La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al gobierno peruano responsable de violar el derecho a un medio ambiente sano, entre otros derechos, de los residentes de La Oroya, un pueblo expuesto a la contaminación tóxica de un complejo metalúrgico. El fallo histórico se publicó el mes pasado y fue la primera sentencia de este tipo de la Corte. El pueblo está tan contaminado que un estudio realizado por el Ministerio de Salud del Perú en 2005 reveló que el 99,9 % de los niños menores de seis años a los que se les hicieron estudios físicos tenían altos niveles de plomo en la sangre.
Las familias que iniciaron el caso incluían a 80 residentes, 57 de los cuales eran niños, que habían estado expuestos a niveles extremos de plomo tóxico y otros metales. La Corte declaró que el gobierno era responsable de permitir los graves daños a la salud causados por la minería y la fundición, especialmente en los niños, y de la muerte de dos residentes, una de las cuales tenía 17 años. También concluyó que las familias afectadas no recibieron atención médica adecuada y estableció que el gobierno no había investigado el acoso y las amenazas contra las víctimas que habían denunciado públicamente dicha contaminación.
La Corte ordenó al Perú distintas medidas, entre ellas proporcionar asistencia médica gratuita a los afectados, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, evaluar y limpiar las zonas contaminadas y continuar monitoreando la calidad del aire, del suelo y del agua.
En la sentencia, la Corte hizo referencia a las orientaciones generales emitidas el año pasado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en particular sobre los derechos de los niños y niñas afectados por las crisis ambientales.
Desafortunadamente, las terribles consecuencias para la salud enfrentadas por los habitantes de La Oroya no son únicas. En Kabwe, Zambia, una antigua mina de plomo y zinc ha dejado un legado tóxico similar, y los residentes cercanos siguen sufriendo desastrosas complicaciones de salud por la exposición al plomo. Una investigación de Human Rights Watch expuso los efectos nocivos de la contaminación por plomo en los derechos de los niños y las niñas a la salud, la información y la educación. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente ha descrito a La Oroya y a Kabwe como “zonas de sacrificio”: áreas que se encuentran entre las más contaminadas y peligrosas del planeta, lo que lleva a una violación sistemática de los derechos humanos.
El Perú, donde la minería ilegal está ampliamente extendida y donde hay un alto índice de conflictos entre comunidades y empresas mineras por presunta contaminación, no sólo debe cumplir esta sentencia, sino también proteger mejor el derecho a un medio ambiente sano en todo el país.
En vísperas del Día de la Tierra la próxima semana, esta sentencia debería servir de advertencia a los gobiernos de otros focos de contaminación en los que los avances siguen estancados. Todos los gobiernos deberían verlo como una señal de la creciente urgencia mundial, ahora reflejada en el derecho internacional, de evitar la “actual toxificación” de las personas y el planeta.
