Decisiones desesperadas en Guatemala
La sequía y las tormentas intensifican las dificultades que llevan a la gente a arriesgarlo todo para llegar a Estados Unidos
Por MAX SCHOENING
Cuatro tortillas, cinco latas de frijoles, jalapeños, salchichas y un galón de agua: eso es lo que los traficantes de migrantes proporcionaron a Rafael para su viaje de una semana por el desierto, desde México hasta Texas, Estados Unidos, en 2021. Tras ocho días de sed, hambre y calor, lo logró, pero fue capturado por agentes de migración de Estados Unidos y fue devuelto a Guatemala.
No le quedaba más remedio que volverlo a intentar. Las constantes sequías en Guatemala, seguidas de fuertes lluvias provocadas por ciclones tropicales, diezmaron sus cosechas, privando a su familia de su principal fuente de alimento y dejándolos hambrientos durante días y semanas. Rafael, quien como otros migrantes aquí mencionados es identificado con un pseudónimo por su seguridad, había adquirido una deuda de miles de dólares, al 8% de interés mensual, para contratar a traficantes de migrantes para su viaje al norte. La deuda era imposible de pagar desde Guatemala, donde ganaba, como mucho, 35 quetzales (unos 4,60 dólares) al día.
La sequía y los ciclones tropicales han agravado la inseguridad alimentaria y la pobreza generalizadas en Guatemala en los últimos años. En marzo y abril de 2022, Human Rights Watch viajó a 10 comunidades rurales, en su mayoría indígenas, afectadas por las sequías recientes, por los ciclones tropicales Eta e Iota, ocurridos consecutivamente en noviembre de 2020, o incluso por ambos fenómenos. Concluimos que el gobierno había hecho poco para proteger a la población de estos devastadores acontecimientos, que han llevado a muchos a adquirir deudas demoledoras, y a arriesgar sus vidas para llegar a Estados Unidos.
El calentamiento global inducido por acciones humanas ha hecho que ciertos fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes o intensos, aunque puede resultar difícil determinar hasta qué punto determinados fenómenos meteorológicos extremos están relacionados con el cambio climático inducido por acciones humanas. No hay motivos para dudar de que probablemente el calentamiento global empeorará las sequías y los ciclones en Centroamérica durante las próximas décadas.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) prevé un aumento en la frecuencia y la gravedad de las sequías, así como en la intensidad de los ciclones tropicales en Centroamérica, dadas las condiciones de nivel medio y alto de emisiones de dióxido de carbono a las que se enfrenta el mundo en un futuro próximo. El IPCC también proyecta una intensificación global de las precipitaciones de ciclones tropicales.
La familia de Rafael depende de las limitadas lluvias del Corredor Seco de Guatemala para cosechar los frijoles y el maíz que siembran, para su propio consumo, en tierras alquiladas, rocosas y poco fértiles. Esta precaria forma de vida es común para los indígenas de la comunidad maya Ch'orti', que desde la colonización ha perdido importantes franjas de sus tierras a través de procesos plagados de abusos. Cuando las sequías y, luego, las tormentas arruinaban sus cosechas, Rafael, su mujer y sus pequeños hijos solían comer únicamente una vez al día: una o dos tortillas con algunos frijoles. Sus hijos lloraban por el hambre.
Así que, cargando una mochila pesada, la creciente deuda del préstamo y la situación de su hambrienta familia, Rafael, de 24 años, hizo su segundo intento de cruzar el desierto hacia Estados Unidos. Esta vez lo consiguió en cinco días. Uno de los siete migrantes de su grupo no tuvo tanta suerte: se desmayó y, como era demasiado pesado para poder cargarlo, el grupo lo debió abandonar en el desierto.
Cientos de miles de guatemaltecos han intentado migrar a Estados Unidos en los últimos años por motivos como la pobreza, el desempleo, la violencia, las sequías y los ciclones tropicales. La gran mayoría lo hace como Rafael—en las sombras y de forma insegura—porque carecen de opciones para migrar legalmente y porque la fuerte vigilancia fronteriza los empuja a terrenos desérticos peligrosos.
A menos que el gobierno de Guatemala adopte medidas para proteger a la población de estas situaciones y Estados Unidos realice cambios en su política migratoria, un sinnúmero de guatemaltecos marginados seguirá sumido en la pobreza y el hambre o lo seguirán arriesgando todo en su viaje hacia Estados Unidos.
La destrucción de los ciclones tropicales
Igual que Rafael, Luis migró a Estados Unidos en 2021 para ayudar a su familia. Un ciclón tropical lo puso en una situación desesperada. Estaba trabajando en Ciudad de Guatemala el 5 de noviembre de 2020, cuando su hermano lo llamó para informarle que, en su aldea Quejá, la ladera se había derrumbado sobre la casa de su familia. Trataron de huir de la tierra que caía, pero no todos lo consiguieron. Entre los muertos estaban su hermano de 9 años, sus sobrinos de 2 años y de 9 meses, y varios primos. Sus padres encontraron a dos hermanas supervivientes parcialmente enterradas—una de ellas sólo tenía la cabeza por encima del suelo. Desde entonces, ella no puede caminar.
Las fuertes lluvias asociadas al ciclón tropical Eta desencadenaron el enorme corrimiento de tierras que mató a 58 habitantes de la comunidad maya de Quejá, predominantemente poqomchi', en el estado de Alta Verapaz, donde vivían más de 300 familias. Apenas 10 días después, mientras los supervivientes de Quejá se refugiaban en escuelas cercanas y otros albergues improvisados, un segundo ciclón tropical, Iota, trazó otra senda de destrucción a lo largo de Centroamérica.
Restos de las casas destruidas por un deslizamiento de tierra en noviembre de 2020 en Quejá, departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Al fondo, la montaña de la que la tierra cayó. Abril de 2022.
© 2022 Max Schoening para Human Rights WatchCuarenta kilómetros al suroeste de Quejá, las lluvias combinadas de Eta e Iota inundaron el valle en el que se asienta el pueblo maya q'eqchi' de Sesab, formando una laguna de decenas de metros de profundidad que sumergió por completo gran parte de las tierras y edificios de la comunidad. Cuando el agua se drenó al cabo de tres meses, los residentes encontraron una escuela afectada, un centro de salud destruido, cultivos arruinados y una docena de casas que necesitaban reparaciones o una reconstrucción total. La inundación causó daños prolongados para la productividad de sus cultivos.
En el mismo departamento, los habitantes de la aldea maya q'eqchi' en El Esfuerzo Chicojuc dijeron a Human Rights Watch que la producción de sus cultivos también había disminuido drásticamente desde el paso de Eta e Iota, cuando la crecida de un río dejó 60 centímetros de arena sobre sus tierras de cultivo. Los miembros de ambas comunidades dijeron que tuvieron que reducir sus comidas durante meses.
Quejá, Sesab y El Esfuerzo Chicojuc son ejemplos dramáticos de la destrucción más generalizada que Eta e Iota provocaron en Guatemala. Entre el 3 y el 17 de noviembre de 2020, las lluvias extremas provocaron deslizamientos de tierra, aludes y desbordamientos de ríos en todo el país, provocando daños masivos en viviendas, campos de cultivo e infraestructuras. Eta e Iota sólo fueron los más recientes de los frecuentes ciclones tropicales que han afectado a Guatemala en las últimas tres décadas, matando a miles de personas, afectando a millones y causando daños por miles de millones de dólares.
“Nos quedamos sin nada”, dijo Luis. “Ni siquiera nos quedó ropa, porque todo estaba bajo tierra”. Después de pasar varios meses en refugios, la familia de Luis y otras personas de Quejá empezaron a trasladarse a una zona cercana llamada “Nueva Quejá”, donde muchos, incluyendo la familia de Luis, tenían algo de tierra.
La familia de Luis construyó una casa sin ayuda del gobierno. Lo mismo hizo José, quien además de perder su casa y sus tierras en el deslizamiento de tierra, perdió a sus tíos, sobrinos y primos. Sus nuevas casas eran más pequeñas, estaban abarrotadas y eran más vulnerables al viento y a la lluvia; eran de madera y láminas de metal. En cambio, sus casas en Quejá eran mejores porque estaban construidas con hormigón.
(Izquierdo): Álvaro, hijo de José, sentado en una habitación donde él y otros ocho miembros de su familia duermen, en la casa familiar que construyeron con sus propios recursos en Nueva Quejá, departamento de Alta Verapaz, después del deslizamiento. (Derecho): Un familiar de José cocina el almuerzo en la cocina que su familia construyó con sus propios recursos en Nueva Quejá, departamento de Alta Verapaz, después del deslizamiento.
© 2022 Max Schoening para Human Rights WatchDesesperados por adquirir nuevas casas y pagar los gastos que supone reconstruir la vida de sus familias, Luis y José decidieron migrar a Estados Unidos a principios de 2021. Como ellos dos, aproximadamente 30 residentes de Quejá habían intentado el viaje desde el deslizamiento de tierra, según dijo a Human Rights Watch un líder comunitario a mediados de 2022. Luis y José pidieron cada uno más de 100.000 quetzales (13.000 dólares) en préstamos para pagar a los traficantes de migrantes, y ambos tuvieron viajes muy peligrosos. Decenas de supervivientes que no cuentan con los medios para migrar o para trasladarse a Nueva Quejá han regresado a Quejá, donde los escombros, que no han sido removidos y que sepultan los restos de sus familiares, presagian un nuevo desastre.
Estados Unidos está fuera de alcance para muchos de los residentes de Sesab. Según dijeron, desde Eta e Iota muchos hombres de la aldea se han ido a Ciudad de Guatemala y han trabajado en seguridad privada o en la construcción, para mantener a sus familias y hacer frente a la pérdida en las cosechas y la reconstrucción de la zona. Isabela, una madre de 45 años de Sesab, dijo que, incluso cuando su marido le enviaba casi la mitad del salario semanal que obtenía en seguridad privada, unos 450 quetzales (60 dólares), ella y sus hijos solían comer sólo dos veces al día: entre una tortilla y media y tres por comida para cada uno.
Mientras tanto, en El Esfuerzo Chicojuc, los residentes dijeron que los niños no comían lo suficiente y se enfermaban. Hermelindo, un residente de la zona, dijo que no había recibido ninguna ayuda del gobierno desde las inundaciones y que, debido a que la tierra y la casa de su familia fueron perjudicadas por la arena, empezaron a vivir en el centro de un pueblo cercano, donde lo máximo que podía ganar como jornalero era entre 35 y 40 quetzales (4,60-5,20 dólares) por día. Ante estas perspectivas desoladoras, su hijo, de 19 años, se fue a México para hacer trabajo agrícola estacional. De las 18 familias que vivían en la comunidad antes de las tormentas, en mayo de 2022 sólo quedaban dos.
(Izquierdo): Hermelindo, su esposa Claudia y sus dos hijos en su casa en El Esfuerzo, Chicojuc, departamento de Alta Verapaz, Guatemala, la cual fue afectada por la inundación, que dejó una gruesa capa de arena en el suelo. Marzo de 2022. (Derecho): Hermelindo y Claudia, su esposa, en El Esfuerzo, Chicojuc, departamento de Alta Verapaz, Guatemala, parados al lado de sus cultivos, cuyo crecimiento se ha visto gravemente afectado por la tierra que las inundaciones llevaron hasta allí. Marzo de 2022.
© 2022 Max Schoening para Human Rights WatchSequías y hambre
Un problema más frecuente y crónico que los ciclones son las escazas e irregulares lluvias en el Corredor Seco, una región que se expande por Centroamérica, en donde las recientes sequías han mermado el acceso a alimentos de millones de personas. Human Rights Watch visitó seis comunidades en tres de los departamentos del Corredor Seco de Guatemala—Chiquimula, Zacapa y Baja Verapaz—para investigar los vínculos entre la sequía, la inseguridad alimentaria y la migración.
Como muchas otras del Corredor Seco, las seis comunidades que visitamos están formadas en gran parte por agricultores de subsistencia, cuyos cultivos de maíz y frijoles proveen una parte importante de la alimentación de sus familias. El resto trabaja por salarios bajos y empleos estacionales disponibles esporádicamente, usualmente como jornaleros en plantaciones de café o azúcar, donde, según nos dijeron, ganan entre 35 y 75 quetzales (4,60-10,00 dólares) diarios, a veces menos.
La agricultura familiar es alimentada por las lluvias; el riego es escaso. La temporada de lluvias, aproximadamente desde mayo hasta octubre, es la única oportunidad para producir una o dos cosechas anuales. El éxito de estas cosechas—y, por tanto, una gran parte del suministro de alimentos de la familia—depende de si la temporada de lluvias trae suficientes y sostenidas precipitaciones.
En años recientes, las temporadas de lluvias en el Corredor Seco de Centroamérica han sido escasas e irregulares, lo que ha provocado grandes pérdidas de cosechas a los agricultores de subsistencia. Algunos estudios indican que, durante años de sequía, los agricultores guatemaltecos pierden una media del 55% de sus cosechas de maíz y frijoles; en ocasiones, mucho más. En 2018, por ejemplo, la organización humanitaria Oxfam realizó una encuesta en las comunidades del Corredor Seco de Guatemala que habían experimentado largos períodos sin lluvias durante la temporada de cultivo. Oxfam concluyó que los agricultores habían perdido una media de tres cuartas partes de sus cosechas y estimó que cientos de miles de personas de la región necesitaban asistencia alimentaria porque sufrían una “inseguridad alimentaria” de moderada a extrema, un término técnico para referirse a la falta de acceso regular a alimentos.
La inseguridad alimentaria, exacerbada por la sequía, a menudo se tradujo en menos comidas al día, y menos tortillas por comida, para los residentes de las seis comunidades que visitamos. Emilio, de 27 años, de una comunidad maya ch'orti' del departamento de Chiquimula, dijo que como la lluvia había sido más escasa en la última década, la producción de maíz y frijoles de su familia se redujo a más de la mitad. Su familia pasó de comer tantas tortillas como quisieran, tres veces al día, a que su madre racionara entre una y media y dos tortillas por persona, dos veces al día, a veces con una pequeña porción de frijoles o sopa de hojas verdes. Emilio recuerda que, después de saltarse la cena, ella les decía a él y a sus hermanos: “Vamos a la cama, porque dormidos no tendremos hambre”.
Los tres pequeños hijos de Óscar también se iban a dormir con hambre en la comunidad maya predominantemente achi' de Baja Verapaz. Óscar dijo que las escasas lluvias limitaron la cosecha anual de la pequeña parcela de tierra alquilada de su familia a no más de 100 libras de maíz -y nada de frijoles-, una cantidad ínfima para un hogar de 10 personas. Una tortilla, con sal, una o dos veces al día, era a menudo todo lo que Óscar y su esposa decían que podían dar de comer a sus hijos pequeños, a pesar de que, como los hijos de Rafael y los hermanos pequeños de Emilio, lloraban pidiendo más.
El 47% de los niños guatemaltecos menores de 5 años sufren desnutrición crónica, que puede tener consecuencias de por vida para las capacidades físicas y cognitivas, así como para la salud.
Ni Emilio ni Oscar podían ganar lo suficiente como jornaleros para compensar las cosechas perdidas. Nos dijeron que ganaban unos 35 quetzales (4,60 dólares) por cada 100 libras de granos recogidos durante la temporada de cosecha en las plantaciones de café. Las 100 libras eran a menudo inalcanzables en un día y las cosechas se han visto muy afectadas en la última década por un hongo llamado roya de la hoja del café. Óscar, de 28 años, nos dijo que a veces, cuando las cosechas de café eran pequeñas, sólo podía recoger 35 libras al día, con lo cual ganaba menos de 2 dólares. Emilio intentó trabajar turnos de 24 horas, en días alternos, en una gasolinera, pero sólo ganaba 1.000 quetzales (130 dólares) al mes, unos 36 céntimos por hora. Todos son salarios muy por debajo del mínimo legal.
Para empeorar las cosas, los agricultores del Corredor Seco también se enfrentan a periodos de demasiada lluvia. En 2020, las lluvias de Eta e Iota arrasaron las cosechas de miles de familias de la región.
Las cosas llegaron a un punto de quiebre en 2021: tras plantar cosechas de maíz en abril, Emilio vio cómo se marchitaban bajo un cielo de mayo anormalmente seco. Él y su madre decidieron que había llegado el momento de intentar llegar a Estados Unidos. Óscar tomó la misma decisión a principios de 2021.
Los traficantes pedían un primer pago para ayudarlos a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, que no incluía llegar a su destino final en Estados Unidos. Para enfrentar este pago, Emilio y Óscar pidieron varios miles de dólares de préstamo cada uno, con un interés mensual del 7 y el 10%, a prestamistas locales, entregando como garantía el terreno de la familia y el de un amigo de la familia, respectivamente.
Además de asumir la posibilidad de perder tierras y de tener deudas impagables, estaban arriesgando sus vidas: Emilio sabía que una prima suya apenas había sobrevivido a la travesía del desierto hacia Estados Unidos. Y después de cuatro días caminando bajo el ardiente sol del desierto, Óscar se encontraría solo, sin comida ni agua, tendido de espaldas e incapaz de continuar.
El rol del cambio climático
Los guatemaltecos tienen poca responsabilidad en el cambio climático: el país ha producido el 0,03% de las emisiones mundiales acumuladas de dióxido de carbono desde 1750 y es responsable del 0,05% de las emisiones actuales, frente a las cuotas de Estados Unidos del 24,3% y el 13,5%, respectivamente. Aunque los científicos siguen recopilando pruebas sobre la relación entre fenómenos meteorológicos extremos del pasado en Centroamérica y el cambio climático inducido por el hombre, ya sabemos que el impacto de estos fenómenos sobre los guatemaltecos y otras personas que viven en condiciones de pobreza es devastador. Dado que los impactos del cambio climático seguirán siendo una amenaza en los próximos años y décadas a los guatemaltecos que viven en la pobreza, es necesario que los responsables políticos tomen medidas urgentes para adaptarse y responder a la migración relacionada con estos fenómenos.
Aumento global de los fenómenos meteorológicos extremos
Los científicos están estudiando activamente hasta qué punto el cambio climático provocado por el hombre se ha asociado con diversos tipos de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, como las sequías y los ciclones tropicales. Cada vez hay más pruebas del aumento de la probabilidad y la fuerza de estos fenómenos en todas las regiones del mundo, como consecuencia del aumento de la temperatura del agua y del aire, del debilitamiento de las corrientes oceánicas y de la expansión de la aridez causada por el cambio climático.
En concreto, el Grupo de Trabajo I (GTI) del IPCC, la principal autoridad mundial en la evaluación de la ciencia física del cambio climático y sus causas, informó en agosto de 2021 con un nivel de confianza medio-alto que, en todo el planeta, “el cambio climático inducido por el hombre aumenta las fuertes precipitaciones asociadas a los ciclones tropicales”. También señaló que “[e]s probable que la proporción global de casos de ciclones tropicales de categoría 3-5 y la frecuencia de fenómenos de intensificación rápida hayan aumentado globalmente en los últimos 40 años”, y que en el futuro “es muy probable que las velocidades medias máximas de los vientos [de ciclones tropicales] y la proporción [de ciclones tropicales] de categoría 4-5 aumenten globalmente con el calentamiento”.
El GTI ha señalado que puede resultar difícil evaluar las tendencias de la sequía y sus causas, observando también que existen muchos tipos diferentes de sequías. Sin embargo, llegó a la conclusión de que “[e]n todos los continentes se registran aumentos de las sequías agrícolas y ecológicas” y que existen pruebas de que la influencia humana ha contribuido a estos aumentos en algunas regiones.
Eventos climáticos extremos pasados en Centroamérica
Aunque el GTI ha descrito estas tendencias generales a escala mundial, a menudo resulta más difícil determinar hasta qué punto los fenómenos meteorológicos extremos de un país o región concretos del mundo están relacionados con el cambio climático inducido por el hombre. En Guatemala y Centroamérica, esta tarea es especialmente difícil por muchas razones, entre las que se incluyen los limitados datos de observación, derivado en parte de las escasas redes de estaciones meteorológicas; la falta de investigaciones publicadas sobre el cambio climático centradas en la región; los complejos factores que subyacen a las sequías y los ciclones tropicales; y, de manera más general, el clima de Centroamérica, una porción de tierra relativamente estrecha entre las influencias convergentes de los océanos Pacífico y Atlántico.
Los científicos siguen evaluando nuevas evidencias de los vínculos entre diversos fenómenos y el cambio climáticos inducido por el hombre. El último informe del GTI estableció relaciones entre el cambio climático y las sequías pasadas en Centroamérica. Sin embargo, en parte debido a la limitada cantidad de datos disponible en ese momento, no pudo extraer conclusiones de confianza media a alta sobre dichas relaciones. Concretamente, en 2021 reportó una “baja confianza” sobre que actividades humanas, como las emisiones de gases de efecto invernadero, hayan afectado las tendencias de sequía en la región. Para ello, se refirió a “pruebas limitadas”, es decir, “falta de datos disponibles en la región y/o falta de estudios relevantes”. (Los científicos explicaron en el informe que la “baja confianza” de los hallazgos “no significa necesariamente que la confianza en su contrario sea alta”; ello tampoco “implica desconfianza en el hallazgo, sino que la afirmación es la mejor conclusión basada en el conocimiento actualmente disponibles”.)
Desde entonces, científicos cuyo trabajo previo ha citado el IPCC publicaron un estudio que concluía que el cambio climático inducido por el hombre hizo que un periodo de sequía en Centroamérica entre 2015 y 2019 fuera cuatro veces más probable. Durante ese periodo, la media quinquenal de lluvia para los meses de mayo a septiembre, la temporada de lluvias, fue la más baja de Centroamérica en los últimos 100 años. El estudio también encontró que una sequía de 40 años en América Central, que data de 1979, era coherente con la variabilidad natural, más que con el cambio climático inducido por el hombre.
Hombres observan los restos de una parte de la carretera que unía la ciudad de Timushan con La Unión, departamento de Zacapa, Guatemala. La carretera fue destruida por Eta e Iota en noviembre de 2020, y aún no ha sido reconstruida. Marzo de 2022.
© 2022 Max Schoening for Human Rights Watch
Del mismo modo, un estudio de mayo de 2021 que analiza la probabilidad de sequías a nivel mundial en el periodo entre 1956 y 2005, que no se publicó a tiempo para ser tenido en cuenta en el informe del GTI, concluyó que “los gases de efecto invernadero han influido significativamente en la aparición de sequías” en Centroamérica, así como en otras regiones.
En febrero de 2022, el Grupo de Trabajo II (GTII) del IPCC, que se centra en los impactos del cambio climático, publicó un informe en el que evalúa cómo el cambio climático ha afectado las sociedades y la naturaleza, a nivel mundial y regional. En relación con Centroamérica, el GTII reportó, con un nivel de confianza alto, que el cambio climático ha “impactado altamente” los sistemas de cultivos anuales. También señaló que la pérdida de cosechas “se deben en gran medida” a la irregularidad de las lluvias y a las sequías estacionales. El GTII no llegó a ninguna conclusión sobre si estos cambios están vinculados con acciones humanas como las emisiones de gases de efecto invernadero. Esas evaluaciones son competencia del GTI.
El GTI no ha podido llegar a conclusiones certeras sobre la conexión de los ciclones tropicales pasados en Centroamérica con el cambio climático provocado por el hombre. Ningún estudio publicado hasta ahora se ha centrado en la cuestión específica de si el calentamiento global influyó en el impacto de los ciclones tropicales Eta e Iota en Guatemala en 2020.
No obstante, otros estudios científicos proporcionan una base para inferir que el calentamiento global inducido por el hombre puede haber contribuido a las fuertes lluvias que acompañaron a Eta e Iota en Guatemala. El principio físico clave que explica por qué el calentamiento intensifica las precipitaciones de los ciclones tropicales es que el aire más caliente retiene más vapor de agua. Eso significa que hay más agua disponible para caer en forma de lluvia. Un estudio de abril de 2022 concluyó que el cambio climático inducido por el hombre aumentó las precipitaciones extremas de tormentas tropicales y huracanes durante la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 (de la que formaron parte Eta e Iota).
Probabilidad de futuros fenómenos meteorológicos extremos en América Central
A medida que el gobierno de Guatemala, otros gobiernos de la región y los responsables de políticas públicas de Estados Unidos estudian políticas de adaptación al cambio climático y a la migración, su atención debería centrarse en la probabilidad de que futuros fenómenos meteorológicos extremos y otros cambios climáticos afecten a la población de Centroamérica.
Sin acciones significativas para frenar las emisiones, Centroamérica será una de las regiones del mundo donde se espera que el calentamiento global aumente la gravedad y la frecuencia de las sequías, así como la intensidad de los ciclones tropicales, al tiempo que disminuye su frecuencia. Esta es la proyección científica del GTI del IPCC que cuenta con una confianza media en escenarios de emisiones de dióxido de carbono entre medias y altas. El GTI proyecta peores pérdidas de cosechas y un aumento de los riesgos de inseguridad alimentaria en la región. Por último, el GTI estima que, en todo el mundo, las precipitaciones de ciclones tropicales seguirán aumentando con el incremento del calentamiento global—una conclusión preocupante dada la vulnerabilidad de Guatemala frente a las inundaciones y los deslizamientos de tierra, como lo demostraron Eta e Iota.
En conjunto, las diferentes líneas de evidencia pintan un panorama de aumento de la frecuencia o intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos en Centroamérica, lo que hace necesarias acciones políticas audaces para facilitar y permitir la adaptación humana, incluyendo la migración.
Falencias en la protección por parte del gobierno guatemalteco
Aunque Guatemala tiene una mínima parte de responsabilidad en la crisis climática, su gobierno está lejos de estar libre de responsabilidad por la difícil situación de los guatemaltecos afectados por sequías y ciclones tropicales. El daño causado por estos fenómenos naturales no es simplemente producto de las condiciones climáticas. Es consecuencia de la interacción entre las condiciones climáticas y las condiciones de vulnerabilidad que históricamente sufren las poblaciones y de la falta de acciones gubernamentales para reducirlas. En Guatemala, las vulnerabilidades están vinculadas tanto a la explotación colonial como al apoyo estadounidense a un régimen militar que cometió genocidio y crímenes contra la humanidad contra las poblaciones indígenas. Una de las principales razones por las que las familias afectadas por la sequía y los ciclones tropicales han sufrido es que el gobierno guatemalteco no ha cumplido con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de garantizar un nivel de vida adecuado (y con ello reducir las vulnerabilidades) y de protección contra daños medioambientales previsibles.
(Izquierdo): Mayra, al lado de su casa, que fue afectada por las inundaciones causadas por Eta e Iota, en Sesab, departamento de Alta Verapaz. Abril de 2022. Ella nos contó que la comunidad no ha recibido ayuda del gobierno en la reconstrucción de su casa después de las inundaciones. (Derecho): Mayra, una residente de Seba, departamento de Alta Verapaz, Guatemala, señala la escuela con el techo blanco en la zona baja del valle, la cual quedó completamente sumergida en agua durante tres meses debido a las inundaciones causadas por Eta e Iota. Abril de 2022. Ella dijo a Human Rights Watch que la inundación cubrió más de la mitad de las paredes de su casa, a su derecha en la foto. Desde las inundaciones, su esposo ha pasado una gran parte del tiempo trabajando en Ciudad de Guatemala para enviarle dinero para apoyar a su familia y reparar los daños en la casa.
© 2022 Max Schoening para Human Rights WatchLas lluvias irregulares y escazas no serían tan devastadoras si los residentes no estuvieran a duras penas ganándose la vida como agricultores de secano y subsistencia, en parcelas de tierra pequeñas y poco fértiles. Los daños producidos por ciclones no serían tan catastróficos si los residentes no estuvieran luchando contra la pobreza y la discriminación, con pésimas oportunidades de empleo y un acceso limitado a educación, alimentación, atención sanitaria y agua potable, entre otros derechos básicos.
El gobierno guatemalteco reconoce que las condiciones socioeconómicas del país son “en gran medida” la causa de que sea especialmente vulnerable al cambio climático. A pesar de ser un país de renta media-alta, de acuerdo con el Producto Interior Bruto per cápita, Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición infantil crónica del mundo. Se calcula que más de la mitad del país vive en la pobreza y se sitúa en el tercio inferior del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, según mediciones de esperanza de vida, educación y nivel de vida.
Un agricultor afuera de su casa en una aldea del departamento de Chiquimula, Guatemala, el 28 de marzo de 2022. Según nos dijo, las sequías han provocado pérdidas de cosecha, lo cual disminuyó el acceso a alimentos y a ingresos económicos en su comunidad y llevó a residentes a migrar. El gobierno “nos ha abandonado”, nos dijo en referencia a la ausencia de programas de asistencia alimentaria, o sistemas de acueducto en su comunidad.
© 2022 Max Schoening para Human Rights Watch
El bajo índice de desarrollo humano de Guatemala se debe, según un informe gubernamental, a “la concentración de la riqueza en pequeños sectores y [a] que la mayoría de la población se encuentra excluida desde la ejecución de sus derechos”. La distribución desigual de la tierra, por ejemplo, es “uno de los factores principales” de la inseguridad alimentaria, según el primer plan nacional del gobierno sobre el cambio climático. La desigualdad en la riqueza e ingresos, a su vez, traza líneas étnicas: en 2021, el gobierno informó que el 80% de la amplia población indígena de Guatemala sufre pobreza multidimensional, frente al 50% de la población no indígena.
La escasa recaudación de impuestos contribuye a la falta de servicios públicos adecuados y a la pobreza, según el Banco Mundial, que ha reportado que los escasos ingresos gubernamentales de Guatemala “limitan la capacidad de inversión pública” y restringen los servicios básicos, “lo que explica en gran medida la falta de progreso en el desarrollo [de Guatemala] y las grandes brechas sociales, lo que la ubica en la cola del resto de América Latina y el Caribe”. La corrupción devora los limitados fondos gubernamentales y ha sido facilitada por la fiscal general María Consuelo Porras, quien arbitrariamente ha despedido y presentado cargos penales espurios contra fiscales anticorrupción. A la fiscal general Porras se le prohibió la entrada en Estados Unidos en 2022 “debido a su implicación en importantes casos de corrupción”.
Mientras tanto, entre marzo y mayo de 2022, 3,9 millones de guatemaltecos—el 22% de la población—sufrieron inseguridad alimentaria aguda en niveles que van desde niveles “crisis” hasta “emergencia”, en medio del aumento de los precios de los alimentos y el combustible. La inseguridad alimentaria en Guatemala no ha dejado de aumentar desde 2014, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
La historia de las comunidades indígenas mayas ch'orti'—hogar de Rafael y Emilio—ilustra la profundamente arraigada naturaleza de la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos en Guatemala. Los ch'orti' viven en la región oriental del Corredor Seco, con montañas y valles. Los valles tienen tierras fértiles; en comparación, el suelo de las laderas de las montañas es rocoso, poco profundo e infértil. En el pasado, los ch'orti' vivieron tanto en los valles como en las montañas. Pero algunos estudios demuestran que a partir de la colonización, la población no indígena adquirió gradualmente grandes franjas de tierra ch'orti', en un proceso plagado de injusticias, incluyendo trabajo forzado, abusos estatales de poder y represión a los esfuerzos por reclamar tierras, dejando en gran medida a los ch'orti' con tierras improductivas en las laderas de las montañas. La limitada infraestructura de riego de la región se concentra en los valles, aumentando la productividad agrícola en esas zonas, mientras que la agricultura en las laderas de las montañas habitadas por los ch'orti' sigue siendo de secano y es más vulnerable a las fluctuaciones de las lluvias.
Falta de protección contra la sequía
¿Qué podría hacer el gobierno guatemalteco para proteger a la población de los daños previsibles de la sequía, como exigen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? O, en la terminología del cambio climático, ¿qué medidas de “adaptación” puede adoptar para reducir los daños del clima actual y sus cambios previstos en un mundo que se calienta? El aumento de la inversión en servicios públicos y un sistema de protección social universal reduciría las vulnerabilidades.
Las autoridades podrían abordar la concentración de tierras que reconocen como “factor principal” de la inseguridad alimentaria, proporcionando a los agricultores acceso a más y mejores tierras, e indemnizando o devolviendo las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas en violación de sus derechos. Estados Unidos auspició un golpe de Estado, en 1954, contra el último presidente guatemalteco que defendió una importante reforma agraria. La tierra también estuvo en el centro de la guerra civil de Guatemala, que duró 36 años y terminó en 1996; durante la guerra, el gobierno cometió actos de genocidio contra las comunidades indígenas mayas, según concluyó posteriormente una comisión de la verdad apoyada por las Naciones Unidas.
Mejorar la gestión del agua y ampliar drásticamente los sistemas de riego, reduciendo así la dependencia de los agricultores de las lluvias irregulares, también sería una medida de gran impacto para proteger a la población de la sequía, como el gobierno reconoce desde hace tiempo. Su política nacional de riego para 2013-2023 identifica el acceso al riego como un “elemento esencial de las estrategias de combate a la inseguridad alimentaria y la pobreza rural”. La política subraya que el riego permite a los agricultores multiplicar su producción y sus ingresos, y que ninguna otra tecnología o política agrícola ofrece beneficios de la misma magnitud.
Las personas entrevistadas por Human Rights Watch—funcionarios gubernamentales, expertos en cambio climático y agricultura, trabajadores humanitarios, líderes comunitarios y agricultores—coincidieron en que los sistemas de riego proporcionarían una protección esencial. Estos sistemas permitirían a los pequeños agricultores del Corredor Seco tener cosechas y huertos durante todo el año, en lugar de sólo durante la estación lluviosa, así como regar sus cultivos durante los períodos sin precipitaciones durante la época de lluvias, incluyendo la disminución de las precipitaciones a la mitad durante la estación lluviosa, conocida como “sequía de mediados de verano”, o canícula.
El contraste marcado entre los estériles campos de color marrón de los agricultores de secano y las parcelas verdes y productivas de los agricultores con acceso al riego fue evidente cuando Human Rights Watch viajó al Corredor Seco antes del comienzo de la estación de lluvia. Por desgracia, los terrenos secos superaban con creces a los verdes, ya que el riego era prácticamente inexistente en las comunidades del Corredor Seco que visitamos, en las que los residentes generalmente no pueden pagar la infraestructura de un sistema de riego.
(Izquierdo): Cultivos plantados por fuera de la temporada de lluvias en un pueblo del Corredor Seco en el departamento de Baja Verapaz, Guatemala. El agricultor tenía recursos para instalar un sistema de riego, algo excepcional en la comunidad, que en general no cuenta con irrigación. Abril de 2022. (Derecho): Terreno sin sistema de riego en la misma zona del Corredor Seco en el departamento de Baja Verapaz, Guatemala. Abril de 2022.
© 2022 Max Schoening para Human Rights WatchEl gobierno guatemalteco ha realizado progresos mínimos en la ampliación de la cobertura de riego. En 2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó, que de las 2,6 millones de hectáreas de tierras potencialmente regables de Guatemala, sólo 337.471 hectáreas estaban irrigadas. El Ministerio se propuso aumentar el regadío en 60.000 hectáreas para 2017, pero sus informes anuales indican que se quedó muy lejos de este objetivo. Los avances posteriores también fueron modestos. Como lo resume un informe de la ONU de 2020, Guatemala tiene “muy poca infraestructura de riego, y está en manos principalmente de grandes empresas de exportación (caña, palma, banano)”.
El plan de cambio climático de Guatemala, actualizado en abril de 2022, identifica el aumento del riego como una medida de adaptación. Sin embargo, el objetivo declarado es ampliar la cobertura a al menos 4.500 hectáreas para 2025, apenas el 0,2% del potencial nacional identificado en 2013. El entonces ministro de Agricultura, que reconoció a Human Rights Watch que los proyectos de riego han sido “marginales”, afirmó que se estaba preparando un plan más ambicioso.
El Ministerio anunció más tarde que parte de este plan, que aún no es público, es una inversión de 148 millones de quetzales (19,1 millones de dólares) para construir y mejorar 10 proyectos de irrigación durante la próxima década, enfocándose en el Corredor Seco. Según cifras actualizadas, Guatemala cuenta con 3,9 millones de hectáreas potencialmente regables, de las que se riegan 447.000 en la actualidad. Para proteger a las personas más afectadas por las sequías, el plan debería garantizar que el riego llegue a los agricultores de subsistencia más vulnerables y sea económicamente asequible para ellos.
La falta de avances en la expansión del riego no es por falta de agua. Guatemala es un país rico en agua: la disponibilidad de agua per cápita está por encima de la media mundial. Incluso la pluviosidad anual en el Corredor Seco no es especialmente baja en comparación con otras regiones áridas del mundo donde la agricultura tiene éxito, según funcionarios y expertos.
El centro del problema es la distribución desigual de la lluvia, tanto geográficamente como a lo largo del año. El gobierno reporta lluvias cada vez más intensas que caen en menos días. Guatemala necesita infraestructuras resistentes al clima y sostenibles para captar y almacenar las lluvias torrenciales—en 2018, el país sólo podía almacenar el 1,5% de la producción estacional de agua—para aprovechar las fuentes de agua y transportar esa agua a los cultivos mediante el riego.
Aun así, el agua dista mucho de ser ilimitada y se prevé una disminución en las precipitaciones anuales de Guatemala con el cambio climático. En ese sentido, la expansión de un riego sostenible y equitativo tendría que ir de la mano de esfuerzos por proteger ese valioso recurso. Esto debería incluir un aumento en la superficie forestal: según el gobierno, la deforestación es una de las principales amenazas para el ciclo hidrológico del Corredor Seco, ya que en 2010 sólo quedaba el 22% de la cubierta de la región. La mitad de los bosques de Guatemala desaparecieron en los últimos 65 años.
En conjunto, el consenso de los funcionarios y expertos entrevistados fue que Guatemala no sufre de falta de agua, sino de falta de políticas gubernamentales y de infraestructuras para captarla, almacenarla y distribuirla.
Falta de protección contra ciclones tropicales
Cuando Human Rights Watch visitó Quejá, Sesab y El Esfuerzo Chicojuc, había transcurrido un año y medio desde Eta e Iota, pero el gobierno guatemalteco había hecho poco para ayudar a las comunidades a recuperarse o para protegerlas del riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra.
Tras la catástrofe de Quejá, la agencia de desastres de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), declaró la aldea inhabitable por el alto riesgo de que se produjeran más desprendimientos. La agencia también determinó, en un informe de febrero de 2021, que gran parte de Nueva Quejá también era “altamente susceptible a deslizamientos”. Más de 280 familias se habían reubicado a Nueva Quejá por su propia voluntad. La agencia recomendó a los residentes de Nueva Quejá permanecer “en alerta” hasta que pudieran reubicarse en una zona más segura.
Sin embargo, la única opción de reubicación que el gobierno presentó a los supervivientes de Quejá suponía potencialmente un importante revés para su nivel de vida. Los funcionarios ofrecieron, a menos de tres cuartas partes de las familias, parcelas para viviendas en las afueras del centro del municipio, en una zona llamada El Mirador, a unos 40 minutos en auto de Quejá y Nueva Quejá. Las parcelas son más pequeñas que las que tenían los residentes.
Lo más importante: El Mirador no tiene tierras para cultivar alimentos, como había hecho la comunidad durante más de un siglo en Quejá. El costo de viajar ida y vuelta, desde El Mirador hasta Quejá y Nueva Quejá para cultivar sus tierras, sería de 20 quetzales (unos 2,60 dólares). Lo más probable es que el costo resultara prohibitivo para muchos residentes, lo que les obligaría a depender en mayor medida de trabajo asalariado para alimentar a sus familias en una zona con escasas oportunidades laborales.
Casas en Nueva Quejá, departamento de Alta Verapaz. Marzo de 2022. © 2022 Max Schoening para Human Rights Watch.
La comunidad rechazó esa oferta hacia febrero de 2021. Mientras tanto, como la CONRED determinó que Nueva Quejá era una zona de alto riesgo, el gobierno no ayudó a construir viviendas nuevas para los supervivientes que se habían trasladado allí. Con mucho esfuerzo y escasos recursos, construyeron casas de peor calidad que las que tenían en Quejá. Algunos intentaron migrar a Estados Unidos.
Otros no disponían de recursos para reubicarse. Unas 30 familias regresaron a Quejá, a pesar de que el gobierno la declaró inhabitable por el riesgo de desprendimientos.
Rolando es uno de los supervivientes de Quejá que no tuvo otra opción que quedarse. El deslizamiento de tierras sepultó a sus tres hijos, a su esposa, su madre, su padre y sus hermanos y hermanas. Cuando lo entrevistamos en abril de 2022, no le quedaba tierra y a duras penas sobrevivía como jornalero, ganando 35 quetzales (4,60 dólares) al día, los días que encontraba trabajo. “Perdí a toda mi familia y el gobierno me dio la espalda”, nos dijo. También señaló que le gustaría migrar, pero no disponía de los recursos necesarios.
Un año y medio después del deslizamiento de tierras, el gobierno volvió a ofrecer las parcelas y viviendas de El Mirador a los supervivientes de Quejá. Altos funcionarios del gobierno nacional, el gobernador y el alcalde se reunieron con los líderes de la comunidad el 26 de mayo de 2022. Les dijeron que harían una propuesta de “emergencia” para prevenir otro desastre, dado que la temporada de lluvias estaba comenzando.
Las autoridades harían un conteo de las familias que necesitaban una vivienda, para asegurarse de beneficiar a quienes habían quedado fuera de la oferta anterior. Pero si los residentes no aceptaban la oferta para cuando se volvieran a reunir, una semana más tarde, la opción quedaría descartada, dijeron los funcionarios. También dijeron que ayudarían a la comunidad a comprar tierras de cultivo en años posteriores, pero no identificaron dónde. En la siguiente reunión, el 1 de junio, la comunidad acordó trasladarse a El Mirador, donde no pueden cultivar.
A pesar de que las autoridades habían dicho que se trataba de una emergencia, en febrero de 2023, el gobierno no había proporcionado tierras ni viviendas para que las familias supervivientes se trasladaran a El Mirador. Los miembros de la comunidad dijeron que el gobierno los había “abandonado” y “olvidado”. El número de familias que ha regresado a Quejá—declarada oficialmente inhabitable—asciende a unas 60.
Los supervivientes de Quejá están lejos de ser los únicos guatemaltecos que esperan la ayuda del gobierno para reconstruir sus viviendas. La CONRED identificó 13.292 viviendas afectadas por Eta e Iota, 2.937 de las cuales presentaban daños “graves”. El gobierno planea reemplazar o reconstruir las viviendas gravemente afectadas, pero hasta mayo de 2022 sólo había construido 101 y pretendía terminar otras 290 para finales de año.
Un obstáculo importante para la reconstrucción es que, como en Quejá, la mayoría de las viviendas no puede reconstruirse en el mismo terreno, debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. El gobierno no cuenta con una institución o política dedicada a ayudar a residentes afectados por desastres o en riesgo de ser afectados a conseguir los terrenos necesarios para reubicarse.
La CONRED, la agencia de desastres, no visitó Sesab después de Eta e Iota para evaluar los daños o el riesgo de futuras inundaciones. Los miembros de la comunidad dijeron que cuando el agua se drenó, regresaron y utilizaron sus propios recursos para reparar o reconstruir 11 casas inundadas, arreglar la escuela local y reconstruir el destruido puesto de salud del pueblo.
La prolongada incapacidad de las autoridades para conectar el Sesab con una carretera por la que puedan circular vehículos—hay aproximadamente un kilómetro y medio caminando hasta la carretera de este tipo más cercana—impidió que los residentes recibieran la ayuda alimentaria que los funcionarios estaban distribuyendo tras la inundación. Cuando la comunidad regresó, muchos niños sufrían diarrea y vómitos, que los miembros de la comunidad atribuyeron al agua contaminada. También dijeron que nunca habían tenido acceso a electricidad ni a agua corriente, sino que dependían de la lluvia y de fuentes para beber y para uso doméstico, con algunas fuentes a tres horas caminando.
En El Esfuerzo Chicojuc, los residentes no tenían conocimiento de ninguna acción gubernamental para reducir el riesgo constante de inundaciones que presenta el río fronterizo. Los funcionarios visitaron la zona después de Eta e Iota para inspeccionar los daños, pero la comunidad no había vuelto a saber de ellos desde entonces, dijo un dirigente local. La comunidad dijo que pidieron ayuda al municipio para retirar la arena que impedía la producción de sus cultivos, sin resultado. Sus tierras volvieron a inundarse en febrero de 2022 y, a finales de mayo de 2022, los primeros cultivos del año no estaban creciendo.
La migración como una estrategia de supervivencia
Ante el retraso de las medidas de protección del gobierno guatemalteco, muchos guatemaltecos afectados por la sequía y los ciclones tropicales no han tenido más opción que intentar salir adelante a través de la migración, tanto interna como internacional. Entrevistamos a 15 personas que dijeron que el impacto de las recientes sequías o ciclones tropicales, o de ambos fenómenos, influyó sustancialmente en su decisión de intentar migrar hacia Estados Unidos.
El IPCC, las agencias de la ONU y el gobierno estadounidense también han identificado la inseguridad alimentaria vinculada a la sequía como un factor que contribuye a la migración desde Guatemala hacia Estados Unidos. El IPCC afirmó en su informe publicado en 2022 que la migración internacional desde Guatemala, Honduras y El Salvador es “en parte consecuencia de las sequías prolongadas, que han aumentado la tensión sobre la disponibilidad de alimentos en estas regiones altamente empobrecidas”. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también registró los ciclones tropicales como un desencadenante potencial de la migración.
Como ha señalado el IPCC, se necesita más investigación para determinar hasta qué punto las sequías y los ciclones tropicales han provocado la migración de los guatemaltecos, y hasta qué punto esos fenómenos climáticos y meteorológicos, a su vez, han sido causados por el calentamiento global. Lo que está claro, y recibe un reconocimiento cada vez mayor, incluyendo por parte del IPCC, la OIM, expertos en política pública y activistas, es que alejarse de los daños climáticos es una estrategia de adaptación potencialmente crucial para reducir la exposición al impacto del cambio climático. Como se afirma en un informe de la Casa Blanca de octubre de 2021, “la migración es una forma importante de adaptación a los impactos del cambio climático”.
Sin embargo, la ruta migratoria más común entre Guatemala y Estados Unidos es peligrosa. La movilidad humana segura requiere vías legales, que son inaccesibles para la gran mayoría de las personas que migran a Estados Unidos debido a fenómenos meteorológicos extremos, independientemente de que estén causados por el cambio climático. La legislación estadounidense actual no dispone de caminos legales diseñados para acoger a personas desplazadas por estos fenómenos. El informe de la Casa Blanca recomendaba crear una nueva vía de acceso a estatus legal para migrantes que huyen de amenazas graves para sus vidas a causa del cambio climático, pero el gobierno estadounidense no ha adoptado ninguna medida al respecto.
Aunque no está diseñado para situaciones meteorológicas o climáticas, el reasentamiento de refugiados y el asilo podrían proporcionar un estatus legal en Estados Unidos a los guatemaltecos en circunstancias limitadas y que sean afectados por fenómenos meteorológicos extremos si otros factores establecieran los motivos de elegibilidad. El reasentamiento de refugiados concede la entrada legal desde fuera de Estados Unidos a refugiados de “especial preocupación humanitaria”. El asilo es una opción potencial para las personas que se encuentren dentro de Estados Unidos o que pueden obtener una cita en un puerto de entrada estadounidense.
Huir de los impactos climáticos no es una base, por sí misma, para el asilo o el reasentamiento de refugiados, ambos de los cuales requieren cumplir con la estrecha definición de refugiado de la legislación estadounidense, basada en la norma de temor bien fundado de persecución de la Convención de Refugiados de la ONU. Algunas personas afectadas por el clima pueden cumplir los requisitos porque también se enfrentan a la persecución del gobierno o de otros actores que el gobierno no puede o no quiere controlar. Los fenómenos meteorológicos y climáticos podrían ser potencialmente un factor relevante para una decisión en otros casos; por ejemplo, cuando el país de origen discrimina a la hora de decidir quién recibe asistencia o protección.
No obstante, esto solo cubriría a una pequeña parte de los casos, dada la forma actual de aplicar la legislación estadounidense en materia de asilo y refugio. Los funcionarios estadounidenses encargados de las solicitudes de asilo y otros responsables en la toma de decisiones tendrían que comprender la intersección entre los impactos climáticos y otros motivos legales para otorgar asilo o reasentamiento de refugiados, así como estar dispuestos a considerar la totalidad de las circunstancias implicadas en las solicitudes de protección internacional.
Para empeorar las cosas, la ley de “prohibición de asilo” de 2023 del presidente estadounidense Joe Biden hará que conseguir asilo en Estados Unidos sea casi inaccesible, una violación del derecho internacional de los derechos humanos y sobre refugio. La prohibición de asilo, sobre la cual se espera que un juez federal de apelaciones dicte sentencia a fines de 2023,comprende un programa de deportación acelerada que probablemente someterá a las personas a procedimientos injustos sin acceso a un abogado y una “prohibición de tránsito a terceros países” (cuyas versiones anteriores han sido declaradas ilegales por dos tribunales federales) que obligaría a los guatemaltecos a solicitar asilo en México antes de solicitarlo en Estados Unidos.
Esta política obliga a los solicitantes de asilo a presentar sus solicitudes a través de la aplicación para celulares CBP One y castiga a quienes cruzan la frontera de forma irregular, prohibiéndoles la readmisión legal durante cinco años. Las citas son extremadamente limitadas y suelen llenarse en cuestión de minutos, lo que significa que muchos solicitantes de asilo esperan durante meses, intentando conseguir un cupo cada día. El resultado es la “medición” (metering), que obliga a muchos solicitantes de asilo a esperar, durante un tiempo indeterminado y en condiciones peligrosas, en las regiones fronterizas mexicanas.
A diferencia de muchos otros países, Estados Unidos no ha ampliado su sistema de asilo para ofrecer protección “complementaria” frente a la deportación de personas que huyen de un riesgo real de sufrir daños graves, pero que no se ajustan a la definición de refugiado porque su temor a ser devueltos se debe a motivos distintos a ser perseguidos por uno o varios de los motivos específicos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Llenar este vacío legal podría proteger a muchos inmigrantes afectados por condiciones climáticas extremas y acercar a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para proteger los derechos a la vida y a la integridad física.
Una opción que tiene la administración Biden es designar a Guatemala en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El TPS es una suspensión temporal de la deportación que el ejecutivo tiene la autoridad de usar unilateralmente a todos los nacionales de un país, basándose en la constatación de que un desastre medioambiental u otras condiciones extraordinarias y temporales impiden su retorno seguro. A diferencia de la protección complementaria, se aplica país por país y no persona por persona, y sólo cubre a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos en el momento de la designación, no a los recién llegados.
En 2022, grupos de 33 senadores y 84 congresistas estadounidenses enviaron cartas a la administración Biden pidiéndole que designara a Guatemala en el TPS, basándose en gran medida en los efectos de Eta e Iota y las sequías, y, según informes de prensa, el gobierno guatemalteco solicitó la designación en junio de 2021. Sin embargo, la administración Biden no ha tomado acciones al respecto.
En junio, Estados Unidos firmó, junto con Canadá y 18 países de América Latina, una declaración en la que se comprometía a “crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular”, incluso ampliando los caminos legales y la protección de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. La declaración no incluía el compromiso de crear una mecanismo legal para los migrantes que huyen de los impactos del cambio climático, como se había recomendado en el informe de la Casa Blanca de octubre de 2021.
México también adhirió a la declaración, pero sus políticas de migración siguen agravando el peligro de migrar desde Guatemala hacia Estados Unidos. El país ha firmado e incorporado a su legislación la Declaración de Cartagena de 1984, que establece que una persona puede obtener el estatuto de refugiado por haber huido, entre otras razones, de “circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Esto podría interpretarse para concluir que personas que huyen de fenómenos meteorológicos extremos pueden obtener el estatuto de refugiado en México. Sin embargo, las políticas del país han hecho que cada vez sea más difícil obtener protección internacional en México o llegar a la frontera con Estados Unidos.
Respondiendo en gran parte a la presión del gobierno estadounidense, los agentes mexicanos operan puestos de control migratorio en todo el país, controlan autobuses, paran vehículos, detienen a personas en aeropuertos, hacen redadas en hoteles y patrullan parques, plazas y vías de ferrocarril, deteniendo a cientos de miles de migrantes cada año. México deporta a decenas de miles de guatemaltecos cada año. No hay pruebas de que estas medidas hayan reducido el número de personas que intentan migrar. Por el contrario, han empujado a los migrantes a elegir rutas más peligrosas, han aumentado la rentabilidad del tráfico de personas y han creado nuevas oportunidades para la extorsión.
Los peligros de la migración
Emilio migró a Estados Unidos en julio de 2021. Lloró al recordar cómo se despedía de su familia, que arriesgó sus tierras como garantía para poder financiar el viaje. Con el fracaso de sus cosechas y el racionamiento de alimentos de su familia, no buscaba, como dicen algunos de sus compatriotas, el sueño americano, sino huir de la pesadilla guatemalteca.
Los traficantes lo subieron a un autobús en el sur de México, junto con otros 90 migrantes. A los pocos días de viaje, las autoridades mexicanas pararon el autobús, lo detuvieron durante dos semanas y lo deportaron a Guatemala. Emilio había pagado a los traficantes 40.000 quetzales (unos 5.200 dólares) por adelantado para intentarlo tres veces. Si no lo conseguía, su familia perdería sus tierras. Volvió a intentarlo inmediatamente. Esta vez, cuando las autoridades mexicanas pararon el autobús, exigieron sobornos a los migrantes y los dejaron pasar.
En el norte de México, cerca de la frontera, los traficantes de personas alojaron a Emilio y a decenas de migrantes en una casa abandonada, sin baño. Al cabo de un mes, un guía los llevó a él y a un grupo de personas a través del ardiente desierto hasta Estados Unidos. Se frotaban con ajo para repeler las serpientes cuando dormían en el desierto. Al cabo de ocho días, todos lo consiguieron.
El viaje de Emilio no fue el más difícil que documentamos. Comenzando en el sur de México, varios migrantes guatemaltecos dijeron que los traficantes de personas los transportaron en camiones de carga abarrotados, y con acceso limitado a agua. Debido al calor, algunos se desmayaron. Un hombre dijo sentirse a punto de morir—mientras luchaba por respirar, encerrado en un remolque sofocantemente caliente, sin agua y con más de 300 hombres, mujeres y niños—cuando las autoridades mexicanas rompieron la puerta trasera del camión, que se había detenido junto a una carretera. En diciembre de 2021, un camión que transportaba a más de 150 migrantes volcó en Chiapas, México, matando a 56 personas, la mayoría de ellas guatemaltecas.
Un guatemalteco que intentó migrar a Estados Unidos en 2021 nos dijo que en México vio cómo los traficantes golpeaban a otros migrantes con los puños y trozos de madera. Otro dijo que los traficantes apartaron a unos 20 hombres, mujeres y niños de su grupo y amenazaron con matarlos a menos que les hicieran un oneroso pago. Anteriormente, en 2021, un grupo de 16 migrantes guatemaltecos que intentaban llegar a Estados Unidos fue masacrado en el norte de México. Al parecer la policía estuvo implicada.
Para los migrantes que logran atravesar México, después viene la peligrosa travesía por el desierto hacia Estados Unidos. Óscar experimentó los peligros de primera mano. En su cuarto día de camino por el desierto, él y el grupo de migrantes con el que se encontraba fueron informados de que estaban a una hora de su punto de recogida en Estados Unidos. Soltaron sus mochilas de provisiones, creyendo que ya no las necesitaban, queriendo aligerar su carga. Siguieron caminando durante horas, y nada.
Óscar estaba agotado, hambriento y sediento, sin agua ni comida. Se acercaba la noche. Incapaz de seguir el ritmo de los demás, se recostó y, por mucho que lo intentó, no pudo volver a levantarse. Recuerda haber visto un camino cerca y haber dicho al grupo que le dejaran. Eso hicieron. Después de recuperar algo de fuerzas, a la mañana siguiente caminó hasta la carretera y se entregó a agentes fronterizos estadounidenses.
Deportado de vuelta a Guatemala, Óscar tenía miedo de volver a intentarlo. El miedo aumentó cuando, unos meses más tarde, hacia mayo de 2021, un joven de su pueblo perdió la vida intentando cruzar el desierto hacia Estados Unidos. Se había desmayado y murió en el calor de más de 37 grados Celsius, según un testigo que entrevistamos y que viajaba en el mismo grupo. El joven dejó en Guatemala una viuda de 22 años y dos hijos pequeños, con miles de dólares en deudas, y sumidos aún más en la pobreza y la inseguridad alimentaria.
A pesar de lo asustados que estaban Óscar y su esposa, la comida en casa escaseaba y los intereses mensuales del 10% se acumulaban en el préstamo de 20.000 quetzales (unos 2.600 dólares) que había pedido para su viaje. El prestamista lo presionaba para que le pagara. Así que pidió un segundo préstamo, con las mismas condiciones, para intentarlo de nuevo. Esta vez lo consiguió y completó el pago de 85.000 quetzales (unos 11.000 dólares) a los traficantes de personas por el viaje completo y con éxito. Él es una de las más de 50 personas de su aldea que han migrado a Estados Unidos en medio de las sequías y la pérdida de cosechas de los últimos años, según líderes de la comunidad.
José y Luis, de Quejá, se separaron de sus guías cuando intentaban cruzar el desierto en 2021. José caminó nueve días solo, buscando agua, antes de llegar a Tucson, Arizona. Cuando Luis se apartó del grupo, un migrante ya había dicho que no podía continuar y fue dejado atrás en el desierto. Una vez separados, Luis y otros seis migrantes caminaron en círculos durante cuatro días, sin señal telefónica, buscando agua de manera infructuosa. Temía no sobrevivir. Agotados y con medio litro de agua cada uno, tropezaron con una carretera y se entregaron. Expulsado al norte de México, Luis descansó durante cinco días. Temeroso pero decidido, volvió a intentarlo, esta vez con éxito.
Las peligrosas travesías por el desierto son resultado directo—y esperado—de la política de migración de Estados Unidos, que lleva décadas aplicando una fuerte vigilancia en su frontera con México. La política de “prevención a través de la disuasión” del gobierno estadounidense, adoptada en 1994, predijo que disuadiría la migración y la empujaría hacia terrenos más remotos y “hostiles”, incluyendo el “calor abrasador de la frontera sur”, donde los migrantes “pueden encontrarse en peligro de muerte”.
Un informe de 1997 de la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno (Government Accountability Office, GAO) dirigido al Congreso de los Estados Unidos predijo que la estrategia provocaría un aumento de las muertes de migrantes en las travesías por el desierto y las montañas. Informes posteriores dirigidos al Congreso presentaron pruebas de que la “prevención a través de la disuasión” estaba, de hecho, provocando muertes de migrantes. Consciente del creciente número de muertes, el gobierno estadounidense ha seguido incrementando la vigilancia fronteriza.
En el año fiscal 2022, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection, CBP), al menos 850 personas murieron intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, frente a las 546 muertes del año fiscal anterior. Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabilizó 487 migrantes muertes o desapariciones en el año calendario 2022 y ha contabilizado 154 desde el inicio de 2023. La CBP y la OIM no coordinan su recolección de datos. Por lo tanto, existe un solapamiento entre las cifras, así como un grave subregistro en ambas, debido a que un número incalculable de restos humanos nunca son encontrados. Es probable que el calentamiento global aumente la deshidratación y las muertes, según un estudio reciente.
La fuerte vigilancia fronteriza y la falta de opciones para obtener un estatus legal también aumentan la necesidad de los migrantes de pagar a los traficantes para que los ayuden a evitar ser detectados. Si consiguen llegar a Estados Unidos, al principio deben enviar gran parte del dinero que tanto les ha costado ganar a prestamistas y traficantes, en lugar de a sus familias.
La esposa de Óscar dijo que se sentía físicamente enferma por miedo a no poder pagar la deuda. Para llegar a Estados Unidos en 2021, Óscar, Rafael y Emilio adquirieron préstamos de entre 85.000 y 130.000 quetzales (aproximadamente entre 11.000 y 17.000 dólares), a un interés mensual de entre el 7 y el 10%. A mediados de 2022, Emilio había conseguido reducir su deuda, mientras que la de Rafael y Óscar había aumentado.
Ganando el salario mínimo en restaurantes y en una tienda en Estados Unidos, los tres hombres enviaban cada mes entre 650 y 1.300 dólares a los prestamistas, y entre el 5 y el 25% a sus familias en Guatemala. El poco dinero restante lo gastaban en una vida bastante austera, siempre sabiendo que están bajo la amenaza de una posible deportación de Estados Unidos, con la esperanza de que, al saldar sus deudas, su sacrificio mejore el futuro de sus familias.
Los gobiernos deberían actuar
Las sequías y los ciclones tropicales han agravado la precariedad en toda Guatemala, llevando a muchas personas a un punto de quiebre. Ante la falta de acciones gubernamentales urgentes, el cambio climático inducido por el hombre amenaza con agravar mucho más el problema.
Todos los gobiernos deberían reducir rápidamente la emisión de gases de efecto invernadero para evitar un peor desenlace del cambio climático.
Guatemala debe adoptar políticas de adaptación eficaces y respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de los daños previsibles de las sequías y los ciclones tropicales, prestando especial atención a las personas y los grupos ya marginados por la acción o la inacción del gobierno, como los indígenas, las personas que viven en la pobreza y las mujeres y los niños.
Estados Unidos y otros países deberían ayudar en estos esfuerzos. Para cumplir sus compromisos en virtud de la Declaración de Los Ángeles, el pacto regional para crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, Estados Unidos debería ampliar las formas seguras y legales y el acceso a la protección para los guatemaltecos y otras personas que migran y huyen de fenómenos meteorológicos extremos. Un buen punto de partida para Estados Unidos es establecer una ley de protección complementaria para aquellos que se enfrentan a un riesgo real de sufrir daños graves si son devueltos a su país.
Si no se actúa, muchos más guatemaltecos, como Rafael, se verán atrapados entre el hambre y la pobreza desesperante, por un lado, y la perspectiva de viajes a Estados Unidos que los amenazan con deudas insalvables, o incluso con la muerte, por el otro.