El 28 de julio, Día de la Independencia de Perú, el Presidente Alberto Fujimori Fujimori juró el cargo presidencial por tercera vez consecutiva, tras una de las elecciones más seriamente cuestionadas que el continente ha presenciado en los últimos años. Recibió la banda presidencial en una ceremonia del Congreso boicoteada ostentosamente por los miembros de la oposición.

Al menos 80 personas resultaron heridas, muchos de ellos por el impacto en la cabeza o el cuerpo de canastas de gases lacrimógenos. Sebastian Brett, Investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch

En las inmediaciones del edificio del Congreso, Lima era una ciudad asediada. La Marcha de los Cuatro Suyos, con un nombre inspirado por los cuatro puntos cardinales del imperio inca y organizada por el líder de la oposición Alejandro Toledo como una protesta popular masiva contra la reelección de Fujimori, había llegado a Lima dos días antes. Estaba previsto que la protesta fuera masiva y pacífica. Sin embargo, al ver que los cordones policiales les impedían llegar a sus destinos (el edificio del Congreso y el Palacio Presidencial), algunos manifestantes recurrieron a la violencia.

Pequeños grupos de manifestantes blandiendo palos y lanzando piedras se dedicaron a saquear el centro de la ciudad y la policía respondió de manera indiscriminada con cañones de agua y gases lacrimógenos. Las escaramuzas continuaron durante todo el día y se prolongaron hasta la noche. Alrededor de las 10:30 a.m. del día 28, los vándalos prendieron fuego al antiguo Ministerio de Educación (que alberga ahora los tribunales civiles). A mediodía, tres aviones MIG de la Fuerza Aérea peruana sobrevolaron a poca altura mientras los jóvenes violentos rompían las ventanas del Palacio de Justicia y lanzaban dentro trapos impregnados con gasolina, lo que provocó el inicio de fuegos en la planta baja y los pisos superiores. Dos horas más tarde, les tocó el turno a la sede del Jurado Nacional Electoral y al edificio adyacente del Banco Nacional. Seis guardias de seguridad murieron asfixiados por el fuego en el Banco Nacional, que acabó totalmente destruido. Los bomberos y varios periodistas fueron atacados y golpeados. Al menos 80 personas resultaron heridas, muchos de ellos por el impacto en la cabeza o el cuerpo de canastas de gases lacrimógenos. La Policía Nacional informó que había detenido a 106 personas, pero el número real doblaba esta cifra.

El día anterior al estallido de violencia, unos 20.000 manifestantes, entre ellos muchos que tuvieron que realizar arduas jornadas de autobús, marcharon por las calles de Lima en una procesión pacífica que convergió en una concentración nocturna masiva en el Paseo de la República. No se informó de un solo acto de violencia. Sólo uno de los canales de televisión de la capital, el canal de cable Canal 'N', cubrió la marcha. Sin embargo, los periódicos de mayor difusión, de los que se sospecha masivamente que siguen pautas dictadas por el Servicio de Inteligencia Nacional, ya estaban pronosticando la violencia: "Toledo: Así que, si arde Lima, ¿qué puedo hacer?" decía uno de los titulares.

Los acontecimientos del 28 de julio tendrán un impacto profundo en la inestable situación política de Perú. El Presidente Fujimori ya está utilizando estos hechos de violencia para desacreditar al movimiento por la democracia y Alejandro Toledo. Ha acusado a los simpatizantes de Toledo de tener un plan frustrado para quemar el edificio del Congreso, y ha pedido a la policía, el ejército y el servicio de inteligencia que "protejan a Perú frente al caos promovido por un grupo de oposición recalcitrante". Toledo encabeza la lista de personas que se enfrentan ahora a cargos penales por la violencia. Con dichas acusaciones, Fujimori pretende abrir una brecha entre el movimiento liderado por Toledo y los sectores más "moderados" de la oposición, que ya están cooperando con el nuevo gobierno (mientras los manifestantes se concentraban en Lima, Fujimori nombraba al ex líder de la oposición Federico Salas como nuevo primer ministro de su gobierno). Toledo ha denunciado que agentes de inteligencia del gobierno infiltraron la marcha y provocaron la violencia. Los organizadores de la marcha dicen que tienen grabaciones de vídeo, fotografías y otras pruebas que lo demuestran.

El investigador de Human Rights Watch en Perú, Sebastian Brett, se encontraba en Lima durante la marcha. Era uno de los 300 observadores de la sociedad civil que participaron en la iniciativa de supervisión organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Los observadores llevaban chalecos amarillos que los identificaban como "defensores de derechos humanos" y estaban equipados con teléfonos celulares, cámaras desechables y máscaras antigás caseras. Durante la mañana del 28 de julio, Sebastian se vio separado de sus compañeros observadores y su teléfono se negó a funcionar. No era consciente de que la Coordinadora había convocado a sus observadores después de que la violencia se volviera incontrolable durante la mañana. Por este motivo, Sebastian estuvo en la calle hasta las 3:30 de la tarde. Fotografió el ataque al Palacio de Justicia desde la habitación del hotel Sheraton ocupada por un equipo de la BBC que cubría la marcha.

Tendrá que reconstruirse la verdadera historia de lo que ocurrió el Día de la Independencia a partir de varias fuentes en los días y meses venideros. En este artículo, Sebastián aporta observaciones de su diario y plantea algunas de las preguntas que habrá que responder. (Las opiniones expresadas en el texto no reflejan necesariamente las opiniones de la Coordinadora.)

> > > DESDE LIMA, EL 28 DE JULIO DE 2000 — SEBASTIAN BRETT