En un informe de 24 páginas titulado: "Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela", también se examina cómo la nueva ley hará más vulnerables a los jueces frente a la persecución política y garantizará que las controversias legales sobre el referéndum revocatorio se resuelvan a favor de Chávez.

"En el golpe de 2002, el orden democrático venezolano fue quebrantado por algunos de los opositores a Chávez", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Pero, hoy en día, la mayor amenaza que pesa sobre el Estado de Derecho en Venezuela proviene del propio gobierno".

La nueva ley, firmada el mes pasado por el Presidente Chávez, amplía la composición del Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados. Otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en el Tribunal Supremo. La ley también concede a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales designaciones de magistrados.

Los partidarios de Chávez en la Asamblea Nacional han anunciado su intención de nombrar a los 12 nuevos magistrados antes de agosto y también de destituir a los magistrados que identifican con la oposición. El Tribunal Supremo tendrá competencia sobre todos los recursos legales relacionados con el referéndum revocatorio, previsto para el 15 de agosto.

Una ocupación política del Tribunal Supremo también agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el gran número de jueces que aún carecen de estabilidad en el cargo. Ha destituido sumariamente a jueces después que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos. Y el Tribunal Supremo ha permitido la suspensión del segundo máximo tribunal del país (Corte de lo Contencioso Administrativo) al no resolver los recursos legales presentados por sus magistrados destituidos.

Los aliados de Chávez justifican las medidas como una respuesta a la intransigencia de la oposición. Insisten en que muchos jueces deciden casos en función de sus convicciones políticas, en lugar de los dictados de la ley. Citaron como ejemplo el hecho de que el Tribunal Supremo no hubiera condenado a los presuntos participes en el golpe de 2002.

"Chávez debería dedicarse a fortalecer el Estado de Derecho en Venezuela", dijo Vivanco. "En cambio, su gobierno y sus partidarios en la Asamblea están manipulando el sistema de justicia para favorecer sus propios intereses".

Lo que hace que los acontecimientos en Venezuela sean aún más alarmantes es su posible repercusión sobre la situación política ya de por si explosiva en el país. En particular, las tensiones que han rodeado la exitosa campaña de los opositores al Presidente Chávez para convocar un referéndum nacional que podría acabar con su presidencia.

Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) descalificó cientos de miles de firmas en una petición para que autorizara el referéndum, miles de personas se sumaron a las protestas callejeras, que culminaron con enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad que se saldaron con 13 personas muertas, numerosos heridos y cientos de detenidos por la policía. En mayo, después de que los votantes tuvieron la oportunidad de verificar las firmas inicialmente descalificadas, el CNE anunció que se habían reunido suficientes firmas para convocar el referéndum revocatorio.

La resolución pacífica y legal de la crisis actual dependerá en gran parte del sistema judicial del país. Los tribunales son los que tienen que determinar en última instancia si las decisiones del CNE son válidas-y si las acciones de los simpatizantes de Chávez y sus opositores, en las calles y en otros lugares, son legalmente permisibles.

En el informe se ofrecen recomendaciones al gobierno venezolano para salvaguardar la independencia del sistema judicial. Human Rights Watch instó al Presidente Chávez a que dé instrucciones a su coalición en la Asamblea Nacional para que suspenda inmediatamente la implementación de la nueva ley que busca copar el Tribunal Supremo de adeptos y derogue las disposiciones que debilitan la independencia del sistema judicial. El Tribunal Supremo de Venezuela debe revocar las disposiciones de la nueva ley que sometan al tribunal al programa político de la coalición gobernante. El máximo tribunal también debe adoptar medidas para garantizar que los jueces de tribunales inferiores no sean objeto de persecuciones políticas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) debe seguir de cerca la situación del sistema judicial venezolano. A no ser que se adopten inmediatamente medidas concretas para revertir estas amenazas a la independencia judicial, el Secretario General de la OEA debe usar su autoridad en virtud de la Carta Democrática Interamericana para abordar esta grave situación. El artículo 18 autoriza al Secretario General a adoptar medidas, con el consentimiento previo del gobierno afectado, para analizar las amenazas contra "el proceso político institucional democrático" de un país y buscar una respuesta colectiva de la OEA.

Durante el golpe de estado de 2002, la Carta Democrática fue crucial en la movilización de los estados miembros de la OEA que condenaron estos hechos contribuyendo a restaurar el orden constitucional. "La Carta ayudó a salvar la democracia venezolana de los enemigos de Chávez durante el golpe de 2002", dijo Vivanco. "Ahora podría ayudar a proteger a Venezuela de esta nueva amenaza".