La independencia judicial se ha visto amenazada por la corrupción, las demoras en el nombramiento de jueces, la negativa del Congreso a tomar juramento a la jueza y ex presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la destitución del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y denuncias espurias contra jueces y fiscales que investigan casos de alto perfil.
El hostigamiento y la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Las autoridades han limitado el acceso a la información, incluso sobre la compra de vacunas y otras medidas para responder a la pandemia de Covid-19.
Guatemala atraviesa desafíos en la protección de los derechos de migrantes, defensores de derechos humanos, mujeres y niñas, y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
Independencia judicial y corrupción
En los últimos años, las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por las Naciones Unidas (que terminó su mandato en 2018) y el Ministerio Público, pusieron al descubierto tramas de corrupción en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades obstaculizan que haya rendición de cuentas y amenazan la independencia judicial.
El Congreso ha hecho caso omiso de una orden de la Corte de Constitucionalidad a que proceda a elegir jueces y magistrados para el período 2019 a 2024, para llenar 13 vacantes en la Corte Suprema y 135 en Cortes de Apelaciones. Los puestos siguen sin asignarse. El proceso de selección ha estado marcado por acusaciones de corrupción basados en una investigación que llevó adelante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por medio de la cual se obtuvieron evidencias de posible tráfico de influencias en la selección de los postulantes al cargo de magistrado.
En abril, el Congreso se negó a tomar juramento a la jueza Gloria Porras, reelecta para la Corte de Constitucionalidad, quien había estado al frente de causas contra la corrupción, debido a señalamientos de irregularidades en el proceso de su designación. El Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, que seleccionó a Porras, ratificó su decisión tras analizar los cuestionamientos y, en julio, pidió al Congreso que le tomara juramento. Al momento de preparación del presente informe, el Congreso no había cumplido este pedido. Atemorizada por la posibilidad de represalias e investigaciones tendenciosas, Porras huyó de Guatemala.
El 21 de junio, jueces que investigaban casos de alto perfil pidieron al Ministerio Público que examinara y desestimara viejas denuncias espurias que se habían presentado con el fin de hostigarlos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares que ordenaban a Guatemala proteger a los jueces, pero el gobierno no acató esa orden. Por ejemplo, la jueza Erika Aifán, que condenó a personas de alto perfil en casos de corrupción, tiene más de 70 denuncias en su contra que el gobierno no ha investigado. En cambio, la Corte de Constitucionalidad resolvió que la Corte Suprema puede avanzar con un proceso para quitarle inmunidad procesal.
El 23 de julio, la fiscal general Consuelo Porras, que no tiene vínculo alguno con la jueza Gloria Porras, destituyó al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, alegando que ella había sido víctima de vejámenes y que no había confianza entre ellos. Sandoval, cuya institución investiga varios casos de corrupción que previamente manejaba la CICIG, indicó que Porras bloqueó o intentó bloquear varias causas en las cuales estaban implicados funcionarios de alto nivel.
En las semanas previas a la destitución de Sandoval, el presidente Alejandro Giammattei se refirió al trabajo de este como politizado y tendencioso. Un grupo de abogados que buscan desmantelar a la FECI presentaron dos acciones ante la Corte de Constitucionalidad solicitando que la declare inconstitucional.
En septiembre, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto una disposición del Código Penal que prohibía que las personas condenadas a cinco o más años de prisión por hechos de corrupción cumplieran su condena fuera de centros penitenciarios. Ahora podrán cumplir condenas por corrupción, por ejemplo, en prisión domiciliaria.
Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado
Los pocos avances que Guatemala estaba logrando en los últimos años sentenciando graves delitos parecen haberse estancado. Sigue habiendo dificultades en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el conflicto armado, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas mayas.
En septiembre, las autoridades y la ONG Fundación Guatemalteca de Antropología Forense iniciaron tareas para recuperar los cuerpos de al menos 116 niños y niñas indígenas que se cree habrían sido enterrados en un destacamento militar en la década de 1980. Los esfuerzos se encontraban suspendidos cuando se preparó este informe.
En junio, varios legisladores presentaron un proyecto de Paz y Reconciliación orientado a poner fin a los procedimientos relacionados con crímenes cometidos durante el conflicto armado. Tiene características similares a un proyecto de 2019 que se archivó en abril, tras un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad que dispuso que los indultos por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos son inconstitucionales y contravienen los estándares sobre derechos humanos.
Libertad de expresión
Guatemala ocupa el puesto 116 entre 180 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa debido a la violencia constante contra la prensa y la impunidad de la que gozan los agresores. Desde que asumió en 2020, el gobierno del presidente Giammattei ha realizado ataques verbales e impuesto restricciones a la prensa. Las autoridades han limitado el acceso a la información durante la pandemia.
La Asociación de Periodistas de Guatemala informó 149 ataques físicos o verbales o restricciones contra periodistas y trabajadores de medios en 2020. Hasta agosto de 2021, la organización había contabilizado 79 ataques. Las investigaciones de amenazas, ataques y asesinatos contra periodistas han logrado pocos avances.
El 30 de julio, Pedro Alfonso Guadrón Hernández, fundador de la página de noticias de Facebook “Concepción Las Minas mi Tierra”, murió tras un disparo en el departamento de Chiquimula. Guadrón daba cobertura a noticias locales, incluidas protestas contra el gobierno, hechos de corrupción y narcotráfico. Al parecer, había recibido amenazas de muerte.
Defensores de derechos humanos
Los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales se intensificaron en 2020, según la organización no gubernamental Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). La organización contabilizó 1.004 ataques y 15 asesinatos entre enero y el 15 de diciembre de 2020.
En junio 2021 entró en vigor una ley que limita el trabajo de las ONG, después de que la Corte de Constitucionalidad rechazara los amparos promovidos contra esa norma. La ley contiene un lenguaje excesivamente amplio que permite que el poder ejecutivo cancele la personalidad jurídica de las ONG cuando estas realicen actividades contrarias al “orden público”.
Derechos de mujeres y niñas
El Observatorio en Salud Reproductiva informó 57.578 embarazos de adolescentes y niñas de enero a junio de 2021, incluidos 2.737 de niñas de entre 10 y 14 años. El derecho guatemalteco considera que todas las niñas de menos de 14 años que tienen relaciones sexuales son víctimas de violencia sexual.
El aborto solo es legal cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo.
En julio, cuando el presidente Giammattei anunció una política destinada a desarrollar el trabajo interinstitucional en programas centrados en la “protección de la vida y la familia”, también hizo hincapié en que Guatemala protege la vida desde el momento de la concepción.
El Código Civil guatemalteco limita los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, e incluso prevé la esterilización y otros tratamientos anticonceptivos sin su consentimiento.
Orientación sexual e identidad de género
En Guatemala no existen leyes exhaustivas que protejan contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ni un procedimiento de reconocimiento legal del género para las personas transgénero.
Un informe elaborado en 2021 por Human Rights Watch sobre violencia y discriminación contra personas LGBT en Guatemala reveló que los agresores incluían agentes de seguridad pública, pandillas y otras personas, incluidos familiares de personas LGBT. El informe determinó que el gobierno no protege adecuadamente a las personas LGBT.
Organizaciones de la sociedad civil guatemalteca informaron que, hasta septiembre, al menos 21 personas LGBT habían sido asesinadas en 2021. Un hombre gay y dos mujeres transgénero —entre ellas Andrea González, representante legal de la organización de incidencia OTRANS Reinas de la Noche— murieron en ataques separados en el lapso de una semana en junio. Meses antes, González había solicitado protección al Ministerio Público debido a que recibía amenazas de muerte.
Derechos de las personas con discapacidad
Los niños y niñas con discapacidad que requieren un alto nivel de apoyo se ven obligados a vivir en instituciones en Guatemala. Son pocas o nulas las políticas que les permitirían vivir en una casa de familia.
Solicitantes de asilo y refugiados
En febrero, Estados Unidos puso fin al Acuerdo de Cooperación sobre Asilo (ACA), implementado en julio de 2019 por el expresidente Donald Trump, que le permitía a EE. UU. Deportar a solicitantes de asilo procedentes de Honduras y El Salvador a Guatemala, bajo la falsa premisa de que Guatemala tenía capacidad para analizar sus solicitudes de asilo de manera completa y justa.
Como parte de los esfuerzos de EE. UU. por abordar las causas fundamentales de la migración, Guatemala y EE. UU. llegaron a varios acuerdos, entre ellos aumentar la cantidad de agentes de seguridad en la frontera de Guatemala. En julio, el presidente Giammattei y el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, inauguraron el primer centro de acogida para migrantes retornados.
Desde al menos abril, Guatemala ha estado recibiendo grupos de migrantes que intentan llegar a EE. UU. y están siendo expulsados desde México. Entre el 22 de agosto y el 18 de octubre, el Instituto Guatemalteco de Migración registró 15.387 retornados, incluidos 4.117 niños, en El Ceibo, en la frontera con México. La mayoría de las personas enviadas a Guatemala provienen de Honduras y El Salvador. Entre enero y el 19 de octubre, 4.072 menores guatemaltecos no acompañados fueron enviados de regreso de México a Guatemala a través del cruce fronterizo en Tecún Úman, según el instituto.
Covid-19
A principios de octubre, Guatemala registraba más de 581.498 casos de Covid-19 y más de 14.118 muertes por esta enfermedad. El colapso del sistema de hospitales públicos de Guatemala y el acceso limitado a la vacunación masiva son factores que probablemente contribuyen a esta situación.
El programa de vacunación ha carecido de transparencia. Hasta septiembre, solo 1,7 millones de los 17 millones de habitantes de Guatemala —el 10 %— habían recibido el esquema de vacunación completo. Las vacunas Sputnik que compró el gobierno, a través de un contrato que nunca se hizo público, no fueron entregadas en la fecha límite fijada para marzo. En julio, tras renegociar el contrato, se redujo a la mitad la cantidad de dosis que se entregarían.
Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, 4,2 millones de estudiantes perdieron por lo menos las tres cuartas partes de las clases presenciales debido al cierre de instituciones educativas por la pandemia de Covid, según indica UNICEF. Las escuelas abrieron parcialmente en enero de 2021.
Actores internacionales clave
En febrero, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que Guatemala continúa enfrentando problemas sistémicos y estructurales en materia de derechos humanos, particularmente pobreza, desigualdad, discriminación, impunidad e inseguridad, exacerbados por el Covid-19.
En junio, la vicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris visitó Guatemala. Tras una reunión bilateral con el presidente Giammattei, Harris anunció la creación de un equipo de trabajo anticorrupción que incluirá a fiscales y expertos estadounidenses en orden público, así como un equipo de trabajo regional para prevenir el tráfico de migrantes y la trata de personas. En septiembre, Estados Unidos sancionó a Consuelo Porras y a su secretario al incluirlos en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos.
En julio, expertos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos expresaron preocupación respecto a la nueva ley sobre ONG. Señalaron que viola las normas internacionales de derechos humanos y que podría criminalizar a los defensores de derechos humanos. También en julio, expertos en derechos de la ONU manifestaron preocupación por la violación de los derechos al debido proceso y a la salud en el proceso penal infundado contra el activista indígena Bernardo Caal Xól, quien se opuso al proyecto hidroeléctrico Oxec.
En agosto, la CIDH expresó alarma por acciones que ponen en riesgo la independencia judicial, entre ellas la destitución por parte del gobierno del jefe de la FECI, la negativa del Congreso a tomar juramento a la magistrada reelecta de la Corte de Constitucionalidad, y las investigaciones contra jueces y fiscales que trabajan en casos de alto perfil, algunos de los cuales son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
La CIDH celebró audiencias públicas en dos casos contra Guatemala, uno en el cual se alega persecución por parte de agentes del Estado y la instalación arbitraria de una subestación de policía en la propiedad de la parte reclamante, y otro en el cual se alega que los disparos efectuados por autoridades guatemaltecas para detener una embarcación mataron e hirieron a varias personas, y que las autoridades no investigaron los hechos.