(Ciudad de México) – Los congresos locales de México deberían reformar prontamente sus códigos civiles y sus leyes sobre notariado a fin de brindar una alternativa a la interdicción para las personas con discapacidad y las personas mayores, señalaron hoy en una carta al Congreso más de 100 expertos y organizaciones, incluida Human Rights Watch.
En 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la interdicción es inconstitucional y discrimina a las personas con discapacidad. En abril de 2023, el Congreso de la Unión abolió la interdicción a nivel nacional a través de una reforma histórica al Código Federal de Procedimientos Civiles y reconoció a todas las personas adultas plena capacidad jurídica y el derecho a tomar decisiones con apoyos cuando así lo prefieran. Sin embargo, para que estos derechos se puedan ejercer plenamente, los estados deben reformar sus leyes y regulaciones.
“A muchas personas en México se las cataloga como ‘incapaces’ e imposibilitadas de gozar de sus derechos porque el gobierno de su estado ha fallado en crear el marco legal que les permita hacerlo”, explicó Carlos Ríos Espinosa, director asociado de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch. “La adopción de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un adelanto importante, pero la falta de leyes estatales necesarias pone en peligro a todas las personas adultas, incluidas aquellas con discapacidad y mayores. Los estados deben actuar sin demora”.
En los códigos civiles y las leyes sobre el notariado de las 32 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, todavía se trata a algunas personas, incluso aquellas con discapacidad y las personas mayores, como incapaces de tomar sus propias decisiones y se concede discrecionalidad a los notarios para que determinen su capacidad. Por ejemplo, si alguien con síndrome de Down acude a un notario público en la Ciudad de México para protocolizar su testamento, el notario podrá determinar que la persona es incapaz y negarle el servicio. La legislación afecta de manera desproporcionada a las personas mayores porque constituyen el 40,9% de las personas con discapacidad en México, pese a que representan apenas el 16% de la población total, según datos del censo de 2020.
El 24 de abril, el Congreso aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que deroga la interdicción y otorga a todas las personas de 18 años o mayores plena capacidad jurídica y el derecho a la toma de decisiones con apoyos conforme a las reglamentaciones en los códigos civiles de los estados. El código armoniza la legislación nacional sobre procedimientos civiles y de familia de México con el derecho internacional de los derechos humanos y con la jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte.
Si bien el código no entrará íntegramente en vigor por cuatro años, el fallo de la Suprema Corte prohíbe todo tipo de sistemas de interdicción desde 2021. Al seguir sin actualizar las leyes para cumplir con el fallo, las legislaturas de los estados ponen en riesgo a las personas con discapacidad y a las personas mayores, indicó Human Rights Watch.
La legislación nacional solo se ocupa de aspectos procesales de la capacidad jurídica, mientras que la legislación de los estados aborda los elementos sustantivos, que incluyen cómo celebrar contratos, otorgar un testamento o conceder un poder de representación. Las legislaturas de los estados deberían reformar sus códigos civiles y las leyes sobre el notariado con el fin de crear un sistema de toma de decisiones con apoyos basado en los derechos humanos. Este modelo aseguraría el respeto de la voluntad y las preferencias de las personas que requieren apoyo, en vez de tratarlas como si no tuvieran derechos, que era lo que ocurría con el sistema de interdicción.
Ante esta laguna en la legislación de los estados, el 17 de mayo, más de 100 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, organizaciones de personas con discapacidad y especialistas independientes escribieron conjuntamente al Congreso pidiendo que se adopte un punto de acuerdo por la cual se aliente a las legislaturas de todos los estados a adecuar sus leyes civiles a lo establecido por el código nacional. Cabe destacar que el Congreso de la Ciudad de México ya presentó un proyecto para reformar su Código Civil y la Ley del Notariado, los dos textos principales que precisan ser modificados para armonizarse con el código.
México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2023. Ambos instrumentos establecen el derecho a la plena capacidad jurídica para las personas con discapacidad y las personas mayores respectivamente. La capacidad jurídica es además un derecho fundamental consagrado en otros tratados de derechos humanos de la ONU que son vinculantes para México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“Human Rights Watch y sus aliados confían en que el Congreso tome en cuenta nuestra carta e inste a las legislaturas de los estados a plegarse y proteger el derecho de todas las personas adultas, incluidas las personas con discapacidad y las personas mayores, a tomar sus propias decisiones”, destacó Ríos Espinosa. “La Ciudad de México tiene una propuesta que podría usarse como modelo por las legislaturas de otros estados, las cuales deberían reformar con celeridad su legislación local a fin de que el derecho a la capacidad jurídica plena sea una realidad para todas las personas adultas”.
