La madre de Heidi y otros familiares se reúnen en el cementerio para conmemorar el día en que ella habría cumplido cinco años, el 25 de septiembre de 2022. © 2022 Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Human Rights Watch encontró graves omisiones en la investigación oficial sobre el asesinato de una niña de 4 años, Heidi Pérez.
Dos años después de la muerte de Heidi, su familia exige justicia.
Dos años después de la muerte de Heidi, su familia exige justicia.
A Heidi Pérez, de cuatro años, le dolía el estómago. "Me duele la panza", le dijo a su madre, Cristina, quien la consoló, como lo había hecho tantas veces antes. Si le seguía doliendo más tarde, Cristina le prometió que su abuelastra, Griselda, que a menudo cuidaba de Heidi mientras Cristina trabajaba, le daría un medicamento.
Cristina no llegaría a casa hasta tarde. Tenía turno de noche como asistente médica en el Hospital General 11 de Nuevo Laredo, la pequeña ciudad donde vivían en el estado de Tamaulipas, en la frontera mexicana con Estados Unidos.
Era el 31 de agosto de 2022 y sería la última vez que Cristina vería con vida a su hija. Heidi moriría esa misma noche en el hospital de su madre de un balazo en la cabeza.
Human Rights Watch revisó la investigación oficial sobre la muerte de Heidi, en colaboración con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización local. Encontramos graves fallas y omisiones en la investigación e identificamos nuevas pruebas sobre el posible papel de soldados en la muerte de Heidi.
Hacia las diez de la noche, Cristina recibió una llamada de su padre. A Heidi aún le dolía el estómago y él y Griselda estaban preocupados. Querían llevarla a que le hicieran una radiografía, para estar seguros. Griselda conduciría.
Griselda metió a Heidi y a su hermano mayor en su Chevrolet Cobalt, color gris, y se dirigió al hospital.
La cámara de seguridad de una casa capta el momento, justo antes de la muerte de Heidi, en el que Griselda se acerca a una intersección de calles cerca de su casa y gira hacía la derecha para evitar los vehículos militares adelante, el 31 de agosto de 2022. Cortesía del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Alrededor de las 10:23 p.m., Griselda se acercó a una intersección a unas cuadras de su casa. Dice que vio vehículos militares bloqueando la calle más adelante. Como habitante de Nuevo Laredo desde hace mucho tiempo, estaba preocupada pero no sorprendida.
Ver vehículos militares en las calles de Nuevo Laredo es algo común. Las Fuerzas Armadas llevan décadas desplegadas por todo México para combatir a los cárteles de la droga. Pocos lugares se han visto más afectados que Nuevo Laredo. De los 5.755 enfrentamientos militares reportados por el Ejército mexicano entre 2007 y 2023, casi 700 de ellos se produjeron en Nuevo Laredo, más que en cualquier otra ciudad, estado o municipio del país.
Griselda giró a la derecha, tomando la calle 20 de Noviembre para evitar a los soldados. Segundos después, escuchó disparos que golpeaban el auto y sintió un ardor en el hombro derecho. Mientras aceleraba para huir, oyó al hermano de Heidi gritar: “¡Mataron a mi hermana! ¡Mi hermana está muerta!”
Griselda detuvo el coche y miró hacía el asiento trasero. El hermano mayor de Heidi la sostenía en sus brazos mientras ella sangraba por la cabeza. Griselda puso a Heidi en el asiento delantero y llamó al padre de Cristina, en un pánico. “La balacearon”, él le dijo a Cristina en una llamada telefónica poco después.
Griselda aceleró hacia el Hospital General 11, utilizando una mano para manejar el coche y la otra para sostener a Heidi, mientras se desangraba en el asiento del copiloto.
Minutos después Griselda entró corriendo al hospital, cubierta de sangre. “¡Viene sangrando!”, gritó, mientras sostenía el débil cuerpo de Heidi. Su pelo ondulado venía enredado alrededor de un traumatismo masivo en el lado izquierdo del cráneo.
Los médicos se llevaron a Heidi a la sala de urgencias pediátricas. Cuando Cristina, quien trabajaba en ese mismo hospital, se enteró que su hija estaba allí, se presentó para esperar a su hija, pero y le dijeron a Cristina que esperara afuera. Ella fue a buscar a Griselda, para preguntarle qué había pasado. Griselda apenas podía responder. “Sólo repetía: ‘Nos dispararon. Los soldados nos dispararon’. No comprendía qué estaba pasando”, dijo Cristina.
Minutos después, un médico se acercó a Cristina y le pidió que entrara en el quirófano. El médico le explicó que Heidi había muerto de un disparo en la cabeza. Eran las 10:37 de la noche.
A la mañana siguiente, Cristina acudió a la fiscalía para hacer una declaración formal. “Fue muy feo”, recordó. “En el momento en el que yo estaba poniendo la denuncia llegó el personal militar a dar su declaración. Y enfrente de mí dijeron, pues, que no. Que ellos no estaban en el lugar.” Se sintió impotente. “Eran como cinco. Entonces yo estaba rodeada de todas esas personas y sin el apoyo de alguien. Y pues yo sentía que me estaban haciendo de menos”.
Ese día, Cristina pidió ayuda a una organización local de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La organización, que proporciona representación legal a las víctimas de abusos militares, informa haber documentado al menos 18 casos de violaciones de derechos vinculadas al Ejército en Nuevo Laredo desde 2018. Raymundo Ramos, presidente del Comité y defensor de derechos humanos desde hace mucho tiempo, se ha enfrentado al acoso y la vigilancia del Estado por sus investigaciones sobre los militares en Nuevo Laredo.
En el funeral, dos días después de la muerte de Heidi, Cristina dijo a un grupo de periodistas: “Ella no hizo nada malo en esta vida. Ella vino a darme mucho amor y mucha alegría, y lo pido por mí y su hermanito que está sufriendo mucho, quiero y exijo justicia”.
Pero dos años después, la familia de Heidi sigue esperando justicia.
El gobierno mexicano dice que una bala perdida de un tiroteo entre soldados y delincuentes armados mató a Heidi. Cinco días después de su muerte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, en su conferencia de prensa matutina, que la Secretaría de la Defensa Nacional ya había investigado y que los responsables serían castigados.
Apenas unos días antes, su partido político había presentado una iniciativa para modificar la constitución y hacer permanente el control de las Fuerzas Armadas sobre las tareas de seguridad pública. La propuesta fue criticada por organizaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales, entre ellas Human Rights Watch, que señalaron un largo historial de abusos cometidos por soldados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que casi nunca se investigan. Como candidato, López Obrador había prometido poner fin al uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y regresar a los soldados a sus cuarteles. Una vez en el cargo, cambió de tono, argumentando que los abusos militares eran cosa del pasado, y que ahora los soldados respetaban plenamente los derechos humanos.
Los hechos cuentan una historia diferente. Desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, el Ejército ha reportado la muerte de más de mil civiles, 185 de ellos en Nuevo Laredo. Aunque las autoridades suelen afirmar que las muertes de civiles están relacionadas con enfrentamientos armados con grupos criminales, estas rara vez se investigan de forma independiente. Según correos electrónicos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidos por periodistas en 2022, entre 2007 y 2021 sólo se abrieron 147 causas penales contra soldados por violaciones de los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos y periodistas han documentado docenas de casos en los que aparentemente los soldados dispararon contra civiles no armados, incluyendo muchos en Nuevo Laredo. Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sólo han llegado a juicio dos de los 18 casos de violaciones de derechos humanos por militares que ha documentado desde 2018.
Presión militar para guardar silencio
El día del funeral de Heidi, un funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional pidió una reunión a la familia. Una prima de Cristina respondió pidiendo al funcionario que les diera tiempo para guardar luto. Días más tarde, el funcionario volvió a llamar. Esta vez, Cristina se encontraba en un restaurante con abogados del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo cuando recibió la llamada y accedió a verlo. Pidió al funcionario que acudiera al restaurante. Cuando éste llegó, pareció desanimarse al ver que los abogados de Cristina estaban ahí. “El momento que vio que estaba acompañada se dio la media vuelta y se retiró. Entonces yo le mandé un mensaje de porque se había retirado y regresó otra vez a la mesa”, dijo.
El funcionario le dijo a Cristina que la Secretaría de la Defensa Nacional podría brindar “apoyo” si la familia accedía a dejar de hablar públicamente de la muerte de Heidi. Se trata de una táctica que los militares mexicanos han utilizado durante años para no rendir cuentas por sus abusos. El funcionario le dijo a Cristina que, si quería seguir discutiendo el acuerdo, sería mejor reunirse en privado, sin abogados.
Cristina interpretó que la oferta de “apoyo” del funcionario significaba dinero. Ella se negó.
Una entrevista con la madre de Heidi, Cristina Pérez. © 2024 Human Rights Watch
En las semanas posteriores a la reunión, unos soldados empezaron a seguir a Cristina y a su familia por Nuevo Laredo. Ella dice que aparecían afuera de su casa por la noche, o en el terreno baldío de al lado, mirando por las ventanas de la familia. En una ocasión, camiones militares rodearon el coche del hermano de Cristina. Toda la familia tenía miedo. “Pasa[s] por un lado de ellos y no sabes por qué están ahí. Como si fuéramos delincuentes y [nos] estuvieran cuidando”, dijo Cristina. “No podíamos ni salir a la tienda”.
Una semana después de la muerte de Heidi, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo gubernamental, decretó una medida cautelar instruyendo al Ejército que impidiera que los soldados se pusieran en contacto con Cristina o que fueran a su casa. Pero el acoso no cesó, según contó ella a Human Rights Watch. En octubre, Cristina y su madre fueron a la fiscalía para solicitar medidas de protección y evitar más acoso. La fiscalía envió una carta al comandante de la guarnición militar, en la que le pidió que ordenara a los soldados que dejaran de circular por la calle de Cristina. “No nos hicieron caso”, dijo Cristina. “Dije yo, no pues: ¿qué estoy haciendo aquí?”. Finalmente, sintió que no tenía otra opción que abandonar Nuevo Laredo.
La experiencia de Cristina es algo común. La Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional a menudo ofrece compensación económica a las familias de personas muertas o heridas por soldados. En 2009 y 2010, Human Rights Watch documentó más de una docena de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los que los militares habían presionado a las familias para que aceptaran una indemnización a cambio de abandonar la investigación penal. En muchos casos, las familias que se negaron a firmar los acuerdos denunciaron haber sufrido acoso militar. Esta práctica ha continuado. Entre 2010 y 2022, periodistas encontraron más de 230 acuerdos de este tipo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y las familias de víctimas. La Secretaría de la Defensa Nacional rechazó una solicitud de información de Human Rights Watch sobre los acuerdos firmados en 2023.
Cristina dijo a Human Rights Watch que no quiere que la muerte de Heidi sea ignorada como tantos otros casos. “No quiero dinero”, dijo Cristina. “Quiero que investiguen... que hagan bien su trabajo”.
Graves omisiones en la investigación
La fiscalía del estado de Tamaulipas inició la investigación, pero la Fiscalía General de la República (FGR) la atrajo en septiembre de 2022. Hasta agosto de 2024, dos años después, no se ha identificado a ningún presunto responsable.
A principios de 2023, la FGR comunicó a la familia de Heidi y a sus abogados su intención de devolver el caso a la fiscalía del estado de Tamaulipas debido a la falta de pruebas que implicaran a los militares. Fue entonces cuando los investigadores de Human Rights Watch comenzaron a revisar miles de páginas de la carpeta de investigación, incluyendo declaraciones de testigos, estudios forenses y fotografías de la escena del crimen, vehículos, municiones y las heridas de Heidi y Griselda.
Nos reunimos con la familia de Heidi y sus abogados, y viajamos a Nuevo Laredo para visitar el lugar del tiroteo y examinar el coche en el que viajaba Heidi. También revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche en que Heidi fue asesinada, consultamos a expertos forenses y balísticos independientes y examinamos imágenes por satélite y de fuentes abiertas para reconstruir los hechos del 31 de agosto de 2022.
Encontramos graves errores y omisiones en la investigación, así como escasas pruebas fiables que respalden la afirmación del gobierno de que Heidi murió en un enfrentamiento entre soldados y delincuentes armados. Encontramos irregularidades preocupantes en las pruebas que los soldados presentaron para apoyar esta versión de los hechos. También identificamos incoherencias entre la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional y los videos de la noche del asesinato.
Además, encontramos pocas pruebas de que los fiscales hubieran tomado medidas suficientes para verificar la versión de los militares o corroborar el testimonio de los soldados sobre la noche del asesinato de Heidi.
Pruebas dudosas de un enfrentamiento con personas armadas
El gobierno mexicano afirma que Heidi murió en un enfrentamiento, en el que personas armadas abrieron fuego contra un convoy militar. En una carta enviada a Human Rights Watch, el 21 de mayo de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que “personal militar no violentó derechos humanos”.
La familia de Heidi y los abogados del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo afirman que funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la FGR les han dicho en privado que creen que Heidi fue asesinada por personas armadas no identificadas, no por soldados. Pero Human Rights Watch encontró que las pruebas de que personas armadas dispararon contra los soldados o estuvieron implicadas en la muerte de Heidi son débiles y poco fiables. Los fiscales han tomado pocas medidas para verificar esta versión de los hechos, y no encontramos indicios de que hubieran intentado identificar a los supuestos criminales armados.
La versión del Ejército
Alrededor de dos horas después del asesinato de Heidi, los comandantes de dos convoyes militares (de tres vehículos cada uno), a los que llamaremos Convoy Uno y Convoy Dos, presentaron informes oficiales ante la oficina de la FGR en Nuevo Laredo. Durante los dos días siguientes, muchos de los soldados dieron declaraciones ante la FGR. Ni los informes ni las declaraciones mencionaron el asesinato de Heidi.
En su informe y sus declaraciones, los soldados del Convoy Uno dijeron que, mientras circulaban por la zona, alrededor del mismo tiempo en que Heidi recibió los disparos, encontraron un vehículo sospechoso, una camioneta tipo SUV color gris, conducido por hombres con cascos militares. La camioneta estaba a tres cuadras de la esquina donde Heidi recibió los disparos. Cuando intentaron perseguirla, dijeron, apareció un segundo vehículo, una camioneta negra tipo pickup. Según su versión, los pasajeros dispararon contra los soldados y huyeron, por lo que los soldados respondieron disparando en defensa propia, dijeron, aunque no dispararon contra la camioneta negra, sino contra la gris, que también huyó. Los soldados llamaron entonces por radio a su base para pedir apoyo.
Human Rights Watch revisó los videos de una cámara de seguridad situada a cuatro cuadras de distancia, que parecían mostrar disparos que provienen de la dirección de los soldados. Un investigador de la FGR que revisó el video de la cámara a bordo de uno de los vehículos militares también informó haber visto una camioneta gris y destellos que coinciden con el momento en que los soldados dijeron haber disparado sus armas. Sin embargo, el investigador no dijo haber visto una camioneta negra. Tampoco informó haber visto a nadie disparar contra los soldados. De hecho, más allá del testimonio de los soldados, no encontramos ninguna prueba en el expediente que sugiera la presencia de una camioneta negra en el momento en que los soldados dispararon.
La oficina de C5 de Nuevo Laredo (servicios de emergencia) dijo a la FGR, en una carta que Human Rights Watch revisó, que no recibió informes de personas armadas, agresiones o tiroteos en el centro de Nuevo Laredo la noche en que Heidi fue asesinada. Y los investigadores que inspeccionaron el lugar al día siguiente no encontraron casquillos de bala, daños en los edificios ni pruebas de un tiroteo, excepto una señal de tránsito con un agujero, según su informe de inspección de la escena del crimen. No queda claro cuándo ni cómo se produjo el agujero ni si tuvo algo que ver con los acontecimientos de la noche anterior.
La cámara de seguridad de una casa ubicada a tres cuadras al este del lugar donde los soldados del Convoy Uno dispararon sus armas capta lo que parecen ser dos disparos que provienen de la dirección del Convoy Uno, el 31 de agosto de 2022. Cortesía del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Asimismo, los investigadores que inspeccionaron los vehículos militares informaron que encontraron una grieta, posiblemente causada por una bala, en el cristal de la torreta de la ametralladora de uno de los vehículos. Pero no determinaron su antigüedad.
La FGR obtuvo pruebas, algunas de ellas proporcionadas directamente por los soldados, para apoyar la afirmación de que personas armadas en una camioneta negra les dispararon. Pero las pruebas tienen graves defectos.
Una testigo anónima y un casquillo de bala sospechoso
Los investigadores informaron de que no habían encontrado pruebas de un tiroteo cuando inspeccionaron el lugar al día siguiente, el 1 de septiembre. Pero el 4 de septiembre presentaron un informe diciendo que una testigo anónima se había presentado para darles un casquillo de bala que decía haber encontrado en el suelo en el lugar del supuesto tiroteo. Según su informe, la testigo dijo que un equipo municipal de limpieza había acudido esa mañana y había retirado todas las demás pruebas antes de que llegaran los investigadores de la escena del crimen.
Los fiscales esperaron dos meses antes de intentar corroborar la versión de la testigo, y sólo lo hicieron después de que los abogados de la familia de Heidi lo solicitaran. En una carta a la FGR que Human Rights Watch revisó, funcionarios municipales dijeron que no se había asignado ningún equipo de limpieza a la zona ese día.
La camioneta negra
Cuando los soldados reportaron el enfrentamiento, llevaron a la fiscalía una camioneta negra tipo pickup que, según dijeron, coincidía con la descripción del vehículo que les había disparado. También llevaron un cargador de plástico con cartuchos útiles que dijeron haber encontrado en el asiento del conductor.
La versión de los soldados sobre el hallazgo y el aseguramiento de la camioneta revela varias incoherencias. Dijeron a los fiscales que los soldados del Convoy Dos estaban descansando en su base cuando recibieron la llamada de auxilio del Convoy Uno. El Convoy Dos se desplegó inmediatamente para buscar los dos vehículos: la camioneta gris tipo SUV y la camioneta negra tipo pickup. Pero, en lugar de dirigirse hasta el lugar del supuesto tiroteo, fueron directamente al otro lado de la ciudad, a un recinto ferial situado a unos cinco kilómetros de su base y a un kilómetro y medio del lugar de los hechos. Dijeron que inmediatamente encontraron la camioneta negra abandonada, con las llaves puestas, las puertas abiertas, las luces encendidas y el cargador de cartuchos en el asiento del conductor.
De acuerdo con la legislación mexicana, los protocolos nacionales y las normas internacionales, los funcionarios de seguridad pública deben tratar de preservar o registrar la ubicación y el estado de todas las pruebas relacionadas con la posible comisión de un delito. La idea es asegurarse de que las pruebas no hayan sido fabricadas o alteradas y, si es posible, dejar constancia escrita o en video de cualquier inspección que realicen de las mismas. Estos procedimientos son esenciales para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a reparación de las víctimas de delitos. En lugar de tomar estas medidas, los soldados dijeron que simplemente condujeron la camioneta negra desde el recinto ferial hasta la oficina de la FGR.
Los soldados dieron a la FGR información contradictoria sobre dónde y cómo encontraron la camioneta. En su informe inicial, los soldados proporcionaron las coordenadas GPS del lugar donde dijeron haber encontrado la camioneta, en el extremo noreste del recinto ferial, cerca de la esquina de las calles Nezahualcóyotl y J. F. de La Garza. Dijeron que habían encontrado la camioneta junto a un bar.
En sus declaraciones, a los dos días siguientes, los soldados dijeron que habían encontrado la camioneta dentro del recinto ferial. Un soldado dijo que la camioneta se encontró junto al teatro de la ciudad, ubicado en la esquina noroeste del recinto ferial.
A petición de los abogados de la familia de Heidi, los fiscales enviaron a los militares una carta en la que les pedían que aclararan cómo y dónde habían encontrado la camioneta y el cargador de cartuchos y que además aportaran pruebas fotográficas del lugar y el estado en que se encontraban. Los militares respondieron proporcionando a los fiscales un mapa de la ruta que habían seguido para llegar al recinto ferial y fotos de la camioneta.
Human Rights Watch geolocalizó las fotos de la camioneta y determinó que fueron tomadas en el centro del recinto ferial, a unos 160 metros al suroeste de las coordenadas GPS proporcionadas inicialmente por los militares y a unos 200 metros al este del teatro. Las fotos muestran la camioneta con las puertas abiertas, rodeada de soldados. No está claro dónde o cómo se encontró inicialmente la camioneta, ni si los soldados la movieron o examinaron antes de fotografiarla.
Los militares también proporcionaron otra foto en la que se ve un cargador y cartuchos puestos encima de lo que parece ser una superficie de azulejo, no en la camioneta, lo que genera dudas sobre si las municiones y el cargador realmente se encontraron en la camioneta como afirmaron los soldados.
No se corroboró la versión del Ejército
Los fiscales que están investigando el asesinato de Heidi no han adoptado varias de las medidas básicas requeridas para corroborar la versión de los militares. Parecen haber tomado las declaraciones de los militares al pie de la letra.
En los dos días siguientes a la muerte de Heidi, los fiscales tomaron declaraciones a 38 soldados del Convoy Uno (que informó del tiroteo) y del Convoy Dos (que informó del descubrimiento de la camioneta negra). Las declaraciones no mencionan la muerte de Heidi y no hay registro de que los fiscales les hicieran preguntas al respecto. Tampoco preguntaron a los soldados del Convoy Dos por qué se dirigieron al otro extremo de la ciudad en vez de ir al lugar donde se informó fue el tiroteo.
Los fiscales adoptaron algunas medidas para verificar la ubicación del Convoy Uno en el momento del asesinato de Heidi. Enviaron cartas al Ejército solicitando itinerarios escritos de los convoyes entre las 10:20 y las 10:50 de esa noche. Un investigador de la fiscalía descargó el historial de localización de Google del teléfono celular del comandante del Convoy Uno. Otro revisó la grabación de la cámara abordo de un vehículo del Convoy Uno; no reportó haber visto imágenes de una camioneta negra.
No hay registros en la carpeta de investigación de que los fiscales intentaran verificar las declaraciones de los soldados del Convoy Dos, quienes informaron haber encontrado la camioneta negra y el cargador de cartuchos en el recinto ferial. De hecho, los fiscales no adoptaron ninguna medida para identificar a los supuestos tiradores, confirmar si la camioneta negra había estado en el lugar de la muerte de Heidi o determinar cómo habría llegado la camioneta desde el lugar del tiroteo hasta el recinto ferial. Encontraron ropa y objetos personales en el interior de la camioneta, pero no hay registros en la carpeta de investigación de que intentaran utilizarlos para identificar a los supuestos tiradores. Tampoco hay registros de que intentaran obtener huellas dactilares de la camioneta o de su contenido, incluyendo el cargador de cartuchos. No hay indicios de que los fiscales preguntaran nunca a los soldados del Convoy Dos por qué, si estaban respondiendo al tiroteo, se dirigieron a un lugar diferente.
En marzo de 2023, la FGR entregó la camioneta negra a un representante de una empresa de seguros de Estados Unidos a solicitud de funcionarios estadounidenses que dijeron que esta había sido denunciada como robada en Texas.
Evidencia de convoyes militares adicionales
Human Rights Watch encontró pruebas, incluyendo nueva evidencia de videos de cámaras de seguridad no vistos anteriormente, que indican que podría haber estado presentes en el centro de la ciudad antes y después del momento en que Heidi fue asesinada al menos dos convoyes militares adicionales (de tres vehículos cada uno). Sin embargo, los fiscales han tomado medidas extremadamente limitadas para investigar estos convoyes o determinar su ubicación en el momento del asesinato de Heidi.
El Ejército menciona un tercer convoy
El 14 de octubre, seis semanas después de la muerte de Heidi, el Ejército informó a los fiscales que un tercer convoy militar, al que llamaremos Convoy Tres, había estado en el centro de Nuevo Laredo poco después del asesinato. En una carta, el comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo dijo a los fiscales que el Convoy Uno, que reportó haber estado buscando las dos camionetas en el centro de la ciudad, se detuvo para ayudar al Convoy Tres, uno de cuyos vehículos se había visto implicado en un accidente de tráfico alrededor de las 11 de la noche, treinta minutos después de que dispararan a Heidi. Ninguno de los soldados había mencionado previamente a los fiscales un tercer convoy.
A petición de los abogados de la familia de Heidi, la fiscalía solicitó información adicional al Ejército. El comandante de la guarnición respondió con un itinerario escrito de la ubicación del Convoy Tres en los minutos previos al accidente de tránsito. En el momento del asesinato de Heidi, situó el convoy en las afueras de la ciudad.
Los fiscales confirmaron el accidente con la policía de tránsito. Pero no tomaron ninguna medida para verificar la ubicación del Convoy Tres, media hora antes, cuando Heidi recibió los disparos. Tampoco entrevistaron a ningún soldado del Convoy Tres sobre sus movimientos ni examinaron sus armas para determinar si habían sido disparadas.
Posibles convoyes Cuatro y Cinco grabados por cámaras de seguridad
Human Rights Watch revisó y geolocalizó videos de cámaras de seguridad de dos lugares del centro de la ciudad. Estos muestran unidades militares en lugares y horas que no concuerdan con la información que el Ejército proporcionó a la FGR. Los videos, que se describen a continuación, sugieren que, además del Convoy Uno y el Convoy Tres, pudo haber otros dos convoyes militares en el centro de la ciudad inmediatamente antes y después de que Heidi recibió los disparos.
Video Uno: desde la intersección de las calles González y Pedro J. Méndez
El 21 de septiembre, tres semanas después del asesinato, los abogados de la familia de Heidi proporcionaron a la FGR videos que habían obtenido de las cámaras de seguridad de un negocio ubicado en la calle González.
Human Rights Watch revisó los videos y confirmó que muestran la esquina de las calles Pedro J. Méndez y González la noche del 31 de agosto. Este lugar está a dos cuadras de donde Heidi fue asesinada y a tres cuadras de la intersección en la que el Convoy Tres informó que uno de sus vehículos, una camioneta, había estado implicado en un accidente de tránsito con un Chevrolet Cruze que, al parecer, se había pasado un semáforo en rojo. Los videos muestran al menos seis vehículos militares circulando por la zona, de los que sólo tres fueron identificados en la investigación.
En un video se puede ver un convoy no identificado de tres vehículos militares que circulan hacia el Norte por la calle Pedro J. Méndez y giran a la izquierda para ir hacia el Oeste por la calle González, en dirección al lugar del accidente de tráfico reportado. Esto no coincide con la ruta o la descripción de ninguno de los convoyes identificados en el caso, ya que el Convoy Tres informó que venía en sentido contrario por la calle González cuando tuvo el accidente de tráfico y el Convoy Dos informó de que nunca estuvo en el centro de la ciudad.
Inmediatamente después, aparece un convoy de dos camionetas, con ametralladoras montadas, y un vehículo blindado que circulan de Oeste a Este por la calle González, alejándose del lugar del accidente de tráfico y en dirección a la cámara de seguridad. Los vehículos se detienen frente a la cámara de seguridad y los soldados de uno de los vehículos tipo pickup apuntan a dicha cámara con sus linternas, antes de avanzar y salir de la vista. Un minuto después, un auto se detiene frente a la cámara y una luz, al parecer de una linterna fuera de la vista, parece indicarle que dé la vuelta.
Los soldados se detienen a examinar la cámara de seguridad de un negocio cercano, en un video obtenido por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Cortesía del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
La FGR escribió al Ejército preguntando si se había desplegado alguna unidad militar en la calle González entre las 10:20 y las 10:50 de esa noche. El Ejército dijo que el Convoy Uno había estado allí. No mencionaron que los vehículos se hubieran detenido para examinar la cámara de seguridad o que hubieran redirigido el tráfico en la calle, como se ve en el video.
El Ejército tampoco mencionó un segundo convoy militar en la zona. Los fiscales no pidieron información adicional sobre los tres vehículos militares no identificados que pueden verse conduciendo hacia el Norte por la calle Pedro J. Méndez y girando a la izquierda para ir hacia el Oeste por la calle González.
Una luz, aparentemente de una linterna fuera de la cámara, parece redirigir un auto, en el video de un negocio cercano obtenido por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Cortesía del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Video Dos: de la intersección de las calles Pino Suárez y Santos Degollado
Human Rights Watch revisó los videos de las cámaras de seguridad de un negocio situado cerca de la esquina de las calles Pino Suárez y Santos Degollado, a unas tres cuadras de donde fue asesinada Heidi. Estos muestran un convoy militar formado por tres camionetas montadas circulando hacia el Norte por la calle Santos Degollado, en lo que la marca de tiempo de la cámara de seguridad registra como las 10:05 de la noche del tiroteo.
El convoy no coincide con la descripción de ninguno de los tres mencionados en la carpeta de investigación, todos los cuales contenían una mezcla de vehículos blindados y camionetas armadas con ametralladoras. El video indica que pudo haber otro convoy militar en el centro de la ciudad inmediatamente antes de la muerte de Heidi y a cuatro cuadras del lugar del tiroteo.
No se analizaron adecuadamente las armas de los soldados
La Secretaría de la Defensa Nacional de México dijo a Human Rights Watch, en una carta del 21 de mayo de 2024, que había concluido que personal militar no estuvo involucrado en la muerte de Heidi porque los estudios de balística realizados por la FGR “determinan que los impactos que privaron de la vida a [Heidi] no provienen de un armamento a cargo del personal militar”. Eso no es cierto.
Cuando Human Rights Watch revisó los estudios de balística, encontró que los fiscales sólo examinaron las armas que llevaban los soldados del Convoy Uno, no las que llevaban los soldados de los convoyes Dos y Tres ni de los soldados del otro convoy militar no identificado que se ve en los videos de las cámaras de seguridad.
También descubrimos que los estudios muestran una coincidencia posible, pero no concluyente, entre la bala que mató a Heidi y una de las armas disparadas por un soldado esa noche. Consultamos a dos expertos forenses independientes, que revisaron los estudios de balística y concluyeron que los fiscales no habían tomado medidas suficientes para determinar si la bala y el arma coincidían.
Cuando los peritos de la fiscalía examinaron el coche de Griselda, recuperaron una bala deformada que había sido disparada. Determinaron, mediante pruebas de ADN, que era la bala que había matado a Heidi. Los técnicos de balística de la fiscalía determinaron que el calibre de la bala era de 7,62 milímetros, el mismo calibre que las balas de ocho de las armas que llevaban los soldados de los tres convoyes desplegados la noche en que Heidi fue asesinada: dos fusiles de combate G3 y dos ametralladoras montadas Minimi que llevaba el Convoy Uno, y cuatro ametralladoras montadas Minimi que llevaban los convoyes Dos y Tres. Una de las ametralladoras Minimi estaba entre las armas que los soldados dijeron haber disparado en el tiroteo que reportaron.
Los investigadores enviaron la bala deformada, recuperada del coche de Griselda, a peritos de balística que la compararon con balas de muestra disparadas por 24 armas pertenecientes a 21 soldados del Convoy Uno, incluidas 4 de las 8 armas que utilizaban balas de 7,62 mm. No encontraron ninguna coincidencia entre la bala y 23 de las armas, pero encontraron una coincidencia posible, pero no concluyente, con la ametralladora Minimi que reportaron haber disparado durante el tiroteo.
Los expertos forenses independientes consultados por Human Rights Watch señalaron que, cuando los peritos de balística obtienen un resultado no concluyente, suelen realizar más pruebas. Por ejemplo, las directrices del gobierno estadounidense para los peritos de balística recomiendan disparar balas de muestra adicionales del arma que se está examinando o aplicar humo de magnesio para realzar los detalles de la bala. Pero los peritos de balística de la FGR no reportaron haber tomado esas medidas ni haber realizado más pruebas sobre la bala o el arma. Tampoco hicieron pruebas a ninguna de las armas de los convoyes Dos y Tres.
La familia de Heidi sigue exigiendo justicia
Cristina ya no vive en Nuevo Laredo. Sentía que trasladarse a otra ciudad era la única forma de proteger a su familia del acoso de los militares. La transición ha sido difícil. Cristina ha luchado por encontrar un trabajo estable como asistente médica.
Dos años después de la muerte de Heidi, Cristina sigue exigiendo justicia a pesar de la presión oficial para que desista. La ausencia de Heidi es insoportable para ella. "Es muy feo para mí batallar y vivir con este dolor. Con este dolor de día a día", dijo Cristina a Human Rights Watch.
El 1 de agosto, escribimos al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, explicándole nuestra preocupación por las omisiones e irregularidades en la investigación del asesinato de Heidi. Instamos a la Fiscalía a tomar medidas para garantizar que los responsables del asesinato sean identificados y llevados ante la justicia. Al 26 de agosto, no habíamos recibido una respuesta.
Una entrevista con la madre de Heidi, Cristina Pérez. © 2024 Human Rights Watch
La muerte de Heidi y la respuesta oficial llena de errores ofrecen una mirada detallada a las innumerables formas en que las instituciones de seguridad y justicia han fallado a los mexicanos. Han pasado casi dos décadas desde que el gobierno mexicano comenzó a desplegar soldados para labores de seguridad pública en el país. Desde entonces, los abusos militares se han convertido en algo habitual, los índices de delitos violentos se han disparado y los fiscales se han mostrado casi totalmente incapaces de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Como miles de otros padres y madres, Cristina sigue exigiendo justicia y rendición de cuentas. Su mensaje para las autoridades: “Me puedes dar todo el dinero que tú quieras, pero como quiera yo voy a estar aquí. No voy a estar tranquila. Y no quiero dinero. Yo quiero que tú trabajes”.
Este informe fue escrito e investigado por Sophia Jones del laboratorio de investigaciones digitales de Human Rights Watch y un investigador para las Américas, con el apoyo del equipo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Travis Carr diseñó la página web. Ellie Kealey editó las entrevistas en video. Léo Martine, Ivana Vasic y Christina Rutherford crearon los mapas.
James Lin, del International Council for the Rehabilitation of Torture Victims, y Carlos Eduardo Valdés Moreno, ex director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, revisaron los estudios de balística y los dictámenes médicos.
Human Rights Watch agradece a Samuel Storr y Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, de Ciudad de México, por permitirnos recrear su mapa de enfrentamientos militares.
Human Rights Watch agradece a Cristina Pérez y a su familia por compartir su historia y a los miembros del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por sus incansables esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de abusos militares en México.