España fue duramente sacudida por los desafíos económicos y de salud pública ligados a la pandemia de Covid-19. Al aumentar el desempleo y la pobreza, el gobierno tomó medidas para apuntalar las ayudas de bienestar social. La violencia contra las mujeres aumentó durante el confinamiento a nivel nacional que se impuso para controlar la pandemia. Las condiciones tanto en los centros de acogida de inmigrantes como en los asentamientos informales de trabajadores agrícolas inmigrantes eran insalubres. Continuó el procesamiento judicial de actores a favor del independentismo catalán. Los tribunales limitaron la libertad de expresión de músicos utilizando de manera demasiado amplia los cargos de enaltecimiento del terrorismo e insultos a la monarquía. En su informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea señaló su preocupación sobre la eficacia del sistema judicial y la percepción de falta de independencia del poder ejecutivo del fiscal general.
Covid-19
La Organización Mundial de la Salud estimó que, hasta el 28 de octubre, 34.752 personas habían muerto de Covid-19 en el país. Las estadísticas oficiales nacionales mostraron un exceso de muertes de personas de más de 65 años entre un 18-24% mayor de lo habitual entre marzo y octubre.
Organizaciones que representan a trabajadores de la sanidad y el sector del cuidado se quejaron de la ineficacia e insuficiencia de los equipos de protección personal en marzo y abril, forzando a muchos de ellos a depender de mascarillas y batas de protección caseras durante las primeras semanas de la pandemia. El Ministerio de Sanidad confirmó que, ya en junio, 63 trabajadores sanitarios habían muerto de Covid-19.
El gobierno central declaró el estado de alarma, restringiendo significativamente la movilidad con un confinamiento en todo el país entre marzo y junio. Los niños de todo el país no pudieron salir de sus casas durante un período de seis semanas entre el 14 de marzo y el 26 de abril. Respondiendo al incremento en las tasas de infección a finales de octubre, el gobierno central declaró un nuevo estado de alarma por dos semanas y buscó la aprobación parlamentaria para imponer un estado de alarma de seis meses de duración, ordenando toques de queda nocturnos y otras medidas a la discreción de las autoridades regionales.
Los centros educativos cerraron sus puertas en todo el país a clases presenciales a mediados de marzo y no reabrieron hasta septiembre. Defensores de los derechos de los niños expresaron su preocupación por que la educación a distancia pudiese incrementar la brecha de adquisición de conocimientos para los niños y niñas de familias inmigrantes y de bajos ingresos.
Pobreza y desempleo
Los cierres económicos en mitad de la pandemia provocaron pérdidas generalizadas de empleo. El gobierno proporcionó ayudas a través de un dispositivo nacional de regulación temporal de empleo en vigencia hasta enero de 2021.
De marzo a septiembre, el gobierno decretó que las empresas de suministros básicos no podrían cortar los servicios a personas en situación de vulnerabilidad económica.
En mayo, el gobierno anunció el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como forma de apoyo financiero a personas viviendo en condiciones de pobreza “alta” o “extrema”, con menos de €4.350 (US$5.105) al año. El sistema, que esperaba alcanzar a 850.000 hogares, se vio pronto sobrepasado por las solicitudes y el gobierno prorrogó el plazo para solicitudes retroactivas. El relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos instó al gobierno a ampliar la cobertura y la elegibilidad.
En julio, el anterior relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema criticó el sistema de protección social general por no respaldar adecuadamente a los grupos pobres del país y por las deficientes condiciones de vivienda. Asimismo resaltó la segregación de facto de los niños y niñas romaníes e inmigrantes en el sistema educativo.
Violencia contra las mujeres
En marzo, el Ministerio de Igualdad lanzó un plan para abordar la violencia de género durante el confinamiento, incluyendo el refuerzo de personal en las líneas de atención telefónica y poniendo en marcha un nuevo sistema de alerta instantánea para denunciar la violencia doméstica. Las autoridades judiciales mantuvieron abiertos los tribunales que atienden casos de violencia doméstica y de abuso infantil durante el confinamiento. Las llamadas a las líneas de ayuda nacionales sobre violencia de género registraron un dramático incremento, con un aumento de peticiones de asistencia del 61,1% en abril comparado con el mismo período del año anterior.
Migración y asilo
Según la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, para mediados de octubre al menos 20.499 personas habían llegado por mar a las costas peninsulares, las islas y Ceuta y Melilla, los enclaves de España en Marruecos, mientras que 1.399 entraron en los enclaves por tierra. Hasta agosto, al menos 440 personas habían muerto o desaparecido en el Mediterráneo Occidental y el Océano Atlántico en ruta hacia España. En agosto, un hombre murió escalando la valla fronteriza de Melilla.
Las solicitudes de asilo cayeron un 13% durante el año y descendieron hasta prácticamente cero durante el estado de alarma, durante el cual todas las entrevistas de petición de asilo fueron canceladas.
Entre marzo y mayo, el Ministerio del Interior liberó a todas las personas detenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la España peninsular, ya que el cierre de fronteras hizo imposibles las deportaciones. En septiembre, el gobierno anunció que había reabierto los CIE.
El hacinamiento fue un serio problema en el centro de recepción de Melilla y se estableció un refugio temporal en la plaza de toros. Los jueces rechazaron dos veces los intentos de las autoridades de poner bajo confinamiento el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes después de que se reportaran casos de Covid-19. ACNUR, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y organizaciones no gubernamentales, urgieron a las autoridades a encontrar alojamientos alternativos y a transferir migrantes al territorio peninsular.
España incumplió su obligación de garantizar unas condiciones de acogida adecuadas y el acceso a la información sobre la petición de asilo, situaciones que surgieron a la par de un rápido aumento de personas que llegaron por mar a Canarias a partir de septiembre. El fiscal superior de la comunidad autónoma ordenó a las autoridades en noviembre que dejaran de separar a los menores de sus padres durante la espera de los resultados de la prueba de verificación del ADN.
En una sentencia que amenazó con debilitar la protección contra las ‘devoluciones en caliente’, la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos dictó en febrero que la deportación sumaria en 2014 de dos hombres subsaharianos de España a Marruecos no violó sus derechos, porque su acción al escalar la valla fronteriza de Melilla con otros migrantes era ilegal.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño anunció en octubre que España había violado los derechos de menores inmigrantes no acompañados y solicitantes de asilo en los 14 casos que se le habían presentado desde 2019. Los niños, la mayor parte de los cuales llegaron en barco, no recibieron ninguna protección ni cuidados adecuados a su edad como resultado de un proceso de determinación de su edad fallido y la ausencia de salvaguardas para proteger el interés superior del menor.
Los trabajadores agrícolas inmigrantes, muchos norteafricanos y subsaharianos, continuaron experimentando condiciones de vida insalubres y explotación laboral. En marzo, el gobierno extendió temporalmente la validez de los permisos de los trabajadores que caducaban durante el estado de alarma, para asegurar que la cosecha no se viera afectada. En mayo, el gobierno anunció un permiso de trabajo agrícola de dos años para extranjeros entre los 18 y los 21 años de edad con estatus regularizado en España.
Siete relatores especiales de la ONU instaron a las autoridades españolas a asegurar condiciones de vida y trabajo dignas y acceso a los servicios de salud para los trabajadores agrícolas de temporada. El uso de mascarillas y guantes, la distancia social y accesos a agua y productos de limpieza, para prevenir el contagio de Covid-19, no estaban siempre garantizados para los trabajadores agrícolas temporeros. En julio, un equipo técnico de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz comenzó a investigar una serie de incendios que destruyeron asentamientos informales de trabajadores inmigrantes en Huelva.
Racismo y discriminación
Organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones que representan a minorías étnicas documentaron lo que consideran un patrón de incremento del racismo y la discriminación contra personas de origen chino, africano, árabe y gitano (romaní) durante el estado de alarma. Personas de origen o percibidas como de origen chino fueron víctimas de delitos de odio. La policía fue acusada de llevar a cabo identificaciones basándose en la apariencia étnica durante el confinamiento, así como de abusar de la fuerza en barrios con una alta proporción de población gitana.
En octubre, el Comité Consultivo sobre la Convención Marco para la Protección de Minorías Nacionales del Consejo de Europa hizo un llamamiento a España a abordar los prejuicios raciales antigitanos y a enmendar el Código Penal para incluir antigitanismo como una circunstancia agravante del delito de odio.
Derechos de las personas con discapacidad
En septiembre el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad encontró que España violaba el derecho a una educación inclusiva de un niño con síndrome de Down a quien las autoridades mandaron a un centro de educación especial antes que adoptar medidas razonables para su inclusión en una escuela ordinaria. El Comité urgió a España a eliminar toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, y a garantizar que no se persiga penalmente a los padres de estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.
A lo largo del año, defensores de los derechos de los niños, personas con discapacidad y la comunidad gitana lanzaron una iniciativa legislativa para terminar con la segregación en la educación y reformar las leyes nacionales para que reconozcan el derecho a la educación inclusiva.
Derecho a la vivienda
El 31 de marzo, el gobierno anunció un período de seis meses de moratoria en hipotecas y alquileres y un parón en los desahucios de personas identificadas como “económicamente vulnerables”. El gobierno también aprobó medidas temporales para reforzar el acceso a la vivienda de víctimas de violencia de género y personas sin hogar durante el estado de alarma. Los desahucios se retomaron en junio, con activistas de derecho a la vivienda reclamando una extensión de la prohibición de los desalojos que abarcase todo 2021. En septiembre, el gobierno ordenó una prórroga de cuatro meses en la moratoria de alquileres y permitió a arrendadores con una “vulnerabilidad económica” documentada que afrontaban desahucios posponer el mismo hasta enero.
Derechos reproductivos
En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dictaminó que los procedimientos invasivos repetidos a los que fue sometida una mujer, sin su consentimiento, durante el embarazo y el parto en 2009 habían violado sus derechos. El Comité dijo que los tribunales locales no habían tenido en cuenta en su totalidad las pruebas proporcionadas por la mujer y la habían sometido a estereotipos de género y discriminación. Además de reparaciones a la mujer por daños físicos y psicológicos, el Comité recomendó a España que proporcionara más capacitación sobre salud reproductiva y otros derechos a los trabajadores sanitarios, así como a los funcionarios de justicia y las fuerzas de seguridad, y que asegurara el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica.
El controvertido referéndum catalán de 2017
Las autoridades españolas continuaron presentando cargos contra oficiales y activistas proindependentistas por su papel en el controvertido referéndum de 2017 sobre la independencia catalana, considerado ilegal por los tribunales españoles. Un fiscal de Barcelona presentó cargos penales contra 30 oficiales de menor rango, funcionarios, empresarios y periodistas por su papel en el referéndum.
En septiembre, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia por desobediencia de 2019 contra el presidente de Cataluña Quim Torra, por mostrar una pancarta en apoyo de los presos independentistas en la oficina de su balcón durante el período electoral.
Libertad de expresión
Las autoridades judiciales continuaron enjuiciando a músicos recurriendo por delitos excesivamente amplios como enaltecimiento del terrorismo y lesa majestad (insultos a la corona), por letras de canciones o tuits que parecían apoyar grupos armados prohibidos o por criticar la monarquía.
En junio, el Tribunal Supremo sentenció al rapero Pablo Hasel a nueve meses de prisión después de condenarle por enaltecimiento del terrorismo e insultos al rey. Ese mismo mes, el Tribunal Supremo también ratificó una sentencia anterior de seis meses de prisión para 12 miembros del grupo de hip hop La Insurgencia, por enaltecimiento del terrorismo. España continuó pidiendo la extradición desde Bélgica del rapero Valtònyc, condenado en 2018 por enaltecimiento del terrorismo, lesa majestad y amenazas a un político local.
Sin embargo, en febrero, el Tribunal Constitucional anuló una sentencia de 2017 del Tribunal Supremo contra el músico César Strawberry acusado de enaltecer el terrorismo y humillar a las víctimas a través de sus publicaciones en Twitter durante 2013 y 2014, considerando que la sentencia violaba su derecho a la libertad de expresión.
En octubre, comenzó un juicio a una manifestante por delitos de odio y de ofensa al sentimiento religioso católico por mostrar una gigantesca vulva de plástico por las calles de Sevilla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en 2013.
Libertad de reunión
En octubre la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó que España había violado el derecho a la libertad de reunión de una mujer que quedó en estado de “incapacidad permanente” después de ser golpeada con una porra por la policía durante una manifestación pacífica contra las medidas de austeridad en 2014 en Valladolid.