Brasil Condiciones abusivas para los niños detenidos (São Paulo, 10 de abril de 2003) Los niños del norte de Brasil son víctimas habituales de palizas por parte de la policía y son detenidos en condiciones abusivas, denunció Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. El comunicado ha sido publicado al cumplirse los primeros 100 días de gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los niños sufren la violencia de sus compañeros, son innecesariamente confinados en sus celdas durante largos períodos y no suelen recibir la educación escolar a la que tienen derecho de acuerdo con la Constitución de Brasil, dijo Human Rights Watch. "El Presidente Lula da Silva se ha comprometido a dar tratamiento prioritario a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables", afirmó Michael Bochenek, Consejero de la División de la Niñez de Human Rights Watch. "Si Presidente Lula da Silva pretende cumplir con su promesa, su gobierno deberá proceder a investigar los casos de abusos sistemáticos a los derechos humanos de los niños que se encuentran detenidos". Al igual que los Estados Unidos, Brasil es una confederación de estados donde cada uno de los gobiernos estatales mantiene control exclusivo sobre el manejo de su sistema de detención juvenil. Sin embargo, al gobierno central se le asigna un papel fundamental en la vigilancia del cumplimiento de la legislación nacional de justicia juvenil. Más aún, el gobierno central tiene la facultad de condicionar el financiamiento de los sistemas estatales de detención juvenil en el caso de que los estados no cumplan con ciertos estándares mínismo en materia de derechos humanos. El informe de 63 páginas, Confinamiento cruel: Abusos contra los niños detenidos en el norte de Brasil, está basado en entrevistas con 44 niños detenidos, así como con docenas de entrevistas con funcionarios del gobierno, abogados, trabajadores sociales y representantes de organizaciones no gubernamentales. Human Rights Watch visitó un total de 17 centros de detención, entre ellos cuatro centros para niñas, en los estados de Amapá, Amazonas, Maranhão, Rondônia y Pará. Human Rights Watch descubrió que la policía les propina habitualmente palizas tanto antes como después de la detención. Dichos abusos suelen producirse en las comisarías, en las que, según las leyes brasileñas, los niños pueden estar detenidos hasta cinco días mientras esperan su traslado a un centro de detención juvenil. En las áreas rurales, donde se incumple habitualmente el plazo máximo de cinco días de detención en los calabozos policiales, los niños corren un mayor peligro de sufrir malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. Una vez transferidos a los centros de detención, suelen sufrir nuevamente la violencia por parte de la policía militar estatal, encargada de garantizar la seguridad externa de los centros de detención, sofocar los motines y otros disturbios, responder a los intentos de fuga y realizar registros rutinarios en las celdas. Los niños que se quejaron de las palizas nos dijeron con frecuencia que la policía militar les había golpeado con cassetetes, porras de goma con el interior de metal. Las niñas no suelen contar con oportunidades de recreo comparables con las que reciben los niños. Al parecer, pasan la mayor parte de su tiempo de ocio cosiendo, realizando otras manualidades o durmiendo. Human Rights Watch exhortó a las autoridades a que ofrezcan mecanismos significativos de denuncia para los menores detenidos e investiguen plenamente todas las denuncias de malos tratos. Los centros de detención deben tomar medidas para proteger a los niños del abuso por parte de sus compañeros. Las autoridades estatales deben poner fin también al empleo habitual del encierro en celdas al ingresar en los centros y prohibir el uso de medidas disciplinarias que conlleven el encierro o el confinamiento en solitario o cualquier otro castigo que pueda comprometer la salud física y psicológica del niño.
Human Rights Watch expresó su especial preocupación por las medidas adoptadas por la policía militar en respuesta a los disturbios ocurridos el 5 y 6 de abril de 2002 en el centro de detención Espaço Recomeço de Pará. Cuando un pequeño grupo de niños prendieron fuego a sus colchones e intentaron fugarse, el centro llamó a las tropas de choque de la policía militar, que dispararon gases lacrimógenos y balas de goma para sofocar los disturbios. Un niño dijo a Human Rights Watch que la policía militar le apuntó directamente con los recipientes de gas lacrimógeno; tenía quemaduras, ampollas, moratones y cortes en la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. Otros niños denunciaron que los agentes de policía les habían golpeado con porras de goma y ramas de árbol cuando los detuvieron. Los niños también son víctimas de la violencia a manos de otros menores. Cuando Human Rights Watch entrevistó a Josefina S., detenida en el estado de Amapá, tenía cortes recientes en la cara, el cuello y los brazos que atribuyó a una pelea con otra muchacha. El maltrato físico no es la única violación de los derechos humanos que sufren los niños detenidos. Al ingresar en un centro de detención, los niños suelen permanecer encerrados en sus celdas durante cinco o más días sin posibilidad de ejercitarse ni de realizar ninguna actividad. El confinamiento en las celdas también es la principal medida disciplinaria oficial. Human Rights Watch descubrió que la mayoría de los centros de detención no tienen normas ni procedimientos claros sobre el uso del confinamiento en las celdas como medida disciplinaria, y no parece que haya límites sobre el tiempo que los niños pueden estar encerrados. La mayoría de los menores detenidos sólo han cursado entre uno y cuatro años de estudios. Muchos de ellos son analfabetos. El acceso a la educación escolar sería beneficioso para ellos. Sin embargo, muchos menores no reciben instrucción durante la reclusión, en violación de la Constitución brasileña y el derecho internacional. En concreto, los niños confinados en sus celdas denunciaron con frecuencia que no podían asistir a las clases. La mayoría de los centros de detención no investigan las denuncias de malos tratos. Los funcionarios de Manaus, la capital del estado de Amazonas, fueron los únicos que plantearon el problema de los abusos por parte de los guardias y la policía militar y lo discutieron directamente con Human Rights Watch. "No puedo ocultarlo", dijo Pablo Sampaio, director del Departamento de la Infancia y la Adolescencia de Amazonas, "por que si lo hiciera, lo perpetuaría". RESUMEN Y RECOMENDACIONES GALERÍA DE FOTOS CONFINAMIENTO CRUEL EL INFORME EM PORTUGUÊS EL INFORME EN INGLÉS INFORME ANUAL 2003 CAPÍTULO SOBRE BRASIL REGRESAR |
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