La declaración presidencial cumplió parcialmente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó en diciembre de 2003, que Guatemala reconozca públicamente la responsabilidad del Estado por el asesinato y la posterior negación de justicia en el caso. La Corte también decidió que Guatemala debe asegurarse de que los responsables del crimen sean llevados ante la justicia.

"El Presidente Berger ha dado una muestra alentadora al comprometerse a exigir la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Ahora debe adoptar medidas para garantizar que los responsables del asesinato de Myrna Mack y de otras miles de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala sean llevados ante la justicia".

La antropóloga Myrna Mack estudiaba el maltrato del ejército a las comunidades rurales desplazadas cuando fue atacada frente a su oficina en Ciudad de Guatemala, el 11 de septiembre de 1990. Murió desangrada en la calle después de haber sido apuñalada 27 veces. La policía informó inicialmente a los familiares de Myrna Mack que había muerto en un accidente de tráfico. Posteriormente, suprimieron un informe de 60 páginas elaborado por sus propios investigadores en el que se concluía que había sido un asesinato político y que el ejército estaba involucrado. El caso no empezó a avanzar hasta que intervino Helen Mack, hermana de Myrna.

En 1993, un tribunal guatemalteco sentenció al sargento del ejército Noel Beteta a 25 años de prisión por la autoría material del asesinato. En 2002, otro tribunal guatemalteco condenó a 30 años de prisión al Coronel Juan Valencia Osorio por su participación en la planificación del crimen. Posteriormente, un tribunal de apelaciones revocó esta condena, la cual fue confirmada el año pasado por la Corte Suprema.

Un investigador de la policía que reunió inicialmente las pruebas acusatorias fue asesinado en 1991. Otros dos investigadores y tres testigos fueron amenazados y huyeron del país. En 2002, un abogado representante de la Fundación Myrna Mack informó que había recibido amenazas de muerte.

El Coronel Valencia Osorio es el único oficial superior que ha sido condenado por las violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de la guerra civil de 36 años, que cobró las vidas de unas 200.000 personas, la mayoría de ellas civiles asesinados por las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, desde que su sentencia fue reinstaurada por la Corte Suprema el año pasado, ha logrado eludir la custodia policial y sigue sin conocerse actualmente su paradero.

"El Presidente Berger debe hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse que Valencia Osorio sea detenido y cumpliráa su sentencia", señaló Vivanco. "Aunque la ceremonia de hoy ha sido un gesto importante, no sustituye a la justicia".