II. Discriminación políticaLa discriminación política asola desde hace tiempo a Venezuela. Durante décadas, el clientelismo y los beneficios políticos se dividieron entre los partidos políticos, a expensas de grandes sectores de la sociedad venezolana. Chávez asumió la presidencia, en parte, gracias a la promesa de liberar a Venezuela de sus arraigados patrones de exclusión política. Si bien su gobierno denunció, en su momento, los patrones discriminatorios existentes, posteriormente los sustituyó con sus propias formas de discriminación contra adversarios políticos reales y contra aquellos que son percibidos como tales. El gobierno de Chávez proclama un compromiso de inclusión política, pero discrimina abiertamente contra quienes no comparten sus puntos de vista. Algunos funcionarios del gobierno han removido del empleo público de carrera a una gran cantidad de detractores, depurado a la compañía petrolera estatal de empleados disidentes, negado a determinados ciudadanos el acceso a programas sociales debido a sus opiniones políticas y acusado a sus críticos de subversivos que merecen un tratamiento discriminatorio. La exclusión y el acoso del gobierno de Chávez a quienes disienten contradicen su bandera del pluralismo democrático.
La discriminación política en el gobierno de Chávez fue más pronunciada luego del referendo revocatorio de 2004 para decidir sobre la continuidad de Chávez como presidente. Los ciudadanos que ejercieron su derecho de convocar a referendo—sobre la base de uno de los nuevos mecanismos de participación que Chávez defendió durante la redacción de la Constitución de 1999—fueron amenazados con sufrir represalias y con ser incluidos en listas negras para impedirles el acceso a empleos y servicios del gobierno. Luego de calificar a la iniciativa del referendo como un acto “contra la patria”, Chávez ordenó a las autoridades electorales que le proporcionaran al diputado Luis Tascón una lista con todos los nombres de quienes habían firmado la petición de referendo, que se hizo pública a través de Internet. La “lista Tascón”, así como una lista aún más detallada de las afiliaciones políticas de todos los venezolanos llamada el “programa Maisanta”, fueron usadas para discriminar políticamente a opositores al gobierno. En un conocido caso de 2004, una institución bancaria del gobierno usó las listas para compilar los perfiles políticos de sus empleados y luego despidió a más de 80 personas que se consideraba eran parte de la oposición política. En un caso similar que ocurrió poco después del referendo, funcionarios del gobierno se negaron a renovar un contrato con una cooperativa que fabricaba uniformes escolares, debido a que los miembros de la cooperativa habían aparecido en la lista Tascón y, por lo tanto, no “merecían” los beneficios del programa. La discriminación política ha sido respaldada y practicada abiertamente en la industria del petróleo, que es una de las fuentes de empleo más importantes del país, así como el pilar de la economía nacional. Después de una huelga de dos meses, en diciembre de 2002 el gobierno despidió a casi la mitad de los trabajadores de la compañía petrolera del estado, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y creó listas negras de los empleados despedidos para impedirles el acceso a futuros empleos en el sector petrolero. Un mes antes de las elecciones presidenciales de 2006, el ministro de energía (quien también es el presidente de PDVSA) se jactaron de que la compañía había “saca[do] de esta empresa [petrolera a] 19,500 enemigos de este país” y que estaban dispuestos a seguir haciéndolo. En esa oportunidad, también les dijeron a los empleados de PDVSA que “es necesario” que quien estuviera en desacuerdo con el gobierno “le ceda su puesto a un bolivariano”. Si bien el ministro emitió un memorándum casi un año después en el cual prohibía la discriminación política, existen evidencias convincentes de que la mentalidad discriminatoria que reflejaban sus comentarios iniciales también se plasmó en las políticas sobre empleo de algunas divisiones de PDVSA. La discriminación política ha sido una característica recurrente de las políticas y acciones de gobierno en diversas áreas. Los capítulos posteriores de este informe muestran cómo la discriminación ha afectado a los medios de comunicación, a los sindicatos y a la sociedad civil. El gobierno ha amenazado a los periodistas y a los medios de comunicación de la oposición con acciones penales y con la revocación de sus licencias de transmisión. Ha favorecido y ayudado a la creación de nuevos sindicatos alineados con el gobierno y, al mismo tiempo, se ha negado a negociar contratos colectivos con los sindicatos asociados con la oposición. Además, ha hostigado a destacados defensores de derechos humanos y a ONGs críticas del gobierno. Los funcionarios de gobierno han intentado defender los actos de discriminación política manifestando que son necesarios, ya sea para frenar un supuesto intento de la oposición política de derrocar al gobierno o para establecer un gobierno capaz de llevar adelante un proyecto “revolucionario”. Un ministro de gobierno denominó a la iniciativa del referendo revocatorio de 2004 un acto de “terrorismo” e instó a que se despidiera a quienes no estuvieran “comprometidos con el proceso revolucionario”. Otros funcionarios alegaron que una gran cantidad de empleados públicos ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción y debían ser despedidos por haber firmado las peticiones para convocar al referendo. Chávez mismo ha enviado mensajes contradictorios sobre la discriminación política. En algunas oportunidades, ha reconocido que la discriminación es un problema y se ha manifestado en contra de ella. Por ejemplo, ordenó a los empleadores “enterrar” la lista Tascón debido a denuncias que recibió sobre discriminación en el empleo (aunque esperó un año después de implementada la lista para hacerlo). También promovió una reforma constitucional para prohibir explícitamente la discriminación por orientación política. Otras veces, sin embargo, Chávez ha defendido abiertamente la discriminación política contra quienes se oponen a la “revolución”. Por ejemplo, después de que su ministro de energía manifestó a los trabajadores de PDVSA que debían renunciar a sus trabajos si no apoyaban a Chávez, defendió en público este mensaje discriminatorio e instó a todos los trabajadores petroleros que no estuvieran comprometidos con la “revolución” a renunciar sus trabajos e “[irse] a Miami”. Estas expresiones de intolerancia política han servido para fortalecer el trato discriminatorio que aplican sus partidarios. La discriminación política según el derecho internacionalEl derecho internacional prohíbe discriminar a las personas por ejercer sus derechos democráticos. De acuerdo con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los estados deben respetar y garantizar los derechos reconocidos en el pacto “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (el énfasis es nuestro).1 Si bien la atención de la comunidad internacional se ha centrado en la discriminación por motivo de raza y género, el PIDCP no hace ningún tipo de distinción, en términos de gravedad, entre estas diferentes formas de discriminación. El derecho internacional prohíbe, específicamente, la discriminación en el empleo en el sector público. El artículo 25 (c) del PIDCP expresa que “[t]odos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el Artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades [...] tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. En su observación general sobre este artículo, el Comité de Derechos Humanos señaló que para asegurar el acceso igualitario, “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos”.2 Los gobiernos que prohíben el ingreso de oponentes o que despiden a quienes ya están ocupando cargos en el gobierno solamente debido a sus opiniones políticas incumplirían sus obligaciones en virtud de estos artículos 2 y 25. El Comité de Derechos Humanos ha hecho hincapié en que “el principio de acceso a la función pública en condiciones de igualdad implica que el Estado debe velar por que no se haga ninguna discriminación. Este principio se aplica con mayor razón, a las personas que ocupan cargos en la función pública y, más aún, a las que han sido objeto de destitución”.3 El derecho internacional laboral, en especial, el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también prohíben la discriminación en el acceso a empleos y en los términos y condiciones de empleo por motivos de opinión política.4 Suele aceptarse que los gobiernos pueden aplicar criterios políticos al reclutar a las personas que tomarán decisiones en los niveles más altos de la administración pública, y la mayoría de los gobiernos lo hacen. Sin embargo, estas designaciones políticas deben estar claramente definidas y ser de naturaleza limitada para evitar abusos. Es diferente cuando los empleados públicos de carrera son contratados o destituidos sin fundamento y únicamente debido a sus supuestos puntos de vista políticos, ya sea que la discriminación se produzca mediante la ley o de manera informal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la discriminación política existente en Venezuela. En su informe de 2005 ha sostenido que:
La discriminación política según el derecho venezolanoVenezuela otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos; por lo tanto, las leyes internas no pueden violar las prohibiciones internacionales mencionadas previamente en materia de discriminación política. Además, la Constitución de 1999 prohíbe expresamente la “discriminación por razones de política” en el empleo.6 Por último, y más ampliamente, prohíbe “discriminaciones…que…tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.7 Dado que las acciones discriminatorias basadas en las opiniones políticas suelen operar en desmedro de otros derechos, esta prohibición más amplia puede interpretarse en el sentido de que brinda protecciones generales contra la discriminación política.8 El clientelismo y la discriminación política antes de ChávezLa discriminación política no es nueva en Venezuela. Durante, por lo menos, 30 años antes de la elección de Chávez, la lealtad política era el pasaporte para ocupar cargos en el sector público y para la distribución de contratos y servicios del gobierno. El clientelismo—brindar beneficios, empleos y servicios a quienes estaban relacionados con el partido, a cambio de lealtad política—fue una característica dominante del acuerdo de división de poder celebrado entre los partidos políticos, denominado Pacto de Punto Fijo.9 El Pacto de Punto Fijo se basó en un sistema de acomodo político y una división de los puestos de trabajo, contratos y beneficios estatales entre los dos partidos políticos dominantes.10 Como Human Rights Watch observó en un informe publicado en 1993, “los trabajos en el sector público eran asignados de manera discriminatoria a través de los partidos políticos, y eso era un importante elemento en la corriente de clientelismo que descendía desde las autoridades de cada partido hasta sus bases y se extendía por todo el país”.11 Quienes se vieron más perjudicados por el acuerdo político fueron los millones de venezolanos de los sectores más pobres que se encontraban fuera del sector público de la economía. Muchos de estos votantes apoyaron a Chávez en 1998, en parte con la esperanza de poner fin a la corrupción y exclusión de la era de Punto Fijo.12 La elección de Chávez en gran medida desplazó al antiguo sistema de clientelismo, que terminó con la dominación de los dos principales partidos políticos. Empezando en 2003, el gobierno de Chávez lanzó una serie de “misiones” para prestar servicios sociales directamente a los sectores más pobres, evitando a las instituciones estatales existentes, que habían sido criticadas por brindar asistencia sobre la base de criterios políticos. Sin embargo, si bien el gobierno de Chávez reemplazó el antiguo sistema que discriminaba en el otorgamiento de puestos de trabajo y servicios públicos, ha seguido discriminando a través de nuevas formas de exclusión basadas en la lealtad política. Listas negras: La “Lista Tascón” y el “Programa Maisanta”Dos listas han sido instrumentos clave para la discriminación política durante el gobierno de Chávez: la “lista Tascón” y el “programa Maisanta”. Si bien, aparentemente, fueron diseñadas con fines electorales legítimos, varios funcionarios de gobierno de alto rango alentaron el uso de las listas, o amenazaron con usarlas, para aplicar represalias contra aquellos identificados como opositores al gobierno. Luego del polémico referendo de 2004 para revocar el mandato presidencial de Chávez,13 se informó que algunos funcionarios del gobierno crearon una lista negra que incluía a quienes solicitaban la remoción de Chávez, con el objeto de impedirles el acceso a empleos estatales, o a contratos o servicios del gobierno.14 Chávez alentó que se considerara a quienes habían firmado la petición de referendo revocatorio de su mandato “responsables” de su decisión, aunque no llegó al punto de respaldar la discriminación política. En octubre de 2003, Chávez insinuó que quizás podría usarse la petición en el futuro: “Los que firman contra Chávez, en verdad no están firmando contra Chávez. Estarán firmando contra la patria En enero de 2004, Chávez le escribió al entonces presidente del CNE, Francisco Carrasquero, para informarle que había autorizado a su jefe de campaña, el diputado Luis Tascón, a obtener copias de las planillas con más de tres millones de firmas de quienes respaldaron ante el CNE la petición del referendo revocatorio.16 Chávez anunció por televisión que tenía la intención de usar la lista para demostrar que incluía firmas falsas.17 Una vez obtenidas las planillas electorales, Tascón publicó la lista de nombres en su sitio web para que cualquier persona pudiera consultar la “lista Tascón”, con el supuesto fin de verificar su firma.18 La creación de una lista de quienes firmaron la petición de referendo revocatorio no era una decisión objetable en sí misma. Al respaldar la convocatoria a referendo, los ciudadanos no estaban votando en elecciones, ni siquiera expresando una preferencia política. La petición de un referendo revocatorio era una cuestión pública, con lo cual la publicación de las firmas podía aumentar la transparencia del proceso. Lo inadmisible era el uso de la lista para discriminar a quienes hubieran firmado. Varios funcionarios públicos de alto rango amenazaron explícitamente con tomar represalias contra los firmantes. En una importante expresión de apoyo a la discriminación política, el entonces ministro de salud, Roger Capella, comentó a periodistas en marzo de 2004 que los trabajadores de la salud y los médicos que habían firmado el referendo revocatorio serían despedidos porque firmar la petición era “un acto de terrorismo”.19 Capella agregó que “los únicos médicos que prestarían servicios en las instituciones hospitalarias del país serían galenos camaradas comprometidos con el proceso revolucionario”.20 Al día siguiente, Capella rectificó sus comentarios y manifestó que tenían “una connotación personal” y que la discriminación por motivaciones políticas era inconstitucional.21 Sin embargo, dado que Capella realizó sus manifestaciones iniciales en un foro público, en calidad de funcionario de gobierno, no sería sencillo retractarse ni hacer que se olvidaran fácilmente.22 En otro ejemplo de presión política sobre los empleados del sector público, el entonces presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, advirtió de posibles despidos en la compañía petrolera por haber firmado la petición de referendo, y manifestó que “no causaría extrañeza” si los trabajadores que firmaron la petición de convocatoria fueran despedidos de sus empleos.23 Algunos empleados de PDVSA denunciaron más tarde a la prensa que habían sido despedidos y que, cuando preguntaron el motivo, se les dijo que era porque habían firmado la petición de referendo.24 Más de un año después de haber ordenado la creación de la lista Tascón, Chávez mismo reconoció los objetivos discriminatorios para los cuales se había usado la lista. En abril de 2005, luego de ganar el referendo, Chávez, por la televisión pública, llamó a los empleadores a archivar y “enterrar” la lista:
Chávez muy probablemente conocía en 2004 las denuncias que algunas oficinas de gobierno estaban usando la lista Tascón para despedir trabajadores y bloquear solicitudes de trabajo. De hecho, de acuerdo con la estación de radio estatal, Tascón dijo en abril de 2004 que había hablado con Chávez personalmente sobre casos de discriminación tanto por parte de empleadores privados contrarios a Chávez como de instituciones de gobierno, e instó a Chávez a detener el constante uso abusivo de la lista.26 Sin embargo, a Chávez le tomó más de un año desde su primera orden para que se confeccionara la lista—y durante ese tiempo, como se indicó con anterioridad, varios funcionarios de gobierno de alto rango respaldaron el uso de la discriminación política—para ordenar claramente que la información no se usara con fines discriminatorios. Luego de las declaraciones de Chávez, el Ministerio Público abrió una investigación en abril de 2005 para determinar si los empleadores privados o las instituciones públicas utilizaban la lista Tascón para discriminar a quienes firmaron la petición de referendo revocatorio.27 Sin embargo, no tenemos conocimiento de que haya producido ninguna condena. Además, el llamado de Chávez a “enterrar” la lista Tascón no puso fin a la discriminación política. Si bien el anuncio fue considerado positivo, algunos partidarios respondieron creando herramientas de discriminación más sofisticadas. Durante las elecciones legislativas de 2005, los partidarios de Chávez diseñaron una base de datos conocida como el programa Maisanta.28 A diferencia de la lista Tascón, que contenía solo los nombres de quienes habían firmado la petición de referendo revocatorio, el programa Maisanta contenía información detallada sobre todos los votantes registrados, un total de más de 12 millones de ciudadanos. Informaba al usuario si los votantes habían firmado la petición de referendo revocatorio en contra de Chávez, si se habían abstenido de votar en elecciones anteriores, si habían participado en misiones del gobierno, y si habían firmado la contra-petición de referendo revocatorio contra legisladores de la oposición.29 Los diseñadores del programa Maisanta justificaron su creación argumentando que se trataba de una iniciativa para democratizar el acceso a la información.30 La base de datos podía, en realidad, ser útil para las campañas electorales. Sin embargo, como la lista Tascón, el software de Maisanta fue utilizado con fines que excedieron lo meramente electoral. En 2004 y 2005 se presentaron cientos de denuncias sobre que funcionarios del gobierno de diferentes poderes de la administración pública estaban usando la lista Tascón, el programa Maisanta, o ambos, para despedir y seleccionar candidatos a puestos de trabajo y para determinar el acceso a programas del gobierno.31 Incluso Tascón reconoció que había casos de “gente a la que no le daban los documentos, que le retardaban los trámites, que le negaban la posibilidad de trabajar” por haber firmado la petición de referendo.32 La gran mayoría de las denuncias de discriminación política fueron realizadas por miembros de la oposición contra ministros y agencias del gobierno, de acuerdo con PROVEA, una ONG de derechos humanos no partidaria venezolana.33 Sin embargo, también hubo denuncias de discriminación política contra partidarios de Chávez en niveles más bajos de la administración pública, en los gobiernos estatales y municipales, y en el sector privado.34 En la mayoría de los casos, fue imposible probar que hubiera existido discriminación política—salvo raras excepciones, no se informaba a los ciudadanos los motivos por los cuales se tomaban las medidas—, si bien a muchas personas se les decía informalmente que perdían sus trabajos, contratos o servicios por haber firmado la petición de referendo. Por ejemplo, en un caso denunciado a Human Rights Watch, se le negaron a una mujer de 98 años las medicinas que desde hacía tiempo recibía de una agencia de desarrollo estatal debido a que había firmado la petición de referendo, según le dijo a su familia el secretario del programa.35 Human Rights Watch documentó varios casos representativos, que se detallan más adelante, en los cuales los funcionarios de gobierno empleaban la lista Tascón o el programa Maisanta para adoptar medidas discriminatorias en contra de determinadas personas. Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)Entre los casos de supuestos despidos por motivaciones políticas, uno de los más resonantes fue el despido de más de 80 empleados públicos de una institución bancaria del gobierno, el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), en 2004.36 Todos los empleados despedidos supuestamente habían sido incluidos como miembros de la oposición política en una lista, basada en parte sobre la base de la lista Tascón, que circuló dentro de la institución.37 Si bien los trabajadores fueron despedidos sin ningún tipo de explicación, el presidente de la institución manifestó abiertamente que los empleados estaban siendo despedidos para dar lugar a quienes “se acopl[aran] al proyecto de gobierno”.38 Según ex empleados, en mayo de 2004 un grupo de empleados de FOGADE que pertenecían a un Círculo Bolivariano—una especie de agrupación de base apoyada y financiada por el gobierno—, junto con un funcionario de alto nivel del departamento de recursos humanos, crearon e hicieron circular una lista con las afiliaciones políticas de los más de 500 empleados de FOGADE.39 Junto a cada nombre se escribía a mano un número que indicaba el perfil político del empleado, sobre la base de cuáles eran percibidas como sus inclinaciones políticas (desde “1” para chavistas militantes a “6” para “oposición política radical”), y una inicial que indicaba si el empleado había firmado la petición de referendo revocatorio, sobre la base de la lista Tascón. El presidente de FOGADE, Jesús Caldera Infante, aparentemente, respaldó el uso de la lista para depurar a la organización de opositores al gobierno, manifestando en una entrevista por televisión que “La revolución tocó el alma y la esencia de FOGADE, y nosotros…vamos a propiciar los cambios que sean necesarios”.40 En junio de 2004, Caldera Infante anunció por televisión que numerosos empleados, muchos de los cuales “contaban con hasta 19 años en el organismo” habían sido despedidos porque “venían arrastrando una cultura no cónsona con el proyecto que está contemplado [por la Constitución] para el desarrollo socioeconómico” y que serían reemplazados por funcionarios que “se acopl[aran] al proyecto de gobierno”.41 A agosto de 2004, habían perdido sus trabajos 80 miembros del personal de FOGADE42 y, de acuerdo con ex empleados, todos ellos habían sido clasificados como opositores al gobierno en la lista.43 Entre los empleados despedidos se encontraba Yadira Pérez, una secretaria que había trabajado para FOGADE durante 11 años hasta que fue despedida en junio de 2004. Pérez había firmado la petición de referendo revocatorio. Pérez le dijo a Human Rights Watch que su aviso de despido indicaba que su puesto era considerado un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo cual FOGADE podía despedirla sin justificación.44 Sin embargo, Pérez era considerada desde hacía tiempo una empleada pública de carrera y decidió llevar su caso ante los tribunales. FOGADE alegó que los despidos estaban autorizados desde el punto de vista legal, ya que todos los empleados ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción de los cuales podían ser despedidos sin justificación, e incluso por motivaciones políticas. Un decreto administrativo del presidente de FOGADE, poco antes de los despidos, estableció que todos los empleos en el banco tenían cargos de libre nombramiento y remoción, dado que manejaban información confidencial.45 Se trata de “cargos de libre remoción y los hemos removido”, explicó Caldera Infante.46 El tribunal determinaría finalmente que los empleados de FOGADE eran empleados públicos y que la providencia administrativa violaba las disposiciones constitucionales que protegían a los empleados públicos de ser despedidos por motivaciones políticas o en forma arbitraria. El tribunal ordenó la reincorporación de Pérez y de varios otros empleados de FOGADE.47 Consejo Nacional de Fronteras (CNF)En otro caso que sugiere la existencia de discriminación por motivaciones políticas, el jefe de una empleada del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) les dijo a ella y a otros tres empleados que habían sido despedidos únicamente porque habían firmado la petición de referendo revocatorio. Desde 1996, Rocío San Miguel había trabajado como empleada contratada y asesora legal del CNF, una agencia del gobierno adscrita a la oficina del vicepresidente. Cuatro de los 22 empleados del consejo—Magally Chang, Jorge Guerra, Thais Peña Rocío y San Miguel—fueron despedidos el 22 de marzo de 2004. Las cartas de despido no expresaron los motivos de esta medida.48 San Miguel descubrió que, de los 22 empleados de la CNF, solamente ella y los otros tres estaban indicados en la lista como firmantes de la petición de referendo. A uno de los empleados, Guerra, finalmente se le permitió conservar su trabajo, después de que insistiera que su cédula había sido usada en forma fraudulenta y que retiraría su nombre de la petición.49 Luego de recibir su carta de despido, San Miguel le dijo a Human Rights Watch que su jefe le había explicado en una conversación telefónica que ella había ocupado un cargo de libre nombramiento y remoción y que, por lo tanto, se la despedía por “demostrar deslealtad” al firmar la petición de referendo revocatorio.50 Sin embargo, San Miguel era, en realidad, una empleada contratada, no ocupaba un cargo político. 51 Si bien el consejo tenía derecho a no renovarle su contrato anual—aunque había elegido hacerlo durante ocho años—, sus opiniones políticas no deberían haber pesado en ninguna decisión relacionada con la continuidad de su empleo. Consejo Nacional Electoral (CNE)La discriminación política también se ha extendido a las funciones públicas no remuneradas. En los meses anteriores al referendo revocatorio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) despidió a miembros voluntarios de las juntas electorales municipales, manifestando explícitamente en las cartas de despido que se los removía de sus cargos porque habían firmado la petición de referendo revocatorio. Los miembros de las juntas eran ciudadanos que cumplían con sus deberes cívicos asignados; sin embargo, descubrieron que su capacidad para prestar sus servicios dependía de sus opiniones políticas. Las juntas municipales electorales están compuestas por ciudadanos no remunerados elegidos por sorteo público para ayudar en las elecciones como parte de sus deberes como ciudadanos con derecho a votar.52 Human Rights Watch entrevistó a un ex miembro de estas juntas, Jorge Luis Suárez, quien se había desempeñado como presidente de la junta municipal electoral de El Hatillo, una municipalidad de clase media de Caracas. Suárez, abogado, fue seleccionado por sorteo para desempeñarse en la junta y supervisar el referendo revocatorio en febrero de 2004.53 Sin embargo, pocos días antes del referendo, el 11 de agosto de 2004, Suárez recibió una carta del director regional del CNE en la que se le informaba que el CNE había acordado “sustituir como Miembro Principal de las Juntas Municipales Electorales a todos aquellos que firmaron en los eventos pasados de Referendo Presidencial y Diputados a la Asamblea Nacional; [y que] en tal sentido resolvió sustituirlo de su condición de Miembro Principal de dicha Junta Electoral”. La carta citaba una resolución del CNE en este sentido, de fecha 30 de julio de 2004.54
Suárez contó a Human Rights Watch que cuatro de los cinco miembros de la junta electoral de El Hatillo recibieron cartas similares del CNE. Los cuatro habían firmado la petición de referendo para revocar el mandato del presidente Chávez; el quinto miembro no lo había hecho.55 De acuerdo con Suárez, los miembros de la junta municipal fueron reemplazados por partidarios del gobierno especialmente elegidos por el CNE pocos días antes del referendo, a pesar de que las leyes venezolanas exigen que los miembros de las juntas municipales sean elegidos mediante sorteo público, por lo menos, dos meses antes de un referendo.56 Suárez contó que cuando fue a retirar sus efectos personales de la oficina municipal, los nuevos miembros—todos ellos vestidos de rojo, el color del gobierno—no lo dejaron entrar.57 Suárez comentó a Human Rights Watch que nunca había recibido una copia de la resolución del CNE mencionada en la carta que le enviaron, pero que estaba enterado de que varios miembros de juntas electorales de otros distritos también habían sido despedidos por haber firmado la petición de referendo revocatorio contra el Presidente Chávez.58 Suárez no estaba enterado que hubieran miembros de juntas municipales que hubieran sido despedidos por haber firmado una contrapetición simultánea de referendo revocatorio contra legisladores pertenecientes a partidos de la oposición.59 El ex vicepresidente del CNE, Ezequiel Zamora, dijo a Human Rights Watch que la resolución se aplicó en todo el país, pero que sólo fueron despedidos quienes habían firmado la petición de revocar al Presidente Chávez.60 Human Rights Watch no pudo encontrar casos de personas suspendidas por haber firmado el referendo para revocar a legisladores de la oposición. Incluso si la resolución del CNE hubiera sido aplicada en forma uniforme, ello no habría sido correcto: excluir a los ciudadanos de la prestación de servicios cívicos debido a sus opiniones políticas viola las garantías básicas de igualdad y libertad de opinión, que son fundamentales en un gobierno democrático. Dejando al margen la pregunta de si una firma en apoyo de un referendo revocatorio constituye una manifestación de opinión política, las convicciones políticas no deben ser la base para excluir del servicio cívico. Fondo Único Social (FUS) y Fondo del Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI)La lista Tascón también fue aplicada para asignar contratos con el gobierno. En un caso de 2004, una cooperativa perdió un importante contrato con el gobierno porque, de acuerdo con una carta de la agencia del gobierno responsable del contrato, los directores de la cooperativa habían firmado la petición de referendo y, por lo tanto, no “merecían” los beneficios del contrato. 61 El Fondo Único Social (FUS), una agencia del gobierno que administra proyectos de desarrollo social, había comprado uniformes escolares a Coprotene, una cooperativa del estado de Nueva Esparta, desde 2001. En 2004, FUS decidió no renovar el contrato anual. De acuerdo con una carta del presidente de la división Nueva Esparta del FUS, se rechazó el contrato de Coprotene para dar una oportunidad a cooperativas “realmente comprometidas con el proceso revolucionario y seguidoras de nuestro máximo líder Presidente Hugo Rafael Chávez Frías”.62
La carta señaló que el FUS había verificado el “estatus de la firma” de los miembros de Coprotene y había descubierto “para extrema sorpresa” que una de las representantes de Coprotene, así como su marido y el tesorero de la cooperativa, habían firmado contra Chávez. De acuerdo con la carta del FUS:
El uso discriminatorio de la lista Tascón también parece haber ocurrido en casos de otras instituciones estatales. María Isabel Graciani, una ex empleada del Fondo del Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI), una agencia de desarrollo del gobierno que otorga préstamos pequeños a cooperativas y proyectos sociales, contó a Human Rights Watch que había recibido instrucciones de sus superiores para usar la lista Tascón con el fin de descartar solicitudes de préstamos, pero que ella se negó a aplicar la lista.64 Discriminación en PDVSALa discriminación política ha sido apoyada y practicada abiertamente en la compañía petrolera del estado, PDVSA. PDVSA despidió a más de 18,000 empleados que en 2002 participaron en una huelga de dos meses, como una forma de represalia masiva por haber llevado adelante una actividad de huelga legítima.65 (El paro petrolero y los despidos masivos se analizan en detalle en el capítulo 6). En los años siguientes, el gobierno usó la participación en la huelga de forma muy similar a cómo usó la participación en la iniciativa de referendo revocatorio: para identificar a quiénes se les daría un trato discriminatorio. PDVSA incluyó en una lista negra a los empleados despedidos con el objeto de impedirles el acceso a futuros empleos en el sector petrolero, así como en sus subsidiarias y contratistas. El ministro de energía y Chávez sugirieron que todos los trabajadores de la compañía debían apoyar al gobierno o irse. Existen evidencias convincentes de que la mentalidad discriminatoria que reflejaban estas manifestaciones públicas también se plasmó en las políticas de empleo concretas de algunos departamentos de PDVSA. Huelguistas petroleros en listas negrasDespués del paro petrolero, PDVSA depuró su plantel de miles de trabajadores que habían participado en la huelga. El gobierno justificó los despidos masivos con el argumento de que el único objetivo de los trabajadores era “derrocar al Presidente”.66 Cuando la OIT revisó el caso, sin embargo, determinó que los motivos del paro laboral incluían demandas de los trabajadores relacionadas con las políticas económicas del gobierno y, por lo tanto, el paro se encuadraba dentro del alcance de la actividad sindical legítima.67 La OIT concluyó que los despidos masivos de miles de trabajadores y la negativa a recontratarlos constituían represalias que violaban el derecho internacional.68 Durante muchos años después de la huelga, PDVSA creó listas negras con los nombres de los trabajadores despedidos para impedirles el acceso a empleos en el sector petrolero. PDVSA escribió una carta a sus subsidiarias y contratistas, en la cual les advertía que no debían contratar a los trabajadores despedidos.69 En una carta enviada en mayo de 2005 a los directivos de compañías contratantes que operaban en el Cinturón de Orinoco, el ejecutivo de PDVSA responsable de contratar trabajadores en compañías aliadas señaló que PDVSA mantenía una política “de no contratar personas que mostraron actitudes reñidas con los intereses de la empresa durante el evento ocurrido el pasado mes de diciembre de 2002 [el paro petrolero]”.70 Otro contratista, la Cypriot Hanseatic Shipping Company, supuestamente recibió una carta similar de PDVSA en 2003, en la cual mencionaba específicamente que 168 empleados habían participado en la huelga petrolera y ya no podían ser empleados por la compañía naviera.71 Los lineamientos de contratación de PDVSA de julio de 2007 (que, hasta donde sabemos, aún se encuentran vigentes) establecían que un solicitante que apareciera en la base de datos de la compañía como “autor de un hecho que se investiga—el paro petrolero” es “no apto” para contratación.72 Supuestamente, PDVSA también circuló listas con los nombres de los empleados despedidos que no debían ser recontratados.73 Algunos funcionarios sugirieron que la inclusión de huelguistas en listas negras era una manera apropiada de promover la responsabilidad por delitos. Como Roberto Hernández, ministro del trabajo, explicó posteriormente, el gobierno despidió y se rehusó a recontratar a cientos de trabajadores del petróleo porque “esos eran 23,000 delincuentes”.74 Dicho enfoque podría haber sido razonable si se hubiera limitado a determinadas personas que enfrentaban acusaciones fundadas de actividad delictiva, que estaban siendo investigadas y procesadas con las garantías de debido proceso correspondientes. En lugar de eso, la compañía aplicó la política de excluir a todo empleado que hubiera participado en la huelga y que, por lo tanto, pudiera considerarse contrario al gobierno. Chávez mismo públicamente llamó a esos trabajadores “traidores” y declaró que en Venezuela “no podemos darnos el lujo de que haya personas como éstas en [PDVSA]”.75 Una fuerza laboral “revolucionaria”Los supuestos actos subversivos de los trabajadores petroleros huelguistas fueron usados para alentar la discriminación política dentro de PDVSA. Tanto el ministro de energía como el mismo Chávez dejaron en claro que los trabajadores de PDVSA deben apoyar el “proceso bolivariano”, y, aparentemente, las políticas de empleo de algunos departamentos de la compañía son acordes con estas manifestaciones del gobierno. Un mes antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, el ministro de energía y presidente de PDVSA Rafael Ramírez dio un discurso a los empleados de PDVSA, que fue filmado clandestinamente y luego transmitido por televisión. En tal discurso dijo a los trabajadores que quienes no apoyaban a Chávez debían abandonar la empresa:
En el discurso, Ramírez dejó claro a los trabajadores que sus palabras no eran una simple amenaza. En relación con los despidos masivos que siguieron al paro petrolero, les dijo: “A nosotros no nos tiembla el pulso. Nosotros sacamos de esta empresa 19,500 enemigos de este país y estamos dispuesto a seguirlo haciendo”.77 Por su parte, el Presidente Chávez, en lugar de refutar el mensaje evidentemente discriminatorio, lo respaldó públicamente por la televisión nacional, y exhortó a su ministro de energía a repetirlo “100 veces”, y declaró que “los trabajadores de Petróleos de Venezuela están en esta revolución y el que no mejor que se vaya a otro sitio, que se vayan a Miami o a donde quieran”.78 Las declaraciones de Rodríguez y de Chávez fueron aplicadas, por lo menos, en algunas divisiones de la compañía. En un caso, la división de distribución eléctrica de PDVSA estableció una estrategia para forzar a los adversarios políticos a retirarse de PDVSA, según surge de documentos internos de la compañía proporcionados a Human Rights Watch por ex empleados. En una reunión del 16 de octubre de 2006, los gerentes de división acordaron deshacerse de quienes criticaban el gobierno de Chávez. Las actas de la reunión describen el acuerdo: “Toda persona (de lideres para abajo) que no esté identificada con el proceso será ubicada en actividades irrelevantes, se le eliminará el sobretiempo y serán sacados de actividades los días sábados y domingo. El que no esté con Chávez no deberá estar en PDVSA”.79 Una subsidiaria de PDVSA, Sincor, supuestamente mantuvo una lista de empleados divididos en “aptos” y “no aptos”, según sus puntos de vista políticos.80 El periódico Tal Cual informó que, en 2007, Sincor despidió a cuatro jóvenes trabajadores contratados porque consideró que eran políticamente “no aptos”.81 La oficina de prensa de Total, la multinacional francesa propietaria de una parte de Sincor, pareció reconocer que había problemas al responder lo siguiente a las consultas de Tal Cual sobre las políticas de empleo de la compañía y los despidos de los cuatro trabajadores contratados: “Como estos procedimientos [de Sincor] podrían crear riesgos operacionales, estamos trabajando con PDVSA para limitar las consecuencias de este proceso interno y esperamos que cese y que las personas serán reintegradas”.82 Que se haya alentado la discriminación política desde el gobierno también ha provocado que las compañías que trabajan con PDVSA y necesitan ganar contratos con el gobierno lleven adelante actos de discriminación política. En un aviso de empleo publicado en octubre de 2007, Trical de Venezuela, C.A.,83 una compañía privada que fabrica productos industriales y vende materiales a PDVSA y a otras compañías del estado, lo hizo abiertamente. Trical especificó de la siguiente manera la orientación política que estaba buscando en los candidatos al empleo: “Preferiblemente, que no esté señalado como de oposición, que no esté presente en las listas públicas como enfrentado con el gobierno y que sea afecto a él”.84 Un año después de los comentarios de Ramírez sobre que PDVSA debía ser “roja, rojita”—quizás debido a la presión de Total y de otras compañías para que se reinstauraran las prácticas de contratación basadas en méritos85—, Ramírez reconoció que se estaban aplicando prácticas de empleo discriminatorias en PDVSA e instó a que se les pusiera fin. El 31 de julio de 2007, Ramírez envió a los gerentes de PDVSA un memorándum en el cual prohibía expresamente el uso de “listas” discriminatorias:
Si bien la afirmación de no discriminación en el empleo constituyó un paso positivo para PDVSA, la mención específica de que las actuales normas reemplazaran las prácticas pasadas también parece confirmar que las listas, en verdad, habían estado en circulación y que habían sido utilizadas en las políticas de contratación en algunos sectores de la compañía. Discriminación en otras áreasLa discriminación política ha sido el sostén—así como una fuente de descrédito—de las acciones del gobierno en una gran diversidad de áreas. Como se documenta en capítulos posteriores de este informe, la discriminación política ha afectado decisiones de gobierno sobre medios de comunicación, sobre sindicatos y sobre la sociedad civil. Algunos funcionarios de gobierno han utilizado críticas legítimas para excluir a voces disidentes de los medios de comunicación, de las negociaciones de contratos colectivos y las asambleas de la sociedad civil. Los medios de comunicaciónEl gobierno de Chávez ha castigado a los medios de comunicación por sus críticas al gobierno. Como documentamos en el capítulo 5, el gobierno también ha amenazado con iniciar acciones legales o con imponer sanciones administrativas a estaciones opositoras y ha negado solicitudes de una estación crítica al gobierno portara obtener frecuencias que le hubieran permitido extender su cobertura. El caso más resonante fue la decisión del gobierno de no renovar la licencia de la estación de televisión opositora RCTV en mayo de 2007 ante su obstinada negativa a moderar su línea editorial. Oficialmente, la decisión se justificó por la necesidad de usar la frecuencia de RCTV para crear un nuevo canal público, pero el gobierno tenía otras frecuencias a su disposición y, en ese momento, había renovado las licencias de canales que apoyaban al gobierno o que habían moderado su crítica. Los sindicatosLos sindicatos que no gozan de la aprobación del gobierno han tenido que enfrentar obstáculos a la hora de negociar contratos colectivos. Como documentamos en el capítulo 6, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional laboral, en especial las normas sobre sindicatos, el gobierno ha negado a los sindicatos existentes el derecho a negociar contratos colectivos hasta recibir la certificación estatal de sus elecciones de dirigentes. Al mismo tiempo, el gobierno ha negociado con nuevos sindicatos oficialistas, los cuales no debían cumplir con estos requisitos electorales cuando son recién formados. Sociedad civilLos funcionarios de gobierno también han realizado acusaciones infundadas contra las organizaciones de la sociedad civil y han hostigado a defensores de derechos humanos por sus posturas políticas reales o percibidas. Como documentamos en el capítulo 7, durante la presidencia de Chávez los defensores de derechos humanos han sido víctima de acoso judicial, denuncias públicas, e iniciativas para excluirlas de foros internacionales e y para restringirles el acceso a financiamiento internacional. RecomendacionesEl gobierno venezolano debe tomar medidas activas para evitar la discriminación política. En especial, el poder ejecutivo debe implementar una política de “tolerancia cero” con respecto a la discriminación política. Específicamente, debería:
Teniendo en cuenta el apoyo que el gobierno prestó en el pasado a la discriminación política en la contratación y el despido de empleados de PDVSA, es particularmente importante que el ministro de energía implemente inmediatamente esta política de “tolerancia cero.” Además, PDVSA debería:
1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Res. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Sup. (No. 16) en 52, Doc. de la ONU A/6316, 999 U.N.T.S. 171, 16 de diciembre de 1966, art. 22(1), ratificado por Venezuela el 10 de mayo de 1978. 2 Comité de Derechos Humanos, Observación General 25 (57), Observaciones generales en virtud del artículo 40, párr. 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por el Comité en su Asamblea 1510, Doc. de la ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), párr. 23. 3 Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 933/2000, “En el caso Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka y otros v. República Democrática del Congo,” 31 de julio de 2003, párr. 5.2. 4 Convención No. 111 de la OIT relativa a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958, 362 U.N.T.S. 31, 15 de junio de 1960, ratificada por Venezuela el 6 de marzo de 1971. 5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5, 27 de febrero de 2006, Capítulo IV: Venezuela, párr. 331. 6 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 89(5). 7 Ibíd., art. 21(1). 8 Si bien puede interpretarse que la constitución brinda protecciones generales contra la discriminación, muchas personas aceptaron de buen grado la propuesta de Chávez de reformar la constitución para prohibir explícitamente la discriminación basada en la orientación política en diciembre de 2007. Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente de la República Hugo Chávez, 2007, art. 18, http://www.cne.gov.ve/elecciones/referendo_constitucional2007/documentos/Proyecto_Reforma_final.pdf (consultado el 22 de julio de 2008). 9 El Pacto de Punto Fijo, suscrito en 1958, era un acuerdo de participación equitativa entre los dos partidos dominantes, Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). El sistema bipartidista se caracterizó por décadas de estabilidad democrática, pero privó a muchos venezolanos de una participación política efectiva. 10 Terry Karl, “Petroleum and Political Pacts: the Transition to Democracy in Venezuela” [Petróleo y pactos políticos: La transición hacia la democracia en Venezuela], Latin American Research Review, enero de 1987, p. 83. 11 Americas Watch (actualmente, Human Rights Watch/Americas), Human Rights in Venezuela (Derechos humanos en Venezuela) (Nueva York: Human Rights Watch, 1993), p. 3. 12 Una serie de factores puede servir para explicar el interés de los votantes venezolanos, y de los pobres en particular, en Chávez en 1998. Estos incluyen su carisma y sus promesas políticas de transformar el sistema político. José Vicente Carrasquero and Friedrich Welsch, “Opinión pública y cultura política en Venezuela: la consolidación del chavismo,” en Friedrich Welsch (ed.), Opinión pública y elecciones en America (Caracas: International Political Association, 2000). En particular, las encuestas de opinión pública demuestran que Chávez pudo ganar votos de los venezolanos que apoyaban la democracia pero estaban muy disatisfechos con los funcionarios públicos y las prácticas existentes. Damarys Canache, “From Bullets to Ballots: The Emergence of Popular Support for Hugo Chávez [De las balas a las urnas: La emergencia del apoyo popular a Hugo Chávez]” Latin American Politics and Society, Vol. 44, No. 1 (primavera de 2002), pp. 69-90. 13 En 2002, la oposición comenzó a organizar un referendo nacional para que los venezolanos votaran si Chávez debía seguir siendo presidente, y para hacerlo invocaron uno de los nuevos mecanismos de participación incluidos en la Constitución de 1999. El primer intento para recolectar las firmas necesarias fue para realizar un referendo “consultativo” no vinculante sobre si Chávez debía continuar en la presidencia. Se organizó una votación para febrero de 2003 pero fue suspendida indefinidamente por el Tribunal Supremo de Justicia. La oposición luego organizó un segundo intento para juntar firmas, esta vez para un referendo revocatorio que obligaría a Chávez a renunciar. En septiembre de 2003, el CNE declaró que el pedido era inadmissible argumentando, entre otras objeciones técnicas, que las firmas fueron recolectadas antes de que Chávez cumpliera la mitad de su presidencia. Se organizó un tercer intento para recolectar firmas pero el CNE declaró en febrero de 2004 que el número de firmas válidas no cumplía con los requisitos constitucionales y que aquellas firmas que no eran consideradas válidas debían ser confirmadas en otro evento público. El anuncio provocó protestas de la oposición que se transformaron en violentas. Un grupo de ONGs luego apeló la decisión del CNE ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuya Sala Electoral sostuvo que las firmas eran válidas y el referendo debía realizarse. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la decisión, obligando a la oposición a realizar una nueva colecta de firmas para obtener la cantidad necesaria para llevar a cabo el referendo revocatorio. (Estas decisiones del Tribunal Supremo se analizan en mayor detalle en el capítulo 3). Finalmente, la oposición obtuvo el número necesario de firmas y el referendo se llevó a cabo en agosto de 2004. Una amplia mayoría de venezolanos votaron a favor de la continuidad de Chávez como presidente, y los resultados fueron confirmados por las autoridades electorales y observadores internacionales. 14 El sindicato de trabajadores del sector público (Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP) documentó 200 despidos, 400 empleados sometidos a tácticas de presión y 180 transferencias, supuestamente por motivaciones políticas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5, 27 de febrero de 2005, Capítulo IV: Venezuela, párr. 327; “Denuncian lista discriminatoria en organismos públicos”, El Universal, 8 de agosto de 2005; PROVEA, “Aumentan denuncias por despedidos en la administración pública por motivaciones políticas”, Boletín Informativo 142, 6-19 de agosto de 2004, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_142.htm (consultado el 30 de junio de 2008); Ana Julia Jatar, Apartheid del siglo XXI: La informática, al servicio de la discriminación política en Venezuela (Caracas: Súmate, 2006). 16 Carta del presidente Hugo Chávez Frías a Francisco Carrasquero, presidente del CNE, 30 de enero de 2004. Chávez anunció luego por televisión que había solicitado las firmas. Transcripción de Aló Presidente, No.180, 1 de febrero de 2004, http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/sharedfiles/Alo_Presidente_180.pdf (consultado el 23 de junio de 2008). 17 El 15 de febrero de 2004, Hugo Chávez manifestó en una transmisión en vivo por VTV: “[...] la lista de todas estas cosas, sobre todo los números de cédula de quienes supuestamente firmaron. Yo llamo al pueblo venezolano a revisar y que salgan los rostros. ¡Ahí está! www.luistascon.com. ¡Métanse allí!” Video de transmisión por VTV, Ciudadanía Activa, La Lista: Un Pueblo Bajo Sospecha, http://video.google.com/videoplay?docid=-8187459075291793700 (consultado el 14 de junio de 2008). 18 Taynem Hernández, “MVR asegura que 72 dirigentes opositores no firmaron solicitud”, El Universal,15 de enero de 2003. 19 Yolanda Ojeda Reyes, “Firmar contra Chávez es un acto de terrorismo”, El Universal, 21 de marzo de 2004, http://www.eluniversal.com/2004/03/21/pol_art_21108A.shtml (consultado el 4 de junio de 2008). 20 Ibíd. 21 “Ministro de Salud niega despidos por razones políticas”, Radio Nacional de Venezuela/Venpress, 22 de marzo de 2004, http://www.aporrea.org/actualidad/n15077.html (consultado el 4 de junio de 2008); Marielba Nuñez y Leidys Asuaje, “Capella; fue un error decir que se despedirá a médicos por firmar”, El Nacional, 23 de marzo de 2004. 22 Es posible que las palabras de Capella no hayan sido simples amenazas, dado que ya habían aparecido en la prensa denuncias de despidos de médicos y trabajadores de la salud por motivaciones políticas. Eva Riera, “Médicos en Falcón denuncian represalias por participar en El Reafirmazo”, El Nacional, 27 de marzo de 2004; Nadia Pérez, “Podrían llegar a 35 los médicos despedidos del Pérez de León”, El Nacional, 20 de marzo de 2004. 23 “Empleados de Pdvsa que firmaron referéndum revocatorio podrían ser despedidos: Ali Rodríguez admite que puede despedir a firmantes”, El Nacional, 13 de marzo de 2004; “Rodríguez Araque admite factibilidad de despidos de firmantes”, El Universal, 12 de marzo de 2004. 24 Por ejemplo, Henry Omar Arteaga, gerente de Petroquímica de Venezuela (Pequiven) con más de 20 años de antigüedad, fue despedido en marzo de 2004. Manifestó que un supervisor le había dicho que el motivo era su participación en el referendo y que la decisión provenía de los directores de la empresa y, posiblemente, de su presidente. En marzo de 2007, un tribunal laboral ordenó a Pequiven indemnizar a Arteaga. La empresa no objetó que su despido hubiera sido injustificado, pero tampoco expresó que se hubiera producido por motivaciones políticas. Ana Julia Jatar, Apartheid del siglo XXI: La informática al servicio de la discriminación política en Venezuela, (Caracas: Súmate, 2006), p. 59; Tribunal Quinto de Primera Instancia, Estado de Carobobo, Zurima Escorihuela Paz, 30 de marzo de 2007, http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/2007/marzo/1574-30-GH21S2004000062-PJ0042007000018.html (consultado el 12 de junio de 2008). 25 “Presidente Chávez ordena ‘enterrar’ lista de firmantes del revocatorio”, Radio Nacional de Venezuela, 16 de abril de 2005, http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=1610 (consultado el 14 de junio de 2008); Maria Lilibeth da Corte, “Chávez exigió enterrar ‘la famosa lista’ del diputado Luis Tascón”, El Universal, 16 de abril de 2005, http://www.eluniversal.com/2005/04/16/pol_art_16186B2.shtml (consultado el 14 de junio de 2008). 26 “Diputado Tascón: yo saqué la lista de mi pagina web desde 2004”, Radio Nacional de Venezuela/MINCI,16 de abril de 2004, http://rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=16116 (consultado el 30 de junio de 2008). 27 “Ministerio Público inició averiguación sobre uso de listados por solicitud de referendos en 2004”, comunicado de prensa del Ministerio Público, 27 de abril de 2005, http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2005/prensa2704.htm (consultado el 24 de julio de 2008). 28 “Denuncian existencia de lista más sofisticada de oposición”, El Nacional, 24 de agosto de 2005. 29 “Programa Maisanta”, http://www.megaresistencia.com/portada/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1 (consultado el 30 de junio de 2008). 30 Aleksander Boyd, “Lista de Tascón: Maisanta software explained” [Lista de Tascón: explicación del software de Maisanta], publicado en vcrisis.com, 15 de septiembre de 2005, http://www.vcrisis.com/index.php?content=pr/200512061532 (consultado el 16 de junio de 2008). 31 PROVEA, “La causa continúa vigente para personas despedidas por razones políticas”, Boletín Electrónico No. 154, 7-21 de abril, 2005, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_154.htm (consultado el 30 de junio de 2008); PROVEA, “Aumentan denuncias por despedidos en la administración pública por motivaciones políticas”, Boletín Informativo No. 142, 6-19 de agosto, 2004, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_142.htm (consultado el 30 de junio de 2008); Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, “Informe sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003-2007), Estudio de Casos”, http://www.controlciudadano.org/publicaciones/informe/ (consultado el 6 de julio de 2008); Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005, Capítulo IV: Venezuela; “Denuncian lista discriminatoria en organismos públicos”, El Universal,8 de agosto de 2005; Jatar, Apartheid del siglo XXI. 32 PROVEA, “La causa continúa vigente para personas despedidas por razones políticas”. 33 PROVEA, “Derechos laborales”, Informe Anual 2004-2005, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/index.htm (consultado el 21 de julio de 2008), p. 13; Carlos Chirinos entrevista con Marino Alvarado, director de PROVEA, “Venezuela: Discriminación política”, BBC Mundo, 22 de mayo de 2004, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3737000/3737897.stm (consultado el 21 de julio de 2008). 34 Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo recibió 57 denuncias de discriminación política en 2004, 16 de las cuales provinieron del sector privado y 15 del sector público. Ibíd. 35 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Pedro Elías Carrasco, sobrino de Juana Bautista, Caracas, 18 de enero de 2008. 36 FOGADE es un instituto adscrito al Ministerio de Finanzas, con la función, entre otras, de garantizar los depósitos bancarios realizados por la población, FOGADE, www.fogade.gov.ve/ (consultado el 27 de junio de 2008). Varios informes de la prensa reflejaron los despidos: Miguel Angel Santos, “FOGADE: Crónica de un colapso anunciado”, El Universal, 21 de junio de 2004; Oscar Medina, “Purga Laboral”, El Universal, 4 de agosto de 2004. 37 Medina, “Purga Laboral”, El Universal. 38 “Despedidos ilegales impactan las cuentas de FOGADE”, El Universal, 23 de febrero de 2008, http://www.eluniversal.com/2008/02/23/eco_art_despidos-ilegales-im_726634.shtml (consultado el 26 de mayo de 2008). 39 “Situation of employees and workers at FOGADE as of March 30, 2004” [Situación de empleados y trabajadores de FOGADE al 30 de marzo de 2004], en los registros de Human Rights Watch; “FOGADE, otra lista para investigar: Aquí tienes pruebas, Isaías”, Tal Cual, 2 de mayo de 2005. Pérez manifestó que la lista fue creada por un Círculo Bolivariano dentro de la organización (Círculo Bolivariano José Félix Ribas), con la ayuda del entonces director de recursos humanos, Tulio Monsalve. Entrevista de Human Rights Watch con Yadira Pérez, secretaria de FOGADE (1993-2004), Caracas, 22 de septiembre de 2007. Otra empleada, Glenda Fermín, realizó manifestaciones similares a la prensa, en el sentido de que la lista provino del departamento de personal y de un Círculo Bolivariano. Medina, “Purga Laboral”, El Universal. 40 “FOGADE transfiere 320 inmuebles a misión Vuelvan Caras”, Radio Nacional de Venezuela, 17 de mayo de 2004, http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=5499 (consultado el 14 de junio de 2008). [“En Fogade operará un cambio y una transformación profunda… La revolución tocó el alma y la esencia de FOGADE, y nosotros en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, vamos a propiciar los cambios que sean necesarios.”] 41 “Despedidos ilegales impactan las cuentas de FOGADE”, El Universal. 42 Medina, “Purga Laboral”, El Universal; También se comentó a Human Rights Watch que, para fines de ese mes, la cantidad de trabajadores de FOGADE despedidos ascendía a 140. Entrevista de Human Rights Watch con Antonio Suárez, presidente de FEDEUNEP, Caracas, 13 de septiembre de 2007. 43 Entrevista de Human Rights Watch con Yadira Pérez, FOGADE, 22 de septiembre de 2007; Testimonio de Glenda Fermín en Medina, “Purga laboral”, El Universal. 44 Entrevista de Human Rights Watch con Yadira Pérez, 22 de septiembre de 2007. 45 Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Gaceta Oficial, No. 5.555, 13 de noviembre de 2001, http://www.leyesvenezolanas.com/lgbif.htm (consultado el 18 de mayo de 2008), art. 298, establece que los empleados de FOGADE tendrán el carácter de funcionarios públicos. En un memorándum, Caldera Infante sostuvo que FOGADE era garante de la estabilidad y seguridad del sistema financiero, y que todo su trabajo era confidencial. De acuerdo con un decreto administrativo que modificó la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Caldera sostuvo que el personal podía ser contratado y despedido a discreción de su presidente. Este memorándum y acto administrativo se adjuntó como preámbulo de las cartas de despido que el personal recibió en 2004. Providencia Administrativa No. 045, 2004. 46 “Despedidos ilegales impactan las cuentas de FOGADE”, El Universal. 47 Como sostuvo el tribunal en el caso de un empleado de FOGADE: “[...] al excluir todos los cargos de FOGADE de la carrera administrativa, se rompió con el principio general constitucional y legalmente establecido”, Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, Alejandro Soto Villasmil, Expediente No. AP42-R-2005-001719, mayo de 2006, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/mayo/1478-24-AP42-R-2005-001719-2006-1531.html (consultado el 13 de junio de 2008); Juzgado Superior Primero en lo Contencioso Administrativo, Neguyen Torres López, Expediente No. AP42-R-2006-00180, junio de 2006, http://www.tsj.gov.ve/tsj_regiones/decisiones/2006/junio/1477-12-AP42-R-2006-000180-2006-1753.html (consultado el 13 de junio de 2008). A Pérez se le solicitó que aceptara una compensación financiera a cambio de firmar una declaración en la que expresara que ella había renunciado voluntariamente. Entrevista de Human Rights Watch con Yadira Pérez, 22 de septiembre de 2007. A esta altura, Caldera Infante había renunciado en medio de un escándalo de corrupción. Víctor Salmeron, “Caldera Infante, Gestión revolucionaria en FOGADE”, El Universal, 6 de agosto de 2005, http://www.eluniversal.com/2005/06/08/eco_art_09202F.shtml (consultado el 16 de mayo de 2008). 48 Entrevista de Human Rights Watch con Rocío San Miguel, asesora legal del CNF (1994-2004), Caracas, 16 de septiembre de 2007. 49 Ibíd.; Rocío San Miguel, “Discriminación en el Palacio de Miraflores: Consejo Nacional de Fronteras”, en Jatar, Apartheid del siglo XXI, pp. 159-174. 50 Entrevista de Human Rights Watch con Rocío San Miguel, 16 de septiembre de 2007. 51 El artículo 146 de la Constitución establece que los empleados por contrato son diferentes de aquellos que tienen cargos de libre nombramiento y remoción, y el Tribunal Supremo de Justicia confirmó que los trabajadores de la CNF despedidos eran empleados por contrato. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Expediente No. 04-2194, 26 de mayo de 2005, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1024-260505-04-2194.htm (consultado el 29 de julio de 2008). 52 Ley Orgánica del Poder Electoral, Gaceta Oficial , No. 37.573, 19 de noviembre de 2002, http://www.cne.gov.ve/documentos/ley_podele01.php (consultado el 23 de marzo de 2008), arts. 54, 55. 53 Carta de Francisco Carrasquero, Presidente del CNE, a Jorge Luis Suárez, 10 de febrero de 2004, reproducida en Jatar, Apartheid del siglo XXI, p. 132. 54 Carta de Julio César Barroso, Director, Oficina Regional Electoral, Estado Miranda, a Jorge Luis Suárez, 9 de agosto de 2004, reproducida en Jatar, Apartheid del siglo XXI, p. 133. 55 Entrevista de Human Rights Watch con Jorge Luis Suárez, abogado y presidente de la junta municipal de El Hatillo (2004), Caracas, 17 de septiembre de 2007, y entrevista telefónica, 30 de junio de 2008. 56 Ley Orgánica del Poder Electoral, art. 55. 57 Ibíd. 58 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Jorge Luis Suárez, 30 de junio de 2008. Human Rights Watch buscó una copia de la resolución en las oficinas del CNE en Caracas, pero los funcionarios no pudieron encontrarlas en los archivos a disposición del público. 59 Los partidarios del gobierno reunieron firmas para convocar a un referendo contra nueve legisladores de la oposición en mayo de 2004. “Sesenta por ciento de diputados opositores van a revocatorio”, Radio Nacional de Venezuela, 25 de mayo de 2004, http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=5646 (consultado el 2 de julio de 2008). 60 Entrevista de Human Rights Watch con Ezequiel Zamora, ex vicepresidente del CNE, Caracas, 22 de septiembre de 2007, y entrevista telefónica, 30 de junio de 2008. 61 Carta No. DNE 2004-072 de Amelia García de Ordaz, presidenta de CAPMI-NE, la cámara de artesanos de la pequeña y mediana industria del estado de Nueva Esparta, a Patricia Perazzo, directora del FUS (Nueva Esparta), 28 de junio de 2004; “FUS”, urru.org, 2005, http://www.urru.org/papers/DDHH/PresosPoliticos/2005_PP_varios/FUS.JPG (consultado el 22 de mayo de 2008); “Todo aquel que no esté con el régimen... Caso FUS Margarita”, Tal Cual, 3 de mayo de 2005. 62 Ibíd. 63 Ibíd. 64 Entrevista de Human Rights Watch con María Isabel Graciani, asistente administrativa de FONDEMI (2002-2004), Caracas, 17 de marzo de 2007, y entrevista telefónica, 28 de julio de 2008. FONDEMI otorga préstamos pequeños con tasas de interés bajas a cooperativas y proyectos socio-productivos, a través de bancos comunales de Venezuela. FONDEMI, www.fondemi.gob.ve/ (consultado el 22 de mayo de 2008). 65 En diciembre de 2002, los gerentes y trabajadores de PDVSA llamaron a un paro que cerró la compañía petrolera estate por dos meses. Los organizadores de la huelga estaban enojados por los cambios directivos y el aumento del control de PDVSA por parte de Chávez, y se unieron a líderes sindicales y empresariales en una huelga general para volver a obtener el control de la compañía y demandar la reununcia de Chávez. La huelga prácticamente frenó la exportación de petróleo y temporalmente perjudicó a la economía, generando daños por billones de dólares. 66 OIT, “Queja contra el gobierno de Venezuela presentada por la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL) y la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP)”, caso No. 2249, 333 informe, Vol. LXXXVIII, 2004, Serie B, No. 1, párr. 1059. 67 OIT, “Queja contra el gobierno de Venezuela presentada por la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL) y la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP)”, caso No. 2249, 337 informe, Vol. LXXXVIII, 2005, Serie B, No. 2, párr. 1478. 68 Ibíd., párr. 1478. La OIT ha sostenido que rehusarse al reingreso de trabajadores debido a sus actividades sindicales “implica graves riesgos de abuso y constituye una violación de la libertad sindical”. “Sanciones (En caso de huelga legítima)”, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, 2006, párr. 666. 69 Muchos informes de prensa reflejaron que PDVSA había creado listas negras con ex empleados para impedirles el acceso a compañías del sector petrolero. Nathalie Malinarich, “Venezuela’s middle class feels the squeeze” [La clase media venezolana siente la presión], BBC.com, 29 de noviembre de 2006, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/6186990.stm (consultado el 29 de junio de 2008). Human Rights Watch se reunió con Trina Zavarce, directora asociada de una ONG de ex trabajadores petroleros denominada Gente de Petróleo, quien manifestó que tanto las compañías petroleras públicas como las privadas tenían ex empleados en listas negras. Entrevista de Human Rights Watch con Trina Zavarce, Caracas, 13 de septiembre de 2007. 70 Carta de Freddy Caraballo, director gerente de negocios con terceros, PDVSA, a los presidentes de Ameriven, Cerro Negro, Petrozuata y Sincor, 9 de mayo de 2005, reproducidos en Jatar, Apartheid del siglo XXI, p. 63. 71 OIT, caso No. 2249, 333 informe, párr. 1050. 72 “Lineamientos generales para la contratación de personal o proveedores - Criterios de verificación”, memorándum de Rafael Ramírez a ejecutivos sénior de PDVSA, 31 de julio de 2007; Patricia Clarembaux, “Discriminación a Medias”, Tal Cual, 24 de septiembre de 2007. 73 Supuestamente, el departamento de prevención y control de pérdidas de PDVSA, junto con la Asociación Nacional Petroleros por Venezuela (Asopetroleros), hizo circular una lista negra de ex empleados de PDVSA que participaron en el paro petrolero. OIT, caso núm. 2249, 337 informe, párr. 1453. 74 “No nacionalizarán Coca-Cola Femsa”, Ultimas Noticias, 19 de junio de 2008. 75 “Chávez: ‘Pdvsa es el corazón económico de la patria y no pueden haber traidores’”, Venpress, 16 de febrero de 2003, http://www.aporrea.org/actualidad/n5127.html (consultado el 15 de junio de 2008). 76 Video del discurso de Rafael Ramírez a empleados de PDVSA, publicado en YouTube, 3 de noviembre de 2006, http://youtube.com/watch?v=dmXpbT7Fhiw (consultado el 23 de junio de 2008); “Chávez al ministro Ramírez: ‘Vaya y repítale a Pdvsa cien veces lo que usted ha dicho’”, aporrea.org,3 de noviembre de 2006, http://www.aporrea.org/oposicion/n86027.html (consultado el 23 de junio de 2008); “Detalles del mensaje”, El Universal, 3 de noviembre de 2006, http://www.eluniversal.com/2006/11/03/pol_apo_56270.shtml (consultado el 3 de julio de 2008). 77 Ibíd. 78 Ibíd. 79 Acta de la reunión registrada por Alexis Brancho Bozo, PDVSA, Distribución Eléctrica, Reunión de Equipo, 18 de octubre de 2006, 10:30 a.m., en los registros de Human Rights Watch. [“Toda persona (de lideres para abajo) que no esté identificada con el proceso será ubicada en actividades irrelevantes, se le eliminará el sobretiempo y serán sacados de actividades los días sábados y domingo. El que no esté con Chávez no deberá estar en PDVSA.”] 80 Patricia Clarembaux, “Despedidos políticos en Sincor”, Tal Cual, 18 de julio de 2007; Patricia Clarembaux, “Pdvsa ‘nacionaliza’ la discriminación”, Tal Cual,19 de julio de 2007, http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/07/19/pdvsa-nacionaliza-la-discriminacion.html (consultado el 18 de junio de 2008). 81 Patricia Clarembaux, “¿Puedo llamar a un amigo?”, Tal Cual, 25 de julio de 2007, http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/07/25/puedo-llamar-a-un-amigo.html (consultado el 18 de junio de 2008). 82 Patricia Clarembaux, “Se oficializó la lista Tascón”, Tal Cual, 26 de julio de 2007, http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/07/26/se-oficializo-la-Lista-Tascon.html (consultado el 18 de junio de 2008). 83 TRICAL, http://www.trical.net/ (consultado el 29 de mayo de 2008). 84 “Mercado Laboral: Trical de Venezuela, C.A. solicita Comisionista con contactos gubernamentales”, 3 de octubre de 2007, en los registros de Human Rights Watch. 85 Los expertos de la industria también se quejaron porque una lista negra para impedir la contratación de gerentes y técnicos de PDVSA provocaba una caída sustancial en la producción de petróleo. U.S. Government Accountability Office [Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EE. UU.], “Issues Related to Potential Reductions in Venezuelan Oil Production” [Cuestiones relacionadas con posibles reducciones en la producción de petróleo venezolano], junio de 2006, http://www.gao.gov/new.items/d06668.pdf (consultado el 29 de junio de 2008), p. 20. 86 Memorándum de Rafael Ramírez a los ejecutivos sénior de PDVSA, “Lineamientos Generales para la Contratación de Personal o Proveedores”, 31 de julio de 2007. |