Resumen

Los actos de violencia sexual del que fue víctima Paola Guzmán hace más de 20 años, hoy le está sucediendo a otra adolescente en alguna escuela del país.

– Ammy, líderesa del Movimiento Por Ser Niña, junio de 2024

La violencia sexual y de género es un problema generalizado y de larga data en las instituciones educativas de Ecuador.

En la última década, Ecuador ha registrado 6.438 casos de violencia sexual en el sistema educativo, perpetrados por docentes, autoridades escolares, otros miembros del personal escolar, conserjes y, a menudo, estudiantes, que han afectado a 7.303 niños, niñas y adolescentes. Solo en los últimos cuatro años, entre enero de 2020 y junio de 2024, se registraron 2.827 casos dentro del sistema educativo.

Sin duda, estas cifras subestiman el verdadero total. El Ministerio de Educación excluye al personal escolar contratado externamente –como los conductores de transporte escolar– como perpetradores dentro del sistema educativo, a pesar de que forman parte del entorno escolar y son esenciales para que los niños, niñas y adolescentes lleguen a la escuela. Desde enero de 2014 hasta junio de 2024, los datos complementarios compartidos por el ministerio muestran que los conductores de transporte escolar fueron denunciados como agresores en 78 casos, lo que eleva el número total de casos, de violencia sexual en el ámbito educativo, denunciados a 6.516.

En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, el primer caso de violencia sexual en una institución educativa y uno de los dos casos históricos que defienden los derechos de sobrevivientes de violencia sexual en el ámbito educativo en Ecuador. En 2001, Paola, una estudiante de 14 años de Guayaquil, fue violada y sufrió abusos sexuales durante más de un año por el vicerrector de su escuela fiscal. El personal de la escuela estaba al tanto y no hizo nada para protegerla. En diciembre de 2002, Paola se suicidó a la edad de 16 años.

Además de conceder reparaciones a la familia de Paola, la Corte Interamericana ordenó al gobierno ecuatoriano implementar numerosas medidas para prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas, con el objetivo de enfrentar los actos de violencia en curso y garantizar que los abusos no continúen. Las medidas específicas incluyen la detección y denuncia de casos de violencia sexual en el ámbito educativo; la formación del personal educativo en abordaje y prevención; la orientación, asistencia y atención a las víctimas y sus familiares; y la actualización periódica de la información estadística sobre violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.

En diciembre de 2020, Human Rights Watch publicó un informe que constataba que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes era un problema arraigado en las instituciones educativas de todo Ecuador, afectando a todos los niveles de enseñanza. Cuando los niños, niñas, adolescentes y sus familias buscaban justicia, se enfrentaban a serios obstáculos y a revictimización.

Entre diciembre de 2022 y junio de 2024, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación de seguimiento para evaluar las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano para abordar y prevenir la violencia sexual en el ámbito educativo, incluidas la violencia sexual digital y aquella facilitada por la tecnología.[1] Nuestra investigación coincidió con el regreso de las personas estudiantes a las clases presenciales después de un largo período de aprendizaje en línea y a distancia debido al cierre de escuelas relacionado con la pandemia de Covid-19, así como nuevos cierres de escuelas debido a la inseguridad generalizada provocada por grupos del crimen organizado.

Este informe constata que, a pesar de los compromisos de las instituciones gubernamentales, encabezadas por el Ministerio de Educación, la violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas de Ecuador. Además, la investigación muestra que Ecuador ha implementado numerosas medidas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Paola Guzmán Albarracín, pero estas no han progresado a la escala y la celeridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes ante la violencia sexual en el ámbito educativo.

En los últimos años, Ecuador ha tomado medidas para abordar la violencia sexual en las instituciones educativas y agilizar la justicia para las víctimas. Entre ellas figuran la elaboración de una política integral e interinstitucional para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo; el lanzamiento de una estrategia para implementar la educación sexual integral (ESI) en las instituciones educativas; la formación del personal que trabaja con niñas, niños, adolescentes y otros sobrevivientes de violencia sexual; y la sensibilización sobre cómo detectar y responder a la violencia sexual perpetrada contra las personas estudiantes.

En agosto de 2020, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ente rector responsable del cumplimiento de las sentencias internacionales, creó la Mesa Interinstitucional para la construcción de una política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo (“Mesa Interinstitucional”), junto a otras ocho instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Educación e instituciones judiciales. En febrero de 2022, a solicitud de estas instituciones, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM)-Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos se sumaron a la iniciativa como representantes de la parte demandante en el caso Guzmán Albarracín. El objetivo de esta mesa interinstitucional, que se espera continúe su trabajo hasta 2030, es coordinar medidas, desarrollar e implementar una política integral para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, y luego monitorear y evaluar su implementación.

Incluso con estos importantes pasos, permanecen lagunas significativas en la respuesta del Estado. Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos. Los medios de comunicación, la sociedad civil y los fiscales ecuatorianos continúan denunciando o procesando casos atroces, incluidos aquellos en que el personal docente o escolar abusó sexualmente de varios estudiantes.

A pesar de los protocolos que exigen al personal escolar denunciar los casos de violencia detectados o cometidos en las instituciones educativas ante las autoridades educativas y judiciales, este no siempre denuncia la violencia sexual. Human Rights Watch identificó tres razones principales: la falta de conocimiento y seguimiento de los protocolos vinculantes del Ministerio de Educación; la prioridad del prestigio y la reputación de la institución educativa sobre la necesidad de proteger a sus estudiantes, reducir los abusos y responsabilizar a los perpetradores; y una notable escasez de personal de los departamentos de consejería estudiantil (DECE), incluidos psicólogos y orientadores educativos. Como resultado, las personas estudiantes continúan expuestas a los abusos, y los y las sobrevivientes no reciben la atención adecuada para su bienestar ni el acceso a la justicia.

Desde 2021, el Ministerio de Educación ha lanzado varias iniciativas de ESI en las instituciones educativas. Sin embargo, las autoridades han enfrentado dificultades para formar adecuadamente al personal escolar en las metodologías y herramientas desarrolladas. Algunos profesores y padres han mostrado resistencia a la formación sobre temas relacionados con la prevención del embarazo adolescente y la ESI. El personal docente y las instituciones educativas a menudo descuidan temas como el género, la orientación sexual y la identidad de género en las discusiones escolares, a pesar de que estos son conceptos clave para entender la salud sexual y reproductiva y prevenir la violencia sexual.

En octubre de 2023, el Ministerio de Educación emitió la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS), que se implementará hasta 2030 y cuya aplicación es obligatoria en todas las instituciones educativas del país. Si una institución educativa no aplica la estrategia, podría considerarse negligencia y la institución podría enfrentar sanciones de acuerdo con la ley de educación.

En mayo de 2024, el Ministerio de Educación comenzó la implementación de la estrategia en 1.120 escuelas, con planes para evaluar su aplicación en 2025 y aumentar el número de escuelas con el tiempo.

En abril de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación, encargada de aprobar las políticas públicas a nivel nacional, aprobó la Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Las instituciones involucradas estimaron que la financiación necesaria para sus actividades asciende a 272,2 millones de dólares hasta 2030, a la espera de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. La política se implementará hasta 2030 en cumplimiento de las órdenes de la Corte Interamericana relativas a las garantías de no repetición. Su objetivo es fortalecer y coordinar las actividades entre las instituciones gubernamentales responsables de erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Con ello se pretende mejorar la prevención, la atención, la generación de información y el acceso a la justicia y la reparación para las personas sobrevivientes. Aunque algunas instituciones se han comprometido a unificar sus datos sobre violencia sexual y de género, aún existen dificultades en la recopilación de información. Al momento de redactar este informe, la política aún no se había lanzado.

Aunque las instituciones gubernamentales han asignado fondos para responder a la violencia sexual en el ámbito educativo, la financiación ha sido inconsistente y, como demuestra la persistente escasez de personal, insuficiente. En particular, las medidas de prevención de Ecuador no están a la altura de la magnitud de la violencia sexual en las instituciones educativas y de la urgente necesidad de implementar su compromiso de tolerancia cero contra esta.

Además, la financiación para abordar la violencia de género, parte de la cual se destinaría a la violencia sexual en el ámbito educativo, no se gastó en su totalidad en 2023 y se redujo en 2024, a pesar de que las denuncias de violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes continúan en niveles al menos tan altos como en años anteriores.

Las víctimas también se enfrentan a obstáculos en el sistema judicial.

Existen barreras para llevar a cabo investigaciones sólidas y enjuiciamientos efectivos de los casos de violencia sexual en el ámbito educativo, lo que obstruye la capacidad de las personas sobrevivientes para encontrar justicia, contribuye a su revictimización y conduce a la impunidad. Estos obstáculos incluyen la limitada experiencia o inexperiencia de los fiscales y jueces para tratar casos de violencia sexual y de género perpetrada contra niños, niñas y adolescentes, la escasez de fiscales en todo el país, la limitada disponibilidad de peritos para evaluar o acompañar a los niños, niñas y adolescentes denunciantes, la sobrecarga de trabajo del personal y la amplia gama de delitos que los fiscales y jueces deben investigar y examinar.

Las personas sobrevivientes y sus familias optan por dejar de colaborar con la investigación a causa de la revictimización, las amenazas, y los largos y costosos procesos judiciales, lo que a veces obliga a los fiscales a abandonar los casos. A menudo, las investigaciones se estancan o los casos se archivan por falta de expertos que evalúen o acompañen los procesos judiciales en los que las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Debido a que su número es limitado, los peritos especializados en niñez y adolescencia a veces tienen listas de espera de meses, lo que provoca retrasos en la recopilación de pruebas. Estas barreras estructurales impiden la recolección oportuna de pruebas, incluido el testimonio de las niñas, niños y adolescentes, y a menudo pueden conducir al cierre de los casos, según el personal judicial, los abogados y otros expertos.

Datos de la Fiscalía General, analizados por Human Rights Watch, muestran que de las 647 denuncias de violencia sexual contra docentes, personal escolar y estudiantes recibidas entre 2020 y 2022, solo 17 llegaron a juicio, lo que representa solo el 2,6 por ciento del total de denuncias. Solo un caso dio lugar a una condena durante ese período.

El hecho de que solo unos pocos casos de violencia sexual institucional terminen en sentencias “genera una sensación de impunidad en las víctimas y la sociedad”, aseguró la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El elevado número de casos, la escasez de personal y las prácticas de programación pueden provocar retrasos en los procedimientos judiciales, lo que puede significar que las víctimas tengan que esperar años para encontrar justicia y recibir reparaciones, tras un proceso ya emocionalmente agotador y costoso.

El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General se han esforzado por formar al personal y aumentar su capacidad para abordar la violencia sexual y de género contra niños, niñas y adolescentes. Aunque es un primer paso necesario para todos los actores involucrados en investigaciones y casos vinculados a sobrevivientes de violencia sexual, la capacitación no es suficiente para superar los profundos desafíos discriminatorios y prejuicios arraigados en las instituciones judiciales. Los fiscales y jueces pueden conservar actitudes o prejuicios contraproducentes que la formación por sí sola no puede cambiar. Estas actitudes y prejuicios pueden llevar a los funcionarios a ponderar desfavorablemente el testimonio de las personas sobrevivientes, revictimizarlas durante los procedimientos o disuadirlas de continuar con sus casos. Esto subraya la necesidad de una formación periódica y continua, y de evaluaciones del personal fiscal y judicial.

Los recientes reveses judiciales, incluida una controvertida sentencia de la Corte Constitucional de 2021 que consideró desproporcionada la destitución de un profesor por acoso sexual a una estudiante, también han tenido efectos perjudiciales más amplios sobre las víctimas. Estos han afectado su capacidad para encontrar justicia reparadora y han exacerbado la impunidad. Un análisis realizado por el Ministerio de Educación reveló que, de los 49 casos en los que los docentes apelaron la destitución administrativa por violencia sexual desde la sentencia de 2021, los tribunales anularon las decisiones ministeriales de destitución en 23 casos, lo que significa que 23 docentes fueron readmitidos en sus puestos.

El gobierno ecuatoriano ha hecho importantes avances en la lucha contra la violencia sexual en el ámbito educativo desde la sentencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, debe avanzar aún más para enfrentar los desafíos, que superan significativamente los progresos actuales. Para lograr un cambio duradero, el gobierno ecuatoriano debe comprometerse a implementar nuevas políticas y realizar un seguimiento y una evaluación continuos. También es esencial que se comprometa a capacitar al personal educativo, fiscal y judicial que trabaja con niños, niñas y adolescentes sobrevivientes, y a tomar otras medidas tanto para responder adecuadamente a las denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas como para prevenir estos abusos. El gobierno debe asegurar investigaciones y enjuiciamientos efectivos de todos los casos de violencia sexual en el ámbito educativo, y proteger los derechos de las víctimas y sus familias conforme a la legislación ecuatoriana durante todo el proceso judicial.

Recomendaciones

Al presidente

• Reafirmar el compromiso del gobierno de tolerancia cero contra todas las formas de violencia sexual en el ámbito educativo, incluso durante los estados de emergencia y otras crisis nacionales.

• Aprobar presupuestos adecuados, para la prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo, proporcionales a la magnitud de esta, incluidos aquellos destinados a la prevención de la violencia de género, para financiar todas las políticas relacionadas.

Al Ministerio de Educación

• Reafirmar el compromiso del gobierno de tolerancia cero contra todas las formas de violencia sexual en el ámbito educativo, incluida la violencia sexual digital, durante los estados de emergencia y otras crisis nacionales.

• Asignar los recursos adecuados para abordar y prevenir la violencia sexual en el ámbito educativo, incluyendo esfuerzos de formación continua para todo el personal educativo; la provisión de guías y recursos a las instituciones educativas en todo el país, con suficiente formación, apoyo técnico y seguimiento; y la contratación de personal de los departamentos de consejería estudiantil (DECE) que cumplan con la proporción requerida por la ley.

• Evaluar, supervisar y publicar periódicamente los avances en la aplicación de la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS).

• Adoptar medidas para corregir los casos de negligencia por parte de las instituciones educativas que no imparten el plan de estudios de ESI, en su totalidad o en parte.

• Llevar a cabo y ampliar su plan de formación obligatoria y continua para todos los miembros del sistema educativo, así como para el personal que trabaja dentro del sistema, como los conductores de transporte escolar, sobre protocolos para detectar y denunciar casos de violencia sexual, incluidos los protocolos de violencia digital recientemente establecidos. Garantizar que las formaciones aborden las obligaciones legales de informar inmediatamente de las denuncias de violencia.

• Adoptar medidas adecuadas para sancionar a las escuelas, las oficinas distritales y los coordinadores zonales que no sigan los protocolos establecidos para detectar y denunciar la violencia sexual y digital.

• Garantizar que el personal educativo y los mecanismos de denuncia respondan e incluyan a las personas estudiantes que no puedan denunciar por miedo al estigma o por falta de ajustes razonables, incluido el colectivo de estudiantes lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros (LGBT), niños y niñas migrantes, aquellos con discapacidades y aquellos que viven en condiciones de pobreza.

• Actualizar la base de datos del Registro de Violencia del Ministerio de Educación (REDEVI) para que se ajuste a las normas internacionales sobre lo que constituye violencia de género “relacionada con la escuela”, y garantizar que incluya a todas las personas que apoyan el trabajo de la escuela, como los conductores de transporte escolar, como personas vinculadas a las instituciones educativas.

• Publicar periódicamente en el sitio web del Ministerio de Educación, a partir de la base de datos REDEVI, información sobre los casos de violencia sexual cometidos en el ámbito educativo, incluyendo un desglose de las víctimas por edad, género, provincia, tipo de institución, raza/etnia y condición de discapacidad, y de los agresores por edad, género y función, protegiendo al mismo tiempo la información privada.

• Garantizar que, durante los periodos de aprendizaje a distancia ordenados en respuesta a emergencias, los mecanismos de denuncia de casos de violencia sexual sean eficientes y accesibles a las personas estudiantes en diversos formatos y métodos, incluidos en línea y por teléfono, así como en persona, cuando sea factible.

• El personal docente que se enfrente a acusaciones de conducta sexual inapropiada debe, como mínimo, ser separado de las clases de las personas estudiantes denunciantes. Las personas docentes deben recibir notificación de las acusaciones en su contra, así como la oportunidad de ser escuchadas por las estructuras disciplinarias. Quienes se enfrenten a acusaciones de violencia sexual deben ser suspendidos con sueldo, las acusaciones comunicadas a la policía y la suspensión continuada a la espera de la investigación policial y el juicio, o del resultado de una audiencia disciplinaria si el caso no llega a juicio.

A la Fiscalía General del Estado

• Investigar exhaustiva y eficazmente y, cuando corresponda, enjuiciar todos los casos de violencia sexual y digital en el ámbito educativo.

• Asignar recursos suficientes para dotar a las fiscalías de profesionales con experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, incluidas las víctimas de violencia sexual y de género y las personas con discapacidad.

• Aumentar los recursos para ampliar y fortalecer el equipo de especialistas en género y violencia de género existente en la Fiscalía, y garantizar que este equipo cuente con el personal y los recursos suficientes para brindar apoyo y reparación adecuados y prácticos a las víctimas o sus representantes, que se enfrenten a intimidación, problemas procesales u otras barreras.

• Incrementar las unidades especializadas en violencia de género para asegurar la cobertura geográfica y proporcionar apoyo jurídico a las víctimas, para lo cual sería recomendable:

  • Designar a más fiscales y equipos especializados.

  • Garantizar una formación adecuada sobre investigaciones centradas en los niños, niñas y adolescentes.

Al Consejo de la Judicatura

• Asegurar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas y sus familiares bajo la ley ecuatoriana estén protegidos a lo largo de los procedimientos judiciales, incluso mediante la concesión de prioridad a sus casos, la garantía de que las víctimas solo necesiten testificar una vez o las que sean estrictamente necesarias para garantizar la justicia, la realización de dichas entrevistas en cámaras Gesell, la estricta protección de la confidencialidad, y la provisión de servicios psicosociales adecuados y accesibles, incluida la terapia.

• Asegurar el cumplimiento del requisito constitucional y legislativo de garantizar un tratamiento expedito de los casos que involucren a niños, niñas o adolescentes como víctimas.

• Proporcionar formación continua a todos los actores del sistema judicial, incluidos jueces, defensores públicos, fiscales, peritos y demás personal, sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y evaluar periódicamente el impacto de las formaciones.

• ·Investigar las reparaciones incumplidas para niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y sus familias, y hacer responsables a los agresores y a las instituciones que no hayan cumplido con las reparaciones.

• Asignar fondos para aumentar el personal de la fiscalía, seguir reparando las cámaras Gesell y proporcionar formación adecuada para abordar los retrasos en los casos.

• Llevar a cabo investigaciones adecuadas e independientes de las denuncias contra fiscales, peritos y demás personal judicial, incluidas las denuncias de conducta impropia, subestándar o discriminatoria, corrupción y de mala gestión o retraso arbitrario de una investigación. Agilizar los procesos de recusación de personal tras denuncias creíbles de mala conducta.

Al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos

• Evaluar, monitorear y publicar periódicamente los aportes y avances institucionales en el trabajo de la Mesa Interinstitucional para la construcción de una política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo y el cumplimiento de la Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo.

  • Asegurar el cumplimiento de las actividades e indicadores bajo el liderazgo del Ministerio.

  • Garantizar que cada actividad cuente con los recursos suficientes para su sostenibilidad durante la vigencia de la política hasta 2030.

• Implementar la Política pública para la reparación integral de víctimas y sobrevivientes de violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar, y femicidio. Esta política debe priorizar el desarrollo de un mecanismo para monitorear el cumplimiento de las medidas de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, incluida la violencia sexual en el ámbito educativo, e incluir orientación sobre reparaciones monetarias y no monetarias, reparaciones simbólicas y actos de reparación pública.

• Coordinar con la Mesa Interinstitucional y las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la implementación del Registro Único de Violencia (RUV). Publicar periódicamente estadísticas sobre los casos de violencia sexual y digital en el ámbito educativo denunciados por diversas instituciones.

• Realizar campañas de sensibilización sobre los mecanismos de denuncia durante los periodos de clases presenciales y a distancia de la violencia sexual y de género contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo el colectivo de estudiantes lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros (LGBT), niños y niñas migrantes, aquellos con discapacidad y aquellos que viven en condiciones de pobreza.

A la Mesa Interinstitucional para la construcción de una política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo

La mesa está integrada por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Inclusión Económica y Social:

• Evaluar, monitorear y publicar periódicamente los aportes y avances institucionales en el trabajo de la Mesa Interinstitucional y el cumplimiento de la Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. La mesa debe garantizar que todas las instituciones rindan cuentas de su cumplimiento y que cada actividad cuente con recursos suficientes para su sostenibilidad durante la vigencia de la política hasta 2030.

• Publicar periódicamente estadísticas sobre los servicios prestados a sobrevivientes y víctimas de violencia sexual y digital en las instituciones educativas, con un desglose de las víctimas por edad, género, provincia, tipo de institución, raza/etnia y condición de discapacidad, y de los agresores por edad, género y función, protegiendo al mismo tiempo la información privada.

• Proporcionar formación continua a todo el personal que presta servicios a sobrevivientes y víctimas, incluida formación sobre los derechos de los niños, niñas, y adolescentes, la violencia sexual y de género, y la justicia juvenil. Supervisar y evaluar periódicamente el progreso de estas formaciones.

• Garantizar que todas las personas sobrevivientes de violencia sexual en el ámbito educativo reciban información sobre los servicios que tienen a su disposición, incluidos los servicios médicos, psicológicos y legales; y asegurar que reciban estos servicios de manera respetuosa, sin revictimización.

A la Asamblea Nacional

• Adoptar una ley de reparaciones y recursos para sobrevivientes de violencia sexual, incluidos niños, niñas y adolescentes, y sus familiares, informada por las sobrevivientes, que incluya reparaciones monetarias y no monetarias, reparaciones simbólicas y actos de reparación pública.
   

Metodología

Este informe se basa en una investigación realizada por Human Rights Watch entre diciembre de 2022 y junio de 2024. Las conclusiones se fundamentan en entrevistas en profundidad, análisis de datos y legales, y una amplia revisión de fuentes secundarias. Esta investigación se suma a un estudio anterior llevado a cabo por Human Rights Watch en 2019 y 2020, que determinó que miles de estudiantes sufren violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador.[2]

Human Rights Watch llevó a cabo 68 entrevistas a representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, activistas, expertos, defensores de los derechos de los niños y funcionarios gubernamentales de Ecuador. Las entrevistas abordaron temas como la prevención de la violencia sexual, incluida la educación sexual integral y la capacitación del personal encargado de responder a la violencia sexual; la respuesta a los casos, incluidas las derivaciones por parte del personal escolar y la prestación de servicios; el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias; y las reparaciones integrales.[3]

Todas las entrevistas se realizaron en español y de manera remota, ya sea por teléfono o videollamada. Human Rights Watch informó a todas las personas entrevistadas sobre el propósito de la entrevista, su carácter voluntario y cómo se recopilaría y utilizaría la información. Human Rights Watch garantizó a las personas participantes que podían finalizar la entrevista en cualquier momento o negarse a responder a cualquier pregunta sin ninguna consecuencia negativa. Todas las personas entrevistadas dieron su consentimiento informado verbal para participar. Human Rights Watch no ofreció ninguna compensación económica a cambio de las entrevistas.

Human Rights Watch sigue prácticas para reducir el riesgo de revictimización de sobrevivientes o víctimas de violencia sexual. Entre 2019 y 2020, Human Rights Watch entrevistó a sobrevivientes de violencia sexual y a sus familias para establecer el carácter generalizado de la violencia sexual en las instituciones educativas.[4] Basándonos en entrevistas detalladas con expertos que trabajan con niños, niñas y adolescentes sobrevivientes y víctimas de violencia sexual, incluidos fiscales y abogados, optamos por no entrevistar a sobrevivientes para este informe. En su lugar, documentamos nuevos casos de violencia sexual y, siempre que fue posible, solicitamos más detalles de casos nuevos y antiguos a instituciones gubernamentales y otros expertos que interactuaron con las personas sobrevivientes. También analizamos noticias de medios de comunicación y redes sociales relacionadas con los casos. Este enfoque metodológico respeta la recomendación de organizaciones de la sociedad civil y expertos ecuatorianos para minimizar el número de veces que las personas sobrevivientes tienen que contar sus historias.

En 2023, Human Rights Watch envió cartas solicitando información a cuatro instituciones gubernamentales clave comprometidas con abordar esta cuestión: dos al Ministerio de Educación, en enero y diciembre de 2023; una a la Fiscalía General del Estado, en enero de 2023; una al Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos (antes Secretaría de Derechos Humanos), en marzo de 2023; y una al Consejo de la Judicatura, en abril de 2023. Solicitamos datos sobre casos denunciados, investigaciones y enjuiciamientos de casos de violencia sexual en el ámbito educativo, así como las políticas existentes y previstas de las instituciones para prevenir y abordar la violencia sexual y de género. Las cuatro instituciones respondieron.

En mayo de 2024, Human Rights Watch envió cartas a estas mismas instituciones detallando nuestros hallazgos preliminares, borradores de recomendaciones y preguntas adicionales, solicitando comentarios antes de la publicación del informe. En junio de 2024, el Ministerio de Educación y el Consejo de la Judicatura respondieron.

Nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud Pública y la junta cantonal de protección de derechos en una provincia remota. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no respondió a nuestra solicitud de entrevista.

Human Rights Watch no reveló los nombres ni la afiliación de algunas personas entrevistadas a petición de estas, para proteger su privacidad o seguridad.

El informe también se basa en una revisión exhaustiva de documentos e informes oficiales; leyes nacionales; políticas e informes gubernamentales; presentaciones del Estado ante órganos de las Naciones Unidas; documentos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; informes de expertos independientes y órganos de tratados de la ONU; informes de organizaciones no gubernamentales (ONG); artículos académicos; noticias y otros medios de comunicación; y discusiones en redes sociales, como Twitter, Facebook, TikTok e Instagram.

En este informe, el término “niño” o “niña” se refiere a cualquier persona menor de 18 años, de acuerdo con las normas internacionales. La legislación ecuatoriana define a un niño o niña como alguien menor de 12 años, y a un o una adolescente como alguien entre 12 y 18 años.
 

I. Lento progreso en la lucha contra la violencia sexual en el ámbito educativo

Los procesos de capacitación [del personal que atiende a sobrevivientes] ... es como poniendo parches, no es ... estructural.

–Representante de una agencia de la ONU, con sede en Ecuador, agosto de 2023

Paola Guzmán Albarracín era una estudiante de 14 años que vivía en Guayaquil. A partir de principios de 2001, el vicerrector de su escuela secundaria fiscal la violó y abusó sexualmente de ella durante más de un año. El personal de la escuela estaba al tanto de lo que estaba pasando y no hizo nada para protegerla. En noviembre de 2002, Paola se enteró de que estaba embarazada y el vicerrector la obligó a someterse a un aborto, que sería realizado por el médico de la escuela. El médico también abusó sexualmente de Paola. En diciembre de 2002, Paola se suicidó a la edad de 16 años.[5]

El caso de Paola es el primero de violencia sexual en el ámbito educativo en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, posteriormente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[6]

En 2020, en el histórico caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, la Corte Interamericana ordenó a Ecuador mejorar la prevención y la atención a la violencia sexual en las instituciones educativas, y garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral.[7]

La Corte también exigió garantías de no repetición, incluyendo la implementación de cuatro medidas: proporcionar información estadística actualizada periódicamente sobre la violencia sexual en el ámbito educativo; detectar y denunciar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas; capacitar al personal educativo en abordaje y prevención de la violencia sexual; y ofrecer orientación, asistencia y atención a las víctimas y sus familiares.

En 2020, Human Rights Watch concluyó que la violencia sexual contra estudiantes, desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), estaba profundamente arraigada en el sistema educativo de Ecuador, caracterizada por la impunidad y los serios obstáculos para las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia.[8] Desde entonces, Ecuador ha avanzado en sus compromisos para responder, abordar y prevenir la violencia sexual en el ámbito educativo, aunque todavía quede mucho por hacer para resolver este problema endémico. Los medios de comunicación, la sociedad civil y la Fiscalía General del Estado continúan denunciando casos atroces, incluidos aquellos en que docentes o personal escolar abusaron sexualmente de varios estudiantes.[9] Las crisis nacionales, como los confinamientos por la pandemia de Covid-19 y la violencia generalizada relacionada con el crimen organizado, también han afectado la respuesta del gobierno en zonas con altos niveles de violencia de género.[10]

Ante niveles endémicos de violencia sexual en el ámbito educativo, el gobierno ecuatoriano ha cumplido únicamente con algunas de las medidas estructurales ordenadas por la Corte Interamericana.[11] Aunque Ecuador ha tomado pasos en la implementación de las cuatro medidas para garantizar la no repetición de los abusos, estas no han sido suficientes ni han tenido la escala y la celeridad necesarias para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes estén protegidos de la violencia sexual en el ámbito educativo.

En agosto de 2020, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ente rector responsable del cumplimiento de las sentencias internacionales, creó la Mesa Interinstitucional para la construcción de una política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo (“Mesa Interinstitucional”), que incluye otras ocho instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación y las instituciones judiciales.[12]

Desde la creación de esta mesa, CEPAM-Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos abogaron por participar como representantes de la parte demandante en el caso Guzmán Albarracín, logrando unirse en febrero de 2022.[13]

El Estado informó a la Corte sobre el cumplimiento de las medidas restantes, especialmente a través de la adopción de la Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo –anteriormente una estrategia— que se implementará hasta 2030.[14] La política tiene cuatro ejes: prevención, atención, acceso a la justicia y reparación, y generación de información, en línea con las medidas requeridas por la sentencia de la Corte Interamericana. El enfoque y las limitaciones de esta política se explorarán en las secciones siguientes. En abril de 2024, la política fue aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación, encargada de aprobar políticas públicas a nivel nacional. Las instituciones involucradas estimaron que el presupuesto necesario para las actividades de la política asciende a 272,2 millones de dólares hasta 2030, pendiente de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.[15] Sin embargo, al momento de redactar este informe, la política aún no había sido lanzada.[16]

En mayo de 2024, el Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM-Guayaquil expresaron su preocupación sobre la capacidad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para implementar y garantizar la financiación de la política.[17]

Violencia sexual arraigada en el ámbito educativo

Desde enero de 2014 hasta junio de 2024, el Ministerio de Educación recibió denuncias de 6.438 casos de violencia sexual en el sistema educativo, perpetrados por docentes, autoridades escolares, otros miembros del personal escolar, conserjes o estudiantes, afectando a un total de 7.303 niños, niñas y adolescentes.[18] Solo en los últimos cuatro años, entre enero de 2020 y junio de 2024, los datos del ministerio indican 2.827 casos dentro del sistema educativo.[19]

Sin embargo, el Ministerio de Educación excluye de estos datos al personal escolar contratado externamente, como los conductores de transporte escolar, como perpetradores dentro del sistema educativo, a pesar de que forman parte del entorno escolar y son esenciales para que los niños, niñas y adolescentes lleguen a la escuela.[20] Los datos complementarios del ministerio revelan que, entre 2014 y 2024, los conductores de transporte escolar fueron presuntos responsables en 78 casos adicionales, elevando el total de denuncias de violencia sexual en el ámbito educativo a 6.516.

Tabla 1. Delitos de violencia sexual en instituciones educativas, por año, Ministerio de Educación, 2014-2024

Fuente: Ministerio de Educación, “Casos de violencia sexual detectados o cometidos en el sistema educativo”, junio de 2024. Los conductores de transporte escolar están excluidos de la clasificación del registro REDEVI de agresores en el sistema educativo y no están incluidos en esta tabla.

A menudo, hay un desajuste entre las estadísticas de violencia sexual registradas por el Ministerio de Educación y las de la Fiscalía General del Estado, como demuestran los datos proporcionados a Human Rights Watch, expuestos en las Tablas 2 y 3.[21] El Ministerio de Educación descarga las estadísticas de la base de datos REDEVI y, desde 2018, envía mensualmente a la Fiscalía todos los casos que no han sido denunciados ante esta institución.[22] Según el ministerio, el 98,9 por ciento de los casos tienen una denuncia oficial presentada ante la Fiscalía General.[23] No obstante, el ministerio reconoce que hay casos que no se denuncian porque la fiscalía no los acepta o porque los miembros de la comunidad educativa se enfrentan a amenazas o extorsiones.[24] El ministerio ha enviado varias solicitudes oficiales a la Fiscalía para verificar o iniciar las denuncias y sus respectivas investigaciones.[25]

Como muestran las tablas siguientes, la mayoría de los agresores de violencia sexual contra estudiantes son docentes y otros estudiantes. Entre 2020 y 2022, casi el 99 por ciento de los perpetradores de violencia sexual en el ámbito educativo fueron hombres, y el 90 por ciento de las víctimas fueron mujeres.[26]

Table 2. Delitos de violencia sexual en instituciones educativas, por presuntos agresores, Ministerio de Educación, 2020-2022

Fuente: Carta del Ministerio de Educación a Human Rights Watch, 13 de febrero de 2023. Tenga en cuenta que las cifras de estos años se han actualizado desde entonces y los porcentajes solo reflejan una estimación de Human Rights Watch del número de casos por agresor a febrero de 2023. Los conductores de transporte escolar están excluidos de la clasificación del registro REDEVI de agresores en el sistema educativo, pero están incluidos en esta tabla.

Tabla 3. Delitos de violencia sexual en instituciones educativas, por presuntos agresores, Fiscalía General del Estado, 2020-2022

Fuente: Carta de la Fiscalía General del Estado a Human Rights Watch, 10 de febrero de 2023. Tenga en cuenta que las cifras de estos años se han actualizado desde entonces y los porcentajes solo reflejan una estimación de Human Rights Watch del número de casos por agresor hasta febrero de 2023.

La mayoría de los casos de violencia sexual no se denuncian. El gobierno estima que menos del 10 por ciento de las personas sobrevivientes presenta una denuncia ante las autoridades.[27] La presentación de denuncias sigue viéndose socavada por actitudes discriminatorias profundamente arraigadas entre el personal educativo y por prácticas que revictimizan a las personas sobrevivientes. Estas prácticas incluyen no creer en la palabra de las víctimas, minimizar el abuso y obligarlas a contar sus historias innumerables veces.

Violencia sexual durante la pandemia de Covid-19

El 12 de marzo de 2020, en respuesta a la pandemia de Covid-19, la entonces ministra de Educación Monserrat Creamer Guillén cerró las instituciones educativas y anunció un plan de transición a plataformas en línea para que las personas estudiantes pudieran continuar aprendiendo desde casa.[28] Las instituciones educativas estuvieron completamente cerradas durante 2020, abrieron parcialmente durante 2021 y solo reabrieron por completo en marzo de 2022.[29]

El mayor uso de la tecnología durante la pandemia aumentó los riesgos de violencia de género, según las organizaciones de la sociedad civil.[30] El aprendizaje en línea planteó desafíos únicos para mantener a los niños, niñas y adolescentes a salvo de la violencia sexual, incluyendo la capacidad del personal escolar para detectar y responder a posibles abusos.[31]

La dificultad del personal escolar para detectar casos de violencia sexual durante el aprendizaje en línea es evidente al comparar el número de casos denunciados de un mes a otro. En febrero de 2020, el Ministerio de Educación recibió 227 denuncias de violencia sexual detectada o cometida en el sistema educativo.[32] Al mes siguiente, en marzo de 2020, el ministerio recibió 132 denuncias. Y en abril de 2020, cuando las instituciones educativas estuvieron cerradas para clases presenciales durante todo el mes, solo se recibieron 22 denuncias. Diana Castellanos Vela, exviceministra de Educación, comentó sobre la “caída fuerte y pronunciada en el número de registro de casos entre 2019 y 2020”, y que el reporte de estadísticas se estabilizó en 2022 y 2023, una vez que las personas estudiantes volvieron a las aulas.[33]

El número de casos registrados aumentó progresivamente a medida que las escuelas se adaptaban al aprendizaje en línea, y luego aumentó significativamente cuando las escuelas reabrieron completamente en marzo de 2022, según los datos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, de abril de 2020 a abril de 2021, hubo un aumento del 460 por ciento en los casos denunciados; de abril de 2021 a abril de 2022, un mes después de la reapertura total de las escuelas, hubo un aumento del 151 por ciento.[34] Castellanos Vela señaló que la escolarización presencial permite detectar casos y activar protocolos.[35]

Las organizaciones de la sociedad civil también identificaron las dificultades que enfrentaban las víctimas para denunciar la violencia sexual ante las autoridades policiales y de justicia durante el confinamiento por la pandemia en 2020, lo que se tradujo en una disminución de las denuncias por violencia sexual.[36] Esto se debió a diversos factores, como la reducción de los servicios presenciales en las fiscalías[37] y en el sistema judicial, así como la sobrecarga del sistema de salud.[38] Algunas sobrevivientes tenían una capacidad limitada para acceder a herramientas virtuales de denuncia, ya que estaban confinadas en casa con su agresor, no tenían acceso a dispositivos[39] o las líneas telefónicas estaban saturadas.[40] Surkuna, una organización feminista de incidencia y litigio público, reportó que las mujeres y las niñas a menudo enfrentaban obstáculos para acceder a los servicios de emergencia o presentar denuncias ante la policía y las fiscalías.[41]

Además, en algunas ocasiones, personas ajenas al sistema educativo se infiltraron en las plataformas de aprendizaje en línea de las personas estudiantes y enviaron imágenes de contenido sexual.[42] Estos casos evidencian la limitada seguridad de las plataformas utilizadas por las instituciones públicas y de sus sistemas informáticos.[43]

Aumento de la inseguridad y violencia relacionada con las pandillas

Ecuador ha experimentado, en los últimos años, un incremento notable en los niveles de inseguridad y violencia. Entre 2019 y 2023, los homicidios aumentaron un 571 por ciento, pasando de una tasa de 7 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 47 por cada 100.000 en 2023,[44] situando a Ecuador entre los países más violentos de América Latina.[45] Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que los homicidios de niños, niñas y adolescentes en 2023 crecieron un 640 por ciento en comparación con 2019.[46] Grupos defensores de los derechos de la niñez y adolescencia y expertos de la ONU han advertido sobre el impacto de estos niveles de violencia en los niños, niñas y adolescentes y en sus derechos,[47] incluyendo los riesgos de explotación sexual y coerción para ejercer violencia.[48] En 2022 y 2023, el Ministerio de Educación suspendió temporalmente las clases presenciales por períodos variados en algunas regiones afectadas por la violencia, incluyendo durante estados de emergencia, como en Guayaquil y Durán.[49] Por ejemplo, en el cantón Durán,[50] provincia del Guayas,[51] la educación presencial se suspendió casi dos meses.

El 9 de enero de 2024, el Presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado” contra las pandillas, lo que llevó al Ministerio de Educación de Ecuador a suspender temporalmente todas las clases presenciales y pasar a la enseñanza en línea en todo el país, afectando a casi 4,3 millones de estudiantes.[52] Tras dos semanas, el ministerio reabrió escuelas en algunas partes del país,[53] pero las de las zonas más violentas, como Quito y las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, permanecieron cerradas por más tiempo.[54] En enero, en algunas provincias, personas desconocidas y enmascaradas, en un caso, armadas, hackearon las clases en línea para amenazar a alumnos y docentes.[55] Todas las escuelas reabrieron por completo en marzo, casi dos meses después de la declaración.[56]

La inseguridad y la delincuencia afectan la capacidad de las escuelas para responder a la violencia sexual y aumentan la vulnerabilidad de estudiantes y docentes.[57] Como muestran los datos, en la educación a distancia, es más difícil para el personal escolar y los DECE detectar casos de violencia sexual, dentro y fuera del sistema educativo,[58] lo que repercute en su capacidad para activar protocolos vinculantes.[59] El Ministerio de Educación ha reconocido ante Human Rights Watch las dificultades de detectar la violencia durante el aprendizaje en línea. Desde la pandemia de Covid-19, cuando las clases a distancia se convirtieron en una práctica rutinaria durante las emergencias, el ministerio ha implementado mecanismos de denuncia de la violencia sexual. Los docentes han tenido herramientas para identificar riesgos y detectar casos,[60] y han mantenido contacto virtual con las personas estudiantes.[61]

El aumento de la delincuencia, la violencia y la inseguridad han dificultado la respuesta gubernamental a la violencia sexual. Yoli Pinillo Castillo, fiscal y coordinadora de la unidad de género de la fiscalía de Guayaquil, expresó su preocupación por la creciente inseguridad que deja desprotegidas a las víctimas de violencia de género. Según Pinillo Castillo, la policía ha dejado de responder a llamadas de emergencia relacionadas con casos de violencia de género en zonas conflictivas.[62] Otros expertos han compartido esta preocupación.[63]

Desafíos institucionales en la respuesta a los abusos

En 2020, el Ministerio de Educación actualizó sus protocolos de 2014 para responder a los casos de violencia sexual detectados en las instituciones educativas.[64] Estos protocolos enfatizan la obligación legal de los docentes, DECE y demás personal de denunciar los casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas.[65] En septiembre de 2023, en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional de 2021 sobre la difusión no consentida de imágenes íntimas entre adolescentes, el ministerio publicó protocolos específicos para abordar la violencia digital detectada en el sistema educativo.[66]

Escasez de departamentos de consejería estudiantil

Los departamentos de consejería estudiantil, o DECE –compuestos por orientadores educativos, psicólogos y trabajadores sociales en las instituciones educativas y en los distritos— son responsables de responder y denunciar casos de violencia sexual.[67] En las escuelas fiscales, el DECE es seleccionado por el personal del distrito, que a su vez es seleccionado por una red de DECE; en las escuelas particulares la selección del personal es responsabilidad de cada institución.[68]

Sin embargo, existe una escasez crítica de DECE, lo que deja a muchos sobrecargados de trabajo y limita el acceso de las personas estudiantes a personal capacitado.[69] Esta notable carencia de personal fundamental también obstaculiza el logro de los objetivos de atención establecidos en la Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Entre estos objetivos se incluye garantizar una atención especializada, integral y oportuna a los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en el ámbito educativo que necesiten servicios médicos, psicológicos, sociales y legales.

La ley nacional de educación exige una proporción de al menos un DECE por cada 450 alumnos.[70] Sin embargo, el Ministerio de Educación informó a Human Rights Watch que en 2021 la proporción era de uno por cada 1.354 estudiantes, y en 2022, de uno por cada 1.129.[71] El número de psicólogos varía según la provincia y la zona; por ejemplo, en las islas Galápagos, solo había 2 o 3 DECE para atender a una población estudiantil de más de 7.000 alumnos y alumnas en 2023.[72] Ecuador se ha comprometido a cerrar esta brecha para 2025, según el Ministerio de Educación.[73] En diciembre de 2023, había 3.153 psicólogos en todo el país, muy por debajo de la proporción exigida por la ley.[74]

“Los equipos del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de las instituciones educativas, le siguen restando importancia a la atención de casos de abuso o acoso sexual en las aulas, provocando que ocurran más situaciones de violencia y revictimización”, señaló Ammy, líderesa del Movimiento Por Ser Niña.[75]

El prestigio de la escuela por encima de la protección del alumnado

El Ministerio de Educación ha informado sobre la adopción de diversas medidas para asegurar que todas las autoridades competentes del sistema educativo conozcan los protocolos. Estas medidas incluyen la difusión de los protocolos en las instituciones educativas y la formación de miles de miembros del personal educativo.[76] A pesar del aumento en la concienciación sobre la obligatoriedad de estos protocolos, muchos miembros del personal escolar no siempre los respetan, ni siquiera tomando el paso básico de denunciar los casos a las autoridades competentes.[77]

Human Rights Watch encontró en 2020, a partir de casos documentados, que parte del personal escolar tiende a proteger a sus colegas, incluidos los presuntos agresores, así como la imagen, reputación y prestigio de la institución educativa.[78] Esta actitud –a menudo denominada “espíritu de cuerpo”— sigue afectando las respuestas de algunas escuelas a la violencia sexual.[79] “El personal docente prefiere acogerse al silencio institucional, antes que realizar los debidos procesos de denuncia, para que las alumnas no continúen estudiando en los mismos espacios en los que se encuentran sus agresores”, dijo Ammy, líderesa del Movimiento Por Ser Niña.[80]

En abril de 2022, en Quito, la violación de una estudiante por el conductor de su transporte escolar y la respuesta del colegio suscitaron una condena generalizada.[81] María Brown Pérez, exministra de Educación, comentó que en este caso las autoridades escolares priorizaron la imagen de la escuela sobre el bienestar de la sobreviviente y de otros estudiantes.[82]

Al parecer, las autoridades escolares no cumplieron plenamente con los protocolos establecidos para responder a los casos de violencia sexual. Entre sus obligaciones estaban informar al DECE sobre los abusos, proporcionar servicios psicológicos inmediatos a la sobreviviente y apoyar a ella y a su familia en la presentación de una denuncia oficial ante la fiscalía.[83] Notificar de inmediato al DECE habría agilizado el apoyo a la sobreviviente y minimizado el daño adicional en una situación ya de por sí traumática.

Este caso evidenció un desconocimiento de los protocolos y una desconfianza en la palabra de la sobreviviente, según Lorena Chávez Ledesma, de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien participó en la investigación.[84] La directora del colegio, despedida por el Ministerio de Educación, admitió desconocer que debía informar al DECE y brindar apoyo a la sobreviviente y su familia, como establecen los protocolos de 2020.

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos del Ministerio, encargada de gestionar las faltas cometidas en el sistema educativo, ordenó al colegio contratar a otra empresa de transporte escolar y socializar los protocolos entre el personal del colegio.

En diciembre de 2022, en Cuenca, capital de la provincia de Azuay, los medios reportaron 13 denuncias contra un psicólogo, miembro del DECE de la institución educativa particular. Doce de estas denuncias fueron por abuso sexual y una por acoso sexual a niños de 4 y 5 años.[85] El abogado que representa a 9 de los niños informó a Human Rights Watch que, aunque solo se presentaron 13 denuncias oficiales, hubo más niños afectados cuyos familiares decidieron no denunciar.[86]

El abogado de 9 de los niños también dijo a Human Rights Watch que muchas familias decidieron no denunciar para proteger a sus hijos del escrutinio público.[87] Además, el personal de la institución educativa y los padres temían que el escándalo de los abusos sexuales afectara la financiación, reputación y prestigio de la institución.[88] Bajo presión, el psicólogo fue suspendido oficialmente cuatro días después de que la rectora presentara una denuncia oficial ante la fiscalía.

El ministerio no sancionó a la institución educativa después de que los funcionarios educativos del distrito y de la zona determinaran que el personal de la institución educativa no habían incumplido los protocolos contra la violencia sexual.[89] Sin embargo, el ministerio, junto con funcionarios del distrito de Cuenca, implementó medidas adicionales de prevención, como la implementación de la educación sexual integral (ESI) en todos los niveles educativos, la socialización de los protocolos y el seguimiento de los servicios psicoterapéuticos para todas las víctimas.[90]

En una institución educativa particular de Guayaquil, un profesor de música fue acusado de abusar sexualmente de cinco niños de 9 y 10 años.[91] Pinillo Castillo, la fiscal investigadora, dijo que el personal educativo estaba al tanto del abuso y no lo denunció proactivamente a las autoridades. Pinillo Castillo dijo a Human Rights Watch que los empleados no denunciaron porque consideraban que los abusos “no habían pasado a mayores”. Las madres de los sobrevivientes, indignadas por la minimización del abuso, presentaron una denuncia formal ante la fiscalía. Pinillo Castillo explicó que el personal educativo eventualmente colaboró con la investigación solo bajo la presión de los padres y el temor a sanciones.[92] La institución educativa dejó la responsabilidad de la denuncia en los padres, en lugar de actuar inmediatamente ante los relatos de los niños.

Human Rights Watch también entrevistó a una abogada que relató un caso de violencia sexual contra una alumna de 7 años de una institución educativa fiscal en Quito. En 2022, un conductor de transporte escolar fue acusado de acosar sexualmente a la niña, quien viajaba en su autobús escolar y vivía cerca de él, compartiendo con ella vídeos pornográficos y mensajes de contenido sexual. Según la abogada de la niña, cuando los funcionarios de la institución educativa se enteraron, le dijeron a la madre que se encargarían del asunto y le pidieron que no hiciera una “bomba” de ello. Dos días después, despidieron al conductor. La abogada de la niña informó a Human Rights Watch que el conductor se encuentra en paradero desconocido. La abogada presentó una denuncia contra la directora como representante de la institución educativa que había contratado a la empresa de transporte escolar, acusándola de no denunciar el caso y de no seguir el protocolo. La directora fue acusada formalmente, y en noviembre de 2023 estaba pendiente la audiencia previa.[93]

Retrocesos en las sanciones administrativas a docentes acusados de violencia sexual

Los avances en la lucha contra la impunidad en el sistema educativo a través de sanciones a docentes han sufrido retrocesos debido a una sentencia perjudicial de la Corte Constitucional de 2021, que ha sido ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil, y ha tenido un efecto dominó en otros casos de violencia sexual.[94]

Las sanciones contra las instituciones educativas particulares y fiscomisionales se determinan a través de procedimientos administrativos llamados procesos sancionatorios, y dependiendo de la infracción pueden resultar en multas, separación del personal del establecimiento o revocación de la autorización de funcionamiento de la institución educativa.[95]

Las sanciones administrativas contra los funcionarios de las instituciones educativas fiscales se determinan mediante investigaciones tramitadas en el Ministerio de Educación. Las sanciones dependen del tipo de infracción cometida. La destitución se contempla solo en caso de infracción muy grave, como cometer violencia sexual o no denunciar casos de violencia a las autoridades.[96] Entre 2020 y 2022, un total de 38 docentes de instituciones educativas fiscales fueron destituidos por el Ministerio de Educación debido a denuncias de violencia sexual, según datos del Ministerio de Educación solicitados por Human Rights Watch.[97]

El caso en el que la Corte Constitucional emitió su sentencia de 2021 comenzó en 2019, en un colegio público de Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde un profesor de cultura física acosó sexualmente a una estudiante de 13 años tocándola de manera inapropiada. El rector del colegio denunció el caso ante la Fiscalía, pero esta determinó que no había pruebas para formular cargos y archivó el caso. También se abrió un expediente administrativo, y el profesor fue destituido de su cargo. El profesor apeló la sanción y, tras ser denegada, interpuso un recurso extraordinario de revisión, que tampoco prosperó. El profesor presentó entonces una acción de protección contra el Ministerio de Educación, alegando que se habían vulnerado sus derechos al ser destituido. El profesor tuvo éxito: se anuló su destitución y fue readmitido en su puesto. El Ministerio apeló la decisión, y el caso llegó finalmente a la Corte Constitucional.[98]

La sentencia de la Corte Constitucional confirmó que la estudiante sufrió acoso sexual. La Corte determinó que la proporcionalidad entre un hecho y su sanción depende de la intensidad del daño, los efectos en la víctima y las posibles consecuencias para el acusado.[99] Como se concluyó que la estudiante no había sufrido física ni mentalmente, y considerando que la destitución afectaría negativamente al profesor, la Corte dictaminó que la destitución era “excesiva” y “no proporcional” a la “leve” infracción cometida. La Corte indicó que la sanción adecuada habría sido la suspensión[100] y que el tiempo que el profesor estuvo suspendido durante la investigación fue suficiente.[101] Además, ordenó al Ministerio de Educación que considerara la justicia restaurativa en las prácticas de resolución de conflictos, además de presentar denuncias oficiales.[102] Sin embargo, el Observatorio Paola Guzmán Albarracín señaló que la justicia restaurativa en casos que involucran a docentes y estudiantes no considera los desequilibrios de poder entre las personas estudiantes y los agresores en posiciones de poder, ni la posible revictimización de las personas sobrevivientes.[103]

Un análisis del Ministerio de Educación reveló que, de 49 casos en los que los profesores presentaron una acción de protección contra el ministerio por destitución administrativa debido a violencia sexual desde la sentencia de 2021, los tribunales anularon las decisiones ministeriales en 23 casos, lo que resultó en la reincorporación de esos 23 profesores a sus puestos.[104]

Para pagar la indemnización a los docentes reincorporados, las coordinaciones zonales y direcciones distritales tuvieron que desviar fondos destinados a medidas de prevención y protección, como el mantenimiento de las escuelas, incluyendo los baños, y detener la contratación de nuevos docentes y personal judicial, según la exviceministra de Educación.[105]

Para evitar la revictimización de las personas estudiantes, que podrían encontrarse con los docentes que les sometieron a abuso, el ministerio ha implementado medidas de emergencia. Estas medidas aseguran que los docentes reincorporados tras las decisiones judiciales no tengan contacto con las víctimas. En algunos casos, los docentes han sido reasignados a funciones administrativas.[106]

Desafíos en la recopilación de datos interministeriales

La Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo de Ecuador establece los objetivos del Estado para mejorar la recopilación de datos y proporcionar información y estadísticas actualizadas periódicas sobre la violencia sexual en el ámbito educativo, así como sobre las políticas, planes y acciones para abordarla.[107] Desde 2018, el gobierno ha realizado esfuerzos significativos para mejorar la recopilación de datos y la presentación de informes. En particular, el Ministerio de Educación creó una base de datos integral llamada Registro de Violencia del Ministerio de Educación (REDEVI), que rastrea las denuncias recibidas y recopila estadísticas periódicas sobre los casos de violencia sexual denunciados desde 2014.[108]

El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ecuador está compuesto por varias instituciones locales y nacionales que planifican y coordinan las acciones gubernamentales en materia de violencia contra las mujeres y niñas.[109] Estas instituciones deben contribuir al Registro Único de Violencia (RUV), que rastrea todos los casos denunciados de violencia sexual, incluidos los ocurridos fuera del sistema educativo.[110] En noviembre de 2022 se lanzó la primera fase del RUV.[111] Todas las instituciones están obligadas a compartir la información recopilada sobre víctimas de violencia a través de denuncias, casos o servicios prestados. Los funcionarios han subrayado la importancia del RUV para evitar la revictimización, permitiendo que las víctimas no tengan que presentar una denuncia cada vez que buscan servicios en distintas instituciones gubernamentales.[112]

No obstante, la implementación del RUV ha enfrentado obstáculos debido a los limitados avances institucionales en la recopilación y desarrollo de datos, así como a la falta de coordinación entre instituciones. Estas deficiencias han planteado retos para la respuesta institucional a la violencia sexual, por ejemplo, dificultando el seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección.[113]

Dado que las instituciones recopilan diferentes categorías de datos y tienen sus propias bases de datos separadas, puede resultar difícil comparar los conjuntos de datos,[114] lo que da lugar a una imagen incompleta de la prevalencia de la violencia sexual en el ámbito educativo. Por ejemplo, mientras que el Ministerio de Educación recopila información sobre la relación entre la víctima y el agresor para establecer si la violencia ocurrió en el ámbito educativo, el Consejo de la Judicatura, que administra las tres ramas que conforman el sector de la justicia –jueces, fiscales y defensores públicos—, recopila información sobre la profesión del agresor.[115] Una funcionaria del Consejo de la Judicatura dijo a Human Rights Watch que algunas instituciones que participan en el RUV no han desarrollado parámetros para contribuir a la base de datos, y que algunas parecen tener recursos inadecuados para la recopilación de datos y el seguimiento de los casos.[116] Incluso para las instituciones que han desarrollado parámetros, como el Consejo de la Judicatura, no se había asignado a ningún miembro del personal para recibir información estadística del Consejo de la Judicatura.

El RUV incluirá una variable sobre violencia sexual cometida en las instituciones educativas a mediados de 2025, y se espera que las estadísticas sobre violencia de género estén disponibles a finales de 2025, según una versión de abril de 2024 de la Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo.[117] La primera publicación de estadísticas del RUV en noviembre de 2023, con datos proporcionados por siete instituciones gubernamentales, incluía desgloses por raza/etnia, tipo de discapacidad y tipo de violencia.[118]

A pesar de los avances en la recopilación y publicación de estadísticas sobre violencia sexual en las bases de datos REDEVI y RUV, existen limitaciones importantes, entre las que se incluyen las siguientes:

• El primer informe del RUV, con datos proporcionados por siete instituciones gubernamentales, no incluyó ni publicó datos sobre violencia digital.

• El Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura no recopilan datos sobre el tipo de plataforma o servicio de mensajería donde ocurrió la violencia sexual digital, según la información proporcionada a Human Rights Watch.

• El Ministerio de Educación no publica datos sobre la condición de discapacidad, a pesar de recopilar esta información.

• El Ministerio de Educación no clasifica a los conductores de transporte escolar como actores dentro del sistema educativo, lo que significa que el número de casos de violencia sexual en el ámbito educativo está subestimado.

• El Ministerio de Educación no recoge información sobre raza/etnia. Sin embargo, el ministerio afirma que, aunque no recopila datos sobre raza u origen étnico, proporciona servicios integrales a todas las víctimas y trabaja con otras instituciones gubernamentales para promover los derechos y prevenir la violencia sexual teniendo en cuenta estos factores.[119]

El Ministerio de Educación informó a Human Rights Watch que está trabajando con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para fortalecer su sistema REDEVI, y con el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para mejorar la base de datos del RUV.[120]

Según una versión de abril de 2024 de la Política pública, el presupuesto hasta 2030 para todas las actividades que forman parte del eje de “generación de información” es de 13,1 millones de dólares.

II. Esfuerzos de prevención inadecuados

Las instituciones educativas no están actuando como una comunidad protectora y de prevención.

–Carla Patiño Carreño, Fundación Idea Dignidad, marzo de 2023

El Estado ecuatoriano ha reconocido que la prevención es un componente crítico de sus esfuerzos para erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas. Su nueva Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo busca fortalecer estos los esfuerzos de prevención del sistema educativo una vez implementada. El Estado se ha centrado en capacitar a docentes y otros miembros de la comunidad educativa, asegurando que tanto los educadores como los estudiantes estén informados sobre sus protocolos y mecanismos de denuncia. Además, ha incorporado la educación sexual integral (ESI), una intervención efectiva y basada en evidencias, tanto en su currículo como en una estrategia nacional. Planea institucionalizar todos estos esfuerzos en su política pública una vez que esté implementada.

Sin embargo, los objetivos de prevención se ven gravemente obstaculizados por la falta de fondos adecuados para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo y la violencia de género contra niños, niñas y adolescentes. Además, existen obstáculos significativos para la implementación de la ESI en las instituciones educativas.

Presupuestos nacionales limitados para la prevención y la erradicación

Las medidas de prevención de Ecuador no están a la altura de la gravedad de la violencia sexual en el ámbito educativo ni de la urgente necesidad de implementar su compromiso de tolerancia cero contra esta violencia. La escasa asignación presupuestaria y el bajo gasto en prevención no respaldan su compromiso de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana para prevenir y poner fin a los tipos de abusos descritos en este informe.

La financiación y los recortes presupuestarios han paralizado históricamente los esfuerzos para abordar la violencia sexual en el ámbito educativo. Por ejemplo, en 2022, la educación representó el 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, una disminución respecto al 4,6 por ciento de 2018, un nivel que no se ha recuperado tras años de medidas de austeridad y los efectos de la pandemia de Covid-19.[121] El gobierno se comprometió a aumentar la financiación para abordar la violencia de género de 4,7 millones de dólares en 2020 a 24 millones de dólares para el período 2022-2025.[122] Sin embargo, la financiación destinada a abordar la violencia de género, parte de la cual se dirigiría a la violencia sexual en el ámbito educativo, no se gastó en su totalidad en 2023 y se redujo en 2024, a pesar de que las denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes se mantienen en niveles al menos tan altos como en años anteriores.[123]

En 2023, el Ministerio de Educación informó que su presupuesto total para prevenir y abordar la violencia sexual fue de casi 1,97 millones de dólares en 2020, cifra que se redujo a 328.400 dólares en 2021. El presupuesto para estos esfuerzos aumentó de nuevo en 2022, alcanzando los 970.000 dólares, pero se redujo casi a la mitad en 2023, a un presupuesto de 581.000 dólares.[124] Durante ese año, se gastaron 75.650 dólares en la prevención de riesgos psicosociales, incluyendo la violencia sexual, según el informe de rendición de cuentas del ministerio para 2023.[125] La Secretaría Nacional de Planificación encontró que el proyecto de riesgos psicosociales del ministerio tuvo “bajo cumplimiento de metas físicas y baja ejecución presupuestaria”[126]

En 2024, el Ministerio de Educación planificó un presupuesto de casi 203.000 dólares para prevenir y abordar los riesgos psicosociales en el entorno educativo, como parte de su Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS).[127]

La Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo establece que todas las instituciones participantes deben asignar financiamiento para cumplir con todas las actividades bajo sus cuatro ejes: prevención, atención, acceso a la justicia y reparación integral, y generación de información. Según la versión de abril de 2024 de esta política, el presupuesto total estimado es de 272,2 millones de dólares hasta 2030.[128]

De esa suma, 249,5 millones de dólares están destinados para las actividades de atención, que estarán a cargo del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.[129] La mayor parte de esos fondos, 236,7 millones de dólares, se invertirá en la contratación de DECE, con el objetivo de reducir la brecha en un 50 por ciento.[130]

Para actividades de prevención, se han asignado 8 millones de dólares hasta 2030, de los cuales 7,6 millones se destinarán a actividades relacionadas con la educación sexual integral.[131] En el marco de la política, la asignación anual actual para prevención es de 1,1 millones de dólares hasta 2030.

Educación sexual integral

El Ministerio de Educación ha lanzado varias iniciativas de educación sexual integral (ESI) en las instituciones educativas, pero estos esfuerzos han sido poco sistemáticos y han encontrado niveles de aceptación dispares entre profesores, padres y personal escolar.

Expertos, expertas y organizaciones de la sociedad civil de Ecuador y de toda la región han reiterado la necesidad de adoptar medidas a escala nacional para garantizar a los niños, niñas y adolescentes una ESI que les proporcione herramientas para identificar, denunciar y defenderse contra la violencia sexual.[132] La Corte Interamericana confirmó en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador que el “derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación”[133]

Cuando se implementa de acuerdo con los estándares internacionales, la ESI es crucial para fomentar prácticas seguras e informadas respecto a la pubertad, la menstruación, el desarrollo sexual, las relaciones y prácticas sexuales seguras. También es fundamental para prevenir la violencia de género, la desigualdad de género, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.

Desde 2021, el Ministerio de Educación ha lanzado varias iniciativas relacionadas con la ESI en las instituciones educativas.[134] Estas incluyen el desarrollo de una metodología para todos los niveles educativos en 2021 y la enseñanza de esta metodología a miles de estudiantes y docentes;[135] cursos en línea y talleres de sensibilización para docentes, DECE[136] y estudiantes; y la distribución de materiales a través de copias impresas, videos y cómics, entre otros.[137] También ha lanzado un plan de formación permanente y continua para docentes, que abarca temas sobre prevención de la violencia y ESI.[138] Aunque el Ministerio ha logrado avances, enfrenta retos considerables.

Los esfuerzos anteriores en materia de ESI han sido poco sistemáticos en las instituciones educativas, y el Ministerio de Educación ha tenido dificultades para aplicar sus metodologías de ESI en todas las instituciones educativas.[139] Por ejemplo, en 2022 y 2023, casi el 74 por ciento de las instituciones educativas que habían realizado al menos una intervención de ESI no utilizaron las herramientas promovidas por el Ministerio, según una funcionaria del Ministerio de Educación.[140]

Enseñar una ESI de calidad requiere docentes adecuadamente formados y sensibilizados. Trabajar en la implementación para los docentes y los DECE implica desafiar los roles y estereotipos de género, garantizar que no se refuercen actitudes sexistas entre el personal y comprender la diversidad sexual y de género.[141] Los grupos religiosos y políticos, tanto dentro como fuera de las instituciones, también han obstaculizado los esfuerzos para implementar la ESI en las instituciones educativas.[142] Diana Castellanos Vela, exviceministra de Educación, dijo a Human Rights Watch que ella y otros funcionarios a cargo de las iniciativas de ESI se enfrentaron a falsas acusaciones de “adoctrinar” a los niños, niñas y adolescentes, junto con críticas basadas en la afirmación de que la educación sexual es responsabilidad y derecho exclusivo de la familia.[143]

Los docentes y las familias a menudo muestran resistencia a la formación sobre temas relacionados con la prevención de embarazos en adolescentes y la ESI.[144] “Los maestros se molestan, se enojan, nos dicen: ‘¿Cómo pretenden que hablemos así a los niños?’”, explicó una funcionaria que imparte este tipo de formación en las instituciones educativas.[145]

“El género, la orientación sexual y la identidad de género son temas que no se trabajan en el currículo escolar”, afirmó Ammy, líderesa del Movimiento Por Ser Niña.[146] Según representantes de la ONU, es posible que el personal escolar no entienda estos temas debido a las diferencias generacionales y a la falta de formación o educación adecuada de estos temas,[147] a pesar de que son parte integral de la ESI. El 48 por ciento de los 29.225 adolescentes y jóvenes encuestados por UNICEF en 2022 no sabían si su institución educativa ofrecía consejería y educación para la familia sobre temas relacionados con la comunidad LGBTI+.[148]

Una funcionaria del Ministerio de Educación señaló que una guía de 2018, desarrollada para prevenir y combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, no fue “implementada adecuadamente por temas políticos”.[149] Esta observación coincide con informes de docentes y otros grupos que han rechazado estos temas y con informes sobre la limitada socialización de la guía en las instituciones educativas.[150] Desde que el presidente Noboa asumió el cargo, el Ministerio de Educación ha tomado medidas para socializar la guía. A diciembre de 2023, según el Ministerio de Educación, se estaba trabajando con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para capacitar a docentes y DECE en estos temas, siendo una prioridad de esta administración implementar la guía.[151] La prevención y respuesta a la discriminación y violencia por diversidades sexuales y genéricas están incluidas en las herramientas que forman parte de la estrategia ENEIS.[152]

Las instituciones gubernamentales han impartido capacitaciones y realizado otras actividades de sensibilización sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.[153] “Estas formaciones deberían ser permanentes, sobre todo porque las manifestaciones de violencia en un sistema patriarcal, así como las actitudes sexistas son difíciles de cambiar mediante procesos de formación aislados”, afirmó Ammy, líderesa del Movimiento Por Ser Niña.[154] Los representantes de la ONU también han subrayado la necesidad de impartir formación continua y de adaptar los planes de estudio a niños, niñas y adolescentes de diferentes contextos, grupos y zonas.[155]

El 14 de agosto de 2023, Día de lucha contra la violencia sexual en las aulas, el Ministerio de Educación presentó por primera vez su Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS),[156] con el objetivo de brindar “lineamientos para la implementación, apoyo y seguimiento de educación integral en sexualidad en el nivel nacional, zonal y distrital”.

Sin embargo, el ministerio estableció un objetivo limitado para garantizar que el 40 por ciento de las instituciones educativas fiscales implementen todos los programas relacionados con la ESI con los estudiantes y las familias,[157] y que al menos el 50 por ciento de los docentes estén capacitados en herramientas y metodologías para implementar el plan de estudios de ESI, para 2030.[158] Estudios realizados en 2021 y 2022 sobre el estado de implementación de la ESI en 19 países de América Latina encontraron que la implementación en Ecuador estaba entre las más bajas.[159]

En octubre de 2023, el Ministerio de Educación emitió la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, exigiendo su aplicación en todas las instituciones educativas del país.[160] En mayo de 2024, el ministerio comenzó la implementación de la estrategia en 1.120 escuelas, con planes para evaluar su aplicación en 2025 y aumentar con el tiempo el número de escuelas.[161]

Los temas que se impartirán se basan en las metodologías y herramientas desarrolladas previamente.[162] El ministerio ha establecido estándares para supervisar el cumplimiento de la estrategia por parte de las instituciones educativas, como exigir que asistan al menos al 75 por ciento de las sesiones de la red distrital de educación integral en sexualidad, que al menos un rector o una rectora de la institución educativa y el 50 por ciento de los docentes reciban formación en la ESI, y que al menos el 50 por ciento de estudiantes realicen un proyecto que incluyan la ESI.[163] También se está elaborando un plan de seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia.[164] Si una institución educativa no aplica la estrategia, esto podría considerarse negligencia y la institución educativa podría ser sancionada de acuerdo con la ley de educación de Ecuador.[165]

En noviembre de 2023, el ministerio publicó un nuevo currículo para todas las instituciones educativas del país,[166] que abarca, entre otros temas, la detección y denuncia de la violencia. Este currículo comenzará a aplicarse en el curso 2024-2025.
 

III. Avances limitados en el acceso a la justicia y las reparaciones

Las personas no van a poner denuncias. No lo hacen porque (el proceso) es terrible, es revictimizarte, es gastarte tu vida en alguien que no te va a escuchar. Entonces los pocos casos que se judicializan son porque esas madres tienen una fuerza de voluntad del tamaño del Cotopaxi.

–Exfuncionaria, Secretaría de Derechos Humanos (ahora Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos), marzo de 2023

El acceso a la justicia es un esfuerzo complicado para las víctimas y sus familias; muchas ni siquiera denuncian los casos debido a la falta de confianza en el sistema judicial.[167] La expectativa de impunidad, la ausencia de una justicia rápida y la falta de sanciones para los agresores disuaden a las familias de presentar denuncias.[168] La salud mental de las víctimas y sus familiares a menudo se ve afectada por un proceso judicial largo, hostil y percibido como injusto.[169] Las personas sobrevivientes y sus familias enfrentan barreras significativas en cada etapa del proceso judicial, como la revictimización, las amenazas para abandonar los casos y los procedimientos judiciales prolongados y costosos. En muchos casos, deciden no denunciar a su agresor o abandonan el proceso, lo que lleva a los fiscales a no continuar con la investigación.[170]

En junio de 2023, la Coalición Contra el Abuso Sexual a la Niñez (COCASEN) y la Defensoría del Pueblo de Ecuador iniciaron una investigación sobre el cumplimiento institucional de las recomendaciones que la Comisión AAMPETRA hizo a varias instituciones, incluyendo la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (ahora Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos).[171] Entre las recomendaciones se incluía la creación de una comisión de la verdad por parte de la Asamblea Nacional para dar seguimiento a las 7.531 denuncias registradas en la Fiscalía General entre enero de 2015 y abril de 2018, que en ese momento estaban pendientes y no eran competencia de la Comisión.[172] En diciembre de 2023, la Defensoría del Pueblo publicó un primer informe sobre sus hallazgos. Basado en información proporcionada por varias instituciones gubernamentales, encontraron que pocos casos de violencia sexual institucional resultaron en sentencias, lo que “genera una sensación de impunidad en las víctimas y la sociedad”.[173]

Datos de la Fiscalía, analizados por Human Rights Watch, muestran que de las 647 denuncias por violencia sexual contra docentes, personal escolar y estudiantes recibidas entre 2020 y 2022, 592 estaban en investigación previa y 17 llegaron a juicio.[174]

Durante los periodos de confinamiento relacionados con la pandemia de Covid-19 y posteriormente, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura tomaron varias medidas para mejorar la protección frente a la violencia de género[175] y el acceso a los servicios correspondientes, reducir la impunidad y la revictimización,[176] y capacitar al personal en materia de violencia sexual y de género, justicia juvenil, orientación sexual e identidad de género y ciberseguridad.[177] El Consejo de la Judicatura también emitió una resolución para priorizar los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y sancionar a los profesionales que no reciban capacitación.[178]

Además, la Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo, que busca garantizar el acceso a la justicia especializada, la no revictimización en los procesos administrativos y judiciales, y la reparación integral, obliga a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura a diseñar una estrategia de capacitaciones para el personal que toma parte en los procesos judiciales y administrativos, y a evaluar al personal después de las capacitaciones, entre otras medidas.[179] En su eje de “acceso a la justicia y reparaciones”, la política establece la meta de brindar al 90 por ciento del personal al menos una capacitación sobre violencia sexual para 2030. Según la versión de abril de 2024 de la política, el presupuesto para el eje de “acceso a la justicia y reparaciones” para todas las actividades hasta 2030 es de 1,5 millones de dólares, la asignación presupuestaria más baja de los cuatro ejes.

De 2018 a 2022, el Consejo de la Judicatura ha invertido cerca de 30 millones de dólares en la creación y fortalecimiento de unidades judiciales, incluyendo la contratación de personal, capacitaciones, equipamiento e infraestructura.[180] El Consejo afirma que necesita un presupuesto anual de 22 millones de dólares para mantener sus servicios especializados en la atención de casos de violencia.[181]

En un borrador anterior de esta política, revisado por Human Rights Watch, y en una carta del Consejo de la Judicatura a Human Rights Watch, se establecía el objetivo de aumentar el personal de la fiscalía para abordar los casos de violencia sexual.[182] Sin embargo, en el borrador de octubre de 2023 presentado a la Secretaría Nacional de Planificación para su aprobación, y que finalmente se aprobó en abril de 2024, esta medida fue eliminada, a pesar de las críticas del Centro de Derechos Reproductivos que subrayaban las limitaciones de la Fiscalía para investigar y procesar eficazmente la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.[183]

La falta de fondos adicionales y los limitados objetivos de esta política no son proporcionales a las barreras que deben superar las personas sobrevivientes, como se describe a continuación.

Investigación de casos de violencia sexual

La Fiscalía General del Estado enfrenta importantes desafíos debido a sus limitados recursos humanos y financieros. Estos problemas impiden la realización de investigaciones o provocan el archivo de casos; el personal de la fiscalía no siempre cuenta con los recursos y la experiencia necesarios para trabajar con niños, niñas y adolescentes sobrevivientes; y las formaciones no suelen ser suficientes para superar las actitudes patriarcales y revictimizantes.

La escasez de fiscales y equipos de investigación en todo el país sigue ralentizando o paralizando las investigaciones.[184] El personal está sobrecargado de trabajo, a menudo se le asignan casos para los que no tiene experiencia[185] o dispone de recursos limitados,[186] lo que puede afectar negativamente las investigaciones. La Fiscal General informó en 2023 de un déficit de fiscales: Ecuador cuenta con 4,3 fiscales por cada 100.000 habitantes, casi la mitad del estándar latinoamericano de 8 por cada 100.000 habitantes.[187] La Fiscalía General necesitaría contratar cerca de 1.700 servidores judiciales más, incluso fiscales, secretarios, y asistentes, para cubrir el déficit.

Aunque el gobierno ha publicado protocolos sobre métodos de entrevista forense para minimizar la revictimización y el número de veces que un niño, niña o adolescente tiene que volver a contar su historia,[188] esto no siempre ocurre en la práctica. Según el protocolo, las entrevistas con víctimas menores de 18 años deben realizarse en una cámara Gesell, una sala en la que los niños, niñas y adolescentes son entrevistados por un psicólogo infantil especializado, mientras que los abogados y fiscales observan desde otra sala a través de una ventana de visión unilateral.[189] Sin embargo, los fiscales no siempre solicitan este proceso de testimonio anticipado al juez, o los jueces no lo disponen, aseguró una funcionaria del Consejo de la Judicatura.[190] Las razones varían, ya sea debido a la falta de expertos, infraestructura adecuada para atender a niños, y formación, o porque los jueces optan por no solicitarlo para evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes en ausencia de medidas de salvaguardia adecuadas. [191] Aunque el Consejo de la Judicatura publica estadísticas sobre las solicitudes de este testimonio anticipado,[192] no puede cuantificar con precisión cuántas son presentadas por los fiscales, cuántas son concedidas o denegadas por los jueces, y cuáles son los resultados de este testimonio.[193]

Hasta junio de 2024, el país contaba con más de 100 cámaras Gesell operadas por el Consejo de la Judicatura, de las cuales 74 estaban en funcionamiento.[194] En las zonas donde no hay cámaras Gesell operativas, los testimonios se recogen por otros medios, incluso en cámaras operadas por las fiscalías, en zonas cercanas, o por Zoom.[195] Sin embargo, en 2023, el gobierno del expresidente Lasso redujo el presupuesto del Consejo de la Judicatura[196] y no asignó fondos para las reparaciones en curso de otras cámaras Gesell, según una funcionaria del Consejo de la Judicatura. La institución tuvo que asociarse con organizaciones nacionales e internacionales para financiar estas reparaciones.[197]

A menudo, las investigaciones se estancan o los casos se archivan por falta de expertos como psicólogos, médicos e intérpretes de lenguaje de signos, necesarios para evaluar o acompañar a las niñas, niños y adolescentes denunciantes en los procedimientos judiciales en los que son víctimas. Debido a su número limitado, los peritos especializados en niñez y adolescencia a veces están ocupados durante meses, lo que provoca retrasos en la obtención de pruebas, según los expertos entrevistados.[198] A algunos niños, niñas y adolescentes con discapacidades se les han negado ajustes de procedimiento y formas inclusivas e individualizadas de prestar testimonio, incluida la interpretación en lenguaje de signos.[199]

El caso mencionado anteriormente en este informe, sobre un psicólogo escolar que tomó fotos y vídeos de los actos sexuales que perpetraba contra estudiantes en una institución educativa de Cuenca, es emblemático de muchas deficiencias en el manejo de casos por parte de la fiscalía.[200] La fiscalía tardó tres meses en realizar un allanamiento en el domicilio del psicólogo, lo que le dio tiempo suficiente para deshacerse de cualquier prueba en sus dispositivos electrónicos, según el abogado que representó a algunas de las víctimas.[201] Además, los psicólogos de la fiscalía sugirieron archivar los casos después de entrevistar a muchos de los 13 niños y no encontrar daños psicológicos aparentes. En lugar de verificar las historias de las víctimas, dijo el abogado, los psicólogos buscaron signos de trastorno de estrés postraumático (TEPT) relacionados con los abusos sexuales y, al no encontrarlos, intentaron descartar los testimonios de las víctimas. El abogado de numerosas víctimas calificó esta práctica como una “barbaridad”. Los funcionarios de la fiscalía tienden a no creer a los niños y a “ser solidarios con el agresor” en lugar de a las víctimas.[202] Human Rights Watch encontró anteriormente pruebas de que esta práctica estaba arraigada en los procedimientos judiciales en casos de violencia sexual en el ámbito educativo en los que estaban implicados niños, niñas y adolescentes.[203]

Entre los fiscales y jueces, así como entre los peritos, faltan conocimientos especializados en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes.[204] En algunas provincias se espera que los fiscales y jueces sean “multicompetentes”, lo que significa que deben ser capaces de asumir una amplia gama de casos, además de los casos de violencia sexual.

Tras la aprobación de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en 2018, el Consejo de la Judicatura realizó un estudio para evaluar la capacidad de las unidades judiciales en todo el país para juzgar casos de violencia de género contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. El análisis determinó que algunos cantones se beneficiaban de contar con una unidad especializada para atender casos de violencia, mientras que otros, con unidades judiciales multicompetentes o penales, podían seguir atendiendo estos casos, pero necesitarían mayor capacidad.[205] El estudio resultó en la creación de 10 unidades judiciales especializadas en violencia en regiones con altos niveles de violencia, y en la mejora de 55 unidades multicompetentes en áreas de baja densidad poblacional.[206] Como resultado de estos cambios, una funcionaria del Consejo de la Judicatura informó que aproximadamente el 80 por ciento de los casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes se asignan a unidades especializadas, y el 20 por ciento a unidades multicompetentes.[207] Esto último suele ocurrir en cantones con poca población, donde, según la funcionaria, no es necesario tener unidades especializadas para diferentes tipos de casos. La funcionaria destacó que el estudio del Consejo de la Judicatura determinó que era más conveniente para las víctimas en áreas con poblaciones pequeñas ver al juez más cercano, sin importar la especialización, que viajar largas distancias para ver a un juez especializado.[208]

En otras provincias, y en oficinas mejor financiadas, los casos de violencia sexual que afectan a niños, niñas y adolescentes se asignan a fiscales de unidades especializadas, como las unidades de género.

Sin embargo, representantes de la Coalición Contra el Abuso Sexual a la Niñez (COCASEN) señalaron que esta falta de especialización significa que los niños, niñas y adolescentes no reciben la atención adecuada que necesitan durante los procesos judiciales que dependen de unidades multicompetentes.[209]

El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General informaron a Human Rights Watch que ambas instituciones han hecho esfuerzos para capacitar a una amplia gama de personal de múltiples disciplinas, y para aumentar la capacidad del sistema judicial para abordar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la violencia de género y doméstica, y la justicia restaurativa.[210] Sin embargo, parte del personal de la fiscalía trasladado de unidades no relacionadas con la violencia de género desconoce los procesos para recabar testimonios periciales sobre ella.[211]

Aunque es un primer paso necesario para todos los agentes involucrados en investigaciones y casos que afectan a sobrevivientes de violencia sexual, la formación no basta ser suficiente para superar los profundos retos discriminatorios y prejuiciosos arraigados en las instituciones judiciales. Los fiscales que reciben formación pueden conservar actitudes o prejuicios contraproducentes que la formación por sí sola no puede cambiar.[212] Esto subraya la necesidad de formación y evaluaciones periódicas y continuas del personal de la fiscalía. El Consejo de la Judicatura ha solicitado apoyo a su departamento de recursos humanos para construir indicadores y parámetros que permitan evaluar al personal en capacitaciones con enfoque de género.[213]

Las instituciones judiciales ecuatorianas tienen un largo camino por recorrer para asegurar que los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes se sientan cómodos y apoyados al denunciar, al tiempo que se evita la revictimización. “Espacios como las fiscalías, donde los niños, niñas y adolescentes tienen que hacer las denuncias, son espacios violentos”, afirmó Anaís Córdova-Páez, que presta servicios sociales a sobrevivientes de violencia digital en la ONG Taller de Comunicación Mujer. Algunos funcionarios de la fiscalía o la policía muestran actitudes revictimizantes y culpabilizadoras de las víctimas, y pueden decirles: “La violencia [digital] no existe, cierre la cuenta, ¿para qué se vistió así, para qué le mandó fotos a su enamorado?”, dijo Córdova-Páez a Human Rights Watch.[214]

Juicios y sentencias

Los retrasos en los casos debidos a prácticas de programación, los bajos índices de casos que llegan a juicio y la priorización de otros delitos sobre la violencia sexual y de género son graves obstáculos para garantizar que las personas sobrevivientes encuentren una justicia rápida y adecuada.

Las tasas de condena por violencia sexual varían. Un análisis de 2023 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, basado en datos de la Fiscalía General del Estado, encontró que solo el 4,2 por ciento de las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre enero de 2015 y junio de 2023 resultaron en una sentencia. Según datos del Consejo de la Judicatura, el 28,5 por ciento de los casos entre enero de 2018 y junio de 2023 llegaron a una sentencia.[215] Un análisis del Observatorio Paola Guzmán Albarracín, basado en información del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, encontró que, de todos los casos de violencia sexual denunciados ante la Fiscalía entre enero de 2020 y octubre de 2023, solo el 8,9 por ciento resultó en una sentencia.[216]

Human Rights Watch ha encontrado altos índices de impunidad en casos de violencia sexual en el ámbito educativo. En su investigación de 2020, descubrió que, entre 2015 y 2019, solo el 3 por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes habían llegado a juicio.[217]

Entre enero de 2020 y diciembre de 2022, un porcentaje aún menor de casos llegó a juicio, según el análisis de Human Rights Watch de datos de la Fiscalía General del Estado: de las 647 denuncias de violencia sexual contra docentes, personal escolar y estudiantes que recibieron entre 2020 y 2022, solo 17 habían llegado a juicio en febrero de 2023. Solo un caso terminó en condena. En 2021 no se celebró ningún juicio por casos de violencia sexual en el ámbito educativo, según datos de la Fiscalía General del Estado.[218]

Las graves demoras en el sistema judicial, desde la denuncia inicial hasta el juicio y la apelación, afectan a las víctimas y sus familias, prolongando un proceso ya de por sí traumatizante. Human Rights Watch ha documentado casos que han resultado en condenas en el plazo de un año desde la presentación de la denuncia. Sin embargo, también ha encontrado casos con graves retrasos, incluidos aquellos que tardaron más de dos o tres años en llegar a una decisión o que aún estaban pendientes tras las apelaciones.[219] A pesar de los avances, los tiempos prolongados de resolución de casos son contrarios a la obligación constitucional del sistema judicial de agilizar los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, y pueden socavar el derecho de los acusados a un juicio justo.[220]

El sistema de sorteo, o pull, de Ecuador asigna aleatoriamente jueces y otro personal a los casos.[221] Este sistema provoca retrasos injustificables, ya que puede ser difícil conciliar las agendas de varios funcionarios judiciales que deben estar presentes durante las audiencias.[222] Los jueces penales en Ecuador manejan la violencia de género como parte de una amplia carga de casos que también incluye estafas, drogas, robos y otros delitos penales. Esta configuración puede causar demoras.[223] Cuando las medidas de prisión preventiva están a punto de expirar, por ejemplo, en casos de sicariatos o extorsión, la programación de las audiencias tiene prioridad sobre los casos de violencia de género, según las expertas entrevistadas por Human Rights Watch.[224]

El Consejo de la Judicatura ha estado trabajando para cambiar el sistema de sorteo por un sistema de tribunales,[225] lo que significa que los jueces tendrían calendarios de audiencias fijos, en lugar de asignaciones aleatorias. Sin embargo, este cambio podría tardar unos años en implantarse plenamente.[226] Mientras tanto, una medida positiva de la corte de Guayaquil ha sido asignar jueces aleatoriamente a los casos tres días a la semana y reservar dos días para tribunales fijos, donde se da prioridad a los casos de violencia de género, según Pinillo Castillo.[227]

Seguimiento limitado de las reparaciones

Las reparaciones integrales, que incluyen rehabilitación, indemnización, medidas simbólicas o satisfactorias y garantías de no repetición de los delitos,[228] siguen siendo inaccesibles para muchas víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo. En 2020, Human Rights Watch encontró que las personas sobrevivientes y sus familias buscaban reparaciones más allá de la compensación económica, como disculpas públicas, acceso a servicios médicos o de salud mental, e implementación de medidas para prevenir la violencia sexual y de género contra otros y otras estudiantes.[229] Sin embargo, nuestro análisis previo de los casos mostró un enfoque continuo en la provisión de compensaciones económicas, la necesidad de proporcionar reparaciones a los miembros de la familia y de establecer los mecanismos necesarios para supervisar el cumplimiento de las reparaciones.

“Las reparaciones son una deuda super pendiente”, afirmó un representante de la sociedad civil.[230] El elevado número de casos y la escasez de personal pueden provocar retrasos en los procedimientos judiciales, lo que significa que las personas sobrevivientes esperan años para recibir reparaciones e indemnizaciones tras procesos judiciales largos y, en muchos casos, muy traumatizantes. Además, existe una capacidad institucional limitada para supervisar el cumplimiento de las medidas de reparación, falta de coordinación interinstitucional, las compensaciones monetarias son escasas y los servicios de salud mental críticos son limitados.[231]

En 2022, el gobierno publicó la Política pública para la reparación integral de víctimas y sobrevivientes de violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar, y femicidio.[232] La política, que debía aplicarse hasta 2025, tenía como objetivo mejorar el acceso a la reparación integral. Exigía a la Corte Nacional de Justicia la creación de un observatorio de sentencias, y al Consejo de la Judicatura la creación de una unidad técnica para el seguimiento de la ejecución de las reparaciones y la automatización de las decisiones judiciales en 2023.[233] Sin embargo, debido a limitaciones presupuestarias y a la rotación de ministros de Derechos Humanos entre 2021 y 2023, la política no avanzó como estaba previsto, según Ariadna Reyes Ávila, consultora para el diseño de la Política Pública de Reparaciones.[234] A partir de junio de 2024, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos inició conversaciones para avanzar en la implementación de la política.[235]

Una funcionaria del Consejo de la Judicatura reconoció la responsabilidad de las autoridades judiciales de dar seguimiento a las medidas de reparación, pero admitió que “no hay poder humano para hacer seguimiento de todo”.[236] Por ejemplo, de 2018 a 2022, las unidades judiciales emitieron 600.000 medidas de reparación, pero solo contaban con 700 funcionarios para trabajar y dar seguimiento a los casos de violencia. El alto volumen de casos y la capacidad limitada obligan a los equipos técnicos a priorizar el seguimiento de los casos en los que se considera que las víctimas están en situación de alto riesgo o han sufrido una afectación severa.[237]

Además de las capacitaciones sobre reparación integral,[238] el Consejo de la Judicatura ha realizado proyectos piloto en las provincias de Orellana y Sucumbíos para automatizar el seguimiento de las medidas de reparación y protección.[239] Estos proyectos han revelado que los servicios son escasos, se concentran en las cabeceras provinciales y tienen una capacidad de atención reducida. En una carta enviada a Human Rights Watch, el Consejo de la Judicatura señaló: "La respuesta institucional sobre las disposiciones judiciales para ejecutar medidas de protección y, en particular, medidas de reparación es casi nula”.[240]

Las instituciones judiciales deben establecer y fortalecer urgentemente mecanismos para monitorear y hacer cumplir las reparaciones. La nueva Política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo de Ecuador insta a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General del Estado a establecer criterios y definir el alcance de la “reparación integral” en casos de delitos de violencia sexual en el ámbito educativo para 2030.[241]

Agradecimientos

La investigación y redacción de este informe estuvo a cargo de Katherine La Puente, coordinadora en la División de Derechos del Niño. Elin Martínez y Margaret Wurth, investigadoras sénior en la misma división, supervisaron el proyecto y contribuyeron a la investigación y análisis. Sebastián Abad-Jara, antiguo asistente de investigación de la División de las Américas, también colaboró en la investigación.

Elin Martínez editó el informe. Michael García Bochenek, asesor legal sénior, y Tom Porteous, subdirector de Programas, proporcionaron revisiones legales y de programa. Martina Rapido Ragozzino, investigadora sobre las Américas; Cristina Quijano Carrasco, investigadora sobre los derechos de la mujer; Cristian González Cabrera, investigador sobre los derechos de las personas LGBT; Tamir Israel, investigador sénior sobre tecnología y derechos humanos; y Carlos Ríos-Espinosa, director adjunto sobre los derechos de las personas con discapacidad, realizaron revisiones especializadas. Margaret Wurth y Margaret Knox, antigua investigadora sénior y redactora de subvenciones de la División de las Américas, revisaron versiones anteriores del informe. Brian Root, analista cuantitativo sénior, realizó el análisis de datos y comprobó la exactitud de los datos utilizados en la investigación. Joya Fadel, asociada sénior de la División de los Derechos del Niño, Travis Carr, miembro del equipo digital, y Fitzroy Hepkins, gestor administrativo sénior, prestaron asistencia en la producción. La versión en español de este informe fue traducida por Carlota Fluxá.

El video social que acompaña este informe fue creado por Casey McCracken, productora/editora multimedia, y se basa en un video originalmente producido por Laura Prieto Uribe, editora/productora sénior de video, y Elin Martínez. Human Rights Watch agradece a Evelyn Yucailla, Jennifer Real y Carla Vázquez por compartir las historias que aparecen en el video.

Human Rights Watch desea agradecer a todas las personas –activistas y funcionarios gubernamentales— que hablaron anónimamente con nosotros.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Milagro Valverde Jiménez y Carmen Cecilia Martínez López, del Centro de Derechos Reproductivos; María Helena Carbonell, del Observatorio Paola Guzmán Albarracín; Valeska Chiriboga, de CEPAM-Guayaquil; Sara Oviedo, de la Coalición Contra el Abuso Sexual a la Niñez (COCASEN); Sybel Martínez, del Grupo Rescate Escolar; Virginia Gómez de la Torre de la Fundación Desafío; Cristina Torres, de CEPRODEG; y Paula Cantos Cárdenas, anteriormente de la Universidad San Francisco de Quito.

Human Rights Watch también da las gracias a las numerosas organizaciones, expertos y activistas de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y mujeres que ayudaron en la investigación para este informe. Entre ellos se incluyen: Efigenia Witt, Felipe Ogaz Oviedo y Karla Tupiza de COCASEN; Seta Carpio y Micaela Camacho de Cholas Valientes; Ana Vera, de Surkuna; Carla Patiño Carreño y Myriam Pérez Gallo, de Fundación Idea Dignidad; Ammy, de Movimiento Por Ser Niña; Salomé Parreño, de Plan Internacional; Flor María Toapanta Tumipamba, de Colectiva Lilas en Acción; Anaís Córdova-Páez, de Taller de Comunicación Mujer; Gabriela Guillén Trujillo, de Red de Organizaciones por la Defensa de Derechos de la Niñez y Adolescencia (RODDNA); Daniel Rueda y María José Quinde, de Fundación Alas de Colibrí; Johanna Romero L. de BOLENA; personal de la Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social (PLAGCIS); Victor Sande-Aneiro de CRIN; Jessica Agila, anteriormente de CARE; Elena Gutiérrez, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Nancy Barrionuevo y Katherine de Casa Amiga; Geraldina Guerra Garcés, de Fundación ALDEA; Verónica Polit, de Terre des Hommes; Isabela Ponce de GK; Dr. Mario Melo, de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE; Lissette Pardo; Stalin Oviedo; y Ariadna Reyes Ávila.

Por último, Human Rights Watch agradece la cooperación, el suministro de datos y los aportes de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.