Inmediatamente después de los ataques, la administración Bush -junto a una amplia coalición de naciones- se comprometió a adoptar acciones coordinadas destinadas a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los ataques terroristas. Sin embargo, en muchos aspectos la campaña contra el terrorismo se vio acompañada por un constante desgaste e incumplimiento de las leyes internacionales. Se socavó el respeto y la vigencia de los derechos humanos precisamente en el momento en el cual resultaba clave su fortalecimiento.

Tras numerosos esfuerzos se logró desmantelar el dominio de Al-Qaida y de los Talibán sobre Afganistán y, tras la firma de los Acuerdos de Bonn, se prometió al sufrido pueblo Afgano un futuro más promisorio. A pesar de la instalación de un nuevo gobierno en Kabul y de que muchos refugiados Afganos retornaron a su devastado país, los Estados Unidos y sus aliados se mostraron incapaces de proporcionar los niveles de seguridad necesarios para facilitar la reconstrucción de Afganistán. La miope estrategia norteamericana permitió que los jefes militares locales consolidaran su poder y debilitaran al nuevo gobierno, permitiendo la continuación de los abusos contra los derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres.

En el trato dado a los supuestos prisioneros Talibán y de la red terrorista al-Qaida, los Estados Unidos sentaron precedentes legales altamente peligrosos, desconociendo las responsabilidades asumidas en la Convención de Ginebra. En lugar de determinar el estatus legal de los detenidos de acuerdo con las reglas de la Convención y de procesar a los responsables de los actos terroristas, la administración Bush se dedicó a crear tribunales militares especiales de dudosa legalidad. Numerosas críticas a esta iniciativa, incluso algunas provenientes del propio Ejército norteamericano, empujaron a la administración hacia una nueva y desgraciada dirección: el abandono de los requisitos de la Convención de Ginebra a favor del empleo de las detenciones indefinidas.

Un conjunto de nuevas iniciativas elaboradas por el Consejo de Seguridad de la ONU, el Grupo G8 de países industrializados, y muchas otras agrupaciones regionales, ayudaron a intensificar los controles sobre el financiamiento y las actividades de los grupos terroristas. Setenta y seis gobiernos colaboraron en los esfuerzos para establecer la primera Corte Penal Internacional, un organismo con poderes para investigar y procesar crímenes como los cometidos el 11 de septiembre. Se asumieron nuevos compromisos para abordar y tratar de dar solución a temas tales como la pobreza, la deuda externa y la eliminación de las medidas represivas que generan alineación y alientan las posiciones extremistas y violentas.

Sin embargo, en el curso del último año se adoptaron medidas antiterroristas de carácter general, arbitrario y desproporcionado, que en numerosas ocasiones estuvieron dirigidas contra grupos extranjeros, especialmente hombres de origen árabe y musulmán. Estas medidas trajeron aparejada la adopción de políticas discriminatorias, el uso de detenciones arbitrarias y el incumplimiento del debido proceso, así también como las deportaciones arbitrarias.

Algunos gobiernos emplearon la campaña contra el terrorismo de manera oportunista, justificando los ataques y abusos contra sus adversarios. En la India, por ejemplo, el gobierno introdujo la llamada `Ordenanza para la Prevención del Terrorismo´, una versión modificada de una antigua ley de seguridad que posibilitaba la tortura y las detenciones arbitrarias de miembros `pertenecientes a minorías y de opositores políticos. En Pakistán, el General Musharraf adoptó medidas severas contra aquellas personas sospechadas de participar en actividades militantes, mientras paralelamente consolidaba el dominio de los militares en el país y extendía unilateralmente su mandato presidencial por cinco años. China también aprovechó la agenda internacional contra el terrorismo para justificar la represión generalizada de los miembros de la etnia Uighurs en Xianjiang, incluyendo a activistas pacíficos y a grupos religiosos de origen musulmán.

Otros gobiernos, especialmente en el hemisferio occidental, adoptaron medidas de carácter punitivo y restrictivo contra los buscadores de asilo y los inmigrantes. En Australia, por ejemplo, el gobierno exacerbó la xenofobia desatada después de los ataques del 11 de septiembre con la finalidad de justificar la expulsión sumaria de un grupo de buscadores de asilo que se había aproximado a las fronteras del país. Este hecho constituyó una clara violación de las leyes internacionales sobre refugiados. En el Reino Unido se promulgó una nueva ley que autorizó la detención prolongada y arbitraria de los extranjeros sospechados de estar involucrados en actividades terroristas. Los esfuerzos multilaterales también erosionaron los derechos de los refugiados al asociarlos con el terrorismo.

En los Estados Unidos, la administración Bush empleó las leyes de inmigración --junto a una injustificablemente amplia definición de la categoría de "combatientes enemigos"-- para sortear el sistema penal de justicia y denegar las salvaguardas del debido proceso a aquellas personas interrogadas y detenidas en el marco de las investigaciones del 11 de septiembre. El poder ejecutivo incrementó sus poderes de vigilancia, investigación y detención, y al mismo tiempo intentó bloquear las demandas públicas de información, la supervisión del Congreso y la realización de una revisión judicial satisfactoria.

Las acciones adoptadas por los Estados Unidos sentaron un precedente peligroso y dieron luz verde a los demás países del globo para ignorar las salvaguardas judiciales y para aprobar medidas antiterroristas contradictorias con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Muchos aliados de los Estados Unidos --desde Uzbekistán hasta Israel y desde Rusia hasta Egipto-- aprovecharon la guerra contra el terrorismo para justificar las violaciones de los derechos humanos y tomando ventaja de la actitud pasiva del gobierno norteamericano.

Hasta cierto punto la administración Bush reconoció que la lucha contra el terrorismo es socavada por la adopción y puesta en práctica de medidas de carácter represivo que eliminan las vías pacíficas para canalizar el desacuerdo y la disconformidad en las sociedades. Estados Unidos se comprometió, de manera retórica, a promover el respeto de los derechos humanos como parte del esfuerzo de largo plazo contra el terrorismo. En unos pocos casos cumplió con este compromiso: condicionó el incremento de los niveles de ayuda a Egipto a la liberación de un líder de la oposición, y no puso trabas a los intentos del Congreso de atar la ayuda futura a Uzbekistán a los progresos alcanzados en el campo de la democracia y de los derechos humanos.

Lo mismo que durante la Guerra Fría, se permitió que las alianzas creadas en el marco de la campaña contra el terrorismo pasaran por alto otro tipo de intereses y diluyeran los niveles de crítica y la presión sobre los gobiernos abusivos. En países tales como Indonesia y Uzbekistán se restauró o expandió el entrenamiento y la cooperación militar, aún sin haber logrado progresos significativos en los históricos y recurrentes abusos contra los derechos humanos. En otros países, tales como Pakistán y Malasia, Estados Unidos mejoró las relaciones políticas como consecuencia de la guerra contra el terrorismo, y minimizó sus preocupaciones sobre la calidad de las prácticas democráticas y el respeto de los derechos humanos. Los Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un nuevo entendimiento con Rusia y, en gran medida, abandonaron sus críticas a los abusos cometidos en Chechenia.

En lugar de emplear las leyes internacionales como un instrumento esencial en la lucha contra el terrorismo, la administración Bush se empeñó en tratarlas como un estorbo. Un sector crecientemente poderoso en el seno de la administración Bush abrazó una visión radical dentro de la cual los Estados Unidos se ubican por encima de las leyes internacionales. Esta ideología de carácter unilateral y excepcional ha encontrado su expresión más clara y terrible en los ataques contra la Corte Penal Internacional.

En la actualidad existe una clara necesidad de reconfirmar el verdadero significado de la campaña contra el terrorismo -el sostenimiento de los derechos humanos y el imperio de la ley. Al atacar de manera indiscriminada a la población civil el terrorismo ha vulnerado un valor fundamental de la doctrina de los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo no sólo requiere la adopción de medidas de seguridad. También implica la necesidad de reafirmar la vigencia de los derechos humanos y la reconstrucción de una cultura de respeto a estos derechos que desalentará a los simpatizantes de la causa terrorista y constituirá una pieza clave en la derrota de este mal.