Los exiliados

Nunca antes esto me resultó tan evidente como cuando vi a ciudadanos venezolanos huir de la devastadora crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos que ha generado su gobierno.

En julio pasado, parada en el puente Simón Bolívar que conecta Cúcuta, en Colombia, con el estado Táchira en Venezuela, pude ver a cientos de personas cruzar caminando en ambos sentidos todo el día, bajo un sol abrasador. Salvo una o dos maletas y lo puesto, muchos de los que cruzaban la frontera no llevaban consigo más que recuerdos de la vida que dejaban atrás.

Sus expresiones eran sombrías, y con razón. Los factores que expulsan a los venezolanos de su país son muchos e incluyen la severa escasez de comida y medicamentos, la brutal represión del gobierno, la violencia y la hiperinflación. Tres millones de personas se han ido desde 2014, según datos de las Naciones Unidas, y esto está provocando una crisis migratoria sin precedentes en América. Esta cifra no refleja los casos de muchas personas que no han sido registrados por las autoridades.

Para evaluar la magnitud de la crisis humanitaria de la que huyen estas personas —en un país donde el gobierno no divulga datos sobre salud y nutrición y niega lo que realmente ocurre —, viajé a las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela con un equipo de profesionales médicos y de salud pública del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins University. Nos encontramos con personas desesperadas e historias que reflejan una crisis de salud devastadora que incluye brotes de enfermedades prevenibles y falta de atención médica ante condiciones que ponen en riesgo la vida.

Venezuela supo ser un país que acogió a muchos que escapaban de los regímenes represivos en América del Sur, como mi familia, que huyó de la dictadura militar en Argentina en 1976 y vivió varios años en Caracas, donde nací. También recibió a decenas de miles de refugiados que huían del conflicto armado interno en Colombia. Hoy, en cambio, presenciamos un éxodo masivo de venezolanos.

Entre quienes huyen de la crisis humanitaria hay personas que no sólo escapan de la escasez de comida y medicamentos, sino también de la persecución política. Hablar con miembros de las fuerzas de seguridad que fueron amenazados con ser procesados arbitrariamente por oponerse al gobierno en un país donde no hay independencia judicial, o con docentes de escuelas públicas que temían sufrir represalias si denunciaban lo que vivían, fue un crudo recordatorio de que, aunque la represión no ocupe titulares internacionales, sigue siendo un problema significativo en amplios segmentos de la sociedad venezolana actual.

No obstante, la mayoría de los venezolanos que hoy cruzan las fronteras no están huyendo de la persecución política. Casi todos les dirán que no tuvieron otra opción más que irse por la grave escasez de comida y medicamentos. Muchos incluso dejaron atrás a parte de su familia; la separación familiar es, tristemente, una característica común de la emigración venezolana. Más allá de que se los considere refugiados conforme al derecho internacional o no (según la definición más amplia de refugiado aceptada en muchos países de la región, muchos probablemente sí deberían ser considerados como tales), tienen una necesidad urgente de recibir protección y asistencia humanitaria.

Los caminantes en Colombia

Más de 35.000 personas cruzan a diario la frontera desde Venezuela a través de siete cruces oficiales con Colombia, nos dijeron funcionarios del gobierno colombiano. Muchos cruzan para comer, comprar alimentos o recibir atención médica, y luego regresan; y al menos 3.000 se quedan en Colombia cada día. Muchos más ingresan clandestinamente a través de los 270 cruces irregulares que hay a lo largo de la frontera.

Para muchos, el alivio momentáneo que supone cruzar la frontera es efímero. Más de 1.000 venezolanos —los llamados “caminantes”— emprenden cada día a pie el trayecto de cientos de kilómetros que separan a Cúcuta de otras ciudades en Colombia, Ecuador o Perú, en busca de empleos y de un destino donde empezar de nuevo.

Una encuesta realizada en julio por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas determinó que los venezolanos que parten de Cúcuta a pie caminan un promedio de 16 horas por día, en general por cerca de 13 días. Pocos cuentan con los recursos necesarios para solventar el costo de estos trayectos, muchos no obtienen suficiente comida y más del 90 % tiene que dormir en las calles.

Los albergues para refugiados en Brasil

Un promedio de 650 venezolanos cruza la frontera cada día para quedarse en Brasil, según indicaron autoridades brasileñas en la frontera. La mayoría no puede salir de Roraima, un estado apartado en el norte de Brasil que tiene muy pocas conexiones con el resto del país y con otros lugares de la región.

 

En el estado de Roraima, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha instalado 13 albergues para refugiados que acogen a más de 5.500 venezolanos. Es la primera vez que ACNUR implementa este nivel de respuesta en América Latina.

En dos de los albergues, cientos de miembros de la comunidad indígena Warao duermen en hamacas y obtienen alimentos para preparar sus propias comidas. En otros, venezolanos de todo el país reciben tres comidas diarias y duermen en tiendas de ACNUR o viviendas especiales para refugiados, que consisten en unidades pequeñas de plástico, con escasa ventilación para el clima extremadamente cálido y húmedo de Roraima. Los niños tienen dificultades para estudiar y los adultos para conseguir trabajo. Las condiciones higiénicas son precarias, sobre todo para aquellos con afecciones de la salud.

Una de las personas que conocí cuando visité los albergues fue Brenyer Caballero González, un niño de 10 años que jugaba en el equipo de fútbol del estado Anzoátegui, en el noreste de Venezuela, hasta que le diagnosticaron cáncer en marzo. Sus padres tenían dificultades para conseguir alimentos que le permitieran tener una dieta balanceada y para acceder a tratamiento contra el cáncer. Compraban medicamentos para quimioterapia en el mercado negro, que solamente podían pagar gracias a donaciones de un grupo en el exterior. En dos oportunidades, tuvieron que usar fármacos para quimioterapia vencidos porque fue lo único que consiguieron. En agosto, los tres huyeron a Brasil en busca de tratamiento para Brenyer. Pasaron tres semanas en un albergue para refugiados. En octubre, con el apoyo de ACNUR, Brenyer fue trasladado a Brasilia para recibir atención médica. El sueño de Brenyer es sentirse mejor para poder jugar al fútbol.

Aunque hacía todo lo posible para proteger a Brenyer del calor y darle el tratamiento médico que necesita, su madre fue una de las muchas personas que nos dijeron que, pese a las circunstancias sumamente difíciles que enfrentaban, estaban mejor allí que en Venezuela.

Eso se debe a que los venezolanos huyen de una crisis muy real.

Vacunas

Decenas de venezolanos cruzan cada día la frontera hacia Colombia y Brasil para recibir las vacunas que no consiguen en su país. El gobierno colombiano afirma que proporcionó a ciudadanos venezolanos más de medio millón de dosis de vacunas entre agosto de 2017 y agosto de 2018. Muchos regresan a Venezuela tras haber recibido vacunas en la frontera. Las autoridades brasileñas ofrecen vacunas a todos los venezolanos que solicitan asilo o residencia temporaria en la frontera; en agosto, un general brasileño en la frontera nos dijo que estaban vacunando entre 200 y 300 personas por día.

En Venezuela se están presentando brotes de enfermedades que son prevenibles por vacunación y habían sido erradicadas en el país. Estos brotes sugieren serios problemas en la cobertura de vacunación. Según la Organización Panamericana de la Salud:

• Desde junio de 2017, se reportaron más de 7.300 casos de sarampión en Venezuela, incluidos 5.500 casos confirmados y 64 muertes hasta septiembre de 2018. No se registraron casos de sarampión en Venezuela entre 2008 y 2015, salvo un único caso en 2012.
• Entre julio de 2016 y septiembre de 2018, se reportaron más de 2.000 presuntos casos de difteria. Más de 1.200 se han confirmado y más de 200 personas han fallecido. Comparativamente, entre 2006 y 2015 no se registró en Venezuela ni un solo caso de esa enfermedad, que puede prevenirse fácilmente con una vacuna.

Malaria

Gregory Martínez, de 10 años, cruzó la frontera colombiana en julio con su madre, Mary Gelvez, para ser atendido en el hospital principal de Cúcuta, luego de tres semanas de presentar fiebre, diarrea y mareos. Gelvez dijo que intentaron recibir tratamiento en su país, pero que no pudo encontrar ningún médico en el centro de salud local al que acudió. En otro centro de salud cerca de donde vive su hermano, en una ciudad fronteriza, encontró un médico, pero este no tenía los insumos necesarios para realizarle una prueba de detección de malaria a su hijo. Luego de que Gregory se desmayara mientras viajaba en autobús, su madre lo llevó al hospital en Colombia. Allí, los médicos sospechaban que se trataba de malaria y estaban aguardando los resultados de las pruebas cuando los entrevistamos. Gelvez expresó que le resultaba difícil encontrar alimentos para dar de comer a su familia; al momento de la entrevista, Gregory pesaba 23 kilos, el peso promedio de un niño de siete años.

La cantidad de casos presuntos y confirmados de malaria en Venezuela ha aumentado en forma constante en los últimos años, de casi 36.000 en 2009 a más de 406.000 en 2017, según la Organización Mundial de la Salud. La malaria es actualmente una epidemia en nueve estados venezolanos, lo cual especialistas en salud atribuyen a la reducción en las actividades de control de mosquitos, la escasez de medicamentos para tratar la enfermedad y las actividades de minería ilegal que generan agua estancada, un ámbito ideal para la reproducción de los mosquitos.

Tuberculosis

Mariana de la Luz, de 15 años, es una joven de la comunidad indígena Warao a quien se le diagnosticó tuberculosis a los 8 años en su estado natal, Delta Amacuro, en Venezuela. Desde el primer diagnóstico, el hospital solo ha podido brindarle un tratamiento incompleto, que recibió en varias oportunidades. En 2017, los médicos le dijeron a su madre, Yuri Magdalena Silva Rivero, que ya no respondía al tratamiento y que no había esperanzas de curarla. Cuando la hermana de Silva Rivero falleció por malaria en febrero de 2018, luego de que le dijeran que no había medicamentos para tratarla, Silva Rivero y su esposo llevaron a Mariana de la Luz a Brasil. Al llegar, pesaba 15 kilos. Al ingresar al hospital, los médicos advirtieron que presentaba un estado grave de desnutrición y anemia. Se le diagnosticó tuberculosis polifarmacorresistente, que requiere un tratamiento complejo y prolongado. Empezó a recibir tratamiento tres veces por semana en el hospital principal de Roraima y, cuando hablé con ella, estaba recuperando peso.

La cantidad de casos de tuberculosis reportados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016, y los datos preliminares indican que hubo más de 10.000 casos en 2017, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. La tasa de incidencia de la tuberculosis correspondiente a 2017 (de 32,4 cada 100.000) fue la más alta registrada en Venezuela en 40 años.

VIH

A Nilsa Hernández, de 61 años, le diagnosticaron infección por el VIH hace 13 años. Empezó a tomar medicamentos antirretrovirales nueve años después y recibió tratamiento ininterrumpido hasta que en Venezuela dejó de conseguir repentinamente las medicinas necesarias. Pasó casi dos años sin acceso a tratamiento antirretroviral, con un temor creciente por su vida. En enero de 2018, se trasladó desde el estado Bolívar a Brasil. “Quiero vivir”, manifestó, y explicó que se habría ido antes de Venezuela para conseguir tratamiento pero que no tenía dinero para hacerlo. Actualmente, Hernández recibe tratamiento en Brasil y ha creado un proyecto llamado “Valientes por la vida”, que brinda apoyo a otros venezolanos con VIH que se trasladan a Brasil para recibir el tratamiento médico que no consiguen en su país. Para financiar su proyecto, Hernández vende helados en la calle y recibe apoyo, incluida asistencia económica para alquilar una vivienda, de una periodista brasileña que la entrevistó cuando apenas había llegado a Boa Vista y vivía en la calle.

Un informe elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, ONUSIDA y el Ministerio de Salud venezolano indica que la cantidad de nuevos casos identificados de VIH en Venezuela aumentó un 24 % entre 2010 y 2016, con 6.500 nuevos diagnósticos en 2016. La cantidad real de nuevas infecciones con VIH es sin duda mayor, sobre todo considerando los numerosos centros de salud que ya no están en condiciones de realizar pruebas de VIH.

Según estadísticas oficiales citadas por la Organización Panamericana de la Salud, el 87 % de las más de 79.000 personas que viven con VIH y están registradas para recibir tratamiento antirretroviral del gobierno venezolano no lo están obteniendo. De los 25 medicamentos antirretrovirales que el gobierno compró anteriormente, 15 están en falta desde hace más de nueve meses, y la disponibilidad de medicamentos para tratar infecciones oportunistas es limitada, según un informe difundido en junio por la Organización Panamericana de la Salud.

Cruzar la frontera para dar a luz

Numerosas mujeres cruzan la frontera para dar a luz en Colombia o Brasil. Los médicos que las reciben en los hospitales allí afirman que muchas presentan complicaciones y que la mayoría no recibió en Venezuela atención prenatal adecuada, o directamente no recibió atención de este tipo.

Ariana González, de 20 años, vive en el estado Táchira, a pocas horas de la frontera. Durante su embarazo en Venezuela, solamente tuvo acceso a unos pocos controles prenatales, que ella misma pagó en una clínica privada. Cuando llevaba siete meses de embarazo, acudió a un hospital en Venezuela porque tenía fuertes dolores de cabeza que duraron varios días, un posible síntoma de complicaciones graves. Sin embargo, los médicos no pudieron controlarle la presión arterial porque no tenían un tensiómetro que funcionara. Al persistir la jaqueca, cruzó a Colombia, donde un equipo médico le diagnosticó inmediatamente hipertensión con riesgo para la vida, y le practicaron una cesárea de emergencia. Su bebé nació con un peso de apenas 1,6 kilos y estuvo seis días en el servicio de neonatología. También González estuvo tres días en terapia intensiva. Cuando la entrevistamos, a mitad de julio, 11 días después de haber ingresado en el hospital, estaba preparándose para recibir el alta, pero su bebé seguía en una incubadora.

Las últimas estadísticas oficiales disponibles del Ministerio de Salud venezolano indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 % y la mortalidad infantil un 30 % en apenas un año. La ministra de salud que difundió esas estadísticas a principios de 2017 fue despedida pocos días después de hacerlas públicas.

Desnutrición

Las complicaciones médicas que sufren los pacientes en Venezuela se ven agravadas por la severa escasez de alimentos y el acceso limitado a una nutrición adecuada. Entre las decenas de ciudadanos venezolanos que entrevistamos, muchos manifestaron haber perdido peso y solo ingerir una o dos comidas por día en su país, que para algunos consistía únicamente en yuca o sardinas.

Luis Alejandro Vergara Suárez, de 16 años, ingresó al servicio de Emergencias del hospital principal de Cúcuta, acompañado por su hermano, Agustín. Habían cruzado la frontera con su madre y otros seis hermanos un día antes, con el propósito de llegar a una localidad rural en Colombia, donde viven sus abuelos. Mientras cruzaban, funcionarios y médicos locales advirtieron el estado de Luis Alejandro, que parecía presentar un cuadro severo de desnutrición, y lo llevaron a un puesto de salud cerca de la frontera, gestionado por los Cascos Blancos argentinos. Desde allí, Luis Alejandro fue trasladado a un pequeño hospital en las cercanías, y más tarde al hospital principal de Cúcuta.

Luis Alejandro padece epilepsia y durante años había podido tratar su condición con medicamentos. Cuando los medicamentos desaparecieron de las farmacias venezolanas, su familia empezó a comprarlos en Colombia, hasta que ya no pudieron pagarlos. Pasó varios meses sin tratamiento, hasta que cruzaron a Colombia, el país donde habían nacido tanto Agustín como sus padres. Aunque todos los miembros de la familia tenían dificultades para encontrar alimentos, hacían una comida al día y habían perdido peso, el impacto de la escasez era mayor para Luis Alejandro debido a la epilepsia, pues a menudo las convulsiones afectaban su posibilidad de comer los pocos alimentos que podían conseguir. Cuando entrevistamos a Alejandro, pesaba apenas 16 kilos, el peso habitual en un niño de cuatro años. Agustín nos dijo que él había perdido más de 20 kilos en Venezuela.

Aunque el gobierno venezolano no publica datos sobre desnutrición a nivel nacional desde 2007, la información disponible sugiere que la desnutrición está en aumento:

• La organización humanitaria católica Cáritas Venezuela, que cuenta con un programa de vigilancia y protección nutricional a niños en comunidades de bajos recursos en Caracas y varios estados, informó que la desnutrición aguda moderada o severa entre niños menores de cinco años aumentó del 10 % en febrero de 2017 al 17 % en marzo de 2018, un nivel indicativo de que existe una crisis, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. En julio de 2018, Cáritas Venezuela informó que el promedio había descendido al 13,5 %; sin embargo, las estadísticas eran considerablemente mayores en Caracas (16,7 %) y el estado Vargas (casi 20 %).
• Una encuesta realizada por Cáritas en 2018 detectó que el 48 % de las mujeres embarazadas en estas comunidades de bajos recursos tenían desnutrición aguda moderada o severa.
• En hospitales de distintas localidades del país se informan aumentos en la cantidad de ingresos pediátricos que presentan desnutrición aguda moderada o severa, y la proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición aguda es alta, representando entre el 18 % y el 40%.
• Una encuesta de cobertura nacional realizada por tres prestigiosas universidades de Venezuela concluyó que el 80 % de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria, y que las personas relevadas habían perdido un promedio de 11 kilos durante 2017.

Cientos de venezolanos cruzan desesperados la frontera solo para comer. En julio, un comedor gestionado en Cúcuta por la Iglesia católica con la ayuda de organismos de la ONU alimentaba a 2.500 venezolanos por día, incluidos muchos niños y personas ancianas.

Fernando Arvelo (seudónimo), de 74 años, se trasladó al estado Táchira desde otro estado donde vivía, poco después de que su esposa, hijos y nietos se fueran al exterior a causa de la crisis. No quería ser una carga para su familia y no se sentía en condiciones de empezar una nueva vida en otro sitio a esta altura de su vida. Cada día, Fernando cruza a pie la frontera, bajo un calor agobiante de hasta 40 grados Celsius, para poder comer en el comedor en Cúcuta. Fernando afirmó que antes pesaba 85 kilos, pero que ahora pesa menos de 50. Le resulta difícil conseguir en Venezuela los medicamentos que necesita para tratar sus problemas cardíacos y respiratorios, así como glaucoma y cataratas. En algunas ocasiones, ha tenido que comprar y consumir medicamentos vencidos, ya que eso fue lo único que pudo encontrar.

La mayoría de los venezolanos que conocí en la frontera, y en el resto de América Latina, desean regresar a Venezuela, pero no saben cuándo eso ocurrirá o si acaso será posible. Los países donde llegan deberían acogerlos y, al mismo tiempo, trabajar para que un día puedan regresar a una Venezuela democrática.

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