(Beirut) – Las fuerzas de seguridad iraníes que reprimen las protestas generalizadas han asesinado, torturado, agredido sexualmente y hecho desaparecer ilegalmente a niños, niñas y jóvenes adolescentes, como parte de un patrón de graves violaciones, señaló hoy Human Rights Watch.
Las autoridades iraníes también han detenido, interrogado y procesado a menores vulnerando todas sus garantías legales, y los jueces han prohibido a sus familias contratar a abogados de su elección para defenderlos, han condenado a menores por cargos imprecisos y los han juzgado fuera de los tribunales de menores que tienen competencia exclusiva sobre estos casos. Las fuerzas de seguridad han detenido y recluido a menores sin avisar a sus familias, a veces durante semanas. A los estudiantes puestos en libertad se les ha prohibido volver a la escuela, o las autoridades han cortado la asistencia social a sus familias, por lo que estos menores han tenido que ponerse a trabajar.
“Dirigentes iraníes han desplegado brutales fuerzas de seguridad para agredir sexualmente y torturar los menores y no han evitado que sean juzgados en procesos ridículamente injustos”, señaló Tara Sepehri Far, investigadora principal sobre Irán de Human Rights Watch. “En los últimos siete meses, las autoridades no han dudado en extender el poder coercitivo del Estado para silenciar incluso a niños”.
Human Rights Watch investigó los abusos cometidos contra 11 menores entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, y documentó nuevos detalles sobre dos casos denunciados anteriormente.
Las autoridades iraníes han reprimido brutalmente las protestas generalizadas y la disidencia de quienes exigen un cambio fundamental en el país. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han documentado el uso generalizado de fuerza letal contra manifestantes, incluso contra menores de edad. La Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Irán debe investigar estos graves abusos contra menores como parte de su informe más amplio sobre las violaciones en serie de derechos humanos cometidas por el Gobierno iraní, señaló Human Rights Watch.
Human Rights Watch documentó cómo las fuerzas de seguridad del gobierno sujetaban, vendaban los ojos y torturaban a menores detenidos. Las autoridades golpearon y agredieron sexualmente a un joven de 17 años, causándole hematomas por todo el cuerpo y hemorragias por el ano, declaró un familiar. Una estudiante de secundaria dijo que las fuerzas de seguridad la empujaron sobre una cocina de gas encendida durante la detención, prendiéndole fuego a la ropa, y la golpearon y azotaron durante el interrogatorio. Los interrogadores torturaron a otro joven clavándole agujas bajo las uñas. Dos menores fueron torturados para que facilitaran el paradero de familiares. Un joven de 16 años ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones tras haber sufrido palizas, descargas eléctricas y agresiones sexuales.
Las autoridades no han proporcionado tratamiento médico a los menores maltratados por las fuerzas, entre ellos un niño de 13 años al que le rompieron una costilla durante una paliza. Las autoridades amenazaron a sus familiares para que guardaran silencio sobre los abusos. Estas violaciones coinciden con decenas de otros relatos denunciados por activistas y grupos de derechos humanos.
Según la legislación iraní, los menores solo pueden ser interrogados por fiscales especializados en menores y juzgados únicamente ante tribunales de menores. En un caso en el que estaban implicados 16 acusados, entre ellos tres menores, el presidente del poder judicial iraní designó conjuntamente a un juez del tribunal revolucionario, un clérigo, como juez de justicia juvenil. Pero a ninguno de los acusados se le concedió la protección de los tribunales de menores ni se les permitió contratar a sus propios abogados defensores, por lo que los jóvenes fueron condenados a 25 años de prisión. El Tribunal Supremo iraní anuló las tres condenas, alegando falta de pruebas, pero ordenó que fueran juzgados de nuevo por el mismo juez, quien los ha sentenciado a penas de 3, 5 y 10 años de prisión respectivamente.
Un abogado iraní dijo que tenía conocimiento de 28 menores que habían sido acusados de “enemistad contra Dios” y “corrupción en la tierra”, delitos imprecisos que pueden castigarse con la muerte o la amputación de la mano derecha y el pie izquierdo.
A principios de abril de 2023, grupos de derechos humanos iraníes habían registrado el homicidio de 537 personas a manos de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas que comenzaron a finales de agosto de 2022 tras la muerte de Mahsa Jina Amini bajo custodia policial, entre ellas al menos 68 menores. Human Rights Watch había informado anteriormente sobre la muerte de menores, entre ellos Nika Shakarami, de 16 años, cuya familia encontró su cadáver 10 días después de que desapareciera durante las protestas en Teherán el 20 de septiembre, y Sarina Esmailzadeh, de 16 años, que murió tras ser golpeada por las fuerzas de seguridad el 23 de septiembre, en Gohardasht, provincia de Alborz. Las autoridades iraníes afirmaron que ambas niñas murieron al saltar o caer de edificios y han acosado y detenido a miembros de sus familias.
“Los menores que han experimentado abusos horribles durante su detención y juicio corren el riesgo de sufrir daños permanentes”, advirtió Bill Van Esveld, director asociado para derechos del niño en Human Rights Watch. “La Misión de Investigación de las Naciones Unidas debe dar prioridad a la investigación de estos abusos y recomendar una vía para la rendición de cuentas”.
