Qatar enfrenta a una crisis diplomática desde 2017, cuando algunos vecinos cortaron sus lazos diplomáticos y expulsaron a ciudadanos qataríes. En 2018, Qatar aprobó una serie de importantes reformas en materia de derechos humanos, pero no cumplió con varias otras reformas prometidas. El sistema de kafala (patrocinio), que otorga a los empleadores amplios poderes sobre los trabajadores migrantes, sigue en gran medida vigente y continúa facilitando el abuso y la explotación de la mano de obra migrante del país. Las familias del clan Ghufran siguen siendo apátridas y privadas de derechos humanos fundamentales 20 años después de que el gobierno les quitara la ciudadanía. Las leyes qataríes siguen discriminando a las mujeres y a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

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