El 11 de abril de 2002, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) secuestraron a trece diputados en la Asamblea Departamental en Cali, Valle. Los rebeldes disfrazados con uniformes militares ordenaron a los miembros de la Asamblea que evacuaran el edificio por una presunta amenaza de bomba, y los tomaron como rehenes. Las autoridades colombianas rescataron posteriormente a uno de los diputados y a varios de los asistentes a la Asamblea. Se informó de que los rebeldes mataron a un agente de policía durante la acción.

"El impactante secuestro de los legisladores en Cali es un ejemplo más de la violación persistente y sistemática por parte de las FARC-EP al derecho internacional humanitario", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "La reciente escalada de secuestros políticos no solo demuestra que las FARC-EP continúan persiguiendo principalmente a civiles en este conflicto, sino también un desprecio reprensible por el libre proceso político en Colombia".

En una carta de seis páginas a Manuel Marulanda, el comandante en jefe de las FARC-EP, Human Rights Watch documentó la escalada de secuestros de personalidades políticas por parte de las FARC-EP durante los meses previos a las elecciones parlamentarias colombianas del 10 de marzo de 2002, y las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002.

Además de los doce diputados secuestrados el 11 de abril de 2002, las FARC-EP tienen actualmente como rehenes a la candidata presidencial, Ingrid Betancourt, el ex gobernador de Meta, Alan Jara Urzola, y cinco legisladores: el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, la congresista Consuelo González de Perdomo, el congresista Orlando Beltrán Cuellar, el senador Luis Eladio Pérez Bonilla y el congresista Óscar Tulio Lizcano. Human Rights Watch manifestó su preocupación grave por la seguridad de todos los rehenes.

Las FARC-EP, establecidas en 1964, es el grupo guerrillero más antiguo y numeroso de Colombia. Aunque las estimaciones difieren, se considera que las FARC-EP tienen más de 15.000 miembros y están activas en todo el país. Marulanda es uno de sus fundadores originales y preside actualmente la Secretaría General, el órgano de gobierno del grupo.

"Como máximo comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda es responsable de los persistentes abusos a los derechos humanos cometidos por sus fuerzas", dijo Vivanco. "Tiene la responsabilidad de garantizar que las tropas de las FARC-EP acaten las normas jurídicas internacionales, y por eso nos dirigimos directamente a él."

Human Rights Watch escribió anteriormente al Comandante Marulanda el 10 de julio de 2001 instándole que detuviera toda una gama de abusos a los derechos humanos cometidos por sus tropas, entre ellos la toma de rehenes. Desde entonces, sin embargo, las FARC-EP han continuado tomando a civiles como rehenes, violando flagrantemente el derecho internacional humanitario.