El informe de 57 páginas, 'Cubierto de Sangre': Violencia con Blancos Étnicos en el Norte de la RD del Congo, proporciona evidencia de que los combatientes de la región de Ituri, ubicada en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), han masacrado a cerca de cinco mil civiles a lo largo del último año debido a su afiliación étnica. Sin embargo los combatientes están armados y a menudo son dirigidos por los gobiernos de la RDC, Rwanda y Uganda.

Se supone que los diversos tratados y ceses al fuego, el más reciente firmado apenas el 19 de junio en Burundi, habían puesto fin a los conflictos entre los gobiernos de Uganda, Rwanda, y la RDC, y los grupos rebeldes se dispusieron a compartir el poder con el gobierno de Kinshasa. Sin embargo los actores menores -a menudo comparsa de los principales- continúan la guerra.

"Los acuerdos entre gobiernos no sirven de gran cosa cuando sus ejércitos simplemente transfieren sus armas a las milicias locales", dice Alison Des Forges, Consejera Decana de la División de África de Human Rights Watch. "La crisis en el Congo no se va a solucionar si no se atienden todos los niveles del conflicto".

La mayoría de la población en Ituri no son ni Hema ni Lendu, los grupos étnicos cuyas milicias son responsables de gran parte de la violencia actual. Pero los habitantes de Ituri se han visto obligados a tomar partido, y son sujetos a ataques cuando se sospecha que se han asociado con grupos Hema o Lendu.

En meses recientes, trabajadores de derechos humanos no han tenido acceso a las zonas rurales de Ituri ni han sido provistos de información sobre matanzas específicas de civiles. Pero el informe de Human Rights Watch que cubre los acontecimientos de los pasados 12 meses presenta evidencia de matanzas civiles específicas, entre ellas una matanza de civiles en Nyakunde a principios de septiembre de 2002, cuando combatientes Lendu masacraron a cerca de 1,200 personas de los Hema y grupos contiguos. A lo largo de 10 días, los asesinos arrebataron a las víctimas de sus hogares y asesinaron a los pacientes que se encontraban en el hospital de misioneros. De acuerdo con Human Rights Watch, la masacre de Nyakunde causó significativamente más víctimas que lo que antes se sabía.

Uganda invadió Ituri, una zona rica en recursos minerales y potencialmente una fuente importante de petróleo, de 1998 a mayo de 2003, cuando por fin retiró sus tropas bajo fuerte presión internacional. Durante la ocupación, soldados ugandeses proveyeron armas y entrenamiento militar a distintos grupos étnicos, propiciando la intensificación de una pugna inicialmente menor por tierra entre los Hema y los Lendu.

El gobierno de la RDC apoya y provee armas al denominado Movimiento de Liberación de la Congregación Congolés pro Democracia (RCD-ML, por su acrónimo en inglés) que a menudo se une en combate a las milicias de los Landu y otros grupos Ngiti. Rwanda en cambio apoya al RCD-Goma, un movimiento escindido del RCD-ML, que a su vez provee ayuda a la Unión de Congoleses Patrióticos (UPC), un grupo combatiente Hema que recientemente ha arrebatado el control del poblado Ituri de Bunia.

El informe de Human Rights Watch detalla la forma en que los combatientes torturaron y ejecutaron sumariamente a opositores políticos, y cómo violaron a mujeres de los grupos étnicos rivales. También participaron en actos inhumanos, tales como la mutilación de cuerpos y el canibalismo.

"La muerte violente es ahora un acontecimiento diario en Ituri", dijo Des Forges. "Los asesinos han recurrido al canibalismo para aterrorizar a la gente que quieren controlar."

El informe de Human Rights Watch contiende que todos los grupos reclutaron a niños de hasta siete años para servicios militares. Los observadores locales describen las fuerzas en pugna como "ejércitos de niños".

Las milicias han expulsado a medio millón de personas de sus hogares, y saqueado y quemado sus moradas. Para debilitar a sus enemigos, varias milicias han impedido la distribución de comida y otras formas de ayuda humanitaria a los desplazados y a otros igualmente necesitados, lo que ha aumentado exponencialmente el número de muertes civiles vinculadas a la guerra. En cerca de treinta casos en los meses recientes han amenazado, golpeado y expulsado a trabajadores humanitarios.

Una Misión de Observación de la las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), que se encuentra presente principalmente para monitorear los arreglos de cese al fuego, no tiene ni el mandato ni la presencia y equipo necesarios para proteger a civiles.

Luego de que la milicia denominada UPC Hema masacró a cientos de civiles en Bunia a principios de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a la Fuerza Multinacional Interina de Emergencia a restaurar el orden dentro del poblado. Dicha Fuerza Multinacional, constituida principalmente por tropas francesas, fue la primera misión desplegada por la Unión Europea. Ha logrado sofocar la matanza dentro de Burnia, pero su gestión termina en septiembre.

En septiembre, las fuerzas de la ONU, apoyadas tan sólo por algunos miles de soldados, serán la única fuerza internacional presente en la RDC. El Consejo de Seguridad pronto ponderará acerca de la capacidad y el mandato de dichas fuerzas.

"El Consejo de Seguridad debe asegurar que los civiles de Bunia y otros sitios serán protegidos luego de que las fuerzas interinas abandonen la zona", dijo Des Forges. "Debe proveer a los fuerzas de paz con el mandato necesario para impedir que continúe la matanza étnica."