Resumen

En 2017, un agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. golpeó con la rodilla a una mujer en la zona inferior de la pelvis, provocándole hematomas y dolores varios días después, según la declaración que esta presentó ante el funcionario público que evaluó su solicitud de asilo. En otro incidente ese mismo año, un agente de la Patrulla Fronteriza o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) forzó a una niña a desvestirse y luego la tocó de forma inapropiada. En 2018, un agente de la CBP golpeó a otro solicitante de asilo con tanta fuerza que lo dejó inconsciente y le provocó edema cerebral. Ese mismo año, un funcionario que vestía un uniforme verde, similar al que utiliza la Patrulla Fronteriza, le pidió a una persona solicitante de asilo que le practicara sexo oral a cambio de ser puesta en libertad. Otro solicitante de asilo fue mordido en un testículo por un perro de servicio de la Patrulla Fronteriza y luego se le negó el acceso a atención médica durante aproximadamente un mes, por lo que finalmente se le debió extirpar quirúrgicamente el testículo. En 2019, agentes de la CBP le habrían negado alimentos a un hombre que se encontraba en un centro de detención donde las temperaturas eran de frío extremo, hasta que aceptó firmar un documento que no entendía.

Estos son solo algunos de los señalamientos de abusos catalogados en informes internos del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) que recibió Human Rights Watch el 24 de septiembre de 2021 como resultado de gestiones en virtud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA).

Los informes internos incluyen testimonios y descripciones de testimonios relativos a más de 160 casos de conducta indebida y abusos contra solicitantes de asilo por parte de agentes de diversas áreas del DHS, en particular agentes de la CBP y de la Patrulla Fronteriza. Los registros, a pesar de tener muchas secciones eliminadas, demuestran que los funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS), otra área del DHS, han presentado en repetidas ocasiones informes internos sobre señalamientos de ataques, abusos sexuales, violaciones del debido proceso, negativa a brindar atención médica, condiciones severas de detención y tratos deshumanizantes en la frontera.

Los registros obtenidos por medio de la FOIA incluyen lo que parece ser un recuento interno del USCIS de 27 “posibles violaciones del debido proceso por parte de la CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE)” entre 2017 y 2018. En muchos de ellos se relatan situaciones en las que agentes impidieron que potenciales solicitantes de asilo presentaran reclamos o los obligaron a firmar documentos que no comprendían. Uno, por ejemplo, afirma que “la solicitante declaró haber dicho a los agentes de inmigraciones que temía regresar. Estos escribieron que ella no tenía miedo. La solicitante manifestó que los agentes inmigratorios no le dijeron qué era lo que estaba firmando cuando registraron su firma”.

El 28 de septiembre, Human Rights Watch le brindó al DHS resúmenes de 11 casos de abuso detallados en los documentos de la FOIA, junto con una solicitud de información sobre las investigaciones o acciones disciplinarias que se hubieran implementado, en su caso, como consecuencia de las denuncias. El 12 de octubre, Human Rights Watch proporcionó al DHS más datos sobre las inquietudes que se plantearon en los informes internos relacionadas con violaciones del debido proceso y trato deshumanizante, junto con una solicitud de información sobre las investigaciones o acciones disciplinarias que tuvieron lugar, en su caso, como consecuencia de las denuncias. Al momento de elaboración de este documento, el DHS no había respondido a ninguna de las solicitudes.

Durante años se han estado acumulando pruebas que indican que en el mayor organismo federal de aplicación de la ley, la CBP, existen graves falencias en cuanto a la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas. Un informe de 2019 de la Oficina del Inspector General del DHS determinó que el 47 % de los empleados de la CBP encuestados no creía que los agentes en ninguno de los niveles rindieran cuentas por su conducta. En una declaración jurada de 2018, el ex subcomisionado adjunto de asuntos internos de la CBP, James Wong, indicó que las autoridades de la CBP eran “reacias a responsabilizar a los agentes y demás personas del organismo por sus acciones, incluso si estaban involucrados en actividades delictivas”.

Los documentos que obtuvo Human Rights Watch en virtud de la FOIA se relacionan con informes internos enviados principalmente entre 2016 y 2021, que incluyen señalamientos graves, en algunos casos de conducta delictiva. Por ejemplo, los registros muestran que un supervisor de la Oficina de Asilo de San Francisco comunicó lo siguiente de forma interna al DHS: “La FA [funcionaria de asilo] [eliminado] acaba de llamar nuestra atención sobre una cuestión grave: una de las personas solicitantes que entrevistó hoy tiene una hija pequeña que fue agredida sexualmente por alguien que creemos que se desempeña como Agente de la CBP o la Patrulla Fronteriza. Fueron apresadas por la Patrulla Fronteriza, enviadas a la celda de detención fronteriza conocida como ‘Ice Box [la Hielera]’, y luego se produjo esta situación: la niña fue obligada a desvestirse y fue tocada de forma inapropiada por un guardia que vestía un uniforme verde y tenía una placa de identificación que decía [eliminado]”. Los documentos no registran de qué manera respondió el DHS a estas acusaciones.

En virtud de la política del USCIS, los empleados tienen el deber de denunciar los actos de mala conducta de forma interna al DHS o a los órganos de supervisión del gobierno federal. Eso incluye la denuncia de violaciones o presuntas violaciones de leyes federales, estatales y locales, así como de normas, reglamentos y políticas del organismo. Si bien los registros no contienen información sobre si se investigó alguna de las denuncias de abuso o si se tomaron medidas disciplinarias, efectivamente revelan que, en algunos casos, los empleados del USCIS no tenían en claro cuáles eran los procedimientos adecuados de denuncia para supuestos de abusos en la frontera, especialmente respecto del lugar al que debían remitirse tales denuncias.

Por ejemplo, los registros incluyen un correo electrónico interno de 2019 en el que un funcionario de asilo describe pruebas “alarmantes” contenidas en el legajo de un solicitante. El funcionario describió haber corroborado en entrevistas con el solicitante que un agente fronterizo intimidó a un solicitante de asilo y no registró de forma correcta el temor de esa persona a regresar a su país de origen ni su información personal. “No sé si este es un tema que podemos remitir a la sede central o si hay algo que realmente podrían hacer al respecto”, dice el mensaje de correo electrónico. “Simplemente no quería ser la única persona que estuviera al tanto de la situación”.

Tres exfuncionarios de asilo y Michael Knowles, Presidente de la Oficina Local 1924 de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (American Federation of Government Employees, AFGE), la cual representa a funcionarios de asilo, manifestaron a Human Rights Watch que, según sus experiencias, hay pocas expectativas de que el DHS tome medidas respecto de cualquier señalamiento de mala conducta por parte de integrantes de la CBP o el ICE. Asimismo, expresaron que la gerencia del USCIS no exigía ni alentaba de manera uniforme el cumplimiento de sus normas sobre denuncias, aunque este requisito se menciona en la capacitación que se brinda a los funcionarios de asilo.

Los señalamientos de conducta indebida y abusos que se incluyen en los documentos parecen haber sido enviados a supervisores o a la sede central del USCIS, a la Oficina de Seguridad e Integridad del USCIS, a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (Office for Civil Rights and Civil Liberties, CRCL) del DHS y a la Oficina del Inspector General (Office of Inspector General, OIG) del DHS. En muchos casos, el USCIS decidió tachar secciones de los documentos que contenían detalles cruciales como fechas, lugares y la nacionalidad de la persona que padeció el abuso, como también omitió documentos adjuntos de la presentación. Human Rights Watch obtuvo los documentos luego de entablar acciones ante la justicia federal en relación con una solicitud que inicialmente remitió en 2015 y está considerando presentar un recurso de apelación adicional para exigir al gobierno que ejercite una mayor transparencia, incluido que se limiten las eliminaciones que realiza a aquellas permitidas en virtud de la ley FOIA.

Los documentos obtenidos al amparo de la FOIA sugieren que el DHS es un organismo que parece haber normalizado la existencia de abusos gravísimos en la frontera de EE. UU. Estados Unidos debe tomar medidas urgentes y sostenidas para que cesen esos abusos, transformando la forma de recepción de migrantes en la frontera y las prácticas de rendición de cuentas del DHS, lo cual incluye garantizar una reparación para los migrantes y solicitantes de asilo que han sufrido daños. Esto debería incluir investigaciones por parte del Congreso y otros organismos federales, revisiones por parte del DHS de sus prácticas de rendición de cuentas y disciplina, y la implementación de políticas más robustas de supervisión y transparencia.

Recomendaciones clave

Al Congreso de Estados Unidos

• Investigar los señalamientos de conducta indebida y abusos documentados en los informes internos del DHS, incluidos las que se describen en este informe;
• Investigar la respuesta del DHS a las denuncias internas y externas de abusos en la frontera. La revisión debe incluir una evaluación de la capacidad del organismo para asegurar investigaciones transparentes, oportunas y efectivas; medidas disciplinarias, y reparaciones con respecto a dichas denuncias. Esta debe abarcar la conducta y las capacidades de los órganos internos de supervisión del DHS, el rol del área de Recursos Humanos de la CBP en la implementación de medidas disciplinarias y el papel de las prácticas de capacitación, cultura y transparencia;
• Asignar fondos federales para brindar respaldo al DHS en la adopción de las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas, la reparación y el cambio cultural en pos de la incorporación de transparencia y respeto del derecho a solicitar asilo;
• Asignar fondos federales a fin de generar capacidades adecuadas para la recepción por períodos breves de solicitantes de asilo en la frontera, en condiciones seguras y dignas, en su trayecto hasta sus destinos en EE. UU., teniendo en cuenta las necesidades humanitarias y los derechos fundamentales, incluido el acceso a productos de higiene personal; baños; agua potable; alimentos aptos según la edad y la cultura, servidos con regularidad; ropa de abrigo limpia; mantas; camas; acceso a abogados; llamadas telefónicas gratuitas; servicios médicos y de salud mental, y acceso a servicios continuos de gestión de casos.

Al gobierno del presidente Joe Biden

• Emplear todos los recursos del gobierno federal para asegurar la rendición de cuentas en las operaciones fronterizas de EE. UU., lo cual incluye instruir a otro organismo federal, como el Departamento de Justicia, que investigue las violaciones de derechos que ocurran en la frontera;
• Rechazar la estrategia de aplicación de la ley basada en la “prevención mediante disuasión”, la cual incluye políticas que limitan la entrada de solicitantes de asilo y migrantes en los puertos de ingreso y los expulsa hacia territorios hostiles al concentrar las medidas de aplicación en áreas pobladas, y, en cambio, generar una gestión fronteriza más hospitalaria con base en los derechos humanos y la dignidad que satisfaga las necesidades humanitarias y de protección de los recién llegados, asegurando al mismo tiempo el orden y la eficiencia.

Al Departamento de Justicia

• Investigar los señalamientos internos y externos de abusos por parte de funcionarios públicos en la frontera de EE. UU. y considerar la investigación de un patrón y una práctica de violaciones de derechos por parte de integrantes de la CBP y la Patrulla Fronteriza.

Al Departamento de Seguridad Nacional

• Investigar las acusaciones de conducta indebida y abuso documentadas en los informes internos, incluidas las que se describen en este informe;
• Llevar a cabo una revisión inmediata de los mecanismos de supervisión, denuncia y disciplina del DHS y la CBP, incluidas las derivaciones pertinentes cuando ocurran actos delictivos, y divulgar públicamente las conclusiones;
• Abordar las falencias persistentes identificadas por la OIG del DHS en la implementación de las medidas disciplinarias en la CBP, incluso si se detecta una violación de políticas, incluidas las discrepancias localizadas, los incentivos sin control para proteger a colegas en el terreno y la falta de seguimiento de resultados;
• Revisar y fortalecer las protecciones contra represalias, deportaciones o expulsiones de migrantes que denuncian abusos;
• Fortalecer la supervisión de actores externos y civiles y su participación en los esfuerzos de reforma, incluso mediante la incorporación de personas y grupos independientes, externos y directamente afectados en el recientemente anunciado Consejo de Coordinación de Aplicación de la Ley del DHS y otros órganos destinados a mejorar la conducta de la CBP y de los agentes de aplicación de la ley en el DHS.

 

Solicitud de Human Rights Watch en virtud de la FOIA y estructuras de denuncia interna del DHS

Este informe se basa en registros obtenidos por Human Rights Watch en respuesta a una solicitud presentada en virtud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) de EE. UU. Human Rights Watch presentó su solicitud junto con el Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council) el 17 de noviembre de 2015 y en ella se pedían registros que se encontraban en poder del USCIS acerca de presuntas violaciones del debido proceso u otros casos aparentes de conducta indebida por parte de integrantes de la CBP contra solicitantes de asilo.

A fines de 2016, el USCIS elaboró 110 documentos, de un total de 229 páginas, con los que este organismo pretendía que se diera por concluida su revisión. De estas páginas, en 175 había una proporción significativa o total de texto tachado. Menos de una cuarta parte de las páginas producidas fueron reveladas en su totalidad.

Con representación del estudio de abogados Nixon Peabody, Human Rights Watch demandó al USCIS al amparo de la FOIA[1].

En la demanda se sostuvo que los documentos producidos originalmente por el USCIS eran inadecuados, dado que tenían demasiadas eliminaciones y que el pedido original conforme a la FOIA solicitaba documentos correspondientes al período entre el 1 de octubre de 2006 y el 13 de diciembre de 2016, pero el gobierno no aportó documentación para las fechas entre 2006 y 2012. En 2018, Human Rights Watch recibió una planilla de Excel con numerosas eliminaciones en la que al parecer se clasifican 1.043 declaraciones juradas de personas sometidas a un proceso acelerado de expulsión en 2013 y 2014 como casos que “no presentan un problema aparente” o que indican potenciales irregularidades relativas al debido proceso causadas por la CBP[2].

Conforme a un arreglo conciliatorio de los reclamos de Human Rights Watch que se alcanzó en marzo de 2021, el USCIS debía llevar a cabo una nueva búsqueda de documentos actualizados que respondieran a la solicitud. El 24 de septiembre de 2021, el USCIS proporcionó a Human Rights Watch 224 páginas que contenían 135 registros independientes en los que funcionarios de asilo asentaron casos de conducta indebida y abuso, donde a menudo se identificaba a la persona responsable del abuso como un agente que trabajaba en un organismo específico (frecuentemente la CBP o la Patrulla Fronteriza), como un agente vestido con uniforme verde (verde oliva es el color oficial del uniforme de la Patrulla Fronteriza)[3] o negro (los agentes del ICE suelen vestir de negro)[4], o como un funcionario que trabajaba en una instalación específica, identificada con nombre, respecto de la cual se tiene conocimiento de que es administrada por un área particular. La presentación también contenía cuatro copias de una planilla que resume una recopilación de 27 denuncias de “posibles” violaciones del “debido proceso” por parte de la CBP y el ICE.

Respecto del proceso acelerado de expulsión, el derecho estadounidense exige que cuando una persona interceptada en la frontera o cerca de un punto de ingreso expresa temor a regresar a su país de origen, la CBP debe derivar a esa persona a los funcionarios de asilo del USCIS para una “entrevista sobre temor creíble”, mediante la cual se determina si la persona reúne los requisitos para el asilo u otra protección[5]. La mayoría de la documentación incluida en la presentación en virtud de la FOIA parece basarse en información brindada a funcionarios de asilo por solicitantes de asilo en estas entrevistas. “Parte del trabajo [en una entrevista sobre temor creíble] consiste en generar un clima en el que una persona le cuenta a uno cosas muy personales”, según relató una ex funcionaria de asilo a Human Rights Watch[6].

Según una descripción de una directiva de la gerencia del USCIS de 2015 incluida en los documentos de la FOIA, el personal del USCIS debe informar de manera interna los casos conocidos o sospechosos de mala conducta por parte del gobierno, incluidas las “violaciones o presuntas violaciones de leyes federales, estatales o locales y normas, reglamentos y políticas de organismos”[7]. La directiva de la gerencia brinda al personal del USCIS las opciones de presentar la denuncia ante la División de Investigaciones de la Oficina de Seguridad e Integridad (Office of Security and Integrity, OSI) del USCIS utilizando un formulario de denuncias en línea, o ante la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS mediante la página web de asistencia de la OIG[8]. Los informes contenidos en la documentación que obtuvo Human Rights Watch parecen haber sido enviados a supervisores o a la sede central del USCIS, la Oficina de Seguridad e Integridad del USCIS, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS y la OIG del DHS.

A pesar de la obligación de denunciar, no queda claro de qué modo o si efectivamente el DHS realiza un seguimiento de las denuncias de conducta indebida o abuso en la frontera. El 28 de septiembre, Human Rights Watch le brindó al DHS resúmenes detallados de los 11 casos de presunto abuso extraídos de los documentos de la FOIA de 2021, junto con una solicitud de información sobre las investigaciones o acciones disciplinarias que tuvieron lugar, en su caso, como consecuencia de las acusaciones[9]. El 12 de octubre, Human Rights Watch le proporcionó al DHS información detallada sobre las inquietudes planteadas en relación con el debido proceso y el trato deshumanizante en los informes internos a los órganos de supervisión del DHS[10]. A la fecha de elaboración de este informe, el DHS no había respondido a ninguna de las solicitudes.

Una ex funcionaria de asilo relató a Human Rights Watch que en 2013 y 2014 había impulsado, finalmente con éxito, que su oficina recabara y presentara señalamientos de abuso y mala conducta en la frontera, incluidas las violaciones sistemáticas del debido proceso por parte de la CBP. Al igual que muchos funcionarios de asilo, es abogada matriculada. “Mi planteo inicial era que, como miembro del colegio de abogados, tenemos la obligación ética de denunciar estas cosas, incluso si a la gerencia superior no parezca importarle demasiado”. Y luego agregó:

“Nunca oí que se hiciera un seguimiento o una investigación de [los señalamientos/denuncias que presentamos]. Consulté varias veces a mi supervisor en ese momento (…) y él dijo que la Sede Central de Asilo cuenta con una base de datos inmensa de estas denuncias sobre agentes del ICE y la CBP y que estaban intentando determinar qué hacer con ellas[11].

Una segunda ex funcionaria de asilo manifestó a Human Rights Watch que realizó entrevistas sobre temor creíble a solicitantes durante aproximadamente un año y medio y presentó más de una decena de denuncias de abuso por parte de la CPB durante ese período[12]. Sobre esto, expresó:

Cuando un solicitante menciona un abuso durante una entrevista, el funcionario tiene el deber de dejar constancia de esa información y luego comunicarlo a la OIG (...) Muchos de nosotros también teníamos preguntas en nuestras plantillas para las entrevistas en las que consultábamos específicamente qué trato habían recibido de la CBP y el ICE. No era obligatorio. Pero es algo que normalmente hacíamos los que nos ocupábamos de esto a diario (…) Es una situación muy surrealista cuando estás registrando una denuncia de persecución en el país de origen del solicitante y, simultáneamente, estás transcribiendo una de tu propio gobierno[13].

La ex funcionaria señalo que, a pesar de que presentó más de una decena de denuncias, “únicamente recib[ió] un solo llamado [de la OIG] al respecto, en el que se le pedía más información”. Michael Knowles, presidente de la Oficina Local 1924 de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a los funcionarios de asilo, indicó a Human Rights Watch que cuando un empleado del USCIS denuncia un presunto acto de conducta indebida, mal uso, fraude o abuso, se supone que los investigadores deben hacer un seguimiento y tomarle una declaración jurada al denunciante, pero es posible que este nunca se entere de los resultados de la investigación.

Otra ex funcionaria de asilo entrevistada por Human Rights Watch estimó que los funcionarios de asilo toman conocimiento de casos de conducta indebida o abuso en las fronteras a través de muchas de las entrevistas sobre temor creíble que llevan a cabo, aunque son relativamente pocas las veces en las que presentan denuncias internas[14]. “La falta de investigaciones o controles normaliza el abuso” en la frontera, según la exfuncionaria.

Se ha informado abundantemente sobre la inacción o la falta de investigación por parte del DHS respecto de las denuncias externas de abusos de integrantes de la CBP[15]. En marzo de 2021, la ACLU y la ACLU de Texas publicaron una lista de 13 denuncias externas sin resolver contra la CBP que se presentaron ante la OIG del DHS entre 2019 y 2020[16]. Las denuncias externas señaladas por la ACLU cubren circunstancias similares a las denuncias internas que obtuvo Human Rights Watch en virtud de la FOIA, incluidas condiciones peligrosas e inhumanas en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza, omisión frecuente de atención médica necesaria, abusos verbales y denegación del derecho a solicitar asilo. De manera similar, el Proyecto Nacional de Inmigración del Colegio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild) publicó una recopilación de docenas de denuncias en las que se invoca conducta indebida de la CBP y el ICE y respecto de las cuales el DHS no llevó a cabo una investigación o no tomó medidas de reparación[17]. La Iniciativa Kino para la Frontera (Kino Border Initiative, KBI), una organización no gubernamental binacional que opera en Nogales, Arizona, y en la ciudad homónima de Nogales, en Sonora, México, describió, en una carta de febrero de 2021 al secretario del DHS Alejandro Mayorkas, 63 denuncias de conducta indebida y abusos por parte de la CBP que la OIG reconoció haber recibido desde 2017 y de las cuales solamente 14 “obtuvieron resultados definitivos” del órgano de supervisión[18].

Un informe de 2019 de la OIG reveló que el DHS “no cuenta con suficientes políticas y procedimientos para abordar los actos de mala conducta de sus empleados”, lo cual genera discrepancias localizadas, incentivos no controlados para proteger a colegas en el terreno y la falta de seguimiento de resultados[19]. El mismo informe concluyó que el 47 % de los empleados de la CBP encuestados no creían que los funcionaros de ninguno de los niveles rindieran cuentas por su conducta. En una declaración jurada de 2018, el ex subcomisionado adjunto de asuntos internos de la CBP, James Wong, indicó que las autoridades de la CBP eran “reacias a responsabilizar a los agentes y demás personas del organismo por sus acciones, incluso si estaban involucrados en actividades delictivas”[20].

El 29 de septiembre, el DHS anunció la creación de un Consejo de Coordinación de Aplicación de la Ley (Law Enforcement Coordination Council, LECC), de carácter interno, “para evaluar de forma integral una amplia variedad de cuestiones relativas a la aplicación de la ley”[21]. Según el anuncio, el LECC establecerá subcomités que se concentrarán en políticas y capacitaciones sobre el uso de la fuerza. No se menciona ningún foco específico en mejorar la rendición de cuentas y las medidas de reparación.

En el contexto de los abusos en la frontera, las fuentes de información clave son las propias personas migrantes y solicitantes de asilo, quienes a menudo están impulsando un arduo proceso legal para obtener asilo en los Estados Unidos y están poco preparadas y desincentivadas para presentar denuncias formales o entablar acciones legales contra funcionarios públicos estadounidenses por trato abusivo. También existe la posibilidad de que esas personas sean trasladadas, deportadas, expulsadas o liberadas en plazos relativamente breves. El 22 de septiembre, el secretario Alejandro Mayorkas del DHS prometió una rápida investigación disciplinaria sobre las “extremadamente alarmantes” grabaciones de vídeo realizadas el 19 de septiembre que mostraban a agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo mientras blandían riendas largas y perseguían a migrantes negros procedentes de Haití, así como un monitoreo interno de la conducta de los agentes en el campamento de migrantes de Del Río[22].

El 24 de septiembre, cuatro organizaciones de derechos de inmigrantes lideradas por personas negras presentaron una queja ante la CRCL del DHS en relación con violaciones de derechos ocurridas en Del Río, Texas, en la cual “imploraban” al DHS “que actuara con urgencia para asegurarse de que las víctimas y los testigos de actos de conducta indebida por parte de integrantes de la CBP y sus familias no fueran expulsadas, deportadas ni devueltas a Haití, México o algún tercer país”, a fin de que siguieran estando a disposición para brindar información a los investigadores[23].

Al 6 de octubre, EE. UU. había deportado o expulsado a más de 7.500 migrantes a Haití en el término de 17 días desde los acontecimientos de Del Río, incluidos algunos que indicaron a periodistas que se encontraban a la orilla del Río Grande cuando la Patrulla Fronteriza intervino a caballo[24]. Al momento de elaboración de este informe, el DHS no había revelado los resultados de una investigación que, según declaraciones de Mayorkas, se completaría “en días, no semanas”[25].

 

Señalamientos de abusos en la frontera

Abusos físicos durante la aprehensión y la detención

En diversas causas judiciales, informes de investigación y notas periodísticas se ha sostenido que funcionarios de la CBP, la Patrulla Fronteriza y el ICE cometieron abusos físicos contra migrantes[26]. La Southern Border Communities Coalition, una asociación integrada por 60 organizaciones de la región de la frontera estadounidense ha contabilizado 55 muertes desde 2010 relacionadas con el uso de la fuerza por parte de agentes o funcionarios en contactos con personal de la CBPF[27]. Los esfuerzos orientados a que los agentes respondan por el uso excesivo de la fuerza han fracasado o han sido insuficientes, incluso en incidentes fatales.[28].

Registros obtenidos en virtud de la FOIA por Human Rights Watch y analizados para este informe dan cuenta de diversos incidentes de abusos físicos graves infligidos a migrantes y solicitantes de asilo durante arrestos y mientras se encontraban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, la CBP y el ICE, incluso durante períodos de detención en celdas de la CBP.

Por ejemplo, según los registros obtenidos conforme a la FOIA, un funcionario del USCIS señaló haber recibido una declaración de que el 4 de abril de 2017 una mujer fue interceptada por la Patrulla Fronteriza cerca de Mexicali. La nacionalidad de la mujer no consta en los registros. Un funcionario de asilo en Washington D.C. envió un informe interno sobre la declaración. Según el registro del funcionario de asilo sobre su entrevista, esta solicitante de asilo indicó:

Fui lastimada, maltratada y golpeada por un agente de la Patrulla Fronteriza. … Después de que me apresó, me arrojó al suelo de una manera muy agresiva. Me jaló hacia arriba tres o cuatro veces y siguió golpeándome contra el suelo. Me tomó del cabello. Al hacerlo, hizo que me sangrara la oreja y la mano. Y luego me colocó las esposas. Me quedaron varios moretones después de eso[29].

En este mismo caso, en respuesta a la pregunta del funcionario de asilo “¿La golpeó en el vientre?”, la solicitante respondió: “Sí, me dio un rodillazo en la parte baja de la pelvis, en el vientre. Me golpeó debajo de la caja torácica. Todavía me duele”[30].

Según los registros de la FOIA, un funcionario de asilo informó que un solicitante declaró:

Que sufrió daños físicos injustificados por parte de un funcionario de la CBP. Cree que esto ocurrió en la estación de San Ysidro. El solicitante declaró que después de ser aprehendido por ingresar sin autorización [entered without inspection, EWI] por la CBP, tras ser llevado a la estación para su tramitación, [el 17 de diciembre de 2018] fue golpeado y empujado contra la pared mientras lo sujetaban por la parte posterior del cuello. Le golpearon y restregaron el rostro contra la pared. El funcionario de la CBP le dijo que se “callara”, aunque el solicitante no había dicho nada. La golpiza y los empujones propinados al solicitante fueron tan violentos que varios días después del incidente le salieron coágulos de sangre por la nariz y sufrió dolores en la nariz y la cabeza durante más de dos semanas […]. El solicitante indicó que creía que en el lugar del incidente había cámaras que grabaron lo ocurrido y que el hecho fue presenciado por otras personas[31].

El solicitante describió físicamente al presunto agresor y, al parecer, menciona a las personas que fueron testigos del trato que recibió, aunque esos nombres se han eliminado de los documentos que se dieron a conocer conforme a la FOIA.

En un incidente separado, se informa que otro solicitante de asilo pidió atención médica después de ser aprehendido por la CBP el 4 de septiembre de 2018. Según un informe elaborado por un funcionario de asilo sobre un solicitante al que entrevistó:

Un funcionario de inmigración lo golpeó. ... El solicitante no sabía el nombre del funcionario. Dijo que en ese momento estaba arrodillado, después de haber corrido, y que el funcionario vino por detrás, lo golpeó y lo dejó inconsciente entre 20 y 40 segundos. El solicitante indicó que fue trasladado al hospital y le hicieron una resonancia magnética y una radiografía. Declaró que los médicos observaron que tenía edema cerebral. El abogado del solicitante me informó que se había presentado una denuncia oficial[32].

En los documentos obtenidos conforme a la FOIA no se incluye esta denuncia oficial.

Otro informe se relacionaba con abuso físico y verbal por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza a caballo. Según un registro de la FOIA del 19 de septiembre de 2019, un solicitante de Honduras declaró ante un funcionario de asilo que fue objeto de malos tratos por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza. El funcionario de asilo informó que el solicitante dijo lo siguiente:

Pedí agua y me dijo “eres un maldito idiota. No estás en tu país y no puedes venir aquí a darme órdenes”. Me dijo “disfruto cuando capturo a personas como tú. No vas a quedarte aquí, vas a volver, voy a enviarte de regreso y ponte contento de que no tengo a los perros conmigo”. Ese mismo funcionario me pateó cuando me entregué y se bajó del caballo y me dijo “qué quieres” y luego (hace un sonido) me dio una patada cerca de la espalda[33].

Algunos incidentes de abuso físico informados involucraban el uso de armas. En un caso detallado en los registros de la FOIA, un miembro del personal del USCIS informó a la “oficina central” que un solicitante de asilo declaró a un funcionario de asilo que:

Fue maltratado en el Centro de Procesamiento de Florence, en Florence, AZ. El solicitante declaró que un hombre que vestía un uniforme negro, y que ayudaba a agentes de la Patrulla Fronteriza, le puso un arma en la cabeza y le dijo al solicitante: ‘cállate o te disparo’[34].

El trabajador del USCIS indica en el informe interno que el solicitante de asilo decidió retirar su solicitud de protección “debido a los malos tratos recibidos en el Centro de Detención Temporal de Florence”. Abogados inmigratorios que trabajan en el Centro de Detención Temporal de Florence le dijeron a Human Rights Watch que los agentes que trabajan para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, otro suborganismo del DHS, usan uniformes negros en el centro[35].

También se utilizó un arma para amenazar físicamente a un solicitante de asilo de El Salvador, según un registro obtenido del USCIS en su respuesta inicial a la solicitud que planteó Human Rights Watch en virtud de la FOIA en 2018. En ese caso, el solicitante de asilo informó a un funcionario de asilo que cuando fue aprehendido “un agente de la Patrulla Fronteriza le puso una pistola descargada contra su estómago y jaló del gatillo varias veces y lo amenazó”[36]. El solicitante de asilo le habría dicho al funcionario de asilo que su primo fue testigo de lo ocurrido.

Abuso sexual

Se ha acusado de abuso sexual a funcionarios de la CBP, la Patrulla Fronteriza y del ICE, y en unos pocos casos, fueron juzgados penalmente por estos hechos[37]. Los registros obtenidos mediante la FOIA que se analizaron para este informe contienen señalamientos de abuso sexual durante la aprehensión y detención de solicitantes de asilo y migrantes de los que dejaron constancia los funcionarios de asilo. Según los registros de la FOIA, un supervisor de la Oficina de Asilo de San Francisco refirió lo siguiente:

El funcionario de asilo [eliminado] nos informa un tema grave: una de las solicitantes que entrevistó hoy tiene una hija pequeña que fue agredida sexualmente por alguien que creemos que es un funcionario del CBP o de la Patrulla Fronteriza. La solicitante y su hija fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza y enviadas a La Hielera, donde ocurrió lo siguiente: un guardia en La Hielera, que vestía un uniforme verde y tenía una placa de identificación que decía [eliminado], obligó a la niña a desvestirse y la manoseó[38].

El supervisor de asilo que informó sobre el caso escribió: “Indíquennos si necesitan alguna otra información de la persona solicitante, además de lo que figura en las notas adjuntas”[39] .

Según otro registro de la FOIA, una solicitante declaró a un funcionario de asilo que una agente:  

Me empujó y me dijo que tenía que abrirme bien, y me tocó las [ilegible] íntimas, me golpeó allí con mucha fuerza y me tocó de manera muy violenta. Dije: “No entiendo... ¿cómo voy a esconder algo en mis partes íntimas?”[40].

Los documentos contienen un fragmento del formulario I-213 de esta solicitante, que menciona al principal funcionario de la CBP involucrado en su procesamiento en el puerto de ingreso de San Ysidro el 20 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 4:45 p.m.[41].

En un tercer caso de presunto abuso sexual que obra en los registros obtenidos por aplicación de la FOIA, un funcionario de asilo señaló:

El 6 de diciembre de 2018, un funcionario de inmigración le pidió al Sr. [eliminado]...... que tuviera relaciones sexuales con él, mientras era transportado solo en un vehículo gubernamental desde la frontera con México y California hasta el centro de detención “la Hielera” en San Ysidro, CA. … El funcionario le dijo al Sr. [eliminado] que si mantenía relaciones sexuales con él, lo dejaría en libertad. Cuando el Sr. [eliminado] rechazó la propuesta, el funcionario lo insultó en inglés y le dijo que, como castigo, lo encerrarían. El Sr. [eliminado] también recibió una propuesta de sexo por parte de un agente el 14 de diciembre de 2018 a las 5 p. m. mientras estaba detenido. … El funcionario estaba realizando el cacheo de los detenidos y le dijo al solicitante que esperara detrás de otros. Tomó la camisa del Sr. [eliminado] y le preguntó si quería practicarle sexo oral. Dijo que no había cámaras en el área. Registros del gobierno indican que el solicitante habría estado en el Centro de Detención Regional de San Luis cuando ocurrió este incidente[42].

El informe contenía descripciones físicas de ambos funcionarios involucrados en este presunto abuso.

Trato discriminatorio y deshumanizante

La cultura de crueldad y deshumanización en la CBP es documentada desde hace tiempo por observadores externos[43]. En un video que muestra el despliegue de caballos de la Patrulla Fronteriza contra migrantes en Del Río, Texas, se ve a un agente diciéndole a un migrante haitiano “¡Es por esto que tu país es una mierda!”[44].

Varios de los registros obtenidos en virtud de la FOIA describen lenguaje y tratos discriminatorios e intimidantes contra solicitantes de asilo por parte de funcionarios fronterizos y de migraciones de EE. UU. En un registro, un miembro del personal del USCIS describe que una solicitante de asilo de El Salvador “declaró de manera muy clara que fue acosada por nuestros colegas en la frontera”. Se incluye un fragmento de su declaración:

Cuando llegué a la hielera, me llamaron prostituta y dijeron que venía a llevarme lo que era de ellos. ... Cuando vine aquí y crucé la frontera, nos dijeron malditos salvadoreños, maldita tu gente[45].

Varias denuncias contenidas en los registros de la FOIA indican que personal del DHS utiliza palabras y frases como “perrera” o “cucha” para referirse a las celdas de detención de la CBP[46]. También describen instancias de abuso verbal, por ejemplo, que el personal del DHS compara a los migrantes con una plaga. Un solicitante de asilo de Honduras describió el siguiente abuso verbal deshumanizante en un centro de la CBP en Chula Vista: “Nos llamaban hijos de perra, perros, parásitos, basura. Cosas por el estilo”[47]. Otro solicitante de asilo procedente de Honduras cuyo género no se ha indicado en los documentos le contó a un funcionario de asilo acerca del lenguaje deshumanizante utilizado por los agentes:

En la perrera te tratan como si no valieras nada, como si no fueras humano.... Si nos acostábamos y no nos levantábamos rápidamente, nos daban puntapiés, y nos decían que de nosotros nacían ratas, y cuando comíamos, si caían migas, nos decían que parecíamos ratas[48].

Condiciones abusivas de detención y denegación de alimentos y atención médica

Las condiciones de detención en las celdas de la CBP son a todas luces inhumanas. En un informe de 2018, Human Rights Watch documentó cómo la CBP utilizaba las celdas de detención en la frontera, también conocidas como “la hielera” o “el freezer”, para someter a niños y familias a tratos inhumanos en violación de las propias políticas de la CBP[49]. Los documentos obtenidos mediante la FOIA incluyen testimonios desgarradores de las condiciones de detención severas y la denegación de comida y de atención médica a los solicitantes de asilo.

Según un documento de fecha 19 de septiembre de 2019, incluido en la presentación de la FOIA de 2021, un solicitante de Honduras declaró que lo mantuvieron en la “hielera” de McAllen y durante 38 días en Kingsville, en una celda para 40 personas. El solicitante señaló:

Estuve allí durante 10 días sentado, no me podía mover porque éramos 67 en esa celda. Dijimos que necesitábamos papel higiénico y agua y nos dijeron que bebiéramos agua del lavabo; también informamos sobre los animales, los escorpiones que había allí. Cuando lo informamos, nos dijeron que estaríamos mejor en casa, en nuestro país, y que habíamos decidido venir aquí. El maltrato era psicológico. Nos decían que pasaríamos un año allí si era posible y había veces en que solo nos daban una rodaja de pan, tal vez cada ocho horas, y eso era todo lo que comíamos. En la zona había escorpiones, hormigas, garrapatas, pulgas y nos decían que estaba bien, que era por nuestro propio hedor por estar allí 45 días[50].

Los registros de la FOIA también contienen evidencias de que funcionarios de la Patrulla Fronteriza retenían la comida como medio de coerción. Por ejemplo, un funcionario de asilo que realizaba evaluaciones de temor creíble informó a investigadores del DHS que recibía testimonios de que la Patrulla Fronteriza retenía alimentos para obligar a los detenidos a firmar documentos en inglés que no se les explicaban. El funcionario de asilo incluyó información identificadora del agente de la Patrulla Fronteriza que entrevistó al solicitante que denunció este trato, aunque el nombre del agente se eliminó de la presentación de la FOIA. Según la declaración, un hombre ecuatoriano y un funcionario de asilo mantuvieron la siguiente conversación sobre la conducta indebida de la Patrulla Fronteriza que tuvo lugar cuando el solicitante estaba en la Unidad de Procesamiento Centralizado de Laredo de la Patrulla Fronteriza, en Laredo, Texas, en algún momento entre el 2 de marzo de 2019 y el 10 de marzo de 2019:

Me tuvieron en la hielera durante 8 días. ... [P:] ¿Le explicaron qué era lo que estaba firmando? [R:] No, solo me dieron un papel y todo el papel estaba en inglés y yo no sé inglés. [P:] Solo trato de entender, ¿simplemente le pidieron que firmara algo sin explicarlo, o siente que lo estaban amenazando al retener comida hasta que usted firmara? [R:] No sabía nada de nada. Solo me dijeron que saliera y firmara y tomara la comida. ... [P:] ¿Siente que lo estaban amenazando de alguna manera? [R:] Sí, no sé de qué otra forma llamarlo. ...Sentía que me estaba muriendo en la hielera. Solo firmé para recibir mi comida[51].

Los registros también incluyen evidencias de que personal de la Patrulla Fronteriza y del ICE no se cercioraba de que los solicitantes de asilo pudieran acceder a la atención médica necesaria, con consecuencias devastadoras. Según registros obtenidos mediante la FOIA, un solicitante de asilo que había sido arrestado por la Patrulla Fronteriza en el desierto cerca de Tecate, California, el 19 de junio de 2018, “fue atacado por un perro de la Patrulla Fronteriza indicado en el Formulario I-213 como [eliminado] del ‘Servicio Canino’ a cargo del agente [eliminado] de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.”. El registro del funcionario de asilo continúa:

Según la declaración [del solicitante], el perro le habría provocado involuntariamente una herida grave en el testículo [al solicitante]. El [solicitante] posteriormente fue detenido y, según su declaración, fue trasladado a las oficinas de la CBP en EE. UU., en Chula Vista, California. Allí, el solicitante se quejó ante los funcionarios del dolor intenso que tenía en el testículo durante aproximadamente los siguientes 23 días. Los funcionarios le dijeron [al solicitante] que sería transferido a la custodia del ICE, y que si el ICE tenía un médico, este podría atenderlo allí, pero no había ningún médico que lo pudiera atender en el centro donde lo llevaron. Registros del gobierno indican que [el solicitante] luego fue transferido a la custodia del ICE en el Centro de Detención Regional de San Luis en Arizona, el 10 de julio de 2018. El [solicitante] declaró que una vez que llegó a Arizona, volvió a quejarse del fuerte dolor en el testículo y le dijeron que completara un formulario para que lo atendieran. Describió que completó el formulario por lo menos 10 veces durante el transcurso de 10 u 11 días, hasta que finalmente su problema médico le provocó fiebre y un dolor de cabeza tan fuerte que tuvo que mostrarles a los funcionarios el testículo para obtener tratamiento más inmediato. El solicitante fue llevado al hospital, donde tuvieron que extirparle quirúrgicamente el testículo. ... El [solicitante] se quejó de dolor fuerte de una herida infligida por un agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., aunque involuntariamente, y luego estuvo más de un mes sujeto a la negligencia de organismos del DHS, tras informar reiteradamente un problema médico. Esta negligencia dio por resultado la pérdida de un testículo [del solicitante][52].

Intimidación a solicitantes de asilo y denegación del debido proceso

Durante años, Human Rights Watch y otras partes han documentado tácticas de intimidación utilizadas por funcionarios de la Patrulla Fronteriza y la CBP contra solicitantes de asilo, a menudo con la presunta intención de presionar a los solicitantes de asilo para que desistan de sus solicitudes[53]. Human Rights Watch y muchos otros actores externos también han documentado que la CBP no registra las solicitudes de temor legítimo en el proceso de expulsión acelerada[54]. En el marco del proceso de expulsión acelerada, el derecho estadounidense exige que cuando una persona aprehendida en la frontera o cerca de un punto de ingreso expresa temor de regresar a su país de origen, la CBP derive a esa persona a funcionarios de asilo del USCIS para una “entrevista sobre temor creíble”, que determina si la persona podría reunir los requisitos para el asilo u otra protección[55]. A pesar de la obligación proactiva que tiene la CBP al evaluar a los migrantes que asigna a expulsión acelerada de determinar el temor de regresar a su país de origen, en la práctica muchas derivaciones por temor creíble llegan al USCIS ad-hoc una vez que un solicitante de asilo ha dejado de estar bajo custodia de la CBP y es puesto bajo custodia del ICE, el organismo responsable de la detención más prolongada de los migrantes[56].

Varios de los registros corresponden a actos de intimidación contra solicitantes de asilo por parte de la CBP y a la falta de registro adecuado, por parte de ese organismo, de los señalamientos de temor en el proceso de expulsión acelerada. Según un registro correspondiente a un solicitante de asilo hondureño:

El solicitante indicó que cuando expresó que temía regresar a Honduras, [el agente de la Patrulla Fronteriza] le contestó que no tenía derecho al asilo. Que el gobierno no estaba otorgando asilo, y que ni siquiera las mujeres recibían asilo. Luego se le dijo que iba a ser enviado a la cárcel, donde lo violarían sexualmente, y que le decían esto porque el solicitante no firmaba la documentación que el funcionario le pedía que firmara. El solicitante señaló que no firmó porque pensó que eran documentos para deportarlo y que estaban en inglés[57].

El miembro del personal del USCIS que elaboró el informe incluyó el nombre del agente de la Patrulla Fronteriza indicado en la documentación del solicitante en la descripción de su caso y agregó:

Si bien desconozco las circunstancias exactas de la entrevista entre el funcionario y el solicitante, una amenaza de violación sexual constituye una violación grave por rehusarse a firmar documentos que no se explicaron a un solicitante. Sumado al hecho de que este solicitante fue efectivamente violado, lo cual hizo que huyera a su país, es sumamente perturbador que el funcionario actuara con semejante insensibilidad y, en mi opinión, esto es un grave acto de conducta indebida[58].

Otro registro en los documentos de la FOIA incluye una queja a la Oficina del Inspector General del DHS, del 19 de septiembre de 2019, posiblemente respecto del mismo incidente. Especifica además que la denuncia se relaciona con la conducta de un agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Tucson, Arizona, el 27 de junio de 2019. Según el resumen incluido en los documentos:

[Un] funcionario de inmigración/de la CBP le advirtió a un solicitante en el proceso por temor creíble que estaba bien si alguien quería violarlo porque él era gay, y que si acaso no era eso lo que a él le gustaba. El funcionario le dijo al solicitante que [...] habría estado bien que lo violaran. Cuando el solicitante intentó leer la placa identificadora del funcionario, este la cubrió con la mano y le dijo que sería su palabra contra la del solicitante[59].

La presentación de la FOIA incluye además un archivo Excel con el nombre “Possible CBP and ICE Due Process Violations” (Posibles violaciones del debido proceso por parte de la CBP y del ICE) que parece ser un recuento interno del USCIS de 27 casos correspondientes al período entre 2017 y 2018. En una columna con el encabezado “Problem/issue raised by the applicant” (Problema/cuestión que plantea el solicitante), el personal del USCIS registró una serie de relatos de solicitantes de asilo que indicaban que la CBP interfirió con su derecho de pedir asilo. Estos registros hacen referencia a imprecisiones e irregularidades persistentes en la documentación que la CBP completa para los migrantes en la expulsión acelerada, en especial el formulario I-867B. El formulario I-867B requiere que el funcionario de inmigración haga la siguiente pregunta y registre la respuesta: “¿Tiene algún temor o preocupación respecto de ser enviado de regreso a su país de origen o de ser expulsado de Estados Unidos?”[60]. Estas descripciones incluyen lo siguiente (se han corregido errores ortográficos menores):

La solicitante sostuvo que el CBP nunca la entrevistó y que nunca le preguntó si ha sufrido daños, temor de sufrir daños o si tenía miedo de regresar a Guatemala. La solicitante sostiene que no firmó nada en ese momento. Los documentos indican que la CBP registró que la solicitante respondió “no” a las preguntas sobre si tenía temor de regresar a su país[61].

La solicitante indicó que le dijeron que firmara los documentos en inglés sin una explicación de lo que firmaba. La solicitante sostuvo que no se le preguntó si tenía temor de regresar a Honduras[62].

La solicitante indicó que la CBP se rehusó a dejarla hablar. Les dijo que temía regresar a su país e intentó explicarles. En el formulario I-867B se indica que la respuesta a las cuatro preguntas fue “no”. La solicitante sostiene que la CBP la hizo firmar sin explicarle lo que firmaba[63].

La CBP anotó que la solicitante no tenía temor, aunque ella indicó lo siguiente; “Sí, les dije que tenía miedo y que estaba buscando un futuro mejor para mi hija. Me preguntaron si tenía miedo de ser torturada, extorsionada o miedo de las pandillas y mi respuesta fue no. Eso fue todo lo que me preguntaron”. Según la declaración de la solicitante, la CBP hizo preguntas diferentes de las cuatro que figuran en el formulario I-867B y, de todas maneras, marcó no en cada pregunta[64].

La solicitante declaró que le dijo a la CBP que tenía miedo de regresar a su país y que sufriría daños si regresaba. El formulario I-867B refleja que dijo que no. La solicitante sostiene que la CBP “solo dijo firme aquí y [aquí] y no se preocupe porque no tiene nada que ver con la deportación”, en lugar de explicarle lo que estaba firmando[65].

Una solicitante declaró haberles dicho a los funcionarios de inmigración que temía regresar. Ellos anotaron que la mujer dijo que no tenía temor de regresar. La solicitante manifestó que los agentes de inmigraciones no le dijeron qué era lo que estaba firmando cuando registraron su firma para las preguntas del formulario I-867B”[66].

La planilla también menciona ocho casos en los cuales los documentos de evaluación de asilo completados por la CBP indican que el agente de la Patrulla Fronteriza se comunicó con los solicitantes en español, aunque los registros del USCIS indicaban que los solicitantes hablaban lenguas indígenas y no hablaban español con fluidez[67]. En 2018, Human Rights Watch recibió una planilla de Excel con muchas partes censuradas que parece clasificar más de mil declaraciones juradas de personas en proceso de expulsión acelerada en 2013 y 2014 como casos que “no presentan un problema aparente” o que indican potenciales irregularidades relativas al debido proceso causadas por la CBP7[68]. De los 1.043 casos incluidos en las planillas, 389 fueron clasificados en columnas que aparentemente se refieren a la formulación, por parte de la CBP, de las preguntas para la entrevista del Formulario I-867 con los encabezados “no se preguntó”, “demasiado escueto”, “inapropiado”, “idioma” y “BP no lo registró con precisión”[69]. Solo cerca del 66 % de los casos fueron clasificados como casos que “no presentan problemas aparentes”[70].

 

Agradecimientos

La investigación y redacción del informe estuvieron a cargo de Clara Long, directora asociada del Programa de Estados Unidos. Thomas J. Rachko, Jr., coordinador sénior del Programa de EE. UU., colaboró con la investigación y la redacción del informe. Alison Parker, directora gerente del Programa de EE. UU., dirigió, editó y colaboró con la investigación y la redacción. Emma Bredthauer, asociada del Programa de EE. UU., colaboró con aspectos editoriales. El informe también fue editado por Bill Frelick, director de la división de Derechos de Migrantes y Refugiados; Michael Bochenek, asesor sénior de la división de Derechos del Niño; Hillary Margolis, investigadora sénior de la división de Derechos de la Mujer; Cristian González Cabrera, investigador del programa de Derechos de las Personas LGBT, y Ariana Sawyer, investigadora sobre la Frontera de EE. UU. María McFarland Sánchez-Moreno, asesora legal sénior, llevó a cabo el análisis jurídico. Joe Saunders, subdirector de Programas, colaboró con la revisión de programas. Travis Carr, coordinador sénior de publicaciones; Fitzroy Hepkins, gerente administrativo sénior, y José Martínez, oficial administrativo, estuvieron a cargo de la producción del informe.

Human Rights Watch extiende su más sincero agradecimiento a la asistencia legal ad honórem que brindó el estudio Nixon Peabody y su equipo de abogados, Matthew Richards, Karl Sung, Christina Fletes, Brianna Howard, Taylor Steele y Sherene Tagharobi, sin cuyo apoyo no habría sido posible obtener los documentos que se divulgaron en virtud de la Ley de Libertad de Información y a partir de los cuales se elaboró este informe. También manifestamos nuestro agradecimiento a los valientes solicitantes de asilo que, pese a las circunstancias difíciles, hablaron sobre los abusos que sufrieron.