En 2021, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura debilitaron gravemente el sistema de contrapesos democráticos. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de gobierno, destituyó de manera sumaria a jueces de la Corte Suprema de Justicia cuyas sentencias desagradaban al gobierno y promulgó leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores.
Al poco tiempo de ser nombrados, en septiembre, los jueces de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitieron una sentencia permitiendo que el presidente Bukele se postulara a la reelección, pese a una prohibición constitucional a la reelección presidencial inmediata.
El gobierno del presidente Bukele ha propuesto un anteproyecto de ley para reformar la constitución, que incluye ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años y reformar algunas instituciones democráticas.
Las maras siguen ejerciendo control territorial en algunos vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país. Estos grupos también reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Las maras han asesinado, desaparecido, desplazado y sometido a violación sexual a quienes se les resisten.
Históricamente, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y otros actos de tortura.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre 2011 y octubre de 2020 hubo 71.500 desplazados internos; la mayoría huyeron de la violencia de las maras y las fuerzas de seguridad.
Niñas y mujeres acusadas de abortos han sido encarceladas por homicidio y homicidio agravado. Las personas LGBT son blanco de discriminación y violencia policial.
Independencia judicial
Durante la campaña para las elecciones legislativas de febrero de 2021, el presidente Bukele acusó, reiteradamente y sin presentar pruebas, a miembros del Tribunal Supremo Electoral de haber organizado un “fraude” contra su partido.
El partido del presidente Bukele ganó las elecciones legislativas y obtuvo una mayoría de dos tercios. El 1 de mayo, horas después de que sus partidarios ocuparan sus escaños en la Asamblea Legislativa, destituyeron y reemplazaron de forma sumaria a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, así como al fiscal general.
A fines de junio, la Asamblea Legislativa designó a cinco nuevos jueces a la Corte Suprema, violando el proceso establecido en la Constitución. La Asamblea ya ha nombrado a 10 de los 15 jueces de la Corte Suprema, a pesar de que la legislación salvadoreña solo permite que cada nueva asamblea designe a cinco.
El 31 de agosto, los legisladores también aprobaron dos leyes que destituyeron a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Estas leyes disponen que la Corte Suprema y el fiscal general concedan excepciones para que jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio permanezcan en su cargo por “razones de conveniencia del servicio” o por “la complejidad o [la] especialidad de sus funciones”. La ley afecta a un tercio de todos los jueces del país.
Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
El presidente Bukele continuó desplegando a las fuerzas militares en operativos de seguridad pública, pese a que el acuerdo de paz de 1992 lo prohíbe. En febrero de 2020, el presidente Bukele ingresó en la Asamblea Legislativa acompañado por soldados armados, en un aparente esfuerzo por intimidar a los legisladores para que aprobaran un préstamo para las fuerzas de seguridad. Entre marzo y mayo de 2020, la policía detuvo arbitrariamente a personas que habrían incumplido medidas impuestas en respuesta a la pandemia.
En noviembre de 2020, durante una investigación sobre presuntas compras irregulares relacionadas con el Covid-19, la policía impidió que los fiscales cumplieran con una orden de allanamiento en la sede del Ministerio de Salud.
Entre 2015 y 2020, la policía cometió 179 ejecuciones extrajudiciales, según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En 25 casos se dictaron condenas por estos hechos.
Educación
Entre marzo de 2020 y abril de 2021, el gobierno cerró las escuelas para evitar la propagación del Covid-19. Cerca de 1,4 millones de estudiantes no tuvieron “casi ningún tipo de instrucción presencial” entre marzo de 2020 y febrero de 2021, según UNICEF. El gobierno implementó una variedad de iniciativas de aprendizaje a distancia, incluidas clases en línea.
Cárceles y cuarteles policiales
En marzo, el World Prison Brief reportó que había más de 36.600 detenidos en las cárceles, lo cual representa el doble de la capacidad oficial de las prisiones del país. Del total de la población carcelaria, cerca del 23 % se encontraban en prisión preventiva.
La sobrepoblación y la salubridad deficiente pusieron en riesgo la salud de los detenidos y potenciaron el riesgo de que se propague el Covid-19.
Maras y violencia
Según los medios de comunicación, aproximadamente 60.000 miembros de maras operan en el país. Estos grupos controlan territorios y cometen abusos graves, que incluyen asesinatos y violaciones sexuales.
Según los medios de comunicación, numerosos funcionarios y agentes de seguridad han colaborado con maras en operaciones delictivas y muchos partidos políticos han negociado con estas organizaciones, incluso a cambio de conseguir su apoyo para las elecciones.
En agosto de 2021, el medio digital El Faro informó que el fiscal general Raúl Melara había investigado supuestas negociaciones entre el gobierno y las tres principales maras del país antes de su destitución el 1 de mayo. Según informó El Faro, el gobierno había otorgado privilegios carcelarios a pandilleros y mayores oportunidades de empleo para aquellos fuera de prisión a cambio de una reducción en el número de homicidios en el país.
La Policía Nacional informó 1.322 homicidios entre enero y diciembre de 2020, en comparación con más de 2.398 durante el mismo período en 2019, lo que supone una reducción de 46. Al momento de preparación de este informe, no se habían publicado datos sobre homicidios correspondientes al año 2021.
Desapariciones
Entre enero de 2014 y noviembre de 2020, las autoridades informaron más de 13.000 víctimas de desapariciones, incluidos más de 400 niños y niñas. Las cifras son mayores a la cantidad de desaparecidos durante la guerra civil (1979-1992), que se estiman entre 8.000 y 10.000 personas. Las desapariciones son perpetradas por diversos actores, incluidas las maras y la policía. Pocos casos son investigados.
Rendición de cuentas y justicia
La impunidad por abusos perpetrados por el gobierno es la norma.
A la fecha de preparación de este informe, continuaba el juicio iniciado en 2016 contra excomandantes del Ejército acusados por la masacre de El Mozote de 1981, en la cual soldados cometieron violaciones sexuales masivas y mataron a 978 civiles, incluidos 553 niños y niñas. En septiembre de 2020, con el apoyo del presidente Bukele, soldados se rehusaron a cumplir con una orden judicial que permitía que un juez revisara los archivos militares sobre la masacre. En septiembre de 2021, el juez Jorge Guzmán, a cargo de la investigación, fue destituido por tener más de 60 años. Es probable que su remoción genere mayores demoras en el proceso.
Entre marzo y junio de 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública, responsable de implementar la Ley de Acceso a la Información Pública, suspendió todas las audiencias y procesos para cumplir con el estado de emergencia por el Covid-19, lo cual obstaculizó el acceso a información pública. En mayo, la legislatura otorgó “inmunidad” a funcionarios gubernamentales y contratistas ante procesos penales y administrativos relacionados con compras de emergencia por la pandemia de Covid-19, incluida la compra de insumos médicos y la contratación de servicios. En octubre, la Asamblea reformó la ley para “aclarar” que la “inmunidad” no se refería a actos de “corrupción”, “soborno” o cualquier “actividad delictiva similar”. Al momento de su destitución en mayo, el fiscal general Melara estaba investigando a seis funcionarios públicos, incluido el ministro de Salud, por presuntos actos de corrupción y compras de emergencia irregulares vinculados con la respuesta a la pandemia.
En junio, la Fiscalía General de la República puso fin a un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un órgano que combatía la corrupción en el país con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La CICIES había estado investigando irregularidades en las compras de emergencia relacionadas con el Covid-19.
El expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien vive en Nicaragua desde 2016, enfrenta múltiples cargos penales, que incluyen corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega le otorgó a Funes la ciudadanía nicaragüense en julio de 2021.
Derechos sexuales y reproductivos de la mujer
El aborto es ilegal en todas las circunstancias. Las mujeres enfrentan penas de dos a ocho años de prisión por aborto. Para los proveedores, las penas van de seis meses a doce años de prisión.
En septiembre, el presidente Bukele expresó que la reforma constitucional no contendría disposiciones orientadas a flexibilizar la prohibición total del aborto que rige en el país.
Muchas mujeres, incluidas algunas que sufrieron abortos espontáneos o emergencias obstétricas, han sido condenadas a penas de hasta 40 años de cárcel por violar la ley. Hasta junio de 2021, 17 mujeres que dijeron que habían tenido emergencias obstétricas continuaban encarceladas por cargos de aborto, homicidio u homicidio agravado.
Derechos de las personas con discapacidad
El marco legislativo de El Salvador sigue teniendo disposiciones incompatibles con las normas internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluidas restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales, así como medidas insuficientes para mejorar la accesibilidad física y las comunicaciones. Las maras han atacado a mujeres y niñas con discapacidad, y una alta proporción de estos casos permanecen impunes.
Derechos de las personas LGBT
Las personas LGBT continúan siendo blanco de violencia homofóbica y transfóbica por parte de policías, maras y personas en general. En muchos casos, las personas LGBT huyen de la persecución en su país hacia otros destinos, incluido Estados Unidos. Las autoridades salvadoreñas, que en 2017 reconocieron los actos de violencia contra las personas LGBT por parte de funcionarios de seguridad pública, reportaron 692 casos de violencia hacia personas LGBT e intersexuales entre enero de 2015 y junio de 2019.
El Salvador no cuenta con normas exhaustivas contra la discriminación que contemplen la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, ni tampoco un procedimiento de reconocimiento legal del género para las personas transgénero. En septiembre, el presidente Bukele expresó que la reforma constitucional no otorgaría reconocimiento legal a las relaciones entre personas del mismo sexo.
Ataques contra periodistas
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó 173 violaciones de la libertad de prensa entre enero y agosto de 2021, incluyendo ataques contra periodistas, acoso digital y restricciones al ejercicio periodístico y al acceso a información pública.
En septiembre de 2020, pocas semanas después de que El Faro informara que el presidente Bukele había negociado con la mara MS-13, el presidente promovió investigaciones penales contra el medio por presunto “lavado de dinero” y “evasión de impuestos”. El Faro también ha sido blanco de auditorías tributarias que parecen ser selectivas y abusivas.
Desde que asumió la presidencia, Bukele ha atacado la credibilidad de medios de comunicación independientes, a los cuales acusó de difundir “noticias falsas” o de responder a intereses políticos. En junio, el ministro de Seguridad indicó que las autoridades estaban “dando seguimiento” a periodistas a quienes acusó, sin presentar pruebas, de “intención de generar apología”. En octubre, el vicepresidente Félix Ulloa expresó que “algunos [periodistas] deberían de ser procesados por calumnia, por difamación” debido a que critican al gobierno.
En julio, las autoridades de migración negaron un permiso de trabajo al periodista mexicano Daniel Lizárraga, que trabaja para el medio El Faro. Según se informó en los medios, la policía interrogó a Lizárraga antes de su turno en la oficina de migración, y le preguntó si tenía previsto informar sobre “política”. No pudo asistir a la cita porque, según dijo a las autoridades, había estado en contacto con una persona que había tenido un resultado positivo de Covid-19. Un día después, fue expulsado del país.
Actores internacionales clave
Durante el año fiscal 2021, EE. UU. asignó más de USD 65 millones de asistencia bilateral a El Salvador, principalmente orientados a iniciativas para reducir la violencia y fortalecer las instituciones del Estado. En mayo, en respuesta ante la preocupación creciente por la falta de “transparencia y rendición de cuentas”, la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) reorientó fondos inicialmente destinados a la Policía Nacional y el Instituto de Acceso a la Información Pública hacia las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.
Entre julio y septiembre, la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden incluyó a 19 ciudadanos salvadoreños —entre ellos el secretario jurídico y la jefa de gabinete del presidente Bukele, así como a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional— en la “Lista Engel” de personas señaladas de haber participado en “actos significativos de corrupción”.
A fines de 2019, había más de 178.000 solicitudes de asilo de salvadoreños pendientes en otros países, la mayoría de ellas en Estados Unidos. En el año fiscal 2019, el último sobre el cual hay información disponible, EE. UU. concedió asilo a 3.212 salvadoreños, la tercera nacionalidad con el mayor número de solicitudes aprobadas en EE. UU. Entre 2013 y 2019, al menos 138 salvadoreños fueron asesinados tras ser deportados desde EE. UU., y más de 70 fueron víctimas de golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas.
En mayo, el secretario general de la ONU António Guterres expresó su preocupación por “los procedimientos utilizados en la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en los mecanismos de control en El Salvador” e instó al gobierno a "respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes”.
También en mayo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet manifestó su preocupación por la “decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país” en razón de que esto “socava gravemente la democracia y el estado de derecho”. De manera similar, la Secretaría de la OEA “rechaz[ó]” estas destituciones.
En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 34 miembros de El Faro, tras considerar que estarían siendo objeto de “hostigamiento, intimidaciones, amenazas y estigmatización por motivos de sus actividades periodísticas”.