La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió el cargo en octubre de 2024, heredó una crisis de derechos humanos arraigada en la violencia extrema del crimen organizado y abusos generalizados cometidos por policías, fiscales y soldados, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La tasa de homicidios es muy alta y más de 115 mil personas se consideran desaparecidas o no localizadas. El sistema de justicia penal es profundamente ineficaz para garantizar la rendición de cuentas por la violencia criminal y los abusos por fuerzas de seguridad. El gobierno ha desplegado cientos de miles de soldados para tareas de seguridad pública y  otras tareas gubernamentales, prácticamente sin control civil efectivo. En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una serie de cambios constitucionales regresivos, incluyendo una expansión del papel de los militares en la seguridad pública y un profundo rediseño del sistema de justicia que podría socavar gravemente la independencia judicial. 

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