Resumen

La historia de Sara no es excepcional. En la preparación de este informe, Human Rights Watch consultó 148 casos del período comprendido entre 2009 y 2019 en los cuales 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedores de la salud fueron procesados penalmente por aborto, incluidos 38 que cumplieron pena de prisión tras la condena o estuvieron privados de la libertad durante el juicio o antes de este. De estas personas, 33 eran mujeres y niñas, una era un proveedor de la salud y 3 eran acompañantes masculinos, y a todas se las acusó o condenó por cargos relacionados con aborto. Otros tres casos implicaban a mujeres y a una niña acusadas de homicidio tras una emergencia obstétrica. Las personas condenadas cumplieron, en promedio, cuatro meses de cárcel o completaron una suspensión condicional de la pena, que a menudo incluye el requisito de realizar tareas comunitarias o asistir a terapia psicológica.

En Ecuador, la criminalización del aborto tiene un efecto devastador para la vida y la salud de las mujeres y niñas que intentan obtener abortos, sufren emergencias obstétricas que se confunden con abortos o necesitan atención post-aborto tras presentarse complicaciones derivadas de un aborto inducido o espontáneo. El derecho ecuatoriano prevé penas privativas de la libertad de seis meses a dos años para las mujeres y niñas que reciben abortos o los provocan, y de uno a tres años para los proveedores de la salud que practican un aborto que se determine que está prohibido por ley, cuando se realiza con el consentimiento de la persona embarazada. Cuando el aborto se realiza sin el consentimiento de la persona embarazada, la ley establece penas de cinco a siete años de prisión.

El aborto está legalmente permitido en Ecuador en aquellos casos en los cuales está en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada (que se conocen como “causal salud” o “aborto terapéutico”), o cuando el embarazo es resultado de una violación, conforme surge de una sentencia reciente de la Corte Constitucional del Ecuador que ha ampliado la excepción de violación sexual a todas las personas embarazadas y no solo a aquellas que tengan una discapacidad intelectual. No obstante, las personas embarazadas enfrentan numerosos obstáculos en el acceso al aborto legal y a la atención post-aborto. Estos obstáculos incluyen el miedo a un proceso penal, la estigmatización, el maltrato por parte de profesionales de la salud y una interpretación acotada de la causal salud. Según las estadísticas más recientes disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2019 hubo 911 casos en los cuales se determinó que estaba legalmente permitido el aborto. Mientras que entre 2004 y 2014, según un estudio que analiza datos públicos, hubo una impactante media anual estimada de 33,340 abortos que necesitaron atención en establecimientos de salud, pese a que las pacientes se expusieron al riesgo de persecución penal. Muchos de estos abortos no dieron lugar a causas penales pero esta posibilidad resulta problemática, sobre todo si se considera que las mujeres de sectores de bajos recursos tienen mayores probabilidades de persecución penal.

Este informe documenta el costo humano de las leyes y políticas abusivas de Ecuador que tipifican el aborto. Algunos profesionales de la salud han asumido un papel más parecido al de los fiscales, dado que interrogan a las mujeres y niñas sobre su conducta, y no solo sus necesidades médicas, intentando encontrar pruebas de culpabilidad. Esos mismos profesionales luego declaran contra ellas en el proceso judicial, a pesar de tener una obligación de confidencialidad. Algunos profesionales de la salud han realizado exámenes invasivos a mujeres y niñas que no forman una parte legítima de su tratamiento médico sin obtener su consentimiento informado o sin un fundamento legal, como el examen forense de órganos genitales.

Según los registros presentados por la Fiscalía General del Estado a Human Rights Watch, entre agosto de 2014 y junio de 2019, esta institución presentó cargos por aborto consentido en 286 casos. De estos, 122 eran cargos específicamente contra mujeres que supuestamente habían tenido un aborto. La Defensoría Pública de Ecuador informó a Human Rights Watch que, entre 2016 y 2019, brindó asistencia legal a 89 mujeres que fueron juzgadas por aborto consentido. El Consejo de la Judicatura, por su parte, indicó a Human Rights Watch que entre agosto de 2014 y junio de 2019 se abrieron 122 casos en los cuales no se llegó a una conclusión, mientras que 99 casos se habían “resuelto”, aunque el Consejo no explicó qué significaba esto.

Human Rights Watch consultó las secciones disponibles de expedientes de 137 procesos por cargos penales contra mujeres o niñas, proveedores de atención de la salud o acompañantes por solicitar o facilitar el aborto consentido entre 2009 y 2019. Asimismo, revisamos los expedientes de otras 11 causas relacionadas con abortos en las cuales las organizaciones legales que asistieron a las mujeres y niñas procesadas nos transmitieron documentación. Estos 11 casos nos permitieron conocer más sobre el impacto humano de estos procesos penales. Human Rights Watch también realizó 20 entrevistas a mujeres que han sido judicializadas por aborto, proveedores de la salud, abogadas defensores y expertos en derechos de las mujeres, incluidos funcionarios públicos, ex funcionarios públicos y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Aunque este análisis no incluye el espectro completo de procesos por aborto, resulta indicativo de las tendencias en estas causas. Si se consideran también los datos cualitativos, pareciera haberse registrado un aumento en el número promedio de procesos penales tras la implementación, en 2014, de la reforma del Código Penal respecto del período inmediatamente anterior. En la gran mayoría de estos casos, el proceso era contra una mujer o niña que presuntamente se había sometido a un aborto, o incluía a una mujer o niña en tal situación.

La criminalización del aborto perjudica a todas las mujeres y niñas, pero no por igual. En los casos que consultó Human Rights Watch, las mujeres y niñas que viven en la pobreza tenían muchas más posibilidades de verse afectadas. Las mujeres de bajos ingresos mostraban más probabilidades de ser procesadas, incluso en casos de aborto espontáneo o cuando necesitaron atención post-aborto.

En los casos abordados por Human Rights Watch, la mayoría de las mujeres y niñas procesadas por someterse a abortos eran de regiones con presencia considerable de poblaciones indígenas o afrodescendientes, como así también jóvenes. De los 78 casos de mujeres y niñas en los cuales se pudo determinar su edad, la mayoría, 48 (el 61 por ciento), tenían entre 18 y 24 años, 16 (el 21 por ciento) tenían entre 25 y 29 años, 5 (el 6 por ciento) tenían entre 30 y 39, y 9 (el 12 por ciento) eran niñas de menos de 18 años. Una cantidad desproporcionada procedían de zonas rurales del país.

Las mujeres y niñas sospechosas de haber intentado obtener abortos encontraron obstáculos en el acceso a representación legal de calidad, así como violaciones a sus derechos de debido proceso. Estos obstáculos y violaciones a menudo reflejaban estereotipos de género y consideraciones religiosas. Human Rights Watch también concluyó que, en los casos analizados, cuando las mujeres y niñas procesadas por abortos consentido planteaban señalamientos de violencia de género —incluso de haber sido obligadas o coaccionadas a tener un aborto—, estos no se investigaban o no se tomaban en cuenta, mientras que avanzaban las causas en su contra.

Las leyes y políticas vigentes en Ecuador disuaden a las personas que necesitan asistencia médica de intentar obtener ayuda y convierten a los hospitales en sitios inseguros para numerosas mujeres y niñas. De la documentación disponible de los expedientes que consultó Human Rights Watch, el 73 por ciento de los procesos se iniciaron después de que un profesional de la salud denunciara a una paciente a la policía, violando el deber de confidencialidad de los profesionales médicos. La Constitución de Ecuador garantiza la confidencialidad de la información sobre salud de las personas con carácter de derecho fundamental; sin embargo, en la práctica el gobierno no protege este derecho. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Ecuador, la cantidad de mujeres y niñas en riesgo de procesamiento penal es alarmante; en los ocho últimos años, la tasa de abortos inseguros aumentó un 43 por ciento. Según datos de 2019 del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 21,939 mujeres acudieron al sistema público de salud para obtener atención post- aborto ese año, ya sea por abortos espontáneos, abortos inducidos o abortos incompletos. Es posible que muchas otras mujeres demoren o no intenten obtener atención médica que necesitan con urgencia porque temen que se sospeche que procuraron obtener un aborto y se las denuncie a la policía. Es probable que la magnitud del problema sea mucho mayor, ya que las mujeres y niñas que postergan la atención medica, a menudo sufren infección o septicemia, y es posible que estos casos no se identifiquen como originados en una necesidad no cubierta de atención post-aborto.

La criminalización del aborto, conforme lo demuestra su implementación en Ecuador, viola derechos humanos de las mujeres y las niñas reconocidos por el derecho internacional, incluido el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud; el derecho a no sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la igualdad y la no discriminación; la privacidad; y el derecho a no sufrir violencia.

Hallamos que las leyes y políticas vigentes en Ecuador generan un entorno que obliga a numerosas mujeres y niñas a recurrir a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida. Si bien el aborto es legal en algunas circunstancias en Ecuador, las mujeres y niñas que reúnen los criterios que les permitirían obtener un aborto conforme a la ley en Ecuador —porque su vida o su salud están en peligro o el embarazo es producto de una violación— a menudo se ven impedidas de hacerlo debido a interpretaciones muy limitadas de la misma. En la práctica, muchas personas que han quedado embarazadas como resultado de una violación no pudieron acceder a un aborto, pese a que ser obligadas a seguir adelante con un embarazo causado por una violación puede entrañar serios riesgos para la salud y el bienestar psíquico, mental y social de la persona embarazada.

Debido a lo establecido por la legislación y al clima de temor que generan las causas penales, muchas mujeres —incluidas aquellas con emergencias obstétricas o que necesitan atención post-aborto— también se han visto disuadidas de intentar obtener los servicios de atención a la salud necesarios, exponiéndose a un grave riesgo para su salud.

Poner fin a los abortos inseguros es una prioridad urgente de salud pública y derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las mujeres en América del Sur, África Oriental y África Occidental tienen más probabilidades de experimentar un aborto inseguro que las de otras regiones. Se estima que los abortos inseguros son la causa del 13 por ciento de todas las muertes maternas a nivel mundial, pero representan una proporción mayor de estas muertes en América Latina (17 por ciento) y el Sudeste Asiático (19 por ciento). El Guttmacher Institute, una organización global de investigación sobre derechos reproductivos, estimó que en 2010-2014 se produjeron 6,5 millones de abortos en América Latina y el Caribe cada año. Un memorando del Ministerio de Salud de 2017 indicó que el 15,6 por ciento de las muertes maternas en Ecuador se deben a abortos inseguros.

La documentación de los casos que se revisaron para este informe contenía información sobre las circunstancias de estos procesos penales. La mayoría de las mujeres y niñas procesadas fueron denunciadas por médicos. En general los cargos fueron de “aborto consentido”, el término que se utiliza en Ecuador para distinguir los casos en los que una persona embarazada intenta conseguir un aborto de aquellos en los cuales el aborto se practica contra la voluntad de la persona gestante. En el 58 por ciento de los casos que consultó Human Rights Watch, los defensores públicos asignados a la representación de mujeres y niñas aconsejaron a sus clientas que se declararan culpables para evitar un juicio. Una vez condenadas, después de un juicio, las mujeres y niñas recibieron condenas que incluyeron desde penas privativas de la libertad hasta la obligación de realizar terapia, prestar servicio comunitario, pagar multas o una combinación de estas sanciones. Algunas penas, como el trabajo comunitario en orfanatos, parecen haber estado orientadas a “reformar” a las acusadas.

Nuestra investigación también concluye que el temor a estos procesos penales ha alentado a médicos y trabajadores sanitarios —incluidos aquellos que tratan a pacientes y a otros en funciones más administrativas— a denunciar rápidamente a sus pacientes, en violación de sus obligaciones profesionales y los derechos de las pacientes a la confidencialidad y la privacidad.

La pandemia de Covid-19 y los confinamientos y restricciones que se han impuesto para contenerla han generado nuevos obstáculos a la posibilidad de que las mujeres y niñas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador despenalizó el aborto en todos los casos de violación, y determinó que toda persona embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a la atención del aborto no punible y no debería ser criminalizada por interrumpir un embarazo. Este es un pronunciamiento histórico que se basa en el reconocimiento de los derechos humanos, dictado en un país donde cada día 7 niñas de menos de 14 años se convierten en madres, y la violencia sexual tiene un grave impacto en la salud de las mujeres y niñas. Las consecuencias de la violencia sexual y el embarazo no deseado son múltiples y se extienden a lo largo de la vida. La sentencia de la corte representa un paso importante en la protección de los derechos humanos y la dignidad, al conceder a las mujeres y niñas que han sobrevivido a violaciones sexuales el derecho a decidir si continúan con un embarazo que es producto de un hecho de estas características.

El 28 de junio de 2021, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley para regular el aborto por violación ante la Asamblea Nacional, cumpliendo con lo exigido por la reciente sentencia. La decisión de la corte exige que la Asamblea Nacional discuta y apruebe la ley en un plazo de seis meses.

Las restricciones vigentes en Ecuador al aborto legal y seguro también suponen costos innecesarios para el sistema de salud público y privado, y restan efectividad a la respuesta estatal a la violencia sexual y otros tipos de violencia de género. Según un estudio que realizaron el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, UNFPA-Ecuador y Sendas en 2017, cada año Ecuador pierde USD $448 millones debido a embarazos no deseados. El país gasta cerca de $5 millones por año en brindar atención a complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Un aborto no punible tiene un costo para el Estado de $160, mientras que atender las consecuencias de un aborto inseguro le cuesta al Estado $232.

El 17 de septiembre de 2019, por una diferencia de cinco votos no se aprobó en la Asamblea Nacional un intento de despenalizar el aborto en casos de violación e inviabilidad fetal.  Human Rights Watch testificó durante el debate legislativo e instó a la Asamblea Nacional a tomar en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos y las interpretaciones autorizadas sobre acceso al aborto. Específicamente, Human Rights Watch exhortó a la Asamblea Nacional a promulgar las reformas propuestas al Código Penal que despenalizarían el aborto en casos de embarazos inviables o que son resultado de actos de violencia sexual, como un paso fundamental para que el marco jurídico de Ecuador estuviese acorde con los estándares internacionales que exigen la despenalización total del aborto.

Human Rights Watch insta a la Asamblea Nacional de Ecuador a eliminar todas las sanciones penales para el aborto. Como paso intermedio, Ecuador debería implementar de manera cabal e inmediata la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que reconoce a todas las personas que queden embarazadas como resultado de una violación el derecho a un aborto no punible, y asegurar que quienes sean elegibles para un aborto legal conforme a la ley vigente puedan acceder plenamente a ese derecho.

El gobierno debe mejorar la recopilación de datos sobre salud reproductiva y materna, de manera congruente con el respeto de la privacidad de las pacientes, lo que incluye llevar un seguimiento de las muertes maternas y las lesiones originadas en abortos inseguros o ilegales. Debe cerciorarse de que todas las autoridades de hospitales, profesionales de la salud y personal del sistema sanitario reciban capacitación con respecto a las leyes, reglamentaciones y directivas aplicables sobre aborto no punible, salud reproductiva y confidencialidad de pacientes, y respondan cuando incumplan tales obligaciones.

 

Principales recomendaciones

A la Presidencia

• Trabajar con las autoridades pertinentes para garantizar el acceso al aborto no punible a todas las personas que reúnan las condiciones conforme a la legislación vigente, incluidas las sobrevivientes de violación, según se establece en la reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador y de conformidad con las obligaciones internacionales de Ecuador y las recomendaciones actuales de distintos organismos de la ONU.
• Asegurar que se desarrolle un debate abierto con la participación efectiva de todos los actores, incluidos especialistas en salud y organizaciones de mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), con el fin de avanzar hacia la despenalización del aborto, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
• Asegurar que se difunda en todo el país información pública, sobre todo destinada a mujeres y niñas y a las autoridades y profesionales sanitarios locales, que aclare las circunstancias en las cuales actualmente puede practicarse legalmente el aborto, incluidos los supuestos de la decisión que dictó recientemente la Corte Constitucional del Ecuador. Los mensajes públicos deben establecer claramente la obligación del gobierno de brindar servicios de aborto y de atención post-aborto, así como precisar dónde pueden obtenerse tales servicios.

A la Asamblea Nacional

• Cumplir íntegramente con la orden dictada por la Corte Constitucional del Ecuador de que se adopte legislación que asegure el acceso al aborto para todas las sobrevivientes de violación en el término de seis meses desde la presentación del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo.
• Reformar el Código Penal a fin de adecuarlo a lo que dispone la Constitución y a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador, permitiendo que todas las personas embarazadas tengan acceso a abortos legales, voluntarios y seguros en todas las circunstancias.
• Sancionar leyes que ratifiquen la obligación constitucional de asegurar el secreto profesional   y especifiquen que, en casos de emergencia obstétrica vinculada con abortos, no existe obligación de denunciar el caso.

Al Ministerio de Salud Pública

• Controlar que toda institución de salud que deba realizar un aborto o brindar atención post-aborto implemente la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico según lo recomendado por la CEDAW en 2015 y cuente con suficiente personal preparado y dispuesto, a fin de garantizar, de forma permanente, el ejercicio de los derechos a la libertad reproductiva consagrados en la ley, y exigir a las instituciones de salud que demuestren que cuentan con capacidad como parte de los procesos de seguimiento en materia de aseguramiento de la calidad.
• Impartir instrucciones a los órganos gubernamentales pertinentes en las que se informe que las disposiciones vigentes, que permiten el aborto cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada, incluyen aquellos casos en los cuales la persona se enfrenta a un riesgo para la salud mental, y no solamente a un riesgo físico, incluso como resultado de una violación. Dichas instrucciones también instarán a que conserven y compartan en forma pública datos sobre la cantidad de casos y las circunstancias en las cuales se autorizan abortos.
• Considerar eliminar la posibilidad de que las personas que trabajen en establecimientos públicos de atención de la salud invoquen la objeción de conciencia para negarse a realizar abortos en servicios de salud públicos. Como medida provisional, asegurar que nadie pueda ejercer la objeción de conciencia en situaciones de emergencia y que se exija que toda persona que invoque la objeción de conciencia se inscriba anticipadamente con este carácter y proporcione información completa y las derivaciones que sean pertinentes a quienes buscan atención médica, para garantizar un acceso rápido al servicio de salud solicitado. La objeción de conciencia no debería significar en ningún supuesto un obstáculo al aborto no punible, que también es un servicio esencial de atención de la salud.
• Asegurar que todos los directores de hospitales, profesionales de la salud y personal del sistema sanitario reciban capacitación acerca de las leyes, reglamentaciones, directivas y sentencias pertinentes sobre aborto legal y salud reproductiva en el marco de una perspectiva de salud integral, incluida la reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador que despenaliza el aborto en todos los casos de violación.
• Brindar formación a todos los profesionales de la salud conforme a los estándares de la OMS para asegurar una atención sanitaria de calidad a todas las personas embarazadas que intenten obtener un aborto quirúrgico o con medicamentos, así como capacitación sobre lo que dispone la ley acerca de su deber de respetar el secreto profesional, incluso en casos de emergencia obstétrica. Trabajar con los gobiernos provinciales para brindar esa capacitación en todas las provincias.
• Establecer un sistema eficaz para informar a las pacientes sobre su derecho de confidencialidad y para denunciar las violaciones a este derecho, así como su derecho de acceder al aborto legal y otros servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, de modo que las pacientes puedan tomar decisiones informadas.
• Realizar investigaciones disciplinarias cuando se formulen señalamientos de violaciones al secreto profesional e imponer las sanciones que correspondan, incluida la retirada del derecho a ejercer, o cancelar la habilitación para ejercer, a los profesionales de la salud que se determine que han violado el secreto profesional y la confidencialidad médica dentro del sistema de salud pública.

Al Consejo de la Judicatura

• Desarrollar y mejorar las capacitaciones destinadas a funcionarios del sector de justicia que aborden el derecho al aborto desde una perspectiva de salud integral y la obligación de los profesionales sanitarios de proteger la confidencialidad de la paciente. Es crucial que estas capacitaciones tengan como objetivo terminar con la aplicación de estereotipos de género negativos que actualmente posibilitan que se persiga a las mujeres por acciones que tienen que ver con su reproducción, y perpetúan la impunidad de los delitos de violencia sexual en los cuales se identifica a la víctima como “responsable” por los hechos que sufrió.

A la Comandancia General de la Policía Nacional

• Adoptar políticas que prohíban detener o entrevistar a mujeres o niñas mientras están recibiendo tratamiento de emergencia o se encuentren en un establecimiento de salud en relación con presuntos abortos consentidos.
• Capacitar a los agentes en la adopción de perspectivas de género, incluso en lo relacionado con la violencia de género, para asegurar que tomen en cuenta dichos aspectos en sus investigaciones y decisiones.

A la Fiscalía General del Estado

• Adoptar una política que prohíba la prisión preventiva de mujeres que reciben tratamiento de emergencia o se encuentran en un establecimiento de salud en relación con un presunto aborto consentido.
• Dar instrucciones a los fiscales de que, al analizar todos los casos de presuntos abortos consentidos, apliquen el “principio de oportunidad” para no presentar cargos.

 

Metodología

Este informe se elaboró a partir de investigaciones realizadas por Human Rights Watch entre junio de 2019 y julio de 2020. Human Rights Watch presentó pedidos de información a varias instituciones, incluida la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y el Consejo de la Judicatura.

Estas instituciones brindaron información sobre procesos penales que tuvieron lugar durante distintos períodos entre 2014 y 2019 vinculados con abortos consentidos conforme al artículo 149 del Código Penal de 2014. La información que proporcionó cada una de estas instituciones reflejó distintos números de casos —la Fiscalía General del Estado informó haber presentado 286 cargos por aborto  consentido entre 2014 y junio de 2019; la Defensoría Pública indicó haber brindado asistencia legal entre 2016 y 2019 a 89 procesadas por aborto consentido y, por su parte, el Consejo de la Judicatura informó que, entre agosto de 2014 y junio de 2019, se abrieron 122 casos en los cuales no se había llegado a una conclusión, mientras que 99 casos se habían “resuelto”, respecto de un total de 221. Las diferencias entre estas cifras totales pueden deberse a diferencias menores en las definiciones acerca de qué cargos o acusadas incluyó cada institución en sus estadísticas y las distintas fechas en las que se incluyeron estos datos, así como al hecho de que, en lo que respecta a las estadísticas de la Defensoría Pública, algunos casos tuvieron representación letrada privada.

Asimismo, Human Rights Watch realizó su propia búsqueda de datos judiciales disponibles. Human Rights Watch identificó y recopiló documentación legal de todos los procesos relacionados con abortos iniciados en el período entre enero de 2009 y junio de 2019, utilizando funciones de búsqueda para cusas penales vinculadas con artículos relevantes del Código Penal (artículos 441 a 446 del Código Penal de 2008 y artículos 147 a 149 del Código Penal de 2014). Los documentos relativos a estos casos se obtuvieron a través del Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), una base de datos del Consejo de la Judicatura de pública consulta.

A través de nuestra búsqueda, pudimos acceder a documentos correspondientes a 182 casos, que incluyen todos los casos que pudimos identificar y consultar sobre mujeres y niñas, personalmédicos o acompañantes que han sido acusados, detenidos, imputados o condenados por delitos contemplados en los artículos 441 a 446 del Código Penal de 2008 y los artículos 147 a 149 del Código Penal de 2014, o amenazados con acciones invocando tales artículos. Los documentos incluyeron, sin carácter restrictivo: datos relativos al tipo de la acción penal, nombre del fiscal, nombre de la procesada y/o los procesados, juez y secretario asignados, petición inicial, parte policial, convocatoria a audiencia de formulación de cargos, oficios del proceso presentados por las partes, anexos, razón de audiencia diferida, actas de resumen, convocatoria a diligencia de testimonio anticipado, llamamiento a juicio, análisis de las pruebas por el tribunal, providencia general,  razón de ejecutoria y la sentencia. A partir de estos documentos, Human Rights Watch codificó y compiló datos clave sobre cada caso que incluyen: nombre(s) de la procesada o los procesados, artículo de la ley que da sustento a la formulación de cargos, fecha de formulación de cargos, resolución del cargo, condena impuesta (cuando corresponda), edad de la(s) persona(s) procesada(s) al momento de la formulación de cargos y tiempo transcurrido entre la formulación de cargos y la resolución.

Human Rights Watch comparó los resultados de nuestra búsqueda con los datos que proporcionaron el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública y concluyó que nuestra búsqueda generó un número similar de casos entre 2016 y 2019 al de la Defensoría Pública: nuestra búsqueda arrojó 76 casos, en comparación con los 89 en los cuales la Defensoría Indicó que brindó asistencia en ese mismo período. El número de casos informados por la Fiscalía General del Estado (286) y el Consejo de la Judicatura (221) para el período entre 2014 y 2019 fue similar, y considerablemente mayor al que identificamos en nuestra búsqueda.[1] Por consiguiente, si bien no podemos confirmar que nuestra búsqueda haya permitido conocer el espectro completo de casos de aborto consentido en Ecuador durante ese lapso, sí estamos convencidos de que nuestros hallazgos permitieron obtener una muestra de conveniencia de una proporción considerable de los casos que procurábamos identificar.

De la muestra de 182 casos entre 2009 y 2019, identificamos 137 relacionados con mujeres, niñas, proveedores de atención de la salud o acompañantes contra quienes se presentaron cargos por solicitar o facilitar abortos consentido. Excluimos 45 casos relacionados con hombres, en general acompañantes, contra quienes se plantearon cargos por facilitar abortos. De los 137 casos analizados de esta forma, 98 también aparecieron en respuestas a solicitudes que realizó Human Rights Watch para obtener datos gubernamentales sobre procesos penales por aborto.

Consultamos los expedientes de otras 11 causas relacionadas con abortos que transmitieron a Human Rights Watch las organizaciones legales que asistieron a las mujeres y niñas procesadas.

Human Rights Watch analizó datos codificados respecto de los 148 casos. Utilizamos los 11 casos obtenidos a través de expedientes de abogadas para recopilar datos sobre el impacto humano de estos procesos penales, para lo cual se entrevistó a las abogadas defensoras y a algunas de las mujeres.[2]

De estos 148 casos, 113 se relacionaban únicamente con cargos por aborto consentido conforme al artículo 444 del Código Penal de 2008 y el artículo 149 del Código Penal de 2014. A su vez, 18 de los casos se relacionaban con cargos por aborto con violencia en virtud del artículo 442 del Código Penal de 2008. En 11 casos, el expediente indicaba que los cargos se relacionaban con un aborto pero no indicaba conforme a cuál disposición de la ley se presentaban; todos estos casos correspondían al período 2011-2014. Un caso implicaba cargos por haber proporcionado medicamentos u otros medios para inducir un aborto, un acto prohibido por el artículo 443 del Código Penal de 2008. Dos casos se relacionaban con acusaciones de circunstancias agravantes por el delito de aborto a tenor del artículo 446 del Código Penal de 2008. En tres casos —dos de 2015, incluido el de una niña de 15 años, y uno de 2017— la fiscalía presentó cargos por aborto consentido conforme al artículo 149 del Código Penal de 2014, pero la condena se impuso por homicidio agravado conforme al artículo 140 del Código Penal de 2014.[3]

De los expedientes de estos 148 casos, 116 contenían datos relevantes sobre los hechos, las circunstancias y el tratamiento legal de los casos. Aquellos que no contenían información relevante eran casi todos casos en los cuales la fiscalía había desistido de proseguir (por circunstancias como imposibilidad de reunir prueba suficiente, determinación de que la denuncia era carente de mérito o porque había operado el pazo de prescripción) o el juez se había negado a declarar la presunta comisión de un delito en flagrancia.

Human Rights Watch también realizó un seguimiento de noticias desde enero de 2013 hasta el presente para identificar notas de prensa sobre casos de mujeres o profesionales de la salud acusados, detenidos, imputados o condenados por someterse a abortos o practicarlos. Human Rights Watch creó una lista de expertos clave a quienes entrevistar para el informe, y una lista de mujeres y niñas y profesionales de la salud directamente afectados por la criminalización a quienes Human Rights Watch podría contactar para saber si estarían dispuestos a ser entrevistados de manera confidencial sobre su experiencia.

Si los datos que brindó la Fiscalía General del Estado a Human Rights Watch son precisos, hubo cerca de 122 a 286 casos entre agosto de 2014 y junio de 2019 que reunirían los criterios de inclusión en nuestro análisis. Sin embargo, Human Rights Watch ha consultado 148 casos del período entre 2009 y 2019. Dado que no pudimos aleatorizar la selección de casos a partir del espectro completo de casos, este análisis constituye una muestra de conveniencia y no es una muestra estadísticamente representativa. Los hallazgos de nuestro análisis no pueden generalizarse, en un sentido estadístico, de modo de suponer que representan a todos los procesos penales por aborto de ese período. No obstante, los resultados del análisis coinciden con tendencias en los procesos en general, conforme surge de los datos que cada una de las instituciones nos envió en respuesta a nuestros pedidos de información. También corroboran gran parte de la información cualitativa que registramos en nuestras entrevistas. Por ende, confiamos en que los hallazgos del análisis sistemático son indicativos de tendencias en cuanto a procesamiento.

El brote de Covid-19 limitó la posibilidad del personal de Human Rights Watch de realizar investigaciones en el país. Trabajamos con organizaciones socias para que, siempre que fuera posible, pudiéramos realizar entrevistas virtuales. Llevamos a cabo entrevistas a través de plataformas de internet, por video siempre que fue posible, y a veces en forma telefónica, cuando esa era la única opción disponible. En todas las entrevistas, Human Rights Watch se cercioró de que nuestro trabajo no expusiera a las personas entrevistadas, las socias o el personal a un riesgo mayor de contagio de Covid-19 u otros riesgos para su seguridad. Entrevistamos a siete profesionales de la salud, a dosabogadas defensoras, nueve especialistas en derechos de la mujer, incluidas funcionarias públicas, y representantes de ONG, así como a dos mujeres que habían sido procesadas penalmente. Los siete profesionales de la salud con quienes habló Human Rights Watch solicitaron que no se los identificara por su nombre debido al estigma asociado con el aborto.

Todas las personas entrevistadas expresaron verbalmente su consentimiento informado para participar. Se explicó a las personas que podrían negarse a ser entrevistadas e interrumpir la entrevista en cualquier momento o rehusarse a responder cualquiera de las preguntas, y que esto no tendría consecuencias negativas. Se informó a todos los participantes sobre el propósito de la entrevista y el modo en que se recabaría y usaría la información. Ninguna de las personas entrevistadas recibió compensación alguna por participar. Human Rights Watch utiliza técnicas especializadas para reducir al mínimo el riesgo de que las personas entrevistadas vuelvan a experimentar trauma.

Debido a que es un tema controversial en la sociedad ecuatoriana, algunas personas entrevistadas decidieron identificarse con un seudónimo y otras optaron por el anonimato. Al describir información sobre los casos que consultó Human Rights Watch, también hemos usado seudónimos.

 

Términos

Seguridad del aborto: “el espectro de situaciones que constituyen el aborto inseguro según el riesgo que representan”.[4] Los expertos en salud pública han determinado que se encuadran en tres categorías: seguros, menos seguros y mucho menos seguros.

• Aborto seguro: “abortos realizados con un método recomendado por la OMS (aborto con medicamentos, aspiración por vacío o dilatación y evacuación) que sea adecuado a la duración del embarazo, y en el cual la persona que realiza el aborto esté capacitada”.[5]
• Aborto menos seguro: “cuando se cumplen uno de los dos criterios, es decir, o el aborto fue realizado por un efector capacitado pero con un método inseguro (p. ej., legrado punzante), o se utilizó un método seguro de aborto (p. ej., Misoprostol) pero sin la información adecuada respecto de su administración o la supervisión de una persona capacitada”.[6]
• Aborto mucho menos seguro: son aquellos “realizados por personas que no están capacitadas y que utilizan métodos peligrosos, como la ingestión de sustancias cáusticas, la inserción de cuerpos extraños o el uso de brebajes tradicionales”.[7]

Aborto: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al aborto como “la interrupción de un embarazo antes de que el feto haya alcanzado viabilidad extrauterina”[8]. Según la OMS, “los abortos se clasifican como seguros si son practicados con métodos recomendados por la OMS que resulten adecuados para la etapa del embarazo y la persona que realiza el aborto o asiste en el procedimiento está capacitada. Estos abortos se pueden realizar con comprimidos (aborto con medicamentos) o con un simple procedimiento ambulatorio”.^[9]

• Aborto espontáneo: casos en los cuales la interrupción no es provocada.^[10] “La pérdida del embarazo se define de diferentes maneras en el mundo, pero en general se habla de aborto espontáneo cuando un bebé muere antes de la 28. semana de embarazo y de muerte prenatal cuando un bebé muere a las 28 semanas de embarazo o después. Cada año hay casi  2 millones de mortinatos y muchas de estas muertes se pueden prevenir. Sin embargo, los abortos y las muertes prenatales no se registran sistemáticamente, ni siquiera en los países desarrollados, lo que lleva a pensar que las cifras todavía podrían ser más elevadas”.[11]
• Aborto inducido: casos en los cuales se realizan acciones deliberadas para interrumpir un embarazo. Los abortos inducidos incluyen aquellos realizados conforme a lo establecido en la legislación y los practicados fuera de la ley.^[12] Cuando la palabra aborto se usa sin modificadores, en general se refiere al aborto inducido.
  • Métodos médicos para abortar (aborto con medicamentos): Uso de fármacos para interrumpir el embarazo. A veces se usan los términos “aborto no quirúrgico” o “aborto con medicamentos”.^[13]
  • Métodos quirúrgicos para abortar (aborto quirúrgico): Interrupción del embarazo mediante procedimientos transcervicales, como la aspiración por vacío y la dilatación y evacuación.^[14]
• Aborto autoinducido: “cuando las leyes sobre aborto son limitadas o no hay un acceso amplio a los servicios de aborto seguro o estos son de calidad deficiente, las mujeres a veces intentan autoinducir un aborto o recurren a proveedores no idóneos, y se exponen así a consecuencias graves para su salud y su bienestar”.^[15]
• Complicaciones relacionadas con el aborto: según la OMS, las complicaciones del aborto inseguro incluyen: “aborto incompleto (no se retiran o no se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios); hemorragias (sangrado abundante); infección; perforación uterina (cuando se atraviesa el útero con un objeto afilado); [y] daños en el tracto genital y órganos internos”.^[16]

Mifepristona: “un antiprogestágeno que se une a los receptores de progesterona, por lo que inhibe la acción de esta e interfiere la continuación del embarazo”.[17]

Misoprostol: “es un análogo de la prostaglandina E1 que puede utilizarse tanto en combinación con la mifepristona como en monoterapia …[para] una amplia variedad de cuadros clínicos relacionados con la salud reproductiva, como la inducción del parto, el tratamiento del aborto espontáneo e inducido, y la prevención y el tratamiento de la hemorragia puerperal”.[18]

Cytotec: Misoprostol, comercializado con la marca Cytotec.

Atención post-aborto: “es un modelo de prestación de servicio integrado que incluye intervenciones de salud materna y de planificación familiar de tipo curativas y preventivas. Las intervenciones curativas responden a los signos de complicaciones que ponen en riesgo la vida de una madre: hemorragia y septicemia”[19]. “Después de un aborto inducido o espontáneo, las mujeres deben recibir atención post-aborto adecuada. En el caso de las mujeres que tuvieron abortos practicados de manera insegura, la atención post-aborto se usa como estrategia para atenuar la morbilidad y mortalidad relacionadas con las complicaciones, incluida la aspiración uterina del aborto incompleto. Todas las mujeres deben recibir información anticonceptiva y se les debe ofrecer asesoramiento y métodos de anticoncepción posterior al aborto, incluida la anticoncepción de emergencia, antes de retirarse del establecimiento de salud”.[20]

Aborto consentido: se refiere al aborto realizado con el consentimiento de la persona gestante. El Código Penal de Ecuador impone penas de uno a tres años de cárcel a las personas que hayan realizado un aborto con consentimiento y de seis meses a dos años de cárcel a las personas embarazadas que se sometan a un aborto con consentimiento.[21]

Aborto terapéutico: se refiere a la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, lo cual es lícito en Ecuador. La OMS, entre otros expertos, explica que esto debe basarse en la comprensión de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.[22]

Aborto no consentido: se refiere al aborto realizado sin el consentimiento de la persona gestante. El Código Penal de Ecuador prevé penas de cinco a siete años de prisión para las personas que se determine que han provocado un aborto no consentido.[23]

Adolescentes: se usa para referirse a niños, niñas y adultos jóvenes de entre 10 y 19 años, de conformidad con la definición que utiliza la OMS.

Personas gestantes: incluye a mujeres, niñas, varones trans (personas que han realizado una transición de mujer a varón) y personas no binarias (que no se identifican como varones ni como mujeres).

Niña, niño, niñas y niños: se emplean en referencia a personas de menos de 18 años, conforme al uso establecido en el derecho internacional.

Procedimiento abreviado: Término que se utiliza en el derecho ecuatoriano para describir situaciones en las cuales la persona acusada se declara culpable a cambio de una reducción de la pena.

Violencia obstétrica: este término se emplea “para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud. El término ‘violencia obstétrica’ se utiliza ampliamente en América del Sur, pero no se usa todavía en el derecho internacional de los derechos humanos”.[24] Según la Relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, “la violencia y el maltrato generalizados contra las mujeres durante la atención del parto son violaciones de derechos humanos. No son incidentes aislados o episodios esporádicos que experimentan las mujeres a lo largo de su vida, sino que forman parte de un continuo de violencia de género que se produce en el contexto general de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado, y también es el resultado de la falta de educación y formación adecuadas y de la ausencia de respeto por la dignidad, el estatus igualitario y los derechos humanos de las mujeres”.[25]

 

I. Antecedentes: Aborto en Ecuador

Muy pocos de los abortos que se realizan en Ecuador están autorizados legalmente. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informó en 2019 que hubo 911 casos en los cuales se determinó que un aborto estaba legalmente permitido.[26] Sin embargo, los abortos —incluidos aquellos que están prohibidos por la ley vigente en Ecuador y la interpretación de dicha ley— son un procedimiento común en el país. Según datos oficiales del INEC, en 2019 se realizaron 5,927 abortos en Ecuador.[27]

Las restricciones al aborto impuestas en Ecuador afectan de manera desproporcionada a algunas de las personas más marginadas del país. Según un estudio, las tasas más altas per cápita de aborto se dan en las provincias orientales de Pastaza y Morona Santiago, seguidas de las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, El Oro y Zamora Chinchipe.[28] Muchas de estas provincias tienen un alto nivel de población indígena o afrodescendiente. Por ejemplo, el 44 por ciento de la población de Esmeraldas se identificó como afrodescendiente y el 57 por ciento de la de Napo se identificó como indígena.[29] Ecuador es un país de población mayormente mestiza, pero tiene la sexta mayor proporción de personas indígenas y la quinta mayor población de afrodescendientes en América Latina.[30] Las personas indígenas y las afrodescendientes tienen mayores probabilidades de vivir en la pobreza y estar en situación socialmente desfavorecida.[31]

La criminalización del aborto obliga a las personas gestantes, sobre todo a aquellas en situación de pobreza, a recurrir a métodos ilegales e inseguros, lo cual las expone al riesgo de muerte o consecuencias a largo plazo para la salud, así como a posible persecución penal y encarcelamiento[32]. También obstaculiza la posibilidad de las personas embarazadas de acceder a la información médica que necesitan antes de intentar ellas mismas interrumpir de manera segura un embarazo. Un memorando del Ministerio de Salud de 2017 indicó que el 15,6 por ciento de las muertes maternas en Ecuador se deben a abortos inseguros.[33]

Marco jurídico del aborto

El Código Penal vigente (2014) establece que el aborto es legal cuando está en peligro la vida o la salud de la persona embarazada, y cuando el embarazo haya sido producto de una violación según la reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador dictada el 28 de abril de 2021.[34] El Código Penal prevé penas privativas de la libertad para quienes reciban o realicen abortos en situaciones que no sean las contempladas en estas excepciones.[35] El artículo 149 del Código Penal de 2014 tipifica el acto por el cual se brindan servicios de aborto a una mujer que haya procurado voluntariamente obtener un aborto; e impone penas de uno a tres años de prisión por este acto. Ese mismo artículo castiga a las mujeres que intentan obtener y se realizan abortos con seis meses a dos años de cárcel.[36]

Con el pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional, Ecuador se ha sumado a la lista de países del mundo que han reformado sus leyes sobre aborto y ampliado el acceso legal como parte de una serie de decisiones para cumplir más íntegramente con los estándares internacionales de derechos humanos.[37] Este avance resulta de particular importancia en un país con altas tasas de violencia de género, como se analiza más adelante.

Las personas que deberían poder acceder al aborto terapéutico conforme a la ley vigente no siempre pueden hacerlo. Ecuador ha establecido un protocolo claro en el que se describe cuándo y cómo se permite el aborto terapéutico en la actualidad, y se hace referencia a un concepto integral de “salud” que incluye el “bienestar físico, mental y social” y se lo reconoce como un derecho humano que el Estado se encuentra obligado a proteger”.[38] Sin embargo, en la práctica, los médicos no toman en cuenta estas directivas e interpretan la excepción terapéutica con el alcance más limitado posible, al entender que incluye únicamente los riesgos inminentes para la salud física de la persona gestante.[39]

Profesionales de la salud y defensores indicaron a Human Rights Watch que las personas embarazadas enfrentan muchos otros obstáculos y desafíos cuando efectivamente intentan acceder a servicios de aborto, incluso si están dentro de las excepciones del Código Penal ecuatoriano, como el temor a persecución penal, la estigmatización o el maltrato por parte de profesionales de la salud. Estos desafíos también incluyen obstáculos innecesarios que imponen los establecimientos de salud, como el requisito ilegal de que los padres, las parejas o las autoridades judiciales o de protección de menores autoricen el acceso al aborto, y los períodos de espera arbitrarios que disponen algunos centros de salud.[40] La Corte Constitucional del Ecuador determinó que los obstáculos al aborto y su criminalización tienen un efecto pernicioso sobre las sobrevivientes de violaciones sexuales, al disuadirlas de acudir a hospitales o centros de salud en situaciones de emergencia por temor a ser denunciadas, y obligarlas a recurrir a procedimientos inseguros.[41] La corte también concluyó que la ley no impide que las sobrevivientes de violación obtengan abortos.[42] Dispuso que las restricciones al acceso al aborto no deben establecerse ni aplicarse de un modo que niegue a las niñas, adolescentes u otras sobrevivientes de violación sus derechos reconocidos en la constitución, y estableció estándares mínimos que deben observar los jueces y legisladores para garantizar el acceso a la atención de la salud y proteger los derechos de niñas, adolescentes y mujeres que sean víctimas de violación.[43]

La criminalización genera diversos obstáculos para que las personas embarazadas intenten acceder al aborto, incluida la falta de información pública sobre el alcance de los supuestos del aborto legal, en particular con respecto a la excepción terapéutica.[44]

Ecuador cuenta con diversas leyes y políticas sobre violencia contra la mujer, salud reproductiva y materna y atención luego de una violación sexual.

El artículo 32 de la constitución de 2008 prevé una amplia protección de los derechos de las mujeres y niñas, al garantizar el derecho a la salud y obligar al Estado a promover y brindar atención de la salud sexual y reproductiva. La disposición apela expresamente a una serie de principios sobre equidad, prevención y calidad, con particular enfoque en los derechos de la mujer.[45] La constitución también reconoce a las víctimas de violencia doméstica y sexual el derecho a recibir una atención prioritaria y especializada en el sector de salud público y privado.[46]

             

La Ley Orgánica de Salud contempla políticas y programas orientados a abordar la salud reproductiva,[47] reconoce la mortalidad materna, el embarazo adolescente y el aborto inseguro como problemas de salud pública[48] y establece la obligación de los servicios de salud públicos y privados de priorizar la atención de las emergencias obstétricas[49]. También reconoce a la violencia doméstica como un problema de salud pública y obliga al Estado a brindar atención integral a las víctimas de violencia doméstica y sexual. Entre los servicios de salud que se deben brindar a las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual se incluyen la anticoncepción de emergencia y los procedimientos terapéuticos.[50]

El Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce que las personas de menos de 18 años también tienen derechos sexuales y reproductivos y establece que “…los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”.[51] La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que cuando haya una discrepancia entre la opinión de un niño, niña o adolescente y la de su representante legal, prevalecerá la opinión del niño, niña o adolescente cuando la de sus padres contravenga sus derechos constitucionales.[52]

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que se aprobó en noviembre de 2017 tiene dos aspectos fundamentales: la protección de las mujeres víctimas de violencia y la inclusión de artículos relacionados con el aborto. Establece el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, integrado por 16 entidades: Justicia, Educación, Salud, Trabajo, Inclusión Económica, Consejos Nacionales para la Igualdad, INEC, ECU 911, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y gobiernos autónomos.[53] Garantiza el acceso libre a la red de salud y la atención integral, confidencial y no discriminatoria de mujeres con abortos en curso.[54] Dispone asimismo que el embarazo de adolescentes y niñas debe considerarse de alto riesgo, y debe asegurarse atención especializada a las niñas y adolescentes que sean víctimas de violencia sexual, incluidos exámenes y tratamientos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA y el embarazo no planificado debido a un hecho de violencia.[55] La ley prevé también la adopción y el uso de materiales educativos relacionados con enfoques de género que ponen énfasis en los derechos de la mujer, la deconstrucción del discurso sexista que subordina a las mujeres, la prevención del acoso y el abuso sexual, el embarazo adolescente y la educación sexual.^[56]

Ecuador también ha adoptado leyes que tratan y criminalizan específicamente la violencia doméstica y sexual,[57] así como políticas y protocolos para implementar esas leyes, incluidas las Guía de Práctica Clínica sobre Aborto Terapéutico, que no se aplican casi nunca.[58]

La postura del país en materia de aborto es incongruente con estas leyes y políticas que se basan en el respeto a los derechos. Los obstáculos en el acceso a servicios de aborto legal y la interpretación estrecha del derecho a la salud que hacen los profesionales de la salud, al enfocarse únicamente en la salud física cuando aplican la excepción terapéutica, no toma en cuenta las consecuencias de los embarazos no deseados sobre el bienestar físico, mental y social en un sentido integral, sobre todo cuando el embarazo es resultado de una violación.

Confidencialidad

La constitución de Ecuador protege la confidencialidad de la información sobre salud de las personas con carácter de derecho fundamental, e indica que tal información no se podrá divulgar ni usar sin la autorización de los pacientes.[59] El Código Penal de Ecuador establece una pena de seis meses a un año de prisión para quienes no cumplan esta obligación de secreto profesional.[60]

El artículo 422 del Código Penal ecuatoriano estipuló en 2014 la obligación de los profesionales de la salud de denunciar los presuntos delitos de los que tomen conocimiento a través de su trabajo.[61] A menudo se interpreta que esta disposición prevalece por sobre las garantías de confidencialidad, o al menos genera una ambigüedad en cuanto qué obligación es más preponderante. Sin embargo, el Código Penal también dispone que la obligación prevista en el artículo 422 se aplica únicamente cuando no esté amparado por el secreto profesional.[62] El marco jurídico vigente reitera la obligación de los profesionales de la salud de respetar el secreto profesional, incluso en casos de urgencia obstétrica.[63]

El Ministerio de Salud de Ecuador divulgó guías en las que se aclara que los profesionales de la salud están obligados a resguardar la privacidad en la atención de los pacientes a través del secreto profesional, y que no puede negarse la atención a las mujeres que lleguen a unidades sanitarias por problemas relacionados con emergencias obstétricas. La atención de las mujeres debe basarse en el respeto de la dignidad, la confidencialidad y los derechos de las personas, según surge del marco constitucional y legal actual.[64]

Objeción de conciencia

No hay reglamentaciones acerca de si un profesional de la salud puede plantear la objeción de conciencia al brindar atención de la salud en Ecuador, ni cuándo o cómo puede hacerlo.[65] Sin embargo, el Código de Ética Médica que emitió el Ministerio de Salud hace hincapié en la obligación de los médicos de respetar los derechos de sus pacientes. Establece que los médicos tienen la obligación de respetar los principios de derechos humanos y que su práctica profesional no podrá violar tales principios en ninguna circunstancia.[66]

La obligación de atención principal que tiene Ecuador es hacia las personas que buscan obtener servicios sanitarios y su derecho a la salud, y no las convicciones religiosas del personal sanitario. El derecho internacional no exige que los Estados prevean la objeción de conciencia en la atención de la salud.[67] Human Rights Watch considera que los Estados deben abstenerse de sancionar normas que permitan tales declaraciones. Prever la objeción de conciencia es distinto de contemplar de manera razonable y proporcionada las creencias religiosas o de otro tipo en el lugar de trabajo, como conceder tiempo para rezar o permitir usar alguna prenda religiosa, ya que la objeción de conciencia podría dar lugar a que se limite o niegue el acceso a la atención de la salud. No deben permitirse este tipo de contemplaciones si generan una limitación o negación del acceso a la atención de la salud para alguna persona.

Debido proceso

La constitución de Ecuador protege el derecho al debido proceso, y sobre todo establece que ninguna persona podrá ser interrogada por la policía u otra autoridad sin la presencia de un abogado particular o defensor público.^[68] Tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal protegen este derecho.[69] En el caso de niños y niñas, el derecho está protegido en el Código de la Niñez y Adolescencia.[70]

Código Penal

En 2012, la Asamblea Nacional de Ecuador trató una serie de proyectos de reforma al Código Penal de Ecuador que incluían aumentar las penas para ciertas formas de violencia contra las mujeres y despenalizar el aborto en todos los casos en los que el embarazo fuera resultado de violencia sexual.[71] El proyecto fue rechazado en 2013, cuando el entonces presidente Rafael Correa amenazó con renunciar si se aprobaba, y señaló: “Nosotros defendemos verdaderamente la vida como dice en la Constitución, desde la concepción; por eso el aborto no está permitido compañeros”.[72] Diversos expertos indicaron a Human Rights Watch que esta reacción del expresidente Correa generó confusión con respecto a la ley en Ecuador.

En agosto de 2014, entró en vigor el Código Orgánico Integral Penal (Código Penal de 2014). La nueva ley modificó las disposiciones sobre aborto del código anterior al reemplazar términos perniciosos para referirse a algunas discapacidades por el término “discapacidad mental” en la descripción de la categoría de personas que podrán abortar en caso de violación. Sin embargo, el lenguaje sigue siendo impreciso y estigmatizante. El Código Penal de 2014 también redujo la pena para el aborto consentido, que hasta entonces era de uno a cinco años de prisión, a la pena de uno a tres años para la persona que realice el aborto; a su vez, la pena de uno a cinco años de prisión se redujo a una pena de seis meses a dos años para la persona embarazada que se someta a un aborto.[73] Elevó la pena para el aborto sin consentimiento a prisión de cinco a siete años.

En 2019, la Asamblea Nacional debatió un proyecto que habría despenalizado el aborto en casos de violación sexual e inviabilidad fetal. Human Rights Watch instó a la Asamblea Nacional a que promulgara las reformas propuestas, como paso esencial para que el marco jurídico de Ecuador fuera acorde a los estándares internacionales.[74] En septiembre de 2019, se rechazó el proyecto al faltar cinco votos de los 70 necesarios para que se aprobara (65 a 59).[75]

Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el acceso al aborto en todos los casos de violación

Hasta abril de 2021, la legislación de Ecuador permitía el aborto cuando estuviera en peligro la vida o la salud de la mujer o tras la violación sexual de una mujer con discapacidad intelectual. No obstante, el 28 de abril de 2021, en una decisión histórica de siete votos contra dos, la Corte Constitucional declaró inconstitucional algunos párrafos del artículo 150(2) del Código Penal y despenalizó el aborto para las mujeres y niñas en todos los casos de violación sexual, una decisión que obliga a modificar las leyes que prevén penas de prisión para esos casos.

La corte dispuso:

[D]adas las graves implicaciones que esta Corte ha evidenciado que existen ante un embarazo producto de una violación, la imposición de una sanción penal no evita que las mujeres violadas incurran en la conducta que se pretende impedir.[76]

La corte determinó que no se necesita una condena por violación para que la persona sobreviviente pueda acceder a un aborto. Dispuso la corte:

[T]al exigencia constituiría un requisito que, en la práctica, promovería la maternidad forzada de las víctimas, pues mientras la gestación biológicamente dura un tiempo limitado, el proceso penal atraviesa una serie de etapas... que superan el tiempo de gestación. Por lo que... deberá considerarse otras opciones como, por ejemplo, denuncia penal, examen médico o declaración jurada, mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador.[77]

La sentencia surte efectos automáticamente y no es apelable. El presidente electo Guillermo Lasso, que asumió el 24 de mayo, manifestó su “total respeto” a lo resuelto por la corte. “La independencia de poderes y la laicicidad del Estado son principios innegociables”, expresó en una declaración.[78]

El pronunciamiento de la corte abre una vía para expandir los derechos reproductivos y de las mujeres conforme a lo establecido en los estándares internacionales de derechos humanos.[79] La decisión encargó a la Defensoría del Pueblo la preparación de un nuevo proyecto de ley en el plazo máximo de dos meses, que debía presentarse ante la Asamblea Nacional, la cual tendrá seis meses para adoptar una ley que dé cumplimiento a lo dispuesto por la corte.[80]

La Defensoría del Pueblo y una nueva ley sobre aborto

El 28 de junio de 2021, la Defensoría del Pueblo presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para regular el aborto en todos los casos de violación, en cumplimiento con lo dispuesto recientemente en materia de aborto por la Corte Constitucional del Ecuador.^[81]

El proyecto se preparó a partir de un diálogo nacional con distintas organizaciones, incluidas aquellas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres en Ecuador.^[82] Refleja los estándares y principios internacionales de derechos humanos, incluido el principio de progresividad y no regresividad, el cual exige que el Estado ecuatoriano y las instituciones públicas actúen lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho al aborto y su tratamiento, y reconoce el derecho a tener un aborto en todos los casos de violación sexual.^[83] Este derecho se reconoce a todas las personas gestantes y toma en cuenta las distintas vulnerabilidades que pueden enfrentar, incluida su situación socioeconómica y de movilidad humana, edad, discapacidad y si están privadas de la libertad.^[84]

El proyecto reconoce la necesidad de que todas las sobrevivientes de violaciones que quedan embarazadas puedan acceder al apoyo médico, legal y psicosocial, incluidos los servicios integrales de aborto, como forma de resarcir los efectos perniciosos de una violación y de un embarazo no deseado.^[85]

En consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos, el proyecto de ley dispone que los servicios de aborto deben brindarse de manera oportuna, y que el secreto profesional debe garantizarse tanto durante el aborto como antes y después de este.^[86] El proyecto estipula:

El personal de salud que declare su objeción de conciencia no está exceptuado de la obligación de mantener el secreto profesional sobre la información de la consulta, incluida la información sobre la violación.^[87]

Impacto del Covid-19 en los derechos reproductivos en Ecuador

Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina que resultó gravemente afectado por el brote de Covid-19; para abril de 2020, ya había 10,128 casos confirmados y 507 muertes en un país de apenas 17 millones de personas.[88] Al 20 de abril de 2021, había 360,546 casos confirmados y 17,703 muertes.[89]

La pandemia de la Covid-19 y los confinamientos que se establecieron en respuesta generaron nuevos obstáculos a la posibilidad de que las mujeres y niñas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.[90] Las organizaciones locales explicaron a Human Rights Watch que las restricciones a los viajes y el transporte que se impusieron para desacelerar la propagación del Covid-19 impidieron que muchas mujeres y niñas accedieran de manera oportuna a los servicios de atención de la salud, aborto y atención post-aborto.[91] Se refirieron a sobrevivientes de violencia de género, incluida la violencia sexual, que tuvieron dificultades para hacerse atender por lesiones y para que tomaran muestras con fines de evidencia; así como nuevos obstáculos en la posibilidad de obtener servicios de aborto legal e insumos en anticonceptivos, incluida la “pastilla del día después”, incluso para víctimas de violencia sexual.[92]

La pandemia está ejerciendo una enorme presión sobre los sistemas de salud de todo el mundo, al tiempo que los gobiernos intentan contener el virus y atender a los enfermos. Sin embargo, los gobiernos también deben mantener otros servicios esenciales que, según la OMS, incluyen a los servicios de salud sexual y reproductiva.[93]

El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional del Ecuador, a través de sus Mesas Técnicas de Trabajo interinstitucionales, emitió cinco documentos con recomendaciones específicas que presentan guías operativas orientadas principalmente a la atención de las mujeres embarazadas y los recién nacidos con sospecha o confirmación de diagnóstico de Covid-19.[94] Sin embargo, en estos documentos solo hay algunas recomendaciones para la atención de la salud reproductiva orientadas a garantizar la continuidad de los servicios para las pacientes sin Covid19. El aborto terapéutico no se reconoce expresamente como esencial ni tampoco se brindan pautas en épocas de pandemia que garanticen su provisión.

La pandemia pone en evidencia y exacerba los obstáculos que ya existían en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Ecuador:[95]

●        Acceso a insumos anticonceptivos y servicios de planificación familiar: La pandemia ha provocado la suspensión de las consultas ambulatorias de especialidades en los establecimientos de salud y la reprogramación de las citas médicas en el nivel primario, secundario y terciario de atención. Ha causado interrupciones en la provisión de anticonceptivos, la suspensión de consultas sobre planificación familiar y dificultades en el acceso al asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva.^[96] Estos son servicios de salud esenciales porque salvan vidas al evitar embarazos no deseados y procedimientos de aborto inseguro, un riesgo considerable en un contexto como el de Ecuador, donde el aborto se encuentra parcialmente despenalizado.^[97] Surkuna, una organización ecuatoriana por los derechos de la mujer, presentó pedidos de registros públicos al Ministerio de Salud; de los registros que se proporcionaron surge que, en marzo y junio de 2020, el consumo de anticonceptivos disminuyó un 36 por ciento en comparación con el mismo período en 2019.^[98]

• Acceso a la atención de la salud materna: El acceso a la atención prenatal se ha visto gravemente afectada durante la pandemia de Covid-19. Las investigaciones que llevó adelante Surkuna identificaron un descenso del 45 por ciento en las primeras consultas preventivas en establecimiento de salud públicos durante los meses de marzo y mayo de 2020, en comparación con 2019. En el caso de las niñas de 10 a 17 años, la disminución fue del 49 por ciento, y para las niñas de 10 a 14 años, el descenso fue del 62 por ciento. En todos los grupos etarios, el número de visitas de atención prenatal posterior disminuyó un 21 por ciento entre marzo y agosto de 2020, en comparación con el mismo período en 2019. En el caso de niñas de menos de 18 años, la disminución fue del 26 por ciento.^[99]
• Acceso a abortos no punibles:^[100] La OMS ha destacado que el aborto terapéutico, la atención de complicaciones relacionadas con el aborto y la atención post-aborto son servicios de salud esenciales que deberían estar disponibles, incluso en una pandemia como la de Covid-19.^[101] Surkuna determinó que el Ministerio de Salud no ha emitido pautas para resguardar el acceso al aborto y a la atención post-aborto durante la pandemia. En tal sentido, resulta particularmente alarmante que en el caso de las emergencias obstétricas relacionadas con abortos, la reducción fue del 54 por ciento entre los meses de marzo y julio de 2020, comparado con el mismo período en 2019. La atención del aborto terapéutico disminuyó un 69 por ciento entre marzo y julio de 2020, en comparación con el mismo período el año anterior.^[102] Pese a los obstáculos en el acceso al aborto terapéutico y los servicios de aborto durante la pandemia, Surkuna detectó que siguió habiendo procesos penales de mujeres y niñas sospechosas de haber intentado obtener abortos. Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2020, se registraron 17 denuncias por aborto consentido en la Fiscalía General del Estado.^[103]

 

II. Criminalización del aborto en Ecuador

De acuerdo con los registros suministrados por la Fiscalía General del Estado de Ecuador a Human Rights Watch, desde principios de 2014 hasta junio de 2019, la Fiscalía presentó cargos por presunto aborto consentido en 286 casos.[105] La Defensoría Pública de Ecuador informó a Human Rights Watch que, entre 2016 y 2019, sus abogados brindaron asistencia legal a 89 mujeres que fueron juzgadas por aborto consentido. Desde agosto de 2014 hasta junio de 2019, el Consejo de la Judicatura informó a Human Rights Watch tener registro de 122 casos en trámite y 99 casos que fueron “resueltos”, aunque no especificó de qué manera se resolvieron.

Human Rights Watch examinó documentos a los que tuvo acceso a través del Sistema Automático de Trámites Judiciales en relación con 137 casos sobre mujeres o niñas, proveedores de servicios de salud, o acompañantes acusados de intentar obtener o practicar abortos con consentimiento entre 2009 y 2019. La mayor parte de estos casos se refieren a cargos por abortos consentidos contemplados en el artículo 444 del Código Penal de 2008 (que se aplica a casos relativos a hechos que hayan tenido lugar entre 2009 y 2013) o el artículo 149 del Código Penal de 2014 (que se aplica a casos que hayan tenido lugar luego de su entrada en vigencia en agosto de 2014).[106] Asimismo, revisamos 11 casos relacionadas con procesos por abortos que transmitieron a Human Rights Watch las organizaciones legales que asistieron a las mujeres y niñas procesadas.

Como se mencionó anteriormente, la legislación ecuatoriana prevé penas de seis meses a dos años de prisión para las mujeres que se realicen abortos consentidos, y de uno a tres años para los prestadores de servicios de salud que los realicen.[108] Como consecuencia de esta criminalización, las mujeres y las niñas que sufren emergencias obstétricas y abortos espontáneos, como Delfina, Josefa y Soledad, enfrentan el riesgo de ser imputadas por aborto. En casos excepcionales, como el de Soledad, las mujeres y las niñas enfrentan cargos por asesinato.

Si bien Human Rights Watch no obtuvo información relativa a la cantidad de casos totales, nuestro análisis de los casos aquí mencionados sugiere que la cantidad promedio de procesamientos anuales aumentó con la entrada en vigencia de la reforma del Código Penal en 2014. Dicho código impuso a los profesionales la obligación de denunciar los delitos cuando no estén amparados por el secreto profesional. Que no es el caso de los abortos ya que al ser servicios de salud están amparados por el secreto profesional. Human Rights Watch analizó la documentación de los casos en su poder desde 2009 a 2019, y excluyó el 2014, año en que el código penal entró en vigencia. Durante los cinco años previos a 2014, el promedio anual de juicios penales a mujeres y niñas por someterse a abortos fue de cerca de ocho.[109] Durante los cinco años completos posteriores a 2014, se produjeron en promedio quince procesos penales por año.[110] Es posible que este cambio en las cifras a lo largo del tiempo se deba a muchas razones. Sin embargo, teniendo en cuenta las entrevistas cualitativas realizadas por Human Rights Watch, parecería que hubo un cambio luego de la implementación de la ley de 2014 hacia una cantidad mayor de procesos penales.

De los 148 casos analizados por Human Rights Watch, el 81 por ciento corresponde a casos iniciados contra mujeres y niñas que se  realizaron un aborto, sufrieron un aborto espontáneo o tuvieron una emergencia  obstétrica; el 14 por ciento se dirigía contra acompañantes que ayudaron a la realización del aborto, y el 5 por ciento contra el profesional de la salud que realizó el aborto.

Concluimos que las personas gestantes enfrentan enormes obstáculos para acceder a la atención en relación con un aborto, aun cuando les corresponde o debería corresponderles el acceso al aborto de acuerdo con el marco jurídico vigente. Los funcionarios públicos y los prestadores de servicios de salud, quizás por temor a ser objeto de causas penales fundamentadas en leyes que penalizan el aborto, a menudo interpretan las excepciones a la prohibición del aborto en Ecuador de la manera más restrictiva posible. La criminalización del aborto también ha instalado el temor a la posibilidad de persecución penal y ha contribuido a estigmatizar el aborto, lo cual afecta tanto a los profesionales de la salud como a las personas embarazadas. El impacto ha sido mayor para las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza y para los grupos étnicos marginados, dado que profundiza aún más la desigualdad.

Nuestra investigación permitió identificar una tendencia común en los casos que analizamos: una mujer joven toma un medicamento, que consigue por su cuenta de alguna manera, entre muchas, con el objetivo de interrumpir un embarazo no deseado. Termina en el hospital, sea por falta de información acerca de cuáles son los efectos del misoprostol, lo cual le hace temer que su salud esté en riesgo, o por causa de complicaciones que requieren atención médica, sobre todo en casos de interrupciones voluntarias del embarazo durante el segundo trimestre. En el hospital, un médico u otros miembros del personal dan aviso a la policía, por una cuestión de principios de algún miembro del plantel que considera necesario notificar a la policía en caso de sospecha de aborto o ante la presencia de un “cadáver” (que erróneamente entienden que incluye coágulos de sangre y tejido originados en un aborto inducido o espontáneo).[111] Según lo establecido en el marco constitucional vigente, y otras leyes y reglamentaciones, esta conducta no guarda coherencia con la obligación que asumen los profesionales de la salud de respetar el secreto profesional y garantizar la privacidad en la atención de los pacientes.[112]

Luego, la causa se resuelve mediante juicio o un proceso abreviado. Las personas acusadas normalmente cumplen una pena de prisión de menos de un año o una suspensión condicional de la pena que, normalmente, exige la realización de tareas comunitarias o recibir tratamiento psicológico, especialmente en el caso de mujeres de menos de 25 años.

Los casos analizados por Human Rights Watch incluyen casos de 22 de las 24 provincias de Ecuador. No encontramos casos de dos provincias: Galápagos y Bolívar.[115] Lo que más llama la atención es el número de casos que se originaron fuera de las principales áreas urbanas de Ecuador, Guayaquil y Quito, que cuentan con un total de 4,884,082 habitantes, en relación con la población total de Ecuador de 15,012,000 de personas, según surge del censo de 2010.[116]

De los 148 casos que integran el conjunto de datos, 60 fueron declarados culpables y 13 fueron archivados luego de que la parte acusada cumpliera con la suspensión condicional de la pena, por ejemplo trabajo comunitario, terapia u orientación:

De los 60 casos que concluyeron en una condena (relativos a 70 imputados), 38 personas acusadas fueron condenadas a penas privativas de la libertad y 25 obtuvieron una suspensión condicional de la pena. Cuatro de los acusados que recibieron penas de prisión o suspensión condicional de la pena fueron condenados por forzar a una mujer o niña a realizarse un aborto sin su consentimiento y también fueron obligados a pagar resarcimiento económico a las víctimas (generalmente, la persona que sufrió el aborto o sus familiares). Otros tres acusados solo abonaron un resarcimiento económico, tras llegar a un acuerdo judicial con la parte:

 

Cabe destacar que los acusados que se sometieron a procedimientos abreviados tuvieron más probabilidades de cumplir penas de prisión. En los casos mencionados, cerca del 81 por ciento de los acusados en procedimientos abreviados cumplieron penas de prisión (en general, de seis a cuatro meses, o menos), en comparación con el 19 por ciento de los acusados que enfrentaron un juicio. En 2016, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución en la que estableció que no puede dictarse la suspensión condicional de la pena en los procedimientos abreviados.[118]

De los 13 casos que se archivaron luego de que la persona acusada cumpliera con la suspensión condicional de la pena, estos en general consistieron en que la persona asistiera a orientaciones o prestara algún tipo de servicio comunitario, según lo indicado por el tribunal.

Sea que el caso culmine en una pena privativa de libertad u otra forma de castigo (aunque concluya con una suspensión condicional de la pena), estos procesos tienen un efecto devastador en la vida de las mujeres y niñas afectadas. Los procesos penales también tienen un impacto perjudicial de mucho más alcance, ya que se genera un clima de temor que intimida a las mujeres y niñas que atraviesan un embarazo no deseado y las obliga a hacerlo sin atención médica y sin la información que necesitan acuciantemente y que por ley les corresponde.

“Las mujeres marginadas son las que enfrentan procesos penales”: El impacto discriminatorio de la penalización del aborto

La penalización del aborto no afecta a todas las mujeres y niñas por igual. En los casos que analizó Human Rights Watch, muchas de las acusadas pertenecían a regiones marginadas económicamente o donde hay una proporción mayor de poblaciones indígenas o de afrodescendientes. Con frecuencia, estas personas se vieron obligadas a elegir entre enfrentarse a penas privativas de libertad, enfermedades y la muerte, o a una maternidad o embarazo forzado.[119]

La mayor parte de las acusadas eran mujeres jóvenes. De los 148 casos estudiados por Human Rights Watch en los que se pudo determinar la edad de la persona procesada por haberse realizado un aborto consentido, el 61 por ciento correspondía a mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años, otro 21 por ciento a mujeres de entre 25 y 29 años, el 6 por ciento tenía entre 30 y 39 años, y el 12 por ciento eran niñas de menos de 18 años. Fue posible establecer la edad de 90 acusadas.[120]

Las personas imputadas de más de 29 años, en general, eran proveedores de salud u hombres que se identificaron como los responsables del embarazo de las mujeres o niñas que tuvieron el aborto; en estos últimos casos, la información disponible del caso a menudo indicaba que el hombre fue acusado de violación, incluidos casos de presunto estupro. La tabla a continuación muestra el detalle de los casos identificados por Human Rights Watch en los que pudo determinarse la edad:

Muchos casos se relacionan con mujeres identificadas como indígenas en la documentación disponible de los casos, quienes fueron denunciadas por el personal médico de los hospitales después de que buscaran atención en el servicio de urgencias por complicaciones relacionadas con el embarazo, sin diferenciar entre quienes buscaron atención médica por abortos incompletos o espontáneos o, por cualquier otra emergencia obstétrica. A ninguna de ellas se le impuso prisión preventiva ni cumplió una pena privativa de la libertad, debido a que no comparecieron a las audiencias judiciales. La Constitución de Ecuador y otras leyes protegen los derechos de las personas indígenas y exigen la intervención de traductores en los casos en los cuales estas sean parte.[121]

Los casos analizados también sugieren que las mujeres que fueron juzgadas por delitos relacionados con aborto entre 2009 y 2019 provenían, en una inmensa proporción, de regiones con niveles elevados de pobreza donde un alto porcentaje de la población es indígena o afrodescendiente. Por ejemplo, de los 148 casos analizados por Human Rights Watch, 140 contenían información sobre ubicación; de ellos, 16 casos se originaron en la provincia de Morona Santiago, en la selva tropical de la zona centro oriental de Ecuador, donde el 48,4 por ciento de la población se autoidentifica como indígena.[122] La mayor parte de los casos de Morona Santiago corresponden al área urbana de Macas (Macas/Sucúa/General Proaño), una localidad de apenas 30.000 habitantes. La provincia de Morona Santiago alberga solo al 1 por ciento de la población de Ecuador (cerca de 147.940 residentes), pero los casos de la provincia constituyen el 11 por ciento de los que identificó Human Rights Watch.[123]

Marta, una mujer de 25 años, probablemente de ascendencia indígena, acudió al servicio de urgencias en 2010 con una infección renal grave, tuvo un parto prematuro y el neonato falleció. Fue denunciada a la policía por el personal médico. Los médicos indicaron que había inducido el aborto con misoprostol. Marta pasó ocho años en prisión preventiva mientras se investigaba la denuncia en su contra por aborto consentido. La causa prescribió y Martha quedó en libertad sin ser juzgada.[128]

Estas conclusiones son similares a las que llegaron especialistas ecuatorianas s que han investigado el tema.[129] Del informe realizado en 2018 por una coalición de organizaciones de derechos de las mujeres en Ecuador sobre casos de mujeres judicializadas por aborto se desprende que el 100 por ciento de estas mujeres contaban con “bajos recursos económicos” y en el 40 por ciento de los casos las mujeres eran afroecuatorianas.^[130] Estos datos, según las autoras, “demuestran la imbricación existente entre la criminalización del aborto y la pertenencia a grupos tradicionalmente excluidos”, y revelan que la penalización del aborto constituye “un problema de injusticia social y discriminación”.^[131]

Los profesionales de la salud, abogadas defensoras, periodistas y activistas entrevistadas por Human Rights Watch realizaron observaciones similares. La periodista Ana Acosta, cuya labor se ha enfocado sustancialmente en la penalización del aborto, dijo:

Las mujeres que son judicializadas, a diferencia de esa gran mayoría que está abortando sin serlo, son mujeres afrodescendientes, empobrecidas, con raíz indígena o campesina, y de sectores populares. La judicialización en Ecuador la criminalización no es universal; tiene rostro y una clase, una etnia y un origen. Las mujeres marginadas son las que enfrentan procesos penales. Si miramos los registros policiales, muchas de estas mujeres tienen en sus apellidos, apellidos de raíz indígena y de origen afro.^[132]
 

Las mujeres que viven en la pobreza enfrentan obstáculos adicionales para acceder a un aborto seguro, y un gran porcentaje de las poblaciones afrodescendientes e indígenas viven en la pobreza (el 54 por ciento de la población indígena y el 26 por ciento de la población afroecuatoriana viven en la pobreza, en comparación con el 16 por ciento de la población mestiza^[133]). Las niñas y las mujeres jóvenes, sobre todo aquellas que viven en la pobreza y pertenecen a grupos étnicos marginados, tienen menos probabilidades de acceder a la información y los recursos necesarios para obtener servicios de aborto seguro. También es menos probable que cuenten con información sobre las leyes en materia de aborto y los pasos necesarios para acceder a un aborto legal.

Estas conclusiones reflejan lo determinado en investigaciones mundiales sobre los efectos de la criminalización. Algunos autores han indicado que “el estigma del aborto puede conducir a que algunas mujeres lleven su embarazo a término, asuman una carga económica desproporcionada para recibir atención o intenten recibir servicios de aborto de manera clandestina. Es posible que los grupos de mujeres más vulnerables no puedan obtener abortos como resultado de estos obstáculos sociales”.[136]

Persecución penal de mujeres y niñas con emergencias obstétricas

María necesitaba y tenía derecho a recibir atención por la pérdida de su embarazo. En lugar de ello, se la juzgó por el delito de aborto consentido. Las mujeres jóvenes que viven en condiciones de marginalidad y no tienen acceso a atención a servicios de salud e información adecuada sobre salud sexual y reproductiva, en ocasiones se enfrentan a ser criminalizadas por las instituciones del Estado cuando intentan obtener atención médica de emergencia en hospitales públicos.

Muchas mujeres que acuden a un hospital por un aborto espontáneo no saben que están embarazadas, lo cual las vuelve más propensas a sufrir complicaciones durante el embarazo.[138] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador-INEC, en 2019, unas 10,271 mujeres embarazadas sufrieron abortos espontáneos. Los datos mundiales indican que entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de los embarazos terminan en abortos espontáneos.[139] La criminalización del aborto implica que cada niña y mujer embarazada que sufre un aborto espontáneo enfrenta el riesgo de ser investigada y procesada por aborto si intenta obtener atención médica y el profesional de la salud sospecha que puede tratarse de un aborto consentido y la denuncia.

Las historias de María, Teresa y Ana no son excepcionales. En Ecuador, las niñas y mujeres embarazadas pueden ser juzgadas si sus embarazos no conducen al nacimiento de un bebé sano. En los casos analizados por Human Rights Watch, las autoridades persiguieron penalmente en reiteradas oportunidades a mujeres por cuestiones de salud, incluyendo aquellas que habían sufrido emergencias obstétricas, o abortos espontáneos.

La amenaza de enfrentar un proceso penal hace que muchas niñas y mujeres no busquen asistencia médica cuando la necesitan, especialmente si atraviesan emergencias obstétricas o requieren atención post-aborto. Prevenir de esta manera que las mujeres y niñas reciban atención médica pone en riesgo su salud y sus vidas. María, Teresa y Ana estaban atemorizadas y fueron al hospital para recibir ayuda médica, pero en lugar de eso terminaron siendo acusadas de un delito.

Judicialización de sobrevivientes de violación y otras formas de violencia de género

Ecuador presenta altos índices de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual. Según datos oficiales de 2012 y las cifras que se mencionan en la reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador de abril de 2021 que despenaliza el aborto en todos los casos de violación:

• Una de cada cuatro mujeres ha enfrentado violencia sexual.[142]
• El 65 por ciento de las mujeres que denunciaron sufrir violencia sexual habían sido victimizadas por sus parejas o exparejas.[143]
• De la cantidad total de denuncias diarias de violación sexual, el 41 por ciento las realizan mujeres jóvenes y niñas de entre 15 y 24 años.[144]
• Seis de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género. El porcentaje más alto de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia de género y se identifican como pertenecientes a una categoría étnica se concentra en el grupo étnico indígena, con un 68 por ciento, y afroecuatoriano, con un 67 por ciento.[145]
• Cada día, en Ecuador se reciben 42 denuncias de violencia sexual y un promedio de 10 denuncias de violación.[146]

Los sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador son, en una inmensa mayoría, niñas:

• De la cantidad total de violaciones denunciadas, el 7 por ciento corresponde a víctimas que son niñas de menos de 9 años y el 40 por ciento a niñas de entre 10 y 14 años.[147]
• La tasa de nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años aumentó de 2,5 cada 1.000 nacimientos en 2013[148] a 2,8 cada 1.000 en 2017.[149]
• El gobierno indica que 8 de cada 10 embarazos en niñas de menos de 14 años son consecuencia de violencia sexual, pero la legislación de Ecuador establece que toda relación sexual con un niño o niña de menos de 14 años se considera violación.[150]
• De acuerdo con un informe de 2017 del Ministerio de Salud, Ecuador es el tercer país de América Latina con la tasa más alta de embarazos entre niñas y mujeres jóvenes de 10 a 19 años, después de Nicaragua y la República Dominicana.[151]
• Según los datos del gobierno que analizó Human Rights Watch, entre 2014 y mayo de 2020, unos 4,221 estudiantes sufrieron algún tipo de violencia sexual en el ámbito escolar.[152]
• Solo el 17 por ciento de los casos de violencia sexual contra niñas denunciados en 2016-2017 concluyó con una condena.[153]

A pesar de las altas tasas de violencia sexual de Ecuador, hasta el 28 de abril de 2021, a las víctimas de violación (que no tuvieran una discapacidad intelectual) se le negaba el acceso al aborto terapéutico y, a menudo, enfrentaban acciones penales cuando intentaban acceder a un aborto. Con la nueva decisión de la Corte Constitucional del Ecuador, las mujeres y las niñas tienen derecho a acceder a un aborto legal en todos los casos de violación[156]. De acuerdo con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (Relator Especial sobre el derecho a la salud), el derecho a la salud sexual y reproductiva es una “parte fundamental del derecho a la salud, que incluye el acceso a servicios de aborto seguros y legales. El acceso a servicios de aborto seguros y legales garantiza la dignidad y la autonomía de las niñas y las mujeres como elementos de su salud sexual y reproductiva. Carecer de tales servicios repercute de manera sumamente negativa en la salud de las niñas y las mujeres. Tales efectos negativos se agravan cuando se trata de embarazos no deseados y de maternidad forzada como consecuencia de actos de violencia sexual”.[157]

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) estableció que en casos en que el aborto sea legal cuando la vida o la salud de una mujer está en peligro, como lo contempla la legislación vigente en Ecuador, la salud de la mujer debe interpretarse de manera integral el derecho a la salud en sus tres dimensiones (física, mental y social), a fines de determinar la legalidad y garantizar el acceso a un aborto terapéutico.[158]

De los 148 casos evaluados por Human Rights Watch, 8 de ellas manifestaron que habían sido víctimas de violación y 9 denunciaron haber sido víctimas de otras formas de violencia de género. En estos casos, los jueces no tuvieron en cuenta esa información como elemento exculpatorio. Por ejemplo, uno de los casos analizados por Human Rights Watch describe la situación de una mujer embarazada que habría sido agredida físicamente por su cónyuge, lo que provocó la muerte fetal; sin embargo, fue condenada por aborto consentido.

Muchas acusaciones de aborto no consentido, en especial de 2015 en adelante, incluyen señalamientos de agresión sexual mediante la inserción forzada de pastillas de misoprostol en la vagina de la mujer embarazada, por parte de la pareja, y sin el conocimiento o consentimiento de la mujer; otros casos refieren presión o coerción emocional o verbal por parte de la pareja para practicarse un aborto. De la información obtenida de los casos, estas situaciones de violencia doméstica o acoso sexual no fueron investigadas, y lo declarado y relatado por las mujeres a menudo se cuestiona, desacredita o desestima en el proceso legal.

Funcionarios judiciales que no toman en cuenta casos de violencia de género al tiempo que impulsan cargos por aborto

Human Rights Watch detectó 17 casos en los que niñas y mujeres que estaban siendo juzgadas por aborto consentido alegaron ser víctimas de violencia de género. No existen indicios en la documentación judicial analizada de que estos señalamientos de violencia hayan sido investigados de manera independiente, ni que hayan dado lugar a la imposición de cargos o juicios, así como tampoco de que se hayan tomado medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de la mujer o niña. En lugar de ello, era habitual que se cuestionaran, desacreditaran o desestimaran las explicaciones ofrecidas por las mujeres y niñas, mientras seguían su curso los procesos legales en su contra.

En los tres casos evaluados por Human Rights Watch que se relacionaban con cargos contra hombres implicados en abortos hubo señalamientos de que estos acusados habían violado a la mujer o niña que quedó embarazada. En ninguna de estas tres causas hubo una consideración genuina de los señalamientos de violación, ya sea como agravante o como delito independiente que deba ser investigado —y que podría exculpar a la mujer o niña— durante la investigación del caso de aborto.

En los casos que analizó Human Rights Watch, algunas mujeres que debieron enfrentar juicios penales por aborto consentido presentaron pruebas de que el aborto, en realidad, no fue consentido, y denunciaron que habían sido obligadas a practicárselo, en general por el hombre responsable del embarazo. En uno de los casos, una mujer dijo que el hombre le había introducido por la fuerza pastillas de misoprostol en la vagina.[168] Muchas otras mujeres refirieron haber recibido medicamentos para inducir el aborto, sin su conocimiento o consentimiento, por su pareja que no tenía intención de convertirse en padre. Otras mujeres enjuiciadas denunciaron ante el tribunal haber sido objeto de presión o coerción emocional o verbal por parte de su pareja para realizarse un aborto. Aparentemente, la policía y los fiscales en estos casos no tuvieron en cuenta ni investigaron estos señalamientos, y los jueces parecen haberlos desestimado.

Presión sobre los profesionales de la salud y violaciones al secreto profesional

En casi tres de cada cuatro casos examinados por Human Rights Watch, la judicialización se inició debido a la vulneración al secreto profesional. Se procesó a mujeres y niñas luego de que fueran denunciadas por profesionales de la salud de los hospitales públicos a cuyos servicios de emergencia acudieron buscando cuidados en su salud debido a que estaban teniendo un aborto en curso, un aborto incompleto o una emergencia obstétrica.

Los profesionales de la salud deben respetar el secreto profesional. Esto abarca a los profesionales de la salud que reciben información confidencial directamente de sus pacientes o durante un examen médico, el personal que obtiene la información a través de otros profesionales que participaron en la atención de las pacientes, incluso si desempeñan funciones administrativas, y profesionales que reciben información sin el consentimiento expreso de sus pacientes.[169] Respetar el secreto profesional es especialmente importante en el caso del aborto, dada la estigmatización contra quienes se someten a este procedimiento o lo realizan.

No obstante, es habitual que médicos y otros profesionales de la salud violen el secreto profesional de las pacientes al denunciar presuntos abortos a las autoridades. Es posible que denuncien a las pacientes por sus propias convicciones personales, porque sus empleadores les exigen y los presionan para que denuncien cualquier caso que pudiera involucrar un aborto, o porque temen que el no denunciar los exponga a ser procesados penalmente en virtud de lo establecido en las leyes sobre aborto de Ecuador.[170] No obstante, cabe recordar que las mismas leyes del Ecuador, no permiten que se realicen denuncias cuando se está amparado por el secreto profesional, como seria en estos casos. El supuesto “deber” de los profesionales de la salud de presentar denuncias penales, aunque esto sea ilegal, crea una doble barrera. Por un lado, desalienta a las mujeres y niñas de acceder a servicios de aborto o a la atención post-aborto, o a la asistencia médica por complicaciones obstétricas durante el embarazo. Por otro lado, desalienta a los médicos de brindar atención obstétrica de emergencia a mujeres y niñas por temor a ser procesados o estigmatizados por su supuesta complicidad en el aborto.^[171]

La abogada defensora Cristina Torres señaló que las actitudes estigmatizantes entre los profesionales de la salud son tan fuertes que hacen que, automáticamente, cada mujer que ingresa con sangrado a la sala de emergencias ya se considere “culpable de haber cometido un aborto”.[172] De la documentación disponible de los 148 casos revisados por Human Rights Watch, se incluyen registros de declaraciones realizadas por funcionarios de salud o policías y decisiones judiciales que reflejan estas actitudes negativas y sentenciosas hacia el aborto. La imposición de penas que obligan a recibir terapia psicológica y prestar servicios comunitarios en orfanatos o centros infantiles, en ocasiones también refleja tales actitudes.

En varios de los casos, las personas acusadas, en particular las mujeres de poco más de 20 años, como Damarys y María José, se describen como mujeres ingenuas y confundidas, que necesitan orientación e instrucción correctiva. Tales descripciones se observan en las evaluaciones psicológicas que forman parte de la información disponible de los casos (muchas de las cuales determinan que existe “inmadurez”, “inestabilidad emocional” y rasgos similares en las mujeres acusadas), en las condenas impuestas y, ocasionalmente, en el razonamiento explicitado por los jueces. Asimismo, en muchos casos los documentos disponibles reflejan estereotipos de que la acusada “debería haber sabido que estaba embarazada”, “obviamente sabía para qué eran esas pastillas” o que su comportamiento era aberrante o anormal (no suficientemente maternal) por presuntamente haber intentado interrumpir un embarazo.[175]

El Guttmacher Institute ha indicado que, cuando se estigmatiza el aborto, como ocurre en Ecuador, “los profesionales médicos no reciben capacitación en procedimientos de aborto, se niegan a recibir capacitación o, si están formados, enfrentan obstáculos al momento de realizar abortos”.[176] Médicos y obstetras de Ecuador describieron esta estigmatización a Human Rights Watch al señalar que, incluso si han recibido la formación necesaria, muchos colegas “no quieren ser tomados como abortistas”.[177]

Un médico manifestó a Human Rights Watch:

“La sociedad de ginecobstetricia en general no está de acuerdo con el aborto y eso puede generarte un estigma profesional. Cuando haces declaraciones públicas a favor del aborto, te caen todos encima, te estigmatizan. Los médicos del hospital tienen una conducta distinta que en su consulta privada; dentro denuncian pero fuera prescriben libremente el misoprostol. Hay un manejo de doble moral”.^[178]

Muchas personas entrevistadas dijeron a Human Rights Watch que los médicos que trabajan en hospitales públicos están bajo presión no solo para negarse a realizar abortos, sino también para denunciar ante la policía a las mujeres o niñas a quienes atienden y que creen que pueden haber tenido un aborto.[179]

El caso de Margarita no es excepcional; 59 de los 148 casos examinados por Human Rights Watch involucran señalamientos de que el personal del hospital descubrió comprimidos de misoprostol sin disolver durante exámenes vaginales.

Estos comprimidos, extraídos por el personal del hospital y enviados para su análisis químico, fueron a menudo una parte importante de la prueba que sustentó los cargos de aborto. El uso de misoprostol no se puede detectar mediante un análisis de sangre.[184] La principal prueba contra las mujeres y niñas procesadas por intentar obtener un aborto eran a menudo sus propias historias clínicas, declaraciones de sus médicos y pruebas físicas recabadas a través de exámenes sumamente íntimos que se realizaron durante la atención médica urgente.

El gobierno de Ecuador debe dejar en claro que la obligación de denunciar un delito no prevalece sobre los derechos de confidencialidad. Debería recordar a los trabajadores de la salud su deber de respetar el secreto profesional y la confidencialidad de los datos einformación sobre salud de los pacientes.

Tratamiento en el sistema judicial

A partir de la revisión de los casos, Human Rights Watch pudo identificar patrones que exacerbaban la naturaleza abusiva de estas judicializaciones. Se identificaron casos de mujeres y niñas judicializadas por haberse sometido a un aborto que sufrieron violaciones de sus derechos al debido proceso y encontraron dificultades para acceder a una representación legal de calidad. A menudo, los jueces no consideraron, como una circunstancia atenuante, la falta de información que tienen numerosas mujeres y niñas, especialmente aquellas que pertenecen a sectores pobres y marginados, con respecto a la salud reproductiva y el aborto. Muchos de los cargos y las penas reflejaban estereotipos de género y consideraciones religiosas que no deberían haber estado presentes.

Consideraciones sobre ausencia de debido proceso

Las investigaciones y las judicializaciones relacionadas con el aborto en Ecuador a menudo se realizan con rapidez e involucran vulneraciones de los derechos al debido proceso de las personas acusadas. Como lo demuestran los casos analizados en este informe, con frecuencia se acusa y condena a mujeres y niñas por delitos relacionados con el aborto en función de pruebas obtenidas ilegalmente a través de vulneraciones de su derecho a la privacidad, exámenes inválidos desde el punto de vista médico e interrogatorios realizados sin la presencia de un abogado defensor.

En la mayoría de los casos, la principal prueba contra las mujeres y niñas que intentaron realizar un aborto consiste en la historia clínica, la hoja de atención en emergencia y el testimonio de los profesionales de la salud que denunciaron ante la policía a la mujer o niña, todo ello en violación del secreto profesional. El derecho ecuatoriano prohíbe el uso de pruebas obtenidas en violación de derechos establecidos en la Constitución^[185]. Sin embargo, en los casos analizados, al parecer, los tribunales habitualmente permitieron que se presentaran pruebas obtenidas en violación del derecho constitucional de las pacientes al secreto profesional.

Otra de las pruebas principales son las declaraciones hechas por mujeres después o antes de recibir atención médica.

En 99 casos que analizó Human Rights Watch, las mujeres judicializadas por aborto fueron interrogadas por policías en el hospital sin la presencia de un abogado, en violación de lo establecido por la ley nacional, que reconoce el derecho a una defensa adecuada y dispone en forma expresa que nadie puede ser interrogado por la policía sin la presencia de un abogado.^[187]

Estos interrogatorios a menudo se llevaban a cabo mientras la mujer o la niña se encontraba en el hospital, experimentando una emergencia médica o en proceso de recuperación, a veces con posible riesgo para la vida. En casi tres de cada cuatro casos, fueron denunciadas a la policía por personal del hospital. El interrogatorio en estas circunstancias no solo afectó sus derechos al debido proceso, sino que además agravó el riesgo para su salud, al interrumpir su atención e interferir con la atención médica y su interacción con el médico.

En 23 casos examinados por Human Rights Watch, las personas acusadas, incluidas mujeres o niñas que se habían sometido a abortos u otros acusados ​​como profesionales de la salud, fueron puestas en prisión preventiva. Identificamos 13 casos en los cuales se dispuso la prisión preventiva de una mujer o niña que acababa de tener un aborto. El derecho ecuatoriano contiene disposiciones específicas destinadas a evitar la prisión preventiva de las mujeres embarazadas y puérperas, pero a veces estas disposiciones no se toman en cuenta en los juicos por aborto.[191]

En varios casos, los profesionales de la salud realizaron a las mujeres pruebas invasivas que no eran parte legítima de su tratamiento médico, y se llevaron a cabo sin consentimiento informado o sin un fundamento legal, como el examen forense de órganos genitales.[192] En lugar de excluir las pruebas obtenidas en violación de los derechos de las mujeres, como la información confidencial sobre su salud, los fiscales utilizaron reiteradamente este tipo de prueba y los jueces la aceptaron.

Human Rights Watch identificó cinco casos de Esmeraldas originados por una violación al secreto profesional. Cuatro fueron denunciados por un mismo hospital en 2013. El quinto fue el caso de una trabajadora sexual que viajaba desde fuera de la ciudad para visitar a su esposo encarcelado. El caso fue anulado en apelación por violaciones al debido proceso.

Otro problema es que los peritos forenses a veces utilizan métodos que han sido desacreditados por la comunidad científica hace por lo menos dos siglos, como la “prueba de flotación pulmonar”, también llamada “prueba hidrostática o docimasia”, con la cual se pretende determinar si un neonato nació vivo o muerto, evaluando si los pulmones han experimentado respiración.^[196] Un experto ha señalado: “Sin embargo, ocurre que, en muchos casos, no es posible responder de manera concluyente a esta pregunta y se debe suponer que existió muerte prenatal debido a las posibles consecuencias legales de determinar que un bebé nació vivo”.^[197] No obstante, en tres casos analizados por Human Rights Watch, los fiscales se basaron en los hallazgos obtenidos a través de este método para presentar cargos de homicidio agravado, como se explicó antes en el caso de Soledad. Durante el juicio de Soledad, el fiscal presentó los resultados de la “prueba de flotación pulmonar” como parte de la prueba legal de que los resultados de “una asfixia por sofocación con obturación de vías respiratorias y una estrangulación, al examen de las docimasias, fueron positiv[os]”.^[198] Aunque se trata de una prueba médica desacreditada, se tuvo en cuenta durante el juicio. Soledad fue declarada inocente, tras haber estado encarcelada cinco meses a la espera del juicio y durante este.

En uno de los casos que examinó Human Rights Watch, la abogada privada que representaba a la acusada planteó los siguientes problemas al debido proceso:

1. se negó a la defensa el acceso a un perito psicólogo para examinar a la acusada;
2. se negó a la defensa el acceso a un perito que pudiera asesorar sobre la validez de la “prueba de flotación”;
3. el interrogatorio de la acusada realizado en el hospital cuando aún presentaba sangrado, sin la presencia de un abogado y mientras se encontraba en tratamiento médico, no fue excluido de la prueba, pese a que el abogado afirmó que fue realizado en violación de los derechos de la acusada y que se la obligó a aceptar ser entrevistada como condición para recibir atención médica;
4. también se admitieron como prueba los allanamientos realizados en el domicilio de la acusada que, según el abogado, también se llevaron a cabo ilegalmente;
5. se admitió el testimonio de los profesionales de la salud que atendieron a la acusada, pese a que, al declarar, estos violaron la obligación legal de confidencialidad con la paciente;
6. se admitió como prueba una “prueba de flotación” inválida desde el punto de vista médico. Las solicitudes fueron rechazadas y la acusada fue declarada culpable.^[199]

Los abogados privados que representan a personas acusadas de delitos relacionados con el aborto manifiestan que, al llevar adelante su trabajo, enfrentan estigmatización, hostilidad y obstáculos para hacer su trabajo por parte de funcionarios de aplicación de la ley.[200] Ana Vera, directora de Surkuna, una organización legal ecuatoriana que da seguimiento a casos de mujeres judicializadas por cargos de aborto y que ha defendido a personas que enfrentan estos cargos, manifestó a Human Rights Watch que estos casos se manejan de manera diferente a otros tipos de causas penales. “Nunca nos han tratado tan mal como cuando llevamos los casos de aborto, se nos niegan las pruebas. En la fiscalía, no tienen la misma actitud cuando estamos llevando los casos de violencia de género o en los de feminicidios, solo nos tratan tan mal con los de aborto, nos ven como monstruos. No nos dejan trabajar”.

En referencia a uno de los casos, dijo lo siguiente:

“Se nos niega sistemáticamente la evidencia. En un caso, se nos negó la exhumación y se nombró a la misma perita. Hicimos 5 escritos planteando que había una serie de negaciones de prueba que constituían al proceso como viciado, que la autopsia tenía varios errores y que la negación de la exhumación del cadáver constituyó una violación al debido proceso... Sin embargo, posteriormente la fiscalía ordena que la misma perita que habíamos cuestionado... fuera ella quien hiciera la exhumación. La exhumación nunca se hizo. Al acabarse la audiencia, la jueza apagó cámaras y dijo que nos acercamos al estrado; cuando lo hicimos, nos mostró la foto de un feto de 22 semanas y nos dijo: ‘¿qué hacen defendiendo asesinas?’”^[201]

Vera contrastó el sumo interés de policías y fiscales por obtener condenas a cualquier costo en los casos de aborto, con su relativa falta de interés en impulsar los casos de violencia contra mujeres, incluido el feminicidio.[202]

Al igual que sucede con otras personas que enfrentan cargos penales, los defensores públicos instan a las personas acusadas de delitos relacionados con abortos a que se declaren culpables, y los abogados se ven presionados por fiscales y jueces a que el caso se resuelva sin que insuma el tiempo y los gastos de un juicio. Human Rights Watch examinó 96 casos con sentencia definitiva. En 19 de los 33 casos (58 por ciento) en los que un defensor público representó al acusado, hubo un “procedimiento abreviado” en el que el acusado se declaró culpable. Esto se compara con 24 de los 63 casos (38 por ciento) con asistencia letrada privada. En 29 de los 63 casos (46 por ciento) con asistencia letrada privada, el caso llegó a juicio, en comparación con 9 de los 33 casos (27 por ciento) con un defensor público. En el resto de los casos, el resultado fue una suspensión condicional de la pena.[203]

A las personas acusadas a veces se les dice que si se declaran culpables se impondrá una pena menos severa. Sin embargo, el análisis de los casos que realizó Human Rights Watch detectó que las personas que aceptaron un procedimiento abreviado tuvieron más probabilidades de cumplir una pena privativa de la libertad que las que optaron por un juicio. Entre los 33 casos que identificamos en los cuales la persona acusada tuvo un procedimiento abreviado, 2 de cada 3 recibieron una pena de prisión. En solo 8 de los 31 casos que llegaron a juicio, la parte acusada recibió una pena de prisión; en el resto, se dispuso una suspensión condicional de la pena. Es posible que en los casos que llegaron a juicio las pruebas hayan sido menos sólidas; sin embargo, estas cifras sugieren que la determinación de resolver los casos sin que lleguen a juicio puede estar comprometiendo los derechos de algunas personas acusadas.[204]

Algunos de los casos examinados por Human Rights Watch contenían indicios de que la representación que brindaron los defensores públicos había sido deficiente. La fiscalía a menudo presentaba cuantiosas pruebas, como la historia clínica de la mujer, autopsias fetales, informes de inspecciones visuales de hospitales y viviendas donde se presumía que había ocurrido el aborto, denuncias policiales y pruebas similares. También incluye entrevistas a partes relevantes, como las personas acusadas, personal del hospital, investigadores policiales y, a menudo, familiares con conocimiento de los hechos y evaluaciones psicológicas. Por el contrario, los defensores públicos muchas veces presentan muy pocas pruebas.

Por ejemplo, en el caso contra Margarita, que se mencionó anteriormente, y que fue interrogada en el hospital por policías sin la presencia de un abogado, la prueba presentada por la fiscalía consistió en: 1) las pastillas extraídas de la vagina de Margarita; 2) un certificado médico emitido por el médico del hospital; 3) una constancia de arresto emitida por policías; 4) un informe policial; 5) un informe en el que se describe un examen ginecológico realizado a la acusada por un médico forense; 6) un registro de la cadena de custodia de muestras biológicas, químicas y de sustancias controladas; 7) una factura por estudios de laboratorio; 8) resultados de las pruebas toxicológicas; 9) un informe de la policía de investigación; 10) un informe pericial sobre reconocimiento de pruebas, elaborado por policías; 11) un informe de reconocimiento del lugar de los hechos, elaborado por la policía; y 12) una copia certificada de la historia clínica.[205]

Por su parte, el defensor público de Margarita no presentó prueba alguna en el caso. Esto no fue algo inusual, ya que varios de los casos examinados por Human Rights Watch indicaron que el abogado defensor no había presentado pruebas en nombre de su cliente, o que estas eran escasas.

Estereotipos de género y consideraciones religiosas en el trato a mujeres judicializadas

Muchos casos analizados por Human Rights Watch contenían indicios claros de que policías, fiscales y jueces trasladaban al caso estereotipos de género y religiosos que influían en el trato y las condenas que recibían las acusadas.

En el caso de Margarita, el juez dispuso que “es indudable que la actora conocía las consecuencias que llevaba el introducir dos pastillas en su vagina así como ingerirlas por la vía oral, pues no puede esperarse otro resultado que no fuere el de terminar con la vida del feto, siendo poco creíble lo afirmado por la acusada de que ella no sabía que estaba embarazada. De ser eso cierto, entonces no hubiera sido necesario que adopte esa conducta”. El juez agregó en el escrito que el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”, lo que representa una interpretación errónea del artículo 4 de la Convención Americana, y condenó a Margarita a cuatro meses de prisión.[206]

El Guttmacher Institute indica que el aborto se encuentra estigmatizado porque:

[V]iola dos ideales fundamentales de la condición de mujer: maternidad y castidad. El deseo de ser madre es central para ser una ‘buena mujer’, y las nociones de que las mujeres deberían tener relaciones sexuales solo si tienen intención de procrear refuerzan la idea de que el sexo por placer es ilícito para las mujeres (mientras que sí es aceptable para los hombres). De este modo, el aborto queda estigmatizado porque pone en evidencia que una mujer tuvo relaciones sexuales ‘sin fines procreativos’ y pretende ejercer control sobre su propia reproducción y sexualidad, que en ambos casos amenazan las normas de género existentes.^[207]

Ana Vera, directora de Surkuna, explicó que la estigmatización de la mujer comienza desde el momento en que los profesionales de salud las denuncian y continúa durante todo el proceso de judicialización. “Lo que hemos confirmado es que el estigma pesa en estas mujeres por su rol de madres y por la supuesta ruptura de ese rol. Esto significa que los procesos legales que enfrentan son procesos sin ningún tipo de garantía judicial y que no se respeta el debido proceso”.[208]

La periodista Ana Acosta, que ha investigado acerca de procesos penales por aborto, indicó que a las mujeres en el tribunal “se les dice que son pecadoras”.[209] Acosta explicó que a muchas mujeres se les dice que han tenido un aborto “porque no saben que ser madre es bonito… Los jueces las envían [a las mujeres] a casas de mamás a cuidar niños para que se maternicen [como castigo]. Es un cruce ahí de estigmas”.[210]

En un caso, el fiscal argumentó: “Si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué razones queda a la humanidad para poder matarnos los unos a los otros?”[211]

Otro fiscal planteó de manera explícita el aspecto religioso:

[El aborto] se constituye en un crimen contra la existencia de un ser que como espíritu al momento de la concepción se unió a un cuerpo prodigado por sus padres en el momento de las relaciones amorosas. El aborto consentido, consiste en quitar la vida a una criatura inocente, que no ha cometido ningún delito. Además, se agrava el crimen por ser la víctima una criatura que tendría derecho al amor de sus padres y que no alcanzará a disfrutar de ninguno de los bienes de la vida, quedando sus padres con la responsabilidad penal terrenal, y después de la muerte, la divina en el momento de presentarse ante el Tribunal de la Inteligencia Superior, el Padre Celestial. Se semeja con menor pena al asesinato, común entre los seres humanos en la historia ecuatoriana. Son muchísimas las causas que pueden impulsar a una señorita a abortar, quitar la vida a un ser, o matar a ese ser que con voluntad procreó. Sin embargo, sacrificando la filosofía de este juzgador: A las mujeres no se las debe maltratar ni con el pétalo de una rosa, a las mujeres no se las debe matar en una prisión, a las mujeres se las debe amar, y para amarlas hay que comprenderlas, perdonarlas, ayudarlas, soportarlas todos los días para demostrarles que realmente las amamos. La mujer no es un objeto, es un ser humano, una hija de nuestro Padre Celestial pero, en casos como el presente, a estas señoritas también hay que juzgarlas.^[212]

Con frecuencia, los jueces establecieron condenas que parecían destinadas a castigar a las mujeres y niñas y convertirlas, según los roles estereotipados de la mujer, en modelos aceptables de comportamiento femenino e instruirlas para que sean buenas madres. “Es bastante traumático el hecho de que el juez te diga que tú tienes la obligación de ser mamá. En una audiencia, el juez le dijo a mi defendida, que fue condenada a prestar servicio comunitario en un orfanato: ‘a ver si así aprenden a ser mamás’”, contó Cristina Torres, abogada defensora, a Human Rights Watch.[213]

Mientras estaba a la espera del juicio, a Patricia se le exigió hacer terapia psicológica en un centro llamado “Esperanza por una Vida Nueva”. El centro elaboró un informe que se presentó en el juicio, donde se indicaba que Patricia “ha asistido a terapia sicológica normalmente, en la que se ha mejorado su equilibrio emocional y eliminación de ideas irracionales, dándole de alta del tratamiento”. A Patricia también se le ordenó que realizara trabajo comunitario en el Centro Infantil del Buen Vivir, en la parroquia de su ciudad.[214]

Este tipo de condenas ponen de relieve cómo los estereotipos acerca de las mujeres como cuidadoras maternales por naturaleza o como personas inmaduras que necesitan orientación correctiva influyen en los procesos y juicios. Los jueces a menudo condenaban a las mujeres y niñas a realizar tareas de servicio comunitario que parecían destinadas específicamente a transmitir mensajes ideológicos, por ejemplo, disponer que prestaran servicio comunitario en un orfanato o trabajar para “evitar los embarazos [adolescentes] precoces”.[215]

La estigmatización contra el aborto también acompaña a las mujeres en prisión. Ana Vera, de Surkuna, señaló que las mujeres que están encarceladas por aborto sufren acoso sistemático tanto de otras reclusas como de guardias:

Las mujeres son aún más acosadas en la cárcel por ser “asesinas de bebes”, y es una de las cosas que más pesa de como las tratan en la cárcel. Sufren patrones sistemáticos de acoso. Y esto influye aun en la asignación de camas, en los pabellones, les dicen ‘no vengas a comer aquí, asesina de bebés’, se genera un ambiente de total hostilidad. Los guardias dicen a las otras presas que estas mujeres están en la cárcel porque matan a sus bebés. Entonces, las presas les dicen a las mujeres que no quieren a las asesinas de bebés con ellas, les piden que abandonen la celda y busquen otro lugar. Las malas condiciones de la prisión, más esto, les genera pánico y estrés.^[216]

Falta de educación sexual integral

La falta de información de las mujeres con respecto a sus cuerpos y su salud en ocasiones se hizo penosamente evidente en los casos que Human Rights Watch analizó para este informe. La evidencia en muchos de los casos   indicaba que las mujeres judicializadas tenían, en el momento en que tomaron misoprostol o Cytotec, poca información o comprensión de lo que es el medicamento, cómo las afectaría o que uno de sus efectos es inducir el aborto. Esto no es sorprendente, dada la falta de educación sexual integral (ESI) en las escuelas de Ecuador, y la manera en que la criminalización del aborto impide que las mujeres y niñas accedan a información sobre salud reproductiva y aborto.

Ecuador aún no ha adoptado la ESI como parte de su programa de estudios nacional, conforme lo exigen las normas internacionales[217]. Históricamente, el país ha puesto su atención en la educación en sexualidad de manera fragmentada, y en general asociada a las acciones del gobierno para frenar los embarazos adolescentes.[218]

Las acusadas a menudo dijeron que habían usado misoprostol o Cytotec como método anticonceptivo o para “regular períodos menstruales irregulares”.[219] Otras dijeron que habían pedido en una farmacia, o a sus amigas, una pastilla “para tener el período”[220]. Es posible que muchas de las mujeres judicializadas por haber tratado de obtener abortos no tuvieran un nivel de educación sobre su salud reproductiva que les permitiera entender que “regular” o “inducir” un período menstrual atrasado con misoprostol podría implicar inducir un aborto, y que el misoprostol tiene diferentes usos ginecológicos, entre ellos inducir el aborto farmacológico.

El caso de Margarita ejemplifica esto. Margarita declaró no saber que estaba embarazada, pero que estaba preocupada debido a un atraso en el período menstrual. Le mencionó esto a una amiga, quien le dijo que podía darle un medicamento que la ayudaría: “Me dijo que con esas pastillas volvería a tener mi período”. Tras tomar las pastillas, Margarita no se sintió bien y terminó en el hospital. “En el hospital, el médico me preguntó qué síntomas tenía. Como no sabía que estaba embarazada, dije que tomé esas pastillas. Allí me dijeron que esas pastillas eran para un aborto”, contó. “La verdad es que no sabía que estaba embarazada. Estaba preocupada y tenía miedo porque no tenía mi período”.[221]

 

III. Impacto social y económico de la criminalización del aborto en Ecuador

La criminalización del aborto tiene vastas consecuencias nocivas en Ecuador. Se cobra vidas a través de la creciente mortalidad y morbilidad materna, al excluir a mujeres y niñas de los servicios esenciales y mellar los esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva. La penalización del aborto frustra las medidas urgentes que debería adoptar Ecuador para combatir complicaciones de salud evitables, la mortalidad materna y las violaciones de derechos humanos. Tal como lo demuestran los datos en el presente informe, los procesos penales —además de otros daños causados por la criminalización del aborto y el acceso limitado al aborto legal— afectan en forma desproporcionada a adolescentes, mujeres jóvenes y personas que ya se encuentran marginadas, como las personas indígenas y afrodescendientes y las mujeres y niñas que viven en la pobreza o en la pobreza extrema.

Aunque el alcance de la sentencia que dictó la Corte Constitucional del Ecuador se limitó a la cuestión de la “discapacidad mental” y la violación, la corte dejó abierta la posibilidad de una despenalización más amplia, al concluir que la Asamblea Nacional no puede eludir su responsabilidad de legislar para defender y proteger todos los derechos constitucionales de las mujeres y las niñas.[222] En su voto concurrente, el juez Ramiro Ávila Santamaría concluye que:

El derecho penal no es la herramienta adecuada para proteger derechos en este contexto e insta la despenalización del aborto, junto con una reglamentación que garantice el acceso a servicios seguros para “proteger íntegramente el derecho a la salud contra posibles violaciones cometidas por terceras partes”.^[223]

Mortalidad y morbilidad materna

La criminalización del aborto implica graves riesgos para la salud de mujeres y niñas. La interpretación limitada del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador respecto de la excepción sobre salud y riesgo para la vida, que contempla únicamente la salud física y la amenaza inminente para la vida, impide que la mayoría de las mujeres tengan acceso a abortos legales. Debido al temor a la criminalización y la estigmatización, a menudo quienes están legalmente habilitadas a realizarse un aborto terapéutico esperan a que se desarrollen complicaciones que pueden poner en riesgo su vida antes de acceder al aborto.[224]

Diversas investigaciones realizadas en el mundo muestran de manera congruente que la criminalización del aborto no reduce la cantidad de prácticas de este tipo, sino que lleva a mujeres y niñas a recurrir a abortos en condiciones inseguras, que contribuyen a agravar la morbilidad y la mortalidad materna prevenibles.[225] En Ecuador, el problema tiene una magnitud alarmante, y se registran altos índices de morbilidad y mortalidad materna.^[226]

En la región de América Latina y el Caribe se encuentran las leyes contra el aborto más restrictivas del mundo.^[227] América Latina y el Caribe también tienen la segunda tasa de fertilidad adolescente más alta del mundo y, tal como se mencionó anteriormente, Ecuador tiene la tercera tasa de embarazo adolescente más alta de la región.[228]

La tasa de mortalidad materna de Ecuador en 2018 fue de 41,1 por cada 100.000 nacimientos.[229] Ese año hubo 221 muertes maternas y, de estas, la mitad fueron muertes de adolescentes y jóvenes; 3 de ellas fueron niñas de menos de 14 años.[230] Las desigualdades persistieron entre las mujeres, adolescentes y jóvenes de sectores más pobres y en las zonas rurales[231]. Las muertes maternas tardías aumentaron de 21 casos en 2016 a 84 casos en 2018.[232] En un informe reciente, el relator especial sobre el derecho a la salud recomendó a Ecuador que: “fortalezca el sistema de seguimiento y evaluación de las muertes maternas, incluidas las muertes maternas tardías, e intensifique la labor a fin de aplicar planes de reducción de la mortalidad materna”.[233]

El riesgo es particularmente acentuado para las niñas embarazadas. La OMS informa que los embarazos adolescentes presentan importantes riesgos para la salud física, incluida la muerte[234]. Las complicaciones causadas por el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de niñas de entre 15 y 19 años a nivel mundial. El riesgo de muerte por las complicaciones relacionadas con el embarazo es incluso mayor en el caso de niñas de menos de 15 años.[235] Las niñas tienen cuatro veces más probabilidades que las mujeres adultas de sufrir complicaciones fatales durante el embarazo o el parto, como la presencia de tumores placentarios, embarazos ectópicos, embarazos múltiples y complicaciones derivadas de alteraciones en el trabajo de parto, entre otras.[236]

Las niñas de menos de 14 años que dan a luz pueden enfrentar graves consecuencias para la salud mental. En un estudio realizado por Planned Parenthood Global, una importante proporción de niñas que tuvieron partos informaron síntomas de depresión, ansiedad y, en particular para las que habían sido agredidas sexualmente, de estrés postraumático. Según las investigadoras de Planned Parenthood Global: “El 91 por ciento de los casos revisados en las historias clínicas, reflejan ‘sintomatología depresiva’ y ‘trastorno adaptativo’”.[237] En Ecuador, las participantes entrevistadas para el informe de Planned Parenthood Global expresaron una variedad de emociones, como espanto, fastidio, abandono, miedo, dolor, culpa, tristeza, ansiedad y depresión.[238]

Diversos estudios también concluyeron que las niñas embarazadas y que están al cuidado de sus hijos o hijas con frecuencia se ven obligadas a dejar la escuela como consecuencia del embarazo o para dedicarse al cuidado infantil.[239] Otros estudios recientes han demostrado que las madres adolescentes tienen menos posibilidades de completar su educación y capacitación y, en consecuencia, enfrentan limitaciones en cuanto a oportunidades laborales, lo cual implica la posibilidad de que se refuerce el círculo de privación y embarazo adolescente.[240] En 2020, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de una mujer que presentó una demanda tras haber sido separada de la formación militar por estar embarazada.[241] En su sentencia, la corte estableció que imponer sanciones o mayores cargas a una persona debido al embarazo constituye una forma de discriminación y que el embarazo, al igual que el sexo, es una categoría protegida.[242]

La sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador relativa a la despenalización del aborto en casos de violación estableció que la Defensoría del Pueblo debía preparar y presentar, en el término de dos meses, “un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual”.[243] La ley que apruebe la Asamblea Nacional debe garantizar que todas las sobrevivientes de violación puedan tener acceso a la atención de la salud en forma oportuna, confidencial e integral, lo cual incluye el aborto seguro y la atención posterior al aborto. Teniendo en cuenta los riesgos particulares sobre la salud física y mental de las niñas y adolescentes que quedan embarazadas como consecuencia de una violación, la ley debería cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Comité de los Derechos del Niño, que ha instado a los gobiernos a que garanticen “el interés superior de las adolescentes embarazadas y se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto”.[244]

El aborto es una práctica segura si se realiza en forma adecuada utilizando uno de los métodos recomendados por la OMS.[245] Los abortos seguros se pueden realizar con comprimidos (aborto con medicamentos)[246] o con un simple procedimiento ambulatorio.[247] La OMS informa que el aborto con medicamentos es seguro y muy efectivo.[248] Recomienda utilizar una combinación de los medicamentos mifepristona y misoprostol para interrumpir un embarazo. Cuando la mifepristona no se encuentra disponible, la OMS recomienda el uso exclusivo de misoprostol como el segundo mejor tratamiento recomendado. Ambos medicamentos se encuentran en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. La mifepristona no está registrada en Ecuador; el misoprostol está incluido en Ecuador como un medicamento esencial y básico para uso obstétrico y gastroentérico, que puede proporcionarse en los tres niveles de atención médica.[249]

Según la OMS, las complicaciones del aborto inseguro incluyen las siguientes: “aborto incompleto (no se retiran o no se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios); hemorragias (sangrado abundante); infección; perforación uterina (cuando se atraviesa el útero con un objeto afilado); [y] daños en el tracto genital y órganos internos”.[250]

Algunas mujeres y niñas ecuatorianas pueden pagar a proveedores de salud idóneos para que las ayuden a interrumpir un embarazo en forma segura, incluso en este entorno restrictivo. Sin embargo, muchas de ellas —especialmente quienes viven en comunidades de bajos recursos y rurales, como Gladis— ponen en riesgo su salud y sus vidas para someterse a abortos inseguros, con frecuencia sin ninguna orientación por parte de proveedores capacitados. Algunas mujeres y niñas sufren graves problemas de salud, o incluso mueren, a causa de abortos inseguros.

A pesar de que cada vez más mujeres que intentan interrumpir un embarazo pueden obtener misoprostol para interrumpir de manera segura su embarazo no deseado, siguen estando en riesgo de sufrir consecuencias negativas para la salud si no pueden obtener la información que necesitan para usar el método en forma segura y eficaz.[252] La criminalización del aborto en Ecuador aumenta este riesgo al dificultar que las mujeres y las niñas tengan acceso a esta información.

La obstetra A, dijo a Human Rights Watch que “[L]as pacientes saben muy poco. Hay buena y mala información en Internet… Las mujeres compran el medicamento, pero no reciben información adecuada y no saben qué hacer. La mayoría tiene miedo”.[253] La obstetra A recordó el caso de una paciente que llegó a la sala de urgencias con hemorragia abundante luego de haberse colocado 15 pastillas en la vagina (una dosis normal sería de 3 pastillas tomadas una por vez, en intervalos de varias horas).[254] La vida de la mujer corría peligro debido a esta sobredosis, que ocurrió porque no tenía información precisa sobre cómo utilizar el medicamento. “La mayoría de las pacientes tienen pocos recursos, en especial las mujeres solteras y las estudiantes. Las pacientes se preocupan sobre todo porque no tienen los recursos económicos para llevar adelante un embarazo y luego cuidar del niño o niña. Muchas de ellas ya tienen hijos. Y la mayoría recibió poca educación”, declaró la obstetra A.[255]

La falta de acceso a información precisa y confiable también puede causar que algunas mujeres y niñas busquen atención médica de emergencia porque no saben qué esperar durante un aborto con medicamentos. Sin esa información, se sienten alarmadas por los efectos de la medicación. Y entonces corren el riesgo de ser arrestadas y sometidas a procesos legales.

El temor a un proceso legal también puede hacer que las mujeres y niñas no busquen atención médica pese a necesitarla con urgencia si experimentan complicaciones como consecuencia de un aborto inseguro o incluso ante un aborto espontáneo, lo cual aumenta los riesgos para su salud. Estas barreras al acceso al aborto y a una atención posterior al aborto adecuada representan un grave peligro para las vidas de mujeres y niñas. Las víctimas de violación sexual pueden enfrentar graves consecuencias psicológicas si son forzadas a llevar un embarazo a término.

A pesar de la aprobación oficial de la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico en diciembre de 2014,[257] los profesionales de la salud entrevistados por Human Rights Watch manifestaron que la guía no se ha implementado de manera sistemática.[258] El sistema de salud ecuatoriano ha interpretado en forma incoherente y arbitraria qué constituye una amenaza para la salud de la mujer. A menudo, en la práctica los riesgos que afectan la salud mental de una persona embarazada o las circunstancias sociales que inciden en su salud física o mental no se consideran suficientes para reconocer el derecho a un aborto no punible, lo cual contradice lo indicado en la guía.[259] El gobierno no ha establecido plazos para la implementación. Los profesionales médicos entrevistados por Human Rights Watch manifestaron que, en su opinión, la implementación adecuada de la guía mediante una interpretación amplia e integral del concepto de salud desde la perspectiva de los derechos humanos podría contribuir sustancialmente a reducir la mortalidad y morbilidad materna asociadas con el aborto inseguro.[260]

Exclusión de mujeres y niñas a la atención esencial de la salud

Obstaculizar el acceso al aborto seguro y legal tiene un efecto devastador y, con frecuencia, permanente en las vidas de las mujeres y niñas que se enfrentan a un embarazo no deseado. Los altos índices de violencia sexual, además del acceso mínimo a servicios de salud sexual y reproductiva, hacen que mujeres y niñas se vean obligadas frecuentemente a llevar a término embarazos no deseados.

Los embarazos no deseados a una edad temprana son experiencias particularmente traumáticas. Los embarazos en niñas de menos de 14 años en Ecuador son el resultado de violación, tal como se define en el código penal de Ecuador, cometido frecuentemente por familiares u otros hombres cercanos a ellas.[262] Las niñas y adolescentes muy jóvenes tienen menos posibilidades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como la anticoncepción y la información de salud necesarias para encontrar servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, y esto las convierte en una población particularmente de alto riesgo.[263].

En un testimonio brindado al Comité de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2020, Johana* de Ecuador explicó lo siguiente:

“A los 8 años… mi mamá me dijo que vaya a dar de comer a las gallinas… En ese momento llegó mi padrastro… Yo lloraba y le decía que quería irme, pero me desvistió y él me violó… Empezó a seguir violándome y yo solo pensaba en morirme… Cuando tenía 12 años solo supe que estaba embarazada, yo no sabía porque nunca tuve la menstruación. Yo solo pensaba que me estaba engordando, ahí mi padrastro decidió sacarnos de la escuela y ya nadie fue a preguntar por qué no íbamos. Cuando tenía una barriga muy grande… mi mamá me dijo que he de estar preñada y yo enojada le dije de estar ‘preñada de tu marido’… Yo supe que estaba embarazada porque había visto a los animales y ya supe lo que eso era…. Empezó mi labor de parto y me llevaron al centro de salud… querían hacerme el tacto pero yo por nada del mundo quería sacarme el pantalón, las doctoras me insultaban, me decían ‘¡que para qué he abierto las piernas!’. Me mandaron a bañar y me pusieron unas cosas que me ajustaba el vientre, ahí fui al baño, me quedé dormida, yo solo quería morirme… Solo recuerdo que decían que el bebé ya debía haber nacido y ahí me hicieron una cesárea… me trajeron la guagua y yo me di la vuelta, yo no quería verle… los médicos me cogían el seno para darle de lactar a la bebé, eso fue por 3 días… Cuando yo tenía 14 años me junté con Pedro*. Yo viví con él 9 años y tuve dos hijos más. Cuando tenía 15 años llegó Norma* [hermana de Johana]. Norma me avisó que mi papá la estaba violando y ella se quedó conmigo… pusimos la denuncia…, solo supimos que mi papá se murió [varios años después]. Hace 3 meses me separé… Ahora vivo aquí cuidando chanchos y estoy tranquila. Quisiera decir que si alguna vez ven a una niña, que no le dejen sola, es fácil darse cuenta si algo le pasa, el silencio, ellas callan. Quisiera que ninguna niña viva lo que nosotras vivimos”.^[264]

Las niñas que se ven obligadas a ser madres con frecuencia dejan de asistir a la escuela y sufren altos niveles de violencia y pobreza. La maternidad forzada en las niñas perpetúa los ciclos de discriminación y pobreza.[265] Tiene un efecto negativo sobre la salud mental, física y social de las niñas y las hace vulnerables a mayores riesgos de mortalidad materna, ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático y suicidio.[266] En Ecuador, un estudio de 2015 analizó las historias clínicas de 139 niñas que se vieron obligadas a ser madres antes de cumplir los 14 años y observaron que más del 90 por ciento mostraba “síntomas de depresión” y “trastorno adaptativo”.[267]

Human Rights Watch examinó nueve expedientes sobre niñas de menos de 18 años que fueron judicializadas por aborto.^[268] En dos de los nueve casos, sobre una niña de 17 años y otra niña de 15 años, las demandadas en un principio fueron imputadas como adultas. Siete casos se resolvieron por suspensión condicional de la pena, según se establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, establecido en 2014.[269] Con frecuencia en estos casos, los jueces dispusieron que se brindara terapia psicológica y “apoyo familiar”. La niña de 15 años fue acusada de homicidio y pasó cuatro años y tres meses en un centro de detención juvenil.[270] En el otro caso, la niña de 17 años fue condenada a tres meses de arresto domiciliario, aunque no tuvo que estar más tiempo detenida dado que ya había pasado 18 meses de arresto domiciliario durante el juicio.[271]

Debilitamiento de los esfuerzos tendientes a combatir las violaciones sexuales y otras formas de violencia de género

La criminalización del aborto, hace más difícil que el gobierno pueda revertir los índices alarmantes de violencia contra las mujeres del país.

La violación tiene graves efectos sobre la salud de la mujer, y prohibir un aborto luego de que se haya experimentado este tipo de violencia implica no tener en cuenta el derecho de las mujeres ecuatorianas de acceder al aborto terapéutico cuando su salud se encuentra en peligro, lo cual incluye la salud mental y social. Expertos internacionales han manifestado que negar la posibilidad de aborto seguro a víctimas de violación sexual o incesto, según las circunstancias, puede equivaler a tortura o un trato cruel, inhumano o degradante.[272] El Comité contra la Tortura, que supervisa que los estados cumplan con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), ha señalado que la prohibición del aborto en casos de violación implica “para las mujeres afectadas una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas, lo que supone un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos”.[273] 

La reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador de despenalizar el aborto en todos los casos de violación es un paso importante; la Asamblea Nacional debe actuar rápidamente para cumplir la sentencia. Su negación constituiría una vulneración del derecho a la salud.[274] Además, agudizaría el daño que ya implican los índices generalizados de violación sexual y otras formas de violencia de género del país. Hasta abril del 2021, Ecuador había fallado en cumplir con las reiteradas recomendaciones que formularon los organismos de las Naciones Unidas que instan a despenalizar el aborto en casos de violación.[275]

En general, los hechos de violencia sexual no se denuncian en Ecuador.[276] Incluso cuando se hace una denuncia, pocos casos terminan en condena. Según datos de la Fiscalía General del Estado obtenidos por organizaciones de la sociedad civil, solo el 17 % de los casos en los que se denunció violencia sexual contra una niña terminaron en condena en Ecuador entre 2016 y 2017.[277] La ley actual sobre aborto desalienta que las mujeres y niñas que se someten a abortos o que experimentan emergencias obstétricas luego de ser victimizadas denuncien la violencia sufrida, ya que es probable que las sobrevivientes teman que brindar información sobre una violación haga que el personal sanitario concluya que ellas mismas han provocado el aborto. Esto dificulta la detección de la violencia contra las mujeres y niñas y contribuye a agravar la impunidad de estos hechos.

Costos económicos de la criminalización

Ecuador también paga un alto costo económico por penalizar el aborto. Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador en 2017, el país gasta casi 5 millones por año en atención de complicaciones relacionadas con abortos inseguros.[278] Algunas estimaciones calculan que un aborto no punible tiene un costo para el Estado de $160, mientras que atender las consecuencias de un aborto inseguro le cuesta al Estado $232.[279] Ecuador pierde $448 millones por año debido a los embarazos no deseados.[280]

En 2019, según el Ministerio de Salud del Ecuador, 21,939 mujeres recurrieron al sistema de salud pública ecuatoriano para recibir atención por abortos provocados o espontáneos, lo cual incluye a quienes solicitaron abortos inducidos o atención por abortos incompletos.[281] El 42 por ciento (9,309) de quienes solicitaron atención eran niñas o jóvenes de menos de 24 años.[282] En 2017, se señaló en los medios de comunicación que, según el gobierno, los abortos —que sumaban 19,737 ese año— eran la segunda causa principal de morbilidad femenina, mientras que los datos de ingresos hospitalarios muestran que los abortos se encuentran entre las diez causas principales de morbilidad femenina.[283]

En países donde se garantiza el aborto seguro, legal y accesible, las mujeres y niñas que enfrentan embarazos no planificados pueden buscar libremente consejo y asesoramiento médico profesional y confidencial sobre sus opciones. La despenalización del aborto no solo ayuda a las mujeres y niñas a acceder al procedimiento, sino que además les ofrece mayor apoyo al momento de tomar decisiones, incluida la decisión de no interrumpir el embarazo. El asesoramiento previo al aborto puede permitir detectar si existen presiones indebidas o coerción por parte de parejas, padres/madres u otras personas para interrumpir el embarazo, y posibilitar que los profesionales de la salud ayuden a las pacientes a postergar la decisión o recibir asesoramiento adicional u otras derivaciones, según sea necesario.[284]

 

IV. Obligaciones conforme al derecho internacional

Interpretaciones autorizadas del derecho internacional reconocen que la posibilidad de obtener abortos legales y seguros es fundamental para el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos de la mujer, lo cual incluye el derecho a la igualdad, a la vida, a la salud, a la integridad física, a decidir sobre la cantidad de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes.[285]

Desde mediados de la década de 1990, los órganos creados en virtud de tratados de la ONU que supervisan la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño han elaborado un importante volumen de jurisprudencia sobre aborto en más de 122 observaciones finales vinculadas con al menos 93 países.[286] Estos órganos de tratados también han emitido observaciones generales sobre derechos reproductivos y aborto.[287]

Con frecuencia, estos órganos han expresado en sus comentarios su preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos inseguros y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de la mujer. Han recomendado reiteradamente la revisión o reforma de leyes restrictivas y punitivas en materia de aborto, y en varias ocasiones han instado a los Estados Parte a legalizar el aborto, en especial, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada, o es consecuencia de una violación.[288]

Las normas internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia relevante respaldan la conclusión de que las decisiones sobre aborto solamente pueden ser adoptadas por la mujer embarazada, sin la intervención del Estado ni otros terceros. Debe rechazarse toda restricción al aborto que interfiera de manera irrazonable en el ejercicio de la totalidad de los derechos humanos de la mujer. Distintos órganos y conferencias de la ONU han reconocido que las leyes y prácticas restrictivas y punitivas en materia de aborto menoscaban derechos humanos firmemente establecidos. Del mismo modo, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud ha señalado que las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son “barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse”.[289]

El Relator especial sobre el Derecho a la Salud ha señalado que las restricciones penales y otras restricciones legales que pesan sobre el aborto y otras áreas de la salud sexual y reproductiva suelen ser discriminatorias y pueden violar el derecho a la salud al limitar el acceso a bienes, servicios e información de calidad:

También atentan contra la dignidad humana al coartar las libertades dimanantes del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física. Asimismo, la aplicación de esas leyes para obtener determinados resultados en el ámbito de la salud pública resulta a menudo ineficaz y desproporcionada.

El ejercicio del derecho a la salud requiere la eliminación de las barreras que interfieren en la adopción de decisiones relacionadas con la salud y en el acceso a los servicios de salud, la educación y la información, en particular en lo que respecta a las afecciones que solo afectan a las mujeres y a las niñas. En los casos en que una barrera es producto de una ley penal o de restricciones jurídicas de otra índole, los Estados están obligados a eliminarla. La eliminación de esas leyes y restricciones no depende de la disponibilidad de recursos y, por consiguiente, no tiene por qué llevarse a cabo de manera progresiva. Por consiguiente, las barreras erigidas con arreglo a leyes penales y otras leyes y políticas que afectan a la salud sexual y reproductiva deben eliminarse inmediatamente a fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho a la salud.^[290]

Con respecto a Ecuador, en 2020, el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud escribió:

Se informó al Relator Especial de que la penalización de las mujeres por haberse practicado un aborto en el país se producía principalmente en casos de emergencias obstétricas derivadas de un aborto o un parto en el hogar, que son tratados por el sistema judicial como un aborto por consentimiento, asesinato u homicidio culposo. Las mujeres que necesitan atención médica después de un aborto espontáneo o que buscan practicarse un aborto son supuestamente denunciadas a las autoridades por el personal de atención de la salud. De conformidad con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, el Relator Especial exhorta al Ecuador a que respete la obligación de confidencialidad en el sistema de salud; adopte protocolos con base empírica; elabore cursos de derechos humanos dirigidos a los prestadores de servicios de salud sobre su obligación de ofrecer abortos legales, en particular cuando la vida o la salud física y mental corran peligro, y respete la privacidad y confidencialidad de las mujeres que utilizan los servicios de salud reproductiva y sexual.^[291]

El Relator Especial sobre el Derecho a la Salud también expresó su preocupación por las violaciones del derecho a la salud sexual y reproductiva en Ecuador:

[I]ncluida la elevada tasa de embarazos en la adolescencia [mencionada anteriormente]; las barreras para acceder a los servicios de aborto; la falta de acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar modernos, y la insuficiente educación sexual y reproductiva integral y los patrones socioculturales negativos de la sexualidad de los adolescentes y la violencia de género.^[292]

Añadió al respecto:

[L]os esfuerzos por invertir en los elementos biomédicos de la atención de la salud para prestar servicios sanitarios no son suficientes…La no discriminación en el sistema de salud y fuera de él debe convertirse en una realidad…[E]l derecho a la salud debería promoverse y protegerse, no solamente brindando acceso a los servicios, suministros e instalaciones de atención de la salud, que deben estar disponibles, ser asequibles, apropiados y de buena calidad, sino también elaborando y aplicando programas intersectoriales que traten los factores socioeconómicos, culturales y ambientales. Esas políticas o programas deberían estar orientados hacia los derechos humanos, poniendo gran énfasis en los principios de igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, así como en la rendición de cuentas”.^[293]

En 2019, después de que la Asamblea Nacional de Ecuador votó en contra de la despenalización del aborto en casos de violación, el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud escribió:

Esa decisión expone de manera desproporcionada a las niñas y mujeres a un posible período de encarcelamiento y a un malestar síquico extremo que puede conducir al suicidio. La decisión de la Asamblea Nacional va en contra de todos los principios modernos de salud pública y pone en duda la voluntad política de mejorar la salud de las mujeres y las niñas…Debería revisarse la legislación vigente con miras a despenalizar el aborto y garantizar la interrupción terapéutica del embarazo mediante el acceso a los debidos servicios, al menos cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto, en casos de malformación del feto, y cuando la vida y la salud de la madre estén en peligro.^[294]

Las normas internacionales de derechos humanos brindan protección contra la injerencia arbitraria en el derecho a la privacidad y a la familia,[295] como así también el derecho de las mujeres a adoptar decisiones respecto de la cantidad de hijos que desean tener y el intervalo entre los nacimientos, sin discriminación.[296] Estos derechos solo se pueden ejercer plenamente si las mujeres tienen el derecho a decidir cuándo llevar un embarazo a término sin que medie interferencia del Estado.

El Comité de la CEDAW ha recomendado en reiteradas oportunidades a los Estados Parte revisar las leyes que prohíben el aborto a fin de cumplir su obligación de eliminar la discriminación contra la mujer.[297] Esta inquietud se precisa en detalle en su Recomendación General N.º 24 sobre las mujeres y la salud: “En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”.[298]

Diversos órganos de tratados han efectuado recomendaciones concretas a Ecuador acerca de sus leyes restrictivas en materia de aborto. El Comité de Derechos Humanos (CDH),[299] el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC)[300] y el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW)[301] han expresado preocupación sobre la penalización del aborto en Ecuador en casos de violación y la falta de acceso a servicios de aborto legales. Todos ellos instan, periódicamente, a que se adopten medidas para garantizar el acceso al aborto seguro.

El Comité de los Derechos del Niño (CDN) ha instado a Ecuador a que

“[v]ele por que las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto terapéutico, y estudie la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y los casos de incesto o violencia sexual”.^[302]

Durante una misión a Ecuador que tuvo lugar en 2019, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer expresó su inquietud porque Ecuador tiene “una de las tasas más altas de embarazos adolescentes de la región, a menudo como resultado de violación o incesto, un sistema de justicia penal que prohíbe el aborto terapéutico en casos de embarazos causados por violación o incesto o embarazos inviables, e interpretaciones excesivamente restrictivas respecto al derecho a la vida y las exenciones de salud”.^[303] La Relatora Especial también instó a Ecuador a liberar a unas 250 mujeres que presuntamente estaban detenidas por cargos relacionados con abortos. “Esto es contrario a los estándares internacionales y debe abordarse con urgencia”, escribió.^[304]

Derecho a la vida

La negación del acceso al aborto seguro y legal pone en riesgo la vida de mujeres y niñas. Diversos órganos y expertos internacionales de derechos humanos han señalado reiteradamente que las leyes restrictivas sobre aborto contribuyen a las muertes maternas producto del aborto inseguro y ponen en riesgo el derecho a la vida. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH), que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por los Estados, ha destacado la relación entre las leyes restrictivas sobre aborto y los riesgos para la vida de las mujeres y niñas. En reiteradas ocasiones ha manifestado consternación por la criminalización del aborto y ha instado a que se amplíe el acceso a esta práctica[305] Además, ha explicado que el derecho a la vida no debe entenderse de manera restrictiva.[306] Ha dado instrucciones a los Estados de que, al informar al Comité, aporten información sobre medidas destinadas a asegurar que las mujeres no deban someterse a procedimientos de aborto clandestinos que supongan un riesgo para su vida.[307]

En su análisis más reciente del derecho a la vida, el CDH ha concluido que la reglamentación estatal del aborto no debería poner en riesgo la vida de mujeres o niñas, someterlas a maltratos, discriminarlas, interferir de manera arbitraria en su privacidad o hacer que recurran a abortos inseguros. El Comité también ha observado que “[l]os Estados partes deben proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o la niña embarazada corran peligro, o cuando llevar el embarazo a término causaría dolores o sufrimientos considerables a la mujer o la niña embarazada, especialmente si el embarazo es consecuencia de una violación o incesto, o si no es viable”.[308]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de Artavia Murillo vs. Costa Rica determinó que no puede entenderse al embrión como un ser humano a los efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana.[309] La Corte concluyó que, al reglamentar el aborto, la protección de la vida antes del nacimiento no prevalece por sobre otros derechos.[310] La Corte destacó que “es posible concluir de las palabras ‘en general’ que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”.[311] Esto significa que debe tenerse en cuenta la protección de otros derechos involucrados, como, por ejemplo, el derecho de la mujer a la vida.

Además, la Corte reconoció que la decisión de ser padre o madre forma parte del derecho a la vida privada, y que la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y psicológica se encuentran interconectadas.[312]. La sentencia de la Corte es una clara afirmación y reconocimiento de las mujeres como titulares de derechos cuya privacidad y autonomía, entre otros derechos, deben respetarse. Por tanto, conforme a este precedente, la legislación en América Latina que prohíbe el aborto va en contra de esta interpretación del artículo 4.1 en tanto busca proteger el estatus legal de la vida potencial sin reconocer en absoluto los derechos de las mujeres a la vida, la salud, la privacidad y la autonomía.

Cuando se autoriza el aborto en la legislación interna, tal como ocurre en determinadas circunstancias en Ecuador, el CDH ha instado a los Estados a que garanticen el acceso irrestricto y oportuno a esos servicios, y ha señalado que los Estados deberían “garantizar la disponibilidad de servicios médicos y el acceso a tales servicios para que se practique el aborto de manera legal”.[313] El comité ha instado a los Estados a que modifiquen sus leyes para garantizar el acceso efectivo al aborto seguro y legal, como mínimo, en las circunstancias identificadas en su comentario general sobre el derecho a la vida.[314]

El Comité CEDAW también insta periódicamente a que se adopten medidas para garantizar el acceso al aborto seguro. Por ejemplo, llama a capacitar al personal médico; asegurar que la objeción de conciencia invocada por el personal de salud no suponga un obstáculo para la interrupción del embarazo; eliminar los obstáculos de procedimientos que dificultan el acceso al aborto legal, incluido el requisito de aprobación por parte de un comité o del reconocimiento judicial de actos delictivos en casos de violación sexual; adoptar protocolos sobre provisión de aborto legal; concienciar a mujeres y proveedores sobre el acceso al aborto legal; proteger la confidencialidad médica; y realizar campañas para prevenir la estigmatización del aborto.[315]

De manera similar, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que da seguimiento a la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ha destacado que “el riesgo de muerte y enfermedad durante la adolescencia es real, entre otras razones por causas evitables, como... abortos peligrosos”, e instó a los Estados “a que despenalicen el aborto para que las niñas puedan, en condiciones seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo, así como a que revisen su legislación para asegurar que se atienda el interés superior de las adolescentes embarazadas y se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto”.[316] El Comité ha manifestado preocupación por el alto riesgo de mortalidad materna entre madres adolescentes[317]. Ha exhortado expresamente a que se despenalice el aborto “en todas las circunstancias” en muchas de sus observaciones finales.[318]

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ha manifestado además que los Estados deberían asegurar que los servicios de aborto estén disponibles en la práctica, por ejemplo, adoptando protocolos sobre aborto legal, garantizando que las leyes sobre objeción de consciencia no constituyan un obstáculo al aborto y cerciorándose de que los seguros de salud contemplen el aborto[319]. Ha instado a los Estados a que eliminen las penas para las mujeres que intentan conseguir abortos.[320]

Diversas autoridades regionales de derechos humanos también han manifestado consternación ante las leyes restrictivas sobre aborto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una declaración emitida en 2018, instó a los Estados a “adoptar legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos, en el entendido que la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes”.[321] En 2017, la CIDH manifestó que “[n]egar el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto legal y seguro o de atención post-aborto, puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico a muchas mujeres especialmente cuando se trata de casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto o en embarazos resultantes de incesto o violación. Sin efectivo disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, las mujeres no pueden ver realizado su derecho a vivir libres de violencia y de discriminación”.[322] Del mismo modo, en el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”, publicado en 2019, la CIDH señaló que “la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes”.[323]

En una declaración sobre derechos sexuales y reproductivos, la Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Mujeres criticó que las mujeres de la región están enfrentando “obstáculos muy significativos en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos” y que son obligadas a “continuar con embarazos que ponen en riesgo sus vidas” como resultado de leyes restrictivas sobre aborto.[324] Ella y otros relatores regionales y de la ONU reiteraron esta inquietud en una declaración conjunta por medio de la cual se instó a los Estados a “eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten a abortos y, como mínimo, legalizar el aborto en casos de agresión sexual, violación, incesto y cuando seguir adelante con el embarazo ponga en riesgo la salud psíquica o física de la mujer o la vida de la mujer”.[325]

Derecho a la salud

La OMS ha definido a la salud como “a un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y ha manifestado que “es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.[326]

Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la salud física y mental.[327] Por ejemplo, el PIDESC garantiza el derecho de todas las personas al más alto nivel de salud física y mental, y la CDN garantiza este derecho a los niños y las niñas.[328] La CEDAW estipula que “[l]os Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.[329]

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado que la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con múltiples derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura, el derecho a la salud, el derecho a la privacidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación.[330] Además, la salud sexual y reproductiva implica que “las personas puedan disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura, y responsable, así como la capacidad para reproducirse y la libertad de decidir si se reproducen, cuándo, y con qué frecuencia”.[331]

Diversos organismos internacionales han establecido, en reiteradas ocasiones, que la criminalización del aborto y las restricciones irrazonables al acceso a esta práctica violan el derecho a la salud. El Comité DESC ha destacado que “[l]os Estados deben reformar las leyes que impidan el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. Cabe mencionar como ejemplos las leyes por las que se penaliza el aborto...”^[332]

El Comité DESC establece, en su Observación General 14, que el derecho a la salud “impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir”.[333] Al mismo tiempo, el derecho incluye una serie de libertades, como el derecho a tener control sobre la propia salud y el propio cuerpo, incluso con respecto a la libertad sexual y reproductiva[334]. El Estado tiene la obligación de respetar esta libertad.

El Comité DESC también expresó que: “[e]l ejercicio del derecho de la mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva”.[335]

El Comité sobre los Derechos del Niño ha advertido acerca del riesgo de los abortos inseguros para la salud de las adolescentes. Con frecuencia ha instado a los Estados a despenalizar el aborto en todas las circunstancias y a asegurar que las adolescentes tengan acceso a abortos seguros.[336]

El Comité CEDAW ha manifestado que “es obligación de los Estados Partes garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el máximo de recursos disponibles”, incluido el tratamiento de las complicaciones resultantes de abortos inseguros.[337] Explicó que “[e]l acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones”.[338]

Derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes

El derecho a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentra recogido en tratados internacionales de derechos humanos, como el PIDCP, la Convención contra la Tortura y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[339] Las torturas y otros tipos de maltratos también están prohibidas de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.[340]

La penalización y la inaccesibilidad del aborto son incompatibles con el derecho a no sufrir torturas ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Comité contra la Tortura ha manifestado que la criminalización del aborto que prevea apenas unas pocas excepciones podría implicar que las mujeres experimenten dolor y padecimientos severos si son obligadas a seguir adelante con un embarazo. Ha manifestado preocupación por el profundo grado de sufrimiento físico y mental que viven mujeres y niñas debido a las restricciones al aborto.[341] El Comité ha instado a los gobiernos a “permitir excepciones legales a la prohibición del aborto en determinadas circunstancias en las que la continuación del embarazo pueda producir dolores y sufrimientos graves, como cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o un incesto, o en casos de malformación fetal incompatible con la vida”.[342] También ha criticado las restricciones al acceso al aborto legal en casos en que las leyes no son claras, se requieren para los abortos autorizaciones de terceros o los médicos o las clínicas se niegan a practicar abortos debido a la objeción de conciencia.[343]

De manera similar, el CDH ha determinado en casos individuales contra Irlanda, Perú y Argentina que los respectivos gobiernos violaron el derecho a no sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al no garantizar el acceso a servicios de aborto.[344] Destacó que este derecho no solo se relaciona con el dolor físico, sino también con el padecimiento psíquico.[345]

El Comité CEDAW también se ha referido a la criminalización del aborto y la negación o postergación del acceso al aborto legal como “formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.[346] También en este sentido, el Comité DESC ha indicado que la denegación del aborto “en determinadas circunstancias, pued[e] constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.[347]

El Relator Especial de la ONU sobre la tortura ha manifestado que las “leyes muy restrictivas, que prohíben los abortos incluso en casos de incesto, violación, deficiencia fetal o cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre, vulneran el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos”.[348]

Añadió al respecto:

Denegar el acceso al aborto seguro y someter a las mujeres y niñas a actitudes humillantes y sentenciosas en esas situaciones de extrema vulnerabilidad y en las que es esencial acceder en el plazo debido a la asistencia sanitaria equivale a tortura y malos tratos. Los Estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto que perpetúan la tortura y los malos tratos al negar a las mujeres el acceso al aborto y la asistencia en condiciones de seguridad...^[349]

Asimismo, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer destacó que las leyes que establecen una prohibición absoluta del aborto “perpetúan el ejercicio de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes... [y] contravienen la prohibición de la tortura y los malos tratos”.^[350]

Derecho a la no discriminación y a la igualdad

Los derechos a no ser discriminado y a la igualdad están consagrados en todos los principales tratados internacionales de derechos humanos[351], así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana)[352]. La CEDAW prohíbe la discriminación de la mujer en todos los ámbitos, incluida la atención de la salud.

En una declaración de 2014, el Comité CEDAW observó que “cuando un Estado Parte no brinda servicios y se criminalizan algunos servicios que solamente demandan las mujeres, se configura una violación de los derechos reproductivos de la mujer y esto constituye discriminación contra las mujeres”.[353] Además, el Comité de Derechos Humanos ha indicado que la falta de disponibilidad de información y servicios sobre salud reproductiva, incluido el aborto, atenta contra el derecho de las mujeres a no ser discriminadas.[354]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que las limitaciones al acceso a servicios de salud que necesitan únicamente las mujeres, incluido el aborto terapéutico, generan desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos.[355] El Comité CEDAW ha reconocido, de manera explícita, que los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder la atención médica constituyen discriminación. [356]

Las mujeres en Ecuador sufren discriminación cuando se les niega el acceso o se les impide acceder a los servicios médicos de calidad que necesitan por ser mujeres.

Derecho a la privacidad

La protección del derecho a la privacidad es particularmente importante para el derecho a la salud y está interconectada con este, tal como lo señaló el Comité DESC.[357] Además, el Comité de la CEDAW manifestó, en su Observación General N.º 24, que para que los servicios de atención de la salud se consideren aceptables para las mujeres, deben respetar la dignidad de estas y garantizar su confidencialidad.[358]

Varios organismos internacionales de derechos humanos han instado a los Estados a que garanticen la confidencialidad en relación con los datos y la información sobre la salud de las personas.^[359] Para satisfacer los niveles esenciales mínimos de goce del derecho a la salud sexual y reproductiva, una de las principales obligaciones de los Estados es garantizar que, al aplicar las leyes y políticas contra la violencia sexual, se respeten la privacidad y la confidencialidad.^[360] Si no se protege la naturaleza confidencial de la información sobre los pacientes, puede haber graves consecuencias para la salud de las mujeres, las niñas y las adolescentes, dado que esto puede disuadirlas de obtener atención médica posterior al aborto y, como resultado, afectar negativamente su salud y su bienestar.^[361]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la confidencialidad profesional en el sector de atención de la salud constituye “un interés crítico de la salud sexual y reproductiva”.[362] Tal como lo señaló el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, la falta de confidencialidad puede disuadir a las personas de la posibilidad de solicitar asesoramiento y tratamiento médico.[363] Al mismo tiempo, el Comité de la CEDAW ha señalado que la falta de confidencialidad médica puede afectar, de manera particular, a las mujeres, que pueden ser menos proclives a obtener “atención médica para tratar enfermedades de los órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos, y en los casos en que hayan sido víctimas de violencia sexual o física”.[364]

El Comité DESC ha recomendado que los gobiernos se aseguren de que los datos personales sobre las pacientes que se someten a abortos mantengan su carácter confidencial, y se ha expresado sobre el problema que supone que se denuncie ante las autoridades a las mujeres que solicitan atención médica debido a complicaciones causadas por abortos inseguros.[365] Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha instado a que se proteja la privacidad de las mujeres que solicitan atención médica por complicaciones vinculadas con abortos.[366]

Derechos de las personas privadas de la libertad

Cuando las mujeres y las niñas se ven privadas de la libertad mientras están esperando a ser juzgadas o tras haber sido condenadas por delitos relacionados con abortos, enfrentan abusos dentro de las cárceles o prisiones debido a las actitudes discriminatorias contra las personas que han tratado de obtener abortos. Hacer que estas mujeres y niñas deban cumplir prisión preventiva cuando no es una medida de último recurso, y no protegerlas del trato inhumano o abusivo cuando se encuentran detenidas constituye una violación de las normas internacionales que protegen los derechos de las personas a la libertad y la seguridad, así como los derechos de las personas privadas de la libertad.

Diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos contienen disposiciones sobre los derechos de las personas privadas de la libertad y las condiciones de detención.[367] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el organismo especializado independiente que interpreta el PIDCP, ha señalado que el derecho a la vida se aplica a “todos los seres humanos, …incluidas las personas sospechosas de haber cometido los delitos más graves o condenadas por ello”.[368] La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes consagra la obligación de los Estados de prevenir, investigar y castigar la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en especial, el trato de personas bajo arresto, detención o prisión.[369]

Derecho al debido proceso

El artículo 9 del PIDCP dispone que “[n]adie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.[370] El artículo 14 del tratado también garantiza el derecho a un juicio justo por parte de un tribunal imparcial.[371] Los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan asimismo los derechos a la libertad y a la seguridad, y a un juicio justo, respectivamente. El derecho a un juicio justo incluye el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al silencio, o a no ser obligado a declarar en contra propia.[372]

Muchos de los documentos que Human Rights Watch analizó para este informe contenían indicaciones sobre graves violaciones de los derechos al debido proceso y a tener un juicio justo, incluido el derecho a no incriminarse. En la mayoría de los casos analizados por Human Rights Watch para este informe, las mujeres y las niñas fueron acusadas y, a menudo, condenadas, no solo por comportamientos que no deberían estar tipificados, sino además en función de evidencias que nunca deberían haber sido reunidas ni aceptadas como pruebas por el tribunal. Los procesos penales por abortos en Ecuador se basan, en gran medida, en declaraciones proporcionadas y pruebas reunidas por trabajadores de atención de la salud, en contra de sus obligaciones conforme a las leyes nacionales e internacionales que protegen la confidencialidad médica.[373]

Otra forma de evidencia en la cual suelen basarse los fiscales, y que los tribunales suelen aceptar como prueba en casos de aborto presuntamente ilegal, son las declaraciones de personas acusadas que recoge la policía sin la presencia de un abogado defensor. Estas declaraciones a menudo se toman en hospitales, en circunstancias en las cuales la persona acusada aún está atravesando una emergencia médica y recibiendo tratamiento. Al igual que en los casos de Soledad y Sara, muchas mujeres fueron interrogadas mientras todavía estaban bajo los efectos de la anestesia. En los casos más extremos, para poder continuar recibiendo tratamientos médicos de emergencia, a la mujer o niña se le impone la condición de que haga una declaración. El modo en el cual se recogen estas declaraciones y su uso para incriminar a quienes las vierten también constituye una violación de las normas nacionales e internacionales.[374]

Conforme a los estándares nacionales e internacionales, las pruebas reunidas en violación de los derechos de la persona acusada, incluido el derecho al silencio y en circunstancias de coerción o de trato inhumano o degradante, deberían excluirse de la prueba.[375] Este estándar se infringe sistemáticamente en los procesos penales por aborto que tramitan en Ecuador.

En algunos casos, los pedidos de la defensa para acceder a un perito fueron denegados, y esto impidió a la defensa ejercer su derecho a presentar pericias sobre cuestiones como la causa de la muerte fetal.[376] Por último, el derecho a contar con una defensa eficaz también se vio comprometido en algunos casos, dado que algunos de los abogados asignados para representar a mujeres no presentaron pruebas, tal como resulta del caso de Margarita. Cuando se violan los derechos a un juicio justo, los Estados Partes tienen la obligación de brindar vías de recurso judiciales y administrativas eficaces.[377]

Derecho a no sufrir violencia

La Convención de Belém do Pará estableció que el derecho de las mujeres a no sufrir violencia incluye la violencia “perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.[378] Incluye el derecho a estar libre de todas las formas de discriminación y “a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.[379]

El Comité de la CEDAW ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.[380] El Comité también afirmó que la violencia contra la mujer pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres.[381] Asimismo, la Asamblea General de la ONU estableció que: “[L]a violencia contra la mujer tiene sus raíces en las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. Todas las formas de violencia contra la mujer violan y menoscaban gravemente o anulan el disfrute por la mujer de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y tienen serias repercusiones inmediatas y a largo plazo en la salud, incluida la salud sexual y reproductiva…”^[382]

Ecuador está incumpliendo su obligación de tomar medidas adecuadas para proteger a mujeres y niñas contra la violencia. La criminalización del aborto por parte de Ecuador también está llevando a los profesionales médicos, quienes deberían estar enfocados en asistir a las mujeres, a presentar denuncias penales en contra de ellas. Esto expone a las mujeres a un grado aún mayor de violencia, que incluye la violencia obstétrica. Poner a mujeres bajo custodia debido a la sospecha de que se han practicado abortos, mientras se encuentran en los hospitales para pedir atención médica, constituye una forma de violencia en su contra. Lo mismo puede decirse de la violencia y el maltrato que las mujeres acusadas o condenadas por delitos relacionados con abortos sufren en la cárcel, por parte de guardias o de otras internas.

Derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y niñas

El CDN ha destacado que “[t]odas las adolescentes deben poder acceder a servicios, información y educación en materia de salud sexual y reproductiva, en línea o presenciales, gratuitos, confidenciales, adaptados a sus necesidades y no discriminatorios, que deben cubrir, entre otros asuntos... servicios de aborto seguros”.[383] Ha recomendado que los gobiernos se cercioren de que los niños y niñas tengan acceso a asistencia y asesoramiento médico confidenciales sin el consentimiento de sus padres, incluso para servicios de salud reproductiva.[384] Ha instado expresamente a que haya acceso confidencial de las adolescentes a los abortos legales.[385] El Relator Especial sobre el Derecho a la Salud también ha afirmado de manera enfática la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, y ha instado a los Estados a fortalecer las leyes, las políticas y las prácticas para respetar, proteger y cumplir con esos derechos.[386] Además, el Relator reconoce también que el consentimiento de los padres y los requisitos de notificación constituyen un obstáculo para que las y los adolescentes accedan a servicios de salud, y señala que “los adolescentes suelen ser reacios a acceder a los servicios necesarios para evitar el pedido del consentimiento de los padres, lo cual puede dar por resultado el rechazo, la estigmatización, la hostilidad o incluso la violencia”.[387] Estos desarrollos normativos refuerzan el reconocimiento, por parte del Comité CEDAW, de que los requisitos de autorización de los padres constituyen un obstáculo en el acceso a servicios de salud.[388]

Los niños y las niñas tienen derecho a expresar libremente sus opiniones en todos los asuntos que les afecten y, de acuerdo con su edad y madurez, se debe dar la debida consideración a sus opiniones. Por lo tanto, resulta fundamental tener en cuenta el derecho a ser escuchados cuando se interpretan e implementan todos los demás derechos.[389] En el contexto de las decisiones sobre el aborto, el Comité sobre los Derechos del Niño ha afirmado que siempre deben respetarse las opiniones de las personas adolescentes embarazadas.[390]

Garantizar a todas las adolescentes y niñas el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos constituye un componente fundamental del derecho a la igualdad y a la no discriminación, debido al impacto desproporcionado que esto tiene sobre las niñas. Los organismos creados en virtud de tratados reconocen que las leyes restrictivas sobre servicios de salud sexual y reproductiva —como las leyes que restringen la legalidad de servicios específicos y requieren la autorización de terceros— violan el derecho a no sufrir discriminación.[391]

“Quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo”.[392] En la mayoría de los países, las adolescentes y niñas son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales por parte de una persona cercana a la familia o al grupo social.[393] Más de 1,1 millones de niñas sufren violencia sexual en América Latina y el Caribe.[394] La mayoría de los embarazos de mujeres jóvenes son consecuencia de hechos de violencia sexual. En la mayoría de los casos, quienes cometen los abusos son sus propios familiares o personas cercanas a ellos.

La violencia sexual en sí misma tiene consecuencias devastadoras para la vida de las niñas. Cuando esa violencia sexual lleva a un embarazo, se produce un sinfín de consecuencias, lo cual agrava el trauma psicológico que ya enfrentaban las niñas.[395]

Debido a la penalización del aborto en la mayoría de los casos de violación, hasta antes de abril del 2021, o a la presencia de obstáculos ilegítimos en el acceso a abortos terapéuticos, a muchas niñas en Ecuador se les niega un aborto después de haber sufrido violencia sexual.[396]  Al aplicar la reciente sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana sobre el aborto legal en todos los casos de violación, las autoridades ecuatorianas deben garantizar el acceso integral a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto legal, teniendo en cuenta no sólo la decisión de la Corte sino también estas normas internacionales de derechos humanos.

Derecho a la educación integral en sexualidad

El Comité DESC señala la interdependencia de la materialización del derecho a la salud sexual y reproductiva, con el derecho a la educación y el derecho a la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, que, al combinarse, constituyen un “derecho a la educación sobre sexualidad y reproducción”.[397] El Relator Especial sobre Educación ha señalado que la “protección del derecho humano a la educación sexual integral resulta de especial relevancia para asegurar a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia y de discriminación por motivos de género, habida cuenta de las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres”.[398]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que el derecho a una educación en sexualidad adecuada integra el derecho a la educación.[399] En 2018, la Corte Constitucional de Ecuador resolvió que los niños y las niñas tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas y sus derechos sexuales y reproductivos, y a recibir, de manera libre, orientación y herramientas para tomar decisiones responsables y basadas en información.^[400] El tribunal sostuvo que el Estado debe intervenir cuando los niños y las niñas no tienen acceso a esta información.[401]

La falta de igualdad en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva constituye discriminación, según lo sostiene el CDN.[402] El Comité ha manifestado que:

“[L]os programas de los estudios obligatorios deben incluir educación sobre salud sexual y los derechos reproductivos que sea apropiada a la edad de sus destinatarios, amplia, incluyente, basada en evidencias científicas y en normas de derechos humanos y diseñada con la colaboración de los adolescentes. Se debe prestar atención a la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, la paternidad y el comportamiento sexual responsables, así como a la prevención de la violencia, los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual.^[403]

Derecho de acceso a la información

El derecho de libertad de expresión abarca el derecho a acceder a información, tanto de conformidad con el PIDCP como con la Convención Americana de Derechos Humanos[404]. El Comité de Derechos Humanos señaló que “[p]ara dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados Partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público. Los Estados Partes deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información”.[405]

El Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión ha manifestado que este derecho establece que los Estados Partes tienen la obligación de proporcionar, de manera eficaz, la información más completa, clara, accesible y actualizada que se requiere para ejercer otros derechos como el derecho a la salud.[406] Un componente clave del derecho a la salud es el acceso a la atención sanitaria, que se entrelaza con el derecho a la información.[407]

Para que las personas puedan tomar decisiones informadas y realmente libres, el derecho de acceso a la información incluye el derecho del receptor a recibir información oportuna, completa, de calidad, veraz e imparcial que se distinga claramente de las opiniones o creencias personales.[408] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los derechos de privacidad, libertad e integridad personal no solo protegen la toma de decisiones sobre salud reproductiva, sino que también requieren que se asegure el acceso a servicios de atención de la salud que actualicen los derechos relativos a la sexualidad y la reproducción.[409]

La CIDH indicó que:

[P]ara garantizar el acceso a la información en materia reproductiva, los Estados miembros de la OEA deben de abstenerse de censurar, ocultar o desvirtuar información. Asimismo, conforme a las obligaciones de respeto y garantía que la CIDH impone, y bajo los principios de igualdad y no discriminación, los Estados deben garantizar que las mujeres tengan acceso a información oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa en materia reproductiva, que incluye información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva que se ofrezcan legalmente.^[410]

Parte de la estigmatización, violencia y discriminación que sufren las mujeres y niñas, y que se describen en el presente informe, surgen de la violación de sus derechos a contar con información completa, clara, accesible y actualizada sobre salud reproductiva, derechos reproductivos y opciones de atención de la salud, y sobre los derechos de las mujeres y niñas que experimentan violencia, y los servicios que tienen a su disposición. En línea con el respeto por el derecho a acceder a información, los Estados deberían recopilar datos desagregados para promover políticas públicas adecuadas. En Ecuador, las autoridades no lo están haciendo.[411]

 

Recomendaciones

A la Presidencia

• Trabajar con las autoridades pertinentes para garantizar el acceso al aborto no punible a todas las personas que reúnan las condiciones conforme a la legislación vigente, incluidas las sobrevivientes de violación, según se establece en la reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador y de conformidad con las obligaciones internacionales de Ecuador y las recomendaciones actuales de distintos organismos de la ONU.
• Asegurar que se desarrolle un debate abierto con la participación efectiva de todos los actores, incluidos especialistas en salud y organizaciones de mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y grupos LGBT, con el fin de avanzar hacia la despenalización del aborto, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
• Asegurar que se difunda en todo el país información pública, sobre todo destinada a mujeres y niñas y a las autoridades y profesionales sanitarios locales, que aclare las circunstancias en las cuales actualmente puede practicarse legalmente el aborto, incluidos los supuestos de la decisión que dictó recientemente la Corte Constitucional del Ecuador. Los mensajes públicos deben establecer claramente la obligación del gobierno de brindar servicios de aborto y de atención post-aborto y precisar dónde pueden obtenerse tales servicios.

A la Asamblea Nacional

• Cumplir íntegramente con la orden dictada por la Corte Constitucional del Ecuador de que se adopte legislación que asegure el acceso al aborto para todas las sobrevivientes de violación sexual en el término de seis meses desde la presentación del proyecto de ley por la Defensoría del Pueblo.
• Reformar el Código Penal a fin de adecuarlo a lo que se dispone en la Constitución y a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador, permitiendo que todas las personas embarazadas tengan acceso a abortos legales, voluntarios y seguros en todas las circunstancias.
• Sancionar leyes que ratifiquen la obligación constitucional de asegurar el secreto profesional y especifiquen que, en casos de emergencia obstétrica vinculada con abortos, no existe obligación de denunciar el caso.
• Reconocer el principio de prohibición de regresividad con respecto al derecho a la salud sexual y reproductiva al dictar legislación que garantice el acceso al aborto en todos los casos de violación, a fin de cumplir con la Constitución de Ecuador y con los estándares internacionales de derechos humanos. Si la nueva legislación establece un límite relativo a la edad gestacional o requiere autorización por parte de un representante legal en casos en los cuales están involucradas niñas o adolescentes, estas disposiciones deberían redactarse de manera tal que no constituyan un obstáculo para el acceso al aborto en la práctica ni representen un retroceso en el acceso para una persona embarazada. Las nuevas leyes o reglamentaciones que se adopten en respuesta a la decisión de la Corte Constitucional o en el marco de otras iniciativas no deberán tener, en ningún caso, carácter regresivo en comparación con la legislación vigente.
• Asegurar que el marco regulatorio propuesto para todos los casos de violación incluya lo siguiente:
  • Asesoramiento, basado en la reducción de daños, para todas las personas que sobrevivan a una violación, con respecto a la seguridad y el riesgo de las diferentes medidas utilizadas para inducir el aborto e información sobre cuándo y cómo acceder a atención después de un aborto para mujeres y niñas que podrían intentar interrumpir sus embarazos por fuera del sistema de salud.
  • Pautas para que a las pacientes con abortos incompletos o complicaciones tras un aborto se las atienda de manera rápida, neutral, profesional, respetando sus derechos y sin discriminación, incluido el requisito específico de que no se nieguen a las pacientes, a modo de “castigo”, los medios necesarios para controlar el dolor.
  • Asesoramiento de rutina sobre anticoncepción después del parto y de un aborto, para asegurar que todas las mujeres y niñas tengan información completa y precisa sobre cómo evitar el embarazo.
  • Derivaciones a servicios de apoyo psicosocial para todas las niñas y adolescentes embarazadas, y para las personas que sobrevivan a violaciones.
• Asegurar que el marco regulatorio para todos los casos de violación sexual no incluya lo siguiente:
  • La obligación de denunciar los casos de violencia sexual. Denunciar siempre debe ser una opción de las personas sobrevivientes, debe realizarse solo con el permiso de esas personas y no debe ser una condición para garantizar el acceso a los servicios de aborto seguros y legales. Una investigación penal que no se lleve a cabo con diligencia, sobre todo en casos de incesto o violación, podría exponer a la persona sobreviviente a un riesgo aún mayor, incluso debido a que la persona embarazada tuvo una interrupción voluntaria del embarazo.
  • La objeción de conciencia. Sin embargo, si Ecuador elije prever la objeción de conciencia en la atención de la salud, esta solo debe poder ejercerla profesionales de la salud a título  individual. Debe estar prevista en la ley y su ejercicio debe depender de que existan mecanismos de derivación eficaces, de modo que no sea un obstáculo para el acceso a los servicios de atención de la salud legalmente disponibles. El ejercicio de la objeción de conciencia no debe permitirse en situaciones de emergencia o en otro tipo de situaciones de atención urgente. Tampoco debe causar malestar a la persona que procura obtener atención médica. La ley debe estipular claramente quiénes de las personas que trabajan en los servicios de salud pueden declarar de manera anticipada y por escrito la índole y el fundamento de la objeción de conciencia y los procedimientos o tratamientos concretos con los cuales esta se relaciona. La ley debería limitar el espectro de personas elegibles y las funciones a las cuales pueden oponerse a aquellas implicadas en la realización de procedimientos de manera directa a las personas que solicitan el tratamiento. Asimismo, la ley debería obligar al profesional de la salud que invoque la objeción de conciencia a brindar toda la información necesaria para asegurarse de que la persona a quien se le niega el servicio pueda obtenerlo de inmediato por otro medio. El gobierno ecuatoriano también debería establecer mecanismos de seguimiento y supervisión para cerciorarse de que, en la práctica, invocar la objeción de conciencia no impida o disuada a las personas de obtener acceso a servicios legales de atención de la salud.
  • Considerar la posibilidad de ampliar el rango de profesionales que están capacitados para realizar abortos, de manera que incluyan a profesionales y asistentes de enfermería, parteras y médicos de especialidades no clínicas, entre otros[412].
  • Cumplir con las recomendaciones del Relator Especial sobre Salud de las Naciones Unidas, que indican que Ecuador debe asegurar que las exenciones por objeción de conciencia tengan un alcance “bien definido y un uso bien regulado, y que se disponga de sistemas de derivación de pacientes y otro tipo de servicios en los casos en que un proveedor de servicios plantee una objeción”.

Al Ministerio de Salud Pública

• Controlar que toda institución de salud que deba realizar un aborto o brindar atención post-aborto implemente la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico según lo recomendado por la CEDAW en 2015 y cuente con suficiente personal preparado y dispuesto a fin de garantizar, de forma permanente, el ejercicio de los derechos a la libertad reproductiva consagrados en la ley, y exigir a las instituciones de salud que demuestren que cuentan con capacidad como parte de los procesos de seguimiento en materia de aseguramiento de la calidad.
• Impartir instrucciones a los órganos gubernamentales pertinentes de que las disposiciones vigentes que permiten el aborto cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada incluyen aquellos casos en los cuales la persona se enfrenta a un riesgo para la salud mental, y no solamente a un riesgo físico, incluso como resultado de una violación, y para que conserven y compartan en forma pública datos sobre la cantidad de casos y las circunstancias en las cuales se autorizan abortos.
• Considerar eliminar la posibilidad de que las personas que trabajen en establecimientos públicos y privados de atención de la salud invoquen la objeción de conciencia para negarse a realizar abortos.
• Mientras exista la posibilidad de invocar la objeción de conciencia para negar servicios, asegurar tanto en la ley como en la práctica que su invocación no genere dificultades o demoras en el acceso a los servicios de aborto legal. Debe prohibirse su ejercicio en las situaciones de emergencia u otros supuestos de atención de urgencia, así como en cualquier situación en la cual un establecimiento no cuente con un sistema eficaz de derivación que garantice que la persona pueda acceder a servicios de aborto en otro establecimiento cercano de manera oportuna, y efectivamente lo haga.
• No debe permitirse en ningún caso la “objeción de conciencia institucional”. Debe exigirse que todos los establecimientos de salud cuenten con suficiente personal sanitario preparado y dispuesto, que esté disponible para brindar servicios de aborto de manera oportuna cuando resulte necesario, y que hayan establecido un sistema para demostrar que así es en la práctica. Por ejemplo, a fin de evitar que los profesionales de la salud invoquen de manera arbitraria la objeción de conciencia para que se niegue el acceso, los establecimientos deben exigir que los proveedores declaren de manera anticipada si tienen previsto invocar la objeción de conciencia a los servicios de aborto, y solo podrán invocarla quienes hayan hecho una declaración anticipada. Deben formularse medidas afirmativas del orden provincial y municipal para aumentar la cantidad de trabajadores de la salud disponibles para practicar abortos en aquellos sitios donde no haya suficientes.
• Asegurar que todos los directores de hospitales, profesionales de la salud y personal del sistema sanitario reciban capacitación acerca de las leyes, reglamentaciones, directivas y sentencias pertinentes sobre aborto legal y salud reproductiva pertinentes desde una perspectiva de salud integral, incluida la reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador que despenaliza el aborto en todos los casos de violación sexual.
• Brindar formación a todos los profesionales de la salud conforme a los estándares de la OMS para asegurar una atención sanitaria de calidad a todas las personas embarazadas que intenten obtener un aborto quirúrgico o con medicamentos, así como capacitación sobre lo que dispone la ley acerca de su deber de respetar el secreto profesional, incluso en casos de emergencia obstétrica. Trabajar con los gobiernos provinciales para brindar esa capacitación en todas las provincias.
• Establecer un sistema eficaz para informar a las pacientes sobre su derecho de confidencialidad y para denunciar las violaciones a este derecho, así como su derecho de acceder al aborto legal y otros servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, de modo que las pacientes puedan tomar decisiones informadas.
• Realizar investigaciones disciplinarias cuando se formulen señalamientos de violaciones al secreto profesional e imponer las sanciones que correspondan, incluida la retirada del derecho a ejercer, o cancelar la habilitación para ejercer, a los profesionales de la salud que se determine que han violado el secreto profesional dentro del sistema de salud pública.
• Garantizar servicios de aborto seguro en diversos niveles de atención de la salud, conforme se establece en la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico y, observando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, considerar la posibilidad de ampliar el rango de profesionales que están capacitados para realizar abortos, de manera que incluyan a profesionales y asistentes de enfermería, parteras y médicos de especialidades no clínicas, entre otros, así como profesionales de la telemedicina[413].
• Establecer un sistema eficaz para informar a los y las pacientes sobre su derecho a la confidencialidad, y permitirles denunciar las violaciones de estos derechos.
• Asegurar que se cuente con fondos suficientes para capacitar al personal médico y judicial en materia de derecho al aborto desde una perspectiva amplia relacionada con la salud, y sobre los derechos de confidencialidad de los pacientes; proveer servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, en los niveles que resultan necesarios; y mejorar la educación integral en sexualidad.
• Asegurar que se difunda, en todo el país, información pública, especialmente destinada a mujeres y niñas —e inclusive a través de mecanismos provinciales y municipales—, y a todos los profesionales de la salud, que explique las circunstancias en las cuales las personas embarazadas tienen derecho a solicitar un aborto no punible, y manifestando claramente la obligación del Gobierno de brindar servicios de aborto y post-aborto, y señalando en detalle dónde se puede acceder a servicios de aborto.
• Asegurar que todos los establecimientos de salud pública, independientemente del nivel de atención que presten, garanticen el acceso a servicios de aborto legal, y cuenten con sistemas de derivación para evitar retrasos que dificultan el acceso oportuno a la atención médica.
• Realizar investigaciones sobre las necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas embarazadas en Ecuador, a fin de identificar los factores que contribuyen a que se produzcan embarazos no deseados. Investigar las barreras que se interponen al acceso y al uso constante de los métodos anticonceptivos que proporciona el Sistema Nacional de Salud, incluidos los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (como los dispositivos intrauterinos) y la esterilización voluntaria.
• Garantizar que los centros de salud no estigmaticen a las y los adolescentes sexualmente activos, y que cuenten con personal médico preparado para proporcionar servicios confidenciales e integrales de salud a adolescentes.
• Mejorar los servicios destinados a las personas embarazadas que sufren violencia sexual, violencia doméstica y otras formas de abuso. Asegurar que haya nexos entre los servicios para sobrevivientes de violencia y los profesionales médicos, a fin de que las personas sobrevivientes de abusos puedan acceder fácilmente a una atención médica especializada. Asegurar que los profesionales médicos deriven de manera sistemática a servicios integrales de apoyo a las pacientes que sepan o sospechen que estén sufriendo abusos. Asegurar que las sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a servicios de aborto terapéutico.
• Procurar que la totalidad de la atención y los servicios de salud prestados a las personas con discapacidad se basen en el consentimiento libre e informado de la persona afectada.
• Recabar y publicar datos que reflejen los costos sociales y económicos de la morbilidad y la mortalidad materna vinculadas con abortos ilegales en Ecuador, o colaborar para que otros ministerios gubernamentales puedan realizar esta tarea.
• Garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para realizar abortos quirúrgicos y con medicamentos, según lo exige la ley, en todas las instituciones de salud pública del país.
• Desarrollar capacitación técnica para las prácticas de aborto seguro según los estándares técnicos más exigentes y trabajar con los gobiernos regionales y provinciales para implementar la formación en todas las provincias.
• Promover la aprobación de todos los fármacos que estén reconocidos a nivel nacional e internacional como el estándar más eficaz para la práctica de abortos con medicamentos seguros, conforme a las recomendaciones de la OMS; particularmente, la mifepristona, que en la actualidad no se encuentra disponible en Ecuador.
• Velar por que se eliminen los obstáculos a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres, lo que incluye:
  • Proporcionar información, servicios e insumos de salud sexual y reproductiva.
  • La información, la educación, el asesoramiento y los servicios deben estar al alcance de personas con todo tipo de discapacidades, e incluir diversos formatos, como braille, audio, digital, video, lenguaje de señas y lenguaje de fácil lectura.
  • Adoptar una educación en sexualidad que sea integral, apropiada para la edad y científicamente precisa, y disponer que sea una asignatura obligatoria con evaluaciones pautadas.
  • Proporcionar asesoramiento de calidad en materia de planificación familiar y métodos anticonceptivos modernos, que incluyan anticonceptivos de emergencia, mediante el aumento de las asignaciones presupuestarias y el gasto público que se les destinan.
• Fortalecer los programas de medicina ancestral y trabajar en la adopción de políticas de salud interculturales para la capacitación, el reconocimiento y la certificación de parteras de comunidades indígenas. Incrementar la participación de las parteras indígenas en el Sistema Nacional de Salud, a efectos de que se reconozca en forma plena a los sistemas tradicionales y asegurar que los partos planificados fuera de los hospitales, asistidos por parteras indígenas, sean una opción asequible y accesible. Asegurar que la información en español y en lenguas indígenas contemple las inquietudes y las prácticas de las comunidades indígenas.
• Promover la aprobación de todos los fármacos que estén reconocidos a nivel nacional e internacional como el estándar más eficaz para la práctica de abortos médicos seguros, conforme a las recomendaciones de la OMS; particularmente, la mifepristona, que en la actualidad no se encuentra disponible en Ecuador.

Al Consejo de la Judicatura

• Desarrollar y mejorar las capacitaciones destinadas a funcionarios del sector de justicia que aborden el derecho al aborto desde una perspectiva de salud integral y la obligación de los profesionales sanitarios de proteger la confidencialidad de los y las pacientes. Es crucial que estas capacitaciones tengan como objetivo terminar con la aplicación de estereotipos de género negativos que actualmente posibilitan que se persiga penalmente a las mujeres por acciones que tienen que ver con su reproducción, y perpetúan la impunidad de los delitos de violencia sexual en los cuales se identifica a la víctima como “responsable” por los hechos que sufrió.
• Recordar y exigir a los tribunales que excluyan de las pruebas información obtenida violando la obligación de secreto profesional o a través de la violación de otros derechos constitucionales, como así también evidencia no científica como la prueba de flotación pulmonar.
• Adoptar medidas para mejorar la respuesta del sistema de justicia a la violencia de género, incluida la violencia sexual, y disponer que cada vez que existan señalamientos de violencia de género en un caso de aborto estos se investiguen y, cuando corresponda, se juzguen.
• Informar periódicamente sobre el número de causas penales por abortos.
• Capacitar al personal judicial en materia de competencia cultural y brindar recursos para facilitar la sensibilidad cultural y asegurar los derechos de juicio justo para las personas indígenas que sean objeto de un proceso judicial. Como mínimo, esto debería incluir garantizar el acceso a un intérprete en todos los procedimientos judiciales.

A la Comandancia General de la Policía Nacional

• Adoptar políticas que prohíban detener o entrevistar a mujeres o niñas mientras estén recibiendo tratamiento de emergencia o se encuentren en un establecimiento de salud en relación con presuntos abortos consentidos.
• Capacitar a los agentes en la adopción de perspectivas de género, incluso en lo relacionado con la violencia de género, para asegurar que tomen en cuenta estos aspectos en sus investigaciones y decisiones.
• Aplicar medidas disciplinarias contra los funcionarios de aplicación de la ley que alienten o presionen a los profesionales de la salud para que violen la confidencialidad de las pacientes.

A la Fiscalía General del Estado

• Adoptar una política que prohíba la prisión preventiva de mujeres que reciben tratamiento de emergencia o se encuentran en un establecimiento de salud en relación con un presunto aborto consentido.
• Dar instrucciones a los fiscales de que, al analizar todos los casos de presuntos abortos consentidos, apliquen el “principio de oportunidad” para no presentar cargos.
• Adoptar una política que prohíba que los fiscales utilicen como prueba información que se obtenga violando el secreto profesional.
• Asegurar que las investigaciones sobre aborto sean llevadas a cabo por la unidad de género de la Fiscalía General del Estado.
• Capacitar al personal en la adopción de perspectivas de género, incluso en lo relacionado con la violencia de género, para asegurar que tomen en cuenta los aspectos de género al manejar los casos.
• Capacitar al personal con respecto a sensibilidad cultural y adoptar una política que asegure tal sensibilidad, lo cual incluye que se provea un intérprete en todas las reuniones y procedimientos.
• Investigar y, cuando corresponda, procesar penalmente a los funcionarios de aplicación de la ley que alienten o presionen a los profesionales de la salud a violarel secreto profesional.

A la Defensoría Pública

• Mejorar la representación de los defensores púbicos en los casos de presuntos delitos relacionados con el aborto a través de medidas de capacitación, la reducción del número de casos a su cargo y el establecimiento de mecanismos para plantear quejas.

Al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Inclusión Económica y Social

• Asegurar la aplicación de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, entre otras medidas, estableciendo un mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, lo cual debería incluir:
  • Recopilar regularmente, y publicar en el sitio web del Ministerio de Salud Pública, datos sobre casos de violencia sexual relacionada con el contexto escolar, embarazo infantil y aborto.
  • Adoptar una educación sexual integral apropiada para la edad y cerciorarse de que sea una asignatura obligatoria que resulte accesible a todos los estudiantes.

A los donantes y los organismos de las Naciones Unidas

• Instar a Ecuador a que elimine todas las sanciones penales al aborto y garantice que las personas embarazadas tengan acceso seguro y legal al aborto como servicio de atención médica esencial.
• Alentar a Ecuador a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos conforme al derecho internacional.
• Eliminar todas las restricciones a la posibilidad de obtener y usar asistencia exterior para el desarrollo que tengan por objeto limitar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
• Promover que el Gobierno de Ecuador implemente las recomendaciones anteriores, así como todas las recomendaciones formuladas a Ecuador por entidades de la ONU con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y brindarle apoyo en esta tarea.

 

Agradecimientos

La investigación y la redacción de este informe estuvieron a cargo de Ximena Casas, investigadora para las Américas de la división de Derechos de la Mujer. Dominique Riofrio, consultora de la división de Derechos de la Mujer, realizó la investigación preliminar, que incluyó recopilar los expedientes del período 2009-2019. La revisión y edición del informe la realizaron Heather Barr y Amanda Klasing, codirectoras interinas de la división de Derechos de la Mujer, y Danielle Haas, editora sénior de la oficina de Programas. La revisión, llevada a cabo por especialistas, estuvo a cargo de Brian Root, analista cuantitativo sénior; Elin Martinez y Margaret Wurth, investigadoras sénior de la división de Derechos del Niño; Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina de la División de las Américas; Martina Rapido Ragozzino, asistente de investigación de la división de las Américas; Cristian González Cabrera, investigador del programa sobre Derechos de Personas LGBT, y Carlos Ríos-Espinosa, investigador sénior y defensor de la división de Derechos de las Personas con Discapacidad. Tom Porteous, subdirector de Programas, colaboró con la revisión de programas, y Maria McFarland Sánchez-Moreno y Aisling Reidy, asesoras legales sénior, se ocuparon del análisis jurídico.

Las coordinadoras sénior de la división de Derechos de la Mujer Susanné Bergsten y Erika Nguyen contribuyeron a la producción del informe. Fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch desea agradecer a las numerosas personas que colaboraron con este informe, incluidos los profesionales de la salud y las redes de activistas por los derechos de la mujer que ayudan a las mujeres procesadas por abortos y que intentan obtener acceso a abortos legales en Ecuador, y promueven reformas jurídicas orientadas a que haya un acceso más amplio. Queremos brindar un reconocimiento especial al apoyo brindado por Surkuna como nuestro aliado principal durante la investigación y redacción del informe. También queremos agradecer a Fundación Desafío, CEPRODEG, RED NACIONAL de Casas de Acogida de Ecuador, El Churo, Wambra, La Periódica, Cepam Guayaquil y Sendas por su apoyo y orientación, y al personal médico que dedicó su tiempo a hablar con nosotros y a hacer un seguimiento de nuestras preguntas en el difícil contexto de la pandemia de Covid-19. Por último, deseamos agradecer el asesoramiento técnico brindado por O’Neill Institute, Planned Parenthood Global y el Center for Reproductive Rights.

Human Rights Watch agradece en particular a las personas sobrevivientes y a los profesionales de la salud que nos transmitieron su testimonio, a pesar de, en muchos casos, atravesar circunstancias extremadamente difíciles.