Persiste en Bolivia un grave problema de impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. El gobierno del Presidente Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, que menoscaba sus posibilidades de trabajar de manera independiente.
A pesar de las reformas legales recientes, el uso extendido de la prisión preventiva —sumado a las demoras en los juicios— atenta contra los derechos de los acusados y agrava la sobrepoblación carcelaria. Otras graves cuestiones son las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo infantil.
En septiembre de 2017, partidarios del Presidente Morales en la Asamblea Plurinacional —el poder legislativo nacional— presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional pidiendo que se eliminara el límite constitucional de reelección por una única vez, lo cual le permitiría postularse para un cuarto mandato. Debido, en parte, a un pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional en junio de 2013, el Presidente Morales ha podido competir en tres elecciones presidenciales consecutivas, y en todas las oportunidades resultó vencedor. En febrero de 2016, los votantes rechazaron un referéndum nacional que habría reformado la Constitución para permitirle postularse a un cuarto mandato.
Impunidad de abusos y delitos violentos
Bolivia ha juzgado sólo a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, en parte debido a que, en algunas ocasiones, las Fuerzas Armadas se han negado a brindar información a las autoridades judiciales sobre el destino de personas que fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada.
En agosto, el gobierno estableció una Comisión de la Verdad para llevar adelante investigaciones no judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1964 y 1982, y el comandante en jefe de las fuerzas armadas bolivianas, el General Luis Orlando Ariñez, señaló que los militares prestarían total colaboración. La comisión puede brindar información para que la justicia condene a los responsables.
La impunidad por delitos comunes ha llevado a que se produzcan linchamientos de personas que se cree que han delinquido. En mayo, una turba en la ciudad oriental de San Julián irrumpió en una sala donde un juez estaba interrogando al presunto asesino de una mujer de la localidad, lo arrastró fuera del recinto para matarlo, y luego lo colgaron de un árbol. Muchos de esos linchamientos quedan impunes.
Independencia judicial
El gobierno ha intentado reformar el sistema judicial boliviano, gravemente afectado por corrupción, demoras e interferencia política. Si bien ciertamente se necesitan reformas, las iniciativas actuales suponen un grave riesgo para la independencia judicial del país.
En junio de 2016, miembros de los tres poderes de gobierno, como así también organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados, debatieron sobre propuestas durante una “Cumbre Nacional de Justicia”. Las recomendaciones de la cumbre incluyeron reformar el proceso de selección de magistrados de tribunales superiores, crear un nuevo órgano para la supervisión de los jueces y evaluar el trabajo de los jueces y fiscales en ejercicio.
En enero de 2017, el Congreso creó una comisión para supervisar la implementación de las recomendaciones. La comisión tiene amplias facultades que incluyen “fiscalizar” la designación de nuevos jueces y llevar a cabo “otras acciones que sean necesarias” para implementar las recomendaciones. Cinco de los nueve miembros de la comisión son partidarios de Morales en la Asamblea Plurinacional o funcionarios gubernamentales nombrados directamente por el presidente.
En diciembre de 2016, miembros oficialistas de la Asamblea Plurinacional suspendieron a cuatro de los cinco miembros del Consejo de la Magistratura —el órgano responsable de nombrar y destituir jueces—argumentando que habían nombrado ilegalmente a un juez para reemplazar a otro que había sido nombrado, pero no había prestado juramento. Ante la posibilidad de ser destituidos, tres de ellos renunciaron en abril.
En mayo, los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura resolvieron que todos los jueces nombrados antes de que se aprobara la Constitución de 2009 debían considerarse interinos y podían ser destituidos de manera sumaria por el Consejo. Ese mismo mes, el Consejo destituyó, mediante procedimientos sumarios, a 88 jueces.
Al momento de redacción de este informe, estaba previsto que los votantes eligieran en diciembre de 2017 a los jueces de tribunales superiores. Los votantes elegirán jueces de las listas creadas por la Asamblea Plurinacional, donde el gobierno de Morales tiene una mayoría de dos tercios.
En septiembre, el Presidente Morales señaló, en una entrevista, que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” al “servicio del imperio”.
Debido proceso y condiciones carcelarias
Alrededor del 68 % de los presos en cárceles bolivianas no han sido condenados. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias. En diciembre de 2016, más de 15.000 presos se encontraban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de aproximadamente 5.000.
Diversos decretos presidenciales dictados entre 2012 y 2017 habilitan al presidente a reducir las penas a quienes hayan sido condenados por delitos menores, y a indultar a quienes cumplan prisión preventiva por estos delitos. Hasta diciembre de 2016, más de 5.800 personas se habían beneficiado con esos indultos, según estadísticas oficiales.
Al momento de redacción de este informe, la Asamblea Plurinacional estaba debatiendo una reforma penal apoyada por el gobierno que acortaría los períodos máximos de prisión preventiva y limitaría los casos en los cuales los jueces pueden aplicarla.
La Fiscalía General del Estado ha usado, en reiteradas oportunidades, una ley de 2010 contra la corrupción para perseguir penalmente presuntos delitos cometidos antes de que se sancionara la ley. No obstante, las normas internacionales de derechos humanos prohíben la aplicación retroactiva de cambios en las leyes penales, a menos que esto beneficie al acusado.
En octubre de 2016, la Fiscalía General del Estado aplicó la ley para acusar al empresario y líder opositor Samuel Doria Medina de “conducta antieconómica” por la presunta transferencia de USD 21 millones del gobierno a una fundación privada en 1992, mientras era ministro de Planificación. En enero de 2017, el Tribunal Supremo rechazó un pedido de prisión preventiva para Doria presentado por la Fiscalía General del Estado. No obstante, ordenó que se presentara ante la fiscalía todos los meses y le prohibió salir del país.
Al momento de redacción de este informe, Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia y actual líder opositor, también estaba siendo procesado por “conducta antieconómica”. La fiscalía argumentó que funcionarios de su gobierno habían afectado negativamente los “intereses del estado” al firmar cuatro acuerdos de petróleo con empresas extranjeras.
Defensores de derechos humanos
Numerosos defensores de derechos humanos continúan sufriendo acoso, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, y esto limita su capacidad de trabajar de manera independiente.
Una ley y un decreto que el Presidente Morales refrendó en 2013 otorgan al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización no gubernamental (ONG) cuando esta lleve a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o cuando el representante de la organización sea objeto de sanciones penales por realizar actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público”.
El decreto también permite a la Asamblea Plurinacional solicitar que se revoque la personalidad jurídica de una ONG en casos de “necesidad o interés público”. Estas medidas conceden al gobierno un amplio margen para entrometerse en las actividades de organizaciones de la sociedad civil independientes.
Funcionarios bolivianos han acusado, en reiteradas oportunidades, a organizaciones de defensa de derechos de participar una conspiración internacional contra el gobierno. Sin embargo, no han presentado pruebas que respalden tales señalamientos. En agosto de 2017, por ejemplo, el Presidente Morales acusó a “algunas ONG y fundaciones” de ser “instrumentos imperiales para saquear e intervenir países”, en alusión a Estados Unidos.
Libertad de expresión
Si bien existe un robusto debate público, el gobierno de Morales ha arremetido reiteradamente contra periodistas, acusándolos —sin presentar pruebas— de difundir mentiras y distorsionar la realidad con intenciones políticas. El gobierno ha acusado reiteradamente a medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el presidente.
No se han adoptado criterios transparentes relativos al uso de fondos gubernamentales para comprar pauta oficial —una importante fuente de ingresos para los medios de comunicación—, y algunos medios han acusado a las autoridades de discriminar a aquellos que critican a funcionarios gubernamentales, negándoles publicidades. En mayo de 2017, el Presidente Morales señaló que los medios de comunicación que no recibían anuncios del gobierno eran los que “mienten, insultan, difaman y desprestigian a las autoridades”.
Derechos indígenas
La Constitución de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de poblaciones indígenas, incluidas la propiedad colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas.
La legislación boliviana no regula plenamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con respecto a medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Una ley vigente sobre minería limita el CLPI a la etapa de explotación de concesiones, a pesar de que los estándares internacionales exigen el CLPI en todas las etapas de los proyectos que afecten el derecho de las poblaciones indígenas a tierras y recursos naturales.
En mayo de 2017, el Presidente Morales promulgó un proyecto legislativo que autoriza la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (conocido como “TIPNIS”). La ley se basa en una consulta realizada en 2012 a organizaciones indígenas locales, que según señalan algunas organizaciones defensoras de derechos, no fue totalmente libre ni justo.
Violencia de género y derechos reproductivos
Las mujeres y niñas de Bolivia siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer. La ley tipificó el “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica) y exigió la creación de centros de acogida para mujeres, así como la designación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género.
La Fiscalía General del Estado reportó 74 feminicidios ocurridos en Bolivia desde enero hasta septiembre de 2016.
Tanto mujeres como niñas enfrentan numerosos obstáculos para acceder a los productos y servicios de salud reproductiva y a los anticonceptivos.
La legislación boliviana despenaliza el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando el procedimiento es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer embarazada. Al momento de redacción de este informe, la Asamblea Plurinacional estaba tratando una reforma penal impulsada por el gobierno que flexibilizaría significativamente las restricciones al aborto. Este proyecto de ley despenalizaría totalmente el aborto para las niñas. A las mujeres se les permitiría interrumpir embarazos en distintas circunstancias, que incluyen la posibilidad de que su vida o su salud se encuentren en riesgo, si el embarazo es el resultado de una violación, y si el feto presenta condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina.
Trabajo infantil
En 2014, la Asamblea Plurinacional aprobó una ley que permite el trabajo de niños y niñas desde los 10 años en actividades que no se consideren “peligrosas” o “insalubres”. La ley contraviene los estándares internacionales y convierte a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo desde tan temprana edad. Conforme a esta ley, el gobierno debía llevar a cabo un censo, a más tardar en julio de 2016, para identificar la cantidad de niñas y niños bolivianos menores de 14 años que están trabajando en la actualidad. A la fecha del presente, el censo aún no se había realizado. El último censo nacional sobre trabajo infantil, de 2008, indicó que aproximadamente 850.000 niños y niñas menores de 17 años trabajaban en Bolivia.
Orientación sexual e identidad de género
En mayo de 2016, la Asamblea Plurinacional aprobó un proyecto legislativo que permite que las personas modifiquen el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa.
En diciembre de 2016, una mujer transgénero, Luna, obtuvo su nuevo certificado de nacimiento, que reflejaba su identidad femenina. Contrajo matrimonio con su esposo el 30 de diciembre de 2016, y se transformó en la primera mujer transgénero en Bolivia que se casó legalmente con una persona del mismo sexo biológico. No obstante, en noviembre, el Tribunal Constitucional determinó que el cambio de género no otorgaba el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo biológico.
No se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. La Constitución de Bolivia de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Actores internacionales clave
En mayo, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció que analizaría si la legislación sobre trabajo infantil de Bolivia excluye al país de participar en un programa de preferencias comerciales que elimina los aranceles sobre determinados productos que se importan en Estados Unidos.
Estaba previsto que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia cerrara a fines de 2017, tras la decisión del gobierno de no renovar el acuerdo de 2007 para establecer una oficina en el país.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bolivia ha votado reiteradamente contra el seguimiento de violaciones de derechos humanos, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en Siria, Burundi e Irán.