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El marcado incremento en el volumen de pacientes en estos dos hospitales supuso una gran presión sobre los recursos disponibles. Los directores de los hospitales comunicaron que habían tenido escasez de medicamentos e insumos básicos, como antibióticos, medicamentos cardíacos, fluidos intravenosos, jeringas y electrodos para electrocardiogramas[104].

Además del mayor número de casos, la gravedad de las enfermedades con las que se presentan los pacientes venezolanos (que refleja la escasez de atención y de medicamentos en Venezuela) también ha llevado al límite al sistema de atención de la salud. No sorprende que los problemas de salud sean más graves entre los venezolanos con menos recursos. Aquellos que viven en albergues y en la calle informaron al equipo de Human Rights Watch y de la Universidad Johns Hopkins que tenían necesidades de salud considerables: el 35 % de las personas entrevistadas expresó que necesitaba atención para condiciones crónicas (asma, diabetes, enfermedad cardiovascular, VIH, tuberculosis o trastornos convulsivos), y el 60 % informó haber perdido más de 10 libras (o casi cinco kilos) de peso antes de llegar a Brasil. Más del 80 % de las mujeres venezolanas informó haberse encontrado en situación de inseguridad alimentaria durante el embarazo[105]. La desnutrición y las condiciones crónicas no tratadas acarreaban complicaciones y dificultaban el tratamiento. En el Hospital General de Roraima, por ejemplo, más de la mitad de los pacientes admitidos en el pabellón de oncología eran venezolanos con tumores malignos metastásicos, muchos de los cuales no tenían posibilidades de cura[106]. En el Hospital Materno Infantil, un complejo habitacional para madres con recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, estaba ocupado principalmente por personas venezolanas, y el hospital debió arrendar más incubadoras para atender la creciente cantidad de bebés nacidos prematuramente. La directora del hospital informó que las mujeres venezolanas tenían un riesgo mucho más alto de sufrir complicaciones debido a la falta de atención prenatal, desnutrición, anemia y malaria durante el embarazo[107].

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Para aliviar la carga de los hospitales, como parte de la Operación Bienvenida (Operação Acolhida) implementada por el Gobierno federal en Brasil, se proporciona atención de salud básica. Las Fuerzas Armadas han enviado médicos, farmacéuticos, profesionales de enfermería y funcionarios de salud pública a Roraima para brindar atención a personas venezolanas[108]. Dos o tres veces por semana, equipos de atención de la salud visitan cada albergue y brindan atención para condiciones comunes, incluidas enfermedades como enfermedades diarreicas, parásitos intestinales, infecciones respiratorias, infecciones cutáneas y desnutrición. Además, se han enviado médicos a la localidad fronteriza de Pacaraima, donde trabajan en un puesto de control y vacunación en el punto de ingreso al país.

En agosto de 2018, se vacunaba a venezolanos que solicitaban asilo o residencia en Pacaraima (pero no en Boa Vista) contra sarampión, parotiditis, rubéola, tétanos, tos ferina y fiebre amarilla, salvo que se negaran o proporcionaran documentación que demostrara que contaban con la vacunación adecuada. Entre el 24 de marzo de 2018 y el 30 de agosto de 2018, 4.455 venezolanos recibieron servicios en este lugar. Además, en junio de 2018 se inauguró un establecimiento de atención de la salud de tipo militar con salas privadas para revisaciones médicas y flebotomía, una farmacia que contaba con los medicamentos de uso común, y una sala con camas de hospital para observación y con capacidad para llevar a cabo procedimientos sencillos. En septiembre de 2018, el Gobierno federal empezó a proporcionar vacunación a solicitantes en Boa Vista[109].

La responsabilidad del Gobierno venezolano

La crisis humanitaria en Venezuela está vinculada con un colapso más amplio de la economía del país. Numerosos analistas han sostenido que las propias políticas del Gobierno han contribuido a provocar la crisis económica o han permitido que persistiera[110]. Independientemente de cuáles sean las causas subyacentes, el Gobierno está obligado a realizar todos los esfuerzos posibles para emplear los recursos a su alcance para cumplir con sus obligaciones mínimas conforme al derecho internacional y revertir el deterioro en el acceso, por parte de los venezolanos, a una alimentación y a servicios de salud adecuados. Sin embargo, durante la presidencia de Nicolás Maduro, el Gobierno venezolano ha negado la crisis, ocultado estadísticas y datos sobre salud y nutrición, hostigado a profesionales de la salud que denuncian lo que ocurre realmente en el país y obstaculizado la posibilidad de que llegue al pueblo venezolano asistencia humanitaria suficiente. Con estas políticas y prácticas, las autoridades han contribuido al agravamiento de la crisis humanitaria documentada en este informe.

Los derechos a la salud y la alimentación

El PIDESC, que fue ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, así como el derecho a un “nivel de vida” adecuado, que incluye la “alimentación...adecuad[a]”[111]. El derecho a la salud también está contemplado en la Constitución venezolana[112].

El Gobierno venezolano tiene la obligación de trabajar para lograr la efectividad progresiva de estos derechos a lo largo del tiempo “por todos los medios apropiados” y “hasta el máximo de los recursos de que disponga”[113]. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un referente para los Estados en la implementación del PIDESC, ha ratificado que los Estados también tienen la obligación absoluta e inmediata de asegurar “como mínimo la satisfacción de niveles esenciales” de todos los derechos consagrados en el pacto, “incluida la atención primaria básica de la salud”[114].

En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental apuntó que “[s]e entiende que varios aspectos del derecho a la salud se van haciendo efectivos de manera progresiva, aunque hay ciertas obligaciones básicas que imponen obligaciones inmediatas a los Estados, lo que incluye facilitar medicamentos esenciales a todas las personas de manera no discriminatoria”[115]. Según el relator, estos medicamentos esenciales incluyen analgésicos, antiinfecciosos, antibacterianos, antituberculosos, antirretrovirales, hemoderivados, medicamentos cardiovasculares, vacunas y vitaminas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, ha señalado reiteradamente que los Estados deberían asegurar medicamentos esenciales que sean asequibles, seguros, eficaces y de buena calidad[116].

Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por Venezuela en 1990, los Estados deberían garantizar “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”. La Convención estipula expresamente que los Estados Partes deberían adoptar medidas adecuadas para “reducir la mortalidad infantil y en la niñez”, “combatir las enfermedades y la malnutrición” y “asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres”[117].

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha expresado que el derecho a la alimentación adecuada “se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. El derecho a la alimentación adecuada implica la disponibilidad de alimentos “en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos” y que los alimentos estén disponibles en formas que “no dificulten el goce de otros derechos humanos”[118]. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha subrayado lo siguiente:

El derecho a la alimentación no es un derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Se espera que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan o producir alimentos o comprarlos... El derecho a la alimentación requiere que los Estados provean una atmósfera propicia en que las personas puedan utilizar su plena potencialidad para producir o adquirir alimentación adecuada para ellos mismos y sus familias[119].

También en este sentido, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación ha interpretado que ese derecho exige tener “acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un nivel suficiente y adecuado”[120].

El PIDESC exige a los Estados Partes no sólo adoptar medidas por separado, sino además trabajar “mediante la asistencia y la cooperación internacionales” para garantizar la efectividad y la protección de todos los derechos del pacto a nivel mundial”[121]. Esto atañe, principalmente, al principio según el cual los Estados relativamente ricos deberían brindar asistencia y cooperación a otros Estados que lo necesiten. Sin embargo, también implica que los Estados tienen al menos cierto grado de responsabilidad de procurar obtener asistencia y cooperación internacional cuando no tengan los medios independientes para cumplir sus obligaciones conforme al PIDESC[122].

Aunque el Gobierno venezolano podría tener motivos válidos para evitar ciertas fuentes o tipos de asistencia, debería hacer todo lo posible por identificar fuentes adecuadas de asistencia externa, en la medida necesaria, para responder a la crisis de salud y a la escasez de alimentos en el país. 

Negación de la crisis

La negación pública de la crisis humanitaria en Venezuela ha sido una política constante del Gobierno durante años. A su vez, las máximas autoridades del país han difundido públicamente información engañosa o falsa sobre la magnitud de la crisis.

El 16 de mayo de 2018, el Presidente Maduro manifestó que “es mentira lo del sarampión y la difteria, nosotros vacunamos a toda la población totalmente gratuita” y que “a nivel alimentario, Venezuela tiene políticas únicas y por esa vía nosotros hemos logrado llevar adelante un programa que nos ha permitido mantener los niveles de alimentación necesarios para la población”[123]. Algunos días después, la viceministra de Salud, Indhriana Parada, ofreció un discurso ante la Organización Mundial de la Salud en el cual destacó los “logros” del sistema de salud venezolano. Afirmó que “en Venezuela no existe una crisis humanitaria” y que “Venezuela garantiza el acceso a los medicamentos esenciales mediante una política de distribución a la población más vulnerable”[124]. En el caso de la malaria, sostuvo que las medidas implementadas por el Gobierno habían “disminuir en un 50 %” la incidencia de casos[125]. Recientemente, otros altos funcionarios han hecho declaraciones similares[126].

Cuando el Gobierno de Venezuela ha admitido la existencia de alguna escasez, lo ha hecho sin reconocer la verdadera magnitud del problema ni todos los factores que lo generan, como sus propias políticas y prácticas.

Por ejemplo, un informe elaborado en julio de 2018 por la OPS, ONUSIDA y el Ministerio de Salud de Venezuela reconoce la escasez de materiales necesarios para detectar y prevenir el VIH, la malaria y la tuberculosis. Señala como causa de esto, entre otros motivos, la falta de financiamiento, la ausencia de suficientes productores farmacéuticos en Venezuela y el mercado negro para los medicamentos[127].

En septiembre de 2018, el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “no hay crisis humanitaria en Venezuela”, sino en cambio una “crisis económica” que, según afirma, está provocada por las sanciones impuestas por EE. UU. y la Unión Europea, a las que se refirió como “medidas coercitivas unilaterales” que hacían que fuera “difícil para Venezuela recibir e importar lo básico para la alimentación y la salud de nuestro pueblo”[128].

La mayoría de las sanciones —incluidas las impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como varios gobiernos latinoamericanos— se limitan a cancelar las visas e inmovilizar los activos de funcionarios clave implicados en abusos y hechos de corrupción[129]. No apuntan en absoluto contra la economía venezolana.

En 2017, Estados Unidos también impuso sanciones financieras, incluida la prohibición de operar con nuevas acciones y bonos emitidos por el Gobierno y la empresa petrolera estatal[130]. En estas medidas incluyen una excepción para las transacciones cuyo fin sea comprar alimentos y medicamentos. El 28 de enero de 2019, Estados Unidos extendió las sanciones para alcanzar al Banco Central de Venezuela y la compañía petrolera estatal PDVSA[131]. En la medida en que estas últimas sanciones afecten la posibilidad de las autoridades venezolanas de importar medicamentos y comida, podrían agravar la actual crisis humanitaria. No obstante, no es posible sostener que estas sanciones han causado la crisis, ya que, como se muestra en este informe, la crisis es anterior a estas sanciones.

Ocultamiento de estadísticas y de información sobre salud

El Gobierno venezolano ha intentado ocultar la crisis al no generar información oficial sobre salud en forma periódica. Luego de haber publicado boletines epidemiológicos semanales desde 1938 con información sobre más de 72 enfermedades, el Gobierno dejó de publicarlos en 2015[132].

Tras casi dos años en los cuales el Ministerio de Salud de Venezuela no publicó estos boletines mensuales, en mayo de 2017, de manera repentina, divulgó boletines epidemiológicos para la mitad de 2015 y todo 2016. El boletín correspondiente a la última semana de 2016 fue particularmente notable, pues mostró un aumento del 30 % en la mortalidad infantil, un aumento del 65 % en la mortalidad materna, un aumento de la difteria e incrementos en la incidencia de la malaria, el zika, la tuberculosis y la hepatitis A[133].

Luego de que se publicara esta información, el Presidente Maduro despidió a la entonces Ministra de Salud, Antonieta Caporale, y la reemplazó con un incondicional suyo, Luis López[134]. Los boletines epidemiológicos fueron dados de baja rápidamente del sitio web oficial del Ministerio de Salud y no han sido publicados nuevamente. Desde entonces, no se han publicado otros boletines oficiales, y las autoridades no han difundido otros datos oficiales relativos a los temas que se abordaron en siete décadas de boletines epidemiológicos. Por tal motivo, no hay información oficial de pública consulta sobre estas cuestiones de salud en Venezuela para los años 2017 y 2018.

Esta no fue la primera vez que el Gobierno se llamó a un “silencio epidemiológico”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en junio de 2018 que “el Gobierno [de Venezuela] se había negado a divulgar la información necesaria para evaluar la dimensión y las consecuencias de la crisis de salud, por ejemplo, mediante los boletines epidemiológicos semanales y el anuario sobre mortalidad”[135]. La organización de derechos humanos venezolana PROVEA ha informado que, durante los años de Chávez y Maduro, el Gobierno ha suspendido la información epidemiológica en tres oportunidades[136].

La falta de publicación de información oficial no implica que el Gobierno no tenga los datos o no pueda recabarlos. De hecho, el Gobierno venezolano brinda periódicamente información a la OPS, que luego incluye los datos oficiales transmitidos por las autoridades venezolanas en sus propios informes. Por ejemplo, las actualizaciones epidemiológicas sobre difteria, sarampión y otras enfermedades que publica la OPS incluyen información que, como se indica en esos mismos documentos, son “datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela y reproducidos por la OPS/OMS”[137].

Varios médicos entrevistados por Human Rights Watch en distintas regiones del país manifestaron que siguen reuniendo y sistematizando datos, y que los comunican a las autoridades de salud nacionales, pero que el Gobierno no los difunde. Por ejemplo, el caso de un médico en Caracas, que explicó que trabaja en un hospital “centinela” que forma parte del Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional de Venezuela (SISVAN), por medio del cual se evalúa el estado nutricional de los venezolanos. El médico contó que las autoridades de Salud “vienen todos los meses y me piden la data. Por eso sé que tienen toda la data, mes por mes, por lo menos de nuestro hospital. No es que yo se las llevo, es que ellos vienen a pedírmela sin falta. La tienen y no la publican”[138]. Otro médico del interior del país nos dijo que transmiten datos pero que “la cifra no aparece por ninguna parte”[139].

Una médica entrevistada por Human Rights Watch nos proporcionó estadísticas sobre desnutrición infantil correspondientes a uno de los estados occidentales del país, que había obtenido a través de un colega en el Instituto Nacional de Nutrición[140]. Otro médico brindó a Human Rights Watch datos que el hospital donde él trabaja recopiló y analizó en forma sistemática en 2016, 2017 y 2018 sobre nacimientos, mortalidad materna, tasas de mortalidad y casos de malaria y difteria, entre otras enfermedades. El médico aseveró que la información había sido transmitida a las autoridades[141]. Y un grupo de médicos proporcionó a Human Rights Watch una copia de un documento con información sobre mortalidad infantil, desnutrición e incidencia de malaria en un estado venezolano. Esta información había sido proporcionada a las autoridades de salud del estado, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. En el documento se afirma que la respuesta de las autoridades fue el “silencio epidemiológico y la negación de la realidad”[142].

Hostigamiento y represalias contra profesionales de la salud que informan sobre la crisis

En enero de 2018, el Presidente Maduro calificó de “bandidos” y “traidores a la patria” a quienes alertaban sobre la crisis humanitaria”[143]. En un país sin independencia judicial, donde los críticos y opositores han sido encarcelados arbitrariamente y sometidos a abusos, y donde el hambre y el acceso a los servicios sociales se han usado como mecanismo de control social y político, estas palabras funcionan como amenazas que deben tomarse muy en serio[144].

En octubre de 2016, Human Rights Watch difundió un informe en el que se documentaban ejemplos de represalias contra profesionales de la salud que se pronunciaron contra la crisis[145]. Durante las investigaciones realizadas en 2018 para esta nueva publicación, determinamos que autoridades gubernamentales y hospitalarias siguen persiguiendo y tomando represalias contra profesionales de la salud, pero ahora no sólo lo hacen cuando estos profesionales protestan ante la escasez, sino además cuando informan sobre estadísticas y sobre los motivos verdaderos por los cuales los pacientes están siendo internados o mueren.

Diversos medios de comunicación independientes de Venezuela y la organización venezolana Espacio Público, que da seguimiento a la situación de la libertad de expresión en el país, han informado sobre varios casos de profesionales de la salud que sufrieron represalias u hostigamiento por hablar abiertamente acerca de la crisis en 2018.

En febrero de 2018, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) habrían amenazado al Dr. Feder Álvarez con la posibilidad de ser detenido, poco después de que habló en público sobre el fallecimiento de seis niños en un hospital por intoxicación, tras ingerir alimentos no aptos para el consumo humano[146].

También en febrero, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que personal hospitalario habría amenazado con despedir a médicos de un hospital del estado Nueva Esparta, luego de que se manifestaran para alertar sobre la crisis, y que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana no permitieron que médicos de otro hospital se manifestaran, llamándolos “guarimberos”, un término que usan las autoridades venezolanas para referirse a opositores[147].

En julio, varios pediatras de un hospital en el estado Cojedes fueron despedidos meses antes de que venciera su contrato, después de participar en una manifestación sobre la crisis de salud, según Espacio Público. Uno de los médicos habría señalado que, algunas semanas antes, autoridades hospitalarias los habían acusado de “guarimberos”[148].

En octubre, miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela habrían detenido a cinco profesionales de enfermería en una manifestación por la escasez de medicamentos en el estado Anzoátegui, y los retuvieron dos días[149].

En febrero de 2019, una enfermera que trabajaba en el principal hospital de niños de Caracas señaló que guardias de seguridad y militares la introdujeron por la fuerza en una habitación, y allí la amenazaron con armas de fuego mientras le preguntaban si estaba entregando comida y tomando fotografías de pacientes, conforme trascendió en los medios. Habría sido retenida durante 40 minutos y obligada a firmar un documento que no pudo leer, según afirmó[150].

También en febrero de 2019, funcionarios venezolanos allanaron la sede de la Fundación Mavid, una organización que ha trabajado para ayudar a personas con VIH a acceder a medicamentos. Jonathan Mendoza, Wilmer Alvarez y Manuel Armas, activistas sobre el VIH relacionados con la Fundación Mavid, fueron detenidos en un allanamiento, según la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH[151].

ACNUDH también ha informado que el Gobierno ha amenazado a médicos y pacientes que hablaban abiertamente sobre la situación de salud, y en algunos casos ha detenido de manera arbitraria a estas personas^[152].

Por ejemplo, en medios locales se informó que, en mayo de 2018, miembros de las fuerzas de seguridad dispersaron en forma violenta una manifestación de médicos del Hospital Adolfo Pons en el estado Zulia, que estaban protestando por la escasez de medicamentos e insumos médicos. Policías estatales habrían golpeado a varios médicos y detenido a dos. En los medios venezolanos se informó que uno presentaba varios cortes en el rostro y una fractura^[153]. En marzo de 2019, miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados partidarios del gobierno habrían amenazado a padres de niños atendidos en el principal hospital pediátrico de Caracas con la posibilidad de violación sexual y detención, si seguían “difundiendo [sus] mentiras viciosas” sobre lo que ocurría dentro del hospital[154].

La totalidad de los 25 médicos y profesionales de la salud que entrevistó Human Rights Watch en todo el país y trabajan para hospitales públicos en Venezuela o representan a redes de médicos que lo hacen, se refirieron al tema de la censura de la información sobre salud. Indicaron que las autoridades les prohibieron brindar información estadística a personas externas al hospital, hablar sobre la crisis de salud en público o a las autoridades hospitalarias, o incluir detalles específicos de los diagnósticos en los registros de los pacientes[155].

Dos médicos explicaron que, en hospitales públicos, las autoridades han establecido restricciones sobre qué puede incluirse en los registros de los pacientes, sobre todo en relación con la desnutrición infantil. En casi todos los casos, el personal médico indicó haber recibido una orden “tácita” o “verbal” de no mencionar la “desnutrición” como diagnóstico en las historias clínicas o los registros de los pacientes[156].

Un médico que enseña a residentes en un programa de formación posuniversitaria de un hospital público, indicó que se amenaza a estos con ser expulsados del programa o del hospital si incluyen un diagnóstico de desnutrición en los registros médicos, y que entonces no consignan ese dato en la primera parte de esos registros[157]. Otro médico expresó que cualquier referencia a la desnutrición de un paciente sólo puede incorporarse al final de la historia clínica o del informe, luego de enumerar otras enfermedades o condiciones. De ese modo, indicó el médico, cuando se informa la causa de internación o fallecimiento, no se menciona a la desnutrición[158]. Los médicos dijeron que, como consecuencia de esta práctica, las estadísticas disponibles no muestran la magnitud real de la desnutrición en los pacientes, ya que el dato se oculta deliberadamente y se informan menos casos de los que verdaderamente existen[159].

Muchos médicos siguen recabando datos sobre desnutrición y mortalidad infantil, pero lo hacen disimuladamente, por temor a represalias[160]. Algunos han buscado formas alternativas de recopilar datos sin levantar las sospechas de las autoridades hospitalarias, como por ejemplo, que los residentes simulen que los datos se usarán para un proyecto académico personal en el que están trabajando[161]. Uno de ellos copió datos manualmente de registros médicos y los ocultó para darnos la información para que pudiéramos usarla para este informe, o transmitieron datos oficiales de los hospitales con la condición de que las fuentes y los hospitales no se identificaran en esta publicación[162].

Casi todos los médicos y profesionales de la salud entrevistados por Human Rights Watch insistieron en que se garantizara su anonimato, por temor a sufrir represalias. Por ejemplo, un médico de un hospital pediátrico, que nos proporcionó datos sobre desnutrición y escasez de medicamentos básicos e insumos médicos en el hospital, nos dijo lo siguiente:

Yo quiero estar aquí, incluso en este horror para poder ayudar, para ver la información y poder divulgarla. Les paso la información a periodistas y a organizaciones como [la tuya]. Por eso te digo que no quiero que me menciones. Porque quiero quedarme. Si no, ¿quién va a contar estas historias? No [sea cuestión de que] me bot[en][163].

Varios médicos nos dijeron que las autoridades hospitalarias siguen hostigando y tomando represalias contra profesionales de la salud que hablan sobre la crisis. En algunos casos, los médicos entrevistados por Human Rights Watch indicaron que las represalias incluían suspender a la persona, obligarla a tomar “vacaciones forzadas”, obligarla a jubilarse o trasladarla a otro sitio donde tendría un puesto de categoría inferior al anterior^[164]. Otra forma de presión ha sido la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad y de bandas partidarias del gobierno dentro de hospitales^[165].

Aunque siguen existiendo médicos que valientemente siguen adelante con esta labor, la posibilidad de obtener estos datos limitados de médicos en Venezuela es cada vez más difícil debido a la enorme proporción de médicos que se están yendo del país. ACNUDH ha informado que, según fuentes locales, en los últimos años numerosos médicos y profesionales de enfermería emigraron a otros países de la región, “debido principalmente a los bajos salarios y a la falta de condiciones para prestar servicios de salud adecuados en Venezuela”^[166].

Insuficiente asistencia internacional a Venezuela

El Gobierno venezolano ha procurado obtener asistencia de agencias clave de la ONU; sin embargo, según sostienen actores del sector humanitario, organismos de la ONU y el mismo Ministerio de Salud venezolano, la ayuda que se ha pedido es insuficiente para atender las necesidades urgentes de la población. Todos los actores humanitarios entrevistados por Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins han señalado que tienen la disposición y están en condiciones de brindar asistencia adicional a Venezuela, que se necesita de manera urgente. Asimismo, manifestaron que la falta de una evaluación adecuada y completa de la verdadera magnitud de la crisis —debido a que el Gobierno censura la información sobre el tema— hace imposible planificar una respuesta adecuada a la situación actual y evitar un mayor deterioro de la salud de los venezolanos.

Organismos de la ONU

Según la información que está disponible para consulta pública y los datos proporcionados por organismos de la ONU a Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, el Gobierno venezolano ha solicitado cierta asistencia humanitaria, en particular a Unicef y a la OPS. En febrero de 2019, un portavoz de la OMS indicó que la OPS estaba brindando medicamentos y vacunas a hospitales venezolanos, además de contribuir al mantenimiento de servicios en los hospitales priorizados de alta complejidad, lo que incluía capacitar al personal de salud y la prevención de enfermedades infecciosas[167]. El 1 de marzo de 2019, la OCHA manifestó que “en el marco de los acuerdos existentes con el Gobierno, estaban trabajando organismos de la ONU para responder a las necesidades humanitarias de la población”[168].

En respuesta a un pedido de información presentado por Human Rights Watch, Unicef indicó en abril de 2018 que el Gobierno venezolano estaba “ampliando la cooperación con el Sistema de la ONU en áreas críticas como salud y nutrición” y mencionó, entre otras iniciativas, que Unicef financiaba una campaña de vacunación contra el sarampión, un programa para brindar asistencia nutricional, tratamiento contra la malaria, tratamiento antirretroviral, pruebas de detección del VIH y antitoxina diftérica[169]. Para fines de 2018, Unicef había brindado vacunas contra el sarampión a 990.000 niños y niñas de hasta cinco años[170]. Unicef también ha distribuido 100 toneladas de suplementos nutricionales para 150.000 niños y niñas en Venezuela[171].

En junio de 2018, tras una visita al país, la OPS informó que había incrementado sus actividades en Venezuela y en países vecinos, con el envío de más de 60 trabajadores y la apertura de seis oficinas (cinco en Colombia y una en Brasil)[172]. Esto es adicional al centro de la OPS en Caracas[173]. Indicó estar brindando apoyo al Ministerio de Salud de Venezuela en la implementación de un plan nacional para detener los brotes de sarampión y difteria, lo cual incluía vacunar a niños y niñas y a poblaciones indígenas, y comprar insumos de laboratorio para el diagnóstico de esas enfermedades. A su vez, proporcionó pruebas rápidas para diagnosticar la malaria e indicó que brindaría 150.000 tratamientos para distintos tipos de malaria en 2017 y 2018. La OPS también ayudó al Gobierno venezolano en el diseño y la implementación de una campaña de vacunación, lanzada en abril de 2018, para inmunizar a nueve millones de personas[174]. Para junio de 2018, la OPS había entrenado a más de 8.000 profesionales de la salud, incluidos 3.500 vacunadores[175].

El informe de julio de 2018 emitido por la OPS, ONUSIDA y el Ministerio de Salud de Venezuela indicó que Unicef, ONUSIDA y diversas organizaciones no gubernamentales humanitarias habían donado tratamiento antirretroviral destinado a niños, niñas y adultos, así como pruebas de detección del VIH y medicamentos contra la malaria y la tuberculosis[176]. En septiembre de 2018, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, con el apoyo de ONUSIDA, la OPS y organizaciones de la sociedad civil, aprobó la asignación de un presupuesto por USD 5 millones para coordinar la asistencia destinada a combatir el VIH, la tuberculosis y la malaria en Venezuela[177].

Aunque la provisión de esta asistencia es un paso auspicioso, la información obtenida de organismos de la ONU y de entrevistas con informantes clave, incluidos profesionales de la salud y actores humanitarios que trabajan en Venezuela, muestra que la asistencia humanitaria que llega a las personas en Venezuela sigue siendo inadecuada para abordar las necesidades urgentes de la población.

El informe de julio, en el cual participaron el Gobierno venezolano, la OPS y ONUSIDA, indica que el tratamiento antirretroviral que el Ministerio obtiene a través de los Fondos Rotatorios de la OPS y de compras a compañías farmacéuticas indias, además de las donaciones de la OPS, ONUSIDA y Unicef, “no son suficientes para cubrir las necesidades requeridas”. El informe estimó que la medicación “limitada” disponible alcanzaría para apenas uno o dos meses de tratamiento para algunas personas con VIH[178]. El informe expone un plan de tres años de duración que, a un costo de más de USD 122 millones de dólares, abordaría todas las necesidades en esta área[179].

La carta enviada por Unicef a Human Rights Watch destaca que “todos deben hacer más para llegar a todas las personas afectadas por la crisis”[180]. También en este sentido, Grant Leaity, director adjunto de Programas de Emergencia de Unicef, indicó en febrero de 2018 a Human Rights Watch que “el Gobierno había tomado medidas, pero que estas no son suficientes ni adecuadas” y que Unicef no estaba dando al Gobierno suministros “en cantidades que fueran significativas”[181].

La OPS, por su parte, ha indicado que “se requiere tomar medidas inmediatas para abordar las necesidades a corto plazo, reducir el impacto de la migración del personal de salud y racionalizar los recursos existentes a la vez que se movilizan recursos adicionales a fin de abordar los brotes de enfermedades y aumentar la capacidad del sistema de brindar atención integral a las enfermedades prioritarias”[182]. Por ejemplo, hasta junio de 2018, la OPS había brindado kits médicos de emergencia, cada uno de los cuales incluye medicamentos e insumos médicos para 10.000 personas, a 11 hospitales venezolanos, y tenía previsto distribuir otros 40 en 21 hospitales considerados prioritarios[183]. La distribución de estos kits seguía durante 2019[184]. A su vez, en octubre, como parte de esta Iniciativa de Hospitales Seguros, la OPS distribuyó más de 3.000 cajas de medicamentos e insumos en 18 hospitales, 13 áreas de salud integral comunitaria y ocho instituciones de salud[185]. Sin embargo, en Venezuela hay más de 200 hospitales y estos kits no están llegando a muchos pacientes que los necesitan[186].

Aunque no existe información oficial exhaustiva para evaluar el éxito del plan de vacunación, diversos expertos venezolanos han señalado que no cubre las necesidades de la población. El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que 2,9 millones de niños y niñas estaban excluidos del programa, que cubría apenas el 70 % de la demanda[187]. Agregó que “las 89.660 dosis del material biológico comprado por el ministerio, a través del fondo rotatorio de la OPS, excluyen a aproximadamente 411.000 mujeres de las 550.000 que se embarazan anualmente”[188]. Félix Oletta, exministro de Salud y miembro de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, señaló en septiembre que la tasa de vacunación de miembros de comunidades vulnerables, mayormente de grupos indígenas, era inferior al 20 %[189]. Asimismo, la organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela, advirtió que la OMS/OPS anunció 3,5 millones de vacunas contra la difteria-tétanos para personas entre 19 y 39 años, pero el Instituto Nacional de Estadística determinó que hay cinco veces más venezolanos (17,3 millones) en ese rango etáreo[190].

Con respecto a la escasez de alimentos, en abril de 2018, un representante del PMA dijo a Human Rights Watch que este programa solamente puede trabajar en países donde haya un pedido específico del Gobierno, y “este no ha sido el caso con Venezuela”[191]. Aunque David Beasley, director del PMA, ha calificado a la situación en Venezuela como “catastrófica”, hasta enero de 2019 el PMA no tenía actividades en el país ya que no contaba con autorización del Gobierno venezolano[192].

Al momento de redacción de este documento, la FAO no había respondido a un pedido de información acerca de sus actividades en Venezuela. En marzo de 2018, José Graziano da Silva, director de la FAO, señaló que el hambre “continuó creciendo” en Venezuela en 2017^[193]. El 15 de enero de 2019, Unicef, la FAO y el Gobierno venezolano firmaron un acuerdo para financiar un proyecto para alimentar a niños y niñas en las escuelas[194] . Aunque el informe “Alerta y acción temprana sobre seguridad alimentaria y agricultura” (Early Warning Early Action report on food security and agriculture) de la FAO correspondiente al período enero-marzo de 2019 reconoce que ha habido un “drástico aumento de la inseguridad alimentaria” en Venezuela, lo atribuye a una crisis económica e incluye a Venezuela en la lista de países y regiones “bajo observación”[195].

En noviembre de 2018, la ONU anunció el primer fondo de emergencia para Venezuela durante la gestión de Maduro, por un total de USD 9,2 de asistencia en salud y nutrición[196]. Estos fondos han sido asignados a agencias de la ONU que trabajan sobre Venezuela, como Unicef, UNFPA, la OMS, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[197]. Desde entonces, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (Central Emergency Response Fund, CERF) no ha asignado fondos a Venezuela[198].

En mayo de 2018, el CERF aportó también asistencia por USD 6,2 millones a migrantes venezolanos que necesitaban “asistencia vital”[199]. La asistencia de emergencia de la ONU está orientada a “ayudar a los países que limitan con Venezuela a lidiar con las consecuencias de que numerosos venezolanos se vayan del país”[200].

Mientras tanto, diversos organismos de la ONU han proporcionado asistencia humanitaria a venezolanos fuera del país.

El informe Panorama Global Humanitario 2019 de la OCHA incluye un Plan de Respuesta Regional a Refugiados y Migrantes, destinado a atender la afluencia de ciudadanos venezolanos que llegan a América Latina y el Caribe[201]. Este plan, en el que participan 17 organismos de la ONU, 14 organizaciones no gubernamentales, cinco donantes y dos instituciones financieras, apunta a abordar las necesidades de los venezolanos que se fueron recientemente del país[202]. El PMA ha asistido a más de 100.000 venezolanos en Colombia y Ecuador[203]. En la frontera brasileña con Venezuela, el ACNUR ha establecido 13 albergues donde se acoge a más de 6.850 venezolanos que reciben refugio, atención médica y alimentos[204]. La OIM también tiene presencia activa en la región[205]. En Ecuador, el PMA y Unicef contribuyen a una iniciativa gubernamental para brindar alimentos y mantas a venezolanos[206]. La Unión Europea ha anunciado que aportaría asistencia humanitaria y para el desarrollo por EUR 35 millones a venezolanos en Venezuela y fuera del país[207]. Desde que empezó la crisis, solamente Alemania ha proporcionado EUR 14,6 millones a países vecinos de Venezuela, a través del PMA y de ACNUR[208].

Organizaciones no gubernamentales

Human Rights Watch realizó más de una decena de entrevistas confidenciales a personal de organizaciones internacionales y venezolanas que intentaban brindar asistencia humanitaria en Venezuela[209]. Todos se refirieron a las dificultades que encontraron al intentar establecer operaciones en el país, y quienes pudieron hacerlo indicaron haber afrontado una multiplicidad de obstáculos interpuestos por el Gobierno a sus esfuerzos para brindar asistencia la población necesitada en Venezuela. Los obstáculos incluyen demoras en las aprobaciones oficiales para operaciones o en retirar insumos de asistencia de la aduana; órdenes de superiores en hospitales o en el Gobierno para suspender la implementación de iniciativas de asistencia en curso; y límites a la posibilidad de ingresar insumos donados en los hospitales públicos.

Dos médicos entrevistados por Human Rights Watch también mencionaron que los administradores de hospitales les habían prohibido recibir donaciones para los pacientes, que en general consistían en leche de fórmula para bebés o alimentos[210]. En noviembre de 2018, el Hospital Universitario en Caracas rechazó una donación de medicamentos e insumos médicos de la organización internacional humanitaria Médicos sin Fronteras[211]. En un documento que parece un comunicado de prensa, firmado por autoridades del hospital y difundido en los medios sociales, se indica que los medicamentos ofrecidos por Médicos sin Fronteras no cumplen con las reglamentaciones locales, y que “Venezuela posee recursos propios suficientes para la adquisición de todos los medicamentos que el pueblo venezolano necesita para restablecer su salud, y no es susceptible de miserias que dobleguen su dignidad”[212].

Todos los trabajadores humanitarios entrevistados por Human Rights Watch indicaron que las organizaciones a las que pertenecen estarían en condiciones de brindar mucha más asistencia y apoyo a los venezolanos que lo necesitan, si el Gobierno no negara la crisis y, en cambio, intentara obtener ayuda adicional. Debido a las trabas que el Gobierno ha impuesto al trabajo que realizan, estas organizaciones han intentado identificar a socios locales para implementar sus proyectos, lo cual genera una carga todavía mayor para las organizaciones venezolanas, que ya trabajan al límite de sus capacidades.

Por otra parte, las organizaciones locales venezolanas obtienen donaciones privadas de medicamentos o comida en el país a través de servicios de mensajería puerta a puerta. Sin embargo, estos servicios son costosos y solamente envían cantidades reducidas de asistencia. Por ejemplo, la organización no gubernamental Acción Solidaria, que ha recibido donaciones de 17 países desde mayo de 2016, ha proporcionado un volumen cada vez mayor de medicamentos a pacientes que solicitan asistencia: 750 dosis de tratamiento antirretroviral para el VIH y 3.217 para otras condiciones en 2016; 1.050 tratamientos antirretrovirales para VIH y 21.100 tratamientos para otras condiciones en 2017; y 1.300 tratamientos antirretrovirales y 19.000 para otras condiciones hasta septiembre de 2018. No obstante, el número total de personas que les solicitan ayuda ha aumentado en forma constante, de 250 a más de 1.500 por mes, entre 2016 y 2018. Acción Solidaria tiene capacidad limitada de procesar pedidos de medicamentos y, en promedio, sólo ha estado en condiciones de responder apenas a la mitad de las necesidades que registra[213].

La gran mayoría de los trabajadores humanitarios entrevistados por Human Rights Watch manifestaron que no deseaban ser identificados en este informe, por temor a no poder seguir trabajando en el país si eran identificados.

Otros ofrecimientos de asistencia

La Federación Internacional de la Cruz Roja ha incrementado en más del doble su presupuesto para operar en Venezuela, de 5 a 13 millones de dólares, según una entrevista con un alto funcionario de esa organización que publicó un medio argentino[214].

El Grupo de Lima, integrado por Canadá y 13 gobiernos latinoamericanos, ha ofrecido en reiteradas oportunidades asistencia humanitaria a Venezuela[215]. Algunos de sus Estados Miembros —por ejemplo, Colombia y Brasil—también lo hicieron por separado. Canadá está enviando asistencia a través de varios organismos de la ONU, y ha aportado un total de cerca de USD 2,21 millones para las necesidades humanitarias producto de la crisis en Venezuela[216]. Estados Unidos ha ofrecido asistencia a través del Departamento de Estado y de USAID[217]. Además, anunció otros USD 48 millones para la crisis humanitaria regional en septiembre de 2018 y otros 20 millones en enero de 2019[218]. En febrero, el Departamento de Desarrollo Internacional (Department for International Development, DFID) del Reino Unido asignó GBP 6,5 millones de sus reservas para ayudar a agencias humanitarias en la región. Debido a la “negación, por parte del régimen de Maduro, de que exista una crisis humanitaria”, el Reino Unido tomó la decisión de no informar cuáles son las organizaciones a las que está brindando asistencia[219].

La Unión Europea ha brindado asistencia de emergencia a Venezuela desde 2016 y, como se señaló antes, anunció recientemente que aportará EUR 35 millones adicionales en asistencia humanitaria y para el desarrollo a Venezuela y a los países vecinos afectados[220]. En el presupuesto de Asistencia Humanitaria de la UE de 2019, se destinaron EUR 13,5 millones para asistencia humanitaria y alimentaria en América Central, Colombia y Venezuela[221]. En febrero de 2019, 25 países se reunieron en una conferencia sobre ayuda humanitaria a Venezuela, auspiciada por la OEA, y se comprometieron a aportar un total de USD 100 millones[222].

Varios presidentes latinoamericanos han pedido de manera expresa a Maduro que acepte ayuda de los gobiernos de sus países y de la comunidad internacional, abriendo un “canal humanitario” para recibir asistencia[223].

Una resolución adoptada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por 27 Estados de distintas regiones del mundo, incluidos nueve latinoamericanos, indicó que el Gobierno venezolano debería abrir sus puertas a la asistencia humanitaria para hacer frente a la “escasez de alimentos y medicamentos[,] el aumento de las malnutrición” y “el brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur”[224].

En 2019, luego de que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunos gobiernos latinoamericanos decidieran enviar asistencia humanitaria a las fronteras de Venezuela, las autoridades venezolanas se negaron a permitir que entrara en el país y recurrieron a un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones a favor de la iniciativa opositora para ingresar ayuda[225]. Maduro declaró que Venezuela no era un “país de mendigos” y que “no existe crisis humanitaria”[226]. Diosdado Cabello manifestó que la asistencia era una “intervención militar” disfrazada, mientras que la Vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que era una forma de ingresar “armas biológicas” en el país. Si bien las autoridades venezolanas tienen derecho a rechazar ofrecimientos particulares de asistencia, tomar esa decisión incrementa su responsabilidad de definir alternativas que aborden de manera efectiva las necesidades urgentes del pueblo. Los esfuerzos realizados por las autoridades venezolanas durante la presidencia de Maduro no han atendido esas necesidades.

Agradecimientos

La investigación y la redacción de este informe estuvieron a cargo de Shannon Doocy, profesora adjunta del Departamento de Salud Internacional de la Facultad de Salud Pública Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins; Dra. Kathleen Page, profesora adjunta de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y Tamara Taraciuk Broner, investigadora sénior para las Américas de Human Rights Watch. Diederik Lohman, exdirector de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch y actualmente académico invitado en la Escuela de Salud Pública Dornsife de Drexel University, participó en la conceptualización de este proyecto de investigación y analizó diversas publicaciones previas a este informe que contribuyeron a esta publicación.

El informe fue editado y revisado por el Dr. Chris Beyrer, profesor Desmond M. Tutu de Salud Pública y Derechos Humanos en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y director del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights), y por el Dr. Paul B. Spiegel, profesor de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y director del Centro por la Salud Humanitaria (Center for Humanitarian Health) de esa misma institución.

Asimismo, fue editado por Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch; Dan Baum, investigador/editor sénior; Margaret Knox, investigadora/editora sénior; Juan Pappier, investigador de las Américas; César Muñoz, investigador sénior de las Américas; Joe Amon, profesor de formación práctica en el Departamento de Salud Comunitaria y Prevención de la Escuela de Salud Pública Dornsife en Drexel Univeristy; Joe Saunders, subdirector de Programas; Chris Albin-Lackey, asesor legal sénior; y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas. Brian Root, analista cuantitativo sénior, revisó el informe y elaboró los gráficos. Las asociadas de la división de las Américas de Human Rights Watch Delphine Starr y Megan Monteleone contribuyeron con la producción del informe. Los pasantes de la división de las Américas Hannah Smith y Ángel Zapata fueron de gran ayuda para la investigación. El informe fue preparado para la publicación por Fitzroy Hepkins, gerente administrativo; y José Martínez, coordinador administrativo sénior. Fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Quisiéramos agradecer el generoso apoyo de la Cátedra en Salud Pública y Derechos Humanos Desmond Tutu de Facultad de Salud Pública Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins.

A su vez, deseamos expresar nuestro agradecimiento a las numerosas organizaciones, profesionales de la salud y defensores de derechos humanos venezolanos que colaboraron con este informe, muchos de los cuales solicitaron no ser identificados.

Human Rights Watch también expresa su más sincero agradecimiento a todos los venezolanos que nos transmitieron sus testimonios tras abandonar su país en busca de tratamiento médico y alimentos. Muchos manifestaron la esperanza de que, al contar sus vivencias, pudieran contribuir a evitar que otras personas enfrenten el mismo sufrimiento que los llevó a irse de Venezuela.