Fujimori ha sido acusado penalmente de planear e implementar, en connivencia con Montesinos y otros, la operación ilegal de intervención telefónica. También ha sido acusado de usar recursos públicos para la adquisición de los equipos de interceptación telefónica y para pagar al personal encargado de llevarla a cabo. 

Existen pruebas sólidas que indican la participación directa de Fujimori en esta operación. Montesinos, por ejemplo, ha reconocido su propia participación, declarando que se hizo bajo las órdenes de Fujimori.³⁴  También ha declarado que el equipo se compró y el salario del personal se pagó con fondos de cada uno de los cuerpos de las fuerzas armadas, así como del SIN, con la autorización de Fujimori.³⁵  Estas declaraciones han sido corroboradas por Matilde Pinchi Pinchi, la ex asistente y contadora de Montesinos, quien ha declarado que vio a Fujimori ordenar a Montesinos en numerosas ocasiones que interceptara teléfonos específicos de congresistas, periodistas y otros. También ha declarado que Montesinos mantuvo a Fujimori informado del contenido de las trascripciones de las llamadas interceptadas.³⁶

Otros testigos han declarado que se llegó incluso a instalar un centro de interceptación telefónica en el Palacio de Gobierno, siguiendo las órdenes directas de Fujimori.³⁷  El General de Brigada del Ejército, Gerardo Pérez del Águila, quien fue jefe de la Casa Militar ubicada en las afueras del Palacio de Gobierno, ha declarado que, cuando descubrió la presencia del equipo en el Palacio, ordenó que fuera desconectado, pero después recibió órdenes directos de Fujimori para su reinstalación.³⁸

Numerosos técnicos que realizaron las interceptaciones han declarado sobre sus actividades, dando nombres específicos de los periodistas y políticos cuyas llamadas interceptaron.³⁹  Algunos de los equipos empleados para realizar las interceptaciones también han sido recuperados e identificados.⁴⁰

3. Desvío de fondos públicos

Fujimori ha sido acusado de desviar, durante la mayor parte de su presidencia, millones de dólares de fondos públicos para beneficio propio o de sus familiares. La mayor parte del dinero se desvió a través de un complejo sistema por el cual se transferían clandestinamente los fondos de varios organismos del gobierno a cuentas secretas del SIN que, de acuerdo con las instrucciones de Fujimori, estaban manejadas por su asesor Montesinos. De este modo, Fujimori supuestamente logró obtener grandes sumas de dinero, que utilizó para incrementar sus ingresos mensuales personales y financiar el soborno, la extorsión y la concentración de poder que tanto perjudicaron a las instituciones democráticas del Perú durante su gobierno.

Existen contundentes pruebas de que, entre 1992 y 2000, Fujimori  coludió con Montesinos y con varios ministros de economía, defensa e interior, para desviar fondos públicos al SIN.⁴¹  Con este objetivo, el Ministerio de Economía regularmente asignaba fondos “extra presupuestarios” a los Ministerios de Defensa e Interior, así como al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.⁴²  Por su parte, los Ministros de Defensa e Interior, supuestamente siguiendo las órdenes de Fujimori, ordenaban que algunos de estos fondos se entregaran cada mes, en efectivo o en cheques, a Montesinos en la sede del SIN.⁴³

Los fondos se asignaban después a dos partidas presupuestales del SIN para “acciones reservadas” cuya supuesta finalidad era cubrir los gastos de operaciones de inteligencia en zonas de emergencia.⁴⁴  Según la declaración de los jefes oficiales del SIN, Fujimori les ordenó que le dieran a Montesinos el control total de los fondos en las dos partidas para acciones “reservadas”.⁴⁵ 

Los expedientes del caso incluyen documentos que demuestran los movimientos de los fondos.  Además, existen sólidas pruebas de la participación directa de Fujimori en las transferencias.  Por ejemplo, un ex Ministro de Interior, el General del Ejército César Caicedo Sánchez, ha declarado que Fujimori específicamente le dijo que solicitara fondos extrapresupuestales para el Ministerio, y que Fujimori le ordenó que los entregara al SIN.⁴⁶  También Montesinos ha declarado en detalle sobre las transferencias de fondos y ha declarado que Fujimori no sólo tenía conocimiento de éstas, sino que las aprobó.⁴⁷   

No existe constancia alguna de que los fondos desviados al SIN se utilizaran para fines oficiales. Además, contrariamente a la práctica normal, el SIN no mantuvo ningún registro del uso al que se destinaron los fondos.⁴⁸  Fujimori aparentemente aprobó el gasto de los fondos mediante Resoluciones Supremas mensuales, que se clasificaron como secretas y no especificaban en qué se gastaban los fondos.⁴⁹

Según la declaración de Montesinos, los fondos de SIN se emplearon, con el conocimiento de Fujimori, para una variedad de fines, entre otros pagos por la lealtad de congresistas.⁵⁰

Además, Montesinos ha declarado que Fujimori le pedía todos los meses que entregara una suma de dinero, de las cuentas del SIN, al propio Fujimori o a su familia.⁵¹  La declaración de Montesinos ha sido corroborada por su ex secretaria, María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi.  Ambas han declarado ante la justicia que manejaban dinero que se separaba para entregas periódicas a Fujimori.⁵²  Además, el Coronel del Ejército Luis Rodríguez Silva, quien fue edecan de Fujimori durante cuatro años y luego subdirector del SIN, ha declarado antes los tribunales que entregó personalmente sobres con dinero del SIN a Fujimori en el Palacio de Gobierno.⁵³  Según las declaraciones de Arce y Pinchi, en algunos casos, el dinero también se transfería a familiares de Fujimori, como su hermana Rosa Fujimori y su cuñado, el ex embajador de Perú en Japón, Víctor Aritomi, quienes supuestamente se llevaban considerables sumas de dinero cada vez que viajaban del Perú al Japón.⁵⁴

Sobre la base de las declaraciones de Montesinos y Pinchi, la Contraloría General de la República ha calculado que Fujimori recibió, entre 1992 y 2000, entre 43.2 y 59.4 millones de dólares en transferencias del SIN.⁵⁵ 

En vista de estos desvíos de fondos, no es sorprendente que análisis financieros muestren una desbalance importante entre el patrimonio de Fujimori y su salario oficial como presidente y profesor universitario, y sus gastos (que incluyen el pago de los estudios y los gastos universitarios de sus cuatro hijos en los Estados Unidos).⁵⁶  

Otros cargos contra Fujimori se basan en su manejo de millones de dólares en donaciones realizadas por personas e instituciones japonesas a Perú a través de varias organizaciones y cuentas creadas por Fujimori y su familia. Por ejemplo, existen pruebas documentales de enormes donaciones hechas al Perú a través de la organización Apenkai, que fue establecida y manejada por la familia Fujimori desde el Palacio de Gobierno.⁵⁷  Sin embargo, los registros financieros de Apenkai contienen graves inconsistencias y no explican el uso que se dio a los fondos.⁵⁸  Informaciones recientes indican que 4.5 millones de dólares de estas donaciones se desviaron a cuentas personales de la hermana de Fujimori, Rosa, su cuñado, Víctor Aritomi, y su madre, Mutsue Inamoto.⁵⁹  Además,  existen pruebas de que, entre 1996 y 1997, Rosa entregó a Fujimori tres cheques por un valor aproximado de 175,000 dólares cada uno procedente de las mismas cuentas.⁶⁰ 

4. Sobornos a cambio de lealtad: fin de la separación de poderes

El partido de Fujimori, “Perú 2000”, no obtuvo mayoría parlamentaria en las elecciones de 2000. Fujimori ha sido acusado de planear y poner en práctica, en colusión con Montesinos, un sistema para sobornar a representantes de partidos de oposición en el Congreso para que se unieran a Perú 2000. De este modo, Fujimori podría asegurarse respaldo parlamentario durante su tercer mandato. El plan socavó completamente el principio de separación de poderes.

Como consecuencia de los sobornos, el partido de Fujimori pasó de controlar sólo el 42,6 por ciento del Congreso, a controlar el 58 por ciento del Congreso, obteniendo de este modo la mayoría parlamentaria.⁶¹   Según Montesinos y Matilde Pinchi Pinchi, los pagos se realizaron con fondos del presupuesto de “acciones reservadas” del SIN y con dinero desviado de los presupuestos de los Ministerios de Defensa y de Interior y de las Fuerzas Armadas.⁶²

Montesinos ha confirmado que él y Fujimori planearon la estrategia en conjunto y ha ofrecido una declaración detallada sobre los diversos pagos. En al menos un caso, un ex congresista declaró que, después de un encuentro inicial con Montesinos, en el cual éste le propuso que cambiara de partido, tuvo una segunda reunión con Fujimori, en la cual este último le preguntó sobre el asunto y el congresista aceptó el cambio.⁶³

La operación consistía en la “compra” de la lealtad de un grupo de congresistas. A cambio de varios pagos, normalmente de miles de dólares en efectivo entregados por Montesinos en las oficinas del SIN, estos parlamentarios aceptaban cambiar de partido. Como parte del acuerdo, los representantes firmaban tres documentos: primero, una carta de “renuncia a su partido de origen”; segundo, una carta de afiliación al partido del gobierno o un “compromiso para apoyar al régimen de Fujimori”; y tercero, “un recibo por el dinero entregado” (copias de estos documentos se han incorporado al expediente). Muchas de estas transacciones fueron grabadas en video por Montesinos y varias de estas grabaciones fueron recuperadas posteriormente por las autoridades.⁶⁴

5. Pago de 15 millones de dólares de fondos públicos a Montesinos y su encubrimiento

El 14 de septiembre de 2000,  un video en el cual Montesinos parecía estar sobornando a un congresista peruano se filtró a los medios de comunicación y se hizo público. El video generó un enorme escándalo que  resultó en la caída del gobierno de Fujimori. 

En las semanas posteriores a la emisión del video, Fujimori criticó públicamente a Montesinos y anunció una investigación y  búsqueda nacional para encontrarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, Fujimori al parecer estaba intentando desesperadamente encubrir las actividades criminales y corruptas mediante las cuales su gobierno había concentrado el poder y evitado un verdadero control democrático. Fujimori ha sido acusado posteriormente de encubrir la huida de Montesinos y realizar un allanamiento ilegal de la casa de Montesinos. De hecho, Montesinos huyó del país y, a medida que se acumulaban las pruebas contra Fujimori, éste huyó a su vez a Japón, desde donde renunció a la presidencia por fax.

Quizás la acusación penal más grave contra Fujimori relacionada con sus actividades durante este período sea que, poco después de la difusión del video, ordenó la entrega de 15 millones de dólares de fondos públicos a Montesinos. Según la declaración de Montesinos, como consecuencia de la divulgación del video, Fujimori lo convocó a una reunión, en la cual decidió darle 15 millones.⁶⁵  El pago supuestamente era la “compensación por servicios” brindados de Montesinos.⁶⁶

La transferencia se realizó mediante una compleja operación de lavado. El 19 de septiembre, poco después de la difusión del video, Fujimori y tres de sus ministros firmaron el Decreto de Emergencia 081-2000.  El decreto aumentó una parte del presupuesto del sector de Defensa en 69,597,810 nuevos soles (aproximadamente 19 millones de dólares). Formalmente el decreto se promulgó en respuesta a una solicitud del Ejército, de fecha 25 de agosto, de aumento presupuestario para implementar el “Plan Soberanía.”  El plan supuestamente tenía  el fin de proteger la frontera peruana de incursiones de guerrilleros colombianos.  Sin embargo, existen pruebas contundentes que tal plan nunca existió.⁶⁷  Y no hay constancia de que el decreto haya sido debatido por el pleno del Consejo de Ministros como lo  requería  la legislación peruana.⁶⁸

Carlos Boloña, ex Ministro de Economía que firmó el decreto de emergencia, confesó durante su proceso penal que “conocía que el dinero a transferir al Ministerio de Defensa se emplearía para solucionar el problema de gobernabilidad que generó al país la difusión del tristemente célebre vídeo Kouri-Montesinos, al así habérmelo manifestado el Presidente Fujimori al solicitar que atienda con urgencia el pedido de fondos públicos del Sector Defensa”.⁶⁹

Sobre la base del decreto de emergencia, el entonces Ministro de Defensa Carlos Bergamino presentó una solicitud formal para la transferencia de 52,500,000 nuevos soles a la cuenta bancaria de la Oficina General Administrativa del Ministerio de Defensa. La solicitud fue inmediatamente aprobada por el Ministerio de Economía. Bergamino envió entonces una solicitud formal al banco, pidiendo que cambiaran todo el dinero a dólares y lo entregaran al General de Brigada Luis Muente, jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa.

El 22 de septiembre, Muente retiró el dinero, que ascendía a 15 millones de dólares. Ha declarado que, siguiendo las órdenes de Bergamino, llevó ese mismo día los 15 millones al SIN y se reunió personalmente con Montesinos para entregarle el dinero. También ha declarado que durante ese día Montesinos lo llamó muchas veces para preguntarle por el dinero. Muente ha dicho que, en esas llamadas, Montesinos explicó que su insistencia se debía a que seguía órdenes directas de Fujimori.⁷⁰

Montesinos ha declarado que tuvo una reunión esa misma noche en el SIN con James Stone Cohen y Swi Sudit Wasserman, quienes gestionaban con frecuencia los depósitos y las transacciones de Montesinos en el extranjero.⁷¹ Según Montesinos, él les entregó el dinero a Stone y Sudit para que lo depositaran en su cuenta bancaria en Suiza, pero ellos en lugar de depositar el dinero se quedaron con él.⁷²  Tres días después, Montesinos se fugó del Perú. Tanto Stone como Sudit están siendo procesados por su participación en esta operación. 

El 2 de noviembre, Fujimori supuestamente intentó encubrir el retiro ilegal depositando otros 15 millones de dólares en las cuentas públicas. Según la declaración de Bergamino, Fujimori convocó una reunión en la cual le entregó cuatro maletas que contenían 15 millones de dólares. Siguiendo las instrucciones de Fujimori, Bergamino entregó el dinero al Tesoro Público y redactó un memorando que señalaba que el “Plan Soberanía” se había pospuesto hasta el año siguiente.⁷³  Al día siguiente, la suma fue depositada en el banco.

Sin embargo, existen pruebas sólidas de que el dinero retirado el 22 de septiembre no era el mismo que fue devuelto al Tesoro Público el 3 de noviembre.   En particular, recibos de cambio de moneda del dinero retirado y del dinero posteriormente depositado muestran que se trataban de billetes diferentes.⁷⁴  Además, Henry David Tunanñaña, economista del ejército que dice que acompañó a Muente durante el retiro de los 15 millones, ha declarado que el dinero retirado incluía billetes de 50 y 20 dólares. También participó en la “devolución” de los 15 millones del 3 de noviembre y ha declarado que el dinero devuelto consistía exclusivamente en billetes de 100 dólares y por lo tanto no podía ser el mismo dinero que había sido retirado.⁷⁵  Sigue sin conocerse el origen de los 15 millones de dólares que se depositaron en la cuenta el 3 de noviembre. Tanto Boloña como Bergamino han sido condenados por su participación en esta operación; sus condenas han sido apeladas.